Domingo, 08 Marzo 2020 05:51

De mujeres y hombres

De mujeres y hombres

Nadie se atrevería a negar que la mujer tiene, en la historia de la humanidad, un papel doblemente alimentador: como procreadora en su seno de toda nueva vida y como transformadora de lo comestible en alimento, en el sentido de haber elegido y sometido a ensayos de comestibilidad la infinidad de ingredientes que fue colectando, y más tarde reproduciendo, mediante cría o cultivos, haciéndolos atractivos para los sentidos y provechosos para el cuerpo. Por otra parte, nadie ignora el papel del hombre en la proveeduría de elementos comestibles y útiles para el hábitat, así como en la defensa y resguardo de las comunidades y en su expansión territorial a medida del crecimiento demográfico. Aunque se suele omitir el papel común de ambos sexos en el desarrollo de la tecnología y la organización económica y social donde, originalmente, se cumplía el principio de la supervivencia comunitaria; es decir, donde cada quien aporta-ba según sus posibilidades y cada quien recibía según sus necesidades, de tal modo que fue posible el relevo de generaciones y la pervivencia de la sabiduría acumulada.

Sin embargo, la historia de la humanidad, estudiada e interpretada, por historiadores, claro, pero sobre todo por arqueólogos y antropólogos, como el excepcional francés Maurice Godelier, nos aporta datos sobre el hiato donde se construye socialmente el mito de la oposición y no complementariedad de los sexos. Baste en este espacio evocar los 40 años de estudios que culminan en Los fundamentos de la sociedad humana, donde Godelier muestra cómo la sexualidad es fundamentalmente a-social, generadora de desconfianza y temores masculinos, que finalmente las mujeres adoptan como suyos.

Nosotras, culpables y resistentes a la culpabilidad de padecer la sangre menstrual, de embarazarnos a pesar nuestro, de ser sólo un receptáculo desechable, de producir temor en los hombres que defienden el misterio de la concepción, la gestación y el nacimiento, para no sentirse vacíos de sentido (recordemos que la madre de Dios debe ser virgen, como la madre Tierra antes de que el hombre la pise). Los hombres de todas las épocas crearon una infinidad de explicaciones para igualarse a las mujeres, desde la idea de que el cuerpo femenino sólo es receptáculo del feto, pero éste necesita inyecciones constantes de semen para ser construido su esqueleto y hasta su alma, hasta el ritual del bautismo indispensable para volverse humano No hay espacio aquí para más ejemplos. Bástenos recordar que ancestralmente los hombres han temido a las mujeres, tan capaces de dar la vida como de quitarla, y que nosotras hemos abrazado sus creencias atávicas sintiendo nuestros cuerpos enemigos de doble filo: porque atraen o bien nos degradan e invisibilizan. Pero nadie es totalmente culpable. La culpa nuestra estaría en no estudiar, no pensar, no difundir los malentendidos fabricados a ciencia y paciencia masculinos, de las iglesias y los Estados. Nosotras seremos culpables de no ir construyendo en nuestros hijos una nueva sociedad, informada, culta, humanista, paritaria no sólo en los signos exteriores, sino en las convicciones profundas. Seremos culpables de no hacer una revolución social contra el machismo. Que no es enemiga, al contrario de la revolución que requiere el capitalismo. Ni más ni menos.

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Domingo, 08 Marzo 2020 05:17

Jeanine Añez en su laberinto  

Jeanine Añez en su laberinto  

La presidenta de facto no puede dormir tranquila. La semana pasado fue de espanto para ella. Fue expulsada de El Alto por una multitud, ciudad donde se perpetró una de las dos masacres que acontecieron poco después de que asumiera el poder. El jueves 5 de marzo tuvo que salir con chaleco antibalas y a la carrera mientras la muchedumbre incluso destrozó los vidrios del vehículo del ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas con la explosión de un cachorro de dinamita.

La periodista boliviano argentina Verónica Zapata escribió: “Como todo delincuente que vuelve a la escena del crimen, se presentó custodiada de cientos de policías y militares para participar de una sesión de honor en el Consejo Municipal por el 35° aniversario de la fundación de El Alto que se cumple el día 6 de marzo.” Y doña Jeanine acaba de descubrir que el crimen no paga, que la gente recuerda, que los alteños piensan que sus muertos no se negocian. En resumen: que Senkata no se olvida.

Por supuesto, el viernes ya no asistió a nuevos desfiles. Hubiera sido una provocación. Los alteños no la quieren y se lo hicieron saber. Lo propio al excandidato por su partido Óscar Ortiz que en Senkata durante la sesión de la cámara de senadores también salió a las corridas y resguardado por la policía. “Asesina, asesina, asesina” gritaban miles de alteños a la presidenta y “motines, motines, motines” a los policías.

Pero además el viernes tenía que asistir a un tercer llamado del congreso a dar su informe el ministro de Defensa Fernando López, quien fuera el operador de Luis Fernando Camacho con los militares para que estos dieran el golpe de estado, según las propias declaraciones del ex líder cívico. López nuevamente no asistió y a los senadores y diputados se les acabó la paciencia. Lo censuraron por más de dos tercios y según la Constitución Política del Estado eso significa su destitución inmediata.

Y el próximo en la lista es el nada menos que Arturo Murillo, el hombre de la represión y muy íntimo allegado a Añez que debe elegir entre presentarse y que le hagan preguntas incómodas o dejar de ir y que lo censuren. Si se presenta también puede recibir la sanción del congreso y si son dos tercios deberá dejar el puesto.

Añez debe escoger entre hacer caso a la Constitución y deshacerse de uno (quizá dos) de sus hombres fuertes en el manejo del miedo o ella misma poder ir a juicio de responsabilidades. Mientras, en el Movimiento al Socialismo se han soldado las fisuras. Y aún los más concertadores de los diputados y senadores que algún momento pactaron con el poder golpista, saben que su futuro político depende de con que fuerza condenen al régimen. Y cada vez que leen las encuestas la idea se afirma.

No, no son buenos momentos para la presidenta golpista más si sumamos que los campesinos le han dado 72 horas para que deposite el dinero para que continúen funcionando 400 proyectos que han quedado detenidos en su gestión y los maestros preparan sendos paros (el viernes hubo uno masivo en Sacaba, donde se cometió otra masacre) exigiendo mayores ítems para compensar el crecimiento vegetativo de los alumnos, algo que el ministro de hacienda, José Luis Parada, ha rechazado.

El nieto de Mahadma Gandhi, Aroun, decía que: “Hemos encontrado que la forma más fácil de controlar a la gente es a través del miedo y entre más miedo puedas infundir en la gente, más control puedes tener.” Pero eso ya no funciona en la Bolivia preelectoral que le ha perdido el miedo a la represión y con la llegada de 100 observadores de la Unión Europea y la arremetida de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en contra de las matanzas ordenadas por Añez, esta no puede darse el lujo de un muerto más por la represión.

En resumen, lo que la llevó al poder ahora no sirve de receta. Sin ser médicos ya sabemos que pronto Jeanine deberá tomar pastillas para dormir si no lo está haciendo ya.


Áñez ratifica al ministro de Defensa pese a destitución aprobada por la Asamblea Legislativa

 

7 marzo 2020

Cubadebate

 

La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, ha ratificado este sábado su confianza en el ministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, pese a la censura y destitución aprobada por dos tercios Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

"El MAS intenta frenar mi gestión utilizando el parlamento. Mi respuesta firme es: seguiré trabajando por la reconciliación y la prosperidad de Bolivia. El Ministro de Defensa tiene mi confianza. Ha hecho un gran trabajo ante desastres naturales y por la pacificación de la patria", ha afirmado Áñez a través de su cuenta en Twitter.

Previamente el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, había denunciado que la censura a López en la Asamblea Legislativa Plurinacional estaba orquestada desde Argentina, país de refugio del expresidente Evo Morales.

Por ello están estudiando presentar una denuncia ante el Tribunal Constitucional, ya que consideran que la censura al Ministro de Defensa es ilegal, por ser en ausencia del propio ministro.

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia censuró este viernes al ministro López Julio, lo que supone su destitución inmediata como cargo del Gobierno.

López Julio no se presentó al acto de interpelación pese a estar convocado para dar explicaciones por dos cuestiones: la petición de renuncia de las Fuerzas Armadas al presidente Evo Morales en noviembre de 2019 y la represión de las protestas contra la salida de Morales del poder en enero de 2020.

El ministro presentó excusa para su ausencia, pero el pleno de la Asamblea decidió declarar injustificada la misma. Es la tercera vez que López no se presenta a una convocatoria. La Asamblea aprobó por dos tercios la censura de López y los legisladores del MAS aplaudieron la decisión.

La presidenta del Legislativo, Eva Copa, ha subrayado que la censura implica la destitución del Ministro, según manda la Constitución Política del Estado. Concretamente así se recoge en el Artículo 158 Párrafo 18. "Esta resolución será enviada a la presidenta de transición (Jeanine Añez), para que dé cumplimiento inmediatamente", ha explicado Copa.

"Este justificativo es un chiste a la Asamblea, pues las interpelaciones son por temas importantes, por lo que ocurrieron en octubre y noviembre y (se trata de) esclarecer lo que ocurrió en Sacaba y Senkata", ha argumentado Copa.

Copa ha adelantado además que para los próximos días están previstas interpelaciones de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo;  de Comunicación, Isabel Fernández, y de Obras Públicas, Iván Arias.

Además, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado una resolución para la constitución de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre los hechos de octubre y noviembre de 2019.

La Comisión Mixta está conformada por las senadoras Sonia Chiri y Lineth Guzmán del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rosario Rodríguez, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), además de los y las diputadas Mireya Montaño, Patricia Gutiérrez, Víctor Borda y Juan Cala (MAS) y Amilcar Barral y Eida Middag de Unidad Demócrata.

Copa ha indicado que la tarea de la comisión es investigar los sucesos acontecidos entre octubre y noviembre de 2019: en medio de las protestas por el supuesto fraude electora l en las elecciones presidenciales del 20 de octubre que depararon la reelección de Evo Morales, el presidente tuvo que huir del país después de que Policía y Ejército le retiraran su apoyo. En las protestas posteriores hubo simpatizantes de Morales muertos en Senkata y Sacaba.

(Con informaciòn de Europa Press)

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Sábado, 07 Marzo 2020 06:06

Coronavirus: el capitalismo contagiado

Coronavirus: el capitalismo contagiado

La epidemia del coronavirus, denominado Covid-19, ha dejado al descubierto aspectos oscuros de las sociedades contemporáneas que en circunstancias normales permanecen latentes u ocultos: desde la xenofobia y la absoluta falta de empatía con quienes atraviesan circunstancias difíciles –exhibidas por amplios sectores de la población– hasta la propensión, de no menos ciudadanos, a dejarse llevar por el pánico, los rumores y la desinformación. Pero la propagación del patógeno –que comenzó en diciembre pasado en la ciudad china de Wuhan y que ya se hizo presente en casi 80 naciones– ha contribuido a exhibir, ante todo, la preocupante vulnerabilidad del capitalismo ante el miedo de inversionistas y gestores de grandes capitales, sin importar que los temores de estos agentes financieros estén justificados o no.

En efecto, el mero temor de los dueños de los grandes capitales a que la epidemia se prolongue y se extienda más allá de lo previsto, ha llevado a los mercados bursátiles a registrar pérdidas no vistas desde la crisis mundial de 2008, y se estima que el brote costará más de 280 mil millones de dólares sólo en los tres primeros meses del año. Además, ha golpeado con fuerza a sectores especialmente sensibles como el aeronáutico y el turístico: mientras el primero espera pérdidas del orden de 113 mil millones de dólares, el segundo considera que la retracción alcanzará 70 mil millones.

Las consecuencias económicas de la nueva enfermedad, que habrían sido graves en cualquier contexto, empeoraron debido a la imprudencia de algunos líderes y medios de comunicación occidentales que no dudaron en magnificar la gravedad de la emergencia como herramienta de golpeteo político contra el régimen de la nación asiática. Lo anterior tuvo el doble efecto negativo de incrementar el pánico entre los ciudadanos (e inversionistas) de los países occidentales, y de orillar a las autoridades chinas a la adopción de medidas drásticas que tuvieron éxito notorio en la contención geográfica de la enfermedad, pero a un enorme costo para su economía y el bienestar sicológico de sus habitantes. Para colmo, ese entusiasmo en dirigir las baterías declarativas contra China pasó por alto la importancia crucial de esta nación para el funcionamiento de los mercados globales, por lo que el aislamiento chino pronto tuvo implicaciones allende las fronteras; por citar sólo un ejemplo, una caída de apenas 2 por ciento en las exportaciones chinas de piezas y componentes ya costó 50 mil millones de dólares a otros países y sus industrias.

A la vulnerabilidad del capitalismo que ha quedado al descubierto, debe sumarse la igualmente expuesta voracidad de los capitalistas. Una vez que líderes empresariales, banqueros, administradores de fondos de inversión y otros integrantes de la élite económica han debido afrontar en sus propios estados de cuenta los saldos de la doble epidemia vírica y pánica, han exigido a los gobiernos que echen mano de los recursos públicos con la finalidad de paliar las pérdidas económicas, actitud cínica en tanto parecen olvidar que durante décadas ellos mismos empujaron (en formas a veces cuestionables) toda suerte de reformas legales para despojar a los Estados de las herramientas que les permitirían intervenir de manera efectiva en tiempos de crisis.

La lección debe buscarse en la necesidad de diseñar un sistema económico menos vulnerable a los impulsos irracionales de quienes detentan las posiciones de poder, así como en el reforzamiento de la educación para reducir la susceptibilidad de las sociedades a los rumores y la siembra del miedo.

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Seguidoras de Bernie Sanders en Arizona.Caitlin O'Hara / AFP

A pesar de sus intentos de indentificarse con Obama, Sanders ha adoptado una estrategia maximalista, sin concesiones

Pocos movimientos políticos han sufrido un batacazo tan rápido y drástico como el que ha experimentado la campaña de Bernie Sanders entre los caucus de Nevada y el Supermartes. En el transcurso de 10 días, este aspirante ha pasado de ser el probable candidato demócrata a estar muy lejos de conseguirlo.

De hecho, las cosas se le han puesto tan mal que Sanders ha presentado un anuncio que intenta retratarlo como gran amigo del expresidente Barack Obama.

Los verificadores de datos han señalado que el anuncio es muy engañoso. Embarulla cosas que Obama ha dicho a lo largo de una década y deja fuera un contexto esencial. Pero el análisis fotograma a fotograma subestima de hecho lo hipócrita que es que Sanders intente identificarse con Obama. Porque el sandersismo, como filosofía, consiste precisamente en rechazar el obamaísmo. Es decir, se basa en negarse a aceptar la idea de una política gradual, de que medio pan es mejor que nada, y exige el maximalismo del todo o nada.

Lo cierto es que existen razones fundadas para las críticas de Sanders a Obama. Pero Sanders debería asumir esas críticas en lugar de pretender que nunca las ha hecho. Entonces, ¿de qué trata el debate? De valores, no, aunque Sanders y su círculo tienen la mala costumbre de insinuar que cualquiera que cuestione su estrategia política es un instrumento corrupto de la oligarquía. Obama estaba, y Joe Biden está, claramente a favor de objetivos progresistas como la cobertura sanitaria universal y la reducción de la desigualdad de rentas.

Pero Obama perseguía esos objetivos mediante cambios graduales. El Obamacare estaba diseñado para ampliar la cobertura sanitaria y al mismo tiempo trastornar lo menos posible la vida de quienes ya tenían un seguro médico. Obama subió los impuestos a los ricos más de lo que la mayoría de la gente imagina —en 2016, el tipo impositivo medio aplicado por el Gobierno federal al 1% era casi tan alto como antes de Reagan—, pero lo hizo con discreción, sin mucha retórica populista.

Desde el punto de vista de Sanders, este método gradual y discreto reflejaba falta de osadía (o quizá corrupción por parte de la “clase dominante”). Obama debería haber ido a por todas y (de alguna manera) haber implantado la sanidad pública para todos. Debería haber atacado frontalmente la desigualdad, con subidas de impuestos mucho mayores para “millonarios y multimillonarios”.

Y para ser justos, yo coincido de hecho en que Obama fue demasiado precavido en algunos frentes. En 2009 me tiré de los pelos públicamente por la clara parvedad del estimulo económico aplicado por Obama, y predije (correctamente) que sería un desastre político, porque la incapacidad de alcanzar resultados llamativos favorecería a los republicanos. Y creo que Obama podría haber conseguido mucho más si hubiera estado dispuesto a usar el proceso de conciliación —que permite utilizar la mayoría simple— para esquivar las tácticas obstruccionistas, como hicieron los republicanos para aprobar las rebajas fiscales de 2017.

También me disgustó mucho, en tiempo real, que Obama empezara a hacerse eco de los argumentos republicanos a favor de la austeridad presupuestaria, a pesar de que seguía habiendo un elevado desempleo. Y todavía creo que Obama podía y debería haber sometido un par de grandes bancos a la administración judicial temporal como precio por haberlos rescatado. Sin duda, Obama mostró demasiado respeto por los banqueros que habían sido los que en un principio nos llevaron a la crisis financiera.

Pero Sanders no está presentando un argumento selectivo y sosteniendo que Obama debería haber sido más decidido en algunos frentes. Defiende una agenda maximalista en todos ellos: eliminación total de los seguros de salud privados y una ampliación enorme de programas públicos que exigirían grandes subidas de impuestos tanto a la clase media como a los ricos.

La teoría política que respalda este maximalismo es la afirmación de que un programa populista audaz transformaría el paisaje electoral, atrayendo a más votantes blancos de clase obrera y aumentando el número de votantes, todo ello a una escala suficiente como para obtener una victoria aplastante en noviembre e intimidar a los miembros centristas del Congreso para que acepten propuestas radicales.

Por desgracia, no hay pruebas que respalden esta teoría política; en concreto, el prometido aumento de votantes jóvenes no se materializó el Supermartes. Por consiguiente, el sandersismo se parece bastante al linternismo verde, por su fe en que los milagros políticos pueden alcanzarse por pura fuerza de voluntad.

Como es natural, muchos seguidores de Sanders dirán que esto solo lo digo porque estoy a sueldo de los multimillonarios, o algo por el estilo.

En todo caso, necesitamos tener clara la naturaleza del debate en lo que queda de contienda demócrata. Insisto, no se trata de valores: los demócratas como grupo se han vuelto mucho más progresistas de lo que eran, y hasta un “centrista” como Biden defiende políticas —como una gran ampliación del Obamacare— que no hace mucho se habrían considerado demasiado izquierdistas.

Dicho esto, me preocupa que si Biden llega a ser presidente ceda con demasiada facilidad; los progresistas tendrán que presionarle al máximo y asegurarse de que el gradualismo no se convierte en rendición preventiva.

Sin embargo, Sanders, a pesar de sus intentos de última hora para identificarse con Obama, ha adoptado una estrategia maximalista, sin concesiones. Entiendo el atractivo emocional de dicha estrategia, sobre todo para sus seguidores jóvenes. Pero todo lo que sabemos da a entender que un progresista que insista en jugársela al todo o nada, acabará, pues eso, en nada.

 

06 Mar 2020 - 18:30COT

Por Paul Krugman, premio Nobel de Economía. © The New York Times, 2020. Traducción de News Clips

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Viernes, 06 Marzo 2020 06:19

Privatización del agua en Brasil.

El expresidente de Brasil Michel Temer y su ministro de Integración Nacional, Helder Barbalho, visitan las obras de desvío del cauce del San Francisco, en febrero de 2018 / Foto: Amazoniareal, Beto Barata

El parlamento está dando luz verde a un anhelo del presidente Jair Bolsonaro: la privatización de Brasil, ahora concretada en la privatización del agua y el alcantarillado. El resultado es una creciente militarización de las fuentes y los canales, que va de la mano de la criminalización de los sedientos.

Por 276 votos contra 124, la cámara de representantes aprobó, la noche del miércoles 11 de diciembre, el texto básico del proyecto que establece el marco legal del saneamiento básico. La propuesta establece nuevas normas para el sector y allana el camino para que los privados se hagan cargo del servicio. Para la oposición, “la cámara aprobó la privatización del agua” (Revista Forum, 11‑XII‑19).

Uno de los puntos más controvertidos del texto es el que hace obligatoria la licitación de los servicios de saneamiento para permitir la competencia entre las empresas públicas y privadas. “La mitad de los brasileños no tiene alcantarillado y 35 millones no acceden al agua limpia. Lo que decidirá si los municipios tendrán saneamiento son las potenciales ganancias de las grandes empresas”, dijo la congresista Sâmia Bomfim (Psol) al explicar su voto negativo.

A CONTRAMANO.

“Quienes defienden la privatización esconden el hecho de que desde 2000 han sido reestatizados 884 servicios de agua en el mundo”, añadió el diputado Glauber Braga (Psol). En efecto, un análisis del Transnational Institute reveló en 2017 que unas 180 ciudades de 35 países habían revertido la privatización del agua, desde Bolivia hasta Alemania. Entre las principales razones para tomar esa decisión figuraban el empeoramiento del servicio privatizado y el aumento desmedido de las tarifas, “ambos dictados por la necesidad de generar ganancias para los accionistas”, destaca el periodista Antonio Martins en la página Outras Palavras.

En tanto, la diputada del PTErika Kokay apuntó: “El agua es un derecho fundamental. No puede quedar atrapada en la lógica del lucro. Estamos ante un retroceso histórico que va a penalizar a los más pobres”. Los datos hablan por sí solos: apenas el 45 por ciento del alcantarillado pasa por algún tipo de tratamiento; el restante 55 por ciento, correspondiente a 5,6 millones de metros cúbicos por año, es arrojado directamente a la naturaleza.

Anderson Guahy, dirigente del Sindicato de los Trabajadores en Agua, Alcantarillado y Medio Ambiente de San Paulo, dijo al periódico Brasil de Fato: “Desde 2003, en la ley 11.445, aprobada durante el gobierno Lula, ha habido una regulación para que los municipios tuvieran un control mayor del saneamiento, intentando universalizarlo”. Las licitaciones que se prevén con la nueva ley favorecen a las grandes empresas de la construcción, del tipo de Odebrecht.

Además, los municipios cuyo saneamiento no genera ganancias pueden quedarse sin el servicio, porque hasta ahora había un “subsidio cruzado”, explica Guahy, que hacía que las ciudades donde se generaba ganancia subsidiaran a las que daban pérdidas. Con la privatización “los municipios menores y medios tendrán que pagar más, porque una entidad privada no está obligada, como una estatal, a suministrar agua a todos los municipios que asume y, por tanto, si no tiene ganancias, no va a invertir”.

GUERRA EN EL NORDESTE.

El 2 de febrero, día de Iemanjá, el diario O Estado de São Paulo comenzó a publicar una serie de notas tituladas “Guerra de las aguas”, del periodista Patrik Camporez. El diario destaca que los canales que desvían el agua del río San Francisco hacia las grandes haciendas de la fruticultura en el nordeste están siendo vigilados por guardias armados y drones, mientras se levantan muros para proteger el agua, convertida en negocio para exportar fruta.

Brasil posee el 12 por ciento de toda el agua dulce del mundo. El acceso al agua abundante y limpia fue libre durante siglos. Hasta los años noventa casi no había conflictos por ella. Pero en los últimos cinco años fueron registrados 63 mil conflictos con la intervención de la policía y surgieron 223 “zonas de tensión” por el agua. Diez años atrás había sólo 30 zonas de tensión, según la Agencia Nacional de Aguas.

Aunque los casos son muy diversos, hay un patrón común: “El poder económico, el agronegocio, la administración de las hidroeléctricas, las industrias y los taladores ilegales, que quieren apropiarse de las tierras fiscales, intentan de muchas maneras restringir el acceso a los ríos y las represas”, escribe Patrik Camporez (O Estado de São Paulo, 2‑II‑20). El mismo informe establece que el Estado los apoya y, en cambio, siempre salen perjudicados los pueblos originarios y negros, los agricultores familiares y las comunidades tradicionales.

La situación del árido y seco nordeste es tan grave que los pozos privados son vigilados por el ejército. La descripción del periodista parece cosa de otra época: “Jeeps con soldados cortan las calles polvorientas. La operación de guerra del ejército para controlar el agua del subsuelo se convirtió en rutina en el sertón nordestino”.

San José de Belmonte es una localidad de 30 mil habitantes en Pernambuco, célebre por un subsuelo pletórico de agua, codiciada por los especuladores. En la madrugada, la ciudad está congestionada por los camiones que recogen agua para venderla a la población.

“La carrera desenfrenada por los pozos de Belmonte llevó al gobierno federal a llamar al ejército para controlar y distribuir el agua en la región, que también es llevada en cisternas hacia los estados vecinos de Paraíba y Ceará”, apunta Camporez. El municipio tiene más de mil pozos grandes, de hasta 150 metros de profundidad.“En cada punto de captación hay un equipo del ejército.”


Conflictos eternos

De la tierra al agua

“Sin conseguir resolver el antiguo problema de los conflictos de tierras, el país vive ahora una nueva crisis. Cada curva de un río caudaloso y de corrientes casi secas es disputada a bala, facón o destornillador”, escribe el periodista Patrik Camporez.

Camporez detalla que los canales prohibidos para buena parte de los habitantes de las regiones irrigadas fueron construidos en las décadas del 80 y el 90 para las plantaciones de fruta de exportación en el nordeste.

“La criminalización de quienes no tienen agua es un drama más del semiárido nordeste. El equipo de reportaje estaba cerca del canal, en Petrolina, cuando pudo ver que un habitante se aproximó al curso con un balde y un barril, miró para los lados y, superando el miedo, agarró agua del lugar. Era Cosme Angel, de 26 años, que repartiría el barril con 20 vecinos”, relata Camporez. Cosme explicó luego a los periodistas: “Es una lucha diaria. Si quiero tomar agua directo de un río, tengo que buscar a más de 20 quilómetros en la costa. Entonces, prefiero correr el riesgo de que me vean y llamen a los vigías del agua para hacer la denuncia”.

El caso más emblemático es el del líder comunitario Haroldo de Silva Betcel, de 34 años, asesinado con un destornillador en las márgenes del Igarapé Tiningu, en Santarém, en el estado de Pará. La policía civil dijo que el crimen se debió a la disputa entre ribereños y hacendados por el control del curso del río Tapajós. “En el Brasil de hoy, el agua se convirtió en un asunto policial”, sentencia Camporez.

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Piñera: “No es solo la voluntad de los hombres de abusar, sino también la de las mujeres de ser abusadas”

El presidente de Chile se enreda a seis días del 8M con una polémica declaración sobre la violencia machista

A seis días de marcha por el Día Internacional de la Mujer, la primera de una serie de movilizaciones programadas para marzo en medio de las revueltas sociales, el presidente Sebastián Piñera se ha echado encima al movimiento feminista chileno. En una ceremonia donde promulgaba esta mañana la Ley Gabriela, una importante normativa que considerará feminicidio a todo asesinato de una mujer por razón de género, el mandatario ejemplificó: “A veces, no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas”. Acompañado por su esposa, Cecilia Morel, y la ministra de la Mujer, Isabel Plá, el presidente continuó: “Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra. Y que la sociedad entera la va a ayudar y respaldar en denunciar y en evitar que esos hechos sigan ocurriendo”.

En un país donde en 2019 se produjeron 62 feminicidios y solo este año ya han ocurrido seis, de acuerdo a la Red Chilena de Violencia contra las Mujeres, la condena a las palabras del presidente fue transversal. “Piñera no puede evitar que la misoginia se le escape por los poros y enlode su intento de cooptación”, acusó la Coordinadora Feminista 8M, que representa a diversas agrupaciones y colectivos de mujeres que el domingo saldrán a marchar y que desde este lunes realizan distintas acciones en todo Chile. “La culpa no es ni nunca ha sido nuestra. La culpa es de quienes nos abusan y violentan y de la institucionalidad que los ampara. Es el Estado, los jueces, los pacos [carabineros] y el presidente”, escribió la coordinadora en las redes sociales, en referencia a la letra de Un violador en tu camino, el himno global contra la violencia sexual hacia las mujeres, compuesto por el colectivo chileno Lastesis.

La propia ministra Plá, que este martes será interpelada en el Congreso, tuvo que aclarar los dichos de Piñera: “El presidente lo que ha querido decir no ha tenido que ver nunca con responsabilizar a las mujeres. Ha dicho que las mujeres de nuestro país deben saber que cuando denuncian van a contar con el apoyo de la sociedad y de las instituciones y de los poderes del Estado”. Luego, fue el propio mandatario el que debió salir a precisar sus palabras: “Quiero ser muy claro: la posición de nuestro Gobierno es tolerancia cero contra todo tipo de violencia y abuso contra las mujeres. Por eso llamo a las mujeres a denunciar de inmediato cualquier riesgo o cualquier amenaza contra su integridad o su vida”.

No es la primera vez que a Piñera se le acusa de machista. En 2011, en su primer mandato (2010-2014), en una clausura de una cumbre en México indicó: “¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un político y una dama? Cuando el político dice que ‘sí’, quiere decir ‘tal vez’; cuando dice ‘tal vez’, quiere decir que ‘no’, y cuando dice que ‘no’, no es político. Cuando una dama dice que ‘no’, quiere decir ‘tal vez’; cuando dice ‘tal vez’, quiere decir que ‘sí’, y cuando dice que ‘sí’, no es dama”, indicó el chileno en la clausura de la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en la localidad de Tuxtla. Nuevamente, sus palabras fueron ampliamente condenadas en Chile, sobre todo por el movimiento feminista.

En junio de 2017, en medio de la última campaña presidencial, en una actividad en la ciudad de Linares, a unos 300 kilómetros al sur de Santiago, nuevamente intentó realizar un chiste aludiendo al acoso hacia las mujeres: “Bueno muchachos, me acaban de sugerir un juego muy entretenido. Es muy sencillo: todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. ¿Qué les parece muchachos?”, expresó Piñera, para luego cerrar la actividad y despedirse de los asistentes.

Los dichos fueron condenados desde diferentes sectores y provocaron la reacción de la presidenta Michelle Bachelet, que gobernaba en su segundo mandato (2014-2018): “Una violación es expresión de la mayor violencia contra las mujeres. Bromear con eso es despreciarnos a todas y no es aceptable”, escribió la socialista. Hace tres años, acosado por las críticas, Piñera se excusó: “Me disculpo por una mala broma que no afecta mi aprecio y respeto por todas las mujeres. Lamento el aprovechamiento político que ha generado”. Posteriormente, su comando difundió un vídeo de su esposa: “Sebastián ya pidió disculpas. Las chilenas saben del compromiso que él tuvo y seguirá teniendo por el avance de sus derechos”.

En los últimos años, la élite chilena ha enfrentado diversos episodios machistas. A fines de 2016, en una cena de la Agrupación de Exportadores de Manufacturas, Asexma, la asociación de empresarios regaló una muñeca hinchable al ministro de Economía de Bachelet, Luis Felipe Céspedes. La figura estaba desnuda y tenía un cartel tapándole la boca donde se podía leer: “Para estimular la economía”. En el escenario, junto a Céspedes, se hallaban dos dirigentes destacados del centroizquierda, que celebraron con risas el episodio: el exsecretario general de la OEA José Miguel Insulza y el senador y excandidato presidencial Alejandro Guillier. Ante la polémica, los involucrados, incluida la gremial Asexma, tuvieron que ofrecer disculpas públicas.

Piñera no eligió esta vez el mejor momento. El próximo domingo se espera que se repitan las multitudinarias marchas del 8M de 2019, cuando medio millón de chilenas salieron a las calles para protestar contra la violencia machista. Este año habrá un componente político adicional, porque Chile debate la paridad de género en el proceso constituyente. El 26 de abril próximo, Chile definirá en un plebiscito si reemplazará la Constitución de Pinochet de 1980 y, de hacerlo, el órgano que estará encargado de redactar una nueva Carta Fundamental.

Santiago de Chile - 02 Mar 2020 - 16:40COT

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Dick y Liz Uihlein en la toma de posesión del presidente Trump en Washington. Antes de unirse a la campaña de Trump, Uihlein respaldó las candidaturas de Scott Walker, el gobernador de Wisconsin y el senador Ted Cruz de Texas. Foto: Katherine Skiba / The New York Times

Grupos de gasto político independientes (PAC) están preparando sus arsenales para inundar las ondas con anuncios electorales de 2020 que elogian a sus candidatos preferidos o atacan a los que no les gustan. Millonarios y multimillonarios de derecha y corporaciones de combustibles fósiles los están ayudando a hacerlo.

Liderando el grupo están Richard y Elizabeth Uihlein, los ejecutivos del medio oeste del gigante de suministros de embalaje gigante Uline, que donaron un total de $ 19.4 millones a siete súper PAC desde enero de 2019 hasta enero de 2020.

El conglomerado de petróleo y materiales Koch Industries ha donado la mayor parte de cualquier corporación hasta el momento, dando casi $ 5.3 millones a tres súper PAC, incluidos $ 4 millones a AFP Action, que es el grupo hermano de la organización sin fines de lucro política de Charles Koch, Americans for Prosperity . También financiando a AFP Action está el predecesor del grupo, Freedom Partners Action Fund, que dio casi $ 6.5 millones.

Los súper PAC conservadores deben gracias no solo a Koch Industries sino también a otras compañías de combustibles fósiles, un grupo comercial, ejecutivos de combustibles fósiles y sus cónyuges, y herederos de fortunas de combustibles fósiles. Los intereses de los combustibles fósiles donaron casi $ 18.8 millones a los súper PAC conservadores y los PAC híbridos, comités que operan tanto un súper PAC como un PAC tradicional, desde enero de 2019 hasta enero de 2020.

Chevron, ConocoPhillips y Valero dieron más de $ 1 millón a los Súper PAC del Partido Republicano. Ejecutivos como el presidente de Western Refining, Paul Foster, el CEO de Midland Energy, S. Javaid Anwar, y el CEO de Alliance Resource Partners, Joe Craft, dieron sumas de seis o siete cifras.

Los megadonantes

Richard Uihlein se ha convertido en un megadonante republicano clave en los últimos años. En 2010, ocupó el puesto 36 en la lista de los principales donantes a grupos de gastos políticos externos a nivel federal. Durante esa década, subió la escalera hasta que aumentó enormemente sus gastos en 2018 , dando casi $ 38 millones a grupos externos.

En las elecciones actuales, las donaciones de Uihlein parecen continuar esta tendencia al alza. Desde el año pasado, Richard y su esposa, Elizabeth Uihlein, han dado la mayor cantidad de dinero ($ 12.5 millones) de cualquier donante a Club for Growth Action . Pero también dieron grandes cantidades a los pro-Trump America First Action ($ 1.5 millones), Americas PAC ($ 1.5 millones), House Freedom Action ($ 1 millón), Kentucky Tomorrow ($ 250,000), Restoration PAC ($ 2.5 millones) y Senate Conservative Acción ($ 125,000). En total, la pareja ha entregado $ 19.4 millones a super PAC conservadores.

En mayo de 2016, Elizabeth Uihlein llegó al Comité de Victoria de Trump, que recaudó dinero para la campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano, después de un gasto político considerable.

Los Uihleins también han gastado mucho en las elecciones estatales, impulsando la campaña de 2014 del republicano Bruce Rauner, quien se convirtió en gobernador de Illinois. Richard Uihlein ha expresado puntos de vista anti-gay y anti-transgénero y ha respaldado a candidatos extremistas como Roy Moore de Alabama, un evangélico de derecha acusado de mala conducta sexual por parte de múltiples mujeres.

Timothy Mellon , el propietario mayoritario de la compañía de transporte Pan Am Systems y heredero de la fortuna de acero Mellon, donó $ 10 millones al Fondo de Liderazgo del Congreso, que gasta dinero para impulsar a los candidatos republicanos de la Cámara, por segundo ciclo electoral consecutivo. Además, Mellon dio $ 2.5 millones al principal súper PAC de los republicanos del Senado, el Fondo de Liderazgo del Senado.

Mellon es un gran donante del Partido Republicano que donó $ 1.5 millones en 2010 al fondo de defensa legal de Arizona, ya que luchó contra las demandas por su severa ley antiinmigrante SB 1070. En 2014, puso $ 30,000 en el Comité Nacional del Proyecto Ben Carson para el Presidente y donó el monto máximo permitido para la campaña presidencial de Carson el año siguiente. En el ciclo electoral actual, Mellon ha donado principalmente a candidatos republicanos, pero entregó la cantidad máxima permitida de $ 2,800 a la campaña del representante demócrata Tulsi Gabbard (D-HI).

Mellon está relacionado con la familia Scaife, que, a través de las fundaciones de la familia Scaife, es uno de los principales financiadores del movimiento de derecha, incluidos varios grupos de odio .

Otros donantes principales que han donado varios millones de dólares a los Súper PAC del Partido Republicano incluyen:

Jeff Yass, director gerente de la firma de inversión Susquehanna International Group: $ 4.1 millones. Club for Growth Action ($ 2 millones) y Protect Freedom PAC ($ 2.1 millones).

Warren A. Stephens, CEO del banco de inversión Stephens, Inc .: $ 3.6 millones. 1820 PAC ($ 250,000), America First Action ($ 500,000), Fondo de Liderazgo del Congreso ($ 750,000), Security is Strength PAC ($ 50,000), Fondo de Liderazgo del Senado ($ 1.5 millones), Waiting for Women Action Fund ($ 500,000).

Paul E. Singer, presidente de la compañía de fondos de cobertura Elliott Management Group: $ 3.5 millones. Fondo de Liderazgo del Congreso ($ 1 millón), Fondo de Liderazgo del Senado ($ 2 millones), Fondo de Acción de Mujeres Esperando ($ 500,000).

Stephen A. Schwarzman, CEO de la firma de capital privado Blackstone: $ 3 millones. 1820 PAC ($ 500,000), Fondo de Liderazgo del Congreso ($ 2.5 millones).

En total, 24 personas y parejas han donado $ 1 millón o más a super PAC conservadores desde 2019.

Algunos grandes donantes contribuyeron individualmente y a través de sus empresas. El CEO de Mountaire Farms, Ronald Cameron, donó $ 2.8 millones de su propio dinero, incluyendo $ 1 millón a AFP Action, mientras que su compañía donó $ 500,000 a los fondos de liderazgo del Congreso y del Senado.

Seis miembros de la familia de la Secretaria de Educación Betsy DeVos , incluido su esposo, Dick DeVos, se combinaron para donar un total de $ 2.3 millones a super PAC: America First Action ($ 400,000), Better Future MI Fund ($ 700,000), el Fondo de Liderazgo del Congreso ($ 450,000) y el Fondo de Liderazgo del Senado ($ 750,000).

Koch Industries lidera las contribuciones corporativas

El Centro para los Medios y la Democracia (CMD) realizó un seguimiento de $ 23.5 millones en donaciones corporativas directas a súper PAC conservadores desde 2019, gran parte de las cuales provienen de compañías de combustibles fósiles, más prominentemente, de Koch Industries.

Además de donar $ 4 millones a AFP Action, Koch Industries entregó $ 500,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso y $ 750,000 al Fondo de Liderazgo del Senado. La compañía donó casi $ 5.3 millones a super PAC desde 2019 hasta enero de 2020.

El conglomerado inmobiliario Hillwood Development Co. otorgó cerca de $ 3.1 millones a los GAC PAC, incluidos $ 1.1 millones al Fondo de Liderazgo del Congreso, $ 1 millón al Fondo de Liderazgo del Senado y $ 1 millón a Engage Texas, un súper PAC financiado por empresas con sede en Texas y ejecutivos de negocios que se lanzaron en junio de 2019 "con el objetivo de registrar cientos de miles de nuevos votantes y convencerlos de ayudar a mantener el estado rojo en noviembre".

El fundador de Hillwood Development, Ross Perot, Jr., dio $ 10,000 a los Tejanos para una mayoría conservadora, un súper PAC que fue fundado en 2013 por un cabildero corporativo para ayudar a reelegir al senador John Cornyn (R-TX) y salió de la hibernación el año pasado para ayudar el senador mantiene su asiento nuevamente.

El gigante petrolero Chevron agregó $ 1 millón al Fondo de Liderazgo del Senado, $ 750,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso y $ 15,000 al PAC Maverick. ConocoPhillips ANS Marketing Company, una subsidiaria de ConocoPhillips, donó $ 1 millón al Fondo de Liderazgo del Senado y $ 250,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso. La compañía de oleoductos y gasoductos Energy Transfer donó $ 1 millón a Engage Texas y $ 100,000 a los tejanos para una mayoría conservadora.

Treinta y siete empresas y un grupo comercial donaron más de $ 100,000 a super PAC conservadores desde 2019 hasta enero de 2020.

El grupo comercial American Fuel and Petrochemical Manufacturers dio $ 100,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso y $ 10,000 al Black Bear PAC con sede en Virginia Occidental.

(Tomado de Truthout / Traducción Cubadebate)

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https://psicologiajuridicaforense.wordpress.com/tag/tratamiento-psicologico-para-violadores/

El debate en Colombia frente a la pena que deben tener los violadores de menores de edad es álgido y refiere a una discusión jurídica compleja y un debate que la sociedad debe dar más allá de lo visceral, ¿violando el sentido de la pena lograrán controlar a los violadores de menores?

 

El 11 de diciembre del 2019, el Proyecto de Acto Legislativo con radicado Senado: 21/19, Cámara: 001/19 y Acumulado 047/19, surtió el segundo debate en el Senado para completar así los cuatro debates (dos en Cámara y dos en Senado) en la vigencia 2019, lo que permite seguir su trámite para la vigencia 2020.

El proyecto conocido como “condena perpetua a violadores”, cruza por eventos de tanto impacto como el de Yuliana Samboní, y la ola de opinión en su favor. Se pretende modificar el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. El texto aprobado fue el siguiente: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”. “Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado”.

Se resalta que el tipo penal descrito tiene que ver con el Homicidio Doloso, el acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir sobre niño, niña o adolescente. No únicamente sobre el acceso carnal (conocido como violación).

La discusión no es nueva. Es la tercera vez que se presenta un proyecto en este sentido: La primera, buscaba convocar a un referéndum para imponer la prisión perpetua por delitos contra menores, fue sancionado y entró en vigencia por medio de la Ley 1327 de 2009, pero fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-397/10, por vicios de forma.

La segunda vez se radicó el Acto legislativo 55/17, el primero de agosto de 2017, y tras un debate fue retirado el 29 de noviembre del mismo año.

 

Aristas del debate

 

Esa es la historia del trámite legislativo hasta hoy, pero el debate tiene dos aristas. La primera, la del clamor mediático pulsado por hechos llenos de dolor y que ha llevado incluso a propuestas de pena de muerte a violadores, aprovechada sin pudor por políticos; la segunda, desde la academia, bajo elementos rigurosos de política criminal.

Necesario advertir que el Estado, si bien debe interpretar la opinión ciudadana, tiene la obligación de hacer análisis profundos y apartarse del amarillismo de los medios que hacen de una noticia un boom de presión con fines non sanctos propios de alguna ideología política.

La Comisión Asesora para la Política Criminal, adscrita al Consejo Superior de Política Criminal, integrada por expertos particulares y orientada por los principios de independencia académica, pluralismo, equidad, confianza y uso de metodologías diversas, creada por el Decreto 2055 de 2014, emitió su concepto el 18 de mayo de 2019 sobre la pena de prisión perpetua.

Dijo la Comisión: “En los últimos años se ha pretendido recurrir a la pena de prisión perpetua para castigar a quienes cometan delitos graves en contra de los niños, las niñas y los adolescentes, afirmando que se trata de una medida idónea para protegerlos de este tipo de agresiones. El argumento se basa, principalmente, en el artículo 44 de la Constitución Política, según el cual “los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás”, de tal manera que los niños tendrían derecho a que sus agresores sean castigados de forma permanente. No obstante, en primer lugar, estas propuestas incumplen los requisitos previstos para la política criminal, por parte de la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015, según la cual, esta debe: (i) tener un carácter preventivo; (ii) respetar el uso del derecho penal como última ratio; (iii) respetar el principio de la libertad personal, de forma estricta y reforzada; (iv) buscar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados; (v) las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales; (vi) ser coherente; (vii) estar sustentada en elementos empíricos; (viii) ser sostenible; (ix) hacer una medición de costos en derechos económicos; y, finalmente, (x) proteger los derechos humanos de los presos”.

Le asiste razón a la Comisión Asesora. Explicamos algunos de sus argumentos:

 

Los fines de la pena

 

De conformidad con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”. Igualmente, el Código Nacional Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), en su artículo 10, menciona la función resocializadora de la pena.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-656 de 1996, señaló que:

“La resocialización, concebida como garantía y centrada en la órbita de la autonomía del individuo, no consiste en la imposición estatal de un esquema prefijado de valores, sino en la creación de las bases de un auto desarrollo libre y, en todo caso, como disposición de los medios y de las condiciones que impidan que la persona vea empeorado, a consecuencia de la intervención penal, su estado general y sus opciones de resocialización. De esta manera, como garantía material del individuo, la función resocializadora promovida por el Estado, encuentra su límite en la autonomía de la persona. Esta función no puede operar a costa de ella. El aspecto negativo de la misma se convierte entonces en el aspecto decisivo: la idea de resocialización se opone, ante todo, a penas y condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o por sus consecuencias desocializadoras. / La dignidad humana, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad humana, son entonces los marcos para la interpretación de todas las medidas con vocación resocializadora”.

Esta posición de la Alta Corte corresponde a la defensa de la Dignidad Humana, establecida en el artículo 1ro de la Constitución Política en el marco del Estado Social de Derecho, y en el artículo 5to de la misma que establece la primacía de los derechos inalienables de la persona, y en ese orden de ideas, la modificación al artículo 34 de la Constitución Política se torna inconstitucional.

 

Derecho a la igualdad

 

La exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo manipula el concepto al desconocer el principio de proporcionalidad de la pena y el valor del bien jurídico tutelado. Tal como lo hiciera el legislativo con la Ley 40 de 1993, luego del secuestro del ex-embajador en Estados Unidos Francisco “Pacho” Santos, que impuso una pena de hasta 40 años para este tipo de delito, muy a pesar de que el Código Penal, Ley 100 de 1980, establecía como pena máxima para el homicidio 15 años de prisión. La propuesta generó el siguiente dilema: ¿Es el bien jurídico libertad más importante que el bien jurídico vida? La respuesta no puede ser más sencilla: sin vida no hay libertad. Es el bien jurídico primigenio por excelencia. No obstante, la presión social llevó a incrementar entonces la pena para el homicidio a 40 años. Sin argumentos de fondo, se legisló sin juicio académico ni política criminal.

En este orden de ideas, tendríamos entonces la siguiente pregunta: ¿Si el acceso carnal violento sobre menor ostentase la pena de prisión perpetua, el homicidio en menor, no podría tener la misma pena como lo establece el proyecto, sino que debe imponerse la pena de muerte? En la lógica populista, éste sería el siguiente paso.

El Proyecto en discusión dista de tener en su motivación un análisis acertado frente al principio de proporcionalidad y el derecho a la Igualdad, y por el contrario emerge violatorio de la normatividad constitucional.

 

Derecho a la libertad

 

Plasmado en el articulado de la carta magna, pero fundamentalmente en los artículos 13 y 28 de la misma, es considerado otro derecho inalienable, que establece además la prohibición de las penas imprescriptibles en Colombia. ¿Y qué es la pena de prisión perpetua?

Nuevamente el proyecto intenta romper con la estructura constitucional propia del Estado de Derecho al pretender imponer una sanción que, para justificarse, posibilita su revisión luego de cumplidos 25 años de cumplimiento de la misma.

 

¿Sirve la pena de prisión en esta clase de delitos?

 

Mucho se ha escrito sobre la razón por la cual un hombre o una mujer, viola a un(a) menor. La psicología ha esbozado las pulsiones como soporte de tal acción. Todo ser humano tiene pulsiones, pero conforme a su entorno, unos y otros manejan niveles frente a los mismos.

No estamos entonces frente a una acción cuyo reproche social sea equivalente al de un homicidio perpetrado por un sicario con fines económicos. No. Estamos frente a un sujeto al que la cárcel debe brindar la posibilidad de modificar su conducta y adaptarse a un esquema social.

Si como lo afirma la literatura estamos frente a un tema que debe ser tratado clínicamente, ¿por qué se acude a la simple exclusión del sujeto de la sociedad, sin posibilidad alguna de resocialización?
Ahora bien, bajo el supuesto de que el Legislativo, de la mano del Ejecutivo, impulsen la aprobación y sanción de la Ley en busca de mejorar los impresionantes índices de impopularidad que cargan, la misma pasará a control constitucional, y es probable que la Corte Constitucional la encuentre inconstitucional tal como alguna vez ya lo hiciera la Corte Suprema de Justicia bajo la vigencia de la Constitución Política de 1886 (lejana del Estado de Derecho). Si no soportó el debate constitucional otrora, es impensable que hoy lo logre.

Definitivamente, y a pesar de lo aberrante de este delito, no es la prisión perpetua la solución.

* Abogado.

 

Publicado enEdición Nº265
https://psicologiajuridicaforense.wordpress.com/tag/tratamiento-psicologico-para-violadores/

El debate en Colombia frente a la pena que deben tener los violadores de menores de edad es álgido y refiere a una discusión jurídica compleja y un debate que la sociedad debe dar más allá de lo visceral, ¿violando el sentido de la pena lograrán controlar a los violadores de menores?

 

El 11 de diciembre del 2019, el Proyecto de Acto Legislativo con radicado Senado: 21/19, Cámara: 001/19 y Acumulado 047/19, surtió el segundo debate en el Senado para completar así los cuatro debates (dos en Cámara y dos en Senado) en la vigencia 2019, lo que permite seguir su trámite para la vigencia 2020.

El proyecto conocido como “condena perpetua a violadores”, cruza por eventos de tanto impacto como el de Yuliana Samboní, y la ola de opinión en su favor. Se pretende modificar el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. El texto aprobado fue el siguiente: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”. “Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado”.

Se resalta que el tipo penal descrito tiene que ver con el Homicidio Doloso, el acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir sobre niño, niña o adolescente. No únicamente sobre el acceso carnal (conocido como violación).

La discusión no es nueva. Es la tercera vez que se presenta un proyecto en este sentido: La primera, buscaba convocar a un referéndum para imponer la prisión perpetua por delitos contra menores, fue sancionado y entró en vigencia por medio de la Ley 1327 de 2009, pero fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-397/10, por vicios de forma.

La segunda vez se radicó el Acto legislativo 55/17, el primero de agosto de 2017, y tras un debate fue retirado el 29 de noviembre del mismo año.

 

Aristas del debate

 

Esa es la historia del trámite legislativo hasta hoy, pero el debate tiene dos aristas. La primera, la del clamor mediático pulsado por hechos llenos de dolor y que ha llevado incluso a propuestas de pena de muerte a violadores, aprovechada sin pudor por políticos; la segunda, desde la academia, bajo elementos rigurosos de política criminal.

Necesario advertir que el Estado, si bien debe interpretar la opinión ciudadana, tiene la obligación de hacer análisis profundos y apartarse del amarillismo de los medios que hacen de una noticia un boom de presión con fines non sanctos propios de alguna ideología política.

La Comisión Asesora para la Política Criminal, adscrita al Consejo Superior de Política Criminal, integrada por expertos particulares y orientada por los principios de independencia académica, pluralismo, equidad, confianza y uso de metodologías diversas, creada por el Decreto 2055 de 2014, emitió su concepto el 18 de mayo de 2019 sobre la pena de prisión perpetua.

Dijo la Comisión: “En los últimos años se ha pretendido recurrir a la pena de prisión perpetua para castigar a quienes cometan delitos graves en contra de los niños, las niñas y los adolescentes, afirmando que se trata de una medida idónea para protegerlos de este tipo de agresiones. El argumento se basa, principalmente, en el artículo 44 de la Constitución Política, según el cual “los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás”, de tal manera que los niños tendrían derecho a que sus agresores sean castigados de forma permanente. No obstante, en primer lugar, estas propuestas incumplen los requisitos previstos para la política criminal, por parte de la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015, según la cual, esta debe: (i) tener un carácter preventivo; (ii) respetar el uso del derecho penal como última ratio; (iii) respetar el principio de la libertad personal, de forma estricta y reforzada; (iv) buscar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados; (v) las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales; (vi) ser coherente; (vii) estar sustentada en elementos empíricos; (viii) ser sostenible; (ix) hacer una medición de costos en derechos económicos; y, finalmente, (x) proteger los derechos humanos de los presos”.

Le asiste razón a la Comisión Asesora. Explicamos algunos de sus argumentos:

 

Los fines de la pena

 

De conformidad con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”. Igualmente, el Código Nacional Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), en su artículo 10, menciona la función resocializadora de la pena.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-656 de 1996, señaló que:

“La resocialización, concebida como garantía y centrada en la órbita de la autonomía del individuo, no consiste en la imposición estatal de un esquema prefijado de valores, sino en la creación de las bases de un auto desarrollo libre y, en todo caso, como disposición de los medios y de las condiciones que impidan que la persona vea empeorado, a consecuencia de la intervención penal, su estado general y sus opciones de resocialización. De esta manera, como garantía material del individuo, la función resocializadora promovida por el Estado, encuentra su límite en la autonomía de la persona. Esta función no puede operar a costa de ella. El aspecto negativo de la misma se convierte entonces en el aspecto decisivo: la idea de resocialización se opone, ante todo, a penas y condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o por sus consecuencias desocializadoras. / La dignidad humana, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad humana, son entonces los marcos para la interpretación de todas las medidas con vocación resocializadora”.

Esta posición de la Alta Corte corresponde a la defensa de la Dignidad Humana, establecida en el artículo 1ro de la Constitución Política en el marco del Estado Social de Derecho, y en el artículo 5to de la misma que establece la primacía de los derechos inalienables de la persona, y en ese orden de ideas, la modificación al artículo 34 de la Constitución Política se torna inconstitucional.

 

Derecho a la igualdad

 

La exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo manipula el concepto al desconocer el principio de proporcionalidad de la pena y el valor del bien jurídico tutelado. Tal como lo hiciera el legislativo con la Ley 40 de 1993, luego del secuestro del ex-embajador en Estados Unidos Francisco “Pacho” Santos, que impuso una pena de hasta 40 años para este tipo de delito, muy a pesar de que el Código Penal, Ley 100 de 1980, establecía como pena máxima para el homicidio 15 años de prisión. La propuesta generó el siguiente dilema: ¿Es el bien jurídico libertad más importante que el bien jurídico vida? La respuesta no puede ser más sencilla: sin vida no hay libertad. Es el bien jurídico primigenio por excelencia. No obstante, la presión social llevó a incrementar entonces la pena para el homicidio a 40 años. Sin argumentos de fondo, se legisló sin juicio académico ni política criminal.

En este orden de ideas, tendríamos entonces la siguiente pregunta: ¿Si el acceso carnal violento sobre menor ostentase la pena de prisión perpetua, el homicidio en menor, no podría tener la misma pena como lo establece el proyecto, sino que debe imponerse la pena de muerte? En la lógica populista, éste sería el siguiente paso.

El Proyecto en discusión dista de tener en su motivación un análisis acertado frente al principio de proporcionalidad y el derecho a la Igualdad, y por el contrario emerge violatorio de la normatividad constitucional.

 

Derecho a la libertad

 

Plasmado en el articulado de la carta magna, pero fundamentalmente en los artículos 13 y 28 de la misma, es considerado otro derecho inalienable, que establece además la prohibición de las penas imprescriptibles en Colombia. ¿Y qué es la pena de prisión perpetua?

Nuevamente el proyecto intenta romper con la estructura constitucional propia del Estado de Derecho al pretender imponer una sanción que, para justificarse, posibilita su revisión luego de cumplidos 25 años de cumplimiento de la misma.

 

¿Sirve la pena de prisión en esta clase de delitos?

 

Mucho se ha escrito sobre la razón por la cual un hombre o una mujer, viola a un(a) menor. La psicología ha esbozado las pulsiones como soporte de tal acción. Todo ser humano tiene pulsiones, pero conforme a su entorno, unos y otros manejan niveles frente a los mismos.

No estamos entonces frente a una acción cuyo reproche social sea equivalente al de un homicidio perpetrado por un sicario con fines económicos. No. Estamos frente a un sujeto al que la cárcel debe brindar la posibilidad de modificar su conducta y adaptarse a un esquema social.

Si como lo afirma la literatura estamos frente a un tema que debe ser tratado clínicamente, ¿por qué se acude a la simple exclusión del sujeto de la sociedad, sin posibilidad alguna de resocialización?
Ahora bien, bajo el supuesto de que el Legislativo, de la mano del Ejecutivo, impulsen la aprobación y sanción de la Ley en busca de mejorar los impresionantes índices de impopularidad que cargan, la misma pasará a control constitucional, y es probable que la Corte Constitucional la encuentre inconstitucional tal como alguna vez ya lo hiciera la Corte Suprema de Justicia bajo la vigencia de la Constitución Política de 1886 (lejana del Estado de Derecho). Si no soportó el debate constitucional otrora, es impensable que hoy lo logre.

Definitivamente, y a pesar de lo aberrante de este delito, no es la prisión perpetua la solución.

* Abogado.

 

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El aborto, el hilo que pretenden cortar

La Corte Constitucional citó de manera sorpresiva para el 2 de marzo del 2020, en Sala Plena extraordinaria, para decidir sobre las dos demandas interpuestas por la abogada Natalia Bernal, quien pide penalizar el aborto hasta en las tres causales despenalizadas desde el 2006. En contra, la ponencia del magistrado Alejandro Linares propone despenalizar totalmente el aborto en las primeras 16 semanas, y en adelante dejarlo condicionado a las tres causales de excepción que existen desde la sentencia C-355 2006.

Una posibilidad que escandaliza a la sociedad más conservadora de Colombia, con gritos como los de Álvaro Uribe trino en su teléfono: “rechazo la ponencia, basta con las 3 causales así no estemos de acuerdo. Objeción de conciencia”, o Margarita Restrepo que escribió: “Creo firmemente que desde el momento de la concepción se debe respetar la vida del que está por nacer. No comparto que la vida de un ser humano sea relativa y no absoluta, y se acabe por la voluntad de un tercero”.

Declaraciones, como las de Álvaro Uribe, quien no tuvo en cuenta la objeción de conciencia en sus dos mandatos de seguridad democrática, durante los cuales miles de jóvenes no estaban de acuerdo con ir a la guerra y sin embargo fueron reclutados en contra de su voluntad.

Con este debate reabierto por quienes pretenden dar al traste con una medida progresiva lograda años atrás por la lucha de miles de mujeres y la conciencia progresista de algunos magistrados, acercándonos a la realidad de los territorios, ¿cuáles son las barreras estatales, sociales e institucionales a las que se enfrentan mujeres en regiones y zonas rurales para el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)?

En el siguiente artículo, escrito para desdeabajo por la Fundación Surprise City, la Asociación Asmupaz y de la Corporación Violeta, podrán encontrar una mirada territorial sobre la interrupción voluntaria del embarazo:

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/38873-no-hay-derecho-miradas-territoriales-sobre-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo.html

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