Viernes, 07 Mayo 2021 06:27

Lecciones de la revuelta en Colombia

Lecciones de la revuelta en Colombia

Una semana de huelga general con movilizaciones que insinúan insurrecciones agrietaron el modelo de dominación administrado por la ultraderecha de Álvaro Uribe. El saldo provisional es de alrededor de 30 muertos por la represión policial, 10 violaciones, mil 400 casos de brutalidad policiaca con más de 200 heridos y cerca de mil arrestados. Algunas reflexiones sobre este monumental y esperanzador movimiento:

  1. El sistema capitalista es genocida y criminal, en particular en este momento de declive y en los países de América Latina. Su carácter no depende del gobierno que administre el modelo, porque es un régimen estructuralmente genocida, toda vez que se asienta en un modo de acumulación por despojo y robo que sólo puede funcionar sobre la violencia, la exclusión y marginación de las mayorías.

La brutal represión a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios responde a que medio país, medio continente, sobra desde la lógica del capital y debe ser despachado, encerrado en sus barrios/guetos o muerto si se atreve a protestar. Las ejecuciones sumarias, los crímenes contra jóvenes, no son errores ni desviaciones de algún uniformado, sino política de Estado y del capital.

“Si supuestamente hay unos actos de vandalismo, se supone que las personas son capturadas y llevadas ante un juez, pero lo que vemos es que directamente se ejecutan manifestantes”, sostiene el colombiano Richard Tamayo Nieto (https://bit.ly/2RmGqCu). El sistema ya no aspira a integrar ni a domesticar a los de abajo, por eso se dispone a eliminar a los manifestantes, a los que considera terroristas.

En la medida que la población sobrante abarca a la mitad de nuestro continente, no tiene derecho a la protesta, que se considera un riesgo para el Estado y "las manifestaciones sociales deben ser abordadas militarmente", observa Tamayo. Como se trata de una realidad estructural, el gobierno que suceda al de Iván Duque puede moderar la represión, pero sólo puede hacer eso.

  1. Es necesario centrarnos en elabajo, una vez que conocemosel arriba genocida. Lo más destacable es que cientos de miles de jóvenes desafiaron la represión, el estado de excepción y la criminalidad policial durante siete días (por lo menos hasta el 5 de mayo). Este es el principal cambio en Colombia y en toda la región.

Estamos ante un recambio generacional que enseña modos de hacer distintos a los anteriores. Para luchar, resistir y rebelarse contra el sistema no hacen falta vanguardias que, las más de las veces, se convierten en obstáculos, ya que pretenden dirigir, desde sus despachos, sin siquiera preguntar o escuchar a las personas que están en las calles. Aprendieron a cuidarse en ellas porque ya pertenecían a grupos de afinidad, artísticos y de vecindad en los que se socializan.

Las mujeres jóvenes están en la primera fila, a la par de los varones, impulsando formas de protesta que no buscan la confrontación, sino decir lo que creen y defenderse colectivamente de los asesinos de uniforme. Esta generación sabe a qué se enfrenta, pero perdió el miedo y hace resonar un grito que escuchamos en todas las geografías de nuestro sur: "sí se puede".

  1. No hay salida de este modelo sin potentes movilizaciones abajo y a la izquierda. Se sale sólo con crisis política, porque quienes se benefician del extractivismo, probablemente 30 por ciento de la sociedad, van a defender sus privilegios con violencia generalizada.

De lo que se trata, más que de un cambio de gobierno, es de cambiar el modo de acumulación que destruye las sociedades y el medio ambiente. Si no frenamos este modelo especulativo financiero (minería, monocultivos, megaobras y especulación inmobiliaria), entraremos en un periodo de barbarie en el cual dos terceras partes de la sociedad seremos sometidos en campos de concentración a cielo abierto, con el otro tercio vigilándonos, consumiendo y votando.

  1. No vamos hacia gobiernos mejores, sino hacia un lapso de ingobernabilidad, más allá de quienes estén al mando en los palacios de gobierno. Gane quien gane las elecciones, no tendrá descanso ni tregua. Entramos en un periodo caótico, en el cual no hay fuerzas capaces de imponer un orden que no sea el de los cementerios.

Como sucede desde la escala global y geopolítica hasta el más remoto rincón del planeta, el desorden se ha convertido en la norma, en lo cotidiano; lo que el EZLN denomina "tormenta", provocada por la imparable vocación depredadora de la hidra capitalista. Que desafía nuestros saberes, las formas de acción y los objetivos de los movimientos antisistémicos consistentes en la toma del poder.

  1. Las y los de abajo debemos aprender a vivir y convivir con la incertidumbre, la violencia sistémica y los permanentes intentos por desaparecernos. Los cuidados colectivos deben colocarse en el timón de mando, en espacios autocontrolados fuera del alcance de los machos armados del capital. Ésta es la forma que adquiere la autonomía durante el caos sistémico.
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Organizaciones defensoras reportan 376 desaparecidos durante el paro nacional en Colombia

Las 26 organizaciones pertenecientes a la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia exigieron que se active el mecanismo de búsqueda urgente de estos ciudadanos.

 

La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Colombia solicitó a la Defensoría del Pueblo activar el ‘Mecanismo de Búsqueda Urgente’ de 379 ciudadanos reportados como desaparecidos durante las manifestaciones del paro nacional en el país.

La Mesa de la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos, integrada por 26 organizaciones sociales, entregó este jueves la base de datos de las personas que aún siguen desaparecidas a la Fiscalía y a la Defensoría para que se activen los protocolos de búsqueda de manera urgente.

“Estamos exigiendo que se active para cada una de ellas el mecanismo de búsqueda urgente de la manera más pronta posible, ojalá antes del próximo lunes, cuando el Comité Nacional de Paro se reunirá con el Gobierno nacional, y en donde el primer punto es la aparición de todas y cada una de las personas que han sido desaparecidas en el marco de las protestas”, indicó el miembro de la Coordinadora Alberto Yepes.

Esta información es obtenida por las Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada por medio de los familiares, amigos, redes y organizaciones asociadas que han registrado estos casos que desde el pasado 28 de abril. A la fecha suman 471 registros que dan cuenta de 379 desaparecidos en el país.

Asimismo, Yepes indicó que muchos de los casos reportados corresponden a personas que son detenidas arbitrariamente por miembros de la fuerza pública, “seguida de una negativa entrega de información por parte de las autoridades”.

“La Unidad de Búsqueda en el marco de sus competencias debe procurar la no repetición de hechos que sucedieron durante el conflicto armado, como la desaparición de las personas. Durante el paro nacional y las movilizaciones sociales la Unidad ha tenido conocimiento de la desaparición de más de un centenar de personas durante esas protestas”, aseguró la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón.

En ese sentido, la directora indicó que este mecanismo del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, promueve el diálogo entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y las instituciones del Estado, para que se actúe de manera veloz y efectiva ante las desapariciones presentadas en las nueve jornadas de manifestaciones en el país.

De igual manera, la unidad indicó que no entregó ninguna información sobre los desaparecidos a la ‘Mesa de Información de Desaparición Forzada y Homicidios” de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, sino que apoyó a las organizaciones sociales durante el evento, con el que se espera la aparición de estos ciudadanos.

ONU condena el uso “excesivo de la fuerza” en el marco de las protestas en Colombia

Tras varios días de protestas sociales en Colombia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), rechazó el “uso excesivo de la fuerza” contra los manifestantes en Colombia, quienes salieron a las calles de varias ciudades del país para protestar contra la reforma tributaria y el gobierno de Iván Duque.

Hasta el momento, en el marco del Paro Nacional, se han registrado, al menos 19 muertos, por lo que la portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, envió un llamado de alerta desde Ginebra, Suiza, en el que exhortó a la calma para las próximas manifestaciones.

“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, expresó Hurtado.

7 de Mayo de 2021

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Rubén Blades: “Existe un sector en Colombia que parece creer que la única forma de enfrentar el descontento provocado por actos del gobierno es a través de la fuerza y la militarización”

 “Las protestas que han sacudido a Colombia estos últimos días no me parece pueden ser explicadas solamente por el descontento popular expresado contra el anuncio de una reforma tributaria impulsada por el presidente Duque.

Aunque es comprensible el rechazo a cualquier imposición fiscal que afecte a negocios y/o al bolsillo del ciudadano colombiano en estos tiempos de desempleo masivo y estrechez económica, lo que más furia ha provocado en la población del país es el nivel de violencia demostrado en la respuesta de sus fuerzas policiales. No creo que se haya medido bien la indignación que causó la muerte en 2019 del joven Dilan Cruz, ni la de hace ocho meses atrás, del estudiante del derecho Javier Ordoñez, que murió luego de serle aplicada por agentes de la policía, de manera repetida, descargas eléctricas al cuerpo en más de doce oportunidades. El video de la víctima implorando a los policías que no lo hicieran más y que no podía respirar, me recuerda al asesinato en Estados Unidos en el que un policía aplicando presión por más de nueve minutos sobre el cuello del arrestado, George Floyd, a pesar de sus ruegos indicando que le faltaba la respiración.

Ni siquiera la declaración hace dos días del presidente de Colombia anunciando que se retiraría el proyecto de reforma tributaria ha servido para mitigar la furia popular, producto de una rabia y descontento latente hacia la manera como el pueblo se siente tratado por el gobierno, una reacción policial más semejante a una acción militar que a un intento de proteger el orden ciudadano.

Existe un sector en Colombia que parece creer que la única forma de enfrentar el descontento provocado por actos del gobierno es a través de la fuerza y la militarización. Para este sector, las protestas son actos terroristas que deben ser dominados a sangre y fuego, de ser necesario.

Por otro lado, el incidente que causó la muerte de Javier Ordoñez en el 2020 demuestra claramente la ausencia de entrenamiento por parte de la fuerza policial, y/o exhibe la impunidad con que consideran cuentan para reprimir.

El uso del "taser", una especie de "revolver eléctrico", es supuestamente una forma de evitar muertes, no de provocarlas. Doce veces le fue aplicada la descarga y esa ausencia de criterio y de respeto a la vida de un ciudadano, arrestado por una causa menor (había violado el 'distanciamiento social" por estar tomando con amigos), se quedó impresa en la mente del pueblo.

Cuando ahora la protesta por el alza tributaria fue enfrentada por la fuerza policial con un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, la gente reaccionó de igual manera y el asunto empeoró al punto de provocar ya 24 muertes, cientos de heridos y de detenciones arbitrarias, decenas de desapariciones y de víctimas alegando violencia sexual ejercida en su contra.

Por supuesto que estas situaciones son aprovechadas por grupos políticos que buscan crear oportunidades aprovechando la circunstancia de caos. Por supuesto que entre la gente que protesta civilmente también encontraremos a quienes exhiben sus peores instintos, provocando más desorden y tragedia.

Pero no perdamos de vista la responsabilidad que corresponde a quienes están supuestos a proteger y velar por el interés ciudadano y que en este caso, al igual que ocurrió antes con Dilan y Javier, parecen no haber cumplido correctamente con su deber. El gobierno colombiano no debe tratar a su población con el rigor que caracteriza a una situación de combate contra la guerrilla. La ciudad no es un campo de batalla, es un terreno común y pertenece a todos los colombianos. La fuerza pública no es un ejército, ni debe adoptar prácticas que sólo se justificarían de ser primero atacados, con armas letales, con un claro intento de hacerles daño Y sin motivo alguno.

Ahora mismo la gente está indignada, y con razón. Ahora mismo, lo necesario es que se reduzcan las tensiones y se establezca el tipo de conversación nacional que lleve a un mejor entrenamiento de la fuerza policial y que devuelva la confianza perdida de la ciudadanía a causa de sus excesos.

Ahora mismo, el gobierno debe considerar una revisión de su mentalidad de sitio y abandonar la idea de que la confrontación violenta es lo que garantizará el orden público. Pero como indiqué antes, el asunto es más complejo que una revuelta causada por una reforma tributaria, propuesta por un presidente considerado administrativamente como inepto, o mal aconsejado por políticos en busca de un protagonismo perdido.

En la historia colombiana ya existen ejemplos de lo horrible que resulta el reprimir a gente que protesta por desigualdades sociales y económicas, y de cómo estos episodios, inflamados por la violencia política, policial o estatal, terminan produciendo incidentes como los de 1948. El asunto es complejo y requiere para su solución de una visión de estadista, algo que no parece reflejarse en las recientes acciones del poder ejecutivo.

Desde la "guerra de los mil días", la violencia ha sido el recurso más utilizado para resolver conflictos en Colombia, mala costumbre que puede ser desarmada convocando a la mejor disposición posible del carácter nacional.

Por el bien de Colombia, esperamos que esa acción se materialice, y pronto.”

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Un operativo policial en la favela Jacarezinho causó 24 muertes de pobladores 

 

Es balance más letal en la historia de Río de Janeiro

"¿Quiénes son los muertos de la operación en la favela?: los jóvenes negros" señaló Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública.

 

Una operación policial contra el narcotráfico en una favela de Río de Janeiro dejó este jueves 25 muertos, entre ellos un agente de la policía. El balance de la acción en la favela Jacarezinho es el más letal de una operación policial en la historia de esa ciudad, señalan investigadores. Según informó la Policía Civil en un comunicado, un uniformado murió baleado en la cabeza, y "24 sospechosos" también murieron alcanzados por balas policiales. Pobladores y ONGs denunciaron ejecuciones sumarias: la Policía las negó. 

Desde primeras horas del día, esa comunidad se transformó en un verdadero campo de batalla, con intensos tiroteos y helicópteros sobrevolando las casas. Vecinos denunciaron abuso de la fuerza por parte de los agentes. Una novia no pudo acudir a su propio casamiento y una embarazada con cesárea agendada no pudieron salir de sus casas, entre otros casos.

Los habitantes relataron que hallaron a personas muertas en terrazas y callejuelas y que muchos cuerpos fueron cargados en un camión blindado de la policía, confió un líder comunitario a la agencia AFP, que pidió no ser identificado por razones de seguridad.

La explosión de granadas en la región asustó a los pobladores y a los pasajeros del subte cercano, la estación Triagem, en Jacarezinho, zona norte de Río. Dos personas fueron heridas de bala dentro de la formación del subte y están fuera de peligro internadas.

En una conferencia de prensa al final de la tarde, la Policía Civil (PC, que se ocupa de investigaciones criminales) confirmó el balance dado inicialmente por la prensa de "24 sospechosos" y un agente muertos y aseguró que "todos los protocolos" de la corporación antes de abrir fuego "se cumplieron, sin excepción".

"Lamentablemente hubo muchos enfrentamientos en la comunidad. No hay lo que celebrar en ese balance", afirmó un responsable de la PC. El agente muerto fue baleado en la cabeza "al iniciarse la operación", agregó.

La irrupción policial se dio en el marco de una investigación sobre una banda que reclutaba a niños y adolescentes para el tráfico de drogas, robos, secuestros y asesinatos.

Para Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública, se trató de "una operación mal planificada, y con un policía muerto, se convirtió en una operación de venganza".

"¿Quiénes son los muertos? Jóvenes negros. Y por eso la policía habla de 24 sospechosos. Basta ser joven, negro y habitante de una favela para convertirse en sospechoso", dijo Ramos.

Miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos acudieron a la favela e inspeccionaron junto a los vecinos las casas que fueron invadidas durante la acción policial, algunas con rastros de sangre y destrucción.

Una habitante contó que un joven fue abatido en su casa, donde se había refugiado herido. "El chico llegó baleado y como ningún habitante de la comunidad puede echar a otro, se quedó. Pero los policías vieron sangre y entraron gritando: '¿dónde está? ¿dónde está?'. Yo solo tuve tiempo de llevar a mis hijos para atrás mientras ellos lo mataban en el cuarto", contó la mujer.

Jacarezinho es considerada una base del Comando Vermelho (Comando Rojo), la principal organización narcotraficante de Rio.

La operación más letal 

"Si pensamos en masacres con participación de policías fuera de servicio (operaciones ilegales de venganza), las de Vigario Geral en 1993 (22 muertos) y la de la Baixada en 2005 (31 muertos)" se le asemejan, dijo Silvia Ramos.

"Pero en operaciones legales, la de Jacarezinho batió todos los récords", agregó.

El dispositivo se llevó a cabo a pesar de un fallo de la corte suprema que impide a la policía hacer redadas en los barrios periféricos mientras dure la pandemia de coronavirus, salvo en "circunstancias absolutamente excepcionales".

El Instituto Igarapé, especializado en temas de seguridad y desarrollo, consideró "inaceptable que la policía de seguridad pública del estado (de Río) siga apostando por la letalidad como principal estrategia, sobre todo en zonas vulnerables".

Según datos del Instituto de Seguridad Pública citados por Igarapé, la Policía de Río "fue responsable por la muerte de 453 personas entre enero y marzo de este año", un número que ya representaba "el 36% del total de muertos en todo 2020", cuando fueron abatidas 1.245 personas.

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“En todo el barrio están dando bala”

“[…] íbamos marchando por la Avenida de Los Cerros, cuando empezaron a dispararnos bala, gases … desde un helicóptero también caían gases y todos comenzamos a correr hacia el barrio…”. Así narra un joven del popular Siloé de Cali la situación vivida en la noche del 3 de mayo, cuando se sumaron al alzamiento juvenil que conmociona a Colombia.

Según narra, en procura de proteger la vida se resguardan en sus viviendas o en cualquiera donde encontraban una puerta abierta; Kevin Agudelo, de escasos 19 años de edad, estudiante del Sena y quien hacía parte de la protesta, quien estaba acompañado de su novia, se resguarda en una panadería del barrio donde fue alcanzado por las balas disparadas por sus perseguidores, perdiendo de inmediato la vida.

Las voces de denuncia de los habitantes de este popular barrio caleño indican que otros dos jóvenes también fueron asesinados, pero no tienen sus nombres y la denuncia queda en manos de los organismos de derechos humanos para que la verifiquen, denuncia que indica que los heridos suman más de una decena.

La acción represiva de la policía, acompañada de unidades del ejército, sobre el grupo de jóvenes, permite visualizar que la potencia de fuego era enorme y la decisión tomada de acallar la protesta a como de lugar es evidente, disparando a diestra y siniestra, “en todo el barrio están dando bala”, como si fuera una zona de guerra, comenta uno de sus jóvenes pobladores.

En esta misma ciudad, queda registrada otra evidencia más que relevante sobre la mentalidad militarista que domina a los cuerpos armados del Estado, sin miramiento alguno con los derechos humanos (palabra que les debe sonar extraña), en la manera como “atendieron” una comisión verificadora de la situación que viven algunos de los jóvenes presos y que fueron recluidos en la estación de Fray Damián (ubicada en el centro de la ciudad). Al llegar la misma a este lugar es recibida inicialmente por un policía y luego por otros varios de sus compañeros que  con insultos, amenazas, disparos e incluso una bomba aturdidora lanzada por el Esmad, les obligan a retirarse del lugar. Según los atacados lograron salir ilesos por la protección que les prestaron varios “habitantes de calle”. La comisión estaba integrada por delegados de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Alta Comisionada de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil (como la alianza “Defender la libertad Asunto de todas), la Cut, la Arquidiócesis de Cali, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, es atendida inicialmente

Por todo el país

Mientras la población de Siloé vivía la situación referida, en otros muchos lugares del país grupos de jóvenes alzaban su voz para reclamar un gobierno diferente, con una realidad social y económica que permita dejar a un lado las penurias, y acceder a derechos tales como educación universitaria o superior, vivienda, salud, transporte, y otros muchos más que por ahora solo figuran en el papel o accede a los mismos quien tiene con que comprarlos.

Así ocurrió en Floriblanca, ciudad conurbana con Bucaramanga, donde la protesta juvenil, luego de ser reprimida por la mal llamada “fuerza pública” dejó como salto 15 heridos, 4 de ellos graves, entre estos uno con la mandíbula destruida, además de 57 detenidos. Por redes sociales los manifestantes circularon un video donde Cristian Barrios, joven estudiante, cae al suelo luego de ser atacado, seguramente por una descarga de pistola taser. Los lo lesionan son 4 policías que circulan en moto y que así evidencian el tipo de formación que reciben, su disposición para desatar violencia y para llegar, incluso, al máximo grado de la misma.

Más al sur del país, en Popayán, una marcha que recorría el centro de la ciudad sufre la ofensiva policial de la cual queda un saldo de 53 heridos.

En otras ciudades como Armenia, Tunja, Pasto, Bogotá, también se registran protestas, aunque no en todas la acción represiva toma forma-

Cierres de vías

Mientras los jóvenes reclaman en la calle derechos inexistentes, e incluso otro gobierno, en varias autopistas del país los camioneros interponen sus vehículos e impiden el paso normal de automotores. Demandan reivindicaciones propias, aunque ahora las suman a la dinámica que caldea al país.

Es una situación reinante en Cundinamarca en municipios como Facatativá, Gachancipá, Nemocon, Cajicá, Fusagasugá, Choachí, Ubaté, Sibaté, Caqueza-, En Antioquia, a la altura del municipio de Santuario. En Boyacá en las vías que llevan hacia Santander.

En el municipio de Zulia, cercano a Cúcuta, con cierres en las vías que llevan hacia Ocaña y Tibú, pero en este caso por acción liderada por campesinos campesinos que rechazan las fumigaciones con glifosato y exigen la implementación del Acuerdo de Paz. Una acción que también lleva a cabo en Nariño indígenas yasingas y pastos.

Otras regiones del país también tienen sus vías cerradas y las quejas del empresariado, en procura de solución, se escucharon sin cesar: en Pasto, dicen, se agota la gasolina; las granjas avícolas alertan que millones de pollos morirán por falta de alimento; los lecheros avisan que están perdiendo el producto de su trabajo pues no pueden llevarlo a las plantas procesadoras. En las ciudades los comerciantes se lamentan por las pérdidas que dejan las protestas y diversos almacenas de cadena informan del límite a que van llegando sus existencias.  Como si fuera poco, ante la renuncia del Ministro de Hacienda el dólar se dispara y con él la deuda pública, y las agencias calificadoras de riesgos avisan de la decaída en la confianza que tenían en el país. Es decir, la economía al piso.

Una realidad, la económica, que atrae con energía de imán, a las diversas expresiones del establecimiento que llaman a un pronto acuerdo de la crisis.

Sin pisarse los cayos

El alzamiento juvenil y social se va ampliando como mancha de aceite, y en la medida que esto sucede, como evidencia de su debilidad y desespero que lo descuaderna, el gobierno militariza más y más. Su actuar desbocado puede terminar en cualquier desfiladero: una mayor masacre, un autogolpe, o cosa similar. Una recurso al cual no renunciará, aunque por lo pronto y como quedó evidente a lo largo del día 4 de mayo, acudió al llamado a un Acuerdo Nacional al cual respondieron de manera favorable, y en primera instancia, los partidos tradicionales en sus distintas vertientes. Personajes como Juan Manuel Santos, quien ha liderado una acción subrepticia para descuadernarlo y por su conducto acorralar al innombrable, tampoco se negó. El tamaño de la crisis es tal, así como la necesidad a que se enfrenta el establecimiento para resolverlo en el menor tiempo posible, que hasta tres de las universidades privadas del país de mayor reconocimiento le dieron el miércoles 5 de mayo libre a sus estudiantes y los invitaron a sumarse a la protesta contra el mal gobierno. Una medida que responde, es claro, a las fuerzas subterráneas que actúan, desde el propio establecimiento, contra el gobierno Duque.

Queda por conocerse la manera como procederán las fuerzas llamadas alternativas y los diversos movimientos sociales, entre ellos indígenas y sindicalistas, y unos actores claves de la coyuntura: los jóvenes, aunque con una dificultad mayor: ¿quién los representa, quién o quiénes pueden asumir una vocería legitima como totalidad?

Un escenario realmente complicado para las fuerzas alternativas, que desde hace dos años han tratado de llevar al gobierno a una negociación abierta de un inmenso pliego de reivindicaciones el cual ahora sí podría ser negociado. El dilema es claro: Si se participa de la negociación se le brinda a Duque el aire necesario para dilatar la crisis, pero si no se participa será testigos mudos de la negociación que haga el establecimiento con el establecimiento o los mismos con las mismas.

La dificultad para resolver el dilema está en la postura expresada por algunas de estas fuerzas que demandan como precondición para un posible diálogo: la desmilitarización del país, el cese de la violencia represiva, renuncia de la cúpula policiva-militar, entre algunas de sus exigencias.

Mientras así cierra el día siete del alzamiento juvenil/popular, y termina el 4 de mayo, la luz se dirige al siguiente día donde el país está llamado a una inmensa manifestación de repudió en contra del régimen y del gobierno. Una jornada donde el movimiento indígena incorpora sus fuerzas y ampliará los bloqueos de autopistas.El desenlace de la jornada podría dar pistas sobre lo que está por venir.

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. Imagen: EFE

Alarma por la detención de Iván Pavlov, defensor de Navalny

 

En una campaña coordinada en las dos principales ciudades de Rusia, las autoridades allanaron el viernes varias direcciones relacionadas con un abogado de la oposición conocido por su trabajo contra la FSB, la cada vez más asertiva agencia de seguridad del país. Ivan Pavlov, en Moscú para representar al ex periodista Ivan Safronov en un controvertido juicio por espionaje, fue detenido en su hotel a las seis de la mañana. Mientras tanto, a setecientos kilómetros al noroeste en San Petersburgo, comenzaron las redadas en la oficina de su organización legal, el departamento de su familia y un departamento que pertenece a su gerente de TI.

Un colega dijo que Pavlov estaba detenido bajo sospecha de revelar pruebas judiciales secretas. Pero el crimen del abogado parece ser más amplio: irritar al FSB con lo que sus amigos describen como un enfoque "pedante" de la ley. Su detención envía una advertencia clara a otros abogados con la intención de causar dificultades al estado.

Especializado en casos relacionados con inteligencia o espionaje, Pavlov se hizo cargo de los casos más sensibles producidos por el sistema legal de Rusia. Entres sus casos actuales está la representación de las estructuras legales del líder opositor encarcelado Alexei Navalny, que enfrenta cargos de extremismo.

Su defensa del periodista Safronov en particular parece haber llevado a una disputa pública con el FSB. El caso se mantuvo en secreto desde el principio y Safronov aún no recibió una explicación clara sobre los cargos que enfrenta. Pavlov se negó a firmar documentos que clasificaban formalmente los procedimientos, diciendo que los secretos de estado ya estaban cubiertos por las leyes existentes. Dijo que la solicitud equivalía a un intento de amordazar al equipo legal de Safronov.

“Nos están negando la posibilidad de una defensa decente al revelar los aspectos escandalosos del caso”, dijo en ese momento. En comentarios hechos en su página de Facebook, Yevgeny Smirnov, un colega del equipo 29, una asociación de abogados y periodistas rusos que defienden los derechos de los ciudadanos del país a acceder a la información, alegó que Pavlov había recibido varias amenazas directas de los investigadores del FSB que trabajaban en el Caso Safronov advirtiéndole sobre el arresto.

"Le dijeron directamente: te tenemos atragantado y vamos a arrestarte", escribió Smirnov. Quienes conocen a Pavlov lo describen como un “profesional meticuloso”, analítico y con un conocimiento incomparable de la ley.

Grigory Pasko, un periodista militar a quien Pavlov representó en dos juicios de espionaje de alto perfil a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, dijo a The Independent que los investigadores estatales se habían "enojado" con él porque era "muy inteligente". Fue casi "sorprendente" que el FSB hubiera "tardado tanto" en arrestarlo, agregó. "Iván es un matemático capacitado, lo que se puede ver en todos los aspectos de su trabajo", dijo. "No le gusta cometer errores y generalmente no los comete".

Habrían decidido hacerlo ahora por tres razones, sugirió Pasko. En primer lugar, para disuadir al equipo profesional de Pavlov de asumir casos que involucren a las agencias de seguridad. En segundo lugar, para que sirva de pretexto para devolverles el privilegio de nombrar abogados internos en los juicios secretos, esencialmente eliminando la defensa de las salas de audiencias. En tercer lugar, asustar a los abogados independientes en general.

Las agencias de seguridad de Rusia parecen estar operando con mayor libertad tras la victoria declarada del Kremlin en la votación constitucional de julio pasado. Esa votación le dio a Putin las llaves para permanecer en el poder hasta 2036. Desde entonces, y con el envenenamiento, la evacuación, el regreso y el encarcelamiento de Navalny como fondo, el aparato represivo del estado se aceleró. Con una intensidad nunca vista desde los días de la Unión Soviética, las autoridades cayeron con órdenes de allanamiento a las casas de decenas de figuras de la oposición, activistas y periodistas.

La mayoría de los abogados se libraron de intimidaciones directas. Pero en un adelanto  kafkiano de lo que le terminó pasando, Pavlov alertó sobre el inicio de detenciones en la región. Incluso fundó una organización llamada El Club de Praga para defender a los abogados que enfrentaran tales problemas. Pavel Chikov, quien dirige una ONG de defensa legal llamada Agora, dijo que parecía que el estado había decidido ahora "usar el código penal" contra toda la profesión legal.

Más tarde, el viernes, un tribunal se reunió sin Pavlov para decidir los términos de detención de Ivan Safronov, que ya lleva casi diez meses en la cárcel. La ausencia de un abogado defensor no afectó el resultado en particular y un juez aceptó rápidamente la solicitud de la fiscalía de prorrogar la prisión preventiva por dos meses más hasta julio.

Por Oliver Carroll

04 de mayo de 2021

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère

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El Salvador: la "limpieza" judicial del presidente Bukele refuerza su deriva autoritaria

El fin de semana el mandatario destituyó, con el apoyo del Congreso, a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Y no descarta seguir removiendo funcionarios.

 

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició el fin de semana lo que denominó una "limpieza de casa" destituyendo, con el apoyo del Congreso, a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Ante el rechazo unánime de organizaciones civiles, organismos internacionales e incluso el gobierno estadounidense, Bukele adelantó que planea seguir removiendo funcionarios. "Al ser depuestos de sus cargos estamos hablando de que se configuró un golpe de Estado. Esta decisión elimina los últimos controles que quedaban para el ejercicio del control político del presidente y nos deja expuestos a graves violaciones a los derechos humanos", expresó en diálogo con Página/12 Eduardo Escobar, director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana.

La primera medida adoptada el sábado por la nueva Asamblea Legislativa, donde los aliados de Bukele tienen 61 de 84 escaños, fue destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y nombrar inmediatamente a sus reemplazantes, en una clara violación a la legislación nacional. La Sala había rechazado varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia al considerar que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.

"La Sala les hizo saber que los decretos que suprimían y limitaban derechos fundamentales debían ser promulgados por la Asamblea Legislativa, en aquel momento con mayoría de partidos no afines al gobierno de turno. Les ordenó también regular que si iba a haber una reactivación económica debía establecer un plan y hacerlo también en conjunto con el Legislativo, pero no quisieron hacerlo", recordó en ese sentido Xenia Hernández Castro, directora ejecutiva de la Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ). 

El Parlamento destituyó también al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por una supuesta cercanía con el opositor partido de derecha, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Entrada la madrugada del domingo ya habían elegido a su sucesor, Rodolfo Delgado. "Esto simplemente fue una vendetta política. Las causas se pueden resumir en inconformidad con lo resuelto, simplemente es eso", simplificó Eduardo Escobar. 

Minutos después de la votación para destituir a los magistrados, el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la medida por atentar contra el sistema de gobierno. Pero, obviamente, el gobierno de Bukele no lo cumplió. "Como estamos en una situación de ruptura del orden constitucional, obviamente esto no se va a cumplir, y si se hubiera intentado cumplir recordemos que el presidente tiene los fusiles de su lado", argumentó Escobar.

El secretario general del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, afirmó en su cuenta de Twitter que el presidente salvadoreño "consuma un claro golpe a la democracia y da un paso más en dirección a la dictadura y autoritarismo". En tanto Rubén Zamora, exdiplomático y político, aseguró: "En mi larga vida política, nunca he visto que en 6/8 horas se viole tantas veces la Constitución ni las leyes del país".

El domingo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la "profunda preocupación" de su gobierno "por la democracia de El Salvador". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió a Bukele que garantice "la separación de poderes y el orden democrático". Por su parte el secretario general de la ONU, António Guterres, le exigió al mandatario salvadoreño que respete la Constitución y la división de poderes.

A las reacciones de la comunidad internacional, Bukele les respondió con su habitual sorna: "Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa... y eso no es de su incumbencia". 

Tanto los magistrados destituidos como el fiscal Melara habían sido electos por la anterior legislatura dominada por Arena y el FMLN, los partidos que se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019. "Esto no es improvisado. Hay un descontento con respecto a los últimos 30 años de administraciones que no lograron establecer conexiones directas con la población. El proyecto de la familia Bukele calza perfectamente con ese descontento popular", dijo a este diario el historiador Carlos Cañas Dinarte. 

Cañas Dinarte agregó que los enfrentamientos entre la presidencia y la Corte Suprema son históricos, aunque "desde el reestablecimiento de la democracia en 1982 nunca habíamos tenido una situación como la que se ha vivido el sábado". Las consecuencias que esta tensión entre poderes podría tener sobre la población salvadoreña son preocupantes. "Sin institucionalidad independiente no habrá adónde acudir si hay un acto ilegal dado por cualquier institución pública, o si se comete alguna violación de derechos a la vida", planteó Hernández Castro desde la Fundación DTJ.

"La propaganda oficial puede decir lo que quiera, pero la realidad es que en lugar de una refundación estamos viendo actos de encubrimiento de situaciones que se están viendo en el país: hay muchísimo desempleo y pobreza y las personas siguen tratando de irse fuera del país", aseguró Cañas Dinarte. Pese a todo, el historiador elige ser positivo al recordar que más de 500 personas se manifestaron el domingo en una de las plazas más importantes de San Salvador para protestar contra el gobierno de Bukele, "lo que constituye un caldo de cultivo para un movimiento que se puede potenciar".

Por Guido Vassallo

04 de mayo de 2021

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Manifestación a favor de Bolsonaro en Brasilia.. Imagen: AFP

El presidente de Brasil sobrevoló las manifestaciones en un helicóptero

 

A bordo de un helicóptero, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobrevoló una manifestación realizada por simpatizantes del oficialismo en la capital Brasilia. Las muestras de apoyo al gobierno fueron realizadas sin reparar en las medidas de distanciamiento para frenar la pandemia de coronavirus mientras el país supera los 400 mil muertos por la enfermedad.

También se realizaron concentraciones bolsonaristas en las principales ciudades del país como San Pablo y Río de Janeiro, donde cientos de manifestantes se congregaron en la icónica playa de Copacabana para exigir una intervención militar que refuerce los poderes del mandatario. Uno de los lemas de los manifestantes fue “yo autorizo” o “autorizo a Bolsonaro”, en alusión a una autorización para que el presidente de la ultraderecha brasileña envíe el Ejército a las calles. Al norte del país, también registraron manifestaciones que respondían al llamado de “yo autorizo al presidente” en las ciudades de Belém, Belo Horizonte, Natal y Salvador.

Bolsonaro actualmente está bajo investigación junto a miembros de su gabinete por sus acciones y omisiones en el combate de la pandemia de covid-19 que en Brasil suma más de 14,6 millones de casos y 406.437 muertes. Una de las principales razones es la variante P1, más contagiosa y que surgió del descontrol sanitario en Manaos, capital del estado de Amazonas.  Sin embargo, el mandatario aún se mantiene escéptico sobre la gravedad de la pandemia.

Bolsonaro compartió el video de una manifestación realizada en San Pablo donde se ven a miles de personas aglomeradas sobre la avenida Paulista, la mayoría vestidas de amarillo y verde, los colores de la bandera de Brasil. “Te debemos lealtad”, aseguró el mandatario en su cuenta de Twitter.

"Antes, el Primero de Mayo, había banderas rojas como si fuéramos un país socialista. Estoy contento de ver banderas verdes y amarillas por todo el país, con gente trabajando de verdad", dijo Bolsonaro este sábado durante una videoconferencia en un evento agrícola.

"Este es un momento crítico y Bolsonaro necesita el apoyo del pueblo", dijo Edvaldo de Paulo, un hombre de 60 años que asistió a las manifestaciones en Brasilia.

El hijo de presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, estuvo en la manifestación que su padre sobrevoló en Brasilia donde se reunieron unos cinco mil seguidores del mandatario. El diputado que protagonizó la frase "métanse el barbijo en el culo", llegó con el barbijo colgado cerca del cuello, saludó y se tomó fotos con simpatizantes que también tenían la cara descubierta.

El presidente Jair Bolsonaro mantiene una postura en contra de las restricciones para frenar la circulación del virus. Hace unas semanas dijo estar en espera de una señal de la gente para tomar medidas para terminar con las restricciones que intentan controlar la propagación del coronavirus. Sin embargo, en el país ya murieron más de 400 mil personas de covid-19 y la mutación P1 surgida en Manaos es probable que pueda eludir la inmunidad adquirida por la infección con otras cepas, según un estudio de la revista Science.

Por otra parte, las manifestaciones en contra de la gestión de Bolsonaro iban a realizarse en su mayoría a través de streaming con la participación del expresidente Lula da Silva. "Este es un Primero de Mayo triste para los trabajadores de nuestro país, un día de luto por las 400.000 vidas perdidas a causa del covid-19, muchas de ellas porque el gobierno de Bolsonaro se negó a comprar las vacunas que se ofrecían", declaró Lula.

02 de mayo de 2021

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Las promesas de Biden y el intento de revertir la degradada hegemonía estadounidense

A poco de cumplir los 100 días de mandato Joe Biden dio en la noche de este miércoles un discurso en el Congreso estadounidense. Tres planes de rescate y acción, muchas promesas, su "momento populista" y el intento de restaurar una hegemonía imperialista que lleva años de declive.

 

En su primer discurso ante el Congreso, Biden desveló por fin las partes restantes del triple plan de acción de su administración, tanto para reconstruir Estados Unidos tras la pandemia y la consiguiente crisis económica, como para continuar con el proyecto de intentar restaurar la hegemonía estadounidense tras la crisis abierta en 2008. El Plan de Familias Estadounidenses y el Plan de Empleos Estadounidenses son la hoja de ruta que Biden y sectores del capital sostienen es necesaria para dar estabilidad al capitalismo estadounidense: reducir la pobreza y la desigualdad, crear puestos de trabajo y hacer frente al cambio climático.

De hecho, como muchos analistas señalaron primero en la campaña y en los primeros 100 días de la presidencia de Biden, sus propuestas representan los planes más "progresistas" de los últimos 30 o 40 años en EE. UU. Su proyecto de build back better (reconstruir mejor) ha sido comparado hasta la saciedad con el Great Society (Gran Sociedad) de Lindon Johnson y el New Deal de Franklin Delano Roosvelt.

La reconstrucción en el frente interno tiene el propósito superior de sentar las bases del Make America Great Again (hacer grande a Estados Unidos nuevamente, el lema de Trump) en el ámbito internacional. La retirada de las instituciones multilaterales y las alianzas internacionales escenificadas por Trump se están revirtiendo gradualmente con la intención de restaurar el papel de Estados Unidos como "líder del mundo libre".

Desde el principio Biden comenzó a enviar señales y amenazas a China y Rusia como continuación de la pelea que mantuvo con Trump en la campaña electoral. A la luz de esto, es comprensible que el mayor contaminante del mundo haya sido el anfitrión de la cumbre del clima, un intento de greenwashing del capitalismo estadounidense y también presionar a China para que siga a Estados Unidos en la llamada transición verde. La tecnología menos contaminante suele ser más cara, por lo que podría enlentecer, aunque sea un poco, la incesante carrera de China para convertirse en la mayor economía del mundo. O pagar el precio político si no lo hace. Por no hablar del hecho de que las empresas del sector de las energías renovables pagan menos y prácticamente no tienen sindicatos en comparación con los sectores tradicionales del petróleo y el gas y el carbón.

Las promesas de Biden de "defender los intereses estadounidenses en todos los ámbitos" de la geopolítica muestran un compromiso renovado, no sólo con las áreas tradicionales de la intervención imperialista de Estados Unidos, sino también para hacer que Estados Unidos vuelva a ser competitivo entre sus aliados y rivales históricos: gran parte de la justificación de sus propuestas para revisar la infraestructura y "devolver los puestos de trabajo a Estados Unidos" están dirigidas a alcanzar a China y garantizar que la potencia imperialista dominante en el mundo, aunque debilitada, no se quede atrás con respecto a otras potencias mundiales que han sido más rápidas en la creación de empleo.

Como se preveía, gran parte del discurso de Biden estuvo dedicado a la gestión de la pandemia, después de tomar el control de la Casa Blanca en medio de las mayores tasas de infecciones y muertes por Covid-19 desde que el virus arrasó con Estados Unidos en la primavera de 2020. Biden explicó que su administración distribuyó 220 millones de vacunas contra el COVID en 100 días y pregonó la aprobación del Plan de Rescate Americano.

En marcado contraste con la supuesta vuelta a la normalidad en el país, está el papel que el "nacionalismo de las vacunas" desempeña para que el coronavirus arrase en países que no tienen ni acceso ni recursos para obtener, producir o distribuir vacunas. Mientras que los adultos mayores en Estados Unidos pueden “abrazar a sus hijos y nietos", los habitantes de la India o Brasil ni siquiera tienen el lujo de despedirse de sus seres queridos a través de la ventana de un hospital. Los casos de coronavirus en la India se han disparado en los últimos meses, debido en gran medida a la horrible respuesta del régimen de Modi, pero también mostrando los efectos devastadores de las patentes que crean enormes beneficios para las empresas farmacéuticas que sirven a las potencias imperialistas, mientras restringen el acceso a la investigación de vacunas vitales para el resto del mundo.

Biden no dijo nada sobre los millones de vacunas compradas y acaparadas por Estados Unidos para poder hacer de maestro en la distribución de vacunas (varias de las cuales no están aprobadas para su uso en Estados Unidos) a sus aliados y a los que espera acercar a ellos para aislar a China y Rusia.

El discurso de Biden y las propuestas que expuso como prioridades internas de su administración en el próximo período señalan un posible cambio de la lógica neoliberal de desmantelar la red de seguridad social en favor de la "elección individual", o más bien del dominio total de los mercados en todos los aspectos de la vida. Desde el aumento del salario mínimo hasta la cura del cáncer, Biden hizo una promesa tras otra de carácter populista para mejorar las condiciones de vida de todos los desamparados del sueño americano. Biden pintó un cuadro de "gobierno grande" del tipo que se ocupa de la gente, que muestra que el capitalismo puede "autocorregirse" tras las crisis que crea y mitigar los antagonismos cada vez más profundos entre los intereses capitalistas a los que sirve y los trabajadores que hacen funcionar la sociedad.

Por supuesto, queda por ver qué parte de estos planes podrá aprobar Biden ante la oposición casi unánime de los republicanos y qué disposiciones para los trabajadores y los pobres se quedarán probablemente en el tintero, o si está dispuesto a sacrificar su compromiso con el "bipartidismo" para sacar adelante los planes (como amenazó en su discurso ante el Congreso, diciendo que "no hacer nada no es una opción"). Sin embargo, el discurso muestra que un sector del capital y sus representantes en el Estado se han unido en torno a la idea de que las condiciones sociales producidas por años de austeridad neoliberal y el terreno cambiante de la economía y la geopolítica mundial requieren concesiones significativas a la clase trabajadora y los oprimidos de la sociedad estadounidense.

En ninguna parte es esto más evidente que en la parte más drástica del programa de Biden, el Plan de Familias Americanas de 1.8 billones de dólares, que expuso en detalle en el pleno del Congreso el miércoles por la noche. Este plan de "infraestructura social" ampliaría el acceso a la educación y la educación preescolar universal, además de proporcionar financiación para el cuidado de los niños y créditos fiscales para los padres. También crearía subsidios en el marco de la Ley de Atención Sanitaria Asequible y un permiso familiar federal remunerado.

Durante muchos años, el país más rico del mundo se ha distinguido entre las potencias mundiales por su negativa a proporcionar incluso una ayuda básica a las personas con hijos u otros seres queridos a los que cuidar. Aunque sólo sea por eso, el Plan de Familias Estadounidenses muestran lo limitados de los programas sociales en el país desde hace décadas. La pandemia no ha hecho más que arrojar luz sobre el costo de estas políticas: sin un acceso fiable al cuidado de los niños, decenas de millones de personas -la mayoría de ellas mujeres, en particular mujeres de color- perdieron sus empleos para cuidar a sus familiares en casa.

El miércoles por la noche, Biden expuso una lógica similar al defender la aprobación del Plan de Empleo Estadounidense que la Casa Blanca anunció a principios de este mes. Biden hizo un llamamiento directo, no sólo al sector de la clase trabajadora de la base del Partido Demócrata, sino también a un sector de la base de Trump en el Rust Belt y otras áreas devastadas mientras los bancos y las grandes corporaciones fueron rescatados después de 2008, diciendo que "Wall Street no construyó este país". Dirigido a las altas tasas de desempleo, el proyecto de ley de infraestructuras crearía millones de nuevos puestos de trabajo en zonas del país devastadas por décadas de neoliberalismo, lo que se traduciría en más carreteras, puentes y escuelas, así como en el acceso al agua para comunidades que hoy carecen de todo ello.

El plan de Biden para "remodelar" Estados Unidos se completó con un llamamiento para que se apruebe la Ley de Justicia Policial George Floyd, que el presidente quiere tener en su despacho antes del primer aniversario del brutal asesinato de George Floyd, en mayo de 2020. Propone una serie de reformas policiales que se limitan a abordar los medios más atroces por los que el Estado permite el terror policial, al tiempo que ignora las principales demandas del movimiento antirracista. Este intento de reducir la impunidad con la que la policía (mal) trata a los negros y latinos es un reconocimiento de la fuerza del movimiento BLM y del miedo que inspira a las élites. Sin embargo, como muestran los comentarios de Biden sobre los "buenos" policías que "sirven honorablemente a sus comunidades", el motivo más oscuro detrás de los proyectos de ley es la relegitimación del trabajo policial a los ojos de la sociedad. Como dijo Biden, el objetivo principal del Estado con el proyecto de ley no es detener el asesinato sistemático de negros y latinos, sino más bien "reconstruir la confianza entre" -u obediencia a- "las fuerzas del orden y las personas a las que sirven", asegurándose de que la Policía pueda seguir actuando como la última línea de defensa del Estado.

La cereza del postre es que el plan se financiará con una subida de impuestos para los ricos. Los amplios planes de infraestructuras que beneficiarían a los sectores más pobres de la población con una fracción de los beneficios de los sectores más ricos ha atraído la amplia aprobación de los demócratas -aunque no sin excepciones significativas- y la rotunda consternación de los republicanos. Mientras tanto, la medida cuenta con un apoyo mayoritario entre la población, según una reciente encuesta de Reuters/Ipsos que reveló que casi el 64% de los encuestados está de acuerdo en que los más ricos deben pagar más impuestos para financiar programas sociales. Aunque la propuesta de Biden de elevar el impuesto sobre el capital se limitaría a restablecer los tipos impositivos a la tasa de 2012 bajo la administración de Obama (y la administración de Bush antes de eso) a partir de los recortes del 20% realizados bajo la administración de Trump, esto señala una cambio en el enfoque de un sector creciente del capital -que responde al cambio de conciencia entre las masas- que sostiene la idea de que es necesario que las corporaciones y los ricos acepten un pequeño recorte en sus ganancias ahora para asegurar una mayor estabilidad para la obtención de beneficios en el futuro.

Al anunciar sus planes en los días previos al discurso ante el Congreso, Biden dijo que su programa creará la "economía más resistente e innovadora del mundo". Pero si esto no pudo lograrse durante los años en que la hegemonía estadounidense era indiscutible y Estados Unidos era la mayor superpotencia del mundo entonces, ¿por qué habría de hacerse realidad ahora?

Gran parte de las disposiciones anunciadas vienen a llenar los vacíos dejados por un sistema que hizo posible que uno de los países más ricos del mundo tuviera casi un 10% de tasa de pobreza y fuera más desigual que todos los países de Europa y tan desigual como la mayor parte de América Latina según las estimaciones del Banco Mundial sobre el índice de Gini. Y los planes de Biden, a pesar de su voluntad de gastar a lo grande en programas sociales para los sectores más desfavorecidos de la sociedad, son en su mayoría de carácter transitorio y se basan en la posibilidad de darlos de baja, cuando las condiciones sean más estables, como el ala progresista del Partido Demócrata se apresura a señalar. Pero, sobre todo, los planes de Biden pretenden apuntalar la economía sin cambiar fundamentalmente la estructura del capitalismo estadounidense.

No obstante, los planes representan un claro cambio respecto a las décadas de austeridad neoliberal, admitiendo que la obtención de beneficios capitalistas desenfrenados junto con los ataques a la clase trabajadora y a los pobres es insostenible. Van más allá de todo lo que Obama y sus predecesores neoliberales propusieron, y mucho menos aprobaron durante su mandato. El momento populista de Biden, un viejo político tradicional de establishment demócrata, se explica sobre todo por estas circunstancias, puestas de manifiesto con la crisis capitalista de 2008, que dio como resultado la profunda polarización política y social que llevaron a Trump a la presidencia, un resurgimiento de la lucha de clases en sentido amplio (que tuvo su momento más alto en la rebelión contra el racismo y la violencia policial por el asesinato de George Floyd) y la emergencia de fenómenos políticos novedosos que tomados de conjunto pueden preanunciar una mayor radicalización política.

La apuesta de la clase dominante y del Gobierno de Biden es la desviación y la cooptación a través de las diversas burocracias: de los sindicatos, del ala progresista del Partido Demócrata y de los movimientos sociales. Y, sobre todo, es una apuesta por restaurar la estabilidad capitalista, devolviendo la fe en el Estado y elevando el nivel de vida de la población estadounidense. Como dijo el presidente desde el Congreso: "Tenemos que demostrar que la democracia todavía funciona. Que nuestro gobierno todavía funciona - y puede cumplir con la gente".

Aunque las de Biden aún son promesas que deben convertirse en ley y enfrentar un acalorado debate parlamentario, ya dejan en evidencia que el imperio estadounidense se enfrenta a una realidad histórica, con una pobreza masiva, una infraestructura completamente derruida y crisis de su hegemonía, mientras que China está llamada a convertirse en la primera economía del mundo en 10 o 15 años

Por Nicolás Daneri / Madeleine Freeman

Jueves 29 de abril | 13:04
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Según la petición de juicio, en Chile se cerraron ya 3.050 causas por violencia institucional contra quienes participaron en el estallido social. Foto: CIPER Chile.

El exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), solicitaron este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue, acuse e inicie un juicio al presidente chileno Sebastián Piñera.

De acuerdo con un escrito enviado a la fiscal general de la CPI, la abogada Fatou Bensouda, enjuiciar a Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales se torna imperativo por “crímenes de lesa humanidad” que habrían sido “cometidos de manera generalizada y sistemática” desde octubre de 2019.

Los promoventes de la causa sostienen que “los hechos acontecidos tras el estallido social (de ese año) revisten categoría (…) de crímenes de lesa humanidad”.

Asimismo, quieren “poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile”, donde según afirman, se cerraron 3.050 causas por violencia institucional asociadas al estallido social.

El documento argumenta que la CPI ha de intervenir debido a que en esa nación suramericana estos casos son calificados como delitos comunes de una manera errónea y deliberada.

El texto agrega que con ello se procura “sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y (…) preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”.

Además, se denuncia que los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley.

A juicio del presidente de la CHDH, el abogado Carlos Margotta, la petición de un juicio a la CPI busca sancionar a las máximas autoridades chilenas, incluyendo a los sucesivos ministros del Interior y Defensa, además de los generales directores de Carabineros.

29 abril 2021

(Con información de Telesur)

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