Al menos 379 desaparecidos durante las protestas en Colombia

Informe de organismos de derechos humanos

En las redes sociales circulan centenares de videos que muestran cómo la policía y especialmente el Esmad (Escuadrón Antidisturbios) ataca a los manifestantes.

 

Organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que al menos 379 personas desaparecieron en Colombia durante la ola de protestas contra el Gobierno, que insistió en la necesidad de “levantar bloqueos y garantizar suministro de alimentos y vacunas”, en una jornada en la que se renovaron algunas manifestaciones callejeras unificadas ahora en el único reclamo de cesar la represión y desmilitarizar las calles.

Aunque el pliego de demandas del Comité Nacional del Paro incluye no menos de 10 puntos, la ola de represión y ataques a las marchas por parte de las fuerzas de seguridad –que además dejaron al menos 26 muertos- corrió cualquier otro eje y todo quedó concentrado en el reclamo para que se respete el derecho a la protesta, defendido además por organismos internacionales.

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UPBD) dependiente de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que relevó la información de unas 26 organizaciones de derechos humanos, dio a conocer ese número de 379 personas desaparecidas, aunque la actitud de las fuerzas policiales y militares justamente dificulta el relevamiento porque los ciudadanos se rehúsan a “avisar” de su paradero.

Inicialmente, el reporte registraba 471 personas presuntamente desaparecidas desde el 1 de mayo, pero ya fueron encontradas 92 personas, varias de ellas heridas y hospitalizadas.

La Inspección General de la Policía de Colombia informó que abrió casi medio centenar de investigaciones internas tras la ola de denuncias por la feroz represión a las protestas que, por décimo día consecutivo, se dan en las principales ciudades del país, inicialmente por una reforma tributaria y ahora por otros reclamos.

En las redes sociales circulan centenares de videos que muestran cómo la policía y especialmente el Esmad (Escuadrón Antidisturbios) ataca a los manifestantes en Cali, Medellín, Pasto, Barranquilla, Bogotá y otras, con ráfagas de aturdidoras, gases lacrimógenos y munición real.

Activistas denunciaron además que las cuentas de Twitter e Instagram de medios independientes están siendo bloqueadas para evitar la viralización de esas imágenes.
La campaña Defender la Libertad, de la que forman parte varias organizaciones de la sociedad civil, recibió 569 denuncias por agresiones y violencia a manos de los agentes.
La Fiscalía indicó, además, que se está investigando la posible relación de otras siete muertes con las manifestaciones.

En Colombia, los delitos que son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus funciones son juzgados, en principio, ante la Justicia Penal Militar. Esto no impide, no obstante, que la Fiscalía adelante sus indagaciones y pueda pedir la competencia de los procesos o que se acuda a los tribunales para decidir quién asume los casos. La jurisdicción militar no incluye, no obstante, los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario.

Ante el número de violaciones denunciadas por los medios, las cuestiones “técnicas” sobre el uso de la fuerza quedaron en el centro del debate e inclusive se discutió en los diarios de mayor circulación el concepto de “desaparición forzada”. El diario El Espectador publicó en su sitio digital un extenso y contundente informe con testimonios de jóvenes que estuvieron detenidos extraoficialmente algunas horas y que relataron los golpes y torturas que recibieron, mientras sus familiares los buscaban y denunciaban sus desapariciones en las redes sociales.

La represión, en la mesa de Duque con la oposición


Por supuesto que la represión estuvo también en la mesa de conversaciones que el presidente Iván Duque mantuvo con opositores nucleados en la Coalición de la Esperanza, que condenaron "de manera vigorosa" la represión. "Nuestra presencia aquí no aminora ni suaviza nuestra protesta. Hemos visto escenas de descontrol que deben ser castigadas", señaló el grupo integrado por exgobernadores, legisladores, exministros y un exvicepresidente, a la salida de la Casa de Nariño, sede de la Presidencia.

La reunión marcó el segundo día de la agenda de conversación con diferentes sectores del país prometida por Duque en medio de la crisis política que no solo lo obligó a retirar la reforma tributaria y a cambiar un ministro, sino que lo fuerza ahora a atender otros reclamos. Duque empezó ayer con los titulares de los órganos del Poder Judicial la ronda de diálogo, que él busca poner en el centro de la escena.

“Enfatizamos en la importancia de respaldar la institucionalidad, levantar bloqueos y garantizar suministro de alimentos y vacunas”, escribió el mandatario en su cuenta de la red Twitter, en la que insistió en el “respeto a la protesta pacífica, como expresión democrática y el rechazo a la violencia y vandalismo”, sin una mención siquiera al accionar de las fuerzas de seguridad.

Para los opositores, en cambio, la cuestión fue central. “El Presidente debe asumir el liderazgo directo de las Fuerzas Armadas para que cesen los ataques a la población que se ha manifestado de manera pacífica", señaló un dirigente de la Coalición por la Esperanza.

En las protestas, además de bloqueos de calles y rutas, indígenas misak voltearon la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador español fundador de la ciudad, que estaba en una plazoleta a pocas cuadras del Palacio de Nariño, la sede presidencial. Otro grupo de la comunidad había hecho lo mismo la semana pasada con la figura del también conquistador Sebastián de Belalcázar en Cali.

08 de mayo de 2021

Publicado enColombia
Se unió la izquierda en Perú: Pedro Castillo suma el apoyo de Verónika Mendoza

De cara a la segunda vuelta de las presidenciales el 6 de junio

Acordaron crear un programa de vacunas universales y gratuita, reactivar la economía, combatir la corrupción, reformar el Estado e impulsar una nueva constitución.

Desde Lima. A cuatro semanas de la segunda vuelta del 6 de junio, las izquierdas peruanas se unen y cierran un acuerdo para impulsar un “gobierno de cambio” encabezado por el profesor y sindicalista Pedro Castillo, que se enfrenta a la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del encarcelado exdictador Alberto Fujimori. El partido Perú Libre, que se define marxista-leninista y postula la candidatura de Castillo, y la coalición progresista Juntos por el Perú, que en primera vuelta tuvo como candidata a Verónika Mendoza, han firmado un pacto político para apoyar la candidatura de Castillo, que es también la base para una alianza de gobierno en caso el candidato de la izquierda gane las elecciones. Castillo y Mendoza han definido este acuerdo como una alianza “para la refundación del país”.

Los puntos centrales de este acuerdo son enfrentar la grave crisis sanitaria por la pandemia asegurando una vacunación universal y gratuita y mejorando los precarios servicios de salud; reactivar la economía cambiando el modelo neoliberal impuesto hace tres décadas por la dictadura de Fujimori; priorizar la lucha contra la corrupción, extendida entre la clase política; y refundar el Estado para garantizar derechos e igualdad para todos. También proponen cambiar la Constitución heredada del régimen fujimorista, que reduce al Estado a un rol subsidiario de la actividad privada.

Castillo ha dicho que este acuerdo es “un compromiso con las familias más necesitadas”. “Estamos al otro lado de quienes defienden la seudodemocracia, una Constitución a la talla y peso de la gran oligarquía, de los que siempre manejaron el Estado. Este es el momento de abrazar esta causa para refundar la patria”, dijo el candidato de la izquierda, hablando al lado de Verónika Mendoza, a quien le agradeció su respaldo.

Mendoza, que en primera vuelta obtuvo 7,8 por ciento, señaló que el compromiso asumido era “trabajar de manera conjunta y lograr un gobierno de cambio liderado por el profesor Pedro Castillo”. “No está en juego solamente la victoria del profesor Castillo, sino que tenemos la responsabilidad histórica de ponerle un freno al autoritarismo, a la mafia y al pasado”, precisó la excandidata presidencial, en referencia a una posible restauración del régimen fujimorista de los años 90, caracterizado por el autoritarismo, las violaciones a los derechos humanos y la corrupción.

De esta manera, la izquierda junta fuerzas para derrotar a la candidata de extrema derecha, quien tiene el respaldo de diversas agrupaciones conservadoras que participaron en la primera vuelta, del empresariado y de los grandes medios, que han puesto en marcha una agresiva y masiva campaña de miedo y demolición contra la candidatura de Castillo. Pretenden asustar con los fantasmas del comunismo, del chavismo y del terrorismo. En una vieja práctica utilizada por el fujimorismo contra sus rivales, se acusa a Castillo de terrorista, adjudicándole supuestos vínculos con los rezagos políticos del derrotado grupo armado maoísta Sendero Luminoso, que protagonizó una guerra interna en los años 80 y 90, lo que el candidato ha negado repetidas veces. Una millonaria campaña llama a “votar contra el comunismo”. Esta campaña contra la candidatura de la izquierda, disfrazada de defensa de la democracia, oculta el pasado, y presente, autoritario y corrupto del fujimorismo para poner a su candidata como “defensora de la democracia”. Una campaña que desafía la memoria.

Después de firmar el pacto con Verónika Mendoza, el profesor Castillo hizo público un pronunciamiento de diez puntos en el que se compromete a respetar la democracia y la libertad de prensa. Esto es una respuesta a esa masiva campaña que lo acusa de tener intenciones autoritarias. En ese pronunciamiento también se compromete a no renunciar a sus propuestas de cambio y precisa que las implementará dentro de la institucionalidad democrática y “respetando la propiedad”.

Organismos defensores de los derechos humanos y familiares de las víctimas de la guerra interna -las víctimas se estiman en cerca de 70 mil- han demandado a los dos candidatos un compromiso con los derechos humanos, los juicios a los represores, las reparaciones a las víctimas y cumplir con las decisiones de los organismos internacionales en este tema. En su pronunciamiento público Castillo se compromete con la defensa de los derechos humanos y el respeto a los tratados internacionales en esta materia firmados por el país. Keiko ha dicho que no hubo una guerra interna, sino solamente terrorismo. Estando en el gobierno, el fujimorismo tuvo una práctica de violaciones a los derechos humanos y tiene una larga conducta de negar esas violaciones y proteger a los represores. Keiko ha anunciado que indultará a su padre, sentenciado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, lo que va contra los tratados internacionales firmados por el país que prohíben los indultos a los condenados por lesa humanidad.

Atacado por el establishment, este acuerdo con Juntos por el Perú y su compromiso público de respeto a la institucionalidad democrática, le permite a Castillo contrarrestar una imagen de cierta soledad, abrir su candidatura a otros sectores y reducir los temores de electores que lo ven como un riesgo autoritario, temores alimentados por una millonaria campaña y también por algunas declaraciones de miembros de su partido. A Castillo se le cuestiona la falta de un equipo técnico, un flanco débil de su candidatura, y este acuerdo con Juntos por el Perú le puede dar esos cuadros que le estarían haciendo falta.

De acuerdo a una encuesta publicada el viernes, Castillo sigue adelante, pero la distancia con su rival se ha reducido en una semana de diez a cinco puntos. La encuestadora Datum le da a Castillo 41 por ciento y a Keiko 36 por ciento. El candidato de la izquierda baja tres puntos y la fujimorista sube dos puntos, en relación a un sondeo de la misma encuestadora de hace una semana. Este resultado ha entusiasmado a la derecha. Sin embargo, este último sondeo no mide el impacto del reciente acuerdo de Castillo con Juntos por el Perú que unifica a la izquierda y puede tener un efecto más amplio que la suma de los porcentajes de ambos en primera vuelta, ni el del pronunciamiento del candidato de Perú Libre en defensa de la democracia.

Luego del debate en una plaza de la andina provincia de Chota, los candidatos se podrían volver a encontrar en un penal. Castillo retó a Keiko a debatir en la cárcel de mujeres de Lima. Sarcástico, dijo que como él había sido local en Chota, donde nació y vive, ahora le tocaba a Keiko ser local y propuso el penal San Mónica, donde la fujimorista, procesada por lavado, organización criminal y obstrucción a la justicia, estuvo varios meses presa. Keiko, deseosa de debatir para buscar revertir su desventaja, aceptó hacerlo en la puerta del penal.   

Publicado enInternacional
Bety Ruth Lozano

Entrevista con la docente universitaria y líder afrofeminista

esde Cali, el epicentro de la revuelta y del ensañamiento represivo, Lozano describe lo que está pasando y reclama la atención de la comunidad internacional.

Desde el 28 de abril, Colombia está en paro y el paro no para, como dice el hashtag que se viralizó para dar cuenta de un proceso que desbordó incluso a las organizaciones convocantes que lo imaginaban de un día. Empezó como medida de fuerza contra la reforma tributaria y una reforma de salud impulsadas por el mandatario ultra neoliberal Iván Duque, justo en un momento devastador de la crisis pandémica, pero se desparramó como convocatoria masiva en ciudades grandes y pequeñas, funcionando como catalizador de un descontento más profundo.

Aquí se publica parte de la conversación urgente convocada desde el colectivo NiUnaMenos con la docente universitaria y militante afrofeminista Bety Ruth Lozano quien, junto con dos compañeras, Gloria y Cristina, del sindicato de maestrxs, reportan desde la ciudad de Cali, el epicentro de la revuelta y también del ensañamiento represivo que incluye muertxs, desaparecidxs, violaciones y cientos de heridxs. De hecho, mientras esta entrevista sucedía, una cumbre en Miami reunía al propio Duque con el ex presidente Macri y con el chileno Sebastián Piñera, entre otros, para hablar de una democracia en peligro mientras se gobierna a fuerza de bala. Es urgente parar la masacre en Colombia dicen las organizaciones sindicales, feministas, indígenas, campesinas, lgbtqi, afro y de las barriadas populares que, en estado de alerta y sin abandonar las calles, reclaman su condena internacional. Las imágenes que circulan desde hace días son de una guerra literal: helicópteros disparando desde el cielo, calles iluminadas por las ráfagas de metrallas, gases lacrimógenos y tanques ocupando las rutas. Aún así, la indignación no se detiene.

-¿Cómo escaló la protesta que empezó el 28 de abril?

-El paro empezó por un día pero se continuó y la represión fue muy fuerte el 29 y el 30 de abril y ya el primero de mayo, en el día del trabajo, hubo una marcha histórica, que se calcula más de un millón de personas solo en Cali. De hecho, los organizadores del paro llaman a una movilización virtual y la gente no hace caso y sale a la calle y se moviliza, y hay múltiples puntos de bloqueo por toda la ciudad y también en Bogotá y Medellín, escalando muy rápido a nivel nacional. La convocatoria no es solo contra la reforma tributaria que pone más impuestos sobre la gente más humilde y la clase media, es también contra la reforma la salud en marcha en el Congreso, junto a un conjunto de políticas públicas precarizadoras de la vida. Hay dos ejes articuladores del movimiento de estos días. El primero es la intercomunicación instantánea que tienen lxs jóvenes. Lxs de otra generación estamos en la tercera línea y somos sobre todo mujeres llevando el agua y los medicamentos. El otro elemento es que lxs jóvenes son quienes han vivido de manera directa las consecuencias económicas y emocionales de la pandemia: el encierro, el desempleo de sus padres, el desempleo de ellxs, hacer protestas para poder ir a la universidad, situaciones de salud mental por el stress, el encierro y la pobreza. Esto retoma lo que se vivió en 2019 cuando, al igual que en Chile, en Perú y en Ecuador, la población y los movimientos sociales venían despertando de las consecuencias del modelo neoliberal de pauperización y de exterminio pero que se ahonda ahora con el virus. Como decía una de las consignas: no nos importa hasta perder la vida porque ya nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo.

-Una de las denuncias que se repite es que se corta internet en las zonas de protesta para evitar la transmisión que documenta en tiempo real la represión estatal.

-Sí, las movilizaciones lograron tener una resonancia mundial instantánea, gracias a todos estos medios de comunicación alternativos y a las redes. Los medios privados son pro gobierno y para ellos no está pasando nada, o hablan de vandalismo, de actos terroristas, pero no mencionan la represión y la vulneración de derechos humanos que se ha hecho incluso contra defensorxs de derechos humanos y contra funcionarios públicos de la defensoría del pueblo. Se habla de 31 personas asesinadas pero hay muchos muertos que no aparecen. Hay más de noventa personas desaparecidas, se sabe que fueron asesinadas y sus cuerpos no aparecen. Son varias las mujeres que han denunciado violencia sexual por parte de la policía y cientos de heridos. Esas cifras tienen un subregistro porque sabemos pues que son muchos más y la fiscalía se niega también a recoger todas las denuncias.

-¿Cómo se explica la fuerza de la protesta, casi un levantamiento ya?

-La coyuntura de la pandemia hizo visible toda la precarización. Todo el trabajo informal viene siendo como un colchón de la crisis pero se ha hecho muy difícil de sostener. Las trabajadoras del hogar, por ejemplo, no pueden salir a trabajar y se ha reducido demasiado el empleo. Hay una precarización de la vida muy tremenda a lo que se suma toda la corrupción del gobierno.

-Por eso a pesar del anuncio que se frenaba la reforma tributaria, la gente sigue movilizada. Además de que las denuncias de asesinatos a líderes y lideresas sociales se han incrementado brutalmente este año.

-A eso me iba a referir. Son demasiadas cosas. Se dice que el paro se plantea para parar la reforma tributaria, y así lo plantea la Mesa Nacional de Paro. Pero la gente que sale a las calles sabe que no es suficiente con parar la reforma tributaria, que hay una cantidad enorme de asesinatos de líderes y lideresas sociales, a pesar de que se firmara un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que ahora es un movimiento político. La guerra continúa especialmente en las zonas rurales, donde el asesinato de lideresas indígenas y afrodescendientes es enorme. Además hay una cantidad de feminicidios en el país que ha aumentado brutalmente durante el año pasado y este año. A esto se suman los 6402, que es como se conoce el número de los “falsos positivos” durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe: los jóvenes que fueron secuestrados de sus casas o llevados con engaños, asesinados y luego vestidos de guerrilleros para la foto. Es decir, Uribe le mintió al país diciendo que estaba ganando la guerra con las FARC mostrando un número de guerrilleros asesinados, cuando en realidad eran jóvenes de sectores populares que habían sido engañados bajo el pretexto de un trabajo, de que les iban a pagar por un partido de fútbol, o que los iban a llevar a recoger café a las zonas rurales, y nunca más volvieron a aparecer. Toda esta falsedad ha salido a la luz y la gente la conoce. Además, este gobierno es de los que peor ha manejado esta situación de pandemia en el continente. Todo ese descontento está aflorando en estos días de paro y se está pidiendo realmente cambios fundamentales.

-Se dice que ya está listo un decreto para declarar el estado de “conmoción interior”. ¿Qué significaría esto?

-Estamos pendientes de que se haga público y saber de qué fuente sale. Es una amenaza decir que el decreto está en la mesa del presidente y falta su firma. Lo que nos dicen es: se repliegan, levantan el paro o le sacamos el decreto y lo que pienso es que los jóvenes no creen ya en esas amenazas. La gente sigue firme en las calles y si hay un decreto de conmoción interior pues la violencia va a ser mucho más grave y generalizada. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que ponga sus ojos sobre Colombia, para que exija al gobierno que saque el ejército de las calles y resuelva de forma pacífica el descontento de las mayorías. Además está operando el ESMAD, que es una policía antidisturbios, que ya les ha sacado los ojos a varias personas, que dispara a los generadores eléctricos para cortar la luz, porque es una policía entrenada para frenar la protesta. Lo que se solicita también es que el ESMAD sea disuelto. Además, hay una cantidad enorme de policías infiltrados.

-Es impresionante cómo se repiten los métodos de criminalización y de masacre de la protesta: tal como ha sucedido en Chile esto que cuentan de apuntar directamente a los ojos. Recientemente se ha visto la incorporación fuerte del movimiento indíegena...

-Pareciera que ya no está en manos de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), de FECODE (Federación Colombiana de Educadores) y de la Mesa de Paro Nacional la decisión de levantar el paro. Ha cobrado vida propia en todas las movilizaciones de lxs jóvenes por todo el país. Y además la Minga Indígena, que es la forma de movilización que tienen las organizaciones indígenas, especialmente del departamento del Cauca, se ha estado moviendo alrededor de los sitios de bloqueo. Son una fuerza simbólica de respaldo muy importante, muy respetada, reconocida y querida. Ellos solo están armados con sus bastones de mando y, sin embargo, son autoridades que hacen sentir a todo el mundo muy respaldado. Se han quedado en Cali por la situación especial que se vive y que se ha vivido en Siloé, que es este sitio de la vera que fue conformado al final de los años 50 por población desplazada por lo que se conoce en Colombia como la violencia con mayúscula que es esa guerra civil que generaron los partidos políticos liberal y conservador y que pusieron a matar al pueblo colombiano. Eso generó toda una reforma agraria que despojó a un gran campesinado de sus parcelas y lo llevó a esta ladera que es Siloé, donde hay muchas dinámicas juveniles, que es donde más duro ha golpeado la violencia militar.

-¿Por qué hubo un ensañamiento especial con Cali, al punto de que enviaron al coronel del ejército a controlar la situación?

-Cali es reconocida como la capital mundial de la salsa, pero hemos demostrado que también bailamos al ritmo de la protesta, ¿cierto? Al ritmo de la rebeldía, de la insurrección, de la dignidad también podemos bailar. Cali es una ciudad que tiene cerca de tres millones de habitantes, con la mayor población negra de todo el país. Se habla de que Cali es alrededor de un 40 % de población negra, que en los últimos años ha llegado desplazada por el conflicto a todos estos barrios marginales y que vive del trabajo informal en donde los jóvenes negros son objetivo de la policía, asesinados con cifras que no entran dentro de las estadísticas oficiales. Es una ciudad que recibe población desplazada de todos lados: indígena, del pacífico colombiano, del sur, del Putumayo, del Cauca. La concentración no fue en un solo sitio, sino que la gente decidió bloquear las entradas y salidas de la ciudad en puntos estratégicos. Y hay que recordar que Cali es la entrada al mar Pacífico, donde está el puerto más importante que tiene Colombia que es Buenaventura, por donde entra más del 60 por ciento de las mercancías. Estos bloqueos colocados de forma estratégica –pues causan un daño muy enorme en la economía no sólo local sino en la nacional–, hizo que lleguen los militares enviados no solo por el gobierno sino también, lo sabemos, por los empresarios y los agroindustriales. Porque tenemos que saber que Cali es el epicentro de la agroindustria del monocultivo de la caña de azúcar. Ellos, los cañeros, que son quienes manejan el poder en la ciudad, han pedido también al gobierno que vengan a desbloquear. Tenemos que seguir alertas porque lo que se viene puede ser peor de lo que ha pasado en estos días.

Por Verónica Gago

08 de mayo de 2021

Publicado enColombia
HRW denuncia que la policía colombiana lanza proyectiles desde tanquetas a manifestantes

07-05-21.-La Policía ha lanzado "proyectiles múltiples" desde tanquetas a las personas que protestan en Colombia desde hace nueve días y que, justamente, reclaman contra la brutalidad policial que, según la ONG Temblores, ha dejado 37 víctimas mortales, denunció este jueves (06.05.2021) Human Rights Watch (HRW).

"Con testigos presenciales y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes. Es un arma peligrosa e indiscriminada", expresó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un mensaje publicado en sus redes sociales.


Vivanco, que pidió al Ministerio de Defensa "dar explicaciones" sobre el uso de esta arma, publicó un video en el que se ve cómo policías lanzan desde una tanqueta proyectiles a un grupo de manifestantes en Bogotá. Es la respuesta a varios videos que circularon a principios de esta semana, y que causaron dudas sobre su procedencia, pues se veían proyectiles lanzados en Bogotá como si fuera un escenario de guerra.

Por otra parte, el director para las Américas de HRW aseguró el 5 de mayo que han recibido 31 denuncias sobre muertes durante las manifestaciones, de las cuales han podido corroborar 11, la misma cifra de víctimas mortales que ha confirmado la Fiscalía colombiana.

"Las protestas en los últimos años en Colombia generan enormes dudas sobre si la Policía -y en especial el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios)- son capaces de respetar plenamente los DD.HH. en estas circunstancias", agregó Vivanco en otro mensaje publicado esta semana en sus redes sociales.

Esta denuncia se suma a la hecha el pasado 5 de mayo por Amnistía Internacional (AI), que pidió a las autoridades colombianas "poner fin a la represión de las manifestaciones" y "cesar la militarización de las ciudades". También, exigió que se garantice que "los derechos humanos se encuentren en el centro de cualquier propuesta de política pública", incluso la reforma tributaria que se proponga tras el retiro de la iniciativa que desató las protestas.

El Cuerpo de Verificación Digital de AI evidenció, a través de material audiovisual, "el uso excesivo e innecesario de la fuerza" ante las manifestaciones. "Las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas", afirmó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.

Por, aporrea

 

Publicado enColombia
Viernes, 07 Mayo 2021 06:27

Lecciones de la revuelta en Colombia

Lecciones de la revuelta en Colombia

Una semana de huelga general con movilizaciones que insinúan insurrecciones agrietaron el modelo de dominación administrado por la ultraderecha de Álvaro Uribe. El saldo provisional es de alrededor de 30 muertos por la represión policial, 10 violaciones, mil 400 casos de brutalidad policiaca con más de 200 heridos y cerca de mil arrestados. Algunas reflexiones sobre este monumental y esperanzador movimiento:

  1. El sistema capitalista es genocida y criminal, en particular en este momento de declive y en los países de América Latina. Su carácter no depende del gobierno que administre el modelo, porque es un régimen estructuralmente genocida, toda vez que se asienta en un modo de acumulación por despojo y robo que sólo puede funcionar sobre la violencia, la exclusión y marginación de las mayorías.

La brutal represión a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios responde a que medio país, medio continente, sobra desde la lógica del capital y debe ser despachado, encerrado en sus barrios/guetos o muerto si se atreve a protestar. Las ejecuciones sumarias, los crímenes contra jóvenes, no son errores ni desviaciones de algún uniformado, sino política de Estado y del capital.

“Si supuestamente hay unos actos de vandalismo, se supone que las personas son capturadas y llevadas ante un juez, pero lo que vemos es que directamente se ejecutan manifestantes”, sostiene el colombiano Richard Tamayo Nieto (https://bit.ly/2RmGqCu). El sistema ya no aspira a integrar ni a domesticar a los de abajo, por eso se dispone a eliminar a los manifestantes, a los que considera terroristas.

En la medida que la población sobrante abarca a la mitad de nuestro continente, no tiene derecho a la protesta, que se considera un riesgo para el Estado y "las manifestaciones sociales deben ser abordadas militarmente", observa Tamayo. Como se trata de una realidad estructural, el gobierno que suceda al de Iván Duque puede moderar la represión, pero sólo puede hacer eso.

  1. Es necesario centrarnos en elabajo, una vez que conocemosel arriba genocida. Lo más destacable es que cientos de miles de jóvenes desafiaron la represión, el estado de excepción y la criminalidad policial durante siete días (por lo menos hasta el 5 de mayo). Este es el principal cambio en Colombia y en toda la región.

Estamos ante un recambio generacional que enseña modos de hacer distintos a los anteriores. Para luchar, resistir y rebelarse contra el sistema no hacen falta vanguardias que, las más de las veces, se convierten en obstáculos, ya que pretenden dirigir, desde sus despachos, sin siquiera preguntar o escuchar a las personas que están en las calles. Aprendieron a cuidarse en ellas porque ya pertenecían a grupos de afinidad, artísticos y de vecindad en los que se socializan.

Las mujeres jóvenes están en la primera fila, a la par de los varones, impulsando formas de protesta que no buscan la confrontación, sino decir lo que creen y defenderse colectivamente de los asesinos de uniforme. Esta generación sabe a qué se enfrenta, pero perdió el miedo y hace resonar un grito que escuchamos en todas las geografías de nuestro sur: "sí se puede".

  1. No hay salida de este modelo sin potentes movilizaciones abajo y a la izquierda. Se sale sólo con crisis política, porque quienes se benefician del extractivismo, probablemente 30 por ciento de la sociedad, van a defender sus privilegios con violencia generalizada.

De lo que se trata, más que de un cambio de gobierno, es de cambiar el modo de acumulación que destruye las sociedades y el medio ambiente. Si no frenamos este modelo especulativo financiero (minería, monocultivos, megaobras y especulación inmobiliaria), entraremos en un periodo de barbarie en el cual dos terceras partes de la sociedad seremos sometidos en campos de concentración a cielo abierto, con el otro tercio vigilándonos, consumiendo y votando.

  1. No vamos hacia gobiernos mejores, sino hacia un lapso de ingobernabilidad, más allá de quienes estén al mando en los palacios de gobierno. Gane quien gane las elecciones, no tendrá descanso ni tregua. Entramos en un periodo caótico, en el cual no hay fuerzas capaces de imponer un orden que no sea el de los cementerios.

Como sucede desde la escala global y geopolítica hasta el más remoto rincón del planeta, el desorden se ha convertido en la norma, en lo cotidiano; lo que el EZLN denomina "tormenta", provocada por la imparable vocación depredadora de la hidra capitalista. Que desafía nuestros saberes, las formas de acción y los objetivos de los movimientos antisistémicos consistentes en la toma del poder.

  1. Las y los de abajo debemos aprender a vivir y convivir con la incertidumbre, la violencia sistémica y los permanentes intentos por desaparecernos. Los cuidados colectivos deben colocarse en el timón de mando, en espacios autocontrolados fuera del alcance de los machos armados del capital. Ésta es la forma que adquiere la autonomía durante el caos sistémico.
Publicado enColombia
Organizaciones defensoras reportan 376 desaparecidos durante el paro nacional en Colombia

Las 26 organizaciones pertenecientes a la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia exigieron que se active el mecanismo de búsqueda urgente de estos ciudadanos.

 

La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Colombia solicitó a la Defensoría del Pueblo activar el ‘Mecanismo de Búsqueda Urgente’ de 379 ciudadanos reportados como desaparecidos durante las manifestaciones del paro nacional en el país.

La Mesa de la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos, integrada por 26 organizaciones sociales, entregó este jueves la base de datos de las personas que aún siguen desaparecidas a la Fiscalía y a la Defensoría para que se activen los protocolos de búsqueda de manera urgente.

“Estamos exigiendo que se active para cada una de ellas el mecanismo de búsqueda urgente de la manera más pronta posible, ojalá antes del próximo lunes, cuando el Comité Nacional de Paro se reunirá con el Gobierno nacional, y en donde el primer punto es la aparición de todas y cada una de las personas que han sido desaparecidas en el marco de las protestas”, indicó el miembro de la Coordinadora Alberto Yepes.

Esta información es obtenida por las Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada por medio de los familiares, amigos, redes y organizaciones asociadas que han registrado estos casos que desde el pasado 28 de abril. A la fecha suman 471 registros que dan cuenta de 379 desaparecidos en el país.

Asimismo, Yepes indicó que muchos de los casos reportados corresponden a personas que son detenidas arbitrariamente por miembros de la fuerza pública, “seguida de una negativa entrega de información por parte de las autoridades”.

“La Unidad de Búsqueda en el marco de sus competencias debe procurar la no repetición de hechos que sucedieron durante el conflicto armado, como la desaparición de las personas. Durante el paro nacional y las movilizaciones sociales la Unidad ha tenido conocimiento de la desaparición de más de un centenar de personas durante esas protestas”, aseguró la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón.

En ese sentido, la directora indicó que este mecanismo del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, promueve el diálogo entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y las instituciones del Estado, para que se actúe de manera veloz y efectiva ante las desapariciones presentadas en las nueve jornadas de manifestaciones en el país.

De igual manera, la unidad indicó que no entregó ninguna información sobre los desaparecidos a la ‘Mesa de Información de Desaparición Forzada y Homicidios” de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, sino que apoyó a las organizaciones sociales durante el evento, con el que se espera la aparición de estos ciudadanos.

ONU condena el uso “excesivo de la fuerza” en el marco de las protestas en Colombia

Tras varios días de protestas sociales en Colombia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), rechazó el “uso excesivo de la fuerza” contra los manifestantes en Colombia, quienes salieron a las calles de varias ciudades del país para protestar contra la reforma tributaria y el gobierno de Iván Duque.

Hasta el momento, en el marco del Paro Nacional, se han registrado, al menos 19 muertos, por lo que la portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, envió un llamado de alerta desde Ginebra, Suiza, en el que exhortó a la calma para las próximas manifestaciones.

“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, expresó Hurtado.

7 de Mayo de 2021

Publicado enColombia
Rubén Blades: “Existe un sector en Colombia que parece creer que la única forma de enfrentar el descontento provocado por actos del gobierno es a través de la fuerza y la militarización”

 “Las protestas que han sacudido a Colombia estos últimos días no me parece pueden ser explicadas solamente por el descontento popular expresado contra el anuncio de una reforma tributaria impulsada por el presidente Duque.

Aunque es comprensible el rechazo a cualquier imposición fiscal que afecte a negocios y/o al bolsillo del ciudadano colombiano en estos tiempos de desempleo masivo y estrechez económica, lo que más furia ha provocado en la población del país es el nivel de violencia demostrado en la respuesta de sus fuerzas policiales. No creo que se haya medido bien la indignación que causó la muerte en 2019 del joven Dilan Cruz, ni la de hace ocho meses atrás, del estudiante del derecho Javier Ordoñez, que murió luego de serle aplicada por agentes de la policía, de manera repetida, descargas eléctricas al cuerpo en más de doce oportunidades. El video de la víctima implorando a los policías que no lo hicieran más y que no podía respirar, me recuerda al asesinato en Estados Unidos en el que un policía aplicando presión por más de nueve minutos sobre el cuello del arrestado, George Floyd, a pesar de sus ruegos indicando que le faltaba la respiración.

Ni siquiera la declaración hace dos días del presidente de Colombia anunciando que se retiraría el proyecto de reforma tributaria ha servido para mitigar la furia popular, producto de una rabia y descontento latente hacia la manera como el pueblo se siente tratado por el gobierno, una reacción policial más semejante a una acción militar que a un intento de proteger el orden ciudadano.

Existe un sector en Colombia que parece creer que la única forma de enfrentar el descontento provocado por actos del gobierno es a través de la fuerza y la militarización. Para este sector, las protestas son actos terroristas que deben ser dominados a sangre y fuego, de ser necesario.

Por otro lado, el incidente que causó la muerte de Javier Ordoñez en el 2020 demuestra claramente la ausencia de entrenamiento por parte de la fuerza policial, y/o exhibe la impunidad con que consideran cuentan para reprimir.

El uso del "taser", una especie de "revolver eléctrico", es supuestamente una forma de evitar muertes, no de provocarlas. Doce veces le fue aplicada la descarga y esa ausencia de criterio y de respeto a la vida de un ciudadano, arrestado por una causa menor (había violado el 'distanciamiento social" por estar tomando con amigos), se quedó impresa en la mente del pueblo.

Cuando ahora la protesta por el alza tributaria fue enfrentada por la fuerza policial con un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, la gente reaccionó de igual manera y el asunto empeoró al punto de provocar ya 24 muertes, cientos de heridos y de detenciones arbitrarias, decenas de desapariciones y de víctimas alegando violencia sexual ejercida en su contra.

Por supuesto que estas situaciones son aprovechadas por grupos políticos que buscan crear oportunidades aprovechando la circunstancia de caos. Por supuesto que entre la gente que protesta civilmente también encontraremos a quienes exhiben sus peores instintos, provocando más desorden y tragedia.

Pero no perdamos de vista la responsabilidad que corresponde a quienes están supuestos a proteger y velar por el interés ciudadano y que en este caso, al igual que ocurrió antes con Dilan y Javier, parecen no haber cumplido correctamente con su deber. El gobierno colombiano no debe tratar a su población con el rigor que caracteriza a una situación de combate contra la guerrilla. La ciudad no es un campo de batalla, es un terreno común y pertenece a todos los colombianos. La fuerza pública no es un ejército, ni debe adoptar prácticas que sólo se justificarían de ser primero atacados, con armas letales, con un claro intento de hacerles daño Y sin motivo alguno.

Ahora mismo la gente está indignada, y con razón. Ahora mismo, lo necesario es que se reduzcan las tensiones y se establezca el tipo de conversación nacional que lleve a un mejor entrenamiento de la fuerza policial y que devuelva la confianza perdida de la ciudadanía a causa de sus excesos.

Ahora mismo, el gobierno debe considerar una revisión de su mentalidad de sitio y abandonar la idea de que la confrontación violenta es lo que garantizará el orden público. Pero como indiqué antes, el asunto es más complejo que una revuelta causada por una reforma tributaria, propuesta por un presidente considerado administrativamente como inepto, o mal aconsejado por políticos en busca de un protagonismo perdido.

En la historia colombiana ya existen ejemplos de lo horrible que resulta el reprimir a gente que protesta por desigualdades sociales y económicas, y de cómo estos episodios, inflamados por la violencia política, policial o estatal, terminan produciendo incidentes como los de 1948. El asunto es complejo y requiere para su solución de una visión de estadista, algo que no parece reflejarse en las recientes acciones del poder ejecutivo.

Desde la "guerra de los mil días", la violencia ha sido el recurso más utilizado para resolver conflictos en Colombia, mala costumbre que puede ser desarmada convocando a la mejor disposición posible del carácter nacional.

Por el bien de Colombia, esperamos que esa acción se materialice, y pronto.”

Publicado enColombia
Un operativo policial en la favela Jacarezinho causó 24 muertes de pobladores 

 

Es balance más letal en la historia de Río de Janeiro

"¿Quiénes son los muertos de la operación en la favela?: los jóvenes negros" señaló Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública.

 

Una operación policial contra el narcotráfico en una favela de Río de Janeiro dejó este jueves 25 muertos, entre ellos un agente de la policía. El balance de la acción en la favela Jacarezinho es el más letal de una operación policial en la historia de esa ciudad, señalan investigadores. Según informó la Policía Civil en un comunicado, un uniformado murió baleado en la cabeza, y "24 sospechosos" también murieron alcanzados por balas policiales. Pobladores y ONGs denunciaron ejecuciones sumarias: la Policía las negó. 

Desde primeras horas del día, esa comunidad se transformó en un verdadero campo de batalla, con intensos tiroteos y helicópteros sobrevolando las casas. Vecinos denunciaron abuso de la fuerza por parte de los agentes. Una novia no pudo acudir a su propio casamiento y una embarazada con cesárea agendada no pudieron salir de sus casas, entre otros casos.

Los habitantes relataron que hallaron a personas muertas en terrazas y callejuelas y que muchos cuerpos fueron cargados en un camión blindado de la policía, confió un líder comunitario a la agencia AFP, que pidió no ser identificado por razones de seguridad.

La explosión de granadas en la región asustó a los pobladores y a los pasajeros del subte cercano, la estación Triagem, en Jacarezinho, zona norte de Río. Dos personas fueron heridas de bala dentro de la formación del subte y están fuera de peligro internadas.

En una conferencia de prensa al final de la tarde, la Policía Civil (PC, que se ocupa de investigaciones criminales) confirmó el balance dado inicialmente por la prensa de "24 sospechosos" y un agente muertos y aseguró que "todos los protocolos" de la corporación antes de abrir fuego "se cumplieron, sin excepción".

"Lamentablemente hubo muchos enfrentamientos en la comunidad. No hay lo que celebrar en ese balance", afirmó un responsable de la PC. El agente muerto fue baleado en la cabeza "al iniciarse la operación", agregó.

La irrupción policial se dio en el marco de una investigación sobre una banda que reclutaba a niños y adolescentes para el tráfico de drogas, robos, secuestros y asesinatos.

Para Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública, se trató de "una operación mal planificada, y con un policía muerto, se convirtió en una operación de venganza".

"¿Quiénes son los muertos? Jóvenes negros. Y por eso la policía habla de 24 sospechosos. Basta ser joven, negro y habitante de una favela para convertirse en sospechoso", dijo Ramos.

Miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos acudieron a la favela e inspeccionaron junto a los vecinos las casas que fueron invadidas durante la acción policial, algunas con rastros de sangre y destrucción.

Una habitante contó que un joven fue abatido en su casa, donde se había refugiado herido. "El chico llegó baleado y como ningún habitante de la comunidad puede echar a otro, se quedó. Pero los policías vieron sangre y entraron gritando: '¿dónde está? ¿dónde está?'. Yo solo tuve tiempo de llevar a mis hijos para atrás mientras ellos lo mataban en el cuarto", contó la mujer.

Jacarezinho es considerada una base del Comando Vermelho (Comando Rojo), la principal organización narcotraficante de Rio.

La operación más letal 

"Si pensamos en masacres con participación de policías fuera de servicio (operaciones ilegales de venganza), las de Vigario Geral en 1993 (22 muertos) y la de la Baixada en 2005 (31 muertos)" se le asemejan, dijo Silvia Ramos.

"Pero en operaciones legales, la de Jacarezinho batió todos los récords", agregó.

El dispositivo se llevó a cabo a pesar de un fallo de la corte suprema que impide a la policía hacer redadas en los barrios periféricos mientras dure la pandemia de coronavirus, salvo en "circunstancias absolutamente excepcionales".

El Instituto Igarapé, especializado en temas de seguridad y desarrollo, consideró "inaceptable que la policía de seguridad pública del estado (de Río) siga apostando por la letalidad como principal estrategia, sobre todo en zonas vulnerables".

Según datos del Instituto de Seguridad Pública citados por Igarapé, la Policía de Río "fue responsable por la muerte de 453 personas entre enero y marzo de este año", un número que ya representaba "el 36% del total de muertos en todo 2020", cuando fueron abatidas 1.245 personas.

Publicado enInternacional
“En todo el barrio están dando bala”

“[…] íbamos marchando por la Avenida de Los Cerros, cuando empezaron a dispararnos bala, gases … desde un helicóptero también caían gases y todos comenzamos a correr hacia el barrio…”. Así narra un joven del popular Siloé de Cali la situación vivida en la noche del 3 de mayo, cuando se sumaron al alzamiento juvenil que conmociona a Colombia.

Según narra, en procura de proteger la vida se resguardan en sus viviendas o en cualquiera donde encontraban una puerta abierta; Kevin Agudelo, de escasos 19 años de edad, estudiante del Sena y quien hacía parte de la protesta, quien estaba acompañado de su novia, se resguarda en una panadería del barrio donde fue alcanzado por las balas disparadas por sus perseguidores, perdiendo de inmediato la vida.

Las voces de denuncia de los habitantes de este popular barrio caleño indican que otros dos jóvenes también fueron asesinados, pero no tienen sus nombres y la denuncia queda en manos de los organismos de derechos humanos para que la verifiquen, denuncia que indica que los heridos suman más de una decena.

La acción represiva de la policía, acompañada de unidades del ejército, sobre el grupo de jóvenes, permite visualizar que la potencia de fuego era enorme y la decisión tomada de acallar la protesta a como de lugar es evidente, disparando a diestra y siniestra, “en todo el barrio están dando bala”, como si fuera una zona de guerra, comenta uno de sus jóvenes pobladores.

En esta misma ciudad, queda registrada otra evidencia más que relevante sobre la mentalidad militarista que domina a los cuerpos armados del Estado, sin miramiento alguno con los derechos humanos (palabra que les debe sonar extraña), en la manera como “atendieron” una comisión verificadora de la situación que viven algunos de los jóvenes presos y que fueron recluidos en la estación de Fray Damián (ubicada en el centro de la ciudad). Al llegar la misma a este lugar es recibida inicialmente por un policía y luego por otros varios de sus compañeros que  con insultos, amenazas, disparos e incluso una bomba aturdidora lanzada por el Esmad, les obligan a retirarse del lugar. Según los atacados lograron salir ilesos por la protección que les prestaron varios “habitantes de calle”. La comisión estaba integrada por delegados de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Alta Comisionada de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil (como la alianza “Defender la libertad Asunto de todas), la Cut, la Arquidiócesis de Cali, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, es atendida inicialmente

Por todo el país

Mientras la población de Siloé vivía la situación referida, en otros muchos lugares del país grupos de jóvenes alzaban su voz para reclamar un gobierno diferente, con una realidad social y económica que permita dejar a un lado las penurias, y acceder a derechos tales como educación universitaria o superior, vivienda, salud, transporte, y otros muchos más que por ahora solo figuran en el papel o accede a los mismos quien tiene con que comprarlos.

Así ocurrió en Floriblanca, ciudad conurbana con Bucaramanga, donde la protesta juvenil, luego de ser reprimida por la mal llamada “fuerza pública” dejó como salto 15 heridos, 4 de ellos graves, entre estos uno con la mandíbula destruida, además de 57 detenidos. Por redes sociales los manifestantes circularon un video donde Cristian Barrios, joven estudiante, cae al suelo luego de ser atacado, seguramente por una descarga de pistola taser. Los lo lesionan son 4 policías que circulan en moto y que así evidencian el tipo de formación que reciben, su disposición para desatar violencia y para llegar, incluso, al máximo grado de la misma.

Más al sur del país, en Popayán, una marcha que recorría el centro de la ciudad sufre la ofensiva policial de la cual queda un saldo de 53 heridos.

En otras ciudades como Armenia, Tunja, Pasto, Bogotá, también se registran protestas, aunque no en todas la acción represiva toma forma-

Cierres de vías

Mientras los jóvenes reclaman en la calle derechos inexistentes, e incluso otro gobierno, en varias autopistas del país los camioneros interponen sus vehículos e impiden el paso normal de automotores. Demandan reivindicaciones propias, aunque ahora las suman a la dinámica que caldea al país.

Es una situación reinante en Cundinamarca en municipios como Facatativá, Gachancipá, Nemocon, Cajicá, Fusagasugá, Choachí, Ubaté, Sibaté, Caqueza-, En Antioquia, a la altura del municipio de Santuario. En Boyacá en las vías que llevan hacia Santander.

En el municipio de Zulia, cercano a Cúcuta, con cierres en las vías que llevan hacia Ocaña y Tibú, pero en este caso por acción liderada por campesinos campesinos que rechazan las fumigaciones con glifosato y exigen la implementación del Acuerdo de Paz. Una acción que también lleva a cabo en Nariño indígenas yasingas y pastos.

Otras regiones del país también tienen sus vías cerradas y las quejas del empresariado, en procura de solución, se escucharon sin cesar: en Pasto, dicen, se agota la gasolina; las granjas avícolas alertan que millones de pollos morirán por falta de alimento; los lecheros avisan que están perdiendo el producto de su trabajo pues no pueden llevarlo a las plantas procesadoras. En las ciudades los comerciantes se lamentan por las pérdidas que dejan las protestas y diversos almacenas de cadena informan del límite a que van llegando sus existencias.  Como si fuera poco, ante la renuncia del Ministro de Hacienda el dólar se dispara y con él la deuda pública, y las agencias calificadoras de riesgos avisan de la decaída en la confianza que tenían en el país. Es decir, la economía al piso.

Una realidad, la económica, que atrae con energía de imán, a las diversas expresiones del establecimiento que llaman a un pronto acuerdo de la crisis.

Sin pisarse los cayos

El alzamiento juvenil y social se va ampliando como mancha de aceite, y en la medida que esto sucede, como evidencia de su debilidad y desespero que lo descuaderna, el gobierno militariza más y más. Su actuar desbocado puede terminar en cualquier desfiladero: una mayor masacre, un autogolpe, o cosa similar. Una recurso al cual no renunciará, aunque por lo pronto y como quedó evidente a lo largo del día 4 de mayo, acudió al llamado a un Acuerdo Nacional al cual respondieron de manera favorable, y en primera instancia, los partidos tradicionales en sus distintas vertientes. Personajes como Juan Manuel Santos, quien ha liderado una acción subrepticia para descuadernarlo y por su conducto acorralar al innombrable, tampoco se negó. El tamaño de la crisis es tal, así como la necesidad a que se enfrenta el establecimiento para resolverlo en el menor tiempo posible, que hasta tres de las universidades privadas del país de mayor reconocimiento le dieron el miércoles 5 de mayo libre a sus estudiantes y los invitaron a sumarse a la protesta contra el mal gobierno. Una medida que responde, es claro, a las fuerzas subterráneas que actúan, desde el propio establecimiento, contra el gobierno Duque.

Queda por conocerse la manera como procederán las fuerzas llamadas alternativas y los diversos movimientos sociales, entre ellos indígenas y sindicalistas, y unos actores claves de la coyuntura: los jóvenes, aunque con una dificultad mayor: ¿quién los representa, quién o quiénes pueden asumir una vocería legitima como totalidad?

Un escenario realmente complicado para las fuerzas alternativas, que desde hace dos años han tratado de llevar al gobierno a una negociación abierta de un inmenso pliego de reivindicaciones el cual ahora sí podría ser negociado. El dilema es claro: Si se participa de la negociación se le brinda a Duque el aire necesario para dilatar la crisis, pero si no se participa será testigos mudos de la negociación que haga el establecimiento con el establecimiento o los mismos con las mismas.

La dificultad para resolver el dilema está en la postura expresada por algunas de estas fuerzas que demandan como precondición para un posible diálogo: la desmilitarización del país, el cese de la violencia represiva, renuncia de la cúpula policiva-militar, entre algunas de sus exigencias.

Mientras así cierra el día siete del alzamiento juvenil/popular, y termina el 4 de mayo, la luz se dirige al siguiente día donde el país está llamado a una inmensa manifestación de repudió en contra del régimen y del gobierno. Una jornada donde el movimiento indígena incorpora sus fuerzas y ampliará los bloqueos de autopistas.El desenlace de la jornada podría dar pistas sobre lo que está por venir.

Publicado enColombia
. Imagen: EFE

Alarma por la detención de Iván Pavlov, defensor de Navalny

 

En una campaña coordinada en las dos principales ciudades de Rusia, las autoridades allanaron el viernes varias direcciones relacionadas con un abogado de la oposición conocido por su trabajo contra la FSB, la cada vez más asertiva agencia de seguridad del país. Ivan Pavlov, en Moscú para representar al ex periodista Ivan Safronov en un controvertido juicio por espionaje, fue detenido en su hotel a las seis de la mañana. Mientras tanto, a setecientos kilómetros al noroeste en San Petersburgo, comenzaron las redadas en la oficina de su organización legal, el departamento de su familia y un departamento que pertenece a su gerente de TI.

Un colega dijo que Pavlov estaba detenido bajo sospecha de revelar pruebas judiciales secretas. Pero el crimen del abogado parece ser más amplio: irritar al FSB con lo que sus amigos describen como un enfoque "pedante" de la ley. Su detención envía una advertencia clara a otros abogados con la intención de causar dificultades al estado.

Especializado en casos relacionados con inteligencia o espionaje, Pavlov se hizo cargo de los casos más sensibles producidos por el sistema legal de Rusia. Entres sus casos actuales está la representación de las estructuras legales del líder opositor encarcelado Alexei Navalny, que enfrenta cargos de extremismo.

Su defensa del periodista Safronov en particular parece haber llevado a una disputa pública con el FSB. El caso se mantuvo en secreto desde el principio y Safronov aún no recibió una explicación clara sobre los cargos que enfrenta. Pavlov se negó a firmar documentos que clasificaban formalmente los procedimientos, diciendo que los secretos de estado ya estaban cubiertos por las leyes existentes. Dijo que la solicitud equivalía a un intento de amordazar al equipo legal de Safronov.

“Nos están negando la posibilidad de una defensa decente al revelar los aspectos escandalosos del caso”, dijo en ese momento. En comentarios hechos en su página de Facebook, Yevgeny Smirnov, un colega del equipo 29, una asociación de abogados y periodistas rusos que defienden los derechos de los ciudadanos del país a acceder a la información, alegó que Pavlov había recibido varias amenazas directas de los investigadores del FSB que trabajaban en el Caso Safronov advirtiéndole sobre el arresto.

"Le dijeron directamente: te tenemos atragantado y vamos a arrestarte", escribió Smirnov. Quienes conocen a Pavlov lo describen como un “profesional meticuloso”, analítico y con un conocimiento incomparable de la ley.

Grigory Pasko, un periodista militar a quien Pavlov representó en dos juicios de espionaje de alto perfil a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, dijo a The Independent que los investigadores estatales se habían "enojado" con él porque era "muy inteligente". Fue casi "sorprendente" que el FSB hubiera "tardado tanto" en arrestarlo, agregó. "Iván es un matemático capacitado, lo que se puede ver en todos los aspectos de su trabajo", dijo. "No le gusta cometer errores y generalmente no los comete".

Habrían decidido hacerlo ahora por tres razones, sugirió Pasko. En primer lugar, para disuadir al equipo profesional de Pavlov de asumir casos que involucren a las agencias de seguridad. En segundo lugar, para que sirva de pretexto para devolverles el privilegio de nombrar abogados internos en los juicios secretos, esencialmente eliminando la defensa de las salas de audiencias. En tercer lugar, asustar a los abogados independientes en general.

Las agencias de seguridad de Rusia parecen estar operando con mayor libertad tras la victoria declarada del Kremlin en la votación constitucional de julio pasado. Esa votación le dio a Putin las llaves para permanecer en el poder hasta 2036. Desde entonces, y con el envenenamiento, la evacuación, el regreso y el encarcelamiento de Navalny como fondo, el aparato represivo del estado se aceleró. Con una intensidad nunca vista desde los días de la Unión Soviética, las autoridades cayeron con órdenes de allanamiento a las casas de decenas de figuras de la oposición, activistas y periodistas.

La mayoría de los abogados se libraron de intimidaciones directas. Pero en un adelanto  kafkiano de lo que le terminó pasando, Pavlov alertó sobre el inicio de detenciones en la región. Incluso fundó una organización llamada El Club de Praga para defender a los abogados que enfrentaran tales problemas. Pavel Chikov, quien dirige una ONG de defensa legal llamada Agora, dijo que parecía que el estado había decidido ahora "usar el código penal" contra toda la profesión legal.

Más tarde, el viernes, un tribunal se reunió sin Pavlov para decidir los términos de detención de Ivan Safronov, que ya lleva casi diez meses en la cárcel. La ausencia de un abogado defensor no afectó el resultado en particular y un juez aceptó rápidamente la solicitud de la fiscalía de prorrogar la prisión preventiva por dos meses más hasta julio.

Por Oliver Carroll

04 de mayo de 2021

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère

Publicado enInternacional
Página 1 de 311