Reanuda Maduro circulación de billetes de 100 bolívares

Ordena además prorrogar hasta el 2 de enero el cierre de fronteras con Colombia y Brasil
Cientos de venezolanos cruzan por la fuerza hacia territorio colombiano para realizar compras

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reanudó la vigencia del billete de 100 bolívares hasta el 2 de enero, cuya salida de circulación provocó protestas. El mandatario también prorrogó el cierre de las fronteras con Colombia y Brasil en su ofensiva contra las mafias que acaparaban ese papel moneda.

"He decidido reanudar la circulación del billete hasta el 2 de enero y prorrogar hasta la misma fecha el cierre de la frontera con Brasil y Colombia", manifestó este sábado en una reunión con funcionarios del gobierno, la cual fue transmitida por la televisora oficial.

Tras protestas e incidentes de violencia que continuaron este sábado en varias ciudades venezolanas, provocadas por el retiro de circulación del billete de 100 bolívares, de mayor valor en el país, y el retraso en la salida del nuevo papel moneda, el gobernante venezolano decidió revertir la medida con que sorprendió el pasado fin de semana, al decretar un plazo de 72 horas para sacar de circulación dicho billete. Al imponer la medida, Maduro explicó que se trata de una disposición necesaria para combatir el contrabando de papel moneda venezolano en la frontera con Colombia, en un intento por golpear a las mafias que intentan "desestabilizar la economía del país".

En ese contexto, cientos de venezolanos cruzaron ayer por la fuerza la frontera con Colombia, que fue cerrada desde el pasado lunes por orden de Maduro, en el marco del retiro de dicho billete para impedir el golpe financiero contra Venezuela.

Los habitantes rompieron la seguridad de la Guardia Nacional Bolivariana, que impedía el paso por el puente internacional Francisco de Paula Santander, el cual comunica el estado venezolano de Táchira con el departamento colombiano del norte de Santander.

De acuerdo con la emisora Radio Caracol, los venezolanos decidieron cruzar para comprar alimentos luego de que Maduro extendió el pasado 15 de noviembre por 72 horas el cierre de la frontera, que se inició el lunes.

"Nos reunimos ante la necesidad de cruzar la frontera y adquirir alimentos en Cúcuta. Se presentó una pequeña discusión con los guardias y logramos pasar. La gente decidió tirar la vallas al río y llegamos a Cúcuta", informó uno de los venezolanos a Radio Caracol.

Después de efectuar sus compras, los venezolanos regresaron a su país y advirtieron que de ser necesario volverán a emplear la fuerza.

Por otra parte, Maduro declaró su intención de disolver por la vía constitucional la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, por su falta de utilidad. Argumentó además que la asamblea se encuentra en desacato tras no tener quórum 37 veces en el año. "¿La AN ha sido útil al país? Ha sido una asamblea inútil y el pueblo constitucionalmente, más temprano que tarde, tiene que disolverla", señaló.

"El colmo de los colmos. La AN fuera de la Constitución y en desacato. Por vez primera en su historia no tuvieron quórum 37 veces en un año. Fueron más las ocasiones que no tuvieron que las que sesionaron. La ley del trabajo dice que si usted falta tres días al trabajo está despedido", subrayó Maduro en cadena nacional de radio y televisión, informó el diario venezolano El Universal.

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Jueves, 25 Agosto 2016 07:00

La última semana de Dilma Rousseff

La última semana de Dilma Rousseff

La presidenta de Brasil afronta desde este jueves el juicio político que divide al país y que determinará su futuro. Unas conversaciones telefónicas que hablan de un posible complot para acabar con ella y una sentencia del Ministerio Público que no considera que haya crimen en las acusaciones, sólo generan más dudas sobre el polémico


Este jueves comienza el juicio definitivo contra la presidenta Dilma Rousseff. La mandataria apartada de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, cuando 55 senadores votaron a favor de continuar con el proceso de impeachment, ahora se sienta formalmente como acusada. Los 81 senadores junto con el presidente del Tribunal Supremo Federal, Ricardo Lewandowski, serán los jueces del proceso.

Se necesita el voto de al menos 54 senadores (dos tercios del Senado) para que la presidenta sea apartada definitivamente. El sistema presidencialista de Brasil y la Constitución del país contemplan el proceso jurídico del impeachment (destitución del presidente) siempre que el jefe del Ejecutivo haya cometido un crimen de responsabilidad.
Desde que el pasado mes de diciembre el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, diera entrada a este proceso la izquierda brasileña habla de "golpe de Estado" y la derecha de un "proceso democrático" amparado en la Constitución.

Pero el hecho es que desde que Dilma Rousseff ganara las elecciones de 2015 por un ajustado 51,3% de los votos, la oposición amenazó a la presidenta con llevar a cabo un impeachment sin ofrecer argumentos sólidos, sino más bien como un chantaje político. Lo que tiene dividido al país y a sus magistrados no es la figura jurídica de este juicio político sino su contenido. La pregunta es si los motivos por los que se acusa a la presidenta pueden entrar dentro de la definición de crimen de responsabilidad.

Dilma Rousseff no es acusada de corrupción, malversación de fondos, o algún tipo de crimen penal, como sí lo fue Fernando Collor, quien sufrió otro impeachment en 1992. La mandataria es acusada de haber firmado tres decretos presupuestarios donde maquilló las cuentas del Gobierno para poder solicitar nuevos créditos a los bancos sin haber devuelto los préstamos anteriores. Estas serían lo que aquí llaman como "pedaleadas fiscales", un maquillaje de cuentas. Un delito económico, relativamente común, y que ya cometieron ex presidentes como Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva y varios gobernadores de diversos estados del país, sin haber sido nunca castigados por ello.

Estas serían las acusaciones concretas y por las que se debería juzgar a la presidenta. Pero el contexto político ha sido clave en el asunto. Dilma Rousseff vio como su popularidad caía por los suelos con el paso de los meses, debido a la crisis económica que empezaba a golpear al país, y a los numeros escándalos de corrupción que rodeaban a su partido (Partido de los Trabajadores) y al de sus aliados (PMDB y PP). El Congreso se apartaba de ella y la mandataria se movía entre dos aguas: aceptaba las condiciones de la oposición, o dejaba de negociar con ella. No había término medio. Las bases populares de su partido la abandonaron después de que transigiera con políticas de corte cada vez más neoliberal. Sus aliados en el Gobierno se encargaron de cavar su tumba cuando vieron que el Congreso también la dejaba de lado y que los escándalos de corrupción cada vez hacían más mella en sus respectivos partidos.


Complots silenciados


A la semana de que Dilma Rousseff fuera apartada de sus funciones y que el vicepresidente Michel Temer tomara pose como presidente interino, se dieron a conocer nuevos motivos en relación al impeachment que aparentemente darían más fuerza a la defensa de la presidenta, pero que tanto los medios oficiales como los senadores parecen haber ignorado.

El primero lo dio a conocer el diario Folha de São Paulo al publicar unas conversaciones entre Sérgio Machado, ex presidente de Transpetro (empresa vinculada con escándalos de corrupción de Petrobrás), y Romero Jucá, vicepresidente del PMDB y ministro de Temer en aquel momento. En las grabaciones ambos hablaban de la "necesidad de acabar con Dilma para evitar la sangría" de las investigaciones de la operación Lava Jato.

Las conversaciones se produjeron en marzo, antes de la primera votación en la Cámara de los Diputados: "La única salida es el impeachment porque si ella continúa vamos a caer todos", decía Jucá. Pero las declaraciones de la mano derecha de Temer fueron todavía más graves cuando aseguraba que "ya estaba todo pronto para llevar a cabo un Gobierno de salvación", y que él mismo habría hablado con las fuerzas armadas y con los jueces del Tribunal Supremo de Justicia: "Están todos de acuerdo que hay que poner a Temer en el Gobierno".

Estas conversaciones provocaron que Jucá pidiera su dimisión y creara la primera crisis del recién estrenado gobierno en funciones. Pero el contenido de las grabaciones donde se deja claro un complot contra la presidenta en el que además estarían implicados miembros del Tribunal Supremo (quien tiene ahora la última palabra contra Rousseff) no se ha vuelto a poner en cuestión.

En junio se produjo el segundo acontecimiento que daría alas a los argumentos de la defensa de la mandataria. El Ministerio Público de Brasil "no consideraba crimen" las pedaleadas fiscales. Según el procurador de la República, Ivan Marx "no hubo préstamos sin el aval del Congreso", y las maniobras "no se encuadrarían en el concepto legal de operación de crédito". La noticia apenas se dio en los periódicos a pesar de que los senadores del Partido de los Trabajadores (PT) se aferraran a este argumento para intentar frenar el juicio político que hoy empieza y que probablemente termine el próximo 31 de agosto con la salida definitiva de la presidenta.

Este jueves la sesión comandada por el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, comenzará a escuchar a los primeros testigos del juicio. Serán dos que vendrán de la acusación y seis de la defensa. Este es el principal argumento de aquellos que afirman que no se trata de un golpe, puesto que la presidenta se puede defender. A lo que los defensores de Dilma, como la senadora del PT Gleisi Hoffmann, responden: "Sí es un golpe, porque no existe crimen de responsabilidad" para que Rousseff se siente en el banquillo.

Sobre eso tratará el discurso de la presidenta el próximo lunes 29 de agosto, donde presentará su propia defensa y responderá a las preguntas de los senadores. Se desconocen cuántos senadores la interrogarán, y de ello dependerá la duración del juicio, ya que después de las preguntas y respuestas a la presidenta, se procederá a la votación final.

Se calcula que el 30 de agosto se pueda tener el resultado definitivo, y que al día siguiente Michel Temer podría tomar posesión como presidente oficial de Brasil. Así lo espera el todavía interino, que pidió a los senadores que evitaran largos discursos para acortar los tiempos y asegurarse de que ser nombrado presidente antes del 4 de septiembre, ya que su objetivo es acudir a la reunión del G-20 en China como nuevo jefe del Ejecutivo de Brasil.

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Jueves, 16 Abril 2015 05:53

"El PT, blanco de una campaña"

"El PT, blanco de una campaña"

La presidenta de Brasil señaló en entrevista con periodistas de portales y blogs que los enemigos políticos y mediáticos de su gobierno pretenden destruir el Partido de los Trabajadores antes de intentar un golpe blando.


Ante un grupo de periodistas independientes de los grandes medios, Dilma Rousseff habló sobre la avanzada golpista, desgastada por desinteligencias internas luego de la pobre convocatoria a la marcha del domingo pasado a la que habían imaginado como la antesala del impeachment presidencial. Ese error de cálculo –pensaban movilizar un millón de personas en San Pablo y fueron 100 mil según el diario Folha– perjudicó a la oposición, pero no la neutralizó. Conducidas por un grupo de extremistas sin otra brújula que el odio al PT y a los pobres, las derechas (desde la partidaria liderada por Aécio Neves hasta los jóvenes antipolíticos) cedieron terreno ante un gobierno que comienza a recuperar la iniciativa desmintiendo a quienes lo daban por muerto y con él a la presidenta.


Durante el reportaje realizado en Brasilia poco después de su regreso de la Cumbre de las Américas de Panamá, Dilma denunció una "campaña" contra el PT, cuyo tesorero fue preso ayer por un juez adicto a los golpes de efecto mediáticos, mientras un diputado opositor proponía la extinción del partido fundado por Lula. Desde San Pablo, el jefe petista anuda acuerdos con sindicatos y movimientos sociales, mientras elabora la estrategia para contener a los sediciosos.


"Yo creo que hay mucha gente que todavía apuesta a la tercera vuelta de las elecciones", comentó Dilma apuntando, sin citarlo, al socialdemócrata Aécio Neves, el candidato derrotado en la segunda vuelta del 26 octubre del año pasado. "Tuvimos una elección muy disputada... y enseguida empezaron estas maniobras (desestabilizadoras). Ustedes recordarán que poco después de la votación quisieron pedir el recuento de los votos en un país como Brasil, que puede estar orgulloso de su sistema de urnas electrónicas", recordó Rousseff.


La oposición "sufrió un gran estrés político (con la derrota por estrecho margen) y ahora sigue el tema con esta tercera vuelta, pero no creo que todo esto lleve a una crisis institucional... Vamos a cumplir trece años en el gobierno (el PT), y aquellos que hoy no están en el gobierno reaccionan de esa manera".


Neves anunció ayer que los abogados del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) examinan la factibilidad del impeachment durante una rueda de prensa previa al encuentro con los cabecillas del Movimiento Brasil Libre y Venite a la Calle. En el PSDB no todos coinciden sobre la conveniencia de relacionarse con facciones declaradamente golpistas, que comienzan a espantar a sectores de la clase media como se hizo patente durante los actos realizados en San Pablo, Brasilia, Río de Janeiro y otras capitales.


Dilma entiende que los enemigos políticos y mediáticos de su gobierno pretenden acabar con el PT antes de intentar un golpe blando. "Creo que el PT está siendo objeto de una campaña, el gobierno no es solamente del PT, es una coalición. Y es obvio que si hay un gran desgaste del PT, eso me afectará... pero no es mi función resolver los problemas del PT", declaró la mandataria en línea con lo afirmado por Lula.


"Desde hace diez años que hay una política premeditada de criminalizar al PT por sus defectos, pero más que nada por sus virtudes... No permitiremos que la infamia y el macartismo de algunas personas destruyan el proyecto político que comenzamos a construir", dijo el ex gobernante (2003-2011).


Equiparó a los golpistas de hoy con los de 2005, cuando el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), del PSDB, y la cadena Globo azuzaban el fantasma del impeachment.


"Dilma, contá con nosotros para lo que sea... si hay gente que va a salir a la calle para defenderte y ayudarte, esa gente está aquí", se comprometió al hablar en el noveno Congreso Nacional de Metalúrgicos, realizado Guarulhos, en la periferia paulista.
Fue el martes por la noche, horas antes de la detención del tesorero petista Joao Vacari Neto, acusado de desviar dinero de Petrobras para financiar campañas electorales (ver recuadro).


Vistiendo una campera de la Central Unica de los Trabajadores, Lula desafió a los jueces, generalmente indiferentes a la corrupción de la oposición, a que se llegue a fondo: "Vamos a investigar la verdad, o acaso alguien cree que el dinero de los tucanes (apodo del PSDB) viene de las kermesses".


Petrobras y "Veja"


Dilma no eludió ningún tema durante la hora y media de diálogo con periodistas de Carta Maior, Forum, Vermelho, Jornal GGN, Diario del Centro del Mundo y Socialista Morena, portales y blogs que libran un combate cotidiano contra la desinformación de las empresas dominantes.


Se manifestó a favor de la "regulación" económica de los medios y aseguró que jamás le concedería una entrevista a la revista Veja, expresión más acabada del periodismo chatarra y portavoz de los grupos destituyentes.


Defendió a Petrobras, diferenciando a la petrolera de los ejecutivos procesados por corrupción. "Lo que ocurrió en Petrobras no fue causado por el engranaje de la empresa, los responsables fueron algunos individuos. No hay denuncias ni investigaciones contra ninguno de los presidentes de Petrobras, como Graça Foster (renunció en febrero) ni José Gabrielli (nombrado por Lula)."


"La gestión de Petrobras está funcionando. Tanto es así que hoy producimos casi 2,1 millones de barriles por día... con 660 mil barriles de la zona de presal (pozos ultraprofundos descubiertos en 2007). Ese volumen del presal es muy significativo porque comenzó a explotarse hace poco tiempo."


Para la mandataria, los ataques a la mayor empresa energética de América latina solapan un plan contra el desarrollo industrial autónomo.


"Hay algunos sectores que hablan contra el contenido local de los equipamientos de Petrobras, contra la producción local de bienes, equipamientos y hasta de servicios que son ofertaedos en Brasil." "Lo que quiero decir es que la industria brasileña tiene que existir, hay que darle un alto grado de tecnología. Nosotros no vamos a hacer políticas antiindustriales", concluyó.

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