Decenas de miles de personas han salido a la calle para protestar contra las reformas impuestas por la OCDE, especialmente en Bogotá. Natalie Sánchez

El toque de queda de la noche del viernes 22 de noviembre no frenó la ola. Por cuarto día consecutivo, miles de colombianos salieron a las calles para protestar contra las políticas del Gobierno neoliberal de Iván Duque.

Este movimiento inédito, al igual que los otros que estallaron en la región, echa sus raíces en malestares profundos alimentados por un sistema económico destructivo y excluyente. Pero estas protestas surgen también a tres años de la firma del acuerdo con las FARC, en medio de una prometida paz que todavía se demora en llegar.

“¡Qué viva el paro nacional!”, “¡Duque renuncia!”, “¡Primero salud y educación!”, estos fueron algunos de los lemas que se escucharon en Bogotá y otras partes de Colombia. La protesta no perdió aliento desde el jueves 21 de noviembre, cuando centenares de miles de personas se movilizaron en todo el país.

Este rechazo masivo de la política del presidente conservador Iván Duque fue inicialmente convocado por sindicatos, partidos de oposición, ONG y una miríada de organizaciones sociales. Entre los puntos de partida de la movilización, figura una reforma laboral y de pensiones que se están cocinando en el marco de las exigencias de ajustes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE).

Con el pretexto de reducir la informalidad, forma de sustento para la mayoría de los trabajadores colombianos, el Gobierno insta a una mayor “flexibilización” del mercado e llegó incluso a plantear un “salario mínimo diferencial” para los jóvenes, en un país donde su monto no alcanza los 220€ mensuales. El partido de Duque, el Centro Democrático, dirigido por el exmandatario Álvaro Uribe, radicó un proyecto que permitiría contratar por horas a los colombianos que tienen entre 18 y 28 años, pero también a los que siguen trabajando después de la edad legal de jubilación. Una edad que podría cambiar a raíz de los llamados de la OCDE a remodelar un sistema de pensiones, que todavía goza de un fondo público, aunque está lejos de proteger a todos los que lo necesitarían.

De las condiciones laborales en las ciudades al rechazo de la guerra sin fin el campo

En un país entre los más desiguales del mundo, ubicado en el puesto 90 en una clasificación de la ONU que se basa sobre el índice de desarrollo humano y el coeficiente GINI, entre otros indicadores, esta voluntad del Ejecutivo de incentivar más precariedad despertó el descontento social, lo cual no sorprende al vivir semanas de 48 horas mal pagas debido a un sistema de redistribución casi inexistente, en una coyuntura en la que cabría mencionar el peso de unos servicios públicos deficientes.

Iván Duque tendrá seguramente que atender estas demandas durante la “Conversación Nacional” que prometió impulsar para apaciguar la crisis, pero las peticiones laborales están lejos de ser el único factor que llenó las calles de Colombia.

La llegada de Duque a la jefatura del Estado marcó el regreso del ‘uribismo’ al poder, esta tendencia ultraderechista encarnada por Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó al país entre 2002 y 2010, en medio del auge del paramilitarismo y la guerra permanente contra la guerrilla. Un período de repetidas crisis humanitarias en la regiones periféricas afectadas por el conflicto armado, que produjo millones de desplazamientos forzados y durante el que el Estado perpetró crímenes de lesa humanidad. Así calificó la justicia el actuar de altos rangos militares que ordenaron asesinar civiles para luego hacerlos pasar por guerrilleros, cumpliendo así con la cuota establecida por la cúpula que instauraba también primas financieras por cada “enemigo” dado de baja. Una política que cobró la vida de hasta más de 10.000 inocentes conocida con el nombre de ‘falsos positivos’.

En mayo pasado, The New York Times reveló la existencia de órdenes internas del Ejercito que podrían hacer vislumbrar el regreso de estas violaciones. La investigación pone en evidencia la presión ejercida sobre los soldados para incrementar el número de criminales o insurgentes capturados, o abatidos, en medio de una aceptación tacita de víctimas civiles. El Gobierno rechazó categóricamente estos señalamientos, que llegaron poco después del estallido de otro escándalo, que implicó la muerte de un ex-guerrillero.

Desmovilizado e integrado en el proceso de paz, Dimar Torres, murió a causa de los disparos de militares en un retén del noreste colombiano. En los últimos tres años, son cerca de 150 los excombatientes de las FARC que resultaron muertos en su intento de regreso a la vida legal.

Tres años de proceso de paz titubeante

La ‘paz’, firmada en su versión definitiva el 24 de noviembre de 2016, luego de que el primer acuerdo pactado entre el Estado y la guerrilla fuera rechazado en las urnas, está aun lejos de concretarse. Los veedores internacionales evalúan en un 40% el avance de la implementación del texto, con puntos positivos, como las políticas reintegración de los excombatientes, pero también con rezagos mayores, en particular en lo que concierne a la seguridad en los territorios.

En la mayoría de los epicentros del conflicto, el Estado no llegó donde las FARC hacían presencia, dejando así vía libre a grupos mafiosos, neoparamilitares o a la ultima guerrilla activa, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN). Las lideresas y líderes campesinos, indígenas, comunitarios o gremiales terminaron siendo el principal blanco de la reconfiguración de la zonas sensibles. La Defensoría del Pueblo estima acerca de 500 los líderes sociales asesinados desde 2016.

En un clamor inédito para mejorar la suerte de los territorios olvidados, las principales ciudades de Colombia marcharon repetidas veces en los últimos dos años para denunciar esta matanza y la impotencia de las autoridades para frenarla. En una primicia del movimiento actual, además de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, los jóvenes hicieron crecer masivamente estas manifestaciones.

Tras una enésima falla en la acción de seguridad del Gobierno, Guillermo Botero, ministro de Defensa, renunció a principios de noviembre. Se le reprocha haber ignorado las señales enviadas en cuanto a la presencia de menores reclutados forzosamente por disidentes de la FARC en un campo que bombardeó el ejército. En este operativo, que fue una respuesta a la creación de una “nueva guerrilla” dirigida por el exlíder Iván Márquez que terminó desertando del proceso de paz, murieron al menos 18 niños. “¿De qué me hablas viejo?”, lanzó Duque a un periodista que le preguntaba sobre este bombardeo. Una frase que el presidente popularizó hoy muy a su pesar en las calles.

Un movimiento que cogió un impulso sin precedentes

María Fernanda, de 21 años, reconoce que este caso que sacude nuevamente a las fuerzas armadas fue un “detonante” para incitarla a salir a protestar. En una conversación con El Salto durante una concentración este sábado 23 de noviembre, esta estudiante dijo estar cansada de un “Gobierno que no respeta la vida” y querer estar movilizada “por las personas que no pueden estar acá por estar reprimidas día a día”.

 “Nos van a dejar sin país, lo están entregando a las multinacionales”, agregó Ángela, su amiga y compañera de plantón, de la misma edad. Afirmó que ya llegó el momento de actuar ante “políticas ambientales desastrosas”. En Colombia, el modelo extractivista sobrevive a las alternancias en el poder. Mientras que las comunidades se levantan a menudo contra unos proyectos mineros, sigue abierta la puerta para el fracking y peligra la integridad de varios páramos, primera fuente de agua del país.

No hay consideración “ni para los humanos ni para los animales”, denunció María Fernanda al tiempo que Ángela insistió en que “el listado es largo” para motivarse a salir a las calles. Las jóvenes evocaron también el incumplimiento de las autoridades de los puntos sobre financiación de la educación superior luego de las marchas estudiantiles del año pasado, pero, sobre todo, resaltaron su rechazo hacia un “modelo” y su ausencia de “miedo”, en un contexto de patrullas militares en las calles de Bogotá.

La noche anterior, la del viernes, fue particularmente caótica y angustiante. Con el argumento de apagar unos focos de violencia, el presidente Duque decretó un toque de queda en toda la capital, un decisión nunca vista desde el movimiento social de 1977. Soldados y policías actuaron juntos en contra de supuestos intentos de saqueos de viviendas ante los cuales vecinos se ‘organizaron’ a punta de guardias, machetes y bates, en lo que pareció ser más un pánico colectivo que una amenaza real.

Muchos manifestantes del sábado afirmaban movilizarse contra este temor que se propagó, que fue “inducido” según algunos. La intensidad de esta jornada, durante la cual se organizaron marchas espontáneas y concentraciones a punta de cacerolazos en muchos barrios y ciudades, demostró que este paro nacional no perdió de vista a sus objetivos.

Según Martín, este movimiento constituye “algo sin antecedentes en Colombia”. Este ingeniero de 38 años oriundo del departamento sureño del Putumayo ondea orgullosamente una wiphala, símbolo de los pueblos indígenas, porque “forman también parte de esta lucha” dijo a El Salto, refiriéndose también a los contextos ecuatorianos y bolivianos. Este manifestante resaltó un trasfondo “profundo” de estas protestas que responde a “lo que ha venido ocurriendo durante los últimos 25 años en el país”. Instó a la consolidación de un movimiento pacifico que supere “el cuento arcaico de la izquierda y la derecha” y que promueva una verdadera ruptura en las políticas actuales.

Mientras que Iván Duque ya empezó las discusiones con responsables políticos, en los balcones o las calles las cacerolas seguían sonando este domingo en nuevos eventos improvisados. La chispa que prendió esta movilización el jueves 21 de noviembre tiene aromas de algo desconocido hasta ahora y suma a Colombia en un movimiento que atraviesa a los Andes reivindicando la dignidad de la gente frente al descaro de los dirigentes.

 

Por Tristan Ustyanowski

Bogotá (Colombia)


publicado

2019-11-25 11:00

Publicado enColombia
Empate técnico en Uruguay, con leve ventaja para la coalición de derecha

Cuando las dos hinchadas festejaban un demorado triunfo en las calles, el árbitro (en este caso la Corte Electoral) suspendió el partido. La diferencia entre los candidatos Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez al cierre del escrutinio de la Corte Electoral es tan ajustada que la definición dependerá de los votos observados.

Las encuestas y los medios hegemónicos daban como ganador al derechista Lacalle Pou, pero héte aquí que, nuevamente, la militancia de base del Frente Amplio, redobló el esfuerzo y la esperanza, remontó la brecha y el quietismo de una burocracia partidaria anquilosada, para poder soñar con un cuarto gobierno frenteamplista consecutivo.

El resultado final se conocerá entre el jueves o viernes, de acuerdo al presidente de la Corte Electoral, José Arocena, pero el candidato derechista, al frente de la llamada coalición multicolor, llevaba un leve ventaja que conservaría computados los 35.262 votos observados (1,3% del total de sufragios emitidos). La Corte no anunció ganador, debido a que la diferencia es menor a los votos observados.

En la primera vuelta, el frenteamplista Daniel Martínez le sacó más de 253.000 votos de diferencia a Lacalle Pou sobre un total de 2,4 millones de votantes. Lacalle, líder del partido Nacional, llega a la segunda vuelta al frente de una coalición multicolor de todos los partidos de la derecha contra el centroizquierdista Frente Amplio, que gobierna el país por tres mandatos consecutivos, desde hace casi 15 años.

En el mapa de la votación del 27 de octubre, el Frente mostró la pérdida de votos en departamentos fronterizos con Brasil y hubo traspaso de votos identificados tradicionalmente con la centroizquierda para la extrema derecha, con agenda fanático-evengelista, pero también a la militarista y reaccionaria presentada por el nuevo partido Cabildo Abierto, encabezado por el exjefe del Ejército Guido Manini y apoyado por Jair Bolsonaro, que sorprendió al sacar más votos que el partido Colorado.

El llamado bloque “multicolor” no es otra cosa que la conjunción de los sectores oligárquicos con el neoliberalismo de los Chicago boys y una ultraderecha con fuerte arraigo militar, incluyendo componentes fascistas en su interior. La derecha liberal, una vez más, vuelve a hacer alianza con sectores filofascistas a la hora de ordenar la casa.

En la elección de 2004, cuando fue elegido el hoy otra vez presidente Tabaré Vázquez, el Frente Amplio interrumpió 170 años de gobiernos de los partidos tradicionales, blanco o nacional y colorado.

Esta vez, el centroizquierdista Frente Amplio iba por un cuarto gobierno -sin mayoría legislativa- mientras que el Partido Nacional, segundo en la primera vuelta electoral, necesitó de los colorados y de la ultraderecha. El objetivo de la coalición multicolor, la de todos contra el Frente Amplio, era interrumpir el ciclo progresista en Uruguay, impedir junto a la prensa hegemónica, que accediera a su cuarto mandato consecutivo. Y aparentemente lo lograron.

El Partido Nacional llegaba a la segunda vuelta como favorito sin haber mostrado siquiera un proyecto de país, sino la descalificación del Frente Amplio. Durante casi un mes, en el escenario electoral se habló mucho y se dijo casi nada. Pero la ultraderecha se hizo escuchar y gritó fuerte su discurso, mientras Lacalle Pou evitaba salpicarse sin explicar cuál será el lugar de estos discursos en un eventual gobierno suyo.

Este noviembre los muros de Montevideo amanecieron con pintadas latinoamericanistas entre las calles colmadas de propaganda electoral, las rebeliones sociales contra los paquetes neoliberales comenzaron a estallar en toda la región. La la anestesiada militancia frenteamplista comenzó a despertar desde las bases, tras no lograr la dirigencia imponer a Daniel Martínez en la primera vuelta electoral.

En casi 15 años de gobierno, el Frente Amplio logró disminuir la desigualdad, mostró avances en el sistema educacional laico, público y gratuito, políticas de género, aumento del salario real de los trabajadores e incluso disminuyó la perversa dependencia económica en relación a su enormes vecinos Argentina y Brasil, fundamental para garantizar la paz social y la estabilidad económica. Pero en 15 años de gobierno se olvidó de muchas cosas.

En este balotaje, sólo en Montevideo y Canelones –donde reside prácticamente la mitad de la población uruguaya- resultó vencedor Daniel Martínez, mientras en el resto de los departamentos fue Luis Lacalle Pou el que obtuvo la mayoría. En algunos casos, como en Paysandú y Salto, esta diferencia fue muy pequeña.

El martes comenzará el escrutinio secundario, en el que se cuentan los votos observados (de funcionarios de las mesas, la Corte y custodios de seguridad). Entre jueves y viernes se sabrán los resultados oficiales. También hay que tener en cuenta que los votos anulados pueden ser recurridos por los delegados de los partidos, lo que también podría significar alguna diferencia en el porcentaje final.

La crisis de la democracia

Hay que tener en cuenta que la crisis mundial generó un quiebre general de confianza en la democracia. El 27 de octubre el ultraderechista partido Cabildo Abierto obtuvo en la primera vuelta de las elecciones 11 diputados y tres senadores, una bancada que Luis Lacalle Pou necesitará para gobernar.

En un país seguro, los medios de comunicación y la derecha fueron construyendo el imaginario colectivo de que Uruguay era un país inseguro, lo que se sumó a problemas reales como una desocupación del 9%, el elevado costo de la vida, los problemas habitacionales, en un país de poco más de tres millones de habitantes.

Una evidencia de ello es el resultado del plebiscito –simultáneo a la primera vuelta electoral- para una reforma constitucional que autortizara la actuación del Ejército en las calles, en la seguridad pública. La propuesta fracasó, pero logró el 43% de apoyo.

El aparato mediático, manejado por los grandes medios de comunicación, los evangelistas y el Opus Dei reinstalaron en las llamadas redes sociales los debates en torno al aborto, al matrimonio igualitario, a la ley trans y a la noción de familia. El ultraderechista líder de Cabildo Abierto, el general Guido Manini, ha dejado claro que es necesario restablecer el orden patriarcal: “Ya no es el obrero contra el patrón, el empleado contra el empleador; ahora es mujer contra marido y contra hijos”.

La derecha vendió un producto: el cambio. “Está bueno cambiar”, “#Ahora sí”. Léase “alternancia plural”, concepto que el propio Lacalle Pou definió al final de la campaña. ¿Un cambio hacia qué, hacia dónde? Lo difícil no es suponer qué es lo que buscan, sino cómo lo lograrán, porque poco dice sobre el cambio el documento empresarista, represivo, conservador de la coalición multicolor “Compromiso por el país”.

Nadie sabe qué pactó Lacalle Pou con el combo de partidos y grupos de derecha y ultraderecha, y no fueron solo cargos en ministerios y organismos y empresas del Estado. Lacalle afirmó que no derogará las leyes de la denominada agenda de derechos, pero eso no alcanza: todos saben que hay muchas formas de impedir su vigencia.

Un triunfo del bloque multicolor de Todos contra el Frente, significará la pérdida de conquistas populares, laborales y sociales. Tiene y tendrá como una de sus principales armas al poder mediático, portavoz del poder fáctico, y el punitivismo judicial, muy intrincado con lo social.

Para la población la alternativa no era nada clara. O se elegía un cuarto gobierno del FA sin mayoría legislativa o un gobierno nacionalista (blanco) que necesitará de los colorados y de la ultraderecha para gobernar, mientras en la región sonaban otra vez las botas y balas de militares, el terrorismo de Estado y las presiones del FMI y la secretaria general de la OEA, procónsul del imperio estadounidense.

De cara al balotaje el escenario latinoamericano fue más intenso que en la primera vuelta. A la liberación de Lula, le siguió el golpe racista, xenófobo proestadounidense en Bolivia y noticias cada vez más cruentas de la represión en Chile. Juramento con biblias y nuevos testamentos, la wiphala en llamas, los ojos que los carabineros chilenos sacaron con sus disparos a más de doscientas personas.

No vienen tiempos fáciles para quienes tienen convicciones democráticas. Las izquierdas –partidarias o no– se han dado cuenta que deberán abrirse a la autocrítica y discutir seriamente cómo desarrollar un abordaje que permita dialogar –sobre todo con los jóvenes- con todas las miradas anticapitalistas y no eluda la existencia del orden patriarcal, que es racista y colonial.

Durante la campaña hubo también terrorismo mediático. El presidente del Centro Militar, coronel Carlos Silva Valiente, dijo que la búsqueda de detenidos desaparecidos en dictadura (1973-1985) es un “gastadero de plata y un curro”, expresó que en Uruguay no hubo dictadura, cuestionó las leyes sociales del gobierno del Frente Amplio y advirtió que están dadas las condiciones para un golpe de Estado, porque no hay democracia.

En vísperas de las elecciones, el Centro Militar envió un mail en el que afirma que «culminará el proceso de redención de los derechos y valores del pueblo oriental, heridos, socavados, despreciados por 15 años de asonada frenteamplista».

¿Se mantendrán calmas las aguas hasta jueves o viernes?

Rubén Armendáriz. Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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Lunes, 25 Noviembre 2019 06:36

El péndulo de Thatcher

El péndulo de Thatcher

La herencia política de Margaret Thatcher ha sido larga y relevante. Representa un modo de pensar y de gobernar que caló en la política y la sociedad británicas y se expandió más allá, junto con el proceso de la globalización de las tres últimas décadas.

Fue primera ministra entre 1979 y 1990, periodo en el que se fraguó una forma de concebir a la sociedad que, con distintas gradaciones, prevaleció desde entonces en gobiernos tories y laboristas.

Se manifestó como modelo político e ideológico anglosajón, que del otro lado del Atlántico tuvo como eje la figura de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos de 1981 a 1989. En ese último año de su administración se aglutinó la visión conservadora dominante en el llamado Consenso de Washington, avalado en su esencia por demócratas y republicanos.

De manera esquemática, el thatcherismo se asocia directamente con la preminencia del libre mercado y la exigencia de un Estado pequeño que interfiera lo menos posible en la vida de la gente, que según ella misma planteó, literalmente, debe elegir qué hacer, asumir sus responsabilidades y no esperar que los problemas sean resueltos por el gobierno.

Las políticas públicas privilegiaron la reducción de impuestos, la privatización de empresas públicas y la restricción de la actividad de los sindicatos.

Hay diversas influencias intelectuales asociadas con esa postura. Referencias usuales son la obra de Friedrich Hayek, Camino de servidumbre, y la teoría monetarista de Milton Friedman. Se señala también el tipo de individualismo propuesto por Ayn Rand, por ejemplo, en la novela El manantial.

Thatcher tenía una concepción particular de lo que es la sociedad, que la llevó incluso a afirmar que no existe tal cosa como la sociedad (conviene leer la idea en el contexto en que fue expuesta https://blogs.spectator.co.uk/2013/04/ margaret-thatcher-in-quotes/ ).

Las repercusiones de las políticas de Thatcher y la coincidencia con el gobierno de Ronald Reagan derivaron en lo que hoy comúnmente llamamos neoliberalismo, cuestionado desde diversos frentes, pero aún vivo y coleando.

En Gran Bretaña el escenario político de los últimos tres años ha estado dominado por el Brexit. El proceso ha llevado ahora a nuevas elecciones parlamentarias y el espectro de Thatcher está presente, aunque sea tras bambalinas.

El regreso del péndulo puede advertirse en la propuesta electoral del Partido Laborista que se denomina Es tiempo para un cambio real y Corbyn, jefe del partido y candidato a primer ministro, lo contempla como un “manifiesto lleno de medidas populares que el establishment político ha bloqueado durante una generación”.

La base del programa es un gran incremento en la inversión pública financiado por medio de mayores impuestos. En ese terreno no hay mucho espacio para otra cosa.

Pero además de las medidas enfocadas a una redistribución del ingreso incluye un aspecto patrimonial asociado con la privatización de diversas actividades económicas, como el servicio postal y el transporte ferroviario.

De Thatcher a las propuestas de Corbyn hay un desplazamiento de regreso.

Ambos aspectos, el redistributivo y el patrimonial, parecen indicar los extremos en los que se mueve el capitalismo y son la referencia de muchas contradicciones que hoy sobresalen en materia económica. Este es un asunto que amerita una discusión seria en todas partes.

En todo caso, la situación plantea la creciente reacción que se extiende por muchas partes ante las precarias condiciones sociales prevalecientes. Estas reacciones se han precipitado de modo muy notorio en semanas recientes en América Latina.

La fachada del régimen político y económico de Chile, aún enmarcado en el legado de Pinochet, se resquebraja en las calles con las manifestaciones airadas y persistentes de miles de jóvenes que demandan un cambio. La izquierda de la Concertación, que gobernó dos décadas seguidas, no consiguió consolidar un nuevo modelo social que ahora, en el segundo gobierno de Piñera, está en una profunda crisis que no sabe cómo agarrar.

En Colombia, la gente está también en las calles. Demanda cambios sociales profundos, en una situación en la que se acumula un fuerte deterioro social. En ambos casos es llamativa la sorpresa que ha provocado en los gobiernos en turno de Piñera y Duque.

El Estado es imprescindible en el capitalismo. Puede serlo para alentar mecanismos que acrecientan la cohesión social y atemperar la inequidad económica.

Puede ser también para crear estructuras más rígidas de poder, como ocurrió con la gestión de la crisis financiera de 2008, que preservó las distorsiones que la provocaron y 10 años después exhibe sus contradicciones.

No hay ninguna panacea en la relación del Estado y los individuos, sino más bien una serie de mediaciones que delimitan la relación que hay entre ambos.

Esto entraña un dilema entre la insoslayable obligación que tenemos como individuos de mantener nuestra autonomía moral frente a la autoridad del Estado, lo que hace de su legitimidad moral una imposibilidad.

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Ruido de sables por el neoliberalismo en Chile

El fantasma de un golpe de Estado es la excusa para firmar un acuerdo bajo el pomposo enunciado: "Por la paz y una nueva constitución". Desbordados por la explosión social, la firma garantiza la continuidad del orden neoliberal, con nuevo etiquetado. Chile Vamos, nicho del pinochetismo, junto a socialistas, democristianos, Revolución Democrática y Convergencia Social; 14 partidos se coaligan. Su objetivo, romper el espinazo de las movilizaciones que han creado estructuras, débiles pero capaces de cuestionar el orden. De ellas han surgido cabildos abiertos y una organización en ciernes para enfrentar el poder constituido. Estudiantes, jubilados, profesionales, trabajadores, sectores medios, feministas, el pueblo mapuche participan propuestas para llamar a una asamblea constituyente. Un hartazgo a tanta injusticia social, corrupción y sordera de una élite política que por décadas ha levantado un modelo concentrador y excluyente, justificando la desigualdad con el argumento de responder a una distribución equitativa acorde a las leyes del mercado.

Las manifestaciones han continuado pese al pacto y la represión. Los movimientos sociales han decidido resistir y mantener las reivindicaciones por una asamblea constituyente que ponga fin al ciclo neoliberal. Así, lo atestigua la encuesta de la Universidad de Chile, donde 55.3 por ciento dice participar de alguna forma de protesta; 87.8 por ciento cree que los cambios de gabinete no solucionan los problemas actuales; otro 80.3 por ciento considera necesario redactar otra constitución, y más de 90 por ciento pide una reforma al sistema de pensiones, salud, educación y mercado laboral. El sondeo desnuda el descrédito de los partidos y la desconfianza hacia las instituciones políticas. Así, el presidente recibe sólo 2.8 de confianza entre un máximo de 10 y un mínimo de uno. Los ministros, 2.6; parlamentarios 2.5 y partidos 2.4.

El miedo sacude al poder. El gobierno, con aval de gran parte de la oposición, salvo el Partido Comunista y Humanista, opta por la violencia como arma política, recordando los peores días de la dictadura. Gobierno y oposición presentan las movilizaciones como parte de un engranaje en manos de delincuentes que asaltan supermercados, rechazan el diálogo, siembran caos y violan la propiedad privada. El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, declara el 13 de noviembre: "Sólo quedan uno o dos días" para encontrar un acuerdo que ponga fin al levantamiento popular, y el gobierno amenaza con decretar el estado de sitio, agitando la bandera de un ruido de sables. Manuel Cabieses, director de Punto Final, señala: “El rumor del peligro golpista –real o supuesto– surgió cuando el presidente de Renovación Nacional sentenció que sólo quedaban uno o dos días para pacificar el país. Se estima que este ex teniente de carabineros y ex funcionario de la Gendarmería mantiene una relación privilegiada con las instituciones armadas. La maniobra, en todo caso, permitió a los desprestigiados partidos recuperar protagonismo. Lo hizo mediante la suplantación de identidades. Las masas populares y las organizaciones sociales –que tuvieron fugaz aparición con la mesa de Unidad Social– fueron suplantadas por partidos situados en el peldaño más bajo de la estima ciudadana. Horas después del pacto gobierno-oposición, el pueblo salió otra vez a las calles reiterando sus demandas democráticas y fue reprimido con extrema dureza”. Gobierno y oposición, al borde de un ataque de nervios, firman el documento "Por la paz y una nueva constitución". Sus promotores dicen recoger las reivindicaciones ciudadanas, llaman a la desmovilización, esgrimiendo la paz como escenario para convocar a un plebiscito sobre la reforma constitucional en abril de 2020. La traición se ha consumado.

Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso militante de Convergencia Social y otros 72 correligionarios, presentan su renuncia: “El acuerdo de paz social, y una nueva constitución, firmado por partidos políticos, es contrario, en esencia a las demandas que las diferentes y diversas manifestaciones han enunciado en la calle. Su construcción se realizó por un conjunto de directivas partidarias y parlamentarios que no representan la voluntad mayoritaria de la movilización, excluyendo, en definitiva a ese Chile que despertó. […] Las decisiones tomadas por las instancias superiores del partido nos indican que éste no constituye el espacio que permite impulsar de forma adecuada la política de transformaciones democráticas que requiere el momento actual. Es por ello que a través de esta carta comunicamos nuestra renuncia a Convergencia Social”.

El rechazo a las demandas de una asamblea constituyente con delegados electos desde abajo y las propuestas de los cabildos abiertos, serán desestimados. Primero por la imposibilidad de ser elegidos bajo la actual ley electoral y en segundo lugar, esgrimiendo el ruido de sables que acompañará todo el proceso. Así, la espada de Damocles de las fuerzas armadas pende sobre la cabeza de los chilenos, verdaderos cancerberos del orden neoliberal. Sin embargo, los grandes cambios sociales no se detienen ni con la ignominia ni con la traición. Así lo hizo ver el presidente Allende en su último discurso: “El proceso social no va a desaparecer porque desaparece un dirigente. Podrá demorarse, podrá prolongarse, pero a la postre no podrá detenerse […]. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. […] Pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor”.

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Domingo, 24 Noviembre 2019 06:32

“Renuncio a mi candidatura”  

“Renuncio a mi candidatura”  

Reportaje exclusivo a Evo Morales en medio de las tratativas para la convocatoria rápida a nuevas elecciones

 

Evo Morales trajo al diálogo con Página/12 héroes históricos como Tupac Katari, el aymara rebelde que antes de ser ejecutado, en 1781, dijo aquella frase de “volveré y seré millones”. O como otro aymara, Zárate Willka, que lideró un levantamiento contra los conservadores en 1899. Pero sobre todo hizo un anuncio: para contribuir a la pacificación de Bolivia no será candidato en las próximas elecciones.

Ese diario entrevistó por Skype al “primer presidente del Estado plurinacional de Bolivia”, como dice ahora su cuenta de Twitter. Evo respondió desde México, tras los arreglos de su colaboradora y ex ministra de Salud Gabriela Montaño, asilada en la capital mexicana junto al presidente derrocado y al vice Álvaro García Linera. Mientras se desarrollaba el reportaje, en la tarde del sábado 23 de noviembre, las bancadas parlamentarias del Movimiento al Socialismo terminaban de negociar el proyecto de convocatoria rápida a nuevas elecciones y los movimientos sociales firmaban un acuerdo para que cesara la represión. A esa altura los hijos de Evo, Evaliz y Álvaro, ya habían llegado a la Argentina como asilados después de una gestión de Alberto Fernández.

--Agradezco al pueblo argentino y a quienes garantizaron su presencia --dijo Evo--. Hasta las 4 de la mañana hora boliviana me quedé despierto haciendo el seguimiento y felizmente no hubo ningún problema.

--Si los hijos de Evo Morales ya llegaron a la Argentina, seguramente estarán presentes el 10 de diciembre cuando Alberto Fernández asuma la Presidencia. ¿El padre vendrá?

--He recibido una invitación pública. Qué lindo sería... Sería un orgullo y un honor acompañar la posesión del mando. Vamos a consultar a los compañeros. Además, la Argentina está más cerca de Bolivia y podría agradecerle otra vez la gran solidaridad al hermano Alberto Fernández. Fue uno de los que me salvó la vida, y salvó la vida de Álvaro y del equipo que me acompañaba el domingo 10 de noviembre y el lunes 11. Tengo cariño, respeto y admiración por él. Alguna vez podremos comentar en detalle lo que vivimos ese lunes 11 de noviembre en las sendas de la selva del Departamento de Cochabamba.

--El Senado ya consensuó un proyecto de ley para un pronto llamado a elecciones.

--Sí, hubo una reunión bajo la garantía de las Naciones Unidas, la Iglesia católica y la Unión Europea. Al día siguiente de mi llegada a México pedí en una conferencia de prensa facilitadores internacionales y personalidades de todo el mundo para ayudar a la pacificación de Bolivia. Por suerte acaba de darse esa reunión, de la que participó el gobierno de facto de (Jeanine) Añez. El Movimiento al Socialismo representa los dos tercios de los senadores y de los diputados. Vamos a hacer todo lo posible por la unidad. Y por la pacificación renuncio a mi candidatura.

--¿A pesar del resultado de las elecciones del 20 de octubre, cuando el MAS salió primero?

--Sí. Y quiero decir que nos robaron ese triunfo. Mi gran delito es ser indio y sobre todo haber nacionalizado los recursos naturales, como los hidrocarburos. Me acuerdo perfectamente de que el hermano Néstor Kirchner, cuando nacionalicé y las empresas me dijeron que no invertirían más, me llamó por teléfono y me dijo: “Si las transnacionales petroleras no invierten, la Argentina sí va a invertir en Bolivia”. Tengo grandes recuerdos de la lucha por la dignidad y la independencia de los Estados, por la dignidad y la identidad de nuestros pueblos.

--Usted habló de la pacificación.

--Voy a hacer todo lo posible por pacificar Bolivia. Renuncio a la candidatura aunque yo estaba habilitado para presentarme como candidato a Presidente. No estoy haciendo un reclamo. Digo que renuncio para que no haya más muertos, ni más agresiones. Hermano periodista, ¿sabe por qué renunciamos el domingo 10 a la tarde con el hermano García Linera? Porque agarraron a mis hermanos dirigentes, militantes, gobernadores de los departamentos, alcaldes y les dijeron que quemarían sus casas si yo no renunciaba a mi cargo. Al hermano del presidente de la Cámara de Diputados le dijeron: “Si tu hermano no renuncia, te vamos a quemar en la plaza”. Incendiaron la casa de mi hermana en Oruro. Del racismo al fascismo y del fascismo al golpismo. Eso es lo que pasó en Bolivia. Por este motivo busco la unidad y la pacificación. Así se lo dije a nuestras bancadas. Les anuncié que por esta vez renunciaríamos Álvaro y yo a las candidaturas a la presidencia y la vicepresidencia.

--¿Dejará México y regresará a Bolivia?

--Mucho desearía volver a Bolivia. Pero quiero que sepan que desde el Norte nos informaron que Estados Unidos no quiere que yo vuelva a Bolivia. El gobierno golpista tampoco lo quiere. Pero por más que sea un gobierno de facto, debe garantizar la vida no solo de Evo sino de todos. Ahora en Bolivia están debatiendo una ley de garantías. Hay gente en la cárcel. Uno en la cárcel porque conducía sin licencia. Otro, en Cochabamba, por gritar “Patria o muerte, venceremos”, en la cárcel también. Es una cacería. A los ministros que están en la embajada de la Argentina y a los que están en la embajada de México no les dan salvoconducto. ¿Esa es forma de aplicar el derecho? Repito: con tanta baleadura, con tanta represión, momentáneamente ostentan el poder político. Pero eso termina.

--¿Proyecta cambiar el asilo mexicano por un asilo argentino?

--No lo descarto. Quiero estar más cerca de Bolivia. El hermano y la hermana Fernández siempre me cooperaron. Nunca me abandonaron. Tengo muchos buenos recuerdos de cuando la hermana Cristina era Presidenta. Una vez faltó harina para el pan. Importábamos el 70 u 80 por ciento de harina de los Estados Unidos y de Canadá. Nunca se fomentó la producción de harina. Como un día faltó harina y todos iban a decir que yo sería responsable de la falta de pan, llamé y dije: “Hermana Cristina, usted tiene que venderme trigo”. Me contestó: “Evo, está todo comprometido”. No sé qué habrá hecho la hermana Cristina, pero un día recibimos en Bolivia trigo y harina. Solidariamente hemos trabajado. Si nunca me abandonaron, tampoco me van a abandonar en este momento tan difícil que está viviendo Bolivia, con tantos muertos, con tantos heridos, con tantas detenciones injustas. De los problemas se sale mediante la cooperación. Recuerdo el intento de golpe de Estado de 2008. Gracias a la ayuda de Unasur derrotamos al golpismo.

--¿Cuál fue la causa de este último golpe?

--Que no aceptaban nuestra política económica y nuestros programas sociales. No aceptaban que los indígenas y los movimientos sociales cambiáramos Bolivia como empezamos a hacerlo. Después de nacionalizar comenzamos con la industrialización. Nuestro gran proyecto era industrializar el litio. Entonces las transnacionales y algunos grupos de Chile no quisieron que continuáramos. Lamentablemente, además, actuaron con violencia. Pagaban 300 bolivianos por agredir, por cortar calles. Me sigue asombrando que los grupos que ostentan el poder económico hagan política de esa manera. Pero no importa. Quiero decir a través de este medio de comunicación tan conocido en todo el mundo, en toda América Latina, que pronto vamos a volver. Hay gente que todavía no puede creer que el comandante de la Policía Nacional o el comandante de las Fuerzas Armadas sean parte de un golpe de Estado. Un golpe de Estado que lleva 32 muertos en días. ¡Muertos a bala! Y también hay como 700 heridos a bala. Más de mil detenidos. Imagínese cuántos muertos, cuántas viudas, cuántos viudos, cuántos huérfanos. Niños baleados... Un golpe de Estado al estilo de las dictaduras. Quiero decirles a los hermanos de la Argentina que con Evo o sin Evo vamos a recuperar nuestra revolución democrática y cultural.

--El domingo 10 de noviembre el general Williams Kaliman, que después renunció y se instaló en los Estados Unidos, formuló en público la famosa “sugerencia” de que usted renunciara. ¿Fue una sorpresa?

--El 7 de agosto, en el aniversario de las Fuerzas Armadas, él se declaró a favor del proceso de cambio y antiimperialista. No sé si su cambio se debe a la plata o a la lucha de clases. Tarde o temprano las mismas Fuerzas Armadas y el pueblo identificarán a los enemigos de nuestra querida Bolivia. Yo equipé a las Fuerzas Armadas. Cuando llegué a la Presidencia, en 2006, tenían un solo helicóptero. Hoy tienen 24. Y algunos de esos aparatos, comprados con la plata del pueblo, están disparando y matando a mis hermanos. Duele mucho.

--Antes y después del golpe acusaron a su gobierno de haber cometido fraude en las elecciones del 20 de octubre.

--Quiero que el mundo sepa que el domingo 10 de noviembre a la madrugada la OEA se sumó al golpe de Estado. Lo hizo con un supuesto informe preliminar, cuando antes había acordado con nuestro canciller que presentaría su dictamen final el miércoles 13. Yo dispongo de informes extranjeros. Demuestran que no hubo fraude. Uno de la Universidad de Michigan. Otro del Centro de Investigación Económica y Política de Washington. Ayer tuve una larga reunión con el Centro Carter. Hablé con hermanos muy allegados al Papa Francisco y con funcionarios de Naciones Unidas y les pedí que hicieran una Comisión de la Verdad para realizar una profunda investigación. Vamos a demostrar que no hubo fraude.

--¿Este pedido suyo es para invalidar el llamado a nuevas elecciones?

--No. Soy sincero: ese llamado ya está en camino. Pero quiero demostrar al mundo entero que la OEA se parcializó junto con grupos de poder conservadores que nunca quisieron al indio, a su patria, que estaban en contra de los programas sociales. Hemos reducido la pobreza. Vamos a decir nuestra verdad en Bolivia y en todo el mundo. La OEA no puede ser un instrumento de la gente pudiente.

--Usted habló de racismo y fascismo. ¿Aumentaron?

--Yo pensaba que la opresión y la humillación habían terminado. Bolivia tenía una nueva Constitución. Pero veo con sorpresa las expresiones de los cívicos de Luis Fernando Camacho en Santa Cruz. La Biblia no puede ser usada para el odio. No son todos los habitantes de Santa Cruz, por supuesto, los que llamaron a identificar enemigos y matarlos usando el sicariato. Pero sé que en reuniones de los cívicos, con 20 o 30 mil personas, orando empiezan y al final gritan: “Evo, cabrón”. Es racismo. Humillan a la gente humilde. A las hermanas de pollera. Patean en la calle a la gente pobre y le dicen “kolla”. Así se llega al fascismo. Identifican la casa de un diputado o un gobernador del MAS y la queman. Y la policía no da ninguna seguridad. La excusa es que hay cubanos. Pero los cubanos, de manera gratuita e incondicional, al revés de los Estados Unidos que siempre condicionó la asistencia a las políticas del Fondo Monetario Internacional, dieron ayuda. Nosotros construimos hospitales y recibimos la colaboración de médicos cubanos. Recuerdo un diálogo entre Hugo Chávez y Fidel. Fidel decía: “Hugo, vamos a hacer un programa para operar gratuitamente a 100 mil latinoamericanos de la vista”. Fidel parecía loco. Eran operaciones que podían costar tres mil o cuatro mil dólares. Pero en Bolivia los médicos llegaron y operaron. El Estado lo hizo gratis. Ahora los grupos racistas no solo buscaron la excusa de la presencia cubana. Quemaron instituciones educativas creadas con la plata del pueblo. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo se puede entender que en la zona del Trópico hayan perseguido a diputadas y diputados? Es una dictadura. A nuestra senadora Adriana Salvatierra le rompieron la ropa cuando estaba entrando a la Asamblea. Una joven de 30 años... ¡La Plaza Murillo cercada por tanques! Recordé cuando hice la conscripción en las Fuerzas Armadas en 1978 y mi comandante Daniel Padilla Arancibia se hizo presidente. Yo no entendía qué pasada. Golpes y golpes...

--¿Cuál será la forma de reparar las agresiones?

--Nunca hemos sido revanchistas. Tupac Katari durante la lucha por la independencia decía que los blancos de las ciudades también debían organizarse en ayllus, que eran la estructura orgánica de aquellos tiempos como hoy sería el sindicato agrario. Todos juntos pelearon por nuestra independencia, por nuestra vida en comunidad, en solidaridad. Armonía entre los seres humanos y armonía con la madre tierra. Ya durante la República otro hermano indígena, Zárate Wilka, llamó a hacer una alianza con los blancos de las ciudades para defender los derechos y los recursos naturales. El movimiento indígena nunca ha sido racista, y menos fascista. Y cuando hay pobreza todos nos juntamos y nos unimos. Hemos sido muy tolerantes siempre. Ellos no. Así es la derecha. Me llamó una compañera y me contó que quieren eliminar el programa de vivienda para madres solteras. Me he informado de que quieren privatizar Boa, Boliviana de Aviación. Cuando estatizamos, el compañero Kirchner me mandó técnicos de la Argentina para ayudarnos. Ni sabíamos cómo constituir una empresa pública. Boa llegó a tener utilidades y ahora se les ocurrió privatizarla. No es solo una confrontación de carácter ideológico. También programático: éste no es un gobierno de transición sino un gobierno de facto que ni siquiera respetó la sucesión constitucional.

--¿Cuál será el eje de campaña electoral del MAS?

--Revisará el pasado, hablará sobre el presente y proyectará la esperanza para futuras generaciones. De mis casi 14 años de gobierno, Bolivia estuvo seis años primera en tasa de crecimiento en Sudamérica. Hermano periodista, me duelen dos cosas de este golpe de Estado. Me duelen los muertos y me duele cómo en corto tiempo ya empezaron a destrozar la economía. Ya me informaron que hubo una devaluación. El dólar pasó los siete bolivianos. Nosotros cuidamos bastante la economía gracias a los técnicos y a los compañeros economistas. Profesionales y patriotas. Una vez a Lucho Arce, el ministro de Economía, un organismo internacional le ofreció trabajo. Le iban a pagar 18 mil dólares por mes. Como ministro ganaba un poquito más de dos mil dólares. “Yo estoy por la patria, me quedo aquí”, dijo. Y se quedó trabajando. Hemos llegado por la patria y no por la plata. Muchos miembros del gabinete podrían estar en el exterior ganando mucho. Alguna vez le dije a Arce: “Vete y danos la mitad para la campaña y la mitad para vos”. Y cuando el hermano Arce estuvo enfermo lo ayudamos. Lo necesitaba. No hemos hecho riqueza en el gobierno. Estoy seguro de que mis hermanos se organizarán. Hay mucha conciencia política para enfrentar esta situación.

--Mencionó el litio. ¿También el uranio de Bolivia es apetecible?

--Sobre todo el litio. Y el zinc. Ya estábamos terminando el ciclo industrial del hierro para terminar con la importación. Lo mismo hicimos con los fertilizantes. Antes importábamos el ciento por ciento. Ahora exportamos 350 mil toneladas a Brasil, a Paraguay y a regiones vecinas. Estamos terminando la gran planta de carbonato de litio. Producimos ya 400 toneladas. Los grupos opositores internos no entienden cómo el indio es capaz de industrializar Bolivia. ¿Cómo pueden hacerlo los movimientos sociales y los profesionales patriotas?

--¿Habló con familiares de los muertos?

--Conversé con algunos. Escuchar llorar te hace llorar. Estoy lejos pero intenté ayudar acudiendo a amigas y amigos muy solidarios. Algunos no han tenido ni para pagar el ataúd. Otros están hospitalizados. Siempre ayudaremos a la gente humilde.

–¿Y las nuevas elecciones?

--El tema de la Ley de Garantías todavía no se terminó de consensuar pero nuestra bancada espera que la Asamblea la apruebe y que la autonombrada Añez la promulgue. Esa ley garantiza las nuevas elecciones y sería un instrumento muy importante para pacificar Bolivia. Después habrá que buscar programas para reconciliar al pueblo boliviano.

--¿Esperan un compromiso de Añez de no ordenar otra vez la represión?

--Esperamos que los muertos a bala generen la conciencia de las autoridades del gobierno de facto. Que tantos detenidos suavicen las conciencias. Que no haya más muertos ni heridos. Que los compañeros salgan, porque están detenidos por pruebas sembradas. Hay un fiscal a quien conozco. Tenía doble sueldo, uno del Ministerio Público y otro de la embajada de los Estados Unidos. La embajada le pagaba más plata. La DEA tenía un abogado. Ahora es viceministro de Defensa Social. Quizás sea un mensaje y quieren que vuelva la base militar de los Estados Unidos. Por eso le decía que quiero refrescar la memoria y ver que está pasando. Y quiero aprovechar para saludar a todos los hermanos y hermanas de Bolivia que están en la Argentina. Allí hemos ganado por el 70 u 80 por ciento. Hemos trabajado mucho los temas de residencia cuando el hermano Alberto Fernández era jefe de Gabinete de Kirchner y de Cristina. Todos apoyamos a los más humildes de nuestra querida tierra.

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Uruguay: cuarto mandato de la izquierda o giro a la derecha

"No perder lo bueno, hacerlo mejor" dice la pintada en una pared por la avenida 18 de julio camino a la Plaza Cagancha. Y, la respuesta debajo: "nosotros podemos". Así conviven las consignas de la coalición de centro-izquierda Frente Amplio (FA), que gobierna Uruguay desde hace quince años, con la del Partido Nacional (Blanco) en alianza con otras formaciones de derecha y ultraderecha, horas antes del ballottage del domingo 24 de noviembre.

En la Plaza Cagancha, militantes frenteamplistas entregan volantes de la fórmula Daniel Martínez-Graciela Villar sin inmutarse por la presencia a unos pocos metros de un puestito opositor de la fórmula Luis Lacalle Pou-Beatriz Argimón. Del parlante de los blancos se escucha cumbia: primero Gilda, después Lia Crucet. 

 A esta segunda vuelta el ex senador Lacalle Pou, de 46 años, llega con ventaja frente al ex intendente de Montevideo, Martínez, de 62 años. Según los últimos sondeos, el candidato opositor obtiene entre 49 y 51,5 por ciento de intención de voto y su rival socialista cuenta con un apoyo de 43, 44, 5 por ciento. 

La frase de José "Pepe" Mujica "las izquierdas en el mundo se dividen por las ideas y las derechas se juntan por intereses" sirve para entender el dato novedoso de esta contienda: el neoliberal Partido Colorado junto al ultraderechista Cabildo Abierto y dos formaciones minoritarias (Partido Independiente y Partido de la gente) se aliaron con los blancos en un "compromiso por el país" en el que prometen "hacer más con menos", reducir el déficit fiscal ( 4,9 por ciento del PIB) sin subir impuestos ni tarifas y combatir la inseguridad.

Si Lacalle Pou se impone este domingo, pondrá fin a un proyecto de país de los últimos 15 años que mejoró, aunque con algunas limitaciones, los indicadores económicos. Así lo destacó el candidato oficialista Daniel Martínez en diálogo con Página12. " Somos el país más igualitario de Latinoamérica; el salario real creció un 60 por ciento; la pobreza bajó del 34 por ciento al 8 por ciento; la indigencia del 4,5 al 0,1 por ciento, universalizamos el sistema de salud". 

En un banco de Plaza Cagancha, que es como un retiro del movimiento de la calle central, Maicol Pereira dice que "la promesa de cambio de la oposición es un retroceso". Mate en mano, este trabajador en una empresa de limpieza, de 34 años, explica por qué vota al Frente Amplio. "En 15 años el salario creció siempre por encima de la inflación. La derecha quiere vender que estamos en crisis cuando es record la venta de autos 0km. No ves un ´cachilo´ (como llaman a los autos viejos)".

En este período de tres gobiernos del FA a partir del 2005 se crearon 300 mil puestos de trabajo, pero en los últimos años se perdieron 50 mil y hoy la tasa de desocupación es del 9 por ciento. 

María José Vieitez, de 35 años, está desempleada desde hace más de un año. "Estoy enojada con el Frente Amplio pero le voy a dar el voto igual", dice, y agrega. "Lacalle Pou es un cheto, no sabe lo que cuesta un kilo de arroz". 

Pasa haciendo propaganda con una bandera amarilla (de un sector de los blancos) un señor que se define "de centro". Eduardo Rodríguez, economista jubilado, dice que vota por "la unión de la oposición". "Voto por que el Estado no sea magnánimo, que dé libertad, que no obligue a la bancarización. Que no controle lo que comprás", concluye y entrega un volante.

Una mujer pasa y al rechazarle el papel le dice: "no voto en contra de los trabajadores".  

"No queremos que se venga Venezuela", le retruca Miriam Silva, madre y abuela de 6 niestos. "No quiero que mis nietos se vayan del país, dice esta militante del Partido Nacional y terapeuta con medicina natural. 

El "fantasma del populismo" circula entre los que proclaman un cambio. "¿Sabes lo que acordaron Lula, Chávez y Fidel en el Foro de San Pablo?, se indigna Susana que teme decir el apellido. Y agrega esta jubilada, de 75 años. "Quiero vivir en democracia, sin comunismo". 

El peligro Manini Ríos

De camino al hotel, un taxista y ex jugador de Racing de apellido Falero incomoda cuando dice "se va a terminar el recreo", retomando la frase de Guido Manini Ríos de que "hay que terminar el recreo de todo malandraje".

De las derechas aliadas, la que más preocupa es Cabildo Abierto, liderada por el excomandante en jefe del Ejército.  Manini Ríos fue destituido en marzo por Tabaré Vázquez por no haber denunciado la confesión del represor Nino Gavazzo de que arrojó al Río Negro el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro, en 1973. 

"Ya lo conocemos" dice el titulo del editorial de La Diaria repudiando que el electo senador rompiera la veda pidiendo a los militares que no voten al Frente Amplio. "Llama la atención que Manini Ríos decidiera avalar una idea que intentó refutar durante la campaña: la de que Cabildo Abierto es un partido militar", sostiene el diario sobre el video de Manini Ríos que circuló por estas horas en las redes sociales . 

En esa grabación dijo: "Vemos que aquellos que desde el gobierno han atacado sistemáticamente la institucion armada hoy les piden su voto. Son los mismos que hace tan solo un año aprobaron una ley de retiros que afectó principalmente a las jerarquías más bajas... Son los mismos que despectivamente llegaron a llamarlos ´carne con ojos".... Manini Ríos se refería unas declaraciones por las que Mujica en su momento pidió disculpas. 

Cabildo abierto consiguió once bancas en Diputados  y tres en el Senado: Lacalle Pou necesita de los legisladores de los partidos aliados para contar con mayoría parlamentaria. Guido Manini Ríos pone en cuestión la agenda de derechos que aprobó el Frente Amplio en estos 15 años como las leyes de legalización del aborto, marimonio igualitario y regulación del cannabis, entre otras.

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Aprueban en Bolivia proyecto de nuevas elecciones presidenciales

La Paz. La ley para anular los comicios del 20 de octubre y convocar a nuevas elecciones estaba lavada y planchada. El Senado boliviano la aprobó por unanimidad porque fue resultado de largos días de negociaciones. Salvo algunas minucias técnicas, no hubo debate sobre la ley, sino sobre un tema irreconciliable: golpe de Estado versus gobierno de transición democrática.

El Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales sería aprobada horas más tarde, con la misma celeridad, en la Cámara de Diputados.

La ley establece que los comicios se celebrarán 120 días después de la elección de las nuevas autoridades electorales, mismas que deben ser elegidas en un máximo de 20 días.

Una vez en sus cargos, los vocales del Tribunal Supremo Electoral tendrán 48 horas para hacer pública la fecha de los comicios. La ley también establece que al menos dos de los vocales deben ser indígenas y tres de ellas mujeres.

Igualmente, se actualizará y saneará el padrón electoral.

Este domingo se espera la promulgación de la ley por la presidenta de facto Jeanine Áñez.

La crisis boliviana, sin embargo, es mayor que un acuerdo parlamentario que, por lo demás, tardará tres semanas en ofrecer su primer resultado: el nombramiento de los vocales electorales.

El Movimiento al Socialismo cuenta con dos tercios en la Asamblea Legislativa (suma de las cámaras de diputados y senadores). Pero su máximo líder está en el exilio, su número dos fue apresado el jueves y muchas de sus figuras están fuera del país, refugiadas en la embajada mexicana o escondidas porque temen ser encarceladas.

Volvamos al Senado. En papel de vocero oficioso de Áñez, Óscar Ortiz (Unidad Demócrata, Santa Cruz), habló de un gobierno de transición democrática que va a garantizar una participación política absolutamente libre.

Adriana Salvatierra, quien era presidenta del Senado hasta la renuncia del presidente Evo Morales y fue presionada para renunciar, le respondió que no puede llamarse gobierno de transición a uno que expulsa ciudadanos, genera 31 muertos, 780 heridos, mil detenidos y que acusa a periodistas de sedición.

No hubo aplausos para uno ni para otro, sólo cuando se anunció la presencia de representantes de la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y la iglesia, mediadores en la crisis, y cuando la ley fue aprobada en lo general.

La senadora Sonia Chiri, también del MAS, recordó que existió la amenaza de cerrar la Asamblea y convocar a elecciones vía decreto.

Quizá el gobierno de facto calculó que usar ese camino fortalecería la idea del golpe de Estado y optó por la negociación con la mayoría legislativa del MAS.

Todavía hoy, se quejaron senadores del MAS, son acosados y perseguidos. Sus adversarios les respondieron que ellos fueron perseguidos durante 13 años. Los dos bandos se acusaron mutuamente del incendio de casas de legisladores, de secuestros y otras linduras.

El punto es la pacificación del país. Los bandos en conflicto, por un lado el partido del asilado presidente Evo Morales y sus bases aliadas, y por el otro el gobierno de facto con sus partidos y sus cívicos, usan la expresión aunque cada uno la entienda a su manera.

Choque en Cochabamba

El gobierno de facto trata de convencer a los bolivianos de que todo se encamina a la normalidad, vía acuerdos con las organizaciones sociales movilizadas. Del otro bando, circulan condenas a los líderes que se han tomado la foto con Áñez e informaciones sobre nuevos bloqueos, sobre acuerdos de pueblos enteros que deciden mantener sus bloqueos o comenzarlos.

Las señales que daban lugar a cierto optimismo (la ley electoral, el salvoconducto a los hijos de Evo Morales, que partieron a Argentina) se toparon con la cruda realidad de la confrontación.

Mientras senadores y diputados votaban, en Cochabamba pobladores se enfrentaban con militares que custodiaban camiones rumbo al basurero de la ciudad. La agencia Ap reportó ocho militares retenidos.

La calle frente al hotel donde se hospedan funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –muy cerca de la embajada de México– fue escenario de confrontaciones entre cívicos enemigos de Morales y los partidarios del asilado.

Gerardo García no está solo. Decimos desde acá, desde la clandestinidad, hermano, no te vamos a dejar solo, dice Gualberto Arispe, secretario de comunicación del MAS, en un video que circula en las redes, en referencia al segundo de a bordo del partido de Evo Morales.

Quieren hacer ver como si no pasara nada en nuestro país, afirma Arispe.

Al menos lo intentan.

Casi 85 por ciento del país ya está pacificado, pero faltan sectores que no quieren colaborar, se ufanó Arturo Murillo, ministro interino de Gobierno.

No quieren colaborar, por ejemplo, los campesinos de 20 provincias de La Paz y de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, que se reunieron con el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.

El funcionario les concedió ocho de nueve demandas, pero no la novena que es la destitución de Arturo Murillo, quien ha asumido la responsabilidad del operativo en Senkata, que se saldó con la muerte de ocho pobladores.

El resto de las demandas, que el gobierno de facto ofreció cumplir, fueron: abrogación del decreto que libera de responsabilidad penal a los militares y repliegue de los mismos; elecciones antes del 22 de enero; libertad de los detenidos durante las protestas; fin a la persecución de dirigentes; indemnización a las familias de los asesinados y atención a los heridos; respeto a la wiphala y castigo a los policías que le prendieron fuego; además de dar continuidad a las acciones del plan Evo cumple.

Los dirigentes firmaron, pero con una advertencia: si no les cumplen la novena demanda y destituyen a Murillo, seguirán los bloqueos.

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Escenas para después de una batalla. A propósito de las elecciones españolas, Vox y el preacuerdo Psoe UP.

Para Álvaro García Linera

en los momentos difíciles.

La historia cuenta, y mucho. Cuando los cambios democráticos se frustran, las sociedades reaccionan de diversos modos y formas. Aparece lo que un genial italiano llamó “los fenómenos morbosos de la política”. Para que el orden reine, se ha tenido que doblegar voluntades, forzar abandonos y propiciar todo tipo de oportunismos. Sí, repito, la frustración de un cambio largamente esperado y justiciero está en el origen de lo que nos pasa. Vox no es una casualidad. Muchos sabíamos que se estaban creando las condiciones para un populismo de derechas puro y duro en España. Quizás nos sorprendió su rapidez y que la forma en que aparece sea una fuerza, hoy por hoy, neofranquista y neoliberal.

No voy a volver a argumentar sobre la irresponsabilidad de Pedro Sánchez y el Psoe. Ha sido parte de una estrategia que tenía dos objetivos fundamentales: volver a situar al Psoe en el eje de recomposición del régimen, y limitar, reducir y romper Unidas Podemos. Esta ha sido la política de Pedro Sánchez desde el principio: aparecer como garante de un sistema político en crisis y asegurar una hegemonía en los viejos raíles del bipartidismo político. La operación no ha tenido el éxito esperado; de lo que no cabe duda es que esta estrategia, de una u otra forma, va a seguir siendo el fundamento del Psoe en los próximos años.

Es el mapa político español el que ha cambiado de nuevo. En muchos sentidos nos parecemos al resto de Europa. Hay que decirlo desde el principio para no dejarse engañar: el “todos contra Vox” favorecerá al partido de Santiago Abascal. Como otras experiencias europeas muestran una y otra vez, los frentes antifascistas añaden confusión, inauguran una táctica equivocada y terminan por fortalecer lo que quieren combatir. Se trata de responder con mucha precisión por qué un partido como Vox duplica sus resultados y se convierte en la tercera fuerza política del país. A mi juicio, tiene que ver con tres elementos interrelacionados: la crisis de la globalización y las demandas crecientes de protección, seguridad y orden; la llamada “cuestión territorial” y la violencia utilizada, que ha escandalizado a una gran parte de la población que siente que su Estado, su identidad y su futuro está en peligro, y la rabia y la indignación crecientes que una parte sustancial de la ciudadanía siente por una clase política aislada, dependiente de los grandes poderes y sin un proyecto real, capaz de resolver los grandes problemas que la gente normal y corriente sufre, cada vez más, con temor a un futuro peor que el presente.

Derechas cada vez más duras, extremas derechas populistas e izquierdas sin nervio político, débiles organizativamente y sin capacidad propositiva. La coalición Unidas Podemos no ha hecho demasiado por revertir una tendencia que la sitúa más en el viejo espacio de Izquierda Unida. Lo grave no es sólo la disminución de votos y escaños, sino también la pérdida real de influencia en la sociedad, la carencia de vínculos sociales fuertes y la progresiva disolución de lo poco que quedaba ya de la militancia activa concretada en los círculos.

CORRELACIÓN EN DEBILIDADES. 

Para sorpresa de todos, 24 horas después de las elecciones, se anunció un preacuerdo entre el Psoe y UP, y la formación de un gobierno de coalición. Asombra la rapidez y la vaguedad de lo firmado. Apenas una declaración de principios. Pablo Iglesias suele emplear una frase de Manolo Vázquez Montalbán para explicar la transición: una “correlación de debilidades”. Creo que estamos ante eso. El Psoe no ha conseguido lo que buscaba desesperadamente: incrementar votos y diputados, y seguir arruinando a UP, que repite los malos resultados y llega al gobierno en condiciones nada favorables. Correlación, pues, de debilidades. Hay un dato que explica muy bien lo que pasa y lo que nos pasa: la falta de entusiasmo en la sociedad y en lo que podríamos llamar los hombres y las mujeres de izquierdas de nuestro país. El dato no es menor, porque se trata de un gobierno que incorpora una gran novedad en la historia reciente de España y en los últimos tiempos de una Europa que gira y gira hacia la derecha. Otro dato debería hacernos reflexionar: el papel que va a jugar en el nuevo mapa político una fuerza como Vox. En esto tampoco deberíamos engañarnos: cada fracaso, cada frustración de expectativas y cada paso en falso serán recogidos por una fuerza política que tiene vocación de mayoría e intentará hegemonizar un bloque social alternativo.

No es fácil suscitar entusiasmo después de dos campañas electorales que han sido percibidas por la población como innecesarias y, lo que es peor, como jugadas de estrategia entre políticos y para políticos. El Psoe y UP van a tener que olvidarse de una parte sustancial de su discurso en estos últimos meses y tienen que ganarse obligatoriamente la credibilidad en la gestión del gobierno. Será complicado. Por lo pronto, hay dos plataformas políticas claramente diferenciadas: de un lado, una propuesta socioliberal y, del otro, una propuesta socialdemócrata. Ambas aceptan el marco de los tratados europeos y la disciplina financiera impuesta por la Comisión y supervisada por el Banco Central Europeo. El gobierno de coalición Psoe‑UP parte del supuesto de que en este marco hay margen suficiente para aplicar políticas sociales fuertes e incrementar la capacidad contractual de las clases trabajadoras, redefiniendo un nuevo papel de los sindicatos y mitigando los aspectos más duros de la precariedad laboral que hoy desestabiliza el mercado de trabajo. La presencia adelantada de Nadia Calviño como vicepresidenta económica es un mensaje claro para la Unión Europea y los grupos de poder económico en España. Es decir, el cambio tiene límites claros y líneas rojas que este gobierno no va a transgredir. El otro asunto no menor es la llamada cuestión territorial, específicamente la cuestión catalana. Pedro Sánchez lo ha repetido una y otra vez, antes, durante y después de las campañas electorales: Cataluña se deja bajo la dirección del jefe del gobierno y, por si fuera poco, es de las pocas cosas que quedan claras en la declaración de principios firmada.

Hay otra cuestión que va a marcar mucho el futuro de este gobierno: la transición geopolítica que vive la economía‑mundo y la grave crisis de la Unión Europea. Parecería que la estrategia que ha definido Pablo Iglesias tiene como objetivo fundamental concentrarse en los temas sociales y laborales, evitando otras contradicciones con la política general del Psoe, para hacer notar en este campo las diferencias. Esto puede ser posible o no: los conflictos militares retornan; aunque Macron diga que la Otan está en “muerte cerebral”, España cumple un papel decisivo en la estrategia militar estadounidense y Oriente Próximo sigue siendo algo más que un quebradero de cabeza para las grandes potencias. La definición de una nueva Unión Europea, cuando llegan señales de crisis, exigirá del nuevo gobierno posiciones precisas, sabiendo, como sabemos, que nuestra “larga marcha” hacia la periferia corre el peligro de acelerarse dramáticamente. Asociar políticas de austeridad con pérdida de soberanía y subalternidad de la Unión Europea puede ser una plataforma ideal para las derechas soberanistas.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO. 

La coalición Unidas Podemos llega casi exhausta a este gobierno. Sus bases de política, organización e ideales se han degradado mucho en estos últimos tiempos, y el peligro más grave que corre es pretender sustituir con la gestión gubernamental sus carencias como mero frente parlamentario‑electoral. “Gobernar o no” nunca ha sido una cuestión de principios, depende –siempre dependió– de la correlación real de fuerza o de la correlación real de debilidad. Se ha optado por el acto de gobernar como elemento fundamental de una estrategia política. El dilema es complejo: gobernar en minoría con un partido político que es su principal adversario electoral y que, hasta el presente, ha estado dedicado a reducir a UP a su menor expresión electoral y política. No basta con gritar: “Sí se puede”: gobernar es gestionar el conflicto por otros medios, y hay que prepararse para ello. Dicho de otra forma: a mayor unidad con el Psoe, mayor necesidad de autonomía para UP, en las instituciones y –sobre todo– en la sociedad civil. Gobernar implicaría no sólo gestionar bien (cosa nada fácil), sino también organizar el partido, profundizar en su unidad y movilizar a una sociedad desconfiada, desilusionada y harta de la política.

La decisión está tomada: guste más o guste menos, lo que haga este gobierno de coalición va a marcar duraderamente la política española. Las derechas no tardarán en disputar la calle y tenderán a aprovechar cada contradicción y cada debilidad para acorralar a un gobierno que ya nace con dificultades. Se asumen muchos riesgos; me gustaría creer que estamos preparados para ellos y que hay un plan B. Lo nuevo es que, en muchos sentidos, nos jugamos no solamente el futuro de una fuerza política, sino también el papel en nuestra sociedad de las clases trabajadoras y de unas mayorías sociales que necesitan creer y esperan algo más que palabras y abrazos. Es el momento de la política… de la política en grande.

Por Manolo Monereo

21 noviembre, 2019

*    Politólogo, ex diputado de Unidas Podemos (2016‑2019)

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Sábado, 23 Noviembre 2019 06:34

Blade Runner 2019: la rebelión replicante

Blade Runner 2019: la rebelión replicante

Fundamental obra de la ciencia ficción, Blade Runner (1982) es comúnmente abordada desde el tema medioambiental y la tecnología. Sin embargo, la película de Ridley Scott ofrece lecturas críticas más potentes. La autonomía de los artefactos producidos, la administración de la vida desde el poder y, especialmente, las posibilidades de rebelión superan en ella la adivinación futurista

La película, basada en la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? del escritor estadunidense Philip K. Dick, se puso de moda de nuevo al cumplirse la fecha durante la cual se localiza la trama futurista: noviembre de 2019, mes en el que, como marco para mirar, una serie de insurrecciones recorren el mundo.

Blade Runner relata una cacería (llamada con el eufemismo retiro) de replicantes, androides creados por la corporación Tyrell con cuerpo humano y recuerdos falsos insertos en el cerebro.

Con guiños al Cine Noir de los 30, la cacería se desarrolla en los interculturales bajos fondos de la megápolis losangelina, cuya barroca atmósfera oscura contrasta con el dorado y piramidal edificio de Tyrell, empresa de diseño y administración de la vida (Biopolítica).

En La guerra de las imágenes: De Cristóbal Colón a Blade Runner. (1492-2019), el historiador francés Serge Gruzinski dice que la esencia de Blade Runner se encuentra en la metrópoli como confusión de razas y lenguas: lo barroco colonial. Gruzinski inserta al filme para leer a contrapelo de las imágenes del barroco creadas por el Occidente colonizador en México: se persigue a los replicantes, arguyendo la inhumanidad de eso esclavos androides, como cinco siglos antes los conquistadores sometieron y masacraron a los indios sosteniendo que éstos no tenían alma.

Sin embargo, es en este Los Ángeles como empalme de un barroco futurista donde se pueden esconder los androides-esclavos insurrectos. Es ahí donde se da la posibilidad de un cambio de mundo.

El teórico y crítico literario marxista Joseba Buj es todavía más radical que Gruzinski. En su ensayo Mínima marginalia del libro Cartografía del desencuentro reconoce en el replicante un artefacto cultural que tiene la posibilidad para generar después su propia autonomía: si la imagen Virgen de Guadalupe, implantación del imaginario colonial por excelencia, aparece siglos después en el estandarte del cura Hidalgo, el replicante, creado por el capital como esclavo, destinado a habitar los bordes del cosmos para producir y ser desechado, puede rebelarse contra su código, su papel, y salir a rebelarse contra su creador.

En esta lectura, la categoría migrante sería una réplica: productos de las guerras en los bordes exteriores del mundo conocido; réplicas que llegan por millares a tocar con fuerza en las puertas del Occidente que las produce. También sería una réplica la categoría indio (al igual que mestizo); el indio que, como palabra interpuesta desde la colonización, aglutina a miles de personas administradas y desplazadas por siglos, negadas de alma, igual que los androides. Una réplica hoy insurrecta que bajo el nombre maya, mapuche, aimara. Es hoy, en la constelación de la categoría indígena, que se gestan los levantamientos de emancipación americana de este noviembre de 2019.

Después de arrancar los ojos a su creador, el replicante Roy Batty (interpretado por el recientemente fallecido Rutger Hauer) invierte los roles fílmicos y pregunta a su perseguidor, el detective Deckard: ¿no eras tú el bueno. En la pelea final, el androide aúlla y deviene animal. Es capaz de desnudarse del rol social interpuesto y estar más cerca de la vida que el propio detective.

Invertidos los papeles, el replicante (esclavo insurrecto-Espartaco) vence, se transforma en divinidad para después morir pronunciando uno de los monólogos más citados del cine: he visto estrellas brillar en la noche con mil colores. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, igual que el llanto en la lluvia.

Blade Runner tiene al menos cinco versiones. Curiosamente, todas son réplicas. La versión que más gusta a Ridley Scott pareciera sugerir: al final, todos podríamos ser replicantes. De vuelta a la nocturna ciudad barroca, en un noviembre de 2019, estamos ante la hora de la rebelión.

*Por Al-Dabi Olvera, cronista

Publicado enCultura
Viernes, 22 Noviembre 2019 06:31

La globalización del hartazgo 

La globalización del hartazgo 

Recién acabamos de entrar plenamente en el Siglo XXI. Las compuertas se fracturan. Estamos ante la globalización del hartazgo, ante la desconstrucción colectiva de un abuso colosal que funcionó como un espejismo que atrasó el ingreso al nuevo milenio. La introducción se hizo a empujones. La primera fisura social la inauguró Bolivia en 2003 con la revuelta por los hidrocarburos (78 muertos) que desembocó en la renuncia del presidente Sánchez de Lozada y se prolongó hasta la elección del presidente Evo Morales en 2005 (54% de los votos). La primavera árabe que estalló en 2010 en Sidi Bouzid (Túnez) inició el segundo movimiento de emancipación del Siglo XXI. Aunque fue derrotada por una contrarrevolución sangrienta, Egipto le siguió los pasos con el derrocamiento del dictador Hosni Mubarak posterior a la extensa ocupación de la Plaza Tahrir (2011). La consigna “Erhal” (Afuera) fue la respuesta masiva a la pobreza, la corrupción y el nepotismo. Se la llamó “la revolución Facebook” o “Twitter” por el papel que desempeñaron las nuevas tecnologías de la información en aquellos alzamientos sociales. La ilusión resultó pasajera. Las redes sociales no han sido aliadas de la emancipación sino del engaño (Donald Trump, Brexit, Bolsonaro, etc, etc). El anhelo de un cambio se extendió a Occidente entre principios y finales de 2011. La revuelta del Norte venía precedida por las manifestaciones que estallaron en Gracia en 2010 como refutación de la “purga” de austeridad impuesta por los organismos multilaterales de crédito. Las sublevaciones civiles habían sido teorizadas a finales de 2010 por el ensayista francés Stéphane Hessel. Su libro “Indígnense” planteó una insurrección pacífica y así nació en España la plataforma Estado del Malestar que conduciría al movimiento de los indignados y las concentraciones en la Puerta del Sol. Este oleaje se prolongó en grupos como Occupy Wall Street y muchos similares. Luego, todo volvió al cauce sistémico: consenso, tecno consumo y obediencia. Se entendía que aquellos apenas fue un susurro pasajero de rebelión. Algunos años después, la Argentina irrumpió en 2017 en el escenario con varias manifestaciones de oposición frontal a la expiación social desplegada por el macrismo. Al año siguiente, el giro radical lo protagonizó Francia cuando empujó hacia el Siglo XXI con el movimiento de los chalecos amarillos. Esa insurgencia de “los invisibles” de Occidente ubicados en las zonas periféricas reinstaló en el centro la idea de una soberanía popular en contra de la inoperancia y la corruptibilidad de la política. Fue y sigue siendo un fragoso grito, una demanda de recuperación del destino que estaba en manos de las castas políticas, mediáticas, industriales y financieras. No se podía seguir teniendo confianza en esas oligarquías. El destino debía volver al tejido del pueblo. Ahora, Chile acaba de dar la envión final con una masiva revuelta ciudadana y el entierro de una Constitución ilegitima diseñada por un dictador. Los últimos gemidos de los años 70 de América del Sur fueron sepultados por la valiente y admirable revuelta de los chilenos. El coletazo de Bolivia es un tirón hacia atrás ejecutado por una casta que desecha aceptar que su mundo ya no resuena más en este y que se ha respaldado en el separatismo y el soberanismo blanco trumpista para dar un golpe de Estado. Su destino será breve. El Siglo XXI se los llevará por delante.

Ya no será más lo mismo, casi en ningún lado. En un arco temporal coincidente (2018-2019), el montaje tramposo confeccionado por el tecno liberalismo se desarmó bajo la coacción de una sublevación que abarca hoy buena parte de la geografía del planeta. Argentina, Francia, Ecuador, Argelia, Hong Kong, Chile, el Líbano, Irak, Irán, Republica Checa, Colombia y Haití. En las calles o en las urnas, estos países esgrimieron la dignidad de los pueblos para restaurar la legitimidad de un sujeto social renacido y sin miedo. Cuando la primera potencia mundial elige como presidente a un analfabeto, agresor de mujeres, evasor de impuestos, racista y tramposo hasta en la forma en que llegó al poder no caben más ni la confianza ni el miedo. En los cuatro puntos cardinales, en diferentes idiomas, los grafitis y las banderolas retoman ese término que tantas veces se escuchó en la Plaza Tahrir durante la revuelta egipcia: ”Karama”, dignidad, es decir, me apropio colectivamente de mi destino porque ya no creo más en esa alucinación que, entre los años 90 y el nuevo milenio, el liberalismo confeccionó como una de las mentiras más planetarias de la historia humana: la tecnología, las finanzas y las desregulaciones como objeto de progreso y garantía de libertad. En los primeros 20 años del Siglo XXI se llevó a cabo la instalación de esta representación con el concepto de “globalización” como llave maestra. El llamado capitalismo de innovación engendró un monstruo de tres cabezas: el capitalismo de vigilancia, el capitalismo de predicción, el capitalismo de captación. Los tres se volvieron la catedral del consumo, del espionaje y de la explotación digital. Vendieron estas trilogías como un nuevo estado del progreso de la condición humana cuando no fue, en realidad, más que un grosero capítulo de la explotación ampliada por las políticas neoliberales que jamás condujeron a un rápido crecimiento económico, y menos aún al reparto equitativo de la riqueza acumulada. Al engaño le sigue el despertar. El mapa mundial es, en este momento, el territorio de la reinserción de un sujeto social unido no ya por la ideología sino por la insurgencia ante lo absurdo de la desigualdad, la acumulación de riquezas y prerrogativas y la incapacidad de la clase política. De Buenos Aires a Teherán, pasando por Argel, Beirut, Hong Kong, Quito, Santiago de Chile, Puerto Príncipe, Praga, Bagdad o Bogotá, estas revueltas están atravesadas por un factor común: no son los “olvidados de la globalización” sino la acción de grupos humanos socialmente lúcidos y fusionados que rehúsan participar en su propia depredación.

En 1989, la caída del muro de Berlín no fue “el fin de la historia” sino una oportunidad histórica para introducir una democracia renovada. En su lugar se instaló una tiranía soft regulada por los deslumbramientos de las nuevas tecnologías. Comunicación, consumo tecnológico y prosperidad para todos. Las usaron para vendernos basura, para controlar y manipular nuestras conciencias. Los tiranos desaparecen, la tiranía renueva sus perfiles y protocolos. Facebook, entre otros, es el rostro del tirano con sonrisa de sommelier. Pero es un veneno que ha contaminado el comportamiento electoral de grandes países y llevado al poder a los herederos del fascismo blanco. La socialdemocracia liberal estaba tan saturada por su victoria que ni siquiera vio que su otro enemigo mortal, el fascismo, trepaba por su columna vertebral.

En esta serpentina global de sublevaciones la Argentina ha sido quizá el último territorio del chantaje donde se buscó sofocar la independencia colectiva. Se trató de modificar las preferencias electorales de la sociedad mediante la alternativa escatológica: si no nos votan a nosotros Wall Street nos sacará definitivamente del mundo: seremos los paganos del sistema. No funcionó. La Argentina se liberó de su tirano financiero al decidir que su destino sería otro. El perfil de las rebeliones globales difiere, pero dibuja un mismo repudio a lo político: aumentos de los combustibles, Francia e Irán, democracia y soberanía, Argelia y Hong Kong, medidas de austeridad, Ecuador y Colombia, impuesto al uso de WhatsApps y corrupción, Líbano, corrupción, Republica Checa, corrupción y desigualdad, Irak, pobreza, Haití, tarifas de los transportes y desigualdad, Chile. Ha habido cientos de muertos y miles de heridos que llevan en su carne los estigmas de la nueva represión: el sujeto social de hoy es un ser humano mutilado, con los miembros atrofiados por los proyectiles de la policía, que ha perdido ojos, manos, dedos. Podemos retratar cada época con las huellas que deja la represión. La nuestra es la era de la mutilación policial. El teatro global prosigue, pero hemos cambiado de acto. En este, los pueblos retoman su destino y demuestran la sabiduría intrínseca de los combates: no hay pelea ultima ni derrota definitiva, sino que “todas las luchas continúan” (Mario Wainfeld) en una danza de intensidad y adormecimiento. El 14 de julio de 1789, cuando la Revolución francesa estaba en la raíz del reino, el duque de La Rochefoucauld-Liancourt despertó al Rey Luis XVI para avisarle que los insurrectos parisinos habían tomado La Bastilla. El Rey pregunto: “ ¿ Pero es una revuelta ?”. La Rochefoucauld le dijo: ”No Sir, es una revolución”. En este Siglo XXI no le diría lo mismo, sino, tal vez, algo peor: No Sir: es una resurrección globalizada.

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