Seguidoras de Bernie Sanders en Arizona.Caitlin O'Hara / AFP

A pesar de sus intentos de indentificarse con Obama, Sanders ha adoptado una estrategia maximalista, sin concesiones

Pocos movimientos políticos han sufrido un batacazo tan rápido y drástico como el que ha experimentado la campaña de Bernie Sanders entre los caucus de Nevada y el Supermartes. En el transcurso de 10 días, este aspirante ha pasado de ser el probable candidato demócrata a estar muy lejos de conseguirlo.

De hecho, las cosas se le han puesto tan mal que Sanders ha presentado un anuncio que intenta retratarlo como gran amigo del expresidente Barack Obama.

Los verificadores de datos han señalado que el anuncio es muy engañoso. Embarulla cosas que Obama ha dicho a lo largo de una década y deja fuera un contexto esencial. Pero el análisis fotograma a fotograma subestima de hecho lo hipócrita que es que Sanders intente identificarse con Obama. Porque el sandersismo, como filosofía, consiste precisamente en rechazar el obamaísmo. Es decir, se basa en negarse a aceptar la idea de una política gradual, de que medio pan es mejor que nada, y exige el maximalismo del todo o nada.

Lo cierto es que existen razones fundadas para las críticas de Sanders a Obama. Pero Sanders debería asumir esas críticas en lugar de pretender que nunca las ha hecho. Entonces, ¿de qué trata el debate? De valores, no, aunque Sanders y su círculo tienen la mala costumbre de insinuar que cualquiera que cuestione su estrategia política es un instrumento corrupto de la oligarquía. Obama estaba, y Joe Biden está, claramente a favor de objetivos progresistas como la cobertura sanitaria universal y la reducción de la desigualdad de rentas.

Pero Obama perseguía esos objetivos mediante cambios graduales. El Obamacare estaba diseñado para ampliar la cobertura sanitaria y al mismo tiempo trastornar lo menos posible la vida de quienes ya tenían un seguro médico. Obama subió los impuestos a los ricos más de lo que la mayoría de la gente imagina —en 2016, el tipo impositivo medio aplicado por el Gobierno federal al 1% era casi tan alto como antes de Reagan—, pero lo hizo con discreción, sin mucha retórica populista.

Desde el punto de vista de Sanders, este método gradual y discreto reflejaba falta de osadía (o quizá corrupción por parte de la “clase dominante”). Obama debería haber ido a por todas y (de alguna manera) haber implantado la sanidad pública para todos. Debería haber atacado frontalmente la desigualdad, con subidas de impuestos mucho mayores para “millonarios y multimillonarios”.

Y para ser justos, yo coincido de hecho en que Obama fue demasiado precavido en algunos frentes. En 2009 me tiré de los pelos públicamente por la clara parvedad del estimulo económico aplicado por Obama, y predije (correctamente) que sería un desastre político, porque la incapacidad de alcanzar resultados llamativos favorecería a los republicanos. Y creo que Obama podría haber conseguido mucho más si hubiera estado dispuesto a usar el proceso de conciliación —que permite utilizar la mayoría simple— para esquivar las tácticas obstruccionistas, como hicieron los republicanos para aprobar las rebajas fiscales de 2017.

También me disgustó mucho, en tiempo real, que Obama empezara a hacerse eco de los argumentos republicanos a favor de la austeridad presupuestaria, a pesar de que seguía habiendo un elevado desempleo. Y todavía creo que Obama podía y debería haber sometido un par de grandes bancos a la administración judicial temporal como precio por haberlos rescatado. Sin duda, Obama mostró demasiado respeto por los banqueros que habían sido los que en un principio nos llevaron a la crisis financiera.

Pero Sanders no está presentando un argumento selectivo y sosteniendo que Obama debería haber sido más decidido en algunos frentes. Defiende una agenda maximalista en todos ellos: eliminación total de los seguros de salud privados y una ampliación enorme de programas públicos que exigirían grandes subidas de impuestos tanto a la clase media como a los ricos.

La teoría política que respalda este maximalismo es la afirmación de que un programa populista audaz transformaría el paisaje electoral, atrayendo a más votantes blancos de clase obrera y aumentando el número de votantes, todo ello a una escala suficiente como para obtener una victoria aplastante en noviembre e intimidar a los miembros centristas del Congreso para que acepten propuestas radicales.

Por desgracia, no hay pruebas que respalden esta teoría política; en concreto, el prometido aumento de votantes jóvenes no se materializó el Supermartes. Por consiguiente, el sandersismo se parece bastante al linternismo verde, por su fe en que los milagros políticos pueden alcanzarse por pura fuerza de voluntad.

Como es natural, muchos seguidores de Sanders dirán que esto solo lo digo porque estoy a sueldo de los multimillonarios, o algo por el estilo.

En todo caso, necesitamos tener clara la naturaleza del debate en lo que queda de contienda demócrata. Insisto, no se trata de valores: los demócratas como grupo se han vuelto mucho más progresistas de lo que eran, y hasta un “centrista” como Biden defiende políticas —como una gran ampliación del Obamacare— que no hace mucho se habrían considerado demasiado izquierdistas.

Dicho esto, me preocupa que si Biden llega a ser presidente ceda con demasiada facilidad; los progresistas tendrán que presionarle al máximo y asegurarse de que el gradualismo no se convierte en rendición preventiva.

Sin embargo, Sanders, a pesar de sus intentos de última hora para identificarse con Obama, ha adoptado una estrategia maximalista, sin concesiones. Entiendo el atractivo emocional de dicha estrategia, sobre todo para sus seguidores jóvenes. Pero todo lo que sabemos da a entender que un progresista que insista en jugársela al todo o nada, acabará, pues eso, en nada.

 

06 Mar 2020 - 18:30COT

Por Paul Krugman, premio Nobel de Economía. © The New York Times, 2020. Traducción de News Clips

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Viernes, 06 Marzo 2020 06:19

Privatización del agua en Brasil.

El expresidente de Brasil Michel Temer y su ministro de Integración Nacional, Helder Barbalho, visitan las obras de desvío del cauce del San Francisco, en febrero de 2018 / Foto: Amazoniareal, Beto Barata

El parlamento está dando luz verde a un anhelo del presidente Jair Bolsonaro: la privatización de Brasil, ahora concretada en la privatización del agua y el alcantarillado. El resultado es una creciente militarización de las fuentes y los canales, que va de la mano de la criminalización de los sedientos.

Por 276 votos contra 124, la cámara de representantes aprobó, la noche del miércoles 11 de diciembre, el texto básico del proyecto que establece el marco legal del saneamiento básico. La propuesta establece nuevas normas para el sector y allana el camino para que los privados se hagan cargo del servicio. Para la oposición, “la cámara aprobó la privatización del agua” (Revista Forum, 11‑XII‑19).

Uno de los puntos más controvertidos del texto es el que hace obligatoria la licitación de los servicios de saneamiento para permitir la competencia entre las empresas públicas y privadas. “La mitad de los brasileños no tiene alcantarillado y 35 millones no acceden al agua limpia. Lo que decidirá si los municipios tendrán saneamiento son las potenciales ganancias de las grandes empresas”, dijo la congresista Sâmia Bomfim (Psol) al explicar su voto negativo.

A CONTRAMANO.

“Quienes defienden la privatización esconden el hecho de que desde 2000 han sido reestatizados 884 servicios de agua en el mundo”, añadió el diputado Glauber Braga (Psol). En efecto, un análisis del Transnational Institute reveló en 2017 que unas 180 ciudades de 35 países habían revertido la privatización del agua, desde Bolivia hasta Alemania. Entre las principales razones para tomar esa decisión figuraban el empeoramiento del servicio privatizado y el aumento desmedido de las tarifas, “ambos dictados por la necesidad de generar ganancias para los accionistas”, destaca el periodista Antonio Martins en la página Outras Palavras.

En tanto, la diputada del PTErika Kokay apuntó: “El agua es un derecho fundamental. No puede quedar atrapada en la lógica del lucro. Estamos ante un retroceso histórico que va a penalizar a los más pobres”. Los datos hablan por sí solos: apenas el 45 por ciento del alcantarillado pasa por algún tipo de tratamiento; el restante 55 por ciento, correspondiente a 5,6 millones de metros cúbicos por año, es arrojado directamente a la naturaleza.

Anderson Guahy, dirigente del Sindicato de los Trabajadores en Agua, Alcantarillado y Medio Ambiente de San Paulo, dijo al periódico Brasil de Fato: “Desde 2003, en la ley 11.445, aprobada durante el gobierno Lula, ha habido una regulación para que los municipios tuvieran un control mayor del saneamiento, intentando universalizarlo”. Las licitaciones que se prevén con la nueva ley favorecen a las grandes empresas de la construcción, del tipo de Odebrecht.

Además, los municipios cuyo saneamiento no genera ganancias pueden quedarse sin el servicio, porque hasta ahora había un “subsidio cruzado”, explica Guahy, que hacía que las ciudades donde se generaba ganancia subsidiaran a las que daban pérdidas. Con la privatización “los municipios menores y medios tendrán que pagar más, porque una entidad privada no está obligada, como una estatal, a suministrar agua a todos los municipios que asume y, por tanto, si no tiene ganancias, no va a invertir”.

GUERRA EN EL NORDESTE.

El 2 de febrero, día de Iemanjá, el diario O Estado de São Paulo comenzó a publicar una serie de notas tituladas “Guerra de las aguas”, del periodista Patrik Camporez. El diario destaca que los canales que desvían el agua del río San Francisco hacia las grandes haciendas de la fruticultura en el nordeste están siendo vigilados por guardias armados y drones, mientras se levantan muros para proteger el agua, convertida en negocio para exportar fruta.

Brasil posee el 12 por ciento de toda el agua dulce del mundo. El acceso al agua abundante y limpia fue libre durante siglos. Hasta los años noventa casi no había conflictos por ella. Pero en los últimos cinco años fueron registrados 63 mil conflictos con la intervención de la policía y surgieron 223 “zonas de tensión” por el agua. Diez años atrás había sólo 30 zonas de tensión, según la Agencia Nacional de Aguas.

Aunque los casos son muy diversos, hay un patrón común: “El poder económico, el agronegocio, la administración de las hidroeléctricas, las industrias y los taladores ilegales, que quieren apropiarse de las tierras fiscales, intentan de muchas maneras restringir el acceso a los ríos y las represas”, escribe Patrik Camporez (O Estado de São Paulo, 2‑II‑20). El mismo informe establece que el Estado los apoya y, en cambio, siempre salen perjudicados los pueblos originarios y negros, los agricultores familiares y las comunidades tradicionales.

La situación del árido y seco nordeste es tan grave que los pozos privados son vigilados por el ejército. La descripción del periodista parece cosa de otra época: “Jeeps con soldados cortan las calles polvorientas. La operación de guerra del ejército para controlar el agua del subsuelo se convirtió en rutina en el sertón nordestino”.

San José de Belmonte es una localidad de 30 mil habitantes en Pernambuco, célebre por un subsuelo pletórico de agua, codiciada por los especuladores. En la madrugada, la ciudad está congestionada por los camiones que recogen agua para venderla a la población.

“La carrera desenfrenada por los pozos de Belmonte llevó al gobierno federal a llamar al ejército para controlar y distribuir el agua en la región, que también es llevada en cisternas hacia los estados vecinos de Paraíba y Ceará”, apunta Camporez. El municipio tiene más de mil pozos grandes, de hasta 150 metros de profundidad.“En cada punto de captación hay un equipo del ejército.”


Conflictos eternos

De la tierra al agua

“Sin conseguir resolver el antiguo problema de los conflictos de tierras, el país vive ahora una nueva crisis. Cada curva de un río caudaloso y de corrientes casi secas es disputada a bala, facón o destornillador”, escribe el periodista Patrik Camporez.

Camporez detalla que los canales prohibidos para buena parte de los habitantes de las regiones irrigadas fueron construidos en las décadas del 80 y el 90 para las plantaciones de fruta de exportación en el nordeste.

“La criminalización de quienes no tienen agua es un drama más del semiárido nordeste. El equipo de reportaje estaba cerca del canal, en Petrolina, cuando pudo ver que un habitante se aproximó al curso con un balde y un barril, miró para los lados y, superando el miedo, agarró agua del lugar. Era Cosme Angel, de 26 años, que repartiría el barril con 20 vecinos”, relata Camporez. Cosme explicó luego a los periodistas: “Es una lucha diaria. Si quiero tomar agua directo de un río, tengo que buscar a más de 20 quilómetros en la costa. Entonces, prefiero correr el riesgo de que me vean y llamen a los vigías del agua para hacer la denuncia”.

El caso más emblemático es el del líder comunitario Haroldo de Silva Betcel, de 34 años, asesinado con un destornillador en las márgenes del Igarapé Tiningu, en Santarém, en el estado de Pará. La policía civil dijo que el crimen se debió a la disputa entre ribereños y hacendados por el control del curso del río Tapajós. “En el Brasil de hoy, el agua se convirtió en un asunto policial”, sentencia Camporez.

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Piñera: “No es solo la voluntad de los hombres de abusar, sino también la de las mujeres de ser abusadas”

El presidente de Chile se enreda a seis días del 8M con una polémica declaración sobre la violencia machista

A seis días de marcha por el Día Internacional de la Mujer, la primera de una serie de movilizaciones programadas para marzo en medio de las revueltas sociales, el presidente Sebastián Piñera se ha echado encima al movimiento feminista chileno. En una ceremonia donde promulgaba esta mañana la Ley Gabriela, una importante normativa que considerará feminicidio a todo asesinato de una mujer por razón de género, el mandatario ejemplificó: “A veces, no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas”. Acompañado por su esposa, Cecilia Morel, y la ministra de la Mujer, Isabel Plá, el presidente continuó: “Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra. Y que la sociedad entera la va a ayudar y respaldar en denunciar y en evitar que esos hechos sigan ocurriendo”.

En un país donde en 2019 se produjeron 62 feminicidios y solo este año ya han ocurrido seis, de acuerdo a la Red Chilena de Violencia contra las Mujeres, la condena a las palabras del presidente fue transversal. “Piñera no puede evitar que la misoginia se le escape por los poros y enlode su intento de cooptación”, acusó la Coordinadora Feminista 8M, que representa a diversas agrupaciones y colectivos de mujeres que el domingo saldrán a marchar y que desde este lunes realizan distintas acciones en todo Chile. “La culpa no es ni nunca ha sido nuestra. La culpa es de quienes nos abusan y violentan y de la institucionalidad que los ampara. Es el Estado, los jueces, los pacos [carabineros] y el presidente”, escribió la coordinadora en las redes sociales, en referencia a la letra de Un violador en tu camino, el himno global contra la violencia sexual hacia las mujeres, compuesto por el colectivo chileno Lastesis.

La propia ministra Plá, que este martes será interpelada en el Congreso, tuvo que aclarar los dichos de Piñera: “El presidente lo que ha querido decir no ha tenido que ver nunca con responsabilizar a las mujeres. Ha dicho que las mujeres de nuestro país deben saber que cuando denuncian van a contar con el apoyo de la sociedad y de las instituciones y de los poderes del Estado”. Luego, fue el propio mandatario el que debió salir a precisar sus palabras: “Quiero ser muy claro: la posición de nuestro Gobierno es tolerancia cero contra todo tipo de violencia y abuso contra las mujeres. Por eso llamo a las mujeres a denunciar de inmediato cualquier riesgo o cualquier amenaza contra su integridad o su vida”.

No es la primera vez que a Piñera se le acusa de machista. En 2011, en su primer mandato (2010-2014), en una clausura de una cumbre en México indicó: “¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un político y una dama? Cuando el político dice que ‘sí’, quiere decir ‘tal vez’; cuando dice ‘tal vez’, quiere decir que ‘no’, y cuando dice que ‘no’, no es político. Cuando una dama dice que ‘no’, quiere decir ‘tal vez’; cuando dice ‘tal vez’, quiere decir que ‘sí’, y cuando dice que ‘sí’, no es dama”, indicó el chileno en la clausura de la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en la localidad de Tuxtla. Nuevamente, sus palabras fueron ampliamente condenadas en Chile, sobre todo por el movimiento feminista.

En junio de 2017, en medio de la última campaña presidencial, en una actividad en la ciudad de Linares, a unos 300 kilómetros al sur de Santiago, nuevamente intentó realizar un chiste aludiendo al acoso hacia las mujeres: “Bueno muchachos, me acaban de sugerir un juego muy entretenido. Es muy sencillo: todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. ¿Qué les parece muchachos?”, expresó Piñera, para luego cerrar la actividad y despedirse de los asistentes.

Los dichos fueron condenados desde diferentes sectores y provocaron la reacción de la presidenta Michelle Bachelet, que gobernaba en su segundo mandato (2014-2018): “Una violación es expresión de la mayor violencia contra las mujeres. Bromear con eso es despreciarnos a todas y no es aceptable”, escribió la socialista. Hace tres años, acosado por las críticas, Piñera se excusó: “Me disculpo por una mala broma que no afecta mi aprecio y respeto por todas las mujeres. Lamento el aprovechamiento político que ha generado”. Posteriormente, su comando difundió un vídeo de su esposa: “Sebastián ya pidió disculpas. Las chilenas saben del compromiso que él tuvo y seguirá teniendo por el avance de sus derechos”.

En los últimos años, la élite chilena ha enfrentado diversos episodios machistas. A fines de 2016, en una cena de la Agrupación de Exportadores de Manufacturas, Asexma, la asociación de empresarios regaló una muñeca hinchable al ministro de Economía de Bachelet, Luis Felipe Céspedes. La figura estaba desnuda y tenía un cartel tapándole la boca donde se podía leer: “Para estimular la economía”. En el escenario, junto a Céspedes, se hallaban dos dirigentes destacados del centroizquierda, que celebraron con risas el episodio: el exsecretario general de la OEA José Miguel Insulza y el senador y excandidato presidencial Alejandro Guillier. Ante la polémica, los involucrados, incluida la gremial Asexma, tuvieron que ofrecer disculpas públicas.

Piñera no eligió esta vez el mejor momento. El próximo domingo se espera que se repitan las multitudinarias marchas del 8M de 2019, cuando medio millón de chilenas salieron a las calles para protestar contra la violencia machista. Este año habrá un componente político adicional, porque Chile debate la paridad de género en el proceso constituyente. El 26 de abril próximo, Chile definirá en un plebiscito si reemplazará la Constitución de Pinochet de 1980 y, de hacerlo, el órgano que estará encargado de redactar una nueva Carta Fundamental.

Santiago de Chile - 02 Mar 2020 - 16:40COT

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Dick y Liz Uihlein en la toma de posesión del presidente Trump en Washington. Antes de unirse a la campaña de Trump, Uihlein respaldó las candidaturas de Scott Walker, el gobernador de Wisconsin y el senador Ted Cruz de Texas. Foto: Katherine Skiba / The New York Times

Grupos de gasto político independientes (PAC) están preparando sus arsenales para inundar las ondas con anuncios electorales de 2020 que elogian a sus candidatos preferidos o atacan a los que no les gustan. Millonarios y multimillonarios de derecha y corporaciones de combustibles fósiles los están ayudando a hacerlo.

Liderando el grupo están Richard y Elizabeth Uihlein, los ejecutivos del medio oeste del gigante de suministros de embalaje gigante Uline, que donaron un total de $ 19.4 millones a siete súper PAC desde enero de 2019 hasta enero de 2020.

El conglomerado de petróleo y materiales Koch Industries ha donado la mayor parte de cualquier corporación hasta el momento, dando casi $ 5.3 millones a tres súper PAC, incluidos $ 4 millones a AFP Action, que es el grupo hermano de la organización sin fines de lucro política de Charles Koch, Americans for Prosperity . También financiando a AFP Action está el predecesor del grupo, Freedom Partners Action Fund, que dio casi $ 6.5 millones.

Los súper PAC conservadores deben gracias no solo a Koch Industries sino también a otras compañías de combustibles fósiles, un grupo comercial, ejecutivos de combustibles fósiles y sus cónyuges, y herederos de fortunas de combustibles fósiles. Los intereses de los combustibles fósiles donaron casi $ 18.8 millones a los súper PAC conservadores y los PAC híbridos, comités que operan tanto un súper PAC como un PAC tradicional, desde enero de 2019 hasta enero de 2020.

Chevron, ConocoPhillips y Valero dieron más de $ 1 millón a los Súper PAC del Partido Republicano. Ejecutivos como el presidente de Western Refining, Paul Foster, el CEO de Midland Energy, S. Javaid Anwar, y el CEO de Alliance Resource Partners, Joe Craft, dieron sumas de seis o siete cifras.

Los megadonantes

Richard Uihlein se ha convertido en un megadonante republicano clave en los últimos años. En 2010, ocupó el puesto 36 en la lista de los principales donantes a grupos de gastos políticos externos a nivel federal. Durante esa década, subió la escalera hasta que aumentó enormemente sus gastos en 2018 , dando casi $ 38 millones a grupos externos.

En las elecciones actuales, las donaciones de Uihlein parecen continuar esta tendencia al alza. Desde el año pasado, Richard y su esposa, Elizabeth Uihlein, han dado la mayor cantidad de dinero ($ 12.5 millones) de cualquier donante a Club for Growth Action . Pero también dieron grandes cantidades a los pro-Trump America First Action ($ 1.5 millones), Americas PAC ($ 1.5 millones), House Freedom Action ($ 1 millón), Kentucky Tomorrow ($ 250,000), Restoration PAC ($ 2.5 millones) y Senate Conservative Acción ($ 125,000). En total, la pareja ha entregado $ 19.4 millones a super PAC conservadores.

En mayo de 2016, Elizabeth Uihlein llegó al Comité de Victoria de Trump, que recaudó dinero para la campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano, después de un gasto político considerable.

Los Uihleins también han gastado mucho en las elecciones estatales, impulsando la campaña de 2014 del republicano Bruce Rauner, quien se convirtió en gobernador de Illinois. Richard Uihlein ha expresado puntos de vista anti-gay y anti-transgénero y ha respaldado a candidatos extremistas como Roy Moore de Alabama, un evangélico de derecha acusado de mala conducta sexual por parte de múltiples mujeres.

Timothy Mellon , el propietario mayoritario de la compañía de transporte Pan Am Systems y heredero de la fortuna de acero Mellon, donó $ 10 millones al Fondo de Liderazgo del Congreso, que gasta dinero para impulsar a los candidatos republicanos de la Cámara, por segundo ciclo electoral consecutivo. Además, Mellon dio $ 2.5 millones al principal súper PAC de los republicanos del Senado, el Fondo de Liderazgo del Senado.

Mellon es un gran donante del Partido Republicano que donó $ 1.5 millones en 2010 al fondo de defensa legal de Arizona, ya que luchó contra las demandas por su severa ley antiinmigrante SB 1070. En 2014, puso $ 30,000 en el Comité Nacional del Proyecto Ben Carson para el Presidente y donó el monto máximo permitido para la campaña presidencial de Carson el año siguiente. En el ciclo electoral actual, Mellon ha donado principalmente a candidatos republicanos, pero entregó la cantidad máxima permitida de $ 2,800 a la campaña del representante demócrata Tulsi Gabbard (D-HI).

Mellon está relacionado con la familia Scaife, que, a través de las fundaciones de la familia Scaife, es uno de los principales financiadores del movimiento de derecha, incluidos varios grupos de odio .

Otros donantes principales que han donado varios millones de dólares a los Súper PAC del Partido Republicano incluyen:

Jeff Yass, director gerente de la firma de inversión Susquehanna International Group: $ 4.1 millones. Club for Growth Action ($ 2 millones) y Protect Freedom PAC ($ 2.1 millones).

Warren A. Stephens, CEO del banco de inversión Stephens, Inc .: $ 3.6 millones. 1820 PAC ($ 250,000), America First Action ($ 500,000), Fondo de Liderazgo del Congreso ($ 750,000), Security is Strength PAC ($ 50,000), Fondo de Liderazgo del Senado ($ 1.5 millones), Waiting for Women Action Fund ($ 500,000).

Paul E. Singer, presidente de la compañía de fondos de cobertura Elliott Management Group: $ 3.5 millones. Fondo de Liderazgo del Congreso ($ 1 millón), Fondo de Liderazgo del Senado ($ 2 millones), Fondo de Acción de Mujeres Esperando ($ 500,000).

Stephen A. Schwarzman, CEO de la firma de capital privado Blackstone: $ 3 millones. 1820 PAC ($ 500,000), Fondo de Liderazgo del Congreso ($ 2.5 millones).

En total, 24 personas y parejas han donado $ 1 millón o más a super PAC conservadores desde 2019.

Algunos grandes donantes contribuyeron individualmente y a través de sus empresas. El CEO de Mountaire Farms, Ronald Cameron, donó $ 2.8 millones de su propio dinero, incluyendo $ 1 millón a AFP Action, mientras que su compañía donó $ 500,000 a los fondos de liderazgo del Congreso y del Senado.

Seis miembros de la familia de la Secretaria de Educación Betsy DeVos , incluido su esposo, Dick DeVos, se combinaron para donar un total de $ 2.3 millones a super PAC: America First Action ($ 400,000), Better Future MI Fund ($ 700,000), el Fondo de Liderazgo del Congreso ($ 450,000) y el Fondo de Liderazgo del Senado ($ 750,000).

Koch Industries lidera las contribuciones corporativas

El Centro para los Medios y la Democracia (CMD) realizó un seguimiento de $ 23.5 millones en donaciones corporativas directas a súper PAC conservadores desde 2019, gran parte de las cuales provienen de compañías de combustibles fósiles, más prominentemente, de Koch Industries.

Además de donar $ 4 millones a AFP Action, Koch Industries entregó $ 500,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso y $ 750,000 al Fondo de Liderazgo del Senado. La compañía donó casi $ 5.3 millones a super PAC desde 2019 hasta enero de 2020.

El conglomerado inmobiliario Hillwood Development Co. otorgó cerca de $ 3.1 millones a los GAC PAC, incluidos $ 1.1 millones al Fondo de Liderazgo del Congreso, $ 1 millón al Fondo de Liderazgo del Senado y $ 1 millón a Engage Texas, un súper PAC financiado por empresas con sede en Texas y ejecutivos de negocios que se lanzaron en junio de 2019 "con el objetivo de registrar cientos de miles de nuevos votantes y convencerlos de ayudar a mantener el estado rojo en noviembre".

El fundador de Hillwood Development, Ross Perot, Jr., dio $ 10,000 a los Tejanos para una mayoría conservadora, un súper PAC que fue fundado en 2013 por un cabildero corporativo para ayudar a reelegir al senador John Cornyn (R-TX) y salió de la hibernación el año pasado para ayudar el senador mantiene su asiento nuevamente.

El gigante petrolero Chevron agregó $ 1 millón al Fondo de Liderazgo del Senado, $ 750,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso y $ 15,000 al PAC Maverick. ConocoPhillips ANS Marketing Company, una subsidiaria de ConocoPhillips, donó $ 1 millón al Fondo de Liderazgo del Senado y $ 250,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso. La compañía de oleoductos y gasoductos Energy Transfer donó $ 1 millón a Engage Texas y $ 100,000 a los tejanos para una mayoría conservadora.

Treinta y siete empresas y un grupo comercial donaron más de $ 100,000 a super PAC conservadores desde 2019 hasta enero de 2020.

El grupo comercial American Fuel and Petrochemical Manufacturers dio $ 100,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso y $ 10,000 al Black Bear PAC con sede en Virginia Occidental.

(Tomado de Truthout / Traducción Cubadebate)

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https://psicologiajuridicaforense.wordpress.com/tag/tratamiento-psicologico-para-violadores/

El debate en Colombia frente a la pena que deben tener los violadores de menores de edad es álgido y refiere a una discusión jurídica compleja y un debate que la sociedad debe dar más allá de lo visceral, ¿violando el sentido de la pena lograrán controlar a los violadores de menores?

 

El 11 de diciembre del 2019, el Proyecto de Acto Legislativo con radicado Senado: 21/19, Cámara: 001/19 y Acumulado 047/19, surtió el segundo debate en el Senado para completar así los cuatro debates (dos en Cámara y dos en Senado) en la vigencia 2019, lo que permite seguir su trámite para la vigencia 2020.

El proyecto conocido como “condena perpetua a violadores”, cruza por eventos de tanto impacto como el de Yuliana Samboní, y la ola de opinión en su favor. Se pretende modificar el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. El texto aprobado fue el siguiente: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”. “Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado”.

Se resalta que el tipo penal descrito tiene que ver con el Homicidio Doloso, el acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir sobre niño, niña o adolescente. No únicamente sobre el acceso carnal (conocido como violación).

La discusión no es nueva. Es la tercera vez que se presenta un proyecto en este sentido: La primera, buscaba convocar a un referéndum para imponer la prisión perpetua por delitos contra menores, fue sancionado y entró en vigencia por medio de la Ley 1327 de 2009, pero fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-397/10, por vicios de forma.

La segunda vez se radicó el Acto legislativo 55/17, el primero de agosto de 2017, y tras un debate fue retirado el 29 de noviembre del mismo año.

 

Aristas del debate

 

Esa es la historia del trámite legislativo hasta hoy, pero el debate tiene dos aristas. La primera, la del clamor mediático pulsado por hechos llenos de dolor y que ha llevado incluso a propuestas de pena de muerte a violadores, aprovechada sin pudor por políticos; la segunda, desde la academia, bajo elementos rigurosos de política criminal.

Necesario advertir que el Estado, si bien debe interpretar la opinión ciudadana, tiene la obligación de hacer análisis profundos y apartarse del amarillismo de los medios que hacen de una noticia un boom de presión con fines non sanctos propios de alguna ideología política.

La Comisión Asesora para la Política Criminal, adscrita al Consejo Superior de Política Criminal, integrada por expertos particulares y orientada por los principios de independencia académica, pluralismo, equidad, confianza y uso de metodologías diversas, creada por el Decreto 2055 de 2014, emitió su concepto el 18 de mayo de 2019 sobre la pena de prisión perpetua.

Dijo la Comisión: “En los últimos años se ha pretendido recurrir a la pena de prisión perpetua para castigar a quienes cometan delitos graves en contra de los niños, las niñas y los adolescentes, afirmando que se trata de una medida idónea para protegerlos de este tipo de agresiones. El argumento se basa, principalmente, en el artículo 44 de la Constitución Política, según el cual “los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás”, de tal manera que los niños tendrían derecho a que sus agresores sean castigados de forma permanente. No obstante, en primer lugar, estas propuestas incumplen los requisitos previstos para la política criminal, por parte de la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015, según la cual, esta debe: (i) tener un carácter preventivo; (ii) respetar el uso del derecho penal como última ratio; (iii) respetar el principio de la libertad personal, de forma estricta y reforzada; (iv) buscar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados; (v) las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales; (vi) ser coherente; (vii) estar sustentada en elementos empíricos; (viii) ser sostenible; (ix) hacer una medición de costos en derechos económicos; y, finalmente, (x) proteger los derechos humanos de los presos”.

Le asiste razón a la Comisión Asesora. Explicamos algunos de sus argumentos:

 

Los fines de la pena

 

De conformidad con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”. Igualmente, el Código Nacional Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), en su artículo 10, menciona la función resocializadora de la pena.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-656 de 1996, señaló que:

“La resocialización, concebida como garantía y centrada en la órbita de la autonomía del individuo, no consiste en la imposición estatal de un esquema prefijado de valores, sino en la creación de las bases de un auto desarrollo libre y, en todo caso, como disposición de los medios y de las condiciones que impidan que la persona vea empeorado, a consecuencia de la intervención penal, su estado general y sus opciones de resocialización. De esta manera, como garantía material del individuo, la función resocializadora promovida por el Estado, encuentra su límite en la autonomía de la persona. Esta función no puede operar a costa de ella. El aspecto negativo de la misma se convierte entonces en el aspecto decisivo: la idea de resocialización se opone, ante todo, a penas y condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o por sus consecuencias desocializadoras. / La dignidad humana, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad humana, son entonces los marcos para la interpretación de todas las medidas con vocación resocializadora”.

Esta posición de la Alta Corte corresponde a la defensa de la Dignidad Humana, establecida en el artículo 1ro de la Constitución Política en el marco del Estado Social de Derecho, y en el artículo 5to de la misma que establece la primacía de los derechos inalienables de la persona, y en ese orden de ideas, la modificación al artículo 34 de la Constitución Política se torna inconstitucional.

 

Derecho a la igualdad

 

La exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo manipula el concepto al desconocer el principio de proporcionalidad de la pena y el valor del bien jurídico tutelado. Tal como lo hiciera el legislativo con la Ley 40 de 1993, luego del secuestro del ex-embajador en Estados Unidos Francisco “Pacho” Santos, que impuso una pena de hasta 40 años para este tipo de delito, muy a pesar de que el Código Penal, Ley 100 de 1980, establecía como pena máxima para el homicidio 15 años de prisión. La propuesta generó el siguiente dilema: ¿Es el bien jurídico libertad más importante que el bien jurídico vida? La respuesta no puede ser más sencilla: sin vida no hay libertad. Es el bien jurídico primigenio por excelencia. No obstante, la presión social llevó a incrementar entonces la pena para el homicidio a 40 años. Sin argumentos de fondo, se legisló sin juicio académico ni política criminal.

En este orden de ideas, tendríamos entonces la siguiente pregunta: ¿Si el acceso carnal violento sobre menor ostentase la pena de prisión perpetua, el homicidio en menor, no podría tener la misma pena como lo establece el proyecto, sino que debe imponerse la pena de muerte? En la lógica populista, éste sería el siguiente paso.

El Proyecto en discusión dista de tener en su motivación un análisis acertado frente al principio de proporcionalidad y el derecho a la Igualdad, y por el contrario emerge violatorio de la normatividad constitucional.

 

Derecho a la libertad

 

Plasmado en el articulado de la carta magna, pero fundamentalmente en los artículos 13 y 28 de la misma, es considerado otro derecho inalienable, que establece además la prohibición de las penas imprescriptibles en Colombia. ¿Y qué es la pena de prisión perpetua?

Nuevamente el proyecto intenta romper con la estructura constitucional propia del Estado de Derecho al pretender imponer una sanción que, para justificarse, posibilita su revisión luego de cumplidos 25 años de cumplimiento de la misma.

 

¿Sirve la pena de prisión en esta clase de delitos?

 

Mucho se ha escrito sobre la razón por la cual un hombre o una mujer, viola a un(a) menor. La psicología ha esbozado las pulsiones como soporte de tal acción. Todo ser humano tiene pulsiones, pero conforme a su entorno, unos y otros manejan niveles frente a los mismos.

No estamos entonces frente a una acción cuyo reproche social sea equivalente al de un homicidio perpetrado por un sicario con fines económicos. No. Estamos frente a un sujeto al que la cárcel debe brindar la posibilidad de modificar su conducta y adaptarse a un esquema social.

Si como lo afirma la literatura estamos frente a un tema que debe ser tratado clínicamente, ¿por qué se acude a la simple exclusión del sujeto de la sociedad, sin posibilidad alguna de resocialización?
Ahora bien, bajo el supuesto de que el Legislativo, de la mano del Ejecutivo, impulsen la aprobación y sanción de la Ley en busca de mejorar los impresionantes índices de impopularidad que cargan, la misma pasará a control constitucional, y es probable que la Corte Constitucional la encuentre inconstitucional tal como alguna vez ya lo hiciera la Corte Suprema de Justicia bajo la vigencia de la Constitución Política de 1886 (lejana del Estado de Derecho). Si no soportó el debate constitucional otrora, es impensable que hoy lo logre.

Definitivamente, y a pesar de lo aberrante de este delito, no es la prisión perpetua la solución.

* Abogado.

 

Publicado enEdición Nº265
https://psicologiajuridicaforense.wordpress.com/tag/tratamiento-psicologico-para-violadores/

El debate en Colombia frente a la pena que deben tener los violadores de menores de edad es álgido y refiere a una discusión jurídica compleja y un debate que la sociedad debe dar más allá de lo visceral, ¿violando el sentido de la pena lograrán controlar a los violadores de menores?

 

El 11 de diciembre del 2019, el Proyecto de Acto Legislativo con radicado Senado: 21/19, Cámara: 001/19 y Acumulado 047/19, surtió el segundo debate en el Senado para completar así los cuatro debates (dos en Cámara y dos en Senado) en la vigencia 2019, lo que permite seguir su trámite para la vigencia 2020.

El proyecto conocido como “condena perpetua a violadores”, cruza por eventos de tanto impacto como el de Yuliana Samboní, y la ola de opinión en su favor. Se pretende modificar el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. El texto aprobado fue el siguiente: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”. “Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado”.

Se resalta que el tipo penal descrito tiene que ver con el Homicidio Doloso, el acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir sobre niño, niña o adolescente. No únicamente sobre el acceso carnal (conocido como violación).

La discusión no es nueva. Es la tercera vez que se presenta un proyecto en este sentido: La primera, buscaba convocar a un referéndum para imponer la prisión perpetua por delitos contra menores, fue sancionado y entró en vigencia por medio de la Ley 1327 de 2009, pero fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-397/10, por vicios de forma.

La segunda vez se radicó el Acto legislativo 55/17, el primero de agosto de 2017, y tras un debate fue retirado el 29 de noviembre del mismo año.

 

Aristas del debate

 

Esa es la historia del trámite legislativo hasta hoy, pero el debate tiene dos aristas. La primera, la del clamor mediático pulsado por hechos llenos de dolor y que ha llevado incluso a propuestas de pena de muerte a violadores, aprovechada sin pudor por políticos; la segunda, desde la academia, bajo elementos rigurosos de política criminal.

Necesario advertir que el Estado, si bien debe interpretar la opinión ciudadana, tiene la obligación de hacer análisis profundos y apartarse del amarillismo de los medios que hacen de una noticia un boom de presión con fines non sanctos propios de alguna ideología política.

La Comisión Asesora para la Política Criminal, adscrita al Consejo Superior de Política Criminal, integrada por expertos particulares y orientada por los principios de independencia académica, pluralismo, equidad, confianza y uso de metodologías diversas, creada por el Decreto 2055 de 2014, emitió su concepto el 18 de mayo de 2019 sobre la pena de prisión perpetua.

Dijo la Comisión: “En los últimos años se ha pretendido recurrir a la pena de prisión perpetua para castigar a quienes cometan delitos graves en contra de los niños, las niñas y los adolescentes, afirmando que se trata de una medida idónea para protegerlos de este tipo de agresiones. El argumento se basa, principalmente, en el artículo 44 de la Constitución Política, según el cual “los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás”, de tal manera que los niños tendrían derecho a que sus agresores sean castigados de forma permanente. No obstante, en primer lugar, estas propuestas incumplen los requisitos previstos para la política criminal, por parte de la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015, según la cual, esta debe: (i) tener un carácter preventivo; (ii) respetar el uso del derecho penal como última ratio; (iii) respetar el principio de la libertad personal, de forma estricta y reforzada; (iv) buscar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados; (v) las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales; (vi) ser coherente; (vii) estar sustentada en elementos empíricos; (viii) ser sostenible; (ix) hacer una medición de costos en derechos económicos; y, finalmente, (x) proteger los derechos humanos de los presos”.

Le asiste razón a la Comisión Asesora. Explicamos algunos de sus argumentos:

 

Los fines de la pena

 

De conformidad con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”. Igualmente, el Código Nacional Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), en su artículo 10, menciona la función resocializadora de la pena.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-656 de 1996, señaló que:

“La resocialización, concebida como garantía y centrada en la órbita de la autonomía del individuo, no consiste en la imposición estatal de un esquema prefijado de valores, sino en la creación de las bases de un auto desarrollo libre y, en todo caso, como disposición de los medios y de las condiciones que impidan que la persona vea empeorado, a consecuencia de la intervención penal, su estado general y sus opciones de resocialización. De esta manera, como garantía material del individuo, la función resocializadora promovida por el Estado, encuentra su límite en la autonomía de la persona. Esta función no puede operar a costa de ella. El aspecto negativo de la misma se convierte entonces en el aspecto decisivo: la idea de resocialización se opone, ante todo, a penas y condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o por sus consecuencias desocializadoras. / La dignidad humana, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad humana, son entonces los marcos para la interpretación de todas las medidas con vocación resocializadora”.

Esta posición de la Alta Corte corresponde a la defensa de la Dignidad Humana, establecida en el artículo 1ro de la Constitución Política en el marco del Estado Social de Derecho, y en el artículo 5to de la misma que establece la primacía de los derechos inalienables de la persona, y en ese orden de ideas, la modificación al artículo 34 de la Constitución Política se torna inconstitucional.

 

Derecho a la igualdad

 

La exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo manipula el concepto al desconocer el principio de proporcionalidad de la pena y el valor del bien jurídico tutelado. Tal como lo hiciera el legislativo con la Ley 40 de 1993, luego del secuestro del ex-embajador en Estados Unidos Francisco “Pacho” Santos, que impuso una pena de hasta 40 años para este tipo de delito, muy a pesar de que el Código Penal, Ley 100 de 1980, establecía como pena máxima para el homicidio 15 años de prisión. La propuesta generó el siguiente dilema: ¿Es el bien jurídico libertad más importante que el bien jurídico vida? La respuesta no puede ser más sencilla: sin vida no hay libertad. Es el bien jurídico primigenio por excelencia. No obstante, la presión social llevó a incrementar entonces la pena para el homicidio a 40 años. Sin argumentos de fondo, se legisló sin juicio académico ni política criminal.

En este orden de ideas, tendríamos entonces la siguiente pregunta: ¿Si el acceso carnal violento sobre menor ostentase la pena de prisión perpetua, el homicidio en menor, no podría tener la misma pena como lo establece el proyecto, sino que debe imponerse la pena de muerte? En la lógica populista, éste sería el siguiente paso.

El Proyecto en discusión dista de tener en su motivación un análisis acertado frente al principio de proporcionalidad y el derecho a la Igualdad, y por el contrario emerge violatorio de la normatividad constitucional.

 

Derecho a la libertad

 

Plasmado en el articulado de la carta magna, pero fundamentalmente en los artículos 13 y 28 de la misma, es considerado otro derecho inalienable, que establece además la prohibición de las penas imprescriptibles en Colombia. ¿Y qué es la pena de prisión perpetua?

Nuevamente el proyecto intenta romper con la estructura constitucional propia del Estado de Derecho al pretender imponer una sanción que, para justificarse, posibilita su revisión luego de cumplidos 25 años de cumplimiento de la misma.

 

¿Sirve la pena de prisión en esta clase de delitos?

 

Mucho se ha escrito sobre la razón por la cual un hombre o una mujer, viola a un(a) menor. La psicología ha esbozado las pulsiones como soporte de tal acción. Todo ser humano tiene pulsiones, pero conforme a su entorno, unos y otros manejan niveles frente a los mismos.

No estamos entonces frente a una acción cuyo reproche social sea equivalente al de un homicidio perpetrado por un sicario con fines económicos. No. Estamos frente a un sujeto al que la cárcel debe brindar la posibilidad de modificar su conducta y adaptarse a un esquema social.

Si como lo afirma la literatura estamos frente a un tema que debe ser tratado clínicamente, ¿por qué se acude a la simple exclusión del sujeto de la sociedad, sin posibilidad alguna de resocialización?
Ahora bien, bajo el supuesto de que el Legislativo, de la mano del Ejecutivo, impulsen la aprobación y sanción de la Ley en busca de mejorar los impresionantes índices de impopularidad que cargan, la misma pasará a control constitucional, y es probable que la Corte Constitucional la encuentre inconstitucional tal como alguna vez ya lo hiciera la Corte Suprema de Justicia bajo la vigencia de la Constitución Política de 1886 (lejana del Estado de Derecho). Si no soportó el debate constitucional otrora, es impensable que hoy lo logre.

Definitivamente, y a pesar de lo aberrante de este delito, no es la prisión perpetua la solución.

* Abogado.

 

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El aborto, el hilo que pretenden cortar

La Corte Constitucional citó de manera sorpresiva para el 2 de marzo del 2020, en Sala Plena extraordinaria, para decidir sobre las dos demandas interpuestas por la abogada Natalia Bernal, quien pide penalizar el aborto hasta en las tres causales despenalizadas desde el 2006. En contra, la ponencia del magistrado Alejandro Linares propone despenalizar totalmente el aborto en las primeras 16 semanas, y en adelante dejarlo condicionado a las tres causales de excepción que existen desde la sentencia C-355 2006.

Una posibilidad que escandaliza a la sociedad más conservadora de Colombia, con gritos como los de Álvaro Uribe trino en su teléfono: “rechazo la ponencia, basta con las 3 causales así no estemos de acuerdo. Objeción de conciencia”, o Margarita Restrepo que escribió: “Creo firmemente que desde el momento de la concepción se debe respetar la vida del que está por nacer. No comparto que la vida de un ser humano sea relativa y no absoluta, y se acabe por la voluntad de un tercero”.

Declaraciones, como las de Álvaro Uribe, quien no tuvo en cuenta la objeción de conciencia en sus dos mandatos de seguridad democrática, durante los cuales miles de jóvenes no estaban de acuerdo con ir a la guerra y sin embargo fueron reclutados en contra de su voluntad.

Con este debate reabierto por quienes pretenden dar al traste con una medida progresiva lograda años atrás por la lucha de miles de mujeres y la conciencia progresista de algunos magistrados, acercándonos a la realidad de los territorios, ¿cuáles son las barreras estatales, sociales e institucionales a las que se enfrentan mujeres en regiones y zonas rurales para el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)?

En el siguiente artículo, escrito para desdeabajo por la Fundación Surprise City, la Asociación Asmupaz y de la Corporación Violeta, podrán encontrar una mirada territorial sobre la interrupción voluntaria del embarazo:

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/38873-no-hay-derecho-miradas-territoriales-sobre-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo.html

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Ray Fisher, Jose La Luz, Bernie Sanders, Kendrick Sampson y Phil Agnew.Foto Marco Cruz

Nueva York. “Este es un movimiento de pueblo… que brota de la indignación y la esperanza, y con una columna vertebral de jóvenes”, afirma Jose La Luz, representante nacional/portavoz del candidato presidencial Bernie Sanders, en entrevista con La Jornada.

La Luz es un veterano luchador social y estratega laboral que ha sido director de educación popular de sindicatos y organizaciones sociales nacionales, coordinó la organización de más de 125 mil trabajadores del sector público en Puerto Rico, promotor de solidaridad internacional incluyendo México y Estados Unidos como parte de movimientos altermundistas, quien ahora ve parte de ese mosaico de experiencias en el movimiento insurgente electoral del socialista democrático Sanders.

En su participación con la campaña –ha estado trabajando en Texas, Nevada y Carolina del Sur– La Luz también introduce las realidades de "nuestros países" en las Américas como una dimensión del trabajo electoral.

Al preguntarle cómo explicaría el fenómeno de Sanders a quienes están observando todo esto desde fuera de este país, La Luz responde que "sin duda alguna, este es un movimiento de pueblo, es popular, tiene toda esa fuerza que para algunos resulta inexplicable pero que para muchos que llevamos años como luchadores sociales sabemos de dónde proviene. Esta indignación, la rabia de gente trabajadora en este país que siente ante promesas incumplidas, la manipulación constante de los que se proclaman amigos de los trabajadores y tan pronto que salen electos, es lo primero que olvidan, los compromisos con la gente trabajadora. Ya no aguantan más, como que se colmó el vaso y entonces eso es lo que estamos viendo y sintiendo, una indignación creciente entre gente trabajadora que obviamente incluye nuestra gente latina".

Esta indignación, agrega La Luz, proviene de la aplicación de la agenda neoliberal dentro de Estados Unidos, señalando que “en otros tiempos, amplios sectores de la clase trabajadora en este país se beneficiaba de la expansión imperialista y las políticas neoliberales aplicadas en otros países, pero hoy día están padeciendo las mismas consecuencias aquí. Es una clase trabajadora multirracial como sabemos, probablemente la más multirracial de los países avanzados... y todos han estado sufriendo los embates de ese proyecto neoliberal. (https://www.youtube.com/watch?v=QyciQNLBnYU).

"Desde la óptica de nuestros países, el resultado de un eventual triunfo de Sanders es que existiría un aliado estratégico que nuestra gente en América Latina necesita desesperadamente, un presidente de este país con respeto para nuestros pueblos, con un propósito de fomentar una economía de prosperidad compartida y una relación comercial que no sea definida por los grandes intereses financieros y empresarios, sino con base en las necesidades sociales en el continente para hacer frente a la creciente desigualdad", agregó.

"Por esto se presenta la posibilidad de una relación de solidaridad entre trabajadores del norte y el sur se puede plasmar con un gobierno de una persona comprometida como Sanders."

Comenta que voluntarios solidarios internacionales que han venido de Europa, Australia, Japón y otros países para trabajar con la campaña de Sanders "ven a Sanders como ese aliado estratégico que tanta falta nos ha hecho por tantos años".

La Luz considera, en vísperas del supermartes (se vota en 14 estados), que "si ganamos Texas y California, veo muy difícil que nos logren impedir que Bernie gane la mayoría de los delegados aunque no logre la cantidad suficiente para obtener la nominación (mil 991). El Partido Demócrata tiene un dilema muy importante porque si hacen lo que algunos proponen de organizar una maniobra (en la Convención Nacional) para negarle la nominación a Bernie, yo creo que es como decir: prepárense para otros cuatro años de Donald Trump".

“El voto latino fue contundente en nuestro triunfo en Nevada. La clave fue la gente joven, ya que sabíamos que ellos y ellas iban a arrastrar a sus padres y, efectivamente, así ocurrió. Porque el miedo que tenía nuestra gente no es sólo por el asunto de la migra y las deportaciones, sino por la represión que ocurre cotidianamente en este país desde que este señor (Trump) nos puso un blanco sobre nuestras espaldas, pero quienes les dieron valor para ir a particular fueron sus hijos”, comentó La Luz.

Recuerda que cuando llegaban a las casas a promover el voto, los padres eran renuentes en dejarlos pasar, pero que sus hijos intervenían y decían: “son la gente del tío Bernie, los tienen que escuchar, y con eso nos dejaban entrar para platicar”.

Y esa gente latina trabajadora tiene entre sus prioridades el acceso a servicios de salud y educación para sus hijos, justo lo que propone Sanders, un seguro de salud universal y educación universitaria gratuita, además de su compromiso con una reforma migratoria y cancelar la medidas mas antimigrantes del actual régimen. Eso explica el triunfo en Nevada, manifestó La Luz, por lo que se promueve esa misma estrategia en otros estados entre un amplio sector latino.

Y su carácter de movimiento será clave si triunfa el senador. "Sanders siempre reitera que este movimiento no se desarticule después de una victoria electoral, sino que al contrario, que continúe organizando y cobrando fuerza porque para lograr su proyecto político hará falta una movilización permanente" para enfrentar a los opositores tanto dentro como fuera del partido y los grandes intereses para la transformación del país.

Los jóvenes que son la columna vertebral de este movimiento también son luchadores en otros movimientos sociales, asegura La Luz. "Ellos son los que me dan tanto ánimo, me dan esperanza de que, efectivamente, hay un relevo que va a continuar la lucha".

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Lunes, 02 Marzo 2020 06:04

Alarma por una reforma sin voto

Científicos protestan contra la reforma de pensiones en Paris.  ________________________________________ Imagen: AFP

Mociones de censura al nuevo régimen de pensiones en Francia

El gobierno de Macron, que tiene mayoría en la Asamblea, podría pasar por alto el reclamo de la oposición y los sindicatos.

La izquierda y la derecha parlamentaria presentaron mociones de censura un día después de que el primer ministro francés, Edouard Philippe, anunciara que la reforma de las pensiones sería aprobada sin votación, recurriendo a un artículo de la Constitución. Philippe había realizado el inesperado anuncio el sábado por la tarde en la tribuna de la cámara baja del Parlamento francés. Entre los aplausos de la mayoría presidencial, explicó que lo que pretendía era "poner fin a este episodio de no debate" con la oposición y "permitir que pueda empezar la siguiente fase del proceso legislativo".

Así, el primer ministro recurrirá al artículo 49-3 de la Constitución, que permite que se apruebe un texto legislativo sin votación, a cambio de que los diputados puedan presentar una moción de censura. La reforma para crear un "sistema universal" de jubilación por puntos será considerada como aprobada, salvo si sale adelante una moción de censura que debe presentarse en un plazo de 24 horas. Sin embargo, el gobierno cuenta con una mayoría cómoda en la Asamblea Nacional. Se espera que la reforma -que tendrá que ser examinada por el Senado- sea aprobada definitivamente en verano.

Tras el anuncio del primer ministro, los diputados del partido Les Républicains (LR, conservadores) presentaron una moción y afirmaron que no podían "aceptar que una reforma, que el propio gobierno presenta como la más importante del quinquenio, no pueda ser votada en la Asamblea Nacional". El texto de los Republicanos, el partido conservador, publicado por el presidente del partido, Damián Abda, en su cuenta de Twitter, denuncia "un texto extremadamente mal preparado y jurídicamente frágil. La realidad es que el Gobierno se enredó en una reforma demasiado costosa, muy injusta y tan compleja que sigue despertando la ansiedad de nuestros compatriotas".

La izquierda hizo lo mismo poco después. En su texto, los tres grupos de izquierda de la Asamblea (PS, LFI, PCF), así como Jennifer de Temmerman (no inscrita, ex-LREM), es decir 63 diputados, denuncian en su moción "un Gobierno que pisotea el procedimiento parlamentario". 

El proyecto estrella del presidente Emmanuel Macron provocó desde principios de diciembre una importante movilización ciudadana con huelgas de transportes (ferrocarriles y metro parisino) y también por parte de los abogados o de los trabajadores de la Ópera de París. El jefe de gobierno justificó su elección porque considera que el texto, contra el que se presentaron 41.000 enmiendas, está siendo "obstruido". "Tras más de 115 horas de debate en sesión pública, tanto de día como de noche, fines de semana incluidos, la Asamblea Nacional llegó al estudio del artículo 8 de un proyecto de ley ordinario que contiene 65", denunció Philippe.

El anuncio de Philippe cayó muy mal entre los líderes sindicales que vienen encabezando la oposición a la reforma.

El secretario general del sindicato CGT, Philippe Martínez anunció una movilización social a partir de la semana próxima.  "La actitud del Gobierno es profundamente escandalosa, por lo que habrá una respuesta adecuada a la situación", dijo Martínez.

Desde la CFDT (Confederación Francesa Democrática del Trabajo) hasta la Fuerza Obrera (FO), los sindicatos denunciaron la maniobra del Gobierno para interrumpir el debate parlamentario. "Lamentamos que el debate sea nuevamente relegado a un segundo plano. Es una oportunidad perdida", dijo el negociador de pensiones de la CFDT, Frédéric Sève. 

Para el secretario general del sindicato, Laurent Berger, "el Gobierno acaba de hacer la elección del 49-3, y no la de la justicia social". En un comunicado de prensa, el sindicato deplora que los debates no hayan podido celebrarse hasta el final y dice que "seguirá luchando, sobre todo durante la aprobación del texto en el Senado, para imponer las medidas que exige." 

Por su parte la CFTC (Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos) lamentó "llegar al 49-3 después de dos años de consultas". Pero para su presidente Cyril Chabanier, "la lucha continúa ante el Senado y la Asamblea Nacional en segunda lectura, para un verdadero reconocimiento de la dureza de ciertos trabajos y de las largas carreras".

La actitud del Ejecutivo "es incomprensible e inaceptable", aseguró también el número uno de Fuerza Obrera, Yves Veyrier, en Twitter. Según el sindicato Solidaires, "la respuesta del Gobierno es, después del desprecio del diálogo social, la de un paso forzado"; "una verdadera negación de la democracia".

En reacción al uso del artículo 49-3 por parte del Gobierno, varios cientos de personas se reunieron el sábado por la noche cerca de la Asamblea Nacional, para decir "no al 49-3", informó el sitio de noticias France 24.

En Burdeos, unas 200 personas según la prefectura participaron en una reunión espontánea para recorrer las calles del centro de la ciudad. La prefectura informó de algunos incendios de basura, pero no hablaron de enfrentamientos.

En Lille, varias docenas de personas se reunieron por la noche frente a la prefectura. "49-3, no lo queremos", "Lille, sublévate", gritaron. En Le Havre, el cuartel general de la campaña del primer ministro Édouard Philippe fue cubierto de graffitis y apedreado por los manifestantes.

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Macron impondrá por decreto la reforma al régimen de pensiones

El presidente francés insiste con su proyecto pese a los meses de protestas populares

El primer ministro francés, Édouard Philippe, anunció este sábado que adoptará el proyecto de reforma jubilatoria por decreto, sin someterlo a la votación de la Asamblea Nacional, una decisión que provocó la presentación de dos mociones de censura de la oposición y amenaza con relanzar las protestas en las calles, además de castigar al oficialismo en las elecciones municipales de la próxima semana.

"Después de más de 115 horas de debate, la Asamblea Nacional llegó a examinar el artículo 8 (de un total de 65). Creo que nuestra democracia no puede darse el lujo de semejante espectáculo", afirmó ante el hemiciclo Philippe, quien denunció "una estrategia de obstrucción deliberada de una minoría".

El primer ministro, cara visible de la agenda reformista del presidente Emmanuel Macron, argumentó el uso del polémico artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes por decreto, con el objetivo de poner fin al "no debate" de la medida. De esta forma, el Ejecutivo acabaría con cualquier opción de debate después de las más de 40 mil enmiendas que presentó la oposición, casi todas desde el partido izquierdista Francia Insumisa.

Las palabras del premier fueron aplaudidas por los diputados de la mayoría oficialista, pero abucheadas por los legisladores opositores presentes en el pleno.

Considerada la mayor revisión al sistema jubilatorio francés desde la Segunda Guerra Mundial, la reforma previsional fue fuente de controversia desde su presentación, el pasado 11 de diciembre, tanto en las calles con huelgas y protestas, como en la esfera política.

Poco después del anuncio de Philippe, el partido conservador Los Republicanos, por un lado, y tres formaciones de izquierda --los socialistas, los comunistas y los miembros de Francia Insumisa--, por el otro, presentaron mociones de censura contra el gobierno en un intento de frenar la aprobación por decreto, reseñó el diario Le Monde.

"El gobierno decidió autorizar la utilización del 49.3 en un consejo de ministros encargado de contener la epidemia del coronavirus. Este golpe por la fuerza es inaceptable", esgrimió el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure.

El jefe del grupo de Los Republicanos en la Cámara baja, Damien Abad, también rechazó la estrategia del Ejecutivo, a la que calificó como "una negación de la democracia sin precedentes para una reforma previsional". "Esto no puede terminarse con un 49.3 sin moción de censura", agregó su correligionario Eric Woerth.

Pese al repudio opositor, las mociones de censura contra el gobierno tienen pocas chances de prosperar, dada la mayoría legislativa con la que cuenta La República En Marcha, el partido del mandatario, para frenar estas iniciativas. Ante esta situación, el ex candidato presidencial de Francia Insumisa Jean-Luc Mélenchon denunció que los métodos del premir son “violentos”, según consignó la cadena BFTMV.

Si bien Philippe advirtió hace unos días que el Ejecutivo podría prescindir del voto parlamentario, la decisión sorprendió a la oposición, a tan sólo una semana de los comicios municipales. La jugada podría ser arriesgada para el gobierno, dado el malestar y la división que este proyecto de ley generó en la sociedad francesa.

La reforma previsional, una de las medidas estrella del programa electoral de Macron, provocó el paro indefinido más prolongado de la historia reciente de Francia. Los gremios iniciaron en diciembre una pulseada en las calles contra el nuevo sistema jubilatorio, que pretende reemplazar los 42 regímenes especiales existentes por un sistema de jubilación universal por puntos. Según denuncian los sindicatos, la polémica medida "degradará los derechos de todos", mientras que el Ejecutivo aseguró defender un sistema "más justo y más simple".

Tras el anuncio de la aprobación por decreto de la reforma, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores, Philippe Martinez, deploró "la actitud profundamente escandalosa" del gobierno y anunció una movilización de los sindicatos "a partir de la próxima semana".

La última vez que se recurrió al 49.3 fue en 2016. El entonces primer ministro, Manuel Valls, lo hizo para aprobar la igualmente controvertida reforma laboral, que también provocó protestas en las calles. Desde la fundación de la V República, en 1958, ese método, impopular por considerarse una aprobación por la fuerza, se usó 86 veces. 

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