Lunes, 01 Febrero 2021 05:30

Los protocolos de los sabios de Trump

Los protocolos de los sabios de Trump

Igual que las novelitas pornográficas copiadas a máquina que circulaban de mano en mano con grave sigilo entre los adolescentes en mi pueblo, los adultos se pasaban entre ellos en las barberías, con no menos avidez, un folleto en cuya portada figuraba un judío barbado a cuyas espaldas brillaba, con fulgores luciferinos, una estrella de David.

Los protocolos de los sabios de Sión. Este panfleto, de pobres pero convincentes invenciones, exponía la trama de una conspiración tejida por los judíos para sojuzgar al mundo. Nadie, ni en un lugar tan alejado de los centros de poder como Masatepe, ni en ningún otro de la Tierra, escaparía a esos tentáculos viscosos; y si hasta el magnate Henry Ford, quien había pagado de su abundante bolsillo la impresión de ediciones enteras del folleto en Estados Unidos, creía en esa fábula urdida con habilidad pueril, cómo no iba a convencer a un ebanista de mi pueblo, o a un criador de gallos de pelea de los que se congregaban en la tertulia de las barberías.

Hitler creyó también, o fingió creer en Los protocolos de los sabios de Sión, que le sirvieron de pretexto ideológico para el exterminio de millones de judíos. Cuando me topé con ese folleto, que aún hoy no pierde vigencia, hablo de los años 50 del siglo pasado. Entonces el horror de los campos de concentración nazi era ya cosa más que sabida, aún en los pequeños pueblos como el mío, pero era mucho más fuerte la avidez de la gente sencilla de ser partícipe de los graves secretos que los protocolos revelaban.

Sencillos y letrados, todos somos hijos del mito, y es tentador siempre pensar en términos de fábula; en ese terreno pantanoso, la conspiración y la profecía se hallan a sus anchas para explicar las ocurrencias diarias del mundo, desde las catástrofes naturales a las guerras; no en balde las profecías de Nostradamus reviven cada comienzo de año para develar las contingencias siempre amenazadoras del futuro.

Y Los protocolos de los sabios de Sión, que justificaron los pogromos en la Rusia zarista, y las cámaras de gas de los nazis, no sólo no pierden vigencia hoy, en pleno siglo XXI, sino que engendran descendencia.

Todas las fábulas inventadas por los militantes de la secta QAnon de la ultraderecha de Estados Unidos pertenecen a la misma estirpe alimentada en la puerilidad que lleva a millones a creer que debajo de nuestros pies hay un mundo de aposentos subterráneos donde figuras famosas celebran aquelarres para manipular a su antojo nuestras vidas, cuando en realidad los manipuladores son quienes crean esas leyendas que pertenecen al mejor de los mundos de las historietas dibujadas en cuadros.

Nos hallamos en el apogeo de la era de las realidades alternativas. Ese otro mundo que no vemos, pero desde el que se controlan supuestamente nuestras mentes, responde a los mecanismos naturales a la ficción. Y es regido por claves secretas, como en El código Da Vinci, de Dan Brown.

No es que quiera culpar a Dan Brown de la existencia de QAnon, pero la credibilidad de un dedicado lector suyo, viene a ser la misma. En una ocasión, me encontraba en la iglesia de San Sulpicio en París frente al cuadro de Delacroix Jacob luchando contra el ángel, cuando la voz del guía al que rodeaba un grupo de turistas llamó mi atención: habían viajado hasta allí, desde Ohio o desde Dakota, con el exclusivo propósito de ver el lugar donde Silas, el albino del Opus Dei, busca la clave del paradero del Santo Grial.

Claves siniestras, hilos conductores de la conspiración de que se sienten víctimas, dirigida por estrellas de Hollywood, a cuya cabeza se halla el villano mayor, George Soros, gran maestro del estado profundo, peor que Lex Luthor, el archienemigo de Supermán.

Es una historieta cómica, pero con consecuencias. Uno de los Qanonianos entró disparando en 2016 en una pizzería de un barrio de Washington, ante los ojos asustados del pobre dueño del local. El agresor había sido convencido de que desde allí se dirigía una red de ritos satánicos dedicada a la pedofilia, según la secta descubrió en el texto de correos electrónicos que contenían mensajes codificados. A la cabeza de esa red diabólica se hallaba nada menos que Hillary Clinton, candidata entonces a la presidencia por el Partido Demócrata.

Enlistados por la FBI como terroristas potenciales, los cabecillas de QAnon se hicieron visibles en el reciente asalto al Capitolio. Y como en las tramas de los cómics, responden ante un jefe supremo incógnito que se halla dentro de la misma Casa Blanca, al lado de Trump, y que a través de las redes va dejando rastros para que sean encontrados por los soldados de la causa de la pureza racial.

Que los QAnon pertenecen a una historieta cómica puede verse por sus atuendos, como el de Yellowstone Wolf, con sus cuernos de vikingo, envuelto en una piel de bisonte y su lanza en ristre, y que ahora en la cárcel reclama comida orgánica.

Por supuesto, los QAnon creen en los platillos voladores y en los extraterrestres, desde luego que las civilizaciones intergalácticas desarrolladas están gobernadas por supremacistas blancos. Faltaría más.

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Tarek Shalaby en El Cairo en 2011, durante las revueltas, protegiéndose de los gases lacrimógenos

Shalaby, activista de la izquierda egipcia, hace balance diez años después de las revueltas: “Con el triunfo del régimen todo el mundo actúa como un policía contra los demás”

 

Tarek Shalaby tenía 26 años años cuando estallaron las revueltas en su país en 2011. Diseñador de webs, licenciado en una universidad estadounidense, trabajaba por aquel entonces en una empresa de tecnología y startups egipcia, ubicada en El Cairo, que había fundado con un socio. Durante semanas abandonó su trabajo para participar en las manifestaciones, instaló una tienda de campaña en la plaza Tahrir y acampó allí, con decenas de miles más, hasta que cayó el dictador Mubarak.

En su tienda colgó un letrero en castellano, idioma que domina, en el que se leía “No pasarán”. En el ideario de un sector joven que impulsó las protestas en Egipto había ideas de igualdad, de justicia social, de libertad. No en vano, el lema más coreado fue “pan, libertad, justicia social”.

Jóvenes como Shalaby entablaron contacto con los trabajadores de las ciudades industriales, cuyas huelgas fueron clave en el éxito de las revueltas. Diez años después, aquel activista alegre, apasionado, admirador de la lucha antifascista de los republicanos españoles, integrante del Partido Socialista Revolucionario -ahora prohibido-, lleva sobre sus hombros la carga de lo que pudo ser y no fue. Su entorno ha sufrido cárcel, represión, exilio e incluso muerte a causa de los ataques de las fuerzas de seguridad.

La depresión ha pegado duro en muchas personas -varias ONGs han tenido que priorizar tratamientos con fármacos antidepresivos- y la represión del régimen de Al Sisi -a quien Trump llamó "mi dictador favorito"- ha resquebrajado el tejido social. Shalaby no ha perdido ironía, pero su mirada contiene ahora dolor y cierta resignación. De momento, resiste en Egipto.

¿Cómo analiza la situación de su país cuando se cumplen 10 años de las revueltas que derrocaron a Mubarak?

Hay un ambiente muy tóxico, existe mucha rabia acumulada, mucho odio. No hay libertad, hay decenas de miles de personas en las cárceles por sus ideas, otros muchos han tenido que exiliarse y el régimen ha logrado derrotarnos. Esa derrota, además, nos ha dividido. Es más fácil pensar que tu enemigo es el de al lado porque te ha molestado en algo que pensar que hay un sistema profundo que nos está perjudicando a todos.

Como integrante de un partido de la izquierda, ahora en la clandestinidad, ¿qué análisis hace de la situación del activismo de izquierdas en Egipto?

Por un lado tenemos a la mayoría de la sociedad, que se ha rendido y resignado, que ve cosas que están mal pero piensa que no se pueden cambiar, y por otro estamos los que jugamos un papel activo en la revolución egipcia. Este último grupo está deprimido, dividido y derrotado. No estamos luchando juntos. Hay quienes buscan un purismo absurdo, parece que preocupa más ser puro, obtener muchos likes en las redes, defender lo genial que es uno como un individuo que obtener mejoras colectivas.

¿Es posible algún tipo de militancia actualmente?

Todas las agrupaciones y partidos tienen a gente encarcelada, y el margen de maniobra es muy pequeño. Hay luchas, pero compartimentadas: unos luchan por los derechos LGTBI, otros contra el patriarcado, pero no nos coordinamos ni englobamos todas las luchas, que están relacionadas y totalmente vinculadas, en realidad. En las redes se detecta mucho acoso y odio.

¿Cuál es la situación de Egipto en el día a día?

Hemos normalizado que suban los precios de las cosas, o que haya tanta policía en la calle, o que alguien tenga que pasar un tiempo en comisaría, o que tengamos que entregar una especie de soborno para sobrevivir. En las afueras de El Cairo, donde se sitúan los barrios más ricos, se han levantado gigantescos centros comerciales que albergan las mejores marcas del planeta, lugares que se parecen a Dubai con un toque de Las Vegas, con coches Tesla y gente que prefiere hablar inglés entre ellos. Es un gran contraste con buena parte del país, donde hay mucha pobreza.

Quienes creyeron que era posible un cambio están deprimidos. Mucha gente ha perdido a seres queridos, porque están exiliados, o encarcelados o muertos por la represión.

¿Cómo se gestiona esa derrota de la que habla?

No es fácil. Cuando hay derrotas es mucho más fácil caer en la trampa del repliegue y del individualismo, pensar en ti como persona única y creer que tus decisiones personales son lo realmente importante. Es fácil olvidarse de la importancia de lo colectivo. Parece que lo que importa no es lograr mejorar el mundo, sino gustarse como militante individual, puro y estupendo. Lo irónico es que esa actitud es el corazón del capitalismo: la competición. Hay esa competición en la izquierda, también veo que existe en Europa.

Los egos condicionan la política a menudo. Y la confusión que intentan inocularnos. Si alguien cobra un poco más que tú, piensas que ese es tu enemigo, y no el jefe, que es quien decide los salarios y que además cobra diez veces más que todos. En Egipto está pasando eso. Gente que en su día luchó unida ahora mira cada una por lo suyo, compite por tener más likes en las redes y se olvida de la lucha conjunta.

¿Eso pasa en su entorno?

En parte, sí. Gente que antes creyó en el cambio ahora piensa a corto plazo y compite, es parte de la derrota ante el régimen. No es fácil reaccionar bien a la derrota. Ese es el éxito de una dictadura, poder controlarnos, someternos, y encima conseguir que la gente se tire los trastos a la cabeza en vez de criticar al régimen.

El ejército egipcio forma parte de la estructura represiva en mi país. Pero en vez de luchar conjuntamente contra eso, hay gente de izquierdas metiéndose contra otra gente de izquierdas y mientras, nadie está criticando públicamente ya al ejército, corrupto y eje vertebral del régimen.

Habla usted del acoso y de las discusiones en redes. ¿Me puede poner un ejemplo?

Como hay tanta represión, hay tabúes, creo, y por eso se habla de cuestiones compartimentadas. Por ejemplo, hablamos del acoso sexual contra las mujeres, que es un terrible problema en nuestro país. En 2011, con la revolución, conseguimos que se pusiera el foco sobre ello y que muchos hombres entendieran por primera vez que ese era un asunto importante.

Pues bien, si yo cuelgo en las redes una crítica al Gobierno egipcio por haber arrestado a chicas que no hicieron más que colgar vídeos de ellas en la aplicación Tik Tok, aparecen un montón de tíos -y también alguna que otra mujer- acusándome de ser “un imbécil, un maricón” y de querer que todas las mujeres sean “putas como las del Tik Tok”, y de paso insultan a mi hermana o mi madre. Es gente que piensa que las mujeres son sus enemigas y que el patriarcado es su amigo, cuando la realidad es justo al revés.

Pero luego en el seno de la propia izquierda surgen discusiones en torno al feminismo, por ejemplo, u otras muchas cuestiones que a veces solo sirven para dividirnos. Mientras todo esto pasa, hay decenas de miles de personas en prisión, estamos amordazados y el régimen nos aplasta. Y como hay crispación, cada vez más gente se calla.

¿No hay ningún tipo de actividad fuera de las redes?

Sí, pero el riesgo es altísimo. Hemos visto en el pasado reciente cómo mucha gente que ha participado en manifestaciones minúsculas ha acabado arrestada. Hay huelgas de vez en cuando, protagonizadas por obreros de las fábricas, pero no quieren saber nada de los activistas de las ciudades, la conexión que hubo en el pasado apenas existe ahora.

Si no eres útil, si no puedes hacer huelga porque te arrestan, ni bajar a la calle, ni participar en las elecciones, ni crear partidos políticos, ni difundir tus ideas abiertamente, al menos deberíamos estar hablando, debatiendo, analizando e intentando encontrar puntos de encuentro. Pero no existe ese espacio ahora, nos lo quitó el régimen. Esa gran derrota, esa gran división, hace que todo el mundo actué como policía en contra de los demás.

¿Tiene amigos en la cárcel?

Sí, claro. Todos los tenemos. Amigos cercanos en prisión tengo doce, chicas y chicos de mi partido o de organizaciones no gubernamentales o de derechos humanos, principalmente. Hay muchos partidos que tienen a gente arrestada y también movimientos sociales, incluso algo tan pequeño como el BDS [ movimiento en favor del boicot a los productos israelíes], que deben ser solo unos veinte, tiene a dos de sus miembros en prisión. Y luego están los exiliados, buena parte de mis amigos están fuera.

¿Qué hay de los Hermanos Musulmanes?

Están la mayoría en la cárcel, y el resto exiliados. Muchos en Turquía, varios en Qatar. Los que permanecen aquí en Egipto no salen a la calle, saben que les pueden arrestar cualquier día. No sé qué supondrá para ellos el acuerdo reciente entre Qatar y Arabia Saudí. Veremos. Operan mucho a través de Internet, a través de vídeos de Youtube que realizan los exiliados. Tienen programas que son vistos por tres millones de personas o más. Algunos de esos programas son bastante extremistas, sexistas, de derechas, sobre todo el de Abdullah el Sherif. Su último capítulo lleva más de dos millones de visitas ya, en él se mete con Safwat Al Shereef, un hombre de Mubarak que lideró el Parlamento durante muchos años y nunca fue encarcelado.

Critican públicamente al ejército egipcio, lo cual es tener ya más coraje que nosotros. Desde una posición política y vital lejana a la suya, condeno la represión que sufrieron, con cientos de manifestantes muertos, aquello fue injustificable. O lo que las autoridades hicieron con el propio expresidente Mohamed Morsi, elegido en las urnas, al que dejaron morir en la cárcel. Creo que esperan que todos los líderes vayan muriéndose en prisión. Como son una organización muy piramidal, deduzco que piensan que si dejan morir a los de arriba, dificultarán la reconstrucción de la Hermandad.

¿Cómo le ha afectado a nivel personal todo lo ocurrido en el ámbito político?

La revolución nos dio una identidad. Nos sentimos parte de algo, del cambio, de la solución para mejorar nuestra sociedad. Ahora no siento que pertenezco, ni siquiera me siento bienvenido en mi propio país. He estado muy deprimido, como muchos activistas. Ya no me siento egipcio, no me siento parte de mi país y tampoco creo que pudiera sobrevivir en otra parte del mundo.

Hay un trauma colectivo entre los que participamos en el intento de cambio. El otro día quedamos un grupo de amigos a celebrar el décimo aniversario del inicio de las revueltas, estábamos en una casa con azotea aquí en El Cairo, al aire libre, y cuando empezamos a hablar del tema era imposible retener las lágrimas. Porque hablar de aquello no es solo decir "cómo ha pasado el tiempo" o "qué jóvenes éramos". No, es algo más profundo, que duele, porque es una derrota.

Por Olga Rodríguez

30 de enero de 2021 21:41h

@olgarodriguezfr

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Injerencia estadunidense en los comicios ecuatorianos

El 7 de febrero se celebran comicios presidenciales y legislativos (137 asambleístas) en Ecuador. El candidato mejor colocado para ganar la elección es Andrés Arauz, candidato de la coalición Unión por la Esperanza (UNES). Arauz es el representante de la identidad política llamada correísmo, heredero de una revolución ciudadana a la que el actual gobierno intentó aniquilar y proscribir electoralmente.

Andrés Arauz tiene 37 por ciento de intención de voto en las encuestas más recientes, frente a 24 por ciento del banquero Guillermo Lasso, su principal competidor, quien busca "desterrar de una vez por todas el modelo fracasado de socialismo del siglo XXI". El problema es que es necesario alcanzar 40 por ciento de los votos y 10 puntos de diferencia al segundo para ganar en primera vuelta. En caso de no hacerlo, habrá segundo round el 11 de abril.

Lenin Moreno es el tercer actor en disputa. El actual presidente acaba de visitar Washington, donde se reunió con uno de los responsables intelectuales del golpe de Estado en Bolivia, Luis Almagro, con el ex director del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca y actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cubanoestadunidense Claver Carone y con el Fondo Monetario Internacional, con quien Ecuador contrajo una deuda por varios miles de millones de dólares durante la presidencia de Moreno.

Moreno está desesperado y al mismo tiempo temeroso de un eventual regreso del correísmo al gobierno, pues podría ser sujeto de numerosos procesos judiciales por su accionar, y ya ha gestionado su salida del país, con Suiza como destino, nación donde tiene cuentas bancarias resultado de la corrupción y entrega de los recursos del país al capital extranjero y a los organismos financieros internacionales.

Una de sus principales colaboradoras, la ex ministra María Paula Romo, negoció también con la embajada de Estados Unidos su refugio en Washington, siguiendo los pasos de Richard Martínez, ex ministro de Economía, quien fue recompensado en noviembre pasado con la Vicepresidencia del BID.

En paralelo, y al igual que sucedió en Bolivia, comienza a aflorar en la derecha ecuatoriana el discurso de un supuesto fraude electoral. Para ello han creado un "Observatorio para el control electoral" a cargo de Mario Pazmiño, ex jefe de la Policía Nacional, vinculado a los servicios de inteligencia estadunidenses. A este operativo se han sumado el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y el Internacional Republicano (IRI) de Estados Unidos.

El NDI está reclutando ciudadanos ecuatorianos participantes de los programas de transparencia electoral, liderados por Julian Charles Quibell, funcionario estadunidense que trabaja en el NDI desde hace 18 años y es considerado el gurú de las elecciones en América Latina.

Quibell comenzó sus andanzas en el NDI en 2002, asesorando la red de partidos políticos de derecha en Bolivia durante dos años, para a continuación llegar a la oficina del NDI en México entre 2004 y 2012, desde donde dio el salto a la oficina regional del instituto en Managua, con la misión de organizar acciones contra el gobierno sandinista, entre ellos el diplomado en liderazgo y gerencia pública, financiado por Usaid, espacio pensado para formar y financiar a líderes opositores "emergentes".

El funcionario estadunidense ligado a los servicios de inteligencia tuvo que salir abruptamente de Nicaragua hacia México en enero de 2019, cuando estaba a punto de ser detenido por las autoridades locales a partir de una serie de denuncias en su contra.

En julio de 2020 fue reubicado en la oficina de Ecuador, donde también le fue encomendada la atención a los programas de Bolivia, casualmente dos naciones envueltas en procesos electorales y con posibilidades de victoria de fuerzas de izquierda.

En estos momentos el NDI ejecuta un proyecto en Ecuador financiado con 2 millones de dólares de USAID, con el objetivo de crear condiciones para "garantizar la transparencia y la seguridad" del proceso electoral, con cierto control sobre el proceso y las plataformas digitales destinadas a fiscalizarlo. Entre sus actividades principales, apoya a sectores de la derecha ecuatoriana y a personal vinculado al escrutinio, en un proyecto en cuya ejecución se implica directamente el gobierno de Lenin Moreno, a través de la cancillería y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por si no fuera poco, una de las subordinadas de Quibell es la ciudadana ecuatoriano-brasileña Juliana Ferreira Sevilla, quién anteriormente trabajó en la cancillería y tiene vínculos con el CNE, habiendo sugerido incluso realizar las elecciones de manera virtual.

Pero la idea en la que convergen hoy tanto Lenin, como su ministro de Defensa, responsable de la represión en octubre de 2019 y alfil de Estados Unidos, por un lado, y Almagro y el NDI, por otro, es suspender los comicios ante la posible victoria en primera vuelta de Arauz, al igual que sucedió con la de Lucho Arce en Bolivia.

Se hace necesaria la presión internacional para que esto no suceda, y la presión nacional para cuidar cada voto y cada casilla, rechazando tanto la injerencia externa de Estados Unidos, como la interna de sus lacayos locales.

El rol de los cursos de liderazgo del NDI en Nicaragua y la sui géneris Revolución de las chimbombas http://nicaleaks.com/2018/10/04/ el-rol-de-los-cursos-de-liderazgo-del-ndi -en-nicaragua-y-la-sui-generis-revolucion -de-las-chimbombas

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¿IVA de 19 por ciento para toda la canasta?

Soplan vientos que traen el eco de gravar la totalidad de alimentos con el IVA en un 19 por ciento. Es la propuesta facilista para recomponer el déficit fiscal que sobrelleva el país, medida que le representaría un recaudo adicional al gobierno nacional de 771 mil millones de pesos al mes –9.3 billones de pesos al año, algo superior al 0.9% del PIB–. ¿Por qué es improcedente esta medida y cuáles serían sus consecuencias?

 

De nuevo el debate sobre la necesidad de realizar una reforma estructural tributaria gana espacio a nivel nacional. Esta vez producto de la difícil situación fiscal del país, agravada por la pandemia del covid-19 en 2020 y con ella la caída de ingresos del gobierno nacional de un 2.5 por ciento del PIB y el aumento del gasto público para enfrentar la crisis social y económica en curso.

Como en otras ocasiones, sectores defensores de los privilegios de pocos proponen como uno de los pilares para mejorar las arcas públicas la universalización del impuesto al valor agregado –IVA– para todo el conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar. Una propuesta improcedente, como permite afirmarlo las mismas cifras oficiales sobre los impactos recaudatorios y en la distribución de ingresos de diferentes opciones alternativas de reforma del IVA.



Algunas consideraciones generales de contexto

 

En el Gráfico 1 puede apreciarse, a manera de preámbulo, cuán regresivo resultaría ser la generalización de la tarifa del 19 por ciento del IVA a la totalidad de bienes y servicios consumidos por los hogares en Colombia, ya que este impuesto como proporción del ingreso total de los hogares variaría desde el 24 por ciento para el caso de los hogares en pobreza y el 17 por ciento para el de hogares en vulnerabilidad, que resultan ser muy superiores al de los hogares con mayores ingresos de la denominada clase alta (el 7% para los hogares del decil 10 con los mayores ingresos y 12%, en promedio, para los deciles 7 a 9).

Así pues, a diferencia de lo argumentado recientemente en ciertos círculos especializados a nivel internacional, no es cierto que a priori el IVA generalizado pueda resultar progresivo dado el nivel y composición de los gastos en bienes y servicios que realizan los hogares según nivel de ingreso en el caso de un país como Colombia, con elevados niveles tanto de pobreza monetaria (cercano al 35.7% en 2019, justo antes de la pandemia del covid-19 que la recrudeció de manera significativa en 2020) como de concentración de ingresos y de riqueza.

Ante estas circunstancias, resulta claro que el diseño de una reforma del IVA en Colombia ha de ser enmarcado, en sentido estricto, en una visión de economía política que pondere debidamente los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, aparte de los de simplicidad y transparencia, a la luz de propósitos básicos como los de inclusión social, reducción de la pobreza y la desigualdad societal.

 

La clasificación del gasto según grupos de la canasta familiar

 

El Dane, con base en la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (Enph) 2016-2017, seleccionó la nueva canasta y revisó la metodología aplicada al Índice de Precios al Consumidor. Entre los cambios están los nuevos ponderadores a nivel de las 12 divisiones, grupos de gasto y clases de gasto para cada una de las clases sociales1.

En la misma destaca el peso específico del grupo de alimentos en el gasto de los hogares en el país, a saber –siempre en por ciento–: 13.89 a nivel general, el 22.10 para los hogares en pobreza, el 20.56 para los hogares en vulnerabilidad, el 14.57 para los hogares de la denominada clase media y el 7.51 para los hogares de la clase de ingresos altos.

A su vez, el gasto conjunto en alimentación y arriendos llega a representar el 39.05 del gasto total para el agregado de hogares en el país, llegando incluso hasta el 53.73 del gasto en el caso de los hogares en pobreza, el 48.43 en el de los hogares en vulnerabilidad, el 39.94 en el de los hogares de clase media y el 29.88 en el de los hogares de ingreso alto.

 

El gasto total de los hogares y su composición

 

De acuerdo con esta encuesta de 2016-2017, el gasto total mensual de las unidades de gasto alcanzó 27.4 billones de pesos mensuales (328.8 billones de pesos al año), distribuidos fundamentalmente en: alimentos y bebidas no alcohólicas (4.4 billones de pesos mensuales, equivalente al 15.9 por ciento del gasto total); alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7.9 billones de pesos mensuales, 28.7% del gasto total); bienes y servicios diversos (5.0 billones de pesos mensuales, 18.3%) y transporte (2.6 billones de pesos mensuales, 9.5%), entre otros.

En estas condiciones, la distribución del IVA del 19 por ciento a toda la canasta familiar a nivel de las clases sociales muestra cómo el recaudo se concentraría en lo fundamental en los hogares de la clase media (44%), seguido por los hogares en vulnerabilidad (26%), los hogares en pobreza (19%) y, finalmente, los de la clase alta (11%), destacándose cómo el peso del impuesto IVA sobre el ingreso representaría el 24.4 por ciento para los hogares en pobreza, mientras que para aquellos de altos ingresos sería de tan sólo el 10.8 por ciento y mucho menos para el 1 por ciento de los hogares más ricos de la clase alta para los que el IVA a la canasta familiar sólo afectaría el 7.3 por ciento de su ingreso.

El efecto de la medida es inocultable. De ahí que la propuesta debiera orientarse a no gravar la canasta básica de los hogares en pobreza y vulnerabilidad, ni tampoco a los rangos o sub-deciles de ingresos bajos de la clase media, para que con ello se lograran mejoras sustanciales en el índice Gini de concentración de ingresos al poder pasar de 0.5438 a 0.5166.

Ante esta composición del gasto de los hogares en el país, universalizar la tarifa del IVA del 19 por ciento a la canasta familiar de bienes y servicios generaría un recaudo aproximado de 62 billones de pesos al año (6.2% del PIB).

 

 

 

La potencia del impacto

 

Mediante una microsimulación del IVA a toda la canasta familiar, se estima que su universalización al 19 por ciento para todos los bienes y servicios, si todos los demás factores permanecen constantes, reconfiguraría de manera apreciable la estructura de las clases sociales, con un aumento de la proporción de hogares en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad y una reducción de la de hogares de clase media, en la medida en que:

(i) cerca del 23 por ciento de los hogares en pobreza no extrema serían expulsadas a la pobreza extrema,
(ii) un 16 por ciento de los hogares vulnerables serían expulsados a la pobreza, y
(iii) un 23 por ciento de los hogares de la clase media serían expulsadas a vulnerabilidad.

Como queda claro, de así proceder ello conduciría a un inaceptable empobrecimiento y agudización de la vulnerabilidad de amplios grupos poblacionales, ya de por sí golpeados por la política económica en voga desde décadas atrás, y más agravados con la pandemia del covid-19, consecuente con un aumento del índice Gini de concentración del ingreso de un 0.5438 antes del impuesto IVA a 0.5705 después del mismo a toda la canasta básica para toda la población.

La importancia de este tipo de impactos ha sido reconocida por organismos internacionales y círculos de expertos al punto de recomendar que con la ampliación de la base gravable del IVA a bienes y servicios de la canasta familiar se implanten medidas de compensación (créditos fiscales, devolución de IVA, entre otros) focalizada a favor de los hogares en pobreza y vulnerabilidad. A pesar de lo anterior, dados los altos niveles de informalidad como de precariedad de ingresos de amplios grupos de nuestra sociedad y ante los graves vacíos en la interoperabilidad y robustez estadística de los registros administrativos en un país como Colombia, se generan importantes desigualdades, injusticias, asimetrías, inequidades, falencias en la cobertura de la población y elevados costos de transacción no solo para la administración pública sino también para los mismos hogares elegibles.

En cuanto a la pretendida corrección de este tipo de políticas en Colombia, resulta muy aleccionadora la experiencia de la devolución del IVA, debido a que hasta el presente tan sólo llega a cubrir a un millón de hogares pobres (esto es, apenas un 23.3% de los hogares pobres en 2019, antes del recrudecimiento de la pobreza con la pandemia en 2020), lo cual constituye una muestra de la inadecuada capacidad gubernamental para lograr una oportuna e integral aplicación de medidas compensatorias a los hogares pobres y vulnerables, los cuales serán claramente afectados con la universalización de este impuesto. Así pues, en economías altamente informales y con precarios sistemas de información hay una alta brecha entre la imposición tributaria a la canasta familiar y la cobertura y efectividad de las compensaciones para hogares en pobreza y vulnerabilidad, por ejemplo.

Como ya se vió, el peso de los gastos en los rubros de alimentos y de arriendo de vivienda para los hogares en pobreza casi que duplica el correspondiente a los hogares de la clase de altos ingresos (un 54% en el primer caso), en este artículo se muestra, a manera de ejemplo, el impacto fiscal y en redistribución de ingreso de la implantación de una tarifa general del IVA del 19 por ciento para alimentos.


El IVA sobre alimentos

 

El gasto de los hogares en alimentos, según la Enph 2016-2017, fue de 4.06 billones de pesos mensuales en 2017 –esto es, 48.7 billones de pesos al año–. Los alimentos de mayor consumo son las carnes (28%), panes y cereales (18%), leche, queso y huevos (15%), y legumbres (14%) (Cuadro 1).

 


Gravar todos los alimentos con el IVA a la tarifa general del 19 por ciento, le representaría un recaudo adicional al gobierno nacional de 771 mil millones de pesos al mes –9.3 billones de pesos al año, algo superior al 0.9% del PIB–, el cual recaería –siempre en por ciento– en un 37 sobre los hogares de la clase media, un 33 sobre vulnerables, un 25 sobre los empobrecidos y apenas un 5 sobre los de la clase alta.

Aplicar este tipo de medidas, si todos los demás factores permanecen constantes, llevaría a expulsar, por ejemplo, a un conglomerado de 963 mil personas (5.6%) en vulnerabilidad a la pobreza, e incrementaría la inequidad en la distribución de ingresos en el país al elevarse el índice de Gini de concentración de 0.5438 a 0.5502.

Ahora bien, si se aplicara el IVA sobre alimentos a una tarifa del 19 por ciento para los hogares de los deciles 9 y 10 de más altos ingresos en el país se evitaría dicho incremento de la concentración y, por el contrario, podría incluso reducirse muy ligeramente de 0.5438 a 0.5407, aparte de generar un recaudo de cerca de 0.23 por ciento del PIB al año.

Por ello, lo procedente es aplicar una tarifa del 19 por ciento del consumo imputado –según lo estimado con base en la Enph del Dane para los hogares de diferentes clases y deciles de ingreso– para los hogares de altos ingresos, y con una tarifa del 0 por ciento para el resto de hogares.

 

El caso de otros componentes de la canasta

 

Siguiendo similar planteamiento para el caso de los otros rubros importantes en la canasta de consumo como son los arriendos pagados e imputados, la electricidad, gas y agua, por un lado, y alimentación y restauración fuera del hogar, es importante que el gobierno nacional y el Congreso de la República aprobaran el IVA en cuestión sobre los arriendos pagados e imputados para el caso de las personas jurídicas con mayores ingresos operacionales, así como la aplicación de la tarifa del 19 por ciento sobre el consumo de electricidad, gas y agua de las empresas.

Dado que los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente se definen como la remuneración indirecta que obtienen las instituciones financieras y de seguros en las operaciones de préstamos, depósitos y seguros que realizan, así como la diferencia entre el tipo de interés de referencia que se fija para cada operación financiera y el tipo de interés que pagan las instituciones financieras, se debería implantar este mismo IVA a este tipo de servicios en cabeza de las entidades financieras y de seguros, aparte de los reducidos costos de transacción y simplicidad de su recaudo.

 

Escenarios alternativos para la imposición del IVA a la canasta familiar

 

Como síntesis de lo anterior, resulta de gran utilidad analizar la sensibilidad de los impactos en recaudo tributario y los cambios en la distribución de ingreso entre hogares a variaciones en la población de hogares sujeta al gravamen del IVA del 19 por ciento en el país. Como se aprecia en el Cuadro 2, si se aplicara el IVA universal en el porcentaje indicado a todos los hogares colombianos el recaudo adicional alcanzaría a un 6.2 por ciento del PIB al año y el índice Gini de concentración de ingresos se agravaría aún más al pasar de 0.5438 a 0.5705, en tanto que si sólo se aplicara el IVA a toda la canasta de los hogares del decil 10 de más altos ingresos con la tarifa del 19 por ciento y de 0 para el resto de los hogares, se aumentaría el recaudo al 1.8 por ciento del PIB al año y se reduciría apreciablemente el índice Gini de concentración al descender de 0.5438 a 0.5209.

Ahora bien, si se aplicara a la canasta de los hogares de los deciles 9 y 10 de mayores ingresos con la tarifa indicada y del 0 por ciento para el resto de hogares, se incrementaría el recaudo al 2.7 por ciento del PIB al año y se alcanzaría una reducción del índice Gini de 0.5438 a 0.5144.

Lo que demuestra con claridad suficiente la robustez de un diagnóstico de política pública que consulte con rigor las ventajas y desventajas existentes entre recaudo, equidad y progresividad a la luz de objetivos precisos de política económica y social.

En términos de eficacia del recaudo y redistribución de ingreso sobresalen, sin duda alguna, las alternativas de gravar focalizadamente a la canasta de los hogares de mayores ingresos en el país con la tarifa ya definida y del 0 por ciento para el resto de hogares, y en particular del 10 si no se quisiera afectar a algunos sectores de la clase media.

Así, entonces, existirían algunas variantes sobre estos tipos de opciones, para no mencionar otras, que facilitarían sopesar la más deseable en términos de recaudación, graduación, focalización y tarificación bajo los postulados de política pública aquí en referencia, así como en consonancia y estricta coherencia con los demás componentes de la reforma estructural tributaria.

Una opción deseable de política podría consistir en aplicar la referida tarifa del IVA a las personas naturales pertenecientes al 5 por ciento de las que cuentan con los mayores ingresos en el país, como una primera etapa, lo que generaría recursos tributarios por cerca de un 0.8-1.0 por ciento del PIB al año; luego, en la segunda etapa, se podría ampliar la aplicación del IVA pero con una tarifa del 15 por ciento al resto de las personas naturales pertenecientes al 10 por ciento de las con mayores ingresos en el país, que aportaría un recaudo adicional del orden del 0.5-0.6 por ciento del PIB al año, y, cuando sea conveniente e indispensable, en la tercera etapa se extendería la aplicación de este impuesto con una tarifa del 10 por ciento para las personas naturales del decil 9 de ingresos, que recaudaría en torno a un 0.3 por ciento del PIB al año, llegándose en este punto a un aporte recaudatorio acumulado del IVA a la canasta de consumo de los hogares del país próximo al 1.8-2.0 por ciento del PIB al año.

De acuerdo con lo ya argumentado, la mejor forma procedimental, si no única, de aplicar el gravamen, dadas las actuales restricciones en los registros administrativos y en la interoperabilidad de los sistemas de información gubernamental2, sería la de aplicarlo directamente a los hogares sujetos al gravamen a través tanto de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios para el caso de los arriendos pagados e imputados, por ejemplo, como del mismo recibo del pago de servicios como la electricidad, gas y agua a condición de que se corrijan los graves sesgos de la estratificación actual.

 

En suma…

 

Dicen que un buen gobierno es aquel que garantiza felicidad, seguridad y bienestar a la sociedad con la que organiza la vida diaria. Y para garantizar tal tríptico no puede dejar de lado la justicia, en este caso en el campo económico, tributario y fiscal. Realizar tal precepto no es posible sin trascender las promesas. En este caso, invertir la política impuesta en Colombia desde décadas atrás con la cual se invirtió en 180 grados la lógica de “quien tiene más debe pagar más”, y para ello hemos tratado de dejar la evidencia sin que las neblinas impidan apreciarla en su debida manera.

Queda evidente, entonces, que otra política tributaria sí es posible, pero para hacerla realidad hace falta mucho más que argumentos… El reto queda para el conjunto nacional.

 

1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-actualizacion-metodologica-2019/ipc-ponderadores.
2 Es de reiterar que el programa de devolución del IVA actualmente llega a menos del 23% de los hogares en pobreza en el país y que, según información oficial suministrada a la Corte Constitucional, a agosto todavía había más del 45% de los hogares en situación de desplazamiento forzado interno a los que no les había llegado ningún programa social del Gobierno nacional.

Publicado enColombia
Viernes, 29 Enero 2021 05:16

Representar desde la izquierda

Representar desde la izquierda

El giro al centro de numerosas organizaciones socialistas y socialdemócratas ha contribuido a la crisis de representación. El problema, ahora, es cómo representar desde la izquierda y rearmar un paradigma político convincente.

 

En las últimas décadas, la insatisfacción con la democracia ha crecido en forma dramática. Por ejemplo, el más reciente informe Global Satisfaction with Democracy (Satisfacción global con la democracia) menciona que «a mediados de la década de 1990, la mayoría de los ciudadanos (…) estaban satisfechos con el funcionamiento de sus democracias. Desde entonces, la proporción de individuos que están ‘insatisfechos’ con la democracia ha crecido (…) de 47,9% a 57,5%. Es el nivel global más alto de insatisfacción desde el comienzo de la serie en 1995».

Quizás la forma más común de entender la insatisfacción con la democracia sea «de abajo hacia arriba», examinando las quejas de los ciudadanos por motivos económicos y/o socioculturales. Pero también es necesario examinar las fuentes «de arriba hacia abajo», aquellas que surgen de la naturaleza de las instituciones democráticas mismas o de su funcionamiento.

Es muy probable que el planteo moderno más influyente de esta perspectiva sea el de Samuel Huntington en El orden político en las sociedades en cambio (1968). Huntington sostuvo que la decadencia y el desorden políticos eran el resultado de una brecha entre las demandas de los ciudadanos y la disposición o la capacidad de las instituciones políticas para darles respuesta. Aunque el libro de Huntington se enfocaba en los países en desarrollo durante el periodo de posguerra, su marco puede ayudarnos a entender la insatisfacción con la democracia en la Europa de la actualidad.

En las últimas décadas, ha surgido en Europa una brecha de representación, un desfase entre las preferencias de los votantes y el perfil de las políticas y los reclamos políticos de los partidos tradicionales. Y tal cual como lo habría predicho Huntington, cuando la ciudadanía ve a las instituciones políticas como renuentes o incapaces de darle respuesta, el resultado probable es la insatisfacción y, junto con ella, el desorden y la decadencia política.

Perfiles desplazados

Los desplazamientos políticos y discursivos de los partidos europeos tradicionales de centroizquierda y centroderecha los ha alejado de las preferencias de muchos votantes. El cambio por parte de los partidos de centroizquierda es bien conocido.

Durante la posguerra, los partidos europeos de centroizquierda tenían perfiles económicos relativamente claros, que se basaban en la idea de que la tarea de los gobiernos democráticos era proteger a los ciudadanos de las consecuencias negativas del capitalismo. En concreto, esto involucraba impulsar el Estado de Bienestar, la regulación del mercado y políticas de pleno empleo, entre otras cosas. Aunque trataban de atraer votos fuera de la clase trabajadora tradicional, sus identidades y reclamos siguieron basados en la clase.

A fines del siglo XX esto comenzó a cambiar, a medida que la centroizquierda se desplazaba hacia el centro en términos económicos, ofreciendo una versión diluida o «más amable, más suave» de las políticas difundidas por sus competidores de centroderecha. Para fines de la década de 1990, de acuerdo con un estudio, «la socialdemocracia (…) tenía más en común con sus principales competidores que con sus propias posiciones de tres décadas antes». Al tiempo que los partidos de centroizquierda diluían sus posturas de política económica, también comenzaron a quitar énfasis a los términos de clase en sus discursos, y sus líderes surgieron cada vez menos de las filas de la clase trabajadora y más de una elite con altos niveles de educación.

Aunque de manera menos pronunciada y universal, casi al mismo tiempo que la centroizquierda comenzaba a correrse al centro en el terreno de la economía, muchos partidos de centroderecha moderaban sus posturas sobre cuestiones sociales y culturales, entre ellas los valores «tradicionales», la inmigración y otras preocupaciones relacionadas con la identidad nacional, sobre las cuales la centroderecha había tomado posiciones conservadoras. Los demócrata-cristianos, por ejemplo, habían considerado que los valores religiosos, así como las visiones tradicionales respecto del género y la sexualidad, eran cruciales para su identidad. Además, muchos de estos partidos entendían la identidad nacional en términos culturales o incluso étnicos, y la inmigración y el multiculturalismo les resultaban sospechosos. Sin embargo, entre fines del siglo XX y comienzos del XXI muchos se desplazaron hacia el centro en cuestiones de identidad nacional, suavizando o abandonando los reclamos comunitarios que habían hecho con anterioridad.

En conjunto, estos desplazamientos en las agrupaciones de centroizquierda y centroderecha dejaron a muchos votantes sin un partido que representara sus intereses, en particular a aquellas personas con perspectivas de izquierda en temas de economía y con preferencias entre moderadas y conservadoras respecto de la inmigración, entre otros. Estos votantes se concentraban entre la población con niveles más bajos de educación y la clase trabajadora, abarcando aproximadamente entre 20% y 25% del electorado en Europa (así como en Estados Unidos).

Brecha de representación

Para utilizar categorías popularizadas por Albert Hirschman, cuando emerge una brecha de representación y los votantes están insatisfechos con las alternativas políticas que se les ofrecen, tienen dos opciones: abandonar la escena o hacerse escuchar. Y sin duda, en décadas recientes, los votantes menos educados y de clase trabajadora han abandonado progresivamente la escena absteniéndose de votar y de ejercer otras formas de participación política, o se han hecho escuchar llevando sus votos a los partidos populistas de derecha. Lo hicieron porque esos partidos también cambiaron sus perfiles, ofreciendo una mezcla de «chauvinismo de bienestar», políticas sociales y culturales conservadoras y una promesa de darles voz a los «sin voz», precisamente para atraerlos.

El escritor francés Édouard Louis describió cómo la insatisfacción de su padre obrero y sin educación con los partidos tradicionales, y en particular con la izquierda, lo condujo por ese sendero: «Lo que las elecciones [llegaron a significar para] mi padre fue la oportunidad de luchar contra su sensación de invisibilidad (…) Mi padre se había sentido abandonado por la izquierda política desde la década de 1980, cuando esta comenzó a adoptar el lenguaje y el pensamiento del libre mercado (…) [y nunca más] habló de clase social, injusticia y pobreza, o de sufrimiento, dolor y extenuación (…) Mi padre solía protestar: ‘No importa cuál, de izquierda, de derecha, ahora son todos lo mismo’. Ese ‘no importa cuál’ destilaba todo su desencanto con quienes, para él, deberían haberlo defendido, pero no lo hacían. En contraste, el Frente Nacional despotricaba contra las pésimas condiciones de trabajo y el desempleo, echando toda la culpa a la inmigración o a la Unión Europea. En ausencia de cualquier intento por parte de la izquierda de explicar su sufrimiento, mi padre se aferró a las falsas explicaciones ofrecidas por la extrema derecha. A diferencia de la clase gobernante, él no tenía el privilegio de votar por un programa político. Para él, votar era un intento desesperado de existir ante los ojos de los otros».

En resumen, mientras que el examen de los cambios en las condiciones económicas, sociales y tecnológicas y las quejas que han generado es crucial para comprender los problemas contemporáneos de la democracia, también es necesario explorar por qué las instituciones democráticas existentes no han respondido a las preocupaciones de muchos ciudadanos. Después de todo, un rasgo definitorio de la democracia es que supuestamente el gobierno debe responder a los ciudadanos. Esto implica alguna correspondencia entre lo que los votantes quieren y lo que los políticos y los partidos de hecho hacen.

En particular, cuando surge una brecha de representación –cuando una porción significativa de la población siente que sus intereses ya no son representados por la política y los partidos tradicionales–, deberíamos esperar un incremento en la insatisfacción y en el apoyo a la política y los partidos anti-establishment. Para evitar esto es necesario cerrar la brecha de representación, lo que significa que será necesario que los partidos tradicionales vuelvan a alinearse con los votantes, o que tendrán que convencer a los votantes de alinearse con ellos.

Traducción: María Alejandra Cucchi

Fuente: IPS y Social Europe

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El laberinto de la economía venezolana

La economista venezolana Pasqualina Curcio explica por qué se llegó a esa situación

 

El PIB venezolano cayó cerca del 70% desde el 2013 hasta la fecha, y la economía está en estanflación. Pasqualina Curcio, economista venezolana, explica para Sptunik por qué se llegó a esa situación, qué ha hecho el Gobierno, y algunas de las disyuntivas principales que actualmente atraviesa el país.

Venezuela está bajo un proceso de estanflación, es decir recesión e inflación, desde el año 2013. Es la primera característica que indica Pasqualina Curcio, economista, profesora en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, autora de una serie de libros sobre el pasado y presente de la economía venezolana.

El producto interno bruto (PIB) cayó alrededor de 70% desde el 2013 hasta la fecha, explica Curcio. Además, con el «proceso inflacionario, incluso hiperinflacionario, hemos tenido variaciones de precios mayores al 50% mensual, donde solamente en 2018, que fue el pico, se llegó a 130.060%, según cifras oficiales».

El PIB y la inflación son, junto con el desempleo, algunos de los grandes indicadores de la economía. Este último, según el mensaje presidencial ante la Asamblea Nacional, se ubica en 8,8% para 2020, dos puntos más respecto al 2019, lo que, para Curcio, «a pesar de la caída importante del PIB, no es una cifra de desempleo alarmante».

Con esos números se obtiene una fotografía de una economía que tuvo grandes transformaciones. «Lo importante, además de la caracterización, son las causas», señala la experta, para quien existen varios elementos centrales que dan cuenta de la actual situación.

Las causas

A partir de 2013 —cuando comienza el Gobierno del presidente Maduro- «se intensifica el proceso de la guerra económica, que se enmarca en una guerra no convencional«, analiza Curcio.

El desarrollo de la guerra económica tuvo, desde esa fecha, varios momentos y elementos determinantes. Uno de los primeros fue «un desabastecimiento programado y selectivo de bienes, en 2013, 2014, 2015 hasta el 2016, que no fue producido por una caída de la producción, sino por una alteración de los mecanismos de distribución».

En paralelo a ese fenómeno interno, «y de manera encubierta», explica, comenzaron las acciones internacionales, como la «manipulación del índice financiero del riesgo país cuando Venezuela cumplía puntualmente con sus compromisos de deuda externa, y problemas para las transacciones financieras».

Un punto central de la escalada fue en agosto de 2017, coincidente con el inicio de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando comenzaron las medidas coercitivas contra la industria petrolera venezolana y la empresa estatal PDVSA, columna vertebral de la economía nacional. La agresión pasó entonces de encubierta a abierta.

PDVSA

«Iniciaron formalmente las trabas financieras, se le impedía a PDVSA que refinanciara su deuda, que realizara sus pagos, adquiriera repuestos e insumos para la producción, y en Venezuela PDVSA es la empresa que genera históricamente el 90% de los ingresos en divisas del país», explica Curcio.

 

El ataque a PDVSA desencadenó varias consecuencias: al caer la producción, con un mínimo de 400.000 barriles en el 2020, «cayeron las exportaciones, los ingresos en divisas, y en consecuencia tuvimos menos recursos para para importar bienes de consumo final, bienes, insumos, materia prima y repuestos para la producción no solo petrolera, sino del resto».

El impacto afectó además «la posibilidad de honrar los compromisos de deuda externa porque disminuyeron las divisas que estaban entrando, y afectó las reservas internacionales, nuestros ahorros, y, por lo tanto, al disminuir entonces hubo que disponer de la reserva». Las reservas internacionales pasaron de alrededor de 20.000 millones de dólares en 2013, a cerca de 6.000 millones en la actualidad.

Hundir la moneda

Otra de las armas que han aplicado, que explica particularmente la inflación, es el ataque al bolívar, explica Curcio, quien señala que, si bien los primeros ataques a la moneda empezaron en el año 2006, cuando «comenzaron a posicionar un supuesto precio del bolívar que no era el verdadero precio», el ataque central comenzó a partir del 2012-2013, hasta agudizarse en el 2017.

Eso es lo que ha generado una hiperinflación, desde el 2012 hasta hoy, según los portales que posicionan un supuesto precio del bolívar, esa supuesta depreciación de nuestra moneda, va por alrededor de un millón de millones por ciento». En el 2012, un dólar era equivalente a ocho bolívares, y actualmente equivale a 1.500.000 bolívares soberanos, es decir 150.000 millones en el bolívar antes de la reconversión del 2018.

 

«Con toda responsabilidad, en Venezuela han pasado muchas cosas estos años en lo económico, lo político, pero jamás que pueda explicarse que el bolívar se haya depreciado un billón por ciento».

 

Ese ataque a la moneda fue confesado en diciembre del 2019 por el senador estadounidense, Richard Black, quien afirmó respecto a Venezuela: «Hemos desmonetizado su moneda, y, a través del sistema bancario internacional, hicimos que la moneda venezolana careciera de valor, y luego vamos y decimos ‘miren lo malo que es este Gobierno, su moneda no vale nada’, bueno no fueron ellos, fuimos nosotros quienes hicimos inútil su moneda».

Los efectos

El ataque sobre la moneda desencadenó efectos críticos en la economía. Al generar un proceso hiperinflacionario, con un «aumento de precios diariamente, de manera rápida y desproporcionada», se deterioró el salario real.

Con ese deterioro «se pierde el poder adquisitivo en los hogares, se establecen prioridades de consumo, se dejan cosas sin adquirir, y eso repercute sobre la producción, porque si no tienen quienes les compren no necesariamente producen, y genera contracción en la economía».

 

Un fenómeno similar ocurrió en la administración pública, el Estado, analiza Curcio. Allí, ante una inflación impredecible, «el presupuesto previsto no le alcanza al Estado, impacta sobre su desempeño en todos los servicios que presta desde electricidad, agua, telecomunicaciones, salud, educación, el servicio penitenciario, judicial», algo que es visible en la cotidianeidad venezolana, en particular fuera de la capital del país, Caracas.

Las respuestas

El Gobierno desarrolló varias respuestas a lo largo de los años. Ante el desabastecimiento, por ejemplo, fueron creados en el 2016 los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que permitieron generar un proceso de organización para distribuir alimentos subsidiados por el Estado.

A principios del 2018 «se anunció la creación del petro, que nació como una criptodivisa, principalmente para sortear el bloqueo del sistema financiero». Pocos meses después de su creación, el petro fue sancionado por una orden ejecutiva de Trump.

En agosto de ese año, el Gobierno anunció el Plan de Recuperación y Prosperidad Económica, «hizo un ajuste de los salarios de casi 3.700%, sin embargo, ese ajuste en septiembre ya comenzó otra vez a deteriorarse, comenzaron a atacar otra vez el bolívar, y en menos de un mes duplicaron el tipo de cambio».

El Plan incorporó otra medida central: la flexibilización del control de cambio. «Se lo hizo con la esperanza de que podrían venir inversiones extranjeras privadas, porque una de las excusas era que no tenían dónde transar las divisas de manera libre», explica Curcio. Sin embargo, «las inversiones no necesariamente han llegado, no porque no esté libre el sistema cambiario, sino porque están observando la situación estanflacionaria que genera inestabilidad en el momento de realizar inversiones».

La situación en el marco del bloqueo económico, llevó al Gobierno a aprobar en octubre del 2020 la Ley Antibloqueo, con el fin, entre otras cosas, de atraer capitales privados.

La Ley Antibloqueo

«Es necesaria una ley contra el bloqueo», afirma Curcio. Sin embargo, plantea dudas sobre su efectividad: «Ciertamente requerimos que ingresen divisas, pero hasta qué punto esas divisas, si es que ingresan, no se terminarán yendo en un escenario de libre cambio, en el marco de una depreciación inducida que continúa por el ataque al bolívar».

Aún es temprano para saber la efectividad de la Ley Antibloqueo, en particular porque sus cláusulas indican que el proceso de inversiones no es público. Pero Curcio, investigadora de la historia de la economía venezolana, sostiene que «pensar que ahora el sector privado y las inversiones privadas extranjeras son las que van a resolver el problema actual de Venezuela es ingenuo si vemos un comportamiento de más de medio siglo».

Según ella, «el Estado venezolano tiene recursos suficientes, no solo es el petróleo, también está el oro y otros minerales, de manera de poder enfrentar esta guerra económica, no significa que el capital privado no venga, si van a venir y se van a llevar las poquitas divisas como han estado acostumbrados, no estamos resolviendo el problema».

La disyuntiva

Finalmente, Curcio plantea un debate central: cómo se reparte la riqueza generada en el país.

«En procesos inflacionarios, y sobre todo hiperinflacionarios, la inflación a quien más termina afectando es a la clase obrera, trabajadora, por la vía del salario, porque mientras los dueños del capital tienen la posibilidad de fijar los precios en la correlación de fuerzas del mercado, sobre todo si son monopolios, pero el trabajador no tiene la posibilidad de fijar su salario».

 

Según números del Banco Central de Venezuela, en el 2014, el capital privado se apropiaba del 31% del PIB, 36% era para los asalariados, y el Estado obtenía 13%. Ese número, en el 2017 —datos más actualizados— se modificó a favor de los privados, que pasaron a obtener el 50%, y en detrimento de los trabajadores con 18% y el Estado con 9%.

Así, en el proceso de reducción del PIB, el total se fue repartiendo de forma cada vez más desigual en favor de «los dueños del capital». Los salarios reales, del 2018 a la fecha, cayeron 99%, y, si bien el Estado mantuvo cerca del 75% del presupuesto destinado a la inversión social, ese monto fue sobre un total más reducido percibido por el Estado.

Curcio insiste en que «no puede ser la clase trabajadora la que reciba el mayor impacto de la guerra económica». Uno de los primeros pasos es aumentar los salarios, y una de las vías es a través de impuestos, «los más progresivos, los impuestos sobre la renta y las grandes fortunas (…) es un tema de redistribución, son capitales que se están llevando más de lo que se llevaban antes de la torta, e históricamente no han pagado suficientes tributos».

Por eso, Curcio, plantea que exista una gran disyuntiva: «O aumento el dinero para aumentar el salario de los trabajadores y con eso reactivo la demanda y el consumo para reactivar la producción, o simplemente dejo que sigan aumentando los precios independientemente de lo que pase con los salarios y que siga cayendo la producción».

Por Marco Teruggi | 28/01/2021

Publicado enInternacional
Jueves, 28 Enero 2021 07:43

Colombia: El próximo capítulo

Colombia: El próximo capítulo

El ejercicio de previsión tendrá siempre mucho de especulativo, pero suele ser útil como orientación para el camino que se emprende. Y aunque acabamos de experimentar una profunda ruptura que vuelve poco significativo el análisis de tendencias, existen seguramente procesos subyacentes que vale la pena poner en evidencia. He aquí una primera aproximación.

El término que mejor se ajusta a lo que estamos viviendo es el de incertidumbre. En Colombia y en el mundo. Cuando ya se pensaba que la pandemia había sido controlada, de repente resurge con más fuerza que antes. Todas las apuestas, como se ha visto, se han centrado en la vacunación masiva; sin embargo, se sabe que ésta será lenta y complicada. Los impactos, cada vez mayores, en particular sobre los sistemas de atención en salud, llevarán a periódicos confinamientos, cuando menos, selectivos.

En este proceder, el gobierno de Francia, por ejemplo, ha decidido mantener el estado de emergencia hasta junio y anuncia que es muy posible su prolongación hasta diciembre. Esto quiere decir que la economía –capitalista– reanudará su marcha pero a trompicones. Con sus dos grandes ganadores, por supuesto: quienes manejan la internet, el negocio de las “aplicaciones” y la fabricación de dispositivos, por una parte, y el capital financiero especulativo, por otra. En la política convencional, es claro que muy pocos de sus actores se atreverán a ofrecer alternativas, como no sea la fuerza que habrán de emplear para controlar las explosiones masivas de desesperación. En el ámbito cultural continuará por un buen tiempo la ilusión del nuevo “mundo virtual” como reemplazo individualista de la real vida social, pero poco a poco se desgastará su atractivo y llegará a su agotamiento.

Visto de esta manera podría decirse que esta civilización –burguesa– está llegando a su fin o por lo menos que es una muestra más de su irrefrenable decadencia. Y, en efecto, tenemos a la vista no sólo la crisis repetitiva de la acumulación capitalista como base de la economía sino también la catástrofe ecológica, ya inocultable. Pero también es fácil decir que es una cuestión simple de avance en la biología y la medicina y que en cosa de cinco años este momento será apenas un mal recuerdo. En todo caso, para lo que aquí nos interesa lo cierto es que, para pensar en el futuro, hoy es menos fecundo que nunca el ejercicio de identificar tendencias. Y ya estarán muchos esperando un inesperado “cisne negro”. Pero nunca será bueno cruzarse de brazos. Es mejor estar preparados para cualquiera de los posibles “cisnes” que podamos imaginar. Como dice justamente el autor de la popular parábola: “Esta idea según la cual para tomar una decisión tenemos que centrarnos en las consecuencias (que podemos conocer) más que en la probabilidad (que no podemos conocer) es la idea fundamental de la incertidumbre”1.

 

Una furtiva encrucijada

 

Colombia no se encuentra por fuera de este espacio angustioso de incertidumbre, pese a los esfuerzos gubernamentales destinados a ofrecer certezas y seguridades, con la ayuda de algunos médicos y no pocos economistas, para tranquilidad de “los mercados” y de la ingenua ciudadanía. Buena parte de los desastres que hemos padecido, se explican precisamente por estos mensajes manipuladores, el principal de los cuales se refiere a las bondades de la “reapertura de la economía” y la consecuente “reactivación” en el 2021. Esta falaz reactivación, según sus propagandistas, se apoyaría en la continuidad de la supuesta tendencia creciente que traía la economía en el 2019.

Como podemos verificar, aquí una mentira se justifica con otra. Es obvio que, después del desplome del año pasado, cualquier cifra positiva puede presentarse como “recuperación”. Pero tampoco las cifras oficiales ayudan a la mentira. Corrigiendo sus propias estimaciones anteriores, el gobierno, a esta altura, calcula la contracción del PIB en -6.8 por ciento, de modo que el crecimiento previsto para el año que empieza, esto es, 5.0 por ciento, ni siquiera significaría regresar al nivel de 2019. Y eso sin contar el impacto de las nuevas medidas que ya se comenzaron a tomar. Pero, además, tampoco es cierto que durante la administración Duque el país hubiera retornado a su “sendero de crecimiento”2. Todo lo contrario. Este insistente discurso de la tranquilizadora continuidad se apoya, pues, en la invocación de la pandemia, hábilmente aprovechada para evitar referirse al empantanamiento que se estaba soportando.

En efecto, al igual que otros países de la región, Colombia enfrenta el agotamiento de un modelo o patrón de acumulación de capital basado desde comienzos del siglo en la exportación de materias primas, es decir, la clásica representación de una periferia que basa su crecimiento en recursos naturales y mano de obra no calificada, en lugar de incrementos de productividad3. Aquí, para mayor desgracia, se trata de hidrocarburos, no propiamente abundantes en el territorio y con una utilización mundial en declive histórico. Lo peor sin embargo, consiste en que las clases dominantes se niegan a reconocer el impasse. Una nueva combinación de fuerzas sociales y políticas, en la forma de nueva hegemonía, sería indispensable para superar la crisis. Y esto a corto plazo, sin mencionar lo atinente a otras crisis estructurales como la ambiental, la de la extrema desigualdad social, y la del pensamiento neoliberal en economía.

Esta situación describe la principal contradicción política del momento de cuya resolución depende el rumbo del próximo futuro. De una parte, la evidente encrucijada histórica ya descrita, que empieza por ser económica pero conlleva enormes connotaciones sociales, culturales y políticas, la cual obliga a tomar decisiones fundamentales de transformación. De otra, el persistente temor al cambio que existe en nuestra cultura política. Buscando el amparo y la seguridad que ofrece lo ya conocido, la ciudadanía termina casi siempre respaldando el status quo u optando por el camino intermedio, la moderación, el ilusorio centro. De ahí nuestra inveterada afición por la moda, por la novelería; como un remedo –inofensivo– del cambio. Aun entre la juventud y especialmente a través de la compulsión del consumo.

Es así como se confunde, por ejemplo, el reverenciado progreso tecnológico con lo que no es más que un resultado de técnicas de mercadeo. La resolución de esta contradicción puede llegar a tener ahora una expresión político electoral. Estamos ad portas de una situación que muy pocas veces se ve, sobre todo en Colombia. Parecida a las ocurridas en 1930, 1950, 1970 y 1990. Aunque el fondo de la contradicción es social y ese es el determinante de su resolución, es indudable que marcará el sentido de los debates y las confrontaciones venideras en el ámbito político.

 

El autoritarismo en la economía

 

Si algo puede preverse en Colombia es la política económica. Y más en la actualidad, con la comprobable deriva autoritaria que ha tomado este gobierno. No se trata sólo de la acción paraestatal que se expresa en los múltiples asesinatos, con desangre diario, sino de las imposiciones legales, presidenciales, al amparo de la emergencia, o legislativas, al amparo de la aplastante mayoría oficial en el Congreso. Ha llegado incluso a la transgresión de los límites formales de la democracia, en un país que suele preocuparse en extremo de guardar las apariencias, con el desconocimiento de las decisiones judiciales y la burla frente a las tímidas manifestaciones de crítica de la opinión mediática, en un alarde de poder y soberbia4. Así pues, es fácil prever que se impondrá la siguiente etapa de la política vulgarmente neoliberal en ejercicio continuo; nueva etapa que ya anunciada, y justificado de manera hipócrita con la emergencia del coronavirus5.

Aunque esta política se basa en una macabra espiral de endeudamiento, es evidente que ahora sí, en este año, se presentará la nueva reforma llamada fiscal. Desde el año pasado se había contratado una misión de “expertos” que, como es lógico, no hará más que validar con un aire científico las demandas de los grupos empresariales, ya suficientemente sustentadas por los “tanques de pensamiento” como Fedesarrollo o los activistas “teóricos” como la Anif6. Increíble es la capacidad de manipulación. En el propósito de disminuir el gasto (léase subsidios y transferencias sociales), buscando en simultáneo el aumento de los impuestos, uno de los ejes será el tema de las exenciones, recogiendo aparentemente una de las denuncias que tradicionalmente se han efectuado a nuestro régimen tributario.

El sofisma es el siguiente: en lugar de apuntar a las innumerables y descaradas exenciones de que gozan muchas grandes empresas, supuestamente para impulsar el “desarrollo sectorial”, el ministro Carrasquilla insiste sin descanso, secundado por la flor de los economistas oficiales, que la mayoría y las más gravosas exenciones son las otorgadas a través del IVA. Supone, obviamente, que deberían gravarse todos los bienes y servicios con el 19 por ciento. O más.

Para suscitar el escándalo, denuncia que, del total de exoneraciones, que ascendían en 2019 a 8.7 por ciento del PIB, la mayor parte, un 7.7, correspondía a las del IVA. Es decir, ¡61.2 billones de pesos!7. Una bonita jugada para disfrazar su despiadada filosofía según la cual no debería haber bienes y servicios básicos, de subsistencia. Al fin y al cabo los neoliberales tienen claro, desde hace tiempo, que el impuesto más jugoso y expedito es el indirecto que grava el consumo. Y para quedar bien siempre será posible echar mano de la “caridad”: ¡devolver a los más pobres lo pagado por el IVA!

El nuevo sistema tributario se aplicará, naturalmente, en el 2022, pero el debate se tomará todo el año en curso. Desde luego, como se acostumbra aquí, y ya se vio en la discusión del presupuesto público el año pasado –que se redujo a las atropelladas sesiones del Congreso sin que la mayoría de los delicados temas (incluyendo las trampas a la “emergencia”) trascendiera a la opinión pública– la ingenua ciudadanía terminará aceptando semejante atentado que, para irrisión, contendrá igualmente nuevos impuestos para la clase media y más exenciones para los anaranjados favoritos del gobierno. A menos, claro está, que la movilización social logre frenar esta empresa criminal.

 

Las contradicciones de los movimientos sociales

 

Indiferente a los desafíos de la encrucijada y a la crítica situación económica que se le plantea, el gobierno de Duque va a apostar al estancamiento rentable. Nada de reactivación y menos de crecimiento, pero bien puede servir la media marcha sin perspectivas, con tal de que garantice pingües ganancias para los grandes y mezquinos grupos económicos.

Esa es sin embargo, la contradicción. Es cierto que el modelo de acumulación se apoya en la exportación petrolera, pero el funcionamiento de la economía, que incluye la generación de empleo y la distribución de ingresos, ha dependido en lo fundamental de las economías urbanas de aglomeración que sustentan el trabajo independiente y la microempresa, es decir el “rebusque”. Pues bien, es esta base complementaria la destruida por el manejo dado a la pandemia. Y no se vislumbra una posibilidad cercana de reconstrucción. Para utilizar una metáfora automotriz: no se cuenta con un “motor de arranque”. Esa enorme masa de trabajadores sin empleo ni ingreso, al borde de la simple sobrevivencia, amenazan con su desesperación las posibilidades de la táctica del estancamiento rentable.

Un año es quizá muy poco tiempo para que este descontento se exprese en un colosal estallido social. Pero no debe descartarse. Ya se vieron antecedentes significativos, “ensayos”, en noviembre de 2019 y en septiembre del año pasado. No obstante, los interrogantes tienen que ver más con la identificación del rumbo que puede tomar ese enorme conjunto social, estrechamente ligado con la comprensión de su naturaleza poblacional. Para algunos intelectuales el “espectro” suele reducirse a la imagen de los vendedores ambulantes, pero es mucho más amplio y heterogéneo desde todos los puntos de vista. La figura del primer asesinado en septiembre lo ilustra: joven, con familia, trabajador independiente y estudiante universitario al mismo tiempo. En este conjunto, en efecto, desde el punto de vista de la ubicación social o del estrato según ingresos se encuentra una amplia variedad de condiciones. El rumbo es por lo tanto indefinido. No hay procesos organizativos sectoriales ni mucho menos de todo el conjunto. Es la primera contradicción: entre los procesos de intermitente ebullición y la ausencia de condensaciones políticas. La clave de su resolución está en las relaciones que este conjunto pueda establecer con otros procesos y movimientos.

La ausencia de política es, por otra parte, el terreno de la mayoría de las contradicciones en los movimientos sociales, más o menos organizados. Se levanta sobre un preocupante rasgo estructural que viene de tiempo atrás: el “reivindicacionismo” que les impide razonar en términos de propósitos globales, de iniciativas de alianza social y de propuestas transformadoras en el ámbito institucional. Trata de validarse como un rechazo de la política, erróneamente identificada con la politiquería electoral, es decir como garantía de pureza. En algunos casos puede identificarse con el corporativismo pero en general afecta a todos, salvo el movimiento indígena que, por su naturaleza, se permite exhibir una concepción del mundo. Lo más cercano a la política, particularmente en las resistencias socioambientales, ha sido la juridización y búsqueda de soluciones judiciales.

La anterior condición estructural se levanta como obstáculo frente a las exigencias de la actual encrucijada. No es posible responder cabalmente a cada una de las reivindicaciones sociales si no se plantea una alternativa de conjunto que confronte la disyuntiva histórica que estamos viviendo. Sin esa alternativa de conjunto tampoco será posible edificar un genuino proceso de unidad. O sea el secreto de cualquier posibilidad de éxito. En este año, sin duda, se pondrá a prueba la capacidad de los movimientos sociales de superar este déficit estructural.

¿Qué forma política podrá adquirir esta superación? Aquí encontramos otra contradicción. Se pudo apreciar en el desenlace del extraordinario movimiento del 21 de noviembre de 2019. Al lado de la dinámica, sostenida desde la convocatoria por parte de las organizaciones sindicales nacionales, que se condensaba en un pliego de exigencias fundamentalmente en contra del “paquetazo” laboral de Duque, se levantó otra dinámica, quizá más amplia, que reunía todo el repertorio de las reivindicaciones de la diversidad basadas en demandas de inclusión. En ambos casos hay una verbalización que se aproxima a los contenidos de la política. En el primero, una muy antigua, que viene del reformismo sindical; en el segundo, la racionalización tiene que ver con la acción de varias décadas de las Ong’s internacionales y nacionales que operaron como sucedáneos de los partidos. Lejos de complementarse, en la fase de descenso del movimiento, entraron en agria confrontación. A nivel simbólico el triunfo correspondió a la segunda dinámica gracias a la ventaja que le significaba asumirse como la expresión de los jóvenes en contra de los discursos acartonados de las burocracias sindicales.

La contradicción consiste en que las demandas de inclusión son incapaces de enfrentar el núcleo de las exigencias de cambio que plantea la actual encrucijada histórica, sobre todo porque erróneamente consideran lo socioeconómico como algo propio de lo sindical. La resolución de esta contradicción se encuentra precisamente en lo que parece ser la particularidad de la actual insubordinación social, esto es, la juventud.

En efecto, si bien es cierto que, en la misma tónica antes mencionada, algunos intelectuales la reducen a la juventud de clase media, escolarizada, principalmente universitaria, los hechos permiten constatar que hay también una juventud bastante activa que más bien hace parte de la clase trabajadora, empleada o desempleada. Son pues diferentes los procesos de acercamiento tanto a la formulación de reivindicaciones como a la politización. No es seguro, pero es posible que en este año, por diversos caminos se acerquen a lo que hemos llamado la condensación política. Con una singularidad que puede verse como una paradoja: mientras que entre los obreros y empleados la primera escala organizativa suele ser sindical, en el caso del amplio conjunto social ya referido, la organización, incluso para lo reivindicativo, tiene que ser con base territorial, directamente lo político. Partido o Movimiento, en todo caso movilización de ideas fuerza con ambiciones de futuro.

Se ha abierto, pues, un periodo de definiciones y redefiniciones, sociales y de cultura política, que llevarán seguramente a una batalla decisiva. Hemos dado a entender que estamos hablando del año en curso, pero no es exacto, probablemente se trate de un periodo mucho más largo. El sentido de las resoluciones nos dará el sentido del desenlace. Y las sorpresas pueden ser tanto positivas como negativas. No deja de ser inquietante la reciente observación de Daniel Samper: “Si el 2021 era nuestra esperanza frente al 2020, no quiero pensar cómo será el 2022. Ya Uribe advirtió que le tiene puesto el ojo. Presiento horrores”8.

 

1 Taleb, Nassim, El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable, Ediciones Paidós Ibérica S.A. Madrid, 2010, p. 406
2 Ver Moncayo S, Héctor-León, “El próximo sablazo”, periódico desdeabajo, julio 20 de 2020
3 Es una caracterización que comparten incluso organismos multilaterales, muy lejos del “Castrochavismo”, como la Cepal. Ver: Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, Santiago, Octubre de 2020.
4 Es posible prever su debilitamiento político pero esto sólo significa un mayor y desesperado recurso a la violencia. Su ridícula figura ha tenido hasta ahora dos grandes apoyos, la plutocracia criolla y el gobierno de los Estados Unidos. El segundo seguramente le quitará respaldo pero la oposición política tendrá que confiar mucho más en la movilización interna ya que, a pesar de lo impresentable de este gobierno, la diplomacia internacional no parece interesada en una condena explícita. Basta ver la exaltación de los “ingentes esfuerzos realizados por el gobierno” en la implementación del acuerdo de paz, expresado en el reciente informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas.
5 Moncayo, HL, Ibídem. Ver también: “El presupuesto del 2021: nada que ver con la emergencia del covid”, Le Monde diplomatique. Edición Colombia. Diciembre de 2020.
6 En el colmo de la euforia neoliberal, como quien sabe que el actual autoritarismo facilita hasta lo más extremo, el director de Fedesarrollo propone meter todas las reformas que ambicionan (tributaria, pensional, laboral y social) en un solo proyecto de ley. Ver Portafolio, primera plana y p. 5, enero 12 de 2021.
7 Ya están fabricando el clima favorable de opinión. Ver: “Año nuevo, tributaria nueva: las razones para la reforma que se avecina”, El Tiempo, 13 de diciembre de 2020, p. 12.
8 Samper, Daniel “La cepa colombiana del virus Trump”, columna en Los Danieles. 10 de enero de 2021.

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Miércoles, 27 Enero 2021 08:18

¿Ante la derrota de la humanidad?

¿Ante la derrota de la humanidad?

Estamos ante un sueño nunca superado ni derrotado. Vivimos en reforzamiento de uno de los mayores sueños de Occidente, el mismo que ha propiciado la hasta ahora incontenible crisis ambiental que tiene en el precipicio al planeta y con él a todas las especies vivas que lo habitan. Estamos ante la persistencia del sueño de la razón, presente desde el origen mismo de la actual civilización, el mismo que llevó al ser humano a convencerse de ser superior entre todos los seres vivos y, por tanto, rey y amo de la naturaleza, la que sería sometida a sus ambiciones, necesidades y mandatos.

La preeminencia y la persistencia de este sueño, aunque presente en todo el modelo de desarrollo imperante, y que por su larga perduración le parece lo más normal a la mayoría de la población, ahora, con el salto del covid-19 a los cuerpos humanos, rasga las telas que lo ocultan por ratos y se instala ante los ojos de la humanidad. Son un salto y una evidencia que, de manera paradójica, no lleva a que la humanidad como un todo entre en reflexión, y busque el porqué de este salto y por la manera de 1. Superarlo, y, 2. Actuar para que no vuelva a suceder.

Contrario a ello, lo que hace la clase dominante alrededor del globo, en proceder suicida, es centrar sus acciones en los efectos de la crisis y no en sus causas. En el decir popular, “buscan la fiebre en las sábanas”.

Es así como deciden, ellos, amos y señores en el planeta y sobre la naturaleza, que vencerán el covid-19 con una vacuna. Al fin y al cabo, “su saber científico y técnico les permite controlar a los demás seres vivos que pueblan este mismo territorio”. Y si su saber científico les permite contar con tal vacuna, mientras la tienen en punto, que muera el que tenga que morir y que la producción no pare ni decaiga. El fetichismo mercantil merece un altar: que la vida espere.

Y así proceden Trump, Bolsonaro, pero también las restantes cabezas de gobierno en todo el mundo, incluido Duque. La única diferencia entre los primeros y el resto es que aquellos hablan y defienden el imperio de la razón sin medias tintas y sin vergüenza de lo que son y representan, mientras los restantes tratan de disimular tanta desvergüenza.

Los primeros, como los segundos, están convencidos de que la razón, ahora resumida en una ciencia que les permite explorar el universo, les facilitará seguir como si nada estuviera sucediendo y nada cuestionara su visión y su comprensión de la vida en general. Se trata de un actuar, contrariamente a lo que piensan, irracional y que controvierte el proceder del cuerpo científico en general, sometido ante el afán de las multinacionales de todo orden y en particular por el afán de las farmacéuticas por crear el remedio contra el covid-19, de una manera que transforma a los miembros de la humanidad en ratones de laboratorio para demostrar la eficacia de su líquido vital, y así perfeccionarlo.

Es, pues, un proceder, con silencio de estudiosos y científicos, que permite que la sociedad global prosiga por el camino de su autodestrucción. Finalmente, piensan unos y otros: “Podremos controlar todo efecto negativo de nuestro modelo de desarrollo”. Es así como el aumento de la temperatura sobre el planeta tendrá su remedio, como también la ruptura de la capa de ozono, la contaminación de todo tipo, la disminución de los recursos hídricos potables y cualquier otro mal que afecte a la humanidad.

Así, con una ciencia y un cuerpo científico dominado y controlado por el capital, lo que fue y es sueño –mejorar la calidad de vida de toda la especie– se traduce en pesadilla. Es un sueño que no tiene mucho de novedoso, ya que, como lo recuerdan obras como Frankenstein, el sueño (¿la pesadilla?) de la razón implica el total control de la vida, aunque sus productos rompan los protocolos de seguridad de los laboratorios, salgan de ellos y penetren los organismos humanos, como ahora mismo sucede. O simplemente los productos generados en esos laboratorios, en vez de mejorar la calidad de vida de los humanos y el estadio de la naturaleza como conjunto, terminen por afectar a unas y otro al eliminar o reducir de manera notable, por ejemplo, la diversidad en las especies vegetales, poblando inmensas zonas rurales de una sola variedad agrícola, sometiendo a la agricultura, por demás, a manipulaciones biogenéticas que amenazan al mismo tiempo con colonizar diversidad de cultivos, al tiempo que robarle a la humanidad el saber colectivo, reunido y acumulado en la amplia variedad de especies vegetales que alguna vez poblaron el planeta. La imposición de las semillas terminator es el producto más denunciado de este proceder.

Imperio de la razón, antropocentrismo puro y duro, y con ello el culto al saber científico (el mismo que siempre despreció y descalificó los modelos de vida y las lógicas de los pueblos originarios) que le lleva a sentenciar a investigadores científicos: “Está muy extendido entre los científicos el cientificismo, según el cual lo más importante del hombre es la ciencia, y los demás aspectos humanos son secundarios, de menor peso, es decir, que todo gira alrededor de la ciencia como los planetas alrededor del Sol”.

 

Silencio incomprensible

 

Que así actúen los defensores y los promotores del reino de la razón es apenas obvio, pero es incomprensible que, en medio de tal desafuero, no actúen por vía contraria quienes dicen propugnar por otro modelo civilizatorio, en la base del cual resida la plena convivencia con la naturaleza.

Incomprensible e incoherente. Es un actuar que les ha dejado todo el terreno de la opinión pública a sus contradictores. Resalta en ello cómo durante este año de pandemia, teniendo a la mano todas las evidencias para demostrar lo antinatural e insostenible del modelo de vida imperante, estos sectores no hayan potenciado el necesario debate público que evidencie que el problema no es la vacuna en sí misma –pues ella ataca el efecto pero no la causa de la actual crisis– ni algo que se le asemeje; por el contrario, se trata precisamente de transformar el modelo de vida y de producción imperante, cuestionado por la crisis sistémica que sobrelleva la humanidad desde años atrás pero que ahora recibe una nueva evidencia, innegable, temida, pues ha hecho entrar en pánico a la sociedad como una totalidad.

La transformación del modelo de vida y producción dominante no podrá ser concretada sino por la vía de una inmensa y global insurgencia de la sociedad; sin falta, de todos aquellos que sienten y son parte de la inmensa mayoría, los de abajo, arrinconados y negados en sus derechos por la ínfima minoría que determina y se lucra del (mal) destino de la humanidad. Los mismos que ahora, en medio de la crisis de salud pública que sacude a la sociedad global, también resultan más afectados, en todos los planos; y, claro, de su clase proviene la mayoría de quienes pierden la vida por efecto del virus.

En pos de tal giro, nada mejor que esta misma coyuntura. Partiendo de la evidencia, identificando sus factores causales, resaltando la irracional ruta emprendida por la humanidad desde siglos atrás, con prolongación hasta el presente, recalcando en males de todo tipo que sufre el planeta, producto del proceder de quienes someten a la naturaleza a sus mezquinos y limitados intereses, por medio de ello y otros recursos a que pueda acudirse, concitar la acción de resistencia, coordinación e insurgencia global, como debe ser, para no permitir una reconstrucción de este mismo sistema dominante, que ha demostrado la capacidad que tiene de reconstruirse allí donde ha sido derrotado; reconstrucción que se logra como producto del control de los canales y las dinámicas sobre las que la vida humana se prolonga.

De ahí el reto: sin romper por todas partes esos canales y dinámicas, el capital parecerá desaparecer pero se regenerará. Es una pesadilla, como la que proyectan algunas películas de ficción por medio de androides que son enviados a nuestro planeta con misiones particulares. Por momentos, los llamados de esos sectores, con mirada cortoplacista pero sin nada de mediano y largo plazo, se centra también en lo evidente y necesario de hacer inmediatamente para que las mayorías no vivan en peores condiciones; por ejemplo, redistribuyendo con programas especiales la renta nacional, pero se niegan a emplazar a la dirigencia nacional y global, enrostrarles el no futuro de su modelo de vida, desplegando por el país y por todo el mundo un mensaje educativo, agitador y movilizador que atice la necesaria insurgencia de la humanidad.

Hay que defender la vida. Pero la manera de hacerlo no es guardándonos en la casa, lo cual pueden hacerlo por largos períodos quienes tienen ingresos fijos, no las mayorías sociales, negadas precisamente de esa seguridad. La vida se debe defender confrontando la muerte, y para ello recurriendo a todos los medios, mecanismos y espacios a la mano, los ya conocidos y los nuevos a que dé paso la actual crisis que abate a la humanidad.

En medio de ello, como soporte de la acción de ruptura con el actual sistema, es necesario acudir a la elaboración resumida y su difusión, del modelo de vida necesario y posible; no es permisible postergar este reto por más tiempo; la comunicación y la coordinación con otros por todo el país y el planeta tampoco. La denuncia de la sinrazón del imperio de la razón, también. El diseño de otro modelo de ciencia, no sometido al capital, claro que sí. Airear otros modelos de comprensión de la vida, como la vivenciada por los pueblos originarios, de todo tipo y coordinada, también debe encontrar espacio.

El reto es inmediato. Se han perdido meses preciosos. No proceder por esta vía es permitir que se consuma la derrota de la humanidad, sepultada por el sueño de la razón, antropocentrista, y su materialización en una civilización moribunda como la occidental.

Publicado enColombia
Martes, 26 Enero 2021 16:35

¿Ante la derrota de la humanidad?

¿Ante la derrota de la humanidad?

Estamos ante un sueño nunca superado ni derrotado. Vivimos en reforzamiento de uno de los mayores sueños de Occidente, el mismo que ha propiciado la hasta ahora incontenible crisis ambiental que tiene en el precipicio al planeta y con él a todas las especies vivas que lo habitan. Estamos ante la persistencia del sueño de la razón, presente desde el origen mismo de la actual civilización, el mismo que llevó al ser humano a convencerse de ser superior entre todos los seres vivos y, por tanto, rey y amo de la naturaleza, la que sería sometida a sus ambiciones, necesidades y mandatos.

La preeminencia y la persistencia de este sueño, aunque presente en todo el modelo de desarrollo imperante, y que por su larga perduración le parece lo más normal a la mayoría de la población, ahora, con el salto del covid-19 a los cuerpos humanos, rasga las telas que lo ocultan por ratos y se instala ante los ojos de la humanidad. Son un salto y una evidencia que, de manera paradójica, no lleva a que la humanidad como un todo entre en reflexión, y busque el porqué de este salto y por la manera de 1. Superarlo, y, 2. Actuar para que no vuelva a suceder.

Contrario a ello, lo que hace la clase dominante alrededor del globo, en proceder suicida, es centrar sus acciones en los efectos de la crisis y no en sus causas. En el decir popular, “buscan la fiebre en las sábanas”.

Es así como deciden, ellos, amos y señores en el planeta y sobre la naturaleza, que vencerán el covid-19 con una vacuna. Al fin y al cabo, “su saber científico y técnico les permite controlar a los demás seres vivos que pueblan este mismo territorio”. Y si su saber científico les permite contar con tal vacuna, mientras la tienen en punto, que muera el que tenga que morir y que la producción no pare ni decaiga. El fetichismo mercantil merece un altar: que la vida espere.

Y así proceden Trump, Bolsonaro, pero también las restantes cabezas de gobierno en todo el mundo, incluido Duque. La única diferencia entre los primeros y el resto es que aquellos hablan y defienden el imperio de la razón sin medias tintas y sin vergüenza de lo que son y representan, mientras los restantes tratan de disimular tanta desvergüenza.

Los primeros, como los segundos, están convencidos de que la razón, ahora resumida en una ciencia que les permite explorar el universo, les facilitará seguir como si nada estuviera sucediendo y nada cuestionara su visión y su comprensión de la vida en general. Se trata de un actuar, contrariamente a lo que piensan, irracional y que controvierte el proceder del cuerpo científico en general, sometido ante el afán de las multinacionales de todo orden y en particular por el afán de las farmacéuticas por crear el remedio contra el covid-19, de una manera que transforma a los miembros de la humanidad en ratones de laboratorio para demostrar la eficacia de su líquido vital, y así perfeccionarlo.

Es, pues, un proceder, con silencio de estudiosos y científicos, que permite que la sociedad global prosiga por el camino de su autodestrucción. Finalmente, piensan unos y otros: “Podremos controlar todo efecto negativo de nuestro modelo de desarrollo”. Es así como el aumento de la temperatura sobre el planeta tendrá su remedio, como también la ruptura de la capa de ozono, la contaminación de todo tipo, la disminución de los recursos hídricos potables y cualquier otro mal que afecte a la humanidad.

Así, con una ciencia y un cuerpo científico dominado y controlado por el capital, lo que fue y es sueño –mejorar la calidad de vida de toda la especie– se traduce en pesadilla. Es un sueño que no tiene mucho de novedoso, ya que, como lo recuerdan obras como Frankenstein, el sueño (¿la pesadilla?) de la razón implica el total control de la vida, aunque sus productos rompan los protocolos de seguridad de los laboratorios, salgan de ellos y penetren los organismos humanos, como ahora mismo sucede. O simplemente los productos generados en esos laboratorios, en vez de mejorar la calidad de vida de los humanos y el estadio de la naturaleza como conjunto, terminen por afectar a unas y otro al eliminar o reducir de manera notable, por ejemplo, la diversidad en las especies vegetales, poblando inmensas zonas rurales de una sola variedad agrícola, sometiendo a la agricultura, por demás, a manipulaciones biogenéticas que amenazan al mismo tiempo con colonizar diversidad de cultivos, al tiempo que robarle a la humanidad el saber colectivo, reunido y acumulado en la amplia variedad de especies vegetales que alguna vez poblaron el planeta. La imposición de las semillas terminator es el producto más denunciado de este proceder.

Imperio de la razón, antropocentrismo puro y duro, y con ello el culto al saber científico (el mismo que siempre despreció y descalificó los modelos de vida y las lógicas de los pueblos originarios) que le lleva a sentenciar a investigadores científicos: “Está muy extendido entre los científicos el cientificismo, según el cual lo más importante del hombre es la ciencia, y los demás aspectos humanos son secundarios, de menor peso, es decir, que todo gira alrededor de la ciencia como los planetas alrededor del Sol”.

 

Silencio incomprensible

 

Que así actúen los defensores y los promotores del reino de la razón es apenas obvio, pero es incomprensible que, en medio de tal desafuero, no actúen por vía contraria quienes dicen propugnar por otro modelo civilizatorio, en la base del cual resida la plena convivencia con la naturaleza.

Incomprensible e incoherente. Es un actuar que les ha dejado todo el terreno de la opinión pública a sus contradictores. Resalta en ello cómo durante este año de pandemia, teniendo a la mano todas las evidencias para demostrar lo antinatural e insostenible del modelo de vida imperante, estos sectores no hayan potenciado el necesario debate público que evidencie que el problema no es la vacuna en sí misma –pues ella ataca el efecto pero no la causa de la actual crisis– ni algo que se le asemeje; por el contrario, se trata precisamente de transformar el modelo de vida y de producción imperante, cuestionado por la crisis sistémica que sobrelleva la humanidad desde años atrás pero que ahora recibe una nueva evidencia, innegable, temida, pues ha hecho entrar en pánico a la sociedad como una totalidad.

La transformación del modelo de vida y producción dominante no podrá ser concretada sino por la vía de una inmensa y global insurgencia de la sociedad; sin falta, de todos aquellos que sienten y son parte de la inmensa mayoría, los de abajo, arrinconados y negados en sus derechos por la ínfima minoría que determina y se lucra del (mal) destino de la humanidad. Los mismos que ahora, en medio de la crisis de salud pública que sacude a la sociedad global, también resultan más afectados, en todos los planos; y, claro, de su clase proviene la mayoría de quienes pierden la vida por efecto del virus.

En pos de tal giro, nada mejor que esta misma coyuntura. Partiendo de la evidencia, identificando sus factores causales, resaltando la irracional ruta emprendida por la humanidad desde siglos atrás, con prolongación hasta el presente, recalcando en males de todo tipo que sufre el planeta, producto del proceder de quienes someten a la naturaleza a sus mezquinos y limitados intereses, por medio de ello y otros recursos a que pueda acudirse, concitar la acción de resistencia, coordinación e insurgencia global, como debe ser, para no permitir una reconstrucción de este mismo sistema dominante, que ha demostrado la capacidad que tiene de reconstruirse allí donde ha sido derrotado; reconstrucción que se logra como producto del control de los canales y las dinámicas sobre las que la vida humana se prolonga.

De ahí el reto: sin romper por todas partes esos canales y dinámicas, el capital parecerá desaparecer pero se regenerará. Es una pesadilla, como la que proyectan algunas películas de ficción por medio de androides que son enviados a nuestro planeta con misiones particulares. Por momentos, los llamados de esos sectores, con mirada cortoplacista pero sin nada de mediano y largo plazo, se centra también en lo evidente y necesario de hacer inmediatamente para que las mayorías no vivan en peores condiciones; por ejemplo, redistribuyendo con programas especiales la renta nacional, pero se niegan a emplazar a la dirigencia nacional y global, enrostrarles el no futuro de su modelo de vida, desplegando por el país y por todo el mundo un mensaje educativo, agitador y movilizador que atice la necesaria insurgencia de la humanidad.

Hay que defender la vida. Pero la manera de hacerlo no es guardándonos en la casa, lo cual pueden hacerlo por largos períodos quienes tienen ingresos fijos, no las mayorías sociales, negadas precisamente de esa seguridad. La vida se debe defender confrontando la muerte, y para ello recurriendo a todos los medios, mecanismos y espacios a la mano, los ya conocidos y los nuevos a que dé paso la actual crisis que abate a la humanidad.

En medio de ello, como soporte de la acción de ruptura con el actual sistema, es necesario acudir a la elaboración resumida y su difusión, del modelo de vida necesario y posible; no es permisible postergar este reto por más tiempo; la comunicación y la coordinación con otros por todo el país y el planeta tampoco. La denuncia de la sinrazón del imperio de la razón, también. El diseño de otro modelo de ciencia, no sometido al capital, claro que sí. Airear otros modelos de comprensión de la vida, como la vivenciada por los pueblos originarios, de todo tipo y coordinada, también debe encontrar espacio.

El reto es inmediato. Se han perdido meses preciosos. No proceder por esta vía es permitir que se consuma la derrota de la humanidad, sepultada por el sueño de la razón, antropocentrista, y su materialización en una civilización moribunda como la occidental.

Publicado enEdición Nº275
¿IVA de 19 por ciento para toda la canasta?

Soplan vientos que traen el eco de gravar la totalidad de alimentos con el IVA en un 19 por ciento. Es la propuesta facilista para recomponer el déficit fiscal que sobrelleva el país, medida que le representaría un recaudo adicional al gobierno nacional de 771 mil millones de pesos al mes –9.3 billones de pesos al año, algo superior al 0.9% del PIB–. ¿Por qué es improcedente esta medida y cuáles serían sus consecuencias?

 

De nuevo el debate sobre la necesidad de realizar una reforma estructural tributaria gana espacio a nivel nacional. Esta vez producto de la difícil situación fiscal del país, agravada por la pandemia del covid-19 en 2020 y con ella la caída de ingresos del gobierno nacional de un 2.5 por ciento del PIB y el aumento del gasto público para enfrentar la crisis social y económica en curso.

Como en otras ocasiones, sectores defensores de los privilegios de pocos proponen como uno de los pilares para mejorar las arcas públicas la universalización del impuesto al valor agregado –IVA– para todo el conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar. Una propuesta improcedente, como permite afirmarlo las mismas cifras oficiales sobre los impactos recaudatorios y en la distribución de ingresos de diferentes opciones alternativas de reforma del IVA.



Algunas consideraciones generales de contexto

 

En el Gráfico 1 puede apreciarse, a manera de preámbulo, cuán regresivo resultaría ser la generalización de la tarifa del 19 por ciento del IVA a la totalidad de bienes y servicios consumidos por los hogares en Colombia, ya que este impuesto como proporción del ingreso total de los hogares variaría desde el 24 por ciento para el caso de los hogares en pobreza y el 17 por ciento para el de hogares en vulnerabilidad, que resultan ser muy superiores al de los hogares con mayores ingresos de la denominada clase alta (el 7% para los hogares del decil 10 con los mayores ingresos y 12%, en promedio, para los deciles 7 a 9).

Así pues, a diferencia de lo argumentado recientemente en ciertos círculos especializados a nivel internacional, no es cierto que a priori el IVA generalizado pueda resultar progresivo dado el nivel y composición de los gastos en bienes y servicios que realizan los hogares según nivel de ingreso en el caso de un país como Colombia, con elevados niveles tanto de pobreza monetaria (cercano al 35.7% en 2019, justo antes de la pandemia del covid-19 que la recrudeció de manera significativa en 2020) como de concentración de ingresos y de riqueza.

Ante estas circunstancias, resulta claro que el diseño de una reforma del IVA en Colombia ha de ser enmarcado, en sentido estricto, en una visión de economía política que pondere debidamente los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, aparte de los de simplicidad y transparencia, a la luz de propósitos básicos como los de inclusión social, reducción de la pobreza y la desigualdad societal.

 

La clasificación del gasto según grupos de la canasta familiar

 

El Dane, con base en la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (Enph) 2016-2017, seleccionó la nueva canasta y revisó la metodología aplicada al Índice de Precios al Consumidor. Entre los cambios están los nuevos ponderadores a nivel de las 12 divisiones, grupos de gasto y clases de gasto para cada una de las clases sociales1.

En la misma destaca el peso específico del grupo de alimentos en el gasto de los hogares en el país, a saber –siempre en por ciento–: 13.89 a nivel general, el 22.10 para los hogares en pobreza, el 20.56 para los hogares en vulnerabilidad, el 14.57 para los hogares de la denominada clase media y el 7.51 para los hogares de la clase de ingresos altos.

A su vez, el gasto conjunto en alimentación y arriendos llega a representar el 39.05 del gasto total para el agregado de hogares en el país, llegando incluso hasta el 53.73 del gasto en el caso de los hogares en pobreza, el 48.43 en el de los hogares en vulnerabilidad, el 39.94 en el de los hogares de clase media y el 29.88 en el de los hogares de ingreso alto.

 

El gasto total de los hogares y su composición

 

De acuerdo con esta encuesta de 2016-2017, el gasto total mensual de las unidades de gasto alcanzó 27.4 billones de pesos mensuales (328.8 billones de pesos al año), distribuidos fundamentalmente en: alimentos y bebidas no alcohólicas (4.4 billones de pesos mensuales, equivalente al 15.9 por ciento del gasto total); alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7.9 billones de pesos mensuales, 28.7% del gasto total); bienes y servicios diversos (5.0 billones de pesos mensuales, 18.3%) y transporte (2.6 billones de pesos mensuales, 9.5%), entre otros.

En estas condiciones, la distribución del IVA del 19 por ciento a toda la canasta familiar a nivel de las clases sociales muestra cómo el recaudo se concentraría en lo fundamental en los hogares de la clase media (44%), seguido por los hogares en vulnerabilidad (26%), los hogares en pobreza (19%) y, finalmente, los de la clase alta (11%), destacándose cómo el peso del impuesto IVA sobre el ingreso representaría el 24.4 por ciento para los hogares en pobreza, mientras que para aquellos de altos ingresos sería de tan sólo el 10.8 por ciento y mucho menos para el 1 por ciento de los hogares más ricos de la clase alta para los que el IVA a la canasta familiar sólo afectaría el 7.3 por ciento de su ingreso.

El efecto de la medida es inocultable. De ahí que la propuesta debiera orientarse a no gravar la canasta básica de los hogares en pobreza y vulnerabilidad, ni tampoco a los rangos o sub-deciles de ingresos bajos de la clase media, para que con ello se lograran mejoras sustanciales en el índice Gini de concentración de ingresos al poder pasar de 0.5438 a 0.5166.

Ante esta composición del gasto de los hogares en el país, universalizar la tarifa del IVA del 19 por ciento a la canasta familiar de bienes y servicios generaría un recaudo aproximado de 62 billones de pesos al año (6.2% del PIB).

 

 

 

La potencia del impacto

 

Mediante una microsimulación del IVA a toda la canasta familiar, se estima que su universalización al 19 por ciento para todos los bienes y servicios, si todos los demás factores permanecen constantes, reconfiguraría de manera apreciable la estructura de las clases sociales, con un aumento de la proporción de hogares en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad y una reducción de la de hogares de clase media, en la medida en que:

(i) cerca del 23 por ciento de los hogares en pobreza no extrema serían expulsadas a la pobreza extrema,
(ii) un 16 por ciento de los hogares vulnerables serían expulsados a la pobreza, y
(iii) un 23 por ciento de los hogares de la clase media serían expulsadas a vulnerabilidad.

Como queda claro, de así proceder ello conduciría a un inaceptable empobrecimiento y agudización de la vulnerabilidad de amplios grupos poblacionales, ya de por sí golpeados por la política económica en voga desde décadas atrás, y más agravados con la pandemia del covid-19, consecuente con un aumento del índice Gini de concentración del ingreso de un 0.5438 antes del impuesto IVA a 0.5705 después del mismo a toda la canasta básica para toda la población.

La importancia de este tipo de impactos ha sido reconocida por organismos internacionales y círculos de expertos al punto de recomendar que con la ampliación de la base gravable del IVA a bienes y servicios de la canasta familiar se implanten medidas de compensación (créditos fiscales, devolución de IVA, entre otros) focalizada a favor de los hogares en pobreza y vulnerabilidad. A pesar de lo anterior, dados los altos niveles de informalidad como de precariedad de ingresos de amplios grupos de nuestra sociedad y ante los graves vacíos en la interoperabilidad y robustez estadística de los registros administrativos en un país como Colombia, se generan importantes desigualdades, injusticias, asimetrías, inequidades, falencias en la cobertura de la población y elevados costos de transacción no solo para la administración pública sino también para los mismos hogares elegibles.

En cuanto a la pretendida corrección de este tipo de políticas en Colombia, resulta muy aleccionadora la experiencia de la devolución del IVA, debido a que hasta el presente tan sólo llega a cubrir a un millón de hogares pobres (esto es, apenas un 23.3% de los hogares pobres en 2019, antes del recrudecimiento de la pobreza con la pandemia en 2020), lo cual constituye una muestra de la inadecuada capacidad gubernamental para lograr una oportuna e integral aplicación de medidas compensatorias a los hogares pobres y vulnerables, los cuales serán claramente afectados con la universalización de este impuesto. Así pues, en economías altamente informales y con precarios sistemas de información hay una alta brecha entre la imposición tributaria a la canasta familiar y la cobertura y efectividad de las compensaciones para hogares en pobreza y vulnerabilidad, por ejemplo.

Como ya se vió, el peso de los gastos en los rubros de alimentos y de arriendo de vivienda para los hogares en pobreza casi que duplica el correspondiente a los hogares de la clase de altos ingresos (un 54% en el primer caso), en este artículo se muestra, a manera de ejemplo, el impacto fiscal y en redistribución de ingreso de la implantación de una tarifa general del IVA del 19 por ciento para alimentos.


El IVA sobre alimentos

 

El gasto de los hogares en alimentos, según la Enph 2016-2017, fue de 4.06 billones de pesos mensuales en 2017 –esto es, 48.7 billones de pesos al año–. Los alimentos de mayor consumo son las carnes (28%), panes y cereales (18%), leche, queso y huevos (15%), y legumbres (14%) (Cuadro 1).

 


Gravar todos los alimentos con el IVA a la tarifa general del 19 por ciento, le representaría un recaudo adicional al gobierno nacional de 771 mil millones de pesos al mes –9.3 billones de pesos al año, algo superior al 0.9% del PIB–, el cual recaería –siempre en por ciento– en un 37 sobre los hogares de la clase media, un 33 sobre vulnerables, un 25 sobre los empobrecidos y apenas un 5 sobre los de la clase alta.

Aplicar este tipo de medidas, si todos los demás factores permanecen constantes, llevaría a expulsar, por ejemplo, a un conglomerado de 963 mil personas (5.6%) en vulnerabilidad a la pobreza, e incrementaría la inequidad en la distribución de ingresos en el país al elevarse el índice de Gini de concentración de 0.5438 a 0.5502.

Ahora bien, si se aplicara el IVA sobre alimentos a una tarifa del 19 por ciento para los hogares de los deciles 9 y 10 de más altos ingresos en el país se evitaría dicho incremento de la concentración y, por el contrario, podría incluso reducirse muy ligeramente de 0.5438 a 0.5407, aparte de generar un recaudo de cerca de 0.23 por ciento del PIB al año.

Por ello, lo procedente es aplicar una tarifa del 19 por ciento del consumo imputado –según lo estimado con base en la Enph del Dane para los hogares de diferentes clases y deciles de ingreso– para los hogares de altos ingresos, y con una tarifa del 0 por ciento para el resto de hogares.

 

El caso de otros componentes de la canasta

 

Siguiendo similar planteamiento para el caso de los otros rubros importantes en la canasta de consumo como son los arriendos pagados e imputados, la electricidad, gas y agua, por un lado, y alimentación y restauración fuera del hogar, es importante que el gobierno nacional y el Congreso de la República aprobaran el IVA en cuestión sobre los arriendos pagados e imputados para el caso de las personas jurídicas con mayores ingresos operacionales, así como la aplicación de la tarifa del 19 por ciento sobre el consumo de electricidad, gas y agua de las empresas.

Dado que los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente se definen como la remuneración indirecta que obtienen las instituciones financieras y de seguros en las operaciones de préstamos, depósitos y seguros que realizan, así como la diferencia entre el tipo de interés de referencia que se fija para cada operación financiera y el tipo de interés que pagan las instituciones financieras, se debería implantar este mismo IVA a este tipo de servicios en cabeza de las entidades financieras y de seguros, aparte de los reducidos costos de transacción y simplicidad de su recaudo.

 

Escenarios alternativos para la imposición del IVA a la canasta familiar

 

Como síntesis de lo anterior, resulta de gran utilidad analizar la sensibilidad de los impactos en recaudo tributario y los cambios en la distribución de ingreso entre hogares a variaciones en la población de hogares sujeta al gravamen del IVA del 19 por ciento en el país. Como se aprecia en el Cuadro 2, si se aplicara el IVA universal en el porcentaje indicado a todos los hogares colombianos el recaudo adicional alcanzaría a un 6.2 por ciento del PIB al año y el índice Gini de concentración de ingresos se agravaría aún más al pasar de 0.5438 a 0.5705, en tanto que si sólo se aplicara el IVA a toda la canasta de los hogares del decil 10 de más altos ingresos con la tarifa del 19 por ciento y de 0 para el resto de los hogares, se aumentaría el recaudo al 1.8 por ciento del PIB al año y se reduciría apreciablemente el índice Gini de concentración al descender de 0.5438 a 0.5209.

Ahora bien, si se aplicara a la canasta de los hogares de los deciles 9 y 10 de mayores ingresos con la tarifa indicada y del 0 por ciento para el resto de hogares, se incrementaría el recaudo al 2.7 por ciento del PIB al año y se alcanzaría una reducción del índice Gini de 0.5438 a 0.5144.

Lo que demuestra con claridad suficiente la robustez de un diagnóstico de política pública que consulte con rigor las ventajas y desventajas existentes entre recaudo, equidad y progresividad a la luz de objetivos precisos de política económica y social.

En términos de eficacia del recaudo y redistribución de ingreso sobresalen, sin duda alguna, las alternativas de gravar focalizadamente a la canasta de los hogares de mayores ingresos en el país con la tarifa ya definida y del 0 por ciento para el resto de hogares, y en particular del 10 si no se quisiera afectar a algunos sectores de la clase media.

Así, entonces, existirían algunas variantes sobre estos tipos de opciones, para no mencionar otras, que facilitarían sopesar la más deseable en términos de recaudación, graduación, focalización y tarificación bajo los postulados de política pública aquí en referencia, así como en consonancia y estricta coherencia con los demás componentes de la reforma estructural tributaria.

Una opción deseable de política podría consistir en aplicar la referida tarifa del IVA a las personas naturales pertenecientes al 5 por ciento de las que cuentan con los mayores ingresos en el país, como una primera etapa, lo que generaría recursos tributarios por cerca de un 0.8-1.0 por ciento del PIB al año; luego, en la segunda etapa, se podría ampliar la aplicación del IVA pero con una tarifa del 15 por ciento al resto de las personas naturales pertenecientes al 10 por ciento de las con mayores ingresos en el país, que aportaría un recaudo adicional del orden del 0.5-0.6 por ciento del PIB al año, y, cuando sea conveniente e indispensable, en la tercera etapa se extendería la aplicación de este impuesto con una tarifa del 10 por ciento para las personas naturales del decil 9 de ingresos, que recaudaría en torno a un 0.3 por ciento del PIB al año, llegándose en este punto a un aporte recaudatorio acumulado del IVA a la canasta de consumo de los hogares del país próximo al 1.8-2.0 por ciento del PIB al año.

De acuerdo con lo ya argumentado, la mejor forma procedimental, si no única, de aplicar el gravamen, dadas las actuales restricciones en los registros administrativos y en la interoperabilidad de los sistemas de información gubernamental2, sería la de aplicarlo directamente a los hogares sujetos al gravamen a través tanto de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios para el caso de los arriendos pagados e imputados, por ejemplo, como del mismo recibo del pago de servicios como la electricidad, gas y agua a condición de que se corrijan los graves sesgos de la estratificación actual.

 

En suma…

 

Dicen que un buen gobierno es aquel que garantiza felicidad, seguridad y bienestar a la sociedad con la que organiza la vida diaria. Y para garantizar tal tríptico no puede dejar de lado la justicia, en este caso en el campo económico, tributario y fiscal. Realizar tal precepto no es posible sin trascender las promesas. En este caso, invertir la política impuesta en Colombia desde décadas atrás con la cual se invirtió en 180 grados la lógica de “quien tiene más debe pagar más”, y para ello hemos tratado de dejar la evidencia sin que las neblinas impidan apreciarla en su debida manera.

Queda evidente, entonces, que otra política tributaria sí es posible, pero para hacerla realidad hace falta mucho más que argumentos… El reto queda para el conjunto nacional.

 

1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-actualizacion-metodologica-2019/ipc-ponderadores.
2 Es de reiterar que el programa de devolución del IVA actualmente llega a menos del 23% de los hogares en pobreza en el país y que, según información oficial suministrada a la Corte Constitucional, a agosto todavía había más del 45% de los hogares en situación de desplazamiento forzado interno a los que no les había llegado ningún programa social del Gobierno nacional.

Publicado enEdición Nº275