Los trabajadores de la salud de Tadó exigen la socialización del plan de contingencia para enfrentar la pandemia del covid – 19

En precarias condiciones están los trabajadores de la salud del Hospital San José de Tadó –Chocó: con pocos elementos de bioseguridad y sin dotaciones ni salas de aislamiento. No cuentan con los recursos necesarios para atender pacientes contagiados. Además, el Estado tiene una deuda salarial con 130 de los empleados que han trabajado en este hospital de primer nivel. Los trabajadores de la salud en un plantón realizado el pasado lunes 18 exigieron al alcalde del municipio, Cristian Copete Mosquera, que socialice el plan de contingencia para enfrentar la pandemia del virus covid-19.

El hospital, que debe atender a una población en promedio de 20.000 mil personas, no cuenta tampoco con respiradores para atender emergencias respiratorias generadas por el covid-19. Solo tiene 14 camas y varias de estas están a punto de ser inutilizables. Sin embargo todo el personal de talento humano: servicios generales, porteros, enfermeras, médicos y funcionarios administrativos está obligado, según el decreto 538 de 2020, a trabajar, sin importar las condiciones para ello, incluso a riesgo de su propia vida.

Algunos de estos trabajadores del centro hospitalario de Tadó, continúan trabajando así el Estado tenga una deuda salarial con ellos de más de 14 meses. Se le suma que deben atender otros dos mortales virus: el dengue y la malaria y, la infraestructura no es la adecuada. La inestabilidad es imperante y ya se ha trasladado a sus familias, muchos requieren de ayuda psicológica pues el trastorno ha sido inevitable. Están desesperados, crisis tras crisis, aún así la situación empeoró al conocerse por parte de la secretaria de salud, Gloria Prado Pino, que el departamento del Chocó ya tiene 80 casos positivos del virus.

El hospital de Tadó ya tuvo su primera alerta por contagio, un paciente que había ingresado por una anemia y fue traslado en una ambulancia hacia la ciudad de Quibdó. Al realizarle la prueba nasal días después, el 19 de mayo, el resultado arrojó positivo.

Sin socializar un plan de contigencia

desdeabajo conversó con María Marisol Rentería, funcionaria del hospital y presidenta regional Chocó de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (Anthoc), para conocer de cerca la crisis laboral, financiera y de infraestructura que tiene esta Empresa Social del Estado.

da: ¿Qué acciones ha desarrollado el sindicato en medio de esta coyuntura?

MR: Nosotros venimos dando apoyo a las instituciones pero también, a la vez, reclamando porque no tenemos las condiciones para enfrentar los casos de covid-19. Los alcaldes están empeñados en que van a organizar salas de aislamiento, pero solo han perdido el tiempo, y hasta la fecha no las han dotado. Como sindicato y como empleada hemos realizado reclamaciones y plantones permanentemente sobre esta situación porque no han socializado el plan de contingencia. Además, hay pagos atrasados, esos recursos ya los tiene la gobernación del Chocó y no se ha llegado a feliz término para pagar esa deuda atrasada que viene desde el 2015.

da: ¿Cómo está la situación en relación a las contrataciones por las EPS para mejorar la crisis de los hospitales?

MR: Las EPS deben cumplir y girar los dineros a los hospitales. Tienen que hacerlo pues al aliviar la cartera a los hospitales el servicio va a mejorar. Lo otro es que el Gobierno entregue el dinero directamente a los hospitales, solo están llegando giros directos por la parte de contratación subsidiada. La SúperIntendencia de Salud debe hacer cumplir a las EPS el pago porque es la garante de estas conciliaciones.

da: ¿Cuáles son las peticiones urgentes para poder superar esta crisis laboral, financiera y de infraestructura que vive el Hospital de San José de Tadó?

MR: Primero que cumplan con el pago de nuestra deuda. Que se garantice la asignación de los elementos de protección, que no sea solo por un día sino permanente. Necesitamos dotación para que la sala de aislamiento tenga todo lo necesario y poder atender futuros contagios de covid-19. Ya tuvimos una primera alerta, necesitamos estar preparados para la segunda que venga. Necesitamos que el gobierno nacional nos ayude con la infraestructura del hospital, las instalaciones están muy deterioradas.

da: ¿Qué cambios necesita el hospital en infraestructura?

MR: El hospital necesita nueva infraestructura. Un cambio total de toda el área para que pueda cumplir con todos los parámetros que exige la norma. No hemos visto las acciones por parte del alcalde de Tadó, ni de la gerente del hospital, ni del gobernador del Chocó. 

 

El Hospital de San José de Tadó cuenta con 14 camas que no están dotadas para atender la pandemia.

 

A mediados de abril la Procuraduría General de la Nación suspendió al gobernador del Chocó, Ariel Palacios, durante tres meses por presuntas irregularidades de un contrato por $2.000 millones relacionado con la contingencia del coronavirus.

El gobernador encargado, Jefferson Mena Sánchez, que tomó posesión el pasado 4 de mayo, informó a medios de comunicación que: “De manera articulada con los alcaldes municipales, gestionaremos recursos para los hospitales y centros de salud de las distintas poblaciones del departamento y seguiremos insistiendo en las medidas de protección y auto-cuidado para mitigar y contener la expansión del virus en nuestro territorio”. Además Mena Sánchez, agregó que: “promoveremos un canal de información oportuno, con rendición de cuentas claras de cada una de las acciones que adelante esta administración”.

A la fecha de hoy, en el página web de la gobernación del Chocó, en la sección de rendición de cuentas el último informe de gestión es del 11 de abril, es decir, del anterior mandatario. ¿Dónde están los recursos que necesita el Hospital de Tadó urgentemente?

Si bien el artículo 5 del decreto 538 de 2020 tiene la finalidad de financiar […] la operación corriente o para inversión en dotación de equipamiento biomédico, con el fin de garantizar la prestación de servicios de salud a la población afectada por causa de la emergencia derivada del Coronavirus COVID-19, es evidente, por la realidad acá narrada que al menos en el Chocó nada de esto se cumple.

Esperemos, enfatiza María Marisol Rentería, que el nuevo gobernador del Chocó, la Súper Intendencia de Salud y la Procuraduría General de la Nación estén procurando que esos recursos que necesita, no solo el hospital de Tadó sino muchas centros de salud del departamento, sean ejecutados o ¿Esperaran que el Chocó se convierta en un segundo Amazonas con su exponencial número de contagiados del país y así ejecutar el plan de contingencia?

El gobierno nacional no puede obligar a los trabajadores de salud a trabajar cuando no cumplen ni siquiera con sus derechos laborales. Es claro que el Hospital San José de Tadó en Chocó está en el vórtice de la crisis. Ya lo anotó el equipo desdeabajo “la salud es un derecho para la vida y no una obligación para la muerte”.

En los siguientes enlaces podrá ver programas de la serie –Demonios– con expertos y expertas que debaten y analizan la situación de la salud de Colombia en medio de la crisis sanitaria:

- El Chocó: una pandemia sin fin

https://www.youtube.com/watch?v=_FcrMk96m7I&t=4s

-Trabajadores de la salud y el Decreto Nº 538/2020:
https://www.youtube.com/watch?v=MWEnEPakPwk&t=320s

- La Ley 100 y la crisis de la salud en Colombia

https://www.youtube.com/watch?v=lARq7LfeYDc

Situación de los trabajadores de la salud. ¿Amenazada la salud de la primera línea de atención?

https://www.youtube.com/watch?v=ei6rf-YnzwI

 

 

 

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Coronavirus: 25 millones de empleos en el mundo están en riesgo

Informe de la OIT sobre el impacto de la pandemia en el mercado laboral mundial

La Organización Internacional del Trabajo evaluó que el parate de la actividad económica tendrá fuertes consecuencias en materia laboral. Advirtió que llevará "a millones de personas al desempleo, al subempleo y a la pobreza laboral" y planteó que son necesarias medidas coordinadas e inmediatas.

 

La parálisis económica que generan las medidas de prevención al coronavirus podría generar la pérdida de 25 millones de empleos en el mundo, afirmó este miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

"Una evaluación inicial del impacto de COVID-19 en el mundo laboral mundial indica que los efectos serán de gran alcance, llevando a millones de personas al desempleo, al subempleo y a la pobreza laboral, y propone medidas para una respuesta decisiva, coordinada e inmediata", señala el informe.

Al igual que otros organismos multilaterales, la OIT se sumó a la campaña para que los países lleven a cabo políticas fiscales y monetarias expansivas para salir de la crisis que genera la pandemia en la actividad económica global, la cual la compara con los efectos del desplome de 2008-2009.

La OIT realizó una nueva evaluación sobre la base de la situación que se actualiza a cada instante y determinó que "la crisis económica y laboral provocada por la pandemia del COVID-19 podría aumentar el desempleo mundial en casi 25 millones de personas". "Sin embargo, de haber una respuesta política coordinada a nivel internacional, como ocurrió frente a la crisis financiera mundial de 2008-2009, el impacto sobre el desempleo mundial podría ser significativamente menor", agrega el informe oficial del organismo con sede en Ginebra. 

La OIT estima que entre 8,8 y 35 millones de personas más, sin contar los que pierdan su fuente laboral, estarán en situación de pobreza laboral

Entre las medidas que sugiere se encuentra la de proteger a los empleados en el lugar de trabajo, estimular la economía y el empleo, y sostener los puestos de trabajo y los ingresos, las cuales ya se pusieron en práctica en varios países, como la Argentina. 

Esas medidas incluyen la ampliación de la protección social, el apoyo para mantener el empleo (es decir, el trabajo a jornada reducida, las vacaciones pagadas y otros subsidios) y la concesión de ayudas financieras y desgravaciones fiscales, en particular a las microempresas y pequeñas y medianas empresas.

Hipótesis de destrucción

El virus ya infectó a casi 200.000 personas en 164 países, resultando en cerca de 8000 muertes, y tiene el potencial de alcanzar a una gran proporción de la población mundial. 

Según estimaciones preliminares recogidas por el informe de la OIT, entre 40 y 70 por ciento de la población mundial podría infectarse. Las consecuencias económicas del brote son también preocupantes, con impacto ya no sólo a través de pérdidas bursátiles sino por el impacto global de la reducción de horas de trabajo y salarios.

El informe de la OIT advierte que la crisis del empleo podría afectar a determinados grupos de manera desproporcionada, y por consiguiente agravar la desigualdad. Entre ellos se encuentran las personas con trabajos menos protegidos y mal pagados, en particular los jóvenes y los trabajadores de edad. 

Las mujeres y los migrantes también son de mayor riesgo laboral. Estos últimos son vulnerables debido a la falta de protección y derechos sociales, y las mujeres tienden a predominar en los empleos de baja remuneración y en los sectores afectados.

El relevamiento de la OIT que difundió de manera global este mediodía simula el impacto en el empleo basado en tres escenarios de crecimiento del PIB. Estas estimaciones indican un aumento del desempleo mundial de entre 5,3 millones (hipótesis “prudente”) y 24,7 millones (hipótesis “extrema”), a partir de un nivel de base de 188 millones de trabajadores en 2019. 

Para tener un punto de comparación con este escenario, la crisis financiera mundial de 2008-2009 aumentó el desempleo mundial en 22 millones.

Menos salarios

“El impacto a la demanda laboral probablemente se traducirá en ajustes significativos a la baja en salarios y horas de trabajo”, advierte el informe del organismo. Según datos al 10 de marzo, los trabajadores infectados perdieron en conjunto ya casi 30.000 meses de

El informe estima que la pérdida de ingresos para los trabajadores será de entre 860.000 millones de dólares y 3,4 billones de dólares a finales de 2020. Esto se traducirá en caídas en el consumo de bienes y servicios, lo que a su vez afectará a las perspectivas de las empresas y las economías.

La pobreza laboral, como lo define el informe, se deteriorará aún más como resultado de “la presión sobre los ingresos resultante de la disminución de la actividad económica, impactando más fuertemente a trabajadores y trabajadoras que se encuentran cerca o por debajo del umbral de la pobreza”. 

La OIT estima que entre 8,8 y 35 millones de personas más estarán en situación de pobreza laboral en todo el mundo, frente a la estimación original para 2020 (que preveía una disminución de 14 millones en todo el mundo).

El organismo exhorta a llevar a cabo respuestas rápidas y coordinadas. 

En materia fiscal, aconseja transferencias específicas, como las prestaciones por desempleo, junto con la inversión pública, desgravación fiscal para personas de bajos ingresos y micro, pequeñas y medianas empresas, en sintonía con las medidas anunciadas por el gobierno argentino esta semana. 

En política monetaria aconseja reducciones de la tasa de interés, relajación de la tasa de reserva, objetivos provisiones de liquidez y préstamos específicos y apoyo financiero para proteger a las empresas, especialmente mipymes en sectores más afectados por la pandemia. 

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Bogotá. Alza en Transmilenio ahonda ganancias de 20 familias

En contra de la realidad de los menguados ingresos de miles de familias bogotanas, y alegando la necesidad del equilibrio financiero del consorcio Transmilenio, un negociado privado con apariencia de público, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, autorizó el incremento del transporte masivo de la ciudad en cien pesos a partir del día 2 de marzo. Inicia así el tercer mes del año 2020 con una mala noticia para quienes no tienen otra opción para transportarse mas que subirse –o que lo suban, como sucede en las horas pico– a los buses rojos y azules que recorren la capital de Colombia.

Es así como el pasaje de Transmilenio, uno de los más caros de Suramérica, queda en 2.500 pesos y el de buses del SITP (zonal) a 2.300. Una medida que, como es conocido, seguirá estimulando la compra de motos y otras máquinas para el transporte individual, con lo cual la urbe capitalina prosigue incrementando sus niveles de contaminación a todo nivel: aire, ruido, visual.

Una medida que favorece a unos pocos 

Miles de miles son los perjudicados por la medida tomada, y ¿quiénes se benefician por la misma? Como es conocido, Transmilenio, que funge como una empresa privada, en realidad es controlada por 20 familias que se apropian de los miles de millones de pesos que generan los más de dos millones de pasajeros día que ocupan tal servicio. ¿Quiénes pierden? Los trabajadores que, como dice el mural que se ve por las calles, están obligados a escoger entre el pan o el pasaje.

 

“Cada día Transmilenio recibe aproximadamente $7.000 millones de pesos, unos 9.452 salarios mínimos. De esta cifra, el 95% queda en manos de veinte familias dueñas del sistema, con una mínima inversión.La ciudad, por el contrario, apenas recibe el 5% y tiene que financiar infraestructura, aportes anuales, pago de buses, reparación de vías y estaciones, lo cual le ha costado más de $15 billones” comentó el colectivo Alternativa Popular.

El colectivo contó que algunas de estas veinte familias que se apropian de los excedentes producidos por el sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá, son: 1) Collins. Socia de los Nule en la concesión Bogotá–Girardot y grandes propietarias de “Este es mi Bus”. 2) Grupo Fanalca (Losada-Herrera) y Ríos Velilla. 3) José Gutiérrez, pionero de Transmilenio, fue Representante y Senador por Colombia democrática, partido de Mario Uribe. Debió conocer bastante al dignísimo Otto Bula, pues él fue quien recibió directamente financiación de los paramilitares para capitalizar ese movimiento político3. 4) Cubides. Henry, otro pionero, fue un Senador destituido por celebración indebida de contratos. 5) Bermúdez. Histórica en Bogotá, desde 1950 con mayoría en Masivo Capital y Transmasivo. 6) Mejía Sánchez, Martínez Palacio y Ruíz son, en conjunto, zares del transporte en Bogotá. 7) Sainc es una empresa de ingeniería que, además, es uno de los cinco grupos que lidera la contratación con el IDU.

Entérese en extenso de esta información en el artículo que el colectivo Alternativa Popular realizó para desdeabajo en el siguiente link:

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/31445-duenos-de-transmilenio-no-invierten-pero-si-reciben-el-95-de-los-ingresos.html

Artículos relacionados:
https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/8608-%C2%BFc%C3%B3mo-es-la-movida-de-transmilenio

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/252-transmilenio-%C2%BFal-servicio-de-qui%C3%A9n?--bogot%C3%A1-transporte.html

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/34456-la-rebelion-de-los-phatos.html

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Lunes, 02 Marzo 2020 06:04

Alarma por una reforma sin voto

Científicos protestan contra la reforma de pensiones en Paris.  ________________________________________ Imagen: AFP

Mociones de censura al nuevo régimen de pensiones en Francia

El gobierno de Macron, que tiene mayoría en la Asamblea, podría pasar por alto el reclamo de la oposición y los sindicatos.

La izquierda y la derecha parlamentaria presentaron mociones de censura un día después de que el primer ministro francés, Edouard Philippe, anunciara que la reforma de las pensiones sería aprobada sin votación, recurriendo a un artículo de la Constitución. Philippe había realizado el inesperado anuncio el sábado por la tarde en la tribuna de la cámara baja del Parlamento francés. Entre los aplausos de la mayoría presidencial, explicó que lo que pretendía era "poner fin a este episodio de no debate" con la oposición y "permitir que pueda empezar la siguiente fase del proceso legislativo".

Así, el primer ministro recurrirá al artículo 49-3 de la Constitución, que permite que se apruebe un texto legislativo sin votación, a cambio de que los diputados puedan presentar una moción de censura. La reforma para crear un "sistema universal" de jubilación por puntos será considerada como aprobada, salvo si sale adelante una moción de censura que debe presentarse en un plazo de 24 horas. Sin embargo, el gobierno cuenta con una mayoría cómoda en la Asamblea Nacional. Se espera que la reforma -que tendrá que ser examinada por el Senado- sea aprobada definitivamente en verano.

Tras el anuncio del primer ministro, los diputados del partido Les Républicains (LR, conservadores) presentaron una moción y afirmaron que no podían "aceptar que una reforma, que el propio gobierno presenta como la más importante del quinquenio, no pueda ser votada en la Asamblea Nacional". El texto de los Republicanos, el partido conservador, publicado por el presidente del partido, Damián Abda, en su cuenta de Twitter, denuncia "un texto extremadamente mal preparado y jurídicamente frágil. La realidad es que el Gobierno se enredó en una reforma demasiado costosa, muy injusta y tan compleja que sigue despertando la ansiedad de nuestros compatriotas".

La izquierda hizo lo mismo poco después. En su texto, los tres grupos de izquierda de la Asamblea (PS, LFI, PCF), así como Jennifer de Temmerman (no inscrita, ex-LREM), es decir 63 diputados, denuncian en su moción "un Gobierno que pisotea el procedimiento parlamentario". 

El proyecto estrella del presidente Emmanuel Macron provocó desde principios de diciembre una importante movilización ciudadana con huelgas de transportes (ferrocarriles y metro parisino) y también por parte de los abogados o de los trabajadores de la Ópera de París. El jefe de gobierno justificó su elección porque considera que el texto, contra el que se presentaron 41.000 enmiendas, está siendo "obstruido". "Tras más de 115 horas de debate en sesión pública, tanto de día como de noche, fines de semana incluidos, la Asamblea Nacional llegó al estudio del artículo 8 de un proyecto de ley ordinario que contiene 65", denunció Philippe.

El anuncio de Philippe cayó muy mal entre los líderes sindicales que vienen encabezando la oposición a la reforma.

El secretario general del sindicato CGT, Philippe Martínez anunció una movilización social a partir de la semana próxima.  "La actitud del Gobierno es profundamente escandalosa, por lo que habrá una respuesta adecuada a la situación", dijo Martínez.

Desde la CFDT (Confederación Francesa Democrática del Trabajo) hasta la Fuerza Obrera (FO), los sindicatos denunciaron la maniobra del Gobierno para interrumpir el debate parlamentario. "Lamentamos que el debate sea nuevamente relegado a un segundo plano. Es una oportunidad perdida", dijo el negociador de pensiones de la CFDT, Frédéric Sève. 

Para el secretario general del sindicato, Laurent Berger, "el Gobierno acaba de hacer la elección del 49-3, y no la de la justicia social". En un comunicado de prensa, el sindicato deplora que los debates no hayan podido celebrarse hasta el final y dice que "seguirá luchando, sobre todo durante la aprobación del texto en el Senado, para imponer las medidas que exige." 

Por su parte la CFTC (Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos) lamentó "llegar al 49-3 después de dos años de consultas". Pero para su presidente Cyril Chabanier, "la lucha continúa ante el Senado y la Asamblea Nacional en segunda lectura, para un verdadero reconocimiento de la dureza de ciertos trabajos y de las largas carreras".

La actitud del Ejecutivo "es incomprensible e inaceptable", aseguró también el número uno de Fuerza Obrera, Yves Veyrier, en Twitter. Según el sindicato Solidaires, "la respuesta del Gobierno es, después del desprecio del diálogo social, la de un paso forzado"; "una verdadera negación de la democracia".

En reacción al uso del artículo 49-3 por parte del Gobierno, varios cientos de personas se reunieron el sábado por la noche cerca de la Asamblea Nacional, para decir "no al 49-3", informó el sitio de noticias France 24.

En Burdeos, unas 200 personas según la prefectura participaron en una reunión espontánea para recorrer las calles del centro de la ciudad. La prefectura informó de algunos incendios de basura, pero no hablaron de enfrentamientos.

En Lille, varias docenas de personas se reunieron por la noche frente a la prefectura. "49-3, no lo queremos", "Lille, sublévate", gritaron. En Le Havre, el cuartel general de la campaña del primer ministro Édouard Philippe fue cubierto de graffitis y apedreado por los manifestantes.

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Manifestación de la huelga petrolera en Río de Janeiro, el 18 de febrero / Foto: Marcelo Aguilar

Veintiún mil obreros de la petrolera estatal mantienen una huelga desde el 1 de febrero, debido al despido de mil empleados y la negativa a negociar de las autoridades. De fondo, el futuro de un recurso estratégico para Brasil que el gobierno de Bolsonaro busca pasar a manos privadas.

Si usted vio los medios masivos brasileños en las últimas semanas, debe de haber visto que uno de los milicianos sospechosos por el asesinato de Marielle Franco fue asesinado por la policía militar en Bahía, o que el gobierno estatal de Rondonia quiso prohibir libros de Machado de Assis y de otros autores en las escuelas públicas, o que Jair Bolsonaro presentó un proyecto de ley para abrir las tierras indígenas a la minería. Pero difícilmente haya visto que los trabajadores de Petrobras están en huelga desde el viernes 31 de enero. El silencio mediático es monolítico.

Después del anuncio unilateral del repentino cierre de la Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Paraná (Fafen) por Petrobras –una medida que causará el despido de más de mil trabajadores–, la Federación Única de los Petroleros entró en huelga. Ya se adhirieron más de 21 mil trabajadores de 58 plataformas de explotación y 11 refinerías, entre otras instalaciones de la compañía estatal: un total de 121 unidades del llamado Sistema Petrobras. Además, cinco dirigentes del sindicato petrolero ocupan una sala del cuarto piso del edificio sede de Petrobras en Rio de Janeiro. Sentados a la mesa, esperan que la directiva, encabezada por Roberto Castello Branco, se presente para negociar. Y afuera, un campamento integrado por diversos movimientos populares y sindicales se mantiene en vigilia permanente desde hace 18 días.

ADENTRO.

Hasta ahora, nada. Lo único que recibieron los dirigentes de los petroleros fueron chicanas: durante los primeros cuatro días, la directiva de la empresa negó el acceso de agua y comida a la sala ocupada.

Cibele Vieira, directora del sindicato y una de las ocupantes, dijo a Brecha que esta situación se explica por el “completo vaciamiento de la negociación colectiva”. Sostuvo que la actual directiva es aún más dura que la que gobernó Petrobras durante el gobierno de Michel Temer. En aquel entonces, “aunque ya se veía un proceso de desmonte de la empresa, teníamos más espacio para la negociación que ahora”. Durante 2019, la construcción del acuerdo colectivo con la actual directiva duró seis meses y “los primeros cinco fueron de mesas vacías”. “Finalmente, vino una mediación del Tribunal Superior del Trabajo, aunque la empresa no quiso aceptar ni los prerrequisitos”, contó Vieira.

“Después de eso, la empresa empezó a cambiar puntos sin consultar a nadie y a tomar decisiones unilaterales”, explicó la sindicalista. La gota que derramó el vaso fueron los despidos en la Fafen: “En el propio acuerdo colectivo dice que las dimisiones en masa deben ser discutidas con los sindicatos; es una cláusula. Pero los trabajadores se enteraron de que iban a ser despedidos por la prensa. O sea, la empresa le filtró a la prensa sin hablar con los trabajadores, incumpliendo totalmente el acuerdo”.

“El hecho de que precisemos estar aquí sentados en una mesa hace 18 días y que no haya hasta hoy ni una conversación demuestra esto que decimos. Este gobierno y Petrobras no quieren negociar, sino fragmentar a los trabajadores. Estamos acá para demostrar que nosotros queremos negociar y que quienes no quieren son ellos”, dijo Vieira.

AFUERA.

Frente a la sede carioca de la empresa, en el acampe construido por los petroleros junto con otros movimientos populares y sindicales, se desarrollan talleres de batucada y de serigrafía, ruedas de debate diarias, aulas públicas, actos y hasta blocos (corsos) de carnaval. Paulo Neves, dirigente del sindicato en el estado de Amazonas, dijo a Brecha que una clave para entender el apoyo de los movimientos es que la huelga “no reivindica sólo cuestiones corporativas”, sino que se hace “sobre todo por la soberanía nacional y contra la desindustrialización del país”: “El petróleo es un recurso importantísimo y debe estar al servicio del pueblo brasileño”.

Matheus Quevedo, de la juventud del Movimiento de los Pequeños Agricultores, señaló a este semanario que “los movimientos están apoyando y construyendo la huelga porque la unión de toda la clase trabajadora se hace muy necesaria para enfrentar tantos retrocesos”. Explicó además: “Petrobras es un símbolo nacional, un patrimonio brasileño. El petróleo es un bien natural que, a pesar de que puede causar grandes impactos ambientales y climáticos, sigue siendo una fuente de energía crucial a nivel mundial. Por eso es necesario que el pueblo participe de la gestión de la empresa que regula ese recurso”.

“Esta empresa es estratégica para Brasil y tiene un fuerte impacto social”, recordó Quevedo. “Petrobras está en la mesa de todos los agricultores y todos los consumidores. Está en el tractor, en la gasolina para llevar la producción a la ciudad, en el gas para cocinar. El petróleo influencia el precio de los alimentos. Defender una Petrobras pública y fuerte es defender el arroz y el feijão en el plato de nuestro pueblo.”

EL SUEÑO DE UN CHICAGO BOY.

Roberto Castello Branco, que asumió la presidencia de Petrobras en enero de 2019, es un neoliberal de manual. Formado en la Universidad de Chicago –al igual que su amigo, el ministro de Economía, Paulo Guedes–, fue economista y jefe de la minera Vale durante 15 años. Nombrado por Dilma Rousseff, entró al Consejo Directivo de Petrobras en 2015, de donde salió en 2016.

El año pasado Castello Branco asumió como presidente de la empresa, a pedido de Guedes, y sus intenciones han sido claras. “Privatizar Petrobras siempre fue un sueño”, dijo en marzo de 2019, a poco de asumir, en un evento de la Fundación Getúlio Vargas. Las ironías de la historia. Petrobras fue creada por el propio Getúlio Vargas en 1953, que estableció el monopolio estatal de la producción, el refinamiento y el transporte del petróleo. En noviembre pasado, Castello Branco dejó en claro durante una entrevista con O Globo que cree que “la regulación es extremadamente complicada”: “Precisamos tener un ambiente institucional promercado, amigable con el inversor”. Él, como presidente de Petrobras, tiene que pensar en “lo que es mejor para los accionistas”.

Los trabajadores defienden lo contrario. Luchan contra la privatización, por considerarla “un robo”. Y parece que la mayor parte del pueblo brasileño está de acuerdo. Según una encuesta de Datafolha de setiembre de 2019, solamente uno de cada cuatro brasileños apoya las privatizaciones de las empresas públicas. En el caso de Petrobras, 65 por ciento de la población está en contra de la venta de la compañía. Sin embargo, a pesar de que Castello Branco ha dicho que, más allá de sus convicciones personales, aún no hay planes para privatizar la petrolera estatal, el diario Valor Económico publicó en agosto de 2019 que estos sí existen. Según el periódico, a pesar de no haber sido incluida públicamente en la lista de empresas a ser vendidas, el gobierno espera privatizarla antes de 2022, último año de mandato de Bolsonaro.

El lunes 17, el Tribunal Superior del Trabajo (Tst) decretó que la huelga de los petroleros es “ilegal”. Según el magistrado del Tst Ives Gandra Martins Filho, la medida sindical “tiene motivaciones políticas y no respeta las leyes sobre huelgas”. La decisión del Tst también ampara “eventuales sanciones disciplinarias” de la directiva de la empresa contra los huelguistas. Pero el martes los petroleros anunciaron que continuarán con la medida y apelarán la decisión del tribunal.

Por Marcelo Aguilar

21 febrero, 2020

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¿Por qué genera tanta indignación la reforma de las pensiones de Macron?

Por primera vez desde 2010, los sindicatos franceses se movilizan conjuntamente el martes contra el nuevo modelo de jubilación. Analizamos cinco cuestiones claves de esta polémica medida.

 

Es una de las medidas claves en el proyecto neoliberal de Emmanuel Macron. Tras dos años de negociaciones con la patronal y los sindicatos, el gobierno francés presentó el pasado miércoles su reforma de las pensiones. Una medida con la que el joven presidente pretende convertir el actual modelo de 42 regímenes de cotización en un único sistema por puntos. “Ha llegado el momento del sistema universal y se acaba el de los regímenes especiales”, aseguró el primer ministro Édouard Philippe durante la presentación de esta medida con un discurso trufado de fórmulas progresistas.

El ejecutivo centrista repite el mantra de que con el nuevo modelo “un euro cotizado dará los mismos derechos a todo el mundo”. La contestación a esta medida originó, sin embargo, la huelga del 5 de diciembre. Con cerca de un millón de personas en la calle, representó la mayor movilización social en Francia en la última década. “Este discurso de un sistema universal se trata en realidad de un mensaje propagandístico para lograr adoptar un régimen de pensiones por puntos cuyo principal objetivo será limitar sus costes”, defiende Romaric Godin, periodista en el diario digital Mediapart.

Con la presentación de la reforma, el gobierno cabreó incluso a aquellos sindicatos que hasta ahora no se oponían a la medida, como la moderada CFDT, la organización sindical con un mayor número de afiliados en Francia. Lo que favoreció la unidad de acción entre los sindicatos. Por primera vez desde 2010, todos ellos se movilizarán conjuntamente en la jornada de huelga y protestas prevista para este martes.

¿Por qué la reforma de las pensiones de Macron genera tanta indignación en Francia? ¿Qué sacrificios comportará al modelo de jubilación francés, uno de los más avanzados del viejo continente? ¿Favorecerá a las mujeres como promete el ejecutivo? Analizamos cinco cuestiones claves para entender el malestar desatado por esta medida.

1. ¿La reforma comportará una disminución de las pensiones?

Sí, probablemente. Según el colectivo ciudadano RéformedesRetraites (Reforma de las Pensiones), formado por trabajadores y economistas, los futuros jubilados percibirán unas pensiones entre un 15% y un 23% más bajas que las de sus conciudadanos que se jubilen ahora con el mismo perfil profesional, salario y años cotizados. Las pensiones dejarán de calcularse en función del salario de los seis últimos meses en el caso de los funcionarios o los 25 mejores años en los trabajadores del sector privado. Con el nuevo sistema, lo harán a partir de los puntos acumulados a lo largo de la carrera profesional. Esto perjudicará a aquellos trabajadores con trayectorias salariales que hayan tardado más en despegar o periodos de desempleo en medio de su carrera.

“Esta reforma comportará un empobrecimiento de los futuros jubilados”, advierte Godin. Según este reputado analista económico, su objetivo principal “es pasar de un sistema con prestaciones definidas a uno nuevo con cotizaciones sociales definidas, en el que las pensiones servirán para ajustar el equilibrio financiero”. Es decir, adoptar un modelo que permita mantener estables, o incluso reducir, las cotizaciones sociales. De esta forma, garantizar el objetivo de “equilibrio financiero” del ejecutivo macronista, que consiste en limitar en el 13,8% el gasto público destinado a las prestaciones de jubilación. Una política, que unida al envejecimiento de la población, favorece una reducción de las pensiones.

“Nos comprometemos a que el valor del punto no sea establecido de forma arbitraria y pediremos a los actores sociales (patronal y sindicatos) que establezcan su valor, con la aprobación del Parlamento”, afirmó Philippe para calmar el malestar ante una futura caída de las pensiones. Además, indicó que establecerán una “regla de oro” para garantizar que el valor del punto no disminuirá. Y precisó que evolucionará en función de los salarios, en lugar de la inflación. No obstante, la disminución de las pensiones también puede hacerse retrasando de manera progresiva la edad de jubilación. Lo que reducirá las pensiones de aquellos que por motivos de salud o laborales se vean obligados a jubilarse antes.

2. ¿Macron quiere retrasar la edad de jubilación?

Durante la campaña de las presidenciales de 2017, Macron prometió que mantendría en 62 años la edad legal de jubilación. La nueva ley no modificará este aspecto, pero sí que establecerá una “edad de referencia” para jubilarse a los 64 años. El ejecutivo se ha sacado de la chistera este concepto de “edad de referencia” que servirá para disminuir las pensiones de aquellos que se jubilen antes de los 64, a pesar de que hayan cotizado durante un periodo completo, entre 42 y 43 años –en España es de 36 años y nueve meses–. Por cada año que se jubilen antes de la “edad de referencia”, la prestación disminuirá en un 5%.

Además, esta medida no solo se aplicará para aquellos afectados por el nuevo sistema por puntos –los nacidos a partir de 1975–, sino también a los que se jubilen en los próximos años. Según las previsiones del gobierno, a partir de 2022 la edad para jubilarse aumentará cuatro meses cada año antes de establecerse en 64 en 2027. “La única solución es trabajar un poco más, como ya sucede en el resto de Europa y del mundo”, defendió Philippe. Aunque los franceses pueden retirarse ahora a partir de los 62 años, la edad real de jubilación se sitúa en 63. En España es de 64 años y dos meses.

3. ¿Qué sectores se verán perjudicados?

Si la reforma es aprobada con su diseño actual, numerosos sectores saldrán perjudicados. Los grandes perdedores pueden ser aquellos funcionarios que empiezan su carrera con salarios modestos y estos aumentan progresivamente. Por ejemplo, los profesores, enfermeras, auxiliares de medicina… Sus pensiones se verán recortadas por el nuevo cómputo que ya no se realiza a partir de los seis últimos meses, sino de toda la carrera. También perjudicará a los asalariados del privado, después de que sus pensiones dejen de calcularse en función de los 25 mejores años. O profesiones liberales como los abogados, que perderán su régimen específico de cotización.

Además, saldrán perjudicados los trabajadores de las empresas públicas en los transportes ferroviarios (SNCF), metropolitanos (RATP) y en el sector eléctrico (EDF y Engie). Todos ellos verán como desaparecen sus regímenes especiales. Estos les garantizaban ventajas a la hora de jubilarse, como retirarse de la vida activa antes de los 60 años, en compensación a sus duras condiciones laborales. La desaparición de estos regímenes especiales se producirá, sin embargo, a partir de aquellos trabajadores nacidos en 1980 o 1985.

4. ¿Quiénes serán los ganadores?

El ejecutivo ha prometido que “una carrera completa tendrá una pensión mínima de 1.000 euros”. Según el proyecto actual, se compromete a establecer una jubilación mínima que equivalga al 85% del salario mínimo. No obstante, según el digital francés Basta!, esta medida ya forma parte de la legislación francesa desde 2003, pero no fue respetada durante la última década. Si Macron cumple con su palabra, esta pensión mínima beneficiará a aquellos sectores con jubilaciones más modestas, como los artesanos o los campesinos, cuya pensión media es de 970 euros. Tampoco se verán demasiado perjudicados los policías, militares o bomberos, ya que conservarán sus regímenes específicos de jubilación.

No obstante, los verdaderos ganadores serán los empresarios. Estos verán limitadas las cotizaciones sociales y, por consiguiente, el coste de la mano de obra. La nueva reforma “servirá para financiar la política de competitividad neoliberal del gobierno. Es el objetivo principal del sistema de jubilación por puntos”, afirma Godin, quien ha publicado recientemente el libro La guerre sociale en France.

5. ¿La reforma favorecerá a las mujeres?

Es uno de los mantras del gobierno. El nuevo modelo recompensará a las mujeres, con pensiones inferiores a las de los hombres. “Las mujeres serán las grandes ganadoras del sistema universal. Actualmente, las pensiones de las mujeres representan casi la mitad de las de los hombres. ¿Quién puede aceptarlo? Nadie”, dijo el primer ministro durante la presentación de la medida. Para mejorar sus jubilaciones, el gobierno pretende establecer una bonificación del 5% por cada hijo y del 7% a partir del tercero. Un bonus que deberán repartirse entre el padre o la madre, pero que de preferencia será para la progenitora.

Sin embargo, economistas, sindicalistas y grupos de reflexión pusieron en duda estas supuestas ventajas para las mujeres. “Hasta ahora aquellas familias con tres hijos veían cómo aumentaba su pensión un 10% tanto para la madre como el padre. Ahora será un 5% por cada hijo. Pero si el marido percibe una pensión de 3.000 euros y la mujer de 1.000, ¿quién se beneficiará de esta bonificación del 5%?”, se pregunta sobre sus posibles efectos contraproducentes el economista Henri Sterdyniak, director de departamento del Observatorio Francés de Coyunturas Económicas (OFCE) y considerado uno de los mayores expertos en el sistema de pensiones francés.

Según un informe reciente del Instituto de la protección social, esta medida comportará una disminución de las prestaciones para “muchas mujeres”. El ejecutivo también ha previsto suprimir una compensación de la que se benefician actualmente: la obtención de ocho trimestres suplementarios de cotización por cada hijo. Además, el hecho de retrasar la edad de jubilación a los 64 años también puede perjudicar a todas aquellas mujeres que por motivos laborales o de salud se ven obligadas a dejar su trabajo antes. Dieciséis mujeres sindicalistas, feministas y economistas lamentaron en un artículo en Le Monde que “al tomar en cuenta toda la carrera (…), esto disminuirá las pensiones para numerosas funcionarias y todas aquellas personas con carreras con altibajos, entre ellas muchas mujeres”.

PARÍS

ENRIC BONET

 @EnricQuart

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Jueves, 12 Diciembre 2019 06:55

Una reforma de pensiones que no convence

Una reforma de pensiones que no convence

Críticas de sindicatos y partidos políticos opositores en Francia 

Las centrales sindicales fijaron para el próximo 17 de diciembre una nueva jornada de huelgas y protestas en todo el país.

El proyecto para reformar el sistema de pensiones francés salió hoy de la nebulosa y, fuera del patronato, no convenció a ninguno de los actores sociales. Sindicatos y partidos políticos cuestionaron la reforma presentada por el Primer Ministro Edouard Philippe al cabo de dos años de negociaciones, varios meses de tergiversaciones y casi una semana de fuertes huelgas en los transportes públicos. El Ejecutivo introdujo algunas concesiones a los sindicatos, pero, en lo global, resguardó la arquitectura de una jubilación “universal por puntos” tal como la definió el presidente Emmanuel Macron cuando aspiraba a la presidencia en 2017. ” Injusto”, ”un engaño”, ”todos pierden”, la oposición política y los sindicatos salieron de inmediato a demoler una reforma que, lejos de ser decorativa, transforma en muchos aspectos la estructura de las pensiones. La consecuencia social era previsible: las centrales sindicales llamaron a continuar el movimiento y fijaron para el próximo 17 de diciembre una jornada de huelgas y protestas.

 

Entre el momento en que se cristalizó el conflicto y el anuncio del contenido de la reforma el Ejecutivo perdió un aliado de mucho peso. El sindicato CFDT no había participado en las huelgas, pero ahora dio vuelta su posición. Su Secretario General, Laurent Berger, declaró que “se acababa de atravesar una línea roja”. La CGT, el principal motor de la protesta, acusó al Primer Ministro de haberse “burlado de todo el mundo”. La reacción revela el trastorno profundo del equilibrio de fuerzas. En lo concreto, los sectores políticos y sindicales que tenían un perfil reformista y, por consiguiente, estaban de acuerdo con un cambio en el sistema de jubilaciones lo empiezan a cuestionar fuertemente. Según el plan presentado por el jefe del Gobierno, la edad legal de la jubilación se mantiene a los 62 años, pero con una variable que extiende “la edad del equilibrio a los 64 años”. Así, la sospecha de que la reforma conduciría a trabajar más años se confirma sin ambigüedad.

El patronato francés, agrupado en el Medef, está satisfecho. Este sector conserva todos sus privilegios. Sin embargo, más allá de los círculos patronales no hay nadie que adhiera a la línea oficialista. A la izquierda, el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, juzgó que “Macron acaba de instaurar la jubilación a los 64 años”. Los ecologistas hablan de “fractura” del país, los socialistas de “norme injusticia”, los comunistas de un “sacrificio” y la extrema derecha de “reforma terrible”.

Envuelta en las formulaciones técnico retóricas aparece una realidad ya adelantada por el sindicalismo: habrá que trabajar más, aportar más y, en suma, ganar menos. El principio de una jubilación universal por puntos contaba, hasta ayer, con muchos adeptos. Personalidades como Thomas Piketty (autor del libro El Capital en el Siglo XX) alentaban una restructuración de las pensiones en esa dirección para que hubiera menos desigualdades entre los regímenes especiales (hay 42). Incluso la opinión pública defendía (76%) la urgencia de una reforma capaz de preservar la originalidad del sistema por reparto al mismo tiempo que introducía más equidad en los cálculos. La reforma presentada por el primer ministro asusta, no solo por la variable de los 64 años sino, también, porque amenaza con romper definitivamente con el sistema solidario que rige desde finales de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Dicho sistema ya ha sufrido muchas alteraciones justificadas por la competencia mundial, el multilateralismo o la globalización. 

En 2003 y 2010 hubo dos reformas del sistema de pensiones. En 2016 se trastornó la ley laboral con el fin de adaptarla a los imperativos de la competitividad de las empresas y en 2018 Emmanuel Macron llevó a cabo una reforma sustancial de la compañía nacional de ferrocarriles, la SNCF. En cada caso hubo huelgas y manifestaciones sin que los actores sociales lograran preservar sus derechos. El año 2019 apunta a terminar como concluyó el anterior y empezó este: manifestaciones, enfrentamientos, bloqueos y gases lacrimógenos. En 2018-2019 fueron los chalecos amarillos, en 2019-2020 serán las pensiones las que mantendrán ardiente la llama social. Pasado, presente y futuro, nuevas generaciones, ya jubilados o por venir, todo el mundo está concernido por la reforma. Ferrocarriles, educación nacional, policías, hospitales, profesiones liberales y hasta los miembros de la Opera de Paris, hoy en huelga, se preparan a pasar una navidad en pie de guerra social. El primer ministro, Edouard Philippe, se anotó un punto histórico: aspiraba a apaciguar al país y dividir a los contestatarios y a los sindicatos, pero alcanzó la meta opuesta: todos se aliaron contra él. La reforma reveló al final su auténtica naturaleza. No se trataba únicamente de “retocar” la arquitectura sino de introducir recortes y economías.

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Viernes, 26 Julio 2019 06:35

¿Ser de izquierda?

¿Ser de izquierda?

Recientemente se efectuó el segundo Seminario Nacional de Formación Política del Partido de los Comunistas, singular organización que apoya con congruencia política y especial compromiso ético al Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entre otros temas, en la reunión se planteó la interrogante de lo que significa actualmente el término de "izquierda", particularmente en el contexto de la acumulación militarizada y el terrorismo global de Estado, hegemonizado por Estados Unidos, y una realidad nacional marcada por la continuidad de la violencia estructural y el desencanto creciente por transformaciones aparentes.

 

Valorando la vigencia de Marx, se propuso mantener la radicalidad con la que estudió, criticó y combatió al capitalismo, en las condiciones específicas de tiempo y lugar, identificando la raíz de los problemas que derivan de la explotación de clase y los sistemas de dominación, en sus particularidades de género y condición étnico- racial-nacional, esto es, colorear la matriz clasista en su complejidad y diversidad. En particular, se planteó incorporar la etnicidad en el análisis de las contradicciones interclasistas en países como el nuestro, en el contexto del colonialismo interno formulado hace décadas por Pablo González Casanova y Rodolfo Stavenhagen.

 

En la construcción de nuevas alternativas, se revalidó evitar que los pueblos originarios sean subsumidos en categorías que todavía hoy día los observan en el pasado de la gens, el comunismo primitivo, el buen salvaje de la modernidad o la revolución, convocados como objetos pasivos del Estado o aliados subalternos y testigos etnográficos del verdadero acontecer de la historia, asumiendo la condena del eurocentrismo que subyace en el concepto de "pueblos sin historia", aquellos que no se ajustan a la lucha de clases moderna y civilizada. Desde esta perspectiva crítica, se identifica el llamado obrerismo, posición economicista que tanto daño ha hecho a los procesos revolucionarios en el mundo y que ha sido una concepción difícil de abandonar por partidos y organizaciones políticas que se reclaman no sólo de izquierda, sino incluso comunistas. Ya en 1986, Leopoldo Mármora criticó este fenómeno que en el ámbito de la política se expresó en atribuir al proletariado misiones históricas que sobrepasan sus posibilidades reales. “Ni las ‘masas obreras’ ni el ‘partido del proletariado’ están en condiciones de ser –como tales– portadores de los intereses globales de la sociedad. El proletariado tiene y conservará siempre intereses de clase particulares y propios”. En consecuencia, Mármora sostenía que una lucha contra-hegemónica es una tarea nacional popular que desborda a la clase obrera y no puede ser depositada en un destino histórico exclusivo de una clase (El concepto socialista de nación. México: Cuadernos de Pasado y Presente, número 72). Esta lucha, necesariamente, tendrá que ser el resultado de un movimiento democrático y socialmente heterogéneo de masas, en el que los pueblos originarios tienen un papel estratégico. Adolfo Sánchez Vázquez señalaba hace casi 20 años, que no podía sostenerse que la clase obrera fuera “el sujeto central y exclusivo de la historia, cuando la realidad muestra y exige un sujeto plural, cuya composición no puede –ni debe– ser inalterable o establecerse a priori”. ( Discurso en la Universidad de La Habana, Causa, 2004).

 

En el seminario se caracterizó a la izquierda como una organización o partido que objetiva y subjetivamente coadyuva o construye poder popular, sin transformarse en estamento burocrático o vanguardia autodesignada. Ser de izquierda es crear comunidad a partir del sujeto autodesarrollado que propone la marxista ucrania Raya Dunayesvkaya, quien consideraba que la teoría sólo puede desarrollarse plenamente cuando se asienta en lo que las propias masas hacen o piensan, y destacaba que para Marx lo fundamental consistía en que el ser humano no era meramente objeto, sino sujeto; que no sólo estaba determinado por la historia, sino que también la creaba. Esta revolucionaria coincide con Lenin en concebir a las masas, al proletariado, al campesinado, e incluso a la nacionalidad o pueblo oprimido, como sujetos autodesarrollados. Recuérdese que Lenin sustentó la necesidad de un nuevo impulso teórico porque habían nacido nuevos sujetos a partir del derecho a la autodeterminación de pueblos y naciones.

 

Se reconoció la urgencia de mantener viva la idea de una trasformación sistémica de la sociedad, en contraposición a proyectos desarrollistas, "luchas contra la corrupción", políticas clientelares y corporativas de redistribución del gasto público en "sectores vulnerables", que se constituyen en la base electoral del partido en el gobierno, y cambios periféricos en los aparatos de Estado, que no tocan ni con el pétalo de una recomendación de derechos humanos, su continuismo capitalista y su esencia represiva.

 

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Brasil: alto acatamiento al primer paro contra Bolsonaro

La primera huelga general contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro, envuelto en una crisis política seria, fue acatada en todos los estados del país, con alta adhesión en sectores como educación y bancos, actos muy concurridos en San Pablo y Río de Janeiro, y represión policial. El disparador de la medida masiva fue el proyecto oficial de reformar el sistema previsional del país. San Pablo, la capital económica, cerró la jornada con una concentración en la Avenida Paulista donde Vagner Freitas, presidente de la Central Unica de los Trabajadores (CUT), aseguró que la jornada de lucha  fue un “éxito y demostró que la sociedad no apoya la reforma previsional”. Junto a Freitas se econtraban dirigentes de otras organizaciones gremiales y de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE).

“Los trabajadores y trabajadoras dijeron no a la nefasta reforma previsional, nuestro pueblo tiene conciencia”, tuiteó la ex presidenta Dilma Rousseff.

Paralelamente, en las primeras horas de la noche miles de personas comenzaron a marchar de la iglesia de la Candelaria hacia la Avenida Getulio Vargas en el centro de Rio de Janeiro. Por la mañana la Policía Militarizada detuvo a diez estudiantes y trabajadores de la Universidad de San Pablo, en la zona oeste de la ciudad, al mismo tiempo que reprimía con gases  y balas de goma a los manifestantes reunidos en Santo André, en el cordón industrial.

Redactada por el ministro de Economía Paulo Guedes, la reforma enviada al Congreso replica a la impulsada por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile hace cuarenta años.

En San Pablo  y su área metropolitana, con unos 18 millones de habitantes, el paro tuvo un alto acatamiento por parte de maestros, bancarios, metalúrgicos y contó con la adhesión parcial de conductores del subterráneo, pero no fue respaldado por los choferes de colectivos y trenes urbanos.

Los colectiveros prometieron parar “pero cambiaron de posición a última hora, lamentablemente, pero esta huelga igual fue muy grande, esto recién empieza, ahora vamos por más luchas y por Lula Libre”, prometió Julio Turra, director de la CUT.

Las movilizaciones, barricadas y piquetes en carreteras  de este viernes heredaron el envión de la multitudinaria marcha en defensa de la educación pública y contra los cortes del presupuesto educativo, especialmente en las universidades, que fueron encabezadas por estudiantes el 15 de mayo, considerada la primer revuelta contra el gobierno del ex capitán del ejército.

“Lideramos las grandes movilizaciones de mayo por la educación pero los jóvenes también queremos jubilarnos, por esto estamos aquí”, tronó Marina Dias, presidenta de la UNE en la Avenida Paulista.

“Queremos decirle a Bolsonaro que no es un rey, que le vamos a demostrar que lo que se impone es la soberanía popular que se está escuchando ahora (...)  que Bolsonaro no duera hoy”, lanzó la jefa de la UNE.

La medida de ayer contó con el  respaldo unitario, y poco frecuente, de todas las organizaciones gremiales , lideradas por las CUT, ligada al PT, hasta Fuerza Sindical, que suele aliarse a partidos conservadores.

“La huelga es fuerte, felizmente los petroleros están adhiriendo  desde el miércoles a la noche en las refinerías”, afirmó David Bacelar de la Federación Única de Petroleros (FUP) en el estado  Bahia, en la región noreste.

Se realizaron paros parciales en refinerías y plantas de Petrobras de 12 estados, indicó un boletín aparecido en el sitio de la FUP donde se repudió la política  de privatización el Sistema Petobras, del cual es responsable el titular de la compañía “Roberto Castello Branco comandado por Jair Bolsonaro”. 

“La clase trabajadora está despertando después de ser engañada el año pasado cuando muchos votaron a Bolsonaro, hoy está revelándose contra el gobierno, la gente está idignada con este escándalo que dio The Intercept”, apuntó el petrolero Bacelar.

El dirgente de la FUP se refería a las revelaciones del sitio The Intercept sobre la complicidad del ex juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, con los fiscales de la causa Lava Jato a fin de condenar sin pruebas a Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba desde abril del año pasado. Carteles con la consigna “Lula Libre” fueron paseados hoy en San Pablo y Río.

El caso Moro desató una nueva crisis en el gobierno de Bolsonaro, cuya popularidad bajó 20 puntos en los primeros cinco meses de gestión. A ese escándalo se sumó, en la noche del jueves, la caida del ministro de Gobierno, general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Fue el primer miembro del ala militar que dejó un gobierno atravesado por conflictos internos, surgidos prematuramente, que reflejan la incompetencia de un mandatario cada vez más corrido hacia la ultraderecha. Mientras, la economía está al borde de la recesión y los desocupados suman 13,2 millones, más otros quince millones de precarizados o personas que ya ni buscan trabajo.

Bolsonaro habló con un grupo de periodistas ayer en el palacio del Planalto donde reconoció que la salida del general Santo Cruz fue una medida ingrata y aceptó que la reforma de la Previsión ha enfrentado obstáculos en el Congreso. 

Hubo una fuerte adhesión a la huelga en la capital, Brasilia, que en algunos puntos del centro estaba prácticamente desierta. No circularon los colectivos y solo en parte lo hizo el metro. Además se vio una paralización prácticamente total de los trabajadores de la educación, bancarios y de empleados públicos del Distrito Federal.

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Unidad sindical en el primero de mayo en Brasil (CUT São Paulo)

El principal objeto de protesta es la reforma de la seguridad social que plantea el partido de Bolsonaro


El 14 de junio es la fecha en el horizonte que pone a trabajar conjuntamente los sindicatos CUT y Força Sindical


“Sabemos que las manifestaciones no son suficientes, necesitamos parar Brasil", dicen los sindicalistas

El Gobierno brasileño, presidido por Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) tiene prisa por aprobar la reforma de la seguridad social presentada por su ministro de economía, Paulo Guedes. Quieren que el Congreso Nacional otorgue su visto bueno definitivo antes de terminar el primer semestre del año. Cuanto más tiempo pase, con mayor eficacia podrá articularse la resistencia sindical, que ya tiene una fecha marcada en el calendario: 14 de junio, huelga general.


Este primero de mayo ha sido la fecha elegida para escenificar esa resistencia, alardeando de una unión nunca vista en la historia del sindicalismo brasileño. Todas las siglas irán de la mano, y al frente de todas ellas, la Central Única de Trabajadores (CUT) –fundada en 1983, y ligada al Partido de los Trabajadores– y la Força Sindical –creada ocho años más tarde, como contrapeso a la CUT–. El principal espacio de protesta ha sido el Vale do Anhangabaú, en São Paulo.


Guedes, al frente de la cartera de economía, es el encargado de recortar el gasto público todo lo posible para que al Ejecutivo de Bolsonaro le salgan las cuentas. “Nunca hemos vivido una situación como esta”, explica Sérgio Nobre, secretario general de la CUT, “ver un sistema de seguridad social siendo desmontado, como quiere el Gobierno. Lo que está sucediendo en Brasil es un retroceso civilizatorio”.


Según los cálculos de Guedes, con la reforma las cuentas públicas ahorrarán un billón de reales –238 mil millones de euros–. La otra cara de la bonanza económica es que las exigencias para acceder al cien por cien del valor de la jubilación aumentan considerablemente, lo cual es todo un llamamiento a los planos de pensiones privados. El Gobierno impondrá condiciones de jubilación a la europea en un país donde el trabajo informal y la miseria es una constante en la ecuación.


El presidente de Força Sindical, Miguel Torres, ha calificado la propuesta de reforma de “nefasta”, porque perjudica a los más pobres, y ha realizado un llamamiento para luchar por mejorar el sistema de la seguridad social con “políticas destinadas al desarrollo y a la creación de empleo”.


De momento la reforma de la seguridad social está siendo analizada por una Comisión Especial, una vez que consiguió pasar la primera traba en la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía. Serán cuarenta sesiones antes de pasar a las votaciones finales en las dos Cámaras. En este proceso es donde la reforma corre el riesgo, en palabras de Bolsonaro y Guedes, de “deshidratarse”, lo cual significaría una dura derrota para el presidente.


El objetivo de la oposición es “presentar el mayor número posible de enmiendas y trabajar para que tengamos una reforma que no sea una oportunidad de reducir derechos y aumentar desigualdad”, describe para eldiario.es la diputada federal Tábata Amaral (del Partido Democrático Trabalhista). Es consciente de que la reforma es importante y urgente, pero no puede presentar fragilidades tan grandes.


“De forma general”, señala la diputada del PDT, “el área social en Brasil, cuando hablamos de sanidad, educación, asistencia, han sido muy relegadas con este nuevo Gobierno”. Resalta, a su vez, alguna de los olvidos más dañinos de la reforma de la seguridad social propuesta por Bolsonaro y su equipo, como las jubilaciones en el ámbito rural o la cuestión de género.


Amaral se sitúa a favor de la jubilación por edad –incluso de elevar la edad mínima, si fuera el caso–, pero nunca por tiempo de contribución. Lo considera injusto porque, en Brasil, la población más pobre no logra contribuir tantos años como son requeridos. También está en contra de aumentar este tiempo de contribución mínimo. “Habrá personas que alcancen la edad mínima pero nunca el tiempo mínimo de contribución”. En ese caso, los valores de pensión que les corresponderán perpetuarán la penuria.


Los sindicatos reclaman también que realmente no se ha generado un amplio debate en la sociedad para que el trabajador pueda formar una opinión y comprender las medidas. “Ni siquiera fue tema central en los debates presidenciales durante la campaña electoral del año pasado”, protesta João Carlos Gonçalves, secretario general de Força Sindical. Ningún partido quiso poner este tema sobre la mesa. Era demasiado impopular.


El recorte de todos los recortes era el arma secreta del ministro de economía, pero los votantes desconocían las medidas reales, por eso otro de los dirigentes sindicales que han liderado el primero de mayo, Edson Carneiro (Secretario General de la Intersindical), avisa que “el momento es muy grave”. Asume que las elecciones de 2018 dividieron a la población, y reconoce que ahora la necesitan unida. “Sabemos que las manifestaciones no son suficientes, necesitamos parar Brasil”.

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