Desatar a Ulises en la búsqueda de un acuerdo final

Durante las últimas semanas se han llevado a cabo múltiples debates acerca de los caminos que ofrece el ordenamiento jurídico vigente para la implementación de los acuerdos alcanzados entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno nacional. Asimismo han resurgido las discusiones sobre la refrendación de un eventual acuerdo final y persisten aquellas que hacen referencia a la solución sobre la justicia que ha de pactarse en La Habana.


El abordaje simultáneo (y desordenado) de tal variedad de asuntos en discusión pareciera indicar que se está frente a un irreversible proceso de paz y ante la inminente y muy cercana firma de un acuerdo final. Una visión del estado actual del proceso de La Habana en esos términos sugiere que no hay plena comprensión de las complejidades de la agenda, especialmente respecto de asuntos pendientes tan decisivos como los del punto tres, el "Fin del conflicto", que al tenor de la agenda se define como un "proceso integral y simultáneo"; y los del punto seis, la "Implementación, verificación y refrendación". Y ello, sin considerar las salvedades de las partes frente a lo acordado hasta ahora.


Tal abordaje por parte del Gobierno y de sectores importantes de la opinión pública expresa las muy variadas urgencias: unas, surgidas de los anhelos sinceros por consolidar prontamente la perspectiva de una solución política al conflicto social y armado; otras, muestra de la creciente comprensión de sectores de la sociedad acerca del significado de contribuir con visiones más juiciosas y ponderadas al desenvolvimiento del proceso de paz y sus necesidades de aprehensión social; y unas terceras, que se originan en la histórica tendencia a la instrumentalización de la paz (y de la guerra) con propósitos electorales.


Frente a la proximidad de las elecciones de octubre, es evidente que avances efectivos en el proceso de paz constituirán un factor con fuerte capacidad de incidencia sobre los resultados electorales, en el contexto de un sistema político que preserva incólumes sus rasgos clientelistas, corruptos, criminales y mafiosos.


Agenda desconocida


Por otra parte, el mencionado abordaje da cuenta del desconocimiento de la agenda de diálogos y, sobre todo, de su complejidad. En sectores mayoritarios de los medios masivos de comunicación e incluso en un número importante de "productores de opinión", tal desconocimiento es mayúsculo y conduce a reproducir la idea de que el acuerdo final está a la vuelta de la esquina.


Si la agenda se examina en sus reales dimensiones debe decirse que no hay lugar para semejante interpretación. Y la verdad es que la discusión pública, siempre bienvenida en asuntos de semejante valor como el de la paz, en ocasiones, en lugar de aportar a la construcción de salidas creativas, más bien enrarece el clima de las negociaciones y puede incluso interferir el curso de las mismas. Muestra de ello es el más reciente debate sobre la conformación de un órgano legislativo especial para darle fuerza normativa a los acuerdos de las partes y posibilitar su implementación, así como la presentación de un proyecto de acto legislativo para concretar tal iniciativa, el cual incorpora además el otorgamiento de facultades especiales al Presidente de la República con el mismo objetivo.


Sin desatender la facultad que le asiste al Gobierno para tramitar los proyectos que estime convenientes y a la bancada de los partidos de la coalición gobernante para acompañarlo en ese propósito, la realidad es que una iniciativa de esas características solo tendría posibilidades de impactar favorablemente el curso del proceso, si fuera el resultado de un acuerdo previo entre la guerrilla y el Gobierno, pues se trata de un asunto que compromete de manera directa puntos de la agenda. No obstante, si persistiera esa iniciativa unilateral, desde ahora puede anticiparse que tendrá el mismo destino de otra acción unilateral: la promulgación del llamado marco jurídico para la paz. Su corta vida quedó demostrada, pues la pretensión gubernamental de prefigurar los contornos de la solución de justicia no solo no prosperó, sino que el Gobierno se vio obligado a aplazar la expedición de la Ley Estatutaria, a la espera de lo que se pacte en La Habana. Y todo indica que lo que probablemente se acordará trasciende el actual orden constitucional.


"No por ir más rápido se llega más lejos", dice el viejo adagio popular, el cual aplica para los debates sobre implementación y refrendación de acuerdos. Gústenos o no, será necesario esperar lo que acuerden las partes en esa materia. Con frecuencia se olvida que estamos en un proceso de negociación y no de sometimiento, con una organización a la que se le ha reconocido formalmente el estatus político de su alzamiento armado y rebeldía.


Lo más sano y recomendable para la Mesa de diálogos, si en verdad se quiere "desescalar en Colombia y acelerar en La Habana", es ceñirse a lo pactado y avanzar en la construcción del "Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición", y continuar con las aproximaciones anunciadas sobre el punto 3 de la agenda. Al cierre (y si es antes, mejor) del compás de cuatro meses que abrieron las partes, se esperaría que se hubiese llegado a un acuerdo sobre el mencionado sistema integral. Situados en ese punto, la posibilidad de concretar el cese bilateral de fuegos y hostilidades sería mayúscula, y a partir de ahí, resultaría acertado hablar de un balance a favor de la irreversibilidad del proceso, que nunca será absoluta. Además, no se debe olvidar el papel de la contingencia.


El momento constituyente


Más allá de asuntos de pertinencia o de trámite y procedimiento, a mi juicio, el proceso de La Habana ha llegado a un punto en el que la imaginación y la creatividad son imprescindibles. Todos los puntos pendientes imponen una visión más subversiva. Sorprenden (aunque son explicables) las variadas caras del conservadurismo a la hora de pensar alternativas para contribuir a consolidar la opción de la solución política, más aún cuando estas provienen de medios académicos e intelectuales. Muchas de ellas son idénticas a las de Ulises, atado al mástil de su barco, dando órdenes a sus hombres para que se tapasen con cera los oídos con el fin de no sucumbir ante el seductor canto de las sirenas.


En relación con la muy problemática cuestión de la justicia, me ha llamado la atención, por ejemplo, el tono pedante (¿colonial?) del académico alemán Kai Ambos, quien para rebatir interpretaciones del derecho internacional, que no coinciden con las suyas, las (des)califica como de "supuestos expertos nacionales e internacionales", por intentar la exploración de vías herejes distintas a las de los enfoques hasta ahora predominantes en nuestro país.


Pues bien, frente a un proceso de diálogos y negociaciones genuino y no comparable con otras experiencias, explicado en buena medida por la historicidad misma del conflicto, si en verdad se pretende contribuir a la construcción de un acuerdo final entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, llegó el momento subversivo. Se requiere desatar a Ulises, especialmente de aquellas ataduras que le impone el ordenamiento vigente. El momento subversivo es el predominio de la política, es el momento constituyente, con independencia de la forma jurídica que asuma, incluida la perspectiva de una Asamblea nacional constituyente.


Lo que resta por negociar en la agenda irá mostrando los límites del orden constitucional vigente para posibilitar la solución jurídico-política del largo conflicto social y armado y la necesidad de subvertirlo. Y me refiero específicamente a los acuerdos que serán objeto de implementación, pues estos deberán adquirir fuerza normativa con independencia del mecanismo de refrendación que se adopte.


La refrendación no es solo del acuerdo final, es también del conjunto de normas (constitucionales y legales) requeridas para que se pueda implementar. Si se piensa en verdad en su eficacia material, deberá acompañarse de un esfuerzo fiscal extraordinario durante por lo menos una década. Así como hubo una decisión política de un inmenso esfuerzo fiscal, con el fin de terminar la guerra por la vía militar, y esta fracasó, se requiere ahora la estatura histórica de una decisión similar, pero para consolidar la paz estable y duradera y producir verdaderas garantías de no repetición.


Adenda: Ojalá se hagan realidad los rumores de un inminente inicio de las negociaciones con el ELN.

Por Jairo Estrada Álvarez. Profesor del Departamento de Ciencia Política. Universidad Nacional de Colombia

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No habrá paz hasta que el cese del fuego sea bilateral

Cuando el gobierno de Colombia y las FARC alcancen el acuerdo bilateral de cese del fuego los colombianos conocerán por fin lo que es un día sin guerra. El compromiso de la sociedad con el proceso de paz se afianzará. Entonces sí, la pacificación será irreversible, asegura en entrevista Marco León Calarcá, como se conoce por su nombre de guerra a Luis Alberto Albán, miembro del estado mayor central de la organización guerrillera y uno de los 17 negociadores de ésta que se encuentran en La Habana.


La mesa de diálogo que sesiona en la capital cubana inició su ronda número 39 el pasado jueves 20 de agosto con el anuncio de las FARC de ampliar por un mes más el cese del fuego unilateral que decretaron en junio, luego de un retroceso –entre abril y junio– que llevó las zonas de conflicto a los cruentos niveles de violencia que se vivieron en 2010, con más de 50 combates y los bombardeos de la fuerza aérea principalmente en los departamentos de Cauca y Caguán.
Junio, según el espacio informativo Verdad Abierta, fue el mes más violento en el país desde que se iniciaron las negociaciones que pretenden alcanzar un acuerdo de paz, hace ya tres años cinco meses (febrero de 2012).


El declive del proceso de pacificación se ha detenido desde la ronda 38, el 20 de junio. En las mesas de diálogo que se desarrollan en el Palacio de las Convenciones de esta ciudad las FARC decretaron un nuevo cese del fuego –ahora prorrogado un mes más– y firmaron un documento que llamaron "Agilizar en La Habana, desescalar en Colombia". Los negociadores entraron a discutir los dos últimos puntos del plan de pacificación: la entrega de armas de las FARC y la implementación de un cese del fuegos bilateral y punto final del conflicto.


Además se reanudaron los trabajos que realizan comisiones conjuntas de militares y guerrilleros para el desminado y lo que llaman la descontaminación de explosivos. Se estima que en más de la mitad de los municipios del país hay zonas sembradas de minas por ambas partes.


En esa fase trabaja una comisión técnica bilateral integrada por 10 generales del ejército y 10 comandantes de las FARC. Ahí no participan políticos. Las decisiones las toman los que sí saben qué es la guerra, apunta Calarcá.


–Y a partir de ese momento ¿qué tan lejos se puede estar del punto final de la guerra?


–Admitiendo que el proceso se fue para atrás estos meses y que apenas estamos saliendo del momento más complicado que hemos vivido, hoy podemos ver que tenemos un balance positivo. Y que vamos por buen camino.


León ha sido vocero y responsable del área político-diplomática de las FARC durante años. Radicó en México desde los diálogos de La Trinidad, Tlaxcala, en los 90 hasta 2002, cuando el gobierno de Vicente Fox abrazó la doctrina uribista de cerrar las puertas a la guerrilla y lo expulsó del país.


Partícipe del proceso desde los primeros contactos exploratorios con personeros de Santos en Colombia, el diplomático del grupo guerrillero analiza la evolución que ha tenido el proceso desde que arrancó a la fecha.


El punto de partida del gobierno hoy ya no es con el que Santos inició la negociación. Él sostenía que las FARC se concentren en un punto, entreguen las armas y se reinserten en la política. Fue el esquema con el que se firmó la paz con el M-19; con el que se negocia con el ELN y el EPL (las otras organizaciones insurgentes). Es el mismo que se trajo a la mesa de negociaciones de Tlaxcala, en los 90. Ese esquema no funciona.


Explica cómo se ha movido el tablero. Para empezar, en los tres años cinco meses que llevamos de negociaciones se han firmado tres borradores para los acuerdos de paz: sobre el tema de tierras, participación política y política de drogas ilícitas. Todos tienen salvedades, pero hay acuerdo en principio.


Además, entre marzo y julio el proceso se mantuvo contra viento y marea. Santos viajó a las bases militares de todo el país para explicar a los activos del ejército el desarrollo del proceso de pacificación. Y en mayo el Consejo de Estado reconoció la existencia de un conflicto armado y se deslindó de la concepción de que las FARC son una organización narcoterrorista, sino una organización armada.


Mientras, continúan acciones tangibles de distensión y desescalamiento del conflicto. Se calcula que más de la mitad de los municipios del país tienen campos minados. Calarcá subraya el trabajo que se está haciendo, en un primer momento en Antioquia pero con la idea de extenderlo a todos los frentes, para la descontaminación de explosivos y desminado. Es un programa que no sólo desactiva las minas, sino que implementa programas de protección alternativos para las poblaciones.


Y también se trabaja en una fórmula para el cese del fuego bilateral. Ya está lista la comisión de verificación internacional que va a acompañar el proceso. Lo integran por la ONU Jean Arnault (que fue garante de los acuerdos de paz de Guatemala, en los 90) y José Bayardi.


El último año de encuentros no ha sido en balde, dice.


Un tema espinoso que aún mantiene muy alejadas las posiciones de las dos partes es el de la justicia transicional. En las FARC sostenemos que este no puede ser un intercambio de impunidades, sostiene Calarcá. Entre la derecha colombiana se exige que los jefes guerrilleros sean condenados e inhabilitados de por vida. Actualmente hay cerca de 10 mil militantes guerrilleros en cárceles hacinadas.


En la guerra se cometieron verdaderos baños de sangre, masacres que provocaron millones de desplazamientos. Esos son crímenes de lesa humanidad, porque fueron sistemáticos. Los responsables de esto no fuimos nosotros; fueron militares, paramilitares y policías. Los guerrilleros no cometieron crímenes de manera sistemática. Lo que se quiere es someternos sólo a nosotros a un gran juicio interno y eso no lo vamos a aceptar.


Para acercar las posiciones ya se integró un comité de juristas que analiza la salida a este tema y hará una propuesta en dos meses como máximo.


–¿Qué modelo se propone? ¿Amnistía para todos, como se acordó en El Salvador y Guatemala?


–Amnistía por crímenes de guerra no. Eso no lo permite ni la Corte Penal Internacional. Además, no se puede pensar que sólo los combatientes cometieron crímenes. Políticos y oficiales que no fueron combatientes también cometieron crímenes. Por ejemplo, el entramado de los falsos positivos. Hay una línea de mando que lleva muy hasta arriba.


–Otro nudo es el desmantelamiento total de las organizaciones paramilitares. ¿Está en la agenda de La Habana?


–Apenas está enunciado en una comisión de justicia y paramilitarismo. Pero esto va mucho más allá. Hoy mismo, en este nuevo contexto, hay organizaciones neoparamilitares actuando, imponiendo retenes, controlando territorios, amenazando y ejecutando personas, principalmente en Meta, Casanare y Guaviare. Esta comisión apenas ha tenido un par de reuniones.


–Después de esto, ¿qué falta?


–En noviembre viene un momento muy fuerte porque cada parte tiene que evaluar lo que se ha avanzado y lo que no, y si vamos a seguir. Después vendrá la implementación de todo un cuerpo de acuerdos. Y eso tiene que ver con la política legislativa, con un refrendo. El gobierno de Santos propone un proceso legislativo extraordinario. Nosotros proponemos una nueva constituyente.

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Lunes, 25 Mayo 2015 19:27

Santouribismo

Santouribismo

El neologismo que encabeza esta nota recoge la argamasa resultante de la recomposición política ocurrida en los días recientes con ocasión de los traumatismos que aquejan el proceso de paz y los diálogos del señor Santos con las Farc en la ciudad de La Habana.

La tregua unilateral determinada por las Farc desde el 8 de diciembre del 2014, con estimulantes resultados en la caída de la violencia política; el hostigamiento permanente de las Fuerzas Armadas hacia esa agrupación como parte de una acción de sabotaje político a las conversaciones; las medidas de desescalamiento del conflicto gestionadas por una subcomisión de oficiales e insurgentes; los notables apoyos internacionales a la paz; la suspensión de los bombardeos a los campamentos de las Farc; los sucesos violentos en que murieron 12 soldados profesionales en Buenos Aires/Cauca; la reactivación de los operativos aéreos con los asaltos y muertos (34) en Guapi y Segovia reportados por los generales de la Fac (Fuerza Aérea) y por Santos al país, son aspectos de un abigarrado cuadro que engendra incertidumbres y desazón entre diversos agentes de la llamada opinión pública.

Desde la perspectiva del cambio democrático en el Estado y la sociedad, implícito en un proceso orientado a la superación del prolongado ciclo de guerra iniciado desde mediados del siglo pasado, lo conveniente es hacer una lectura e interpretación política (referido a las fuentes sociales del Poder, M. Mann) de los acontecimientos mencionados, del sentido y el curso de sus implicaciones, hecha la consideración de su alta jerarquía e impacto estratégico en todos los campos de la nación. No se trata de asuntos menores, de episodios intrascendentes.

De obligatoria consideración contextual es la actual crisis económica y fiscal provocada por la caída de los precios internacionales del petróleo. Colombia atraviesa hoy una situación económica muy parecida a la de 1999, cuando el PIB cayó un 9%, y los directivos del Estado, Pastrana y Santos, promovieron la zona de distensión de San Vicente del Caguan con las Farc, como movida de respiro para reorganizar el aparato militar oficial y desplegar en los años posteriores una contraofensiva para debilitar y aplastar la guerrilla, que implicó un descabellado rediseño autoritario del Estado como instrumento del paramilitarismo y de la propia política que se transformó en parapolítica. Fueron años de ilegalidad descontrolada, con expresiones aberrantes como la masiva ejecución de los "falsos positivos" por miembros de las Fuerzas Armadas, responsables de delitos de lesa humanidad, mismos que están encartados en complejos procesos judiciales nacionales e internacionales, para los cuales se presiona impunidad mediante ajustes al fuero penal militar y normas de justicia transicional.

Desde luego, la tesitura aludida compromete el campo de la tradicional, y en apariencia estable, gobernabilidad liberal. Santos fue elegido presidente como sucesor de Uribe Vélez, de quien fue su Ministro de Defensa estrella por los golpes ejecutados contra las Farc en desarrollo de la denominada política de Seguridad Democrática. Tan pronto se posesionó del cargo, el actual Jefe de la Casa de Nariño, adelantó un ajuste táctico al esquema de dominación. Reconoció la existencia del conflicto armado (que Uribe negaba) y promovió una ley de víctimas como parte de su cosmovisión (weltanschauung) ideológica alimentada en los conceptos de la Tercera vía socialdemócrata elaborada por los socioliberales ingleses (Blair, Giddens). Ese ajuste fue resentido por Uribe quien lo impugnó dando pie a un ejercicio de oposición política con características de sabotaje crónico a la nueva administración. La mentalidad y el estilo ultraconservador del líder parapolítico se estrelló con el ajuste santista, que en realidad no afectaba el esquema general de la hegemonía oligárquica.

El filo de la oposición conservadora feudal ultraconservadora se focaliza en el proceso de paz y sus avances. Para el efecto se han movilizado diversos recursos entre los que se deben destacar, por su alto impacto, la manipulación de los militares y de la denominada opinión pública, que es una construcción de los medios masivos de comunicación identificados con los valores tradicionales de la cultura imperante, adversa a procesos de cambio.

El litigio entre Santos y Uribe no ha sido menor ni único en la historia del Estado. Trae a la memoria otros episodios de luchas intestinas en la élite colombiana. Las disputas entre Bolívar y Santander; entre Mosquera y Ospina; entre Núñez y los radicales; entre Reyes y los republicanos; entre López Pumarejo y Laureno Gómez; entre el MRL y el Frente Nacional; entre Carlos Lleras y Turbay, por el tema del clientelismo.

Hoy tenemos el litigio entre santistas y uribistas, que parece estar llegando a su cierre después del encuentro del caudillo con el Ministro Néstor Humberto Martínez, quien pesca en río revuelto para apoderarse de la Fiscalía General, con ocasión del desequilibrio de poderes tramitado como reforma constitucional en los poderes legislativos.

Anotemos que la superación de tales reyertas intraclase se ha hecho, en los últimos 60 años mediante el consociacionalismo, método político que sirvió al diseño del Frente Nacional, elogiado como paradigma de pacificación y concordia toda vez que permitió dejar atrás, según sus defensores doctrinales, la grave violencia de los años 50 a raíz del asesinato de Gaitán y la posterior guerra entre liberales y conservadores que dejó 500 mil muertos.

Es probable que los expertos politólogos que tienen por oficio asesorar a los políticos más encumbrados ya hayan sugerido regresar a las formulas del consociacionalismo para superar los riesgos intrínsecos y sistémicos del proceso de paz. Sus argumentos incluyen casos exitosos de gobernabilidad como el belga y el suizo, donde las facciones étnicas, religiosas y territoriales, atemperan sus diferencias en los escenarios de la concertación consociacional.

Santos parece haber renunciado a los postulados de la Tercera vía y ha regresado a las fuentes de la reaccionaria Seguridad Democrática de quien lo escogió y eligió como sucesor. Se trata de un tránsito muy sutil, pero efectivo, en el que, desde la consideración puramente política (poder), se convierte, como Presidente, en copiloto (Dorado, invertido) de un plan para imponer la paz de los vencidos a la resistencia campesina revolucionaria que participa de La Mesa de La Habana.

Por supuesto, no se trata de algo nuevo. Desde el 2011, el Jefe de la Casa de Nariño, al iniciar conversaciones reservadas, y posteriormente al oficializarlas con la Mesa y Agenda temática, con delegados de la insurgencia, siempre tuvo en mente la paz simulada (Baudillar), la paz expres, la paz neoliberal, la paz geopolitica (de las multinacionales y contra Venezuela bolivariana), la paz de la cárcel y la paz de las tumbas, en este caso mediante un golpe de mano (Tamil y Fujimori), en eso repite el modelo de Pastrana. En resumen, su premisa era la derrota y exterminio de las guerrillas revolucionarias para hacer prevalecer el dominio a perpetuidad de la oligarquía y el imperio global.

Como experto tahúr de póker, últimamente colocó cartas para dar la sensación de sensatez en las conversaciones, autorizando encuentros en Cuba entre las Farc y el Eln, suspendiendo el uso del glifosato y reiterando su continuidad en La Mesa, pese a los hechos del Cauca.

Pero, atendiendo las demandas del uribismo y los militares de la cúpula, afectos a este, dio vía libre a las acciones de la Fuerza Aérea contra los campamentos guerrilleros en Guapi y Segovia.

Algunos dicen que la paz saltó a la pacificación violenta, como si esa no hubiese sido la intención primordial inicial. La pacificación violenta de los rebeldes siempre ha sido la regla de las capas dominantes en la historia de Colombia. Lo fue en la sangrienta conquista española de la civilización indígena durante los siglos XVI y XVII, hasta que lo alcanzaron mediante una muy bien organizada red de fuertes militares por todo el territorio colonial (Girón, Cartago, Popayán, Pamplona, San Faustino, Santa Fe, Caloto etc); lo fue con la insurección comunera del siglo XVIII, vilmente masacrada; lo fue con la pacificación de Morillo para decapitar a los patriotas de la revolución de 1810; lo fue con la regeneración conservadora de Nuñez para degollar a los liberales radicales; lo fue con la masacre de las bananeras; lo fue con el magnicidio de Gaitán; lo fue con el paramilitarismo.

Claramente el proceso de paz está en un momento bastante difícil. La paz en medio del conflicto no es viable, lo previsible es que el proceso adquiera mayor lentitud hasta su extinción. Pensar que a punta de contragolpes –y de simulacros con acuerdos a medias en el tema de victimas–, las cosas se arreglaran, es delirante.

Cierro señalando que el regreso de Santos al uribismo para imponer, conjuntamente, en La Habana la "paz expres neoliberal de la cárcel y los sepulcros" es un reflejo de la crisis orgánica generalizada que atraviesa Colombia en la actual coyuntura.

El Santouribismo hace estos ajuste pensando en las elecciones locales del 25 de octubre, que el actual jefe de gobierno quiere controlar renunciando a las promesas iniciales de su revolución pasiva. Teme el triunfo total de las huestes de la parapolítica del Centro Democrático y la cuenta de cobro correspondiente.

Desde luego, ese es un lado del asunto. En el ambiente de los diálogos de La Habana, ha surgido en el país un apreciable movimiento social que ha desarrollado y ampliado su subjetividad con los asuntos de la agenda tratada en la Mesa de conversaciones.

Dicho movimiento social es plural y diverso. No es homogéneo, parece coincidir en la idea de la realización de una Asamblea Nacional Constituyente como formula extraordinaria para corregir el estancamiento de la dinámica progresista perfilada en los años recientes.

Hay que procurar la coincidencia entre esa movilización popular y el recurso del poder constituyente sin sobredimensionar sus alcances y objetivos, para no forzarla.

Pretender a rajatabla una desmovilización de las guerrillas es un camino cargado de inconsistencias. Es abrir más heridas en la sociedad porque sus benefactores asumirán que tienen vía libre para disponer a su antojo capitalista de los derechos esenciales de millones de colombianos.

Puede ser que el guerrerismo militarista se imponga con la destrucción de la Mesa de diálogos. como parece ser la convicción de los señores Santos y Uribe al día de hoy, pero eso solo logrará que las Farc regresen a su condición anterior de beligerancia y combate, que es la misma en la que está el ELN, de quien muchas veces se ha dicho está a punto de una fulminante extinción.

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Sábado, 25 Abril 2015 07:22

Las negociaciones y sus enemigos

Las negociaciones y sus enemigos

Tal vez el título correcto debería ser los negociadores y sus enemigos. En los días que corren, aparecen muchas negociaciones en las noticias. Estados Unidos negocia con Cuba, con Irán y, lo más reciente, parece que con Venezuela. El gobierno de Colombia está negociando con un movimiento que durante muchos años ha estado contra el gobierno: las FARC.

Luego están también las pre-negociaciones, que podrían no llegar a la etapa de negociación: Rusia y la Unión Europea (dentro de ella, el gobierno de Kiev en Ucrania y los gobiernos autonomistas de Donetsk y Lutsk; China y Estados Unidos; el gobierno de Afganistán y los talibanes.


Finalmente, en el espíritu del misterio del perro que no ladró, de Sherlock Holmes, están las negociaciones que NO están ocurriendo: Israel y los palestinos; Irán y Arabia Saudita; China y Japón.


¿Qué nos dice acerca del estado del mundo situar un foco particular sobre tales negociaciones, incluidas aquellas que no están ocurriendo? Lo primero es que, mientras más cerca estamos de unas negociaciones reales, más fiera es la oposición a un acuerdo que resulte de ellas. Quienes están a favor, de algún modo dudan y siempre están inseguros de poder hacer que sus propios simpatizantes acepten cualquier arreglo que resulte en un acuerdo público con el otro bando. Pero quienes se oponen no dudan para nada. Son feroces, están muy enojados y utilizan cualquier apalancamiento que bloquee o sabotee las negociaciones.


¿Son las negociaciones algo bueno? Ese es, exactamente, el argumento. La ventaja más grande de las negociaciones que finalizan con una especie de acuerdo de compromiso es que reducen (reducen, no eliminan) el sufrimiento que la continuación del conflicto impone a casi todo mundo. Una segunda ventaja es que quienes favorecen la continuación del conflicto continuamente arguyen que el modo de ganar es incrementando la presión –más acciones militares, más bloqueos, más tortura–, lo que resultará en un incremento progresivo de la violencia en el tiempo, algo que un acuerdo frena, más o menos.
Pero existe también algo negativo. El otro lado sobrevive, y algunas veces inclusive prospera. El acuerdo los legitima. Y si son atacados políticamente, pueden argumentar –y lo hacen– que sus acusadores están intentando revivir el conflicto y socavar el acuerdo. La paz, si así es como le nombramos, tiende a lograrse al precio de no desafiar las injusticias subyacentes que, para empezar, provocara el conflicto. Vemos esto en el papel jugado por los antiguos revolucionarios, en la era posterior a los acuerdos, en países como El Salvador o Guatemala.


¿Cuándo es que ocurren estas negociaciones, esos acuerdos? Un elemento crucial es el extenuamiento político interno combinado con un punto muerto militar. Pero esto no es, por lo común, suficiente. El segundo elemento crucial es la presión geopolítica externa. Los países no involucrados directamente en el conflicto –que de alguna manera están atados a uno u otro lado de una negociación–, encuentran que es su interés como tercer país que el conflicto termine. Han adquirido un interés en el conflicto, y su interés requiere que el conflicto cese. Si Estados Unidos o Cuba están negociando hoy, la explicación yace en la combinación de presiones internas en el caso de Cuba y de presiones externas en el caso de Estados Unidos.


Si miramos las dos ausencias más fulgurantes en las negociaciones –Arabia Saudita e Irán, o Japón y China– ¿por qué siempre la retórica de enojo, por qué tanta hostilidad? A un antropólogo que viniera de Marte le resultaría difícil creerlo. Arabia Saudita e Irán comparten un profundo compromiso con la cultura islámica y un respaldo muy fuerte hacia la sharia. Japón y China comparten un compromiso mutuo y prolongado con una serie de valores culturales entrelazados y aun estructuras y símbolos lingüísticos.


Y no obstante se denuncian unos a otros, y prosiguen el objetivo geopolítico de debilitar al otro en términos de poder e influencia geopolíticos. En estos días invocan deliberadamente las partes de sus legados culturales que los diferencian uno del otro en vez de invocar esas partes que, de hecho, podrían juntarlos.


¿Por qué, por qué, por qué? Una respuesta es que el liderazgo en cada uno de esos países tiene que retener, en su interés propio, la imagen del otro como enemigo. Enfrentados con los profundos cismas internos que podrían desgarrar estos países, apelan a la cohesión nacional que se enfrenta a una supuesta amenaza externa. Una segunda razón es que las fuerzas exteriores urgen al conflicto, debido a que es en el interés de estos terceros países el que las hostilidades existan y se definan de ciertas maneras.


Las negociaciones entre Arabia Saudita e Irán podrían perjudicar el interés de Estados Unidos, Turquía, Paquistán, Israel y muchos otros. Las negociaciones entre China y Japón podrían alterar no sólo a Estados Unidos, sino también a India y tal vez a Rusia también. Así, en estas dos negociaciones putativas hallamos condiciones que son el opuesto exacto de los casos donde las negociaciones van ahora caminando. En las negociaciones en curso, existe una presión interna positiva y una presión externa positiva. En los sitios donde no hay señales de negociaciones serias, hay presiones internas negativas y presiones externas negativas.


Hacia donde nos dirigimos. Debemos recordar siempre que la geopolítica es un juego fluido, y más particularmente en este tiempo de crisis estructural en el sistema-mundo moderno con sus rápidos y caóticos vaivenes en todos los ámbitos, donde no son menores estos vaivenes en las alineaciones geopolíticas. El ambiente puede cambiar, y bastante inesperadamente. Recuerden que las pre-negociaciones tienden a ser secretas –mientras más secretas más exitosas. Hasta donde sabemos, están en curso ahora mismo. Y es que tal vez sólo cuando hay filtraciones secretas y cuando sabemos que las negociaciones comenzaron es que los enemigos se movilizan e intentan sabotearlas. Y por supuesto es bastante frecuente que los enemigos de las negociaciones ganen. Trabajan muy arduamente para que fracase un potencial acuerdo EU-Irán. En el caso de este potencial acuerdo, yo confío en que se llegue a un arreglo, dado que los aspectos positivos pesan mucho más que los negativos.


Traducción: Ramón Vera Herrera

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Fin integral y simultáneo del conflicto armado colombiano

No es fácil el camino de la paz. Surgen muchas dificultades y obstáculos. Pululan las provocaciones y encerronas. Cuando no es la ultraderecha militar fascista, aparece la derecha perfumada de la politiquería oficialista presta a la manipulación del proceso para sacar partida y tajada.

El proceso de paz es un escenario de lucha de clases, de disputa política contra los diferentes clanes oligárquicos, internacionales, nacionales y regionales. El pueblo, los trabajadores, los campesinos y las organizaciones democráticas de izquierda deben enfrentar los retos políticos correspondientes con la mayor inteligencia, con mucha paciencia y con el olfato que demanda la interacción con los delegados del poder burgués inclinados por la mentira, el truco, la trampa y la ausencia de principios éticos y democráticos. No hay que dejarse impresionar ni amedrentar por unas fichas cargadas de oportunismo y ventajas personalistas.

La paz ha conquistado espacios de enorme importancia. Hay que blindarlos y profundizarlos. De gran trascendencia son las coincidencias en cuanto a la ampliación de la democracia y el impulso a los movimientos sociales que se han convertido en verdadera alternativa a las podridas maquinarias del partidismo feudal y oligárquico.

Hay amplia coincidencia en el sentido de que el proceso de conversaciones entre el gobierno y las Farc/EP ha ingresado a una zona muy sensible, de definiciones absolutas. Los debates que vendrán tienen ingredientes políticos de gran valor estratégico para la terminación del conflicto y para el ingreso de la resistencia campesina revolucionaria a los espacio de la política civil y democrática. Son los campos de la critica a la democracia liberal representativa, electoralista, a la de los mercados y el clientelismos. Son los campos de la democracia comunal como forma de auto conocimiento, como forma que amplia los horizontes de las masas populares y los trabajadores.

Bastante controversia ha suscitado el nuevo temario que será abordado en las rondas de conversaciones concertadas entre los delegados plenipotenciarios para los próximos meses del año en curso y que muy probablemente, dada la envergadura de los asuntos pendientes, se extenderán a buena parte del año 2016.

El tema de la justicia todavía está en pañales y la parte oficial insiste en formulas desuetas e inviables para la terminación del largo conflicto asociado con el alzamiento revolucionario de los campesinos victimas de la violencia latifundista y oligárquica desde hace mas de 50 años. Los personeros del santismo se limitan a clonar las formas jurídicas ofrecidas al paramilitarismo criminal por los gobiernos fascistas de Uribe Velez, de los cuales hizo parte el actual Jefe de la Casa de Nariño, especialmente en sus momentos mas violentos y agresivos.

Cuando se conozca el informe de la Verdad sobre la guerra del Estado contra el pueblo, contra los campesinos, contra la Unión Patriótica, contra el Partido Comunista, contra la Izquierda revolucionaria, se dará un intenso debate porque la ultraderecha pretenderá conservar su falsa versión de la historia nacional a lo largo del último siglo. Querrá endiosar la hegemonía conservadora, distorsionar la masacre de las bananeras, falsear el asesinato de Gaitan para atribuírselo al comunismo internacional, encubrir la violencia de los años 50, edulcorar el excluyente y despoticoFrente Nacional, amañar las causas del extermino de la UP y velar el origen oligárquico e imperialista de la violencia generada por el narcotráfico.

Con todo y eso, el interés se centrará a partir del 2feb2015 en el Tercer punto de la Agenda de diálogos que se refiere al "fin del conflicto".

En dicha materia es crucial que la sociedad y la opinión publica partan de un principio fundamental, muy cercano al otro que plantea que nada esta acordado hasta que todo este acordado. El fin del conflicto debe ser integral y simultaneo, dice de manera escueta el texto del Acuerdo Especial de La Habana (http://bit.ly/1ntk4t5).

Integral quiere decir que los temas que lo componen son de la misma naturaleza, afines al máximo. Solo se separan por razones de orden técnico/analítico, pero en su realidad viva son un solo cuerpo. No es posible tratar uno sin considerar los otros, sin acudir a las otras problemáticas. Por esa misma razón, son simultaneos, sincrónicos. No están organizados de manera diacrónica, lineal, sucesiva, de tal manera que el punto dos se de despues del punto uno. Este último es un método utilizado por la sociología neoliberal para crear compartimentos estancos, para dejar todo trunco, según las conveniencias y el negocio que se lleve entre las manos. Ese enfoque esta descartado.

Con ese avance alcanzado en los diálogos exploratorios, abordemos los temas que están planteados para el cierre del conflicto, que no el proceso.

El primero es el del Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Sobre este campo ya hay un amplio debate. La ruta tiene una sub comisión técnica de militares y guerrilleros funcionando; un cese al fuego y de hostilidades unilateral y permanente ordenado por las Farc a sus combatientes; un repertorio de acciones para desescalar el conflicto y un planteamiento gubernamental cargado de ambigüedades, trampas (corraleja) y oscuridades. Santos dice que un cese bilateral se firmara cuando se ponga fin al conflicto con la firma de un acuerdo general, es decir para cuando ya no se necesite. Tonterías de la Casa de Nariño. Dice ademas que se ordeno entrar a estudiar el Cese bilateral, como gran cosa como, si ese no fuese el punto a seguir en las labores de La Mesa. Sofismas que se inventa JMSantos para ir lidiando con su deteriorada imagen.

El segundo, es el de la dejación de las armas y la reincorporación de las Farc/EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político-, de acuerdo con los intereses del movimiento guerrillero. Así que se requerirá una definición detallada de los intereses económicos, sociales y políticos de las Farc/ en su transito para convertirse en una organización sociopolitica de gran influencia en la sociedad civil y el Estado. Tema grueso que no podrá despacharse con asuntos de menor cuantía, como ocurrió con los taxis, cargos, partidas presupuestales y demás prebendas (diplomaticas como las de Petro) otorgados a los del M-19. EPL, Quintin Lame, Corriente y otras tendencias que renunciaron a las banderas revolucionarias para acomodarse en el sistema neoliberal de la Constitución de 1991, la misma que convirtieron en un verdadero Dios salvador.

El tercero, es la revisión, por parte del gobierno nacional que hará la coordinación, de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las Farc/EP. Materia en el que gobierno no muestra el menor interés. Santos elude la situación de cerca de 10 mil presas y presos políticos, vinculados con la guerrilla, sometidos a las peores condiciones humanas, judiciales y penitenciarias. Son combatientes, indiciados, muchos de ellos, victimas de montajes judiciales de fiscales y jueces corruptos, ultrajados por una guardia podrida, que se enriquece con las prebendas y comisiones de los parapoliticos y paramilitares, quienes gozan de privilegios y tratos especiales en las penitenciarias y centros de reclusión.

El cuarto, es la acción paralela que debe adelantar el gobierno para intensificar el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. Este asunto seguramente tomara muchos meses, pues será necesario mirar el tema de las Fuerzas Militares y policiales para depurarlas, reestructurarlas, reducirlas y modificar los sistemas de formación sustentados en las nefastas doctrinas anticomunistas de la Seguridad Nacional. Muchos miembros de los cuerpos armados siguen vinculados con la organización de grupos paramilitares y redes criminales causantes de homicidios y masacres contra defensores de derechos y lideres de movimientos sociales y políticos populares. La lucha contra la corrupción exigirá mirar el tema de la "mermelada" de las regalias petroleras para los amigos de Santos, y el despojo de los presupuestos público que realizan las redes de gamonales y caciques oficialistas.

Un tópico especial es el de la impunidad, particularmente en el caso de los "falsos positivos", pues muchos generales, 10 en concreto, pretenden que estos crímenes atroces cometidos contra campesinos y humildes jóvenes citadinos, para cobrarse las millonarias recompensas otorgadas por Uribe/Santos, queden en el olvido con reformas que impulsa el Ministro de la Defensa al fuero penal militar. Es el tipo de justicia que quiere el señor Santos y que debe ser denunciada en los organismos internacionales de derechos humanos.

El quinto punto, establece que el gobierno nacional revisará y hará las reformas y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Seguramente el gobierno llevará a estos debates sus acostumbradas propuestas de reforma neoliberal del Estado, en los términos de lo que se conoce como Nueva Gestión Publica, exigidos, por lo demás, por la OCDE, para admitir a Colombia como uno de sus integrantes. Todas las reformas del Estado, del gobierno y sus instituciones realizadas despues de la Constitución de 1991, se han orientado a la adecuación del Estado a los parámetros del neoliberalismo y el imperio del mercado. No se trata de un estado hecho para la paz. Por el contrario, su esencia y propósitos están muy vinculados con la violencia que favorece el mercado y las ganancias de los grupos plutocracias. En ese sentido, resulta de la mayor conveniencia incorporar a la Mesa de La Habana los debates del Plan De Desarrollo que Santos ha dicho será enfocado en el tema de la paz, la equidad y la educación. Vivir para ver.

Por ultimo, esta el punto de las garantías de seguridad. Me limito a señalar que en El Salvador, despues de terminadas las negociaciones de paz, una mujer guerrillera, integrante del Frente Farabundo Marti, fue nombrada Jefe de la Policía Nacional como una garantía esencial de la seguridad de los combatientes participantes de la vida política. Es la manera de impedir que se repita lo de la Unión Patriótica.

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Lunes, 19 Enero 2015 06:27

La corraleja de Santos

La corraleja de Santos

Aunque todavía no se ha cerrado el tema de las victimas en las conversaciones de paz de La Habana, otros debates han asomado simultáneamente con mucho impetu. Estos se encuentran asociados con el punto del "fin del conflicto" y tienen que ver con el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y con la dejación de las armas y la reincorporación de las Farc/EP a la vida civil -en lo económico, social y político-, de acuerdo con sus intereses ( http://bit.ly/1ntk4t5).

El análisis esta abierto y una sub comisión técnica de militares y guerrilleros adelanta los trabajos correspondientes.

 

Ideas van. Ideas vienen.

 

Ya hay hechos concretos. Las Farc ordenaron un cese al fuego unilateral y permanente por primera vez en su historia y los expertos y el Frente Amplio, han certificado su aplicación a satisfacción por la caída radical de los eventos de guerra. El clima de paz se siente por todo el territorio nacional.

De igual manera se han formulado iniciativas para desescalar el conflicto con medidas concretas.

Santos anuncio la determinación de avanzar en el estudio del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, desafortunadamente cargado de incoherencias, dudas y sombras. Por la interpretación de sus voceros el horizonte de la iniciativa ha sido encajonada en la idea de una corraleja para encerrar a los integrantes del movimiento guerrillero y doblegarlos. Ni mas, ni menos.

Es lo que explica la iniciativa de darle forma a un armisticio como instrumento que garantice la naturaleza integral y simultanea del proceso de terminación de la guerra para evitar las trampas y jugadas.

Por las elucubraciones (http://bit.ly/1AvO2x9) de las fichas presidenciales (Pinzón/Naranjo), el cese bilateral que promueven se orienta a organizar unas corralejas para concentrar como ganado y esclavos, en lugares estratégicos, los contingentes de la resistencia guerrillera campesina y popular, de tal manera que queden a merced y discreción de los grupos paramilitares y bandas criminales conformadas por las fuerzas militares de la oligarquía dominante en el Estado, para exterminarlos mediante masacres y asesinatos. Esa ha sido la experiencia histórica de nuestra sociedad. No se puede confiar en la palabra de estos tahúres y jugadores de la politiquería burguesa y proimperialista. Grave error sería aceptar esa formula traicionera y mortal.

 

Es mejor ir paso a paso. Con mucha calma y malicia.

 

En ese sentido, bien procede madurar e implementar las acciones puntuales e inmediatas de desescalamiento del conflicto.

Santos pretende medidas unilaterales de las Farc, eludiendo sus obligaciones reciprocas en la materia. Veamos casos concretos.

Primero. El desminado es una prioridad, pero el gobierno y los militares deben asumir sus obligaciones porque en esa materia es muy grande la responsabilidad de las estructuras oficiales. Los militares son autores de buena parte del minado existente en todo el territorio, especialmente en Antioquia, Caqueta, Putumayo, Meta, Nariño, Catatumbo, Arauca, Guajira y Sur de Bolívar.

Segundo. A propósito de los niños en la guerra, las Farc ha dicho que planteará abiertamente el tema, sin embargo se requiere que el gobierno asuma sus obligaciones en la materia, pues los militares utilizan a los niños, las escuelas, iglesias, centros de salud, casas de la cultura, territorios indígenas y plazas públicas como instrumentos y escenarios de guerra, provocando lamentables tragedias.

Tercero. Es urgente que el gobierno asuma sus obligaciones con la población guerrillera recluida en cárceles y penitenciarias. Son casi 10 mil presos políticos, muchos de ellos apenas indiciados y no condenados, victimas de montajes judiciales y afectados por terribles condiciones en las cárceles donde son objeto de atropellos y desconocimiento de sus derechos, especialmente los de la salud, integridad y dignidad, por la guardia del Inpec y los funcionarios judiciales, mientras los parapoliticos y paramilitares gozan de todos los privilegios y consideraciones de los Comandos del Inpec, sobornados por las fortunas de los corruptos de la politiquería que han ido a parar a las penitenciarias por sus delitos. Se requiere poner en libertad inmediata a los prisioneros políticos como una medida de desescalamiento de la guerra.

Cuarto. Una medida de disminución del conflicto es la erradicación de los grupos paramilitares mediante la depuración de las Fuerzas Militares, policiales y los servicios de inteligencia del gobierno. En esa dirección se debería eliminar rápidamente de los Manuales Militares de las Escuelas de guerra la Doctrina de la Seguridad Nacional anticomunista y contrainsurgente.

Quinto. El gobierno no debe esperar a la firma de un acuerdo final para reorientar el gasto militar hacia los programas sociales tal como lo anuncio recientemente Santos. Hay que reestructurar las Fuerzas Militares para que se desmonte el gigantesco aparato de guerra que suma mas de 500 mil unidades de combate, absolutamente innecesario; la cual despilfarra cerca de 15 mil millones de dolares del presupuesto al año.

Sexto. Se debe impedir la impunidad de los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Militares, especialmente de los "falsos positivos" ejecutados recientemente y que reformas al fuero militar quieren dejar en el olvido judicial.

Estas medidas concretas deben darse en el marco de la implementación de un Armisticio, que es el instrumento adecuado para avanzar hacia el cese bilateral definitivo.

En esos términos corresponde hacer las consideraciones teóricas y técnicas correspondientes sobre este instrumento del derecho internacional cuya regulación esta detallada en los artículos 36 a 41 del R.G.T de La Haya de 1907 (http://bit.ly/14SRuJo)

Recojamos las formulaciones centrales sobre la materia.

El armisticio aparece como una suspensión temporal y convencional de las hostilidades. Se trata de un convenio concluido entre los beligerantes que, sin poner fin al estado de guerra, lleva consigo un efecto suspensivo, temporal o definitivo, de las hostilidades.

El armisticio fue objeto de una regulación relativamente detallada en el R.G.T. de La Haya de 1907 (arts. 36-41) (http://bit.ly/14SRuJo ).

Debe distinguirse entre armisticio general y local.

a) El general, la más frecuente forma, suspende las operaciones de la guerra en todos los teatros; suele ser preludio del fin de la guerra y del tratado de paz.

b) El local solamente las suspende entre ciertas fracciones regionales y locales de los ejércitos beligerantes y en un sector determinado; no tiene más que un carácter provisional, desprovisto de significación política (art. 37): por eso, puede ser estipulado por los jefes militares locales a través de legisladores, sin que sea precisa una autorización o ratificación especial del gobierno.

El armisticio general suele ir precedido de una negociación más o menos intensa, entablada, frecuentemente, por iniciativa de terceros Estados que ofrecen su mediación o sus buenos oficios para llegar a un acuerdo.

Es concluido por los jefes militares, pero, a causa de su excepcional importancia política, necesita la aprobación de las autoridades politicas correspondientes. A diferencia de la suspensión de armas, que se acuerda entre los comandantes de los sectores interesados, el armisticio general ha de ser concluido por los jefes supremos de los ejércitos (general o comandante en jefe), revestidos de poderes especiales conferidos por los gobiernos respectivos.

 

El armisticio es ejecutivo desde su firma.

 

La conclusión del armisticio produce el efecto de suspender las hostilidades desde una fecha determinada hasta otra, que puede ser precisada de antemano o indeterminada. En el primer caso, el periodo está sujeto a renovación o prórroga.

La suspensión de las hostilidades no significa que se haya puesto fin al estado de guerra, que subsiste con todas sus consecuencias jurídicas. Este principio ha sido mantenido de un modo constante.

La aplicación técnica del principio -es decir, la discriminación entre los actos permitidos y los actos prohibidos a los beligerantes- ha suscitado abundantes discusiones.

Doctrinalmente se han propuesto varias fórmulas: a) Posibilidad, por parte de los beligerantes, de realizar los mismos actos para los que se hallan facultados en tiempo de paz (VATTEL). b) Mantenimiento del statu quo, de manera que cada beligerante se encuentra al terminar la suspensión de las hostilidades en la misma situación en que se hallaba al principio (THIERS, en 1871). c) Derecho de cada beligerante a consolidar su posición (HEFTER). d) Libertad de acción salvo en lo que se refiere a la destrucción de vidas y bienes (SIBERT).

De hecho, los convenios de armisticio estipulan la suspensión de las hostilidades, el establecimiento de una línea de demarcación y de una zona neutralizada, la prohibición de recibir refuerzos, la libertad de movimientos de los beligerantes en la retaguardia de sus líneas, el abastecimiento de las plazas sitiadas, la repatriación unilateral de los prisioneros, la evacuación de ciertos territorios por el beligerante vencido y su correlativa ocupación por el adversario y la prohibición de comunicaciones entre las poblaciones civiles de ambos lados del frente. En materia marítima, subsisten los bloqueos, pero, en cambios, existe desacuerdo en lo que se refiere al ejercicio del derecho de prensa.

En general, se procede a la constitución de una Comisión permanente internacional de armisticio, encargada de vigilar la ejecución del convenio.

La violación grave del armisticio, cometida por una de las partes, da a la otra el derecho a denunciarlo, desligándose de sus obligaciones, pudiendo incluso, en caso de urgencia, reanudar de nuevo las hostilidades inmediatamente (art. 40).


Si la violación de las cláusulas del armisticio no revistiese carácter grave y fuese debida a la iniciativa propia de los particulares, no da lugar a la denuncia del armisticio, bastando el castigo de los culpables y el pago de la indemnización correspondiente por las pérdidas sufridas (art. 41).

Claro es que si el beligerante culpable no tomase las medidas pertinentes para evitar las infracciones o dejase de atender las reclamaciones y de castigar a los culpables, puede el beligerante ofendido denunciar el armisticio y reanudar las hostilidades.

 

Validez del armisticio.

El armisticio, como todo acto de naturaleza convencional, está sometido a las condiciones de validez que regulan la conclusión de los compromisos internacionales.

El armisticio en la época contemporánea implica la ocupación de una parte, más o menos extensa, del territorio del Estado vencido por las fuerzas del Estado vencedor. Esta ocupación presenta dos caracteres: a) es una ocupación de guerra, ya que, como el armisticio sólo supone una suspensión provisional de las hostilidades, el estado de guerra sigue, jurídicamente, existiendo, y b) es una ocupación convencional, porque se apoya en un instrumento jurídico, el convenio de armisticio. Además, como toda ocupación militar de un territorio extranjero, no lleva consigo ningún traspaso de soberanía. Este principio ha sido enunciado por la jurisprudencia internacional y por la jurisprudencia interna.

De ello resulta que la ocupación de armisticio implica solamente el ejercicio de las competencias habitualmente reconocidas al Estado ocupante en territorio enemigo, y, en particular, la competencia reglamentaria y la competencia judicial, cuyo ejercicio da lugar, con frecuencia, sobre todo en materia represiva, a conflictos de competencia entre el Estado ocupante y el ocupado, cuando un individuo se ve simultáneamente perseguido por el mismo hecho ante los tribunales militares del primero y la jurisdicción penal del segundo.

Estos son los términos del debate que corresponde asumir de manera objetiva para evitar las trampas y actos traicioneros de quienes pretenden pasarse de vivos en este proceso de paz que avanza con mucho tino y profundidad para superar una prolongada guerra nacional.

Paz sin corralejas, señores Santos, Naranjo y Pinzón.

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Jueves, 15 Enero 2015 19:19

Paz con armisticio

Paz con armisticio

La decisión política de avanzar hacia un cese al fuego y de hostilidades bilateral e indefinido constituye un suceso trascendental que marcará el contenido del curso histórico nacional en los próximos meses.

Es el imperio de las reglas de la política en sentido estricto. Vendrán las consecuencias, los resultados, los escenarios y los nuevos sujetos sociales constituyentes. Es la hora de los sujetos constituyentes, de los constructores de una nueva institucionalidad asociada con la emergenciapopular y democrática de la multitud en el espacio público, sin los caudillismos y protagonismos de ciertas individualidades volcadas sobre sus vanidades y caprichos.

Estamos inmersos en lo más álgido de un proceso revolucionario según nuestras tradiciones y cultura. Un proceso apalancado por la Mesa de diálogos de La Habana.

Es el momento de articular los deseos de paz de millones de colombianos con la solución de los problemas más críticos en materia de empleo, salud, educación, vivienda, libertades políticas y ambientales, que padecen millones de seres humanos. No es cierto, como lo sugieren ciertos charlatanes de red, funcionales a la politiquería clientelar tradicional regional, que la paz le sea indiferente a los colombianos. Puras el ucubraciones de mentes débiles y veleidosas, carcomidas por el oportunismo y el odio a las luchas campesinas.

Con las medidas para desescalar el conflicto que debate la sub comisión técnica de oficiales y guerrilleros y con el horizonte cierto de un cese al fuego y de hostilidades bilateral, por supuesto que lo que nos espera no es una paz armada (http://bit.ly/1KNh2IW). Nadie quiere una paz en medio de las hostilidades y los incidentes de la naturaleza intrínseca de la guerra.

Tampoco queremos una paz express, una paz sin democracia sustantiva y de ciudadanos, como autoconocimiento de las masas o una paz sin justicia social.

Por eso no resulta coherente salir a decir que "el desescalamiento del conflicto armado no implica que la Fuerza Pública deje de realizar sus operaciones ofensivas y que, por lo tanto, no se ha dado la orden de dejar de bombardear a las Farc.

"Una decisión de suspensión de los bombardeos no se ha dado. Hoy no hay una orden expresa y directa de suspender bombardeos", enfatizó Naranjo, quien precisó, no obstante, que "el Gobierno ha manifestado su interés para que se vayan tomando decisiones para reducir la capacidad de generarviolencia" (http://bit.ly/1KNh2IW).

Doble juego. Matan el tigre y se asustan con el cuero y el cuerpo (http://bit.ly/1Bw4WQH). Bailarines de cabaret que juegan con cartas marcadas. Les falta entereza y seriedad y por eso hay que ser precavidos con estos pillos de esquina. Es la política pequeño burguesa de elementos derechistas enriquecidos con la guerra y el ascenso oportunista por las burocracias policiales.

En ese sentido es que resulta necesario plantear la necesidad de una paz con armisticio. Es lo consecuente con el texto del Acuerdo especial de La Habana que indica sabiamente que la paz es un proceso integral y simultáneo (http://bit.ly/1ntk4t5). Nada es sucesivo ni diacrónico. Todo es complejo, integral simultaneo. No se puede pretender que la resistencia popular revolucionaria se entregue, deje las armas, y las reformas pactadas se dejen para el fin de los siglos. Mamola, como diría un líder de la Izquierda Liberal.

La mejor fórmula es el armisticio. Veamos de qué se trata.

Un armisticio es un instrumento de derecho internacional que detiene hostilidades entre las partes de un conflicto internacional (entre Estados), que no implica el final del conflicto o el estado de guerra, que equivale a un cese de hostilidades general o local, pero hay continuidad del estado de guerra y beligerancia. Establece que las partes pueden reanudar las hostilidades cuando lo deseen o denunciar violaciones, y que estas, al ser beligerantes, deben contar con un comando y subordinación, emblemas y distintivos reconocibles a distancia, portar armas visibles y conducir operaciones de acuerdo con la legislación de guerra. Los beligerantes, además, tienen derecho a ocupar territorios y ejercer soberanía (http://bit.ly/151aiHi).

A las partes que sean reconocidas se les aplican las leyes internacionales y las obligaciones de un estado de guerra, y en caso de captura, los combatientes y no combatientes tienen el derecho a ser tratados como prisioneros de guerra (http://bit.ly/151aiHi ).

Plantear las cosas en estos términos no es jugarle sucio a la paz, ni pretender prolongar indefinidamente la guerra. Es buscar garantías para el pueblo y los combatientes revolucionarios.

Lo que procede es la paz con un armisticio regulado con la participación de los países garantes y acompañantes. Es el procedimiento adecuado para bloquear las trampas de los politiqueros.

Publicado enColombia
Miércoles, 07 Enero 2015 20:26

Paz: Desescalando en forma

Paz: Desescalando en forma

Un viejo axioma de las gramáticas políticas sugiere que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero el apotegma no propone eliminar el ejercicio del diálogo y los acuerdos que caracterizan esa vieja actividad humana que conlleva la relación civil entre las personas para resolver los conflictos y la infinidad de problemas que surgen en las sociedades. Los únicos que han tenido esa pretensión son los seguidores del neoliberalismo que siempre han querido reemplazar la política por la competencia y los mercados. Su ideal es supeditar la democracia a los dictámenes del mercado, los precios, las ganancias y a las lógicas bélicas.


La guerra en Colombia esta llegando a su fin. La paz es cada día una realidad irreversible. Es el reflejo de la preponderancia de los códigos, argumentos y símbolos de la política. La mas reciente expresión de esta tendencia son las decisiones tomadas por las partes plenipotenciarias para bajar la intensidad del conflicto y de esa manera llegar a un cese al fuego y de hostilidades bilateral, en el mediano plazo.


Después de la determinación de las Farc de adelantar un cese al fuego y de hostilidades unilateral e indefinido el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha proyectado actos recíprocos para detener las operaciones militares ofensivas (http://bit.ly/1IqkXre)


En gran medida todo es consecuencia del trabajo adelantado por una sub comisión integrada por oficiales de las fuerzas militares y delegados de las Farc, que debaten los detalles del "fin del conflicto" armado, pues hay que considerar, como lo plantean expertos, que los aspectos de esta materia, tanto en lo jurídico y en lo militar, corresponde ser definido por técnicos especializados. Simplemente, se trata de resolver el problema que plantea cómo, cuándo, dónde y a través de que mecanismos se puede llevar a cabo la integración de los combatientes a la lucha política (http://bit.ly/1xRtUXO).
Esa no es una tarea fácil. Se requiere conocer el territorio, la realidad de la confrontación, la distribución de aparatos armados, los mecanismos de control y verificación de las decisiones, los corredores de seguridad, los canales de comunicación y coordinación, la participación de la comunidad internacional, las medidas de protección que se deben adoptar para los desmovilizados, si existirán zonas de concentración, el registro y destrucción de armas, los niños reclutados, la información relacionada con campos minados, las redes de finanzas, el soporte logístico, en fin, una larga lista de cuestiones que exigen la experticia de los miembros de las fuerzas armadas y la guerrilla (http://bit.ly/1xRtUXO).


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Colocados en este plano concreto del debate la pregunta que resulta adecuado formularse es la siguiente:
¿Qué es desescalar el conflicto y en qué consiste el mismo?


Desescalar el conflicto no sería otra cosa que el gobierno y las Farc, decidieran de común acuerdo, dar cumplimiento estricto a las leyes de la guerra: al estatuto de combatientes, aplicación rigurosa del Derecho Internacional Humanitario y la salvaguarda y aplicación de los Derechos Humanos, entre otras posibilidades del derecho internacional, aplicado al contexto y realidades del conflicto armado colombiano (http://bit.ly/1xRPONJ).


En ese sentido el desescalamiento de la confrontación serian un conjunto de acciones muy concretas que se deben ir gradualmente implementando.


Inicialmente se ha sugerido por algunos expertos en la materia que la Fuerza Pública puede dejar de utilizar cierto tipo de artillería, como morteros o bombas de racimo y asaltos aéreos a los campamentos guerrilleros. Esto tiene que ver con usar medidas de fuego de menor proporcionalidad o, incluso, yendo más allá: decidir no adelantar operaciones ofensivas contra objetivos de alto valor de la guerrilla (http://bit.ly/1IqkXre).


Otros han formulado un cuadro sistemático de medidas que bajen la intensidad del conflicto y que a su juicio deben debatirse sin prejuicios y con el interés de ampliar los detalles del desescalamiento del conflicto (http://bit.ly/1xRPONJ).
Esas medidas insinuadas son las siguientes:

- Establecer una precisa distincion entre combatientes y no combatientes, entre combatientes y población civil, un compromiso de salvaguarda de la vida y los bienes de la población civil, la vida y la integridad de los combatientes que en medio de la confrontación queden en condiciones de indefensión, la no ejecución, ni practica de tortura y el reconocimiento pleno de sus derechos en las mejores condiciones posibles. No incurrir bajo ninguna circunstancia en prácticas de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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- Hacer uso de la fuerza teniendo como criterios absoluta necesidad y proporcionalidad.

- Disminuir en los territorios y poblaciones el uso desproporcionado de las armas convencionales (Bombardeos y ametrallamientos) y no convencionales (Cilindros, bombas o tatucos, minas) y no emplear métodos o medios de combate cuyos efectos no es posible limitar de conformidad con lo prescrito o que están proscritos de los usos y costumbres de la guerra. No emplear métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto. Ni emplear métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar.

- No realizar ataques indiscriminados, como parte de una estrategia de sembrar terror en la población civil. No hacer padecer hambre a las personas civiles como método de combate. Ni Atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Ni utilizar el bloqueo o el asedio como método de combate contra la población civil. No atacar las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber: las presas, los diques, torres de energía eléctrica, gaseoductos.

- Acordar procesos de desminado que afectan a la población civil y del uso de todo tipo de artefactos explosivos que pueden ocasionar muertes, lesiones físicas, mutilaciones o afectaciones de tipo mental, psicosocial y económicas a la población civil.

- Suspender el ataque a la infraestructura estratégica del país. Frenar la toma violenta de poblaciones.

- No ocupar escuelas, ni iglesias, ni hacer uso indebido de la misión médica. Ni incurrir en ocupación, destrucción, inutilización, o cualquier otra forma de causar daño a instituciones educativas, religiosas o de salud para destruir parcial o totalmente los lugares, causar muertes o daño a la población civil y a funcionarios, o sembrar temor entre ellos. Igualmente no interferir en el normal funcionamiento de las instalaciones ni utilizarlas como albergue o para hacer campañas y distribuir propaganda.

- No incurrir en ejecuciones extrajudiciales, ni en detenciones-secuestro, desapariciones, ni retenciones o capturas. No utilizar a retenidos como rehenes. Liberar a secuestrados sin condiciones y de manera inmediata, a prisioneros de guerra y a presos políticos que se encuentren en condiciones críticas de salud y que no representen ningún peligro para la sociedad.

- Garantizar a presos políticos y a prisioneros de guerra el ejercicio de sus derechos. No mantenerlos incomunicados, aislados y en riesgo, ni incurrir en tratos crueles, inhumanos y degradantes.

- Ofrecer todas las condiciones para que se garantice el debido proceso tomando en consideración aspectos como: Informar al acusado de los detalles de la infracción que se le atribuye. Garantizar al acusado, en las actuaciones que precedan al juicio y en el curso de éste, todos los derechos y medios de defensa necesarios. Condenarlo por una infracción con fundamentos distintos a los de la responsabilidad penal individual. Condenar a una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho. Imponer al condenado una pena más grave que la aplicable en el momento de cometerse la infracción y con premeditación por su condición política o ideológica; Impedir que el condenado se beneficie de una pena más leve sí, con posterioridad a la comisión de la infracción, la ley la dispusiera. No presumir la inocencia de una persona acusada o presumir su culpabilidad sin pruebas recaudadas conforme a la ley. Impedir que la persona acusada se halle presente al momento de ser juzgada. Obligar a la persona acusada a declarar contra sí misma o a confesarse culpable.

- No incurrir en prácticas de reclutamiento forzado de la población, ni de niños ni niñas y adolescentes (NNA). Sacar a los menores de las acciones militares. No utilizar NNA como combatientes, cocineros, vigías, mensajeros, espías o informantes o para propósitos sexuales. Esta violación incluye la participación de NNA en actividades puntuales, como labores de inteligencia, independientemente de que hagan parte regular o no de un grupo armado o de las fuerzas armadas.

- No involucrar a la población en la guerra (informantes), ni hostigarla para sacarle información sobre el enemigo.

- No propiciar desplazamiento forzado de personas o grupos de personas, no apropiarse de sus pertenencias, ni generar actos de violencia generalizados. Oponerse a las formas del despojo y el desarraigo de pobladores. No instalar retenes, ni ejercer control sobre el abastecimiento. Permitir la libre circulación de los pobladores. No destruir casas, cosechas, ni semovientes.

- No incurrir en prácticas de agresión sexual contra las mujeres, lo que incluye violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.

- Evitar las prácticas de discriminación racial contra combatientes y población civil que conducen al ejercicio de la violencia y a la violación de derechos fundamentales.

- Respetar los territorios, las poblaciones indígenas y afrocolombianas, su cultura, su organización social y política, el ejercicio de su autonomía sobre sus territorios. Además de considerar la categoría de grupos étnicos, es necesario incluir otros grupos como partidos políticos, población LGBTI, periodistas, sindicalistas, entre otros.

- Respetar el derecho a la movilización y a la protesta pacífica de los pobladores de las regiones, así como de los campesinos, trabajadores, ambientalistas, mujeres, defensores de derechos humanos, jóvenes, indígenas, comunidades afro- descendientes, estudiantes y en general de todas las formas organizadas de la sociedad civil.

- Hacer un mapa de desescalamiento dando prioridad a las regiones más azotadas por la guerra y la violencia, involucrar a los gobiernos locales y departamentales, utilizar el acompañamiento internacional, presencia de organismos como Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional, redes y veedurías ciudadanas de paz, entre otras posibles instituciones y formas de organización ciudadana (http://bit.ly/1xRPONJ).
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Es igualmente necesario que el gobierno y las FARC-EP, piensen conjuntamente qué medidas se pueden implementar en las regiones para combatir el paramilitarismo y las proliferantes Bandas Criminales.


Es mentira, como lo afirma la ultraderecha uribista para manipular a la ciudadanía, que un desescalamiento del conflicto y un cese bilateral implique que el Estado deje de cumplir sus funciones constitucionales. Las Fuerzas Militares deben seguir cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, sobre todo de defender las fronteras y la soberanía, sin agredir violentamente los territorios y sus poblaciones como lo están haciendo hoy algunos militares irresponsables en ciertos lugares del Meta (Macarena y la Uribe), Antioquia (Nudo del Paramillo), Cauca (Toribio), Nariño, Chocó, Caquetá, Putumayo, Bolívar y el Catatumbo.

Otro aspecto que es necesario considerar en este debate sobre el desescalamiento es el tema del paramilitarismo. Lo cierto es que el neoparamilitarismo anda como Pedro por su casa y las Bandas criminales administran territorios con el visto bueno de la policía y las brigadas militares. En Bogota, el paramilitarismo se mueve muy holgadamente en las Localidades de Bosa, Soacha, Ciudad Bolivar, Kennedy y Usme. En Cucuta los Usugas son los dueños de la ciudad y la Frontera contando con la complicidad oficial.


Nota. El Alcalde de Bogota, Gustavo Petro y sus circulo de aúlicos, esta utilizando el tema de la paz para oxigenarse políticamente. Es la muestra de su acostumbrado cinismo y oportunismo politico, despues de que a lo largo de los gobiernos de Uribe y Santos presiono la extradicion de los lideres de la guerrilla a las carceles Norteamericanas y que celebro a rabiar los casos infames de Simon Trinidad y Sonia, hoy condenados a largas penas en prisiones gringas.

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Proceso de paz y cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.

El proceso de paz adelantado en La Habana ya completa casi tres años (uno exploratorio, dos en La Habana) y existe un consenso general en la opinión publica en el sentido de que se trata una de las experiencias más sólidas en la materia, desde que en 1986 el gobierno de Belisario Betancur desarrolló la primera acción en tal sentido.

La etapa exploratoria y reservada (2010-2011) concluyó en un Acuerdo Especial para la superación del conflicto (http://bit.ly/1ntk4t5) que ha sido el soporte de las conversaciones y consensos posteriores.

Los diálogos de los dos años recientes han permitido construir importantes consensos en temas neurálgicos como el agrario, el de la participación democrática y los cultivos de uso ilícito.

En los días recientes se han dado desarrollos muy positivos en el tema de víctimas y el fin del conflicto.

El del "fin del conflicto" es una materia con gran variedad de asuntos de mucha trascendencia.

Hay tópicos muy delicados referidos a asuntos militares y estratégicos. Me refiero al acuerdo para avanzar en un eventual cese bilateral al fuego y de hostilidades y al de la dejación de las armas.

Podría decirse que es la hora de los técnicos y expertos en la ciencia de las armas y la estrategia de la guerra.

En ese momento tan sensible han ocurrido diversos hechos que conviene enlazar. No están sueltos y su enfoque holístico y complejo permite interpretaciones más aterrizadas en la perspectiva de la superación de la prolongada guerra civil colombiana.

El más notable es el nombramiento por parte del señor Santos de un "Comando de Transición" coordinado por el General Javier Flórez e integrado por 7 altos oficiales de las Fuerzas Armadas que ya se unió a una Subcomisión de la que hacen parte 7 delegados de las Farc para debatir los aspectos puntuales del cese bilateral al fuego y el de las armas de la resistencia campesinas guerrillera.

La presencia del General Flórez en La Habana refleja el compromiso constitucional del cuerpo de 120 generales de las Fuerzas Armadas con las conversaciones de paz. Es un paso trascendental que permite avizorar un buen futuro para el fin del conflicto social y armado.

Sin embargo, con este nivel político, las pugnas se han exacerbado notablemente. No todo es color de rosa en este escenario misterioso del universo militar y la gran magnitud de su poder. Finalmente el dominio de la élite oligárquica e imperial descansa en tal dispositivo militar y policial.

Es la trama donde está jugando a fondo la ultra derecha uribista. Para nadie es un secreto que una franja muy importante de oficiales, asociados directamente a los "falsos positivos" y la guerra sucia, tiene en Uribe Vélez un aliado central y definitivo. Dicho personaje se ha convertido en el vocero de la "oposición militar" al proceso de paz y es a través de él que se tramitan las intrigas y maniobras contra la Mesa de conversaciones de La Habana.

Lo que piensan los generales conspiradores y enemigos de la paz puede saberse al instante consultando el Twitter de Uribe Vélez (http://bit.ly/1ySVK4O), quien además traza allí la "línea" y orientaciones para destruir el proceso de paz. Pautas que curiosamente el primero en replicar es el actual Ministro de Defensa, principal francotirador en el gobierno sobre la Mesa de Cuba.

Los peores ataques al reciente debate del Representante del Polo Democrático Alirio Uribe sobre los 8 oficiales autores de centenares de "falsos positivos", candidatos seguros a su salida del aparato militar, se registraron en ese Twitter y los primeros datos sobre el oficial desaparecido en el Chocó se conocieron en esa cuenta.

La inferencia desprendida de este contexto es que algunos generales actúan mancomunadamente con el jefe de la ultra derecha porque los une el propósito de destruir el proceso de paz para impedir que con la superación del conflicto social y armado se avance en una reforma institucional que depure y supere la naturaleza contra insurgente y anti democrática de los aparatos armados, comprometidos por años en la organización de grupos paramilitares y en campañas de exterminio de partidos de oposición democrática, como la Unión Patriótica.

Este el cuadro en el que sucede el extraño incidente de las Mercedes que llevó a Santos a suspender unilateralmente La Mesa de paz de La Habana. Un acto arbitrario, por lo demás, que rompe las reglas establecidas en el Acuerdo Especial, pues allí está establecido que nada de lo que suceda en Colombia debe interrumpir el trabajo de los delegados plenipotenciarios en la capital cubana.

Es muy probable que si acuden a lo previsto en el texto de dicho Acuerdo, el incidente ocurrido quede superado con la mediación de los países garantes (Cuba y Noruega) y los acompañantes (Chile y Venezuela), pero sin nuevas imposiciones por parte de Santos pretendidas mediante una hipotética alianza con la derecha de la ex candidata presidencial Marta Lucia Ramírez, quien ha formulado una coalición (http://bit.ly/1zDe03i) para debilitar los diálogos de paz y acabar con La Mesa de La Habana. A Santos le conviene más recordar el respaldo a la paz que recibió de las doctoras Clara López y Aida Avella en la segunda vuelta presidencial, que permitió su triunfo y la derrota del candidato fascista Oscar Iván Zuluaga. Ignorar este vital apoyo en la conformación del gabinete es lo que tiene al Jefe de la Casa de Nariño en los actuales apuros. Son las consecuencias del oportunismo y la falta de ética.

Lo que procede es avanzar en unas reglas para implementar el cese al fuego y de hostilidades, sin pretender que el mismo sea un acto absoluto. Este debe ser el resultado de acuerdos humanitarios parciales que vayan disminuyendo la confrontación. Lo demás son sofismas y teorías absurdas como las de ciertos politiqueros (Benedeti et.al) que aprovechan el difícil trance para pescar en el río revuelto de la mermelada con chantajes y presiones presupuestales y burocráticas.

Medellín, 19 de noviembre.

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Gobierno colombiano – farc y los acuerdos parciales de La Habana

Las Delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP damos a conocer hoy a los colombianos la totalidad de los borradores conjuntos de lo acordado hasta el momento en la Mesa de Conversaciones, que se refieren a los puntos 1, 2 y 4 de la Agenda del Acuerdo General de agosto de 2012: "Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral", "Participación política: Apertura democrática para construir la paz" y "Solución al Problema de las drogas ilícitas".
Desde que comenzamos a trabajar en la construcción del Acuerdo Final, hemos dado a conocer de la manera más fidedigna posible los avances de La Mesa, mediante comunicados conjuntos y, cada vez que se producen acuerdos sobre algún punto, mediante informes conjuntos.


Sin embargo, persisten todo tipo de especulaciones sobre lo acordado. Especulaciones que son producto unas veces del desconocimiento de los comunicados y los informes, y otras de una intención clara de desinformar a la opinión pública.
Por esa razón, y como una medida de transparencia, decidimos hacer públicos los textos de los borradores conjuntos. Estos representan el resultado de casi dos años de discusiones intensas y con frecuencia difíciles sobre los puntos de la Agenda del Acuerdo General.


Ambas delegaciones estamos convencidas de que contienen transformaciones importantes para sentar las bases de la paz y asegurar la no repetición del conflicto. Sobre todo, estamos convencidos de que la implementación de estos acuerdos representaría un avance enorme en la promoción del bienestar de los colombianos y en la garantía de sus derechos, así como para la participación política y la apertura democrática para construir la paz.


Los puntos en los que no hemos logrado un acuerdo, o en los que está remitida su discusión a otros puntos de la Agenda, se encuentran señalados claramente en el texto. A juicio de las FARC-EP, existen además salvedades que están referidas a temas que están cobijados por el Acuerdo General y su Preámbulo, y por tanto deben discutirse. A juicio del Gobierno, la mayoría de estos temas no hacen parte de la Agenda del Acuerdo General y con otras el Gobierno no está de acuerdo. Este asunto está por resolverse. Cada Delegación está en libertad de volver sobre los puntos que quiera.


En todo caso, como hemos dicho tantas veces, los acuerdos se rigen por el principio de que "nada está acordado hasta que todo esté acordado", establecido en el punto 10 de las Reglas de funcionamiento, del Acuerdo General. Eso quiere decir que hasta que no haya acuerdo sobre todos los puntos en su conjunto, no hay un acuerdo definitivo sobre ninguno de ellos.


Los textos estarán disponibles en www.mesadeconversaciones.com.co


Primer punto: Borrador conjunto - Desarrollo Agrario Integral... https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Borrador%20Conjunto%20-%20%20Pol%C3%ADtica%20de%20desarrollo%20agrario%20integral.pdf

Segundo punto: Borrador conjunto - Solución al problema de las drogas ilícitas..
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Borrador%20Conjunto%20-%20Soluci%C3%B3n%20al%20problema%20de%20las%20drogas%20il%C3%ADcitas.pdf


Tercer punto: Borrador conjunto - Participación política ...
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Borrador%20Conjunto%20-%20Participaci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica.pdf
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