En plena catástrofe sanitaria Bolsonaro anunció una semana de privatizaciones

El gobierno de Bolsonaro inicia este miércoles una gran subasta de 28 infraestructuras controladas por el estado, entre aeropuertos, terminales marinas y ferrocarriles.

Espera atraer en tan solo una semana inversiones por unos 1.800 millones de dólares, un proceso que pone a prueba el proyecto privatizador del mandatario en plena crisis del coronavirus y en medio de turbulencias políticas.

Mientras la población muere por miles, el presidente y su ministro de Infraestructura, Tarcísio Freitas, aprovechan para entregar la infraestructura brasileña al capital privado.

El gobierno prevé subastar 22 aeropuertos actualmente operados por la estatal Infraero, 5 terminales portuarias (cuatro en Itaqui y una en Pelotas) y el primer tramo del Ferrocarril de Integración Oeste-Este (Fiol), entre Ilhéus y Caetité, en Bahía. El proyecto incluye la venta de los derechos de explotación por 30 años.

"Nuestro principal objetivo no es la recaudación, es la generación de inversión", afirmó en una rueda de prensa el ministro de Infraestructura, quien dio por inaugurada lo que llamó "Infra Week", como el Gobierno ha bautizado la semana de concesiones que serán realizadas en la bolsa de Sao Paulo.

La agroindustria y la minería es uno de los sectores de los empresarios nacionales a los que el gobierno busca favorecer. El ferrocarril que se entregará puede consolidarse como un corredor logístico para la exportación y transporte de mineral de hierro y granos.

Para mostrar sumisión total a la voluntad del mercado, el gobierno de Bolsonaro decidió arrodillarse a voluntad de posibles compradores para contratar a otra empresa para que sea la operadora de la terminal subastada, es decir, además de privatizar, también avanza con la subcontratación que atenta contra los derechos y los salarios de los trabajadores.

Los proyectos de privatización se duplicaron con creces. En 2020, el ministerio de Suministro de Infraestructura, en línea con las políticas neoliberales del ministro de Economía, Paulo Guedes, había ofrecido voluntariamente 9 bienes públicos al mercado. Hoy, con el impacto de la pandemia en su negocio, la demanda en la zona portuaria ha aumentado, mientras que en los aeropuertos ha caído drásticamente.

El gobierno está entusiasmado mientras con las incertidumbres de la pandemia genera mayor desempleo, el hambre y la inflación. El “apetito” por concesiones de largo plazo se explica por el alto potencial de rentabilidad con compras de activos muy devaluados, con inversores que buscan rentabilidad en entornos con tipos de interés bajos y precios aún más rentables. La devaluación del real frente al dólar es uno de esos “triunfos” del gobierno de Bolsonaro, lo que demuestra que la crisis de salud y económica que afecta a la población trabajadora y pobre es una oportunidad de negocio entre ellos y el mercado.

Martes 6 de abril | 19:47
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Jeff Bezos, el jefe de todo esto. Foto: Seattle City Council

El economista Robert Reich propone siete medidas para que las grandes fortunas de Estados Unidos paguen los impuestos necesarios para la economía del país.

 

Los ingresos y la riqueza están ahora más concentrados en la élite que en cualquier otro momento de los últimos 80 años, y nuestro injusto sistema tributario es una de las principales razones. El sistema tributario está diseñado para los ricos, lo que permite que un puñado de personas adineradas ejerzan una influencia indebida sobre nuestra economía y nuestra democracia.

Los conservadores se preocupan por los déficits presupuestarios. En tal caso, para pagar aquello que la nación necesita —poner fin a la pobreza, atención médica universal, infraestructuras, revertir el cambio climático, invertir en las comunidades y mucho más— los súper ricos tienen que pagar la parte justa.

Estas son siete formas necesarias para gravar a los ricos.

Primero: Derogar los recortes de impuestos de Trump. No es ningún secreto que la gigantesca rebaja de impuestos de Trump fue un gran regalo para los ricos. El 65% de sus efectos favoreció al quintil más rico, y de esa parte, el 83% lo hizo al 1% más rico. En 2018, por primera vez desde que hay registros, los 400 estadounidenses más ricos pagaron una tasa impositiva efectiva más baja que la mitad inferior. Revocar los beneficios de la reducción de impuestos de Trump para las corporaciones ricas y grandes, como ha propuesto Joe Biden, recaudará un monto estimado de 500.000 millones de dólares en una década.

Segundo: aumentar el tipo impositivo sobre los que están en la parte superior. En la década de 1950, el tipo impositivo más alto para los estadounidenses más ricos superaba el 90%. Incluso después de las deducciones y las desgravaciones fiscales todavía pagaban más del 40%. Pero, desde entonces, las tasas impositivas se han reducido drásticamente. Hoy, después de la reducción de impuestos de Trump, los estadounidenses más ricos pagan menos del 26%, incluidas deducciones y desgravaciones. Y esta tasa se aplica solo a los dólares ganados por encima de 523.601 dólares. Aumentar la tasa impositiva marginal en solo un 1% sobre los estadounidenses más ricos generaría aproximadamente 123.000 millones en diez años.

Tercero: un impuesto sobre el patrimonio para los súper ricos. La riqueza es una fuente de desigualdad aun mayor que los ingresos. El 0,1% más rico de los estadounidenses tiene casi tanta riqueza como el conjunto del 90% inferior. Durante la pandemia, los multimillonarios de Estados Unidos agregaron 1.300 millones a su riqueza colectiva. El impuesto sobre el patrimonio propuesto por Elizabeth Warren cobraría un 2% sobre el patrimonio de más de 50 millones de dólares y el 3% sobre el patrimonio de más de mil millones. Solo se aplicaría a unos 75.000 hogares estadounidenses, menos del 0,1% de los contribuyentes. De acuerdo con él, Jeff Bezos pagaría 5.700 millones de su fortuna de 185.000 millones, menos de la mitad de lo que ganó en un día el año pasado. El impuesto sobre el patrimonio recaudaría 2.750 billones de dólares en una década, lo suficiente para pagar el cuidado infantil universal y la universidad pública gratuita con mucho sobrante.

Cuarto: Un impuesto a las transacciones financieras. El 1% más rico posee el 50% del mercado de valores. Un pequeño impuesto del 0,1% sobre las transacciones financieras, solo un dólar por cada mil dólares negociados, recaudaría 777.000 millones en una década. Eso es suficiente para proporcionar vales de vivienda —más de 12 veces— a todas las personas sin hogar en Estados Unidos.

Quinto: Poner fin al vacío legal de la “base de costos incrementados” [“stepped-up cost basis”]. Los herederos de los superricos pagan cero impuestos sobre las ganancias de capital respecto a los enormes aumentos en el valor de lo que heredan debido a una laguna jurídica llamada stepped-up cost basis. En el momento de la muerte, el valor de los activos se “incrementa” a su valor actual de mercado, por lo que una acción que se valoró originalmente en, digamos, un dólar cuando se compró, pero que vale mil dólares cuando los herederos la reciben, lleva aparejada un ahorro de 999 dólares en términos de ganancias de capital. Este vacío legal permite que enormes y crecientes concentraciones de riqueza pasen de generación en generación sin tener que pagar impuestos. Eliminar esta laguna legal recaudaría 105.000 millones de dólares en una década.

Seis: Cerrar otros vacíos legales para los superricos. Por ejemplo, una forma en que los administradores de bienes raíces, capital de riesgo, capital privado y hedge funds reducen sus impuestos es el agujero del “interés acumulado”, que les permite tratar sus ingresos como ganancias de capital en lugar de como ingresos salariales ordinarios. Eso significa que pagan impuestos a la tasa más baja de ganancias de capital en lugar de la tasa impositiva más alta sobre los ingresos. Se estima que cerrar este vacío legal recaudará 14.000 millones en una década.

Siete: Incrementar los fondos del Fisco para que pueda auditar a los contribuyentes ricos. Debido a que el IRS [Internal Revenue Service, la Hacienda estadounidense] no ha recibido fondos suficientes, es mucho menos probable que los millonarios sean auditados de lo que solían serlo. Como resultado, el IRS no recauda una gran cantidad de impuestos de los contribuyentes ricos. Recaudar todos los impuestos federales sobre la renta no pagados por el 1% más rico generaría al menos 1.75 billones de dólares durante una década. Así que, definitivamente, hay que financiar el IRS.

Juntas, estas siete formas de gravar a los ricos generarían más de seis billones en diez años, suficiente para abordar las grandes necesidades de la nación. A medida que la desigualdad se ha disparado, nuestro injusto sistema fiscal ha permitido que los estadounidenses más ricos hagan trampa para no pagar lo que en justicia deben pagar. No es radical frenar esta irresponsabilidad. Es radical dejar que continúe.

Por Robert Reich

6 abr 2021 06:06

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Ilustraciones: Juan Dellacha

Perú. Entrevista a Verónika Mendoza

 

En vísperas de las elecciones presidenciales, desde el Colectivo Editorial de Jacobin América Latina tuvimos la oportunidad de conversar con Verónika Mendoza, quien se proyecta como candidata de la izquierda peruana.

Jacobin América Latina. Desde que fuiste candidata a la presidencia en 2016, los medios no se cansan de calificarte como representante peruana del ciclo progresista latinoamericano. Sin embargo, pocos indagaron en tu propio sentido de pertenencia a ese ciclo político. ¿Cómo te sitúas en relación con el progresismo latinoamericano?

Verónika Mendoza. En Perú siempre nos sentimos un tanto alejados de los procesos progresistas latinoamericanos. A veces los miramos con admiración, a veces de manera crítica, pero siempre con distancia. Valoramos su horizonte antimperialista, que sigue vigente y deberá ratificarse a cada paso para construir cada vez mayores márgenes de autonomía regional y continental. También valoramos la tendencia redistributiva que, en mayor o menor medida, todos compartieron. La intención de construir un Estado que se comprometa con el bienestar de las mayorías y que, por medio de iniciativas de distinta índole, procure garantizar derechos y permitir el acceso a los recursos y a los bienes públicos es siempre una política saludable. Su componente democratizador, que tuvo efectos concretos en la ampliación de derechos y de la dignidad de los sectores populares, es otro punto a resaltar.

También es valorable el arraigo histórico transformador que exhibieron, lo cual estuvo vinculado al hecho de poner en cuestión elementos estructurales como la identidad o la nación. Apuntar a remover el sustrato conservador-colonial-dependiente de nuestras sociedades resulta fundamental. En ese sentido, el caso boliviano, con el acceso de los sectores indígenas al gobierno y la puesta en práctica de una serie de mecanismos democráticos por fuera de los tradicionales, constituye un ejemplo a seguir. También lo fue el intento venezolano de generar otro tipo de participación, de construir el poder desde otras bases, tal como se observó durante el gobierno de Hugo Chávez.

Definitivamente, en Perú nos sentimos hermanados con estas experiencias, pasadas y recientes. Es innegable que hay una identidad y una cultura que compartimos con distintas experiencias populares, particularmente en lo referido a la impronta plebeya de impugnar el neoliberalismo y denunciarlo en todas sus versiones.

Pero también existen deficiencias, y la posibilidad de extraer lecciones y volvernos mejores depende de que seamos capaces de identificarlas y discutirlas. Es necesario tener en claro lo que podemos y no podemos hacer y lo que debemos y no debemos hacer, tanto en Perú como en toda América Latina.

JAL. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, estas deficiencias de los gobiernos progresistas y las lecciones que se desprenden de ellas?

VM. Desde nuestro lugar, a la izquierda del mapa político peruano, hemos sido críticos en varios aspectos. Venimos elaborando, desde los años 1990, algunas ideas más radicales vinculadas al movimiento alterglobalizador, al zapatismo, a los Foros Sociales. Trabajando junto a todo un movimiento que se atrevió a impugnar el orden en el momento en el que estaba mejor establecido, y que pretendió montar una plataforma que fuese mucho más allá de la crítica antineoliberal.

Desde ese lugar, cuando vimos emerger los gobiernos progresistas en nuestra región, si bien los recibimos como una buena noticia en relación con lo anterior, los percibimos en otra frecuencia, con otros códigos. Unos proyectos sin mucho compromiso por superar el capitalismo, sin vocación de ir más allá en la búsqueda de alternativas.

Existe una limitación muy desarrollista en el progresismo, que se expresa en su afán por gestionar lo establecido, particularmente en todo lo que tiene que ver con el modelo económico extractivo. Vimos cómo los países con gobiernos progresistas mantenían una creciente dependencia de sus materias primas, de la minería, del petróleo o de la soya, sin proponerse superar realmente el modelo primario exportador extractivista. Al contrario, muchos terminaron por exacerbarlo. Ese, creemos, es un primer déficit del que aprender: no se puede transformar realmente un país manteniendo una política económica meramente rentista y primario exportadora.

Un segundo déficit importante gira en torno a que, a pesar de los esfuerzos y de cierta radicalidad exhibida en algunos países, no se pudo desmontar la estructura de los Estados tal y como fue construida a lo largo de todos estos siglos. En Venezuela se habla de la Quinta República, pero vale la pena preguntarse cuántas de las taras de las otras repúblicas pesan sobre esta Quinta. El Estado cambió de manos, pero no hubo una reforma profunda. La forma de organizar el poder, a pesar de todo, parece persistir de forma inalterada.

No se puede negar que, aunque empalmaron con las demandas de cambio reclamadas por los movimientos sociales y por sectores ciudadanos, terminaron enmarcados en una dinámica más bien estatalista. Con ello, surge un tercer aspecto aleccionador: la compleja relación con los movimientos sociales, muchas veces tensa y ambivalente, terminó a menudo convirtiendo en opositoras a las organizaciones que no encajaron en esa lógica estatalista, lo cual terminó por tender un manto de sospecha sobre su autonomía. Una experiencia dramática, en este sentido, es la de Brasil, donde todo el acumulado del PT y su relación con los diversos movimientos sociales entraron en tensión, lo cual lo llevó a replegarse frente a fuerzas conservadoras como las que condujeron a Bolsonaro al gobierno. Otro ejemplo lo constituye Ecuador: la relación de tensión entre Correa y una parte importante del movimiento indígena y ecologista continúa hasta el día hoy.

Pero la dinámica histórica de las últimas décadas en Perú no es asimilable a ninguna de las trayectorias anteriores. Es un país hecho de retazos. Puede que un sector de la ciudadanía –especialmente en el sur– se sienta identificado con el proceso de cambio de Bolivia. Pero también hay otro sector que no, y que se identifica más con lo que pasa en Argentina, donde existe un bloque más amplio y nacionalista con fuerte presencia de una capa tecnocrática de corte moderno. Entre los jóvenes peruanos, por otra parte, la identificación más fuerte pasa por el movimiento chileno y la movilización social por una nueva constitución.

JAL. Iniciaste tu militancia política a principios de la década del 2000, en las filas de lo que alguna vez –aunque de manera efímera– fue aclamado como el vehículo del progresismo peruano: el Partido Nacionalista de Ollanta Humala. Ahora, como candidata presidencial de Juntos por el Perú en 2021, ¿qué balance haces de la transformación de la izquierda peruana en estas últimas décadas?

VM. En Perú fue el nacionalismo de Ollanta Humala el que, hacia el año 2011, intentó subirse a la ola latinoamericana de gobiernos progresistas. Pero, pese a las expectativas depositadas por buena parte de la población, el Partido Nacionalista nunca lo logró del todo. Humala nunca fue revolucionario, ni mucho menos. No tenía una cultura de izquierdas, ni siquiera en clave nacional-popular. Su proyecto se estuvo muy limitado desde sus orígenes. La correlación de fuerzas al momento de su ascenso al gobierno fue el factor que más condicionamientos impuso, y el poder económico –en medio de una bonanza generalizada– se volvió rápidamente dominante. Más allá de la implementación de algunos programas sociales y del incipiente desarrollo de la arista social de la gestión estatal, Humala terminó siendo profundamente conservador.

Y es que, en nuestro país, la correlación de fuerzas heredada del fujimorismo ha permanecido hasta hoy inalterada. La herencia que recibimos a su caída nos legó todo su andamiaje de poder, incluyendo la Constitución promulgada en el año 1993. Las reformas neoliberales en el Perú fueron sumamente profundas, producto del conflicto armado y la crisis política de las décadas de 1980 y 1990. El gran logro de largo plazo del fujimorismo fue la rearticulación y la consolidación de un bloque dominante neoligárquico, aliado a las Fuerzas Armadas y sumamente poderoso.

Pero el retrato no estaría completo si no contemplamos también las debilidades propias: la crisis política y el pragmatismo dominante en la izquierda. Sin calibrar de manera justa la profunda derrota sufrida por el movimiento popular durante el conflicto armado y la consecuente implementación en toda línea del modelo neoliberal (no solo como programa de gobierno, sino también en el sentido ideológico), resulta imposible comprender la crisis del campo progresista en Perú. Su versión más deforme fue encarnada por la figura de Humala, pero también se expresó en la crisis de la izquierda, replegada en torno a las ONG y buscando atajos al gobierno para acomodarse con mayor facilidad.

Pero hoy nuestra realidad comienza a cambiar. Las intensas movilizaciones desatadas a partir de la destitución de Vizcarra sacaron a la luz la necesidad de transformaciones de otro orden y la disposición de amplios sectores de la población para impulsarlas. La construcción de un proyecto firmemente arraigado en los procesos populares puede permitirnos revertir el camino de renuncia que viene transitando hace tiempo la izquierda. Es un esfuerzo propio, que solo podemos hacer nosotros mismos, porque la búsqueda de atajos ya se ha evidenciado infructuosa en el pasado. No se trata de llegar más rápido, sino de llegar mejor, con mejores posibilidades de triunfar. Las experiencias progresistas en nuestra región representan un punto de referencia del cual extraer lecciones positivas y negativas. Pero la fortaleza de nuestro arraigo popular dependerá de la originalidad de la senda que logremos trazar: ni calco ni copiasino creación heroica, una apuesta por avanzar más allá.

Por Jacobin América Latina

3 abril 2021

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El bolsonarismo cruje Entrevista a Sergio Lirio

Las renuncia de los comandantes de las tres fuerzas, las dimisiones ministros y la crisis sanitaria configuran una nueva crisis múltiple en el gobierno de Bolsonaro, enfrentado al fantasma del impeachment. Todo esto tiene como contexto la vuelta al ruedo político de Luiz Inácio Lula Da Silva. 

 

Los recientes cambios de gabinete en Brasil y la renuncia simultánea de los comandantes de las tres fuerzas armadas informan de una crisis profunda en el sistema de poder construido por Jair Bolsonaro desde 2018, en medio de una profunda crisis sanitaria. El negacionismo de Bolsonaro respecto de la pandemia de covid-19 se suma a una incompetencia más amplia para gestionar el aparato del Estado. Es esta última la que esta provocando el alejamiento de sectores de la elite. «Muchos querrían un bolsonarismo sin bolsonaro», dice Sergio Lirio, jefe de redacción del semanario Carta Capital en esta entrevista con Nueva Sociedad. Y esto ha provocado que el mandatario dependa cada vez más del denominado centrão, partidos alineados con el mejor postor que controlan el Congreso. Pero los crujidos actuales en el bolsonarismo se vinculan también a la vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva al ruedo político, tras la anulación de sus causas por la Corte Suprema brasileña.

¿Qué explica la crisis militar y cuál es, en su opinión, su profundidad? Algunos medios titularon que es la peor crisis con los militares desde 1977.

En 1977, efectivamente, el presidente Ernesto Geisel exoneró al general Sílvio Frota, que se oponía a su proceso de apertura lento y gradual. Pero incluso dentro de la dictadura no hubo algo tan explícito como ahora. Durante el gobierno de José Sarney hubo dimisiones por cambios ministeriales y en el segundo gobierno de Lula hubo amenazas de dejar los cargos por parte de los comandantes de las tres fuerzas, durante las investigaciones de la Comisión de la Verdad de los crímenes de la dictadura. 

Pero, ¿qué pasó ahora? No hay que olvidar que los militares son uno de los pilares del gobierno de Bolsonaro junto con los sectores financieros y el agronegocio. Es la coalición social que le dio el golpe a Dilma Rousseff. La expectativa era que Bolsonaro llevara adelante una agenda ultraliberal y recuperara la imagen de los militares, erosionada desde la dictadura. Ni durante la dictadura los militares brasileños ocuparon tantos cargos como con Bolsonaro. Son unos 6.000 militares en puestos en la administración en diferentes niveles. Hasta la Casa Civil (equivalente al jefe de gabinete de ministros) es dirigida por un militar. Presiden Petrobras, presiden Furnas, la mayor generadora de energía de América Latina. Incluso hijos e hijas o esposas de militares ocupan cargos en diferentes escalafones del Estado. Los militares tuvieron su propia reforma previsional, mucho más favorable que para la mayoría de los brasileños. Entonces, la pregunta sería ¿para qué un golpe militar si el de Bolsonaro ya es un gobierno militarizado? Sería, además, una aventura con altísimos costos.

El problema para los militares, pero también para los otros grupos de poder que apostaron por Bolsonaro, es que su gobierno es un desastre absoluto. La economía, bajo el ministerio del ultraliberal Paulo Guedes, es una calamidad. Para peor, cuando llegó la pandemia Bolsonaro se mostró contrario, de manera hiperbólica, a todas las medidas de distanciamiento social. Los resultados en términos sanitarios fueron tan terribles que hoy Brasil es uno de los países con mayor cantidad de muertes. Además, la diplomacia brasileña fue un fracaso absoluto, nunca fue tan ideológica, tan terraplanista, que con Ernesto Araújo como canciller. Terminó perjudicando incluso la posibilidad de hacer negocios. 

Mientras estuvo Donald Trump en la Casa Blanca, si bien no era un aliado completo de Brasil, protegía a Bolsonaro, que se iba volviendo un paria en el concierto internacional. Pero eso cambió con la llegada de Joe Biden. Ahora Brasil ya no es solo paria sino una amenaza internacional. Más de cien países impiden la entrada de brasileños. Ya pasamos las 300.000 muertes y podríamos llegar a 500.000. Pero no solo hay un rechazo internacional a su política sanitaria, también a su política ambiental, por ejemplo respecto de la Amazonia. Desde el punto de vista interno, el ingreso de emergencia de 600 reales aprobado por el Congreso, impidió en el primer año de la pandemia que la economía cayera más aún (4,1% en 2020) y que las personas cayeran en una tragedia mayor. Pero ahora el monto de esas transferencias será menos de la mitad. Por todo eso Bolsonaro está perdiendo apoyo tanto entre las elites como entre la población. 

En este contexto, intentó llevar a las fuerzas armadas a una escalada autoritaria. Se repitió tanto estos días que no había posibilidad de golpe que todo el mundo sospechó lo contrario. Básicamente, el presidente quería que el general Edson Pujol se manifestara contra la decisión de la Corte Suprema de devolverle los derechos políticos a Lula. El último domingo de marzo, Bolsonaro dijo, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas son nacionalistas y están del lado del pueblo, lo que significaba que estarían del lado de él. En medio de un caos sanitario y administrativo -Brasil ya tiene el cuatro ministro de salud en cuatro años- quería que los militares lo apoyen para poner en pie una especie de estado de emergencia que le diera más poderes. Las fuerzas armadas dijeron no, al menos no ahora, y se mantuvieron leales a la Constitución.

El problema es que a diferencia de otros países, como Argentina, donde los crímenes de la dictadura fueron juzgados y el pasado fue analizado y discutido, en Brasil la ley de amnistía generó una especie de equilibrio entre el poder militar y el poder civil. Por eso, las Fuerzas Armadas terminan por estar encima de la Constitución, encima de las leyes. Ese es el problema más grave de la democracia brasileña. 

Hace poco hubo una carta de sectores de la elite económica que criticaba al gobierno de Bolsonaro. ¿Hasta dónde llega este distanciamiento?

Esa carta es muy significativa porque está firmada por varios banqueros, entre ellos los dos principales accionistas del banco Itaú, y por varios economistas neoliberales. Hay un sector del empresariado, anticuado e histriónico, que se beneficia de la mano de obra barata, que sigue siendo bolsonarista. Pero los sectores industriales más dinámicos cada vez quieren menos a Bolsonaro. Ellos querrían un bolsonarismo sin Bolsonaro. El gobierno es tan incompetente que ni siquiera puede garantizar las reformas que ellos querrían. Por ejemplo, la reforma provisional, una de las pocas que se aprobó, salió porque el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido Demócratas, la hizo pasar. Pero otras, como la profundización de la reforma laboral aprobada durante el gobierno de Michel Temer, o directamente la destrucción del modelo social instaurado por la Constitución de 1988, que de todos modos nunca se aplicó demasiado, siguen pendientes.

A eso se suma el desastre en la gestión. Bolsonaro acabó asociando el proyecto económico liberal a su locura, a su incompetencia, a su autoritarismo. Por eso, el de Bolsonaro es un gobierno disfuncional que terminó por transformar a Brasil en un país odiado. No solo por los Estados Unidos de Biden o por China; también nos alejamos de Rusia y de la India. Y los exportadores sufren esto. Por eso muchos en la elite buscan un candidato centrista, lo que no parece fácil. Ellos se dan cuenta de que Bolsonaro puede terminar por abrir paso a una posible vuelta de la izquierda en 2022, y eso es a lo que más temen. Lo que pasó estos días tiene que ver con esta presión. 

La aprobación de Bolsonaro ronda el 30%. Bolsonaro ya no piensa más en gobernar. Solo busca no sufrir un impeachment y llegar entero a 2022, al menos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta.

Relacionados esto, ¿Bolsonaro quedó como una suerte de rehén del centrão, que controla el Congreso y tiene la llave del juicio político?

El centrão está aumentando su influencia en el gobierno; el centrão es más competente que Bolsonaro. Fue el Congreso el que echó a Araújo y podría tumbar a Ricardo Salles, el ministro de medio ambiente. Quizás no ahora, pero sí en un futuro próximo. Salles es otro de los peores ministros del gobierno, de los más terraplanistas. En el centrão son los viejos zorros de la política brasileña: negocian cien y entregan cincuenta. El centrão fue también muy importante en el sostenimiento del gobierno de Lula y del primer mandato de Dilma. El estilo de Bolsonaro, que es consciente de sus limitaciones intelectuales, e incluso es un sociópata, es dar golpes en la mesa. Con el centrão eso no funciona.

Bolsonaro necesita potenciar todo el tiempo los conflictos (con la izquierda, con la prensa, con los movimientos sociales…). El centrão, por el contrario, opera entre bastidores. Y no va a atar su suerte a la de Bolsonaro. Así funciona la política brasileña.

¿Cómo ve la candidatura deLula da Silva? ¿Podrá mantener su fuerza después del «efecto Lula» que generó la anulación de sus condenas?

Mucho de lo que está pasando se vincula con la recuperación de los derechos políticos de Lula y de su vuelta al ruedo político. El hecho de que el juez Sérgio Moro fuera declarado «parcial» al condenar a Lula, genera en mucha gente la sensación de que Lula sufrió una injusticia. Incluso Bolsonaro modificó algunas de sus actitudes respecto a la mascarilla o la vacuna después del regreso de Lula, que busca presentarse como un anti-Bolsonaro. Hasta cambió el ministro de salud, el general Eduardo Pazuello. 

La vuelta de Lula fue triunfal, pero su nombre sigue generando rechazo en gran parte de la población, no solo en la elite. Muchos en el Partido los Trabajadores (PT) minimizan el antipetismo. Pero en mi opinión, Lula, además de unir a la izquierda, deberá hablar con sectores más amplios de la sociedad. Una «solución argentina» -buscar a otro candidato y no ir el a la cabeza- no parece probable. El ex-presidente ya dejó claro que será candidato. Pero el camino será largo. Falta mucha reflexión en el PT, mucha explicación, mucha conversación. La imagen que se construyó del PT como un partido corrupto no es borrada automáticamente por la incompetencia de Bolsonaro, aunque haya generado una degradación tan grande, tan amplia y simultánea en tantas esferas –política, social, intelectual– como hemos visto en esta década.

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Domingo, 04 Abril 2021 10:45

La boca del infierno

La boca del infierno

Hace algunos días conversé por Zoom con mi amigo el escritor canadiense John Ralston Saul, anterior presidente del Pen International y quien estuvo hace algunos años en Nicaragua. El Pen, antes llamado Pen Club, fue fundado en Londres en 1921, y entre sus socios constituyentes estuvieron nada menos que Joseph Conrad, George Bernard Shaw y H. G. Wells. Hoy agrupa a escritores de todo el mundo y se dedica sobre todo a promover y proteger la libertad de expresión y los derechos humanos.

John me llamaba porque quería saber de Nicaragua, donde el capítulo nacional del Pen, presidido por Gioconda Belli, se vio obligado a cerrar sus puertas; y de Nicaragua fue que hablamos extensamente, recordando la vez que lo llevé a asomarse al cráter encendido del volcán Masaya, una oquedad que espanta a cualquier turista, desde donde sube una densa humareda de azufre, como si siempre viviéramos en este país en la boca del infierno. Es como llamó el cronista Fernández de Oviedo a este cráter.

Le dije, para empezar, que los gobiernos resultantes de elecciones en América Latina tienen distintas calidades y formas de comportamiento democrático, pero en las últimas décadas la legitimidad del voto popular ha logrado ser establecida, porque los sistemas electorales han logrado credibilidad, todo distante de la vieja historia de fraudes, con las urnas llenas de votos falsos, con gran concurrencia de ciudadanos difuntos y las actas burdamente trucadas.

Nadie puede alegar la legitimidad de la aplastante mayoría ganada en las últimas elecciones legislativas de El Salvador por el presidente Bukele. Si esa mayoría, que le abre las puertas del control de todos los demás poderes del Estado, será usada para fortalecer el sistema democrático o para acabar con él, está por verse; pero los votos que se le han dado están bien contados. Y si en Perú hay una crisis de credibilidad política que se ha vuelto crónica, no se debe a elecciones fraudulentas, sino al desprestigio que trae consigo la reiterada corrupción de los electos.

No es el caso de Nicaragua, donde la Constitución política manda que se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre de este mismo año. Es decir, dentro de algunos meses, y aún a esta fecha no existen las condiciones mínimas para que se pueda pensar en un proceso electoral creíble, que sirva como un mecanismo de transición democrática.

Una resolución de la Asamblea General de la OEA de noviembre del año pasado demanda negociaciones "incluyentes y oportunas" entre el gobierno y la oposición para acordar “reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales; modernización y restructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de manera totalmente independiente, transparente y responsable; actualización del registro de votantes y observación electoral nacional e internacional.

La resolución suma que debe haber un proceso político pluralista "que conduzca al ejercicio de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de libertad de reunión pacífica y libertad de expresión y registro abierto de nuevos partidos políticos".

Tales compromisos deberían estar concluidos en mayo, que ya llega, sin que el régimen haya movido un dedo. Por ahora, la única certeza es que Ortega y su esposa, la vicepresidenta, se disponen a ser relectos de nuevo, lo que supone continuar, como desde hace ya 15 años, en el control total del poder civil, económico, policiaco y militar. Nada hace prever, hasta ahora, que exista la mínima voluntad política para someter ese poder total al libre escrutinio de los votantes.

El Consejo Permanente de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunido en Ginebra en marzo de este año, expresó "grave preocupación ante la falta de avances del gobierno de Nicaragua en la implementación de reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones transparentes".

Manda "abandonar las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación", y "liberar a todos aquellos arrestados ilegal o arbitrariamente". Exige, también, la derogación de las leyes que violentan el ejercicio de los derechos humanos. Baste mencionar la ley de ciberdelitos, la ley de agentes extranjeros y el establecimiento de la cadena perpetua para "crímenes de odio".

¿Es posible un clima electoral aceptable cuando hay más de 120 presos políticos, jóvenes en su inmensa mayoría y miles de exiliados, jóvenes también, que huyeron de la represión desatada a partir de abril de 2018?

¿Y cómo puede desarrollarse así una campaña electoral? La policía vigila en las calles para desbaratar cualquier atisbo de manifestación pacífica, encierra ilegalmente a los opositores en sus casas con prohibición de salir e irrumpe en locales bajo techo para disolver reuniones políticas.

Hay medios de comunicación y estaciones de televisión con sus instalaciones confiscadas, como Confidencial y 100% Noticias, y otros que viven bajo asedio, como Radio Darío, de la ciudad de León.

Seguimos asomados al cráter encendido, le digo a John. Encontrar el camino para alejarse de la boca del infierno costará mucho, pero no hay esperanzas perdidas.

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El modelo chino puede inspirar para eliminar la pobreza en Chiapas.Foto Víctor Camacho

Global Times exultó que “China declaró en forma solemne la victoria (sic) completa por haber erradicado la pobreza absoluta (https://bit.ly/2PXXTjK)”: la hazaña china representa ¡más de 70 por ciento de la reducción de la pobreza en el mundo!

Mientras Estados Unidos y su modelo fracasado de la globalización empobrecieron a 99 por ciento de su población para beneficiar a uno por ciento de su plutocrática bancocracia, China, en forma inversamente proporcional, alivió su previa miseria que prevaleció durante su legendaria "Larga Marcha" de 9 mil 600 kilómetros.

El mandarín Xi celebró el "salto histórico" de haber sacado de la pobreza a 100 millones de las zonas rurales gracias a su plan de ocho años en los que invirtió 246 mil millones de dólares (https://bit.ly/3rI7IQc) y que ahora podrán acceder a alimentos y vestimenta, mientras el gobierno proporcionará sus tres "garantías": salud,vivienda y educación.

Existen muchas definiciones sobre "pobreza", pero usan los parámetros del Banco Mundial que se ajusta a los intereses de Estados Unidos.

Una de las críticas malignas señala la "definición" de la pobreza rural china en 1.69 dólares por día frente al umbral global de 1.90 dólares del Banco Mundial, como si esos 0.21 dólares fueran la única causal, soslayando su abordaje multifactorial, donde predominan la jerárquica voluntad política y la ontología cultural, con mejora de las condiciones circundantes, médicas y científicas.

Hasta el sesgado Banco Mundial admite que desde 1978 más de 850 millones de chinos (¡equivalentes a 6.5 Méxicos!) han salido de la extrema pobreza.

China, que cuenta con mil 400 millones de habitantes, el mayor número del planeta, realizó su hazaña de erradicar la pobreza –que predomina en su parte occidental– en 832 municipios y 128 mil pueblos y contó con los dos grandes "espíritus" de sus tiempos revolucionarios: el Jinggangshan (municipio de la primera base revolucionaria rural del Partido Comunista) y el Yan’an (fase heroica de la revolución comunista basada en la política de reforma campesina y la guerra de guerrillas).

China lanzará la "revitalización rural" en una transición de cinco años (https://bit.ly/3fBfQzH).

Los medios propagandísticos Voice of America (https://bit.ly/3uxV7kD), BBC (https://bbc.in/2PnPK8F) y Brookings Institution fustigaron las cifras del gobierno chino y ponen en relieve una frase del premier chino Li Keqiang: "Existen más de 600 millones de personas cuyo ingreso mensual es de 140 dólares, que no son suficientes para rentar un cuarto en las ciudades". No es ningún secreto la aguda disparidad entre las prósperas ciudades y su entorno rural.

Los chinos se jactan de que su inconmensurable éxito "puede ser promovido para ayudar a otros países en vías de desarrollo en el mundo" como inigualable soft power.

En la milenaria China de cinco mil años, sus ominosos "tiempos de turbulencias" han derivado de revueltas campesinas. El milagroso despegue chino, que no sólo es vulgarmente economicista, sino también científico y socio-educativo, exacerbó la brecha urbano-rural en un país de más de 9 millones de kilómetros cuadrados.

El alivio de la pobreza en China ha sido bautizado como un "milagro del desarrollo".

La tasa de pobreza de Estados Unidos hace dos años era de 43.5 millones (alrededor de 15.1 por ciento, frente a 3.3 por ciento de los pobres que quedan en China) y que seguramente se incrementó con la pandemia del Covid-19.

La CIA publica el ranking de los países con el porcentaje de su “población debajo de la línea de pobreza (https://bit.ly/2PSpC5J)”, donde viene Siria en primer lugar –gracias a las guerras de "Occidente" para promover "libertad/democracia/derechos humanos"– cuando México resalta en un nada edificante lugar 30, empeorado por su Índice Gini, uno de los peores del mundo.

Ahora que me adentré al tema candente de la migración del Triángulo Norte de Centroamérica (https://bit.ly/2R8s9JH), que ha creado una grave crisis transfronteriza con Estadis Unidos, descubrí que su epicentro era Chiapas, que ostenta su peor PIB per cápita de 2 mil 291 dólares (https://bit.ly/3fDsYnI).

El apoteósico modelo chino puede servir muy bien de inspiración para erradicar la peor pobreza de México centrada en Chiapas.

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Jaime Durán Barba sobre las elecciones en Ecuador: “Creo que va a ganar Guillermo Lasso por unos cinco puntos”

Aseguró que el gobierno de Lenín Moreno "es el más impopular de la historia del país”

El consultor y analista político ecuatoriano, Jaime Durán Barba, se refirió este sábado a las elecciones previstas para el 11 de abril en su país y consideró que ganará el candidato Guillermo Lasso por “unos cinco puntos”. A su vez, habló sobre la situación política en Argentina y manifestó que “el macrismo y el kirchnerismo deben repensar sus proyectos porque sino aparecerá una tercera fuerza que los barrerá”.

En diálogo con AM 750, Durán Barba aseguró desde su departamento situado en Quito, que se encuentra “encerrado, hipocondríaco y asustado por la pandemia” y consideró que la gente está atravesando un momento de cambio, en el que se volvió “más autónoma y pasa por encima de las instituciones”.

Al referirse a las elecciones de Ecuador, cuya segunda vuelta se realizará el próximo 11 de abril, dijo que “hay distintas variables en juego” y aseguró que el gobierno nacional, al mando de Lenín Moreno, es el “más impopular de la historia del país”. “Se dedicó a perseguir de manera absurda a Rafael Correa y eso ayudó al candidato del expresidente, Andrés Arauz. Nunca hubo un gobierno con tanto rechazo, ni tampoco uno que se haya dedicado tanto a perseguir a un político”, detalló.

 “A Moreno le fue espantosamente mal, pero a su vez la gente tiene un recuerdo complejo de Correa, quien vivió un momento económico estupendo del país con el petróleo a 100 dólares, pero su temperamento, su violencia y sus amenazas fastidiaron a los electores. Ese es el elemento negativo más fuerte. Correa tiene un 23% de apoyo y un 65% de personas que no lo votarían jamás”, agregó.

Sobre Arauz, quien resultó ganador en la primera cita en las urnas el pasado 7 de febrero con 32,72% de los votos, dijo que hizo una buena campaña en la que le funcionó “ser distinto” y explicó que “si un político es igual a los que vivían hacen 30 años, no se tiene ningún futuro”. “Arauz hizo una campaña bonita y su juventud le favoreció mucho. Sin embargo, Correa estropeó su avance, no por mala fe, sino por su temperamento”, analizó.

A su vez, sostuvo que de “no ocurrir algo muy imprevisto que importe a los electores”, cree que las elecciones las terminará ganando por unos cinco puntos Lasso, quien fue el segundo en las primeras elecciones con el 19,74% de los votos, seguido de muy cerca por el candidato indígena Yaku Pérez, apenas 35 décimas por debajo del banquero.

Respecto a Yaku Perez, dijo que el candidato “hizo algo rarísimo”, que fue “asomar varias veces tocando el saxo en sus videos y bailando de una manera muy occidental”. “Esto le dio una entrada muy importante en sectores juveniles y urbanos del país. Yaku terminó siendo una mezcla del voto indigena más el de los electores del siglo XXI, con ideas ambientalistas. El resto tiene sensaciones mezcladas”, detalló.

Tras hablar sobre la estrategia de Yaku en las redes sociales, consideró importante “estudiar la política de clicks” y dijo que “el tema del Internet es mucho más difundido de lo que creemos los académicos. Hubo una experiencia con el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, cuando fue a visitar a un grupo indígena y le pidieron una foto para subir a Facebook y él no entendía cómo iba a hacerlo. Ahora los pibes indígenas tienen su teléfono y navegan por las redes.

Luego, al hablar sobre la situación política en Argentina, Durán Barba dijo que la discusión en nuestro país está “muy atrasada” y aseguró que “el macrismo y el kirchnerismo deben repensar sus proyectos porque sino aparecerá una tercera fuerza que los barrerá”.

 “Ni el macrismo ni el kirchnerismo se han reformulado. Yo creo que, si no repiensan su situación, se va a sumar un tercer grupo que los barra”, aseguró. Y cuestionó que el país esté “todavía discutiendo cosas del siglo XX”. “No digo que Ecuador esté mejor, pero estamos muy atrasados, muy convencidos de que cuando se produjo el Big Bang, ya estaban las 10 verdades peronistas. No es así, son mucho más recientes”, agregó.

Al concluir, consideró que “hay que pensar en un mundo distinto que incorpore la tecnología, sin que la tecnología mate a la gente, porque es un gran progreso que también implica riesgos. Hay que reformular la revolución, el cambio. La clase obrera va extinguirse en 10 años, hay que pensar qué hacemos ahora”.

Ecuador entra esta semana en la recta final de la campaña electoral, en la que los candidatos presidenciales al balotaje, Arauz y Lasso, dejaron de lado el discurso polarizador y los vínculos partidistas e incorporaron propuestas más inclusivas para captar a los más de cuatro millones de ecuatorianos que votaron por otras opciones en la primera vuelta.

En la primera cita a las urnas, el último 7 de febrero, Arauz resultó ganador con 32,72% de los votos, insuficientes para evitar el balotaje. Por su parte, Lasso fue segundo con 19,74%, seguido por Pérez, apenas 35 décimas por debajo. En el cuarto puesto, figuró Xavier Hervas, con 15,68% de los sufragios. 

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El Congreso frena a Bolsonaro en su intento de otorgarse plenos poderes

Tras la sustitución de seis ministros y los comandantes de las Fuerzas Armadas llegó el proyecto para activar la "Movilización Nacional", que interviene procesos productivos, requisita bienes y servicios y convoca a civiles y militares.

 

Lo primero que hizo el presidente Jair Bolsonaro tras crear el nuevo caos dentro del caos –sustituyendo a seis ministros, incluyendo el de Defensa, y a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas– fue intentar tramitar en el Congreso Nacional, a través de un militar diputado federal aliado, Vitor Hugo (Partido Social Libertal, PSL), un proyecto de ley que le permitiera activar el dispositivo de Movilización Nacional ideado para tiempos de guerra.

Esta herramienta hubiera dado vía libre a Bolsonaro, según la reglamentación vigente, para la "reorientación de la producción, la comercialización, la distribución y el consumo de bienes y la utilización de servicios; la intervención en los factores de producción públicos y privados; la requisición de bienes y servicios, y la convocación de civiles y militares". Algo con "malas intenciones", sospecha el diputado federal Ivan Valente, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). "Una coincidencia muy grande". Para el veterano parlamentario, el proyecto –que fue paralizado por los líderes de los bloques en el Congreso–, buscaba atribuir al presidente "poderes que no puede tener, y sería un desastre, además de atacar al Estado de Derecho y al pacto federativo, agudizaría a crisis sanitaria".

Desde el conservadurismo también han llegado críticas a la maniobra bolsonarista. "Esto significa pasar al presidente de la República el comando directo de las policías militares, que hoy están bajo la tutela de los gobernadores, como define la Constitución Federal en el Pacto Federativo", alertaba el diputado federal Kim Kataguiri en sede parlamentaria, referencia de la joven derecha brasileña. "Tiene apariencia de golpe, huele a golpe". Es, también, como añade Valente en conversación con este diario, "un intento de asfixiar la acción de los gobernadores y los alcaldes en la pandemia. Una especie de estado de sitio, que anda persiguiendo".

El cambio de piezas más inquietante en los últimos movimientos presidenciales ha sido la sustitución en el ministerio de Defensa: el general Fernando Azevedo e Silva, cesado fulmimantemente, sin explicaciones previas, deja paso a otro general, Walter Souza Braga Netto. Azevedo e Silva había demostrado en numerosas ocasiones que entiende las Fuerzas Armadas como entes fieles al pueblo, autónomas y neutrales, y no aparatos de un Gobierno en particular. Los comandantes del Ejército (Edson Pujol), la Marina (Ilques Barbosa) y la Aeronáutica (Antonio Carlos Moretti) cerraban filas con él. En una nota oficial conjunta publicada en noviembre recordaban que la Constitución hace hincapié en "la característica fundamental de las Fuerzas Armadas como instituciones de Estado, permanentes y necesariamente apartadas de la política partidaria"

Braga Netto, ministro de Defensa: matanza y tortura

El general Braga Netto, por su parte, es mucho más expeditivo. Su acumulación de poder está siendo fulgurante en el último lustro. Pasó de ser el comandante del Comando Militar del Este a ser nombrado por el presidente Michel Temer interventor federal de Río de Janeiro, cuando el sucesor de Dilma Rousseff decidió militarizar la seguridad pública de uno de los estados más agitados de Brasil. Una vez acabada esa misión, y ya con Bolsonaro en el poder, Braga Netto asumió el cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército. Al mismo tiempo que se confirmaba su transición a la reserva, en febrero de 2020, el presidente le reclamó para el Gobierno, liderando el ministerio de la Casa Civil, donde ha permanecido poco más de un año antes de pasar a dirigir la cartera de Defensa.

En la etapa del general Braga Netto como comandante del Comando Militar del Este uno de sus destacamentos estuvo involucrado en lo que se conoció como la "Matanza de Salgueiro", en el Complexo de favelas de Salgueiro (municipio de São Gonçalo, Río de Janeiro). En su periodo como interventor federal en Río de Janeiro estalló el caso de la Sala Roja de la tortura, que Público desarrolló en dos reportajes: el mayor escándalo en democracia del Ejército brasileño. Braga Netto logró bloquear las investigaciones en ambos episodios.

Para entender los sucesivos requiebros de Bolsonaro al frente del Ejecutivo hay que centrar la mirada en el porcentaje de fieles estimado –en torno a un 15%– que se agrupan entre los ciudadanos que aún consideran positiva su administración –cerca de un 30%, con pocas variaciones a lo largo del tiempo–. Uno de los principales objetivos del presidente, de cara a las elecciones presidenciales programadas para octubre de 2022, es conservar esta franja más radical de su electorado. No todos los candidatos pueden presumir de esa fidelidad de antemano de cara a unos comicios. Volverá a ser, para Bolsonaro, el perfecto punto de partida. Sus reacciones revelan autoridad, ante las dudas aparecidas sobre su capacidad para dirigir el país –ha subido el rechazo a su gestión también, sobre todo tras el fin del auxilio emergencial, que ahora vuelve pero a menos escala–, y esa autoridad de momento satisface a sus seguidores más acérrimos.

La posición de la Fuerzas Armandas

Lo que nunca ha conseguido atar al cien por cien Bolsonaro es algo que sellaría más si cabe su base de apoyo social: el apoyo sin fisuras de la mayoría de los militares. En el seno de las Fuerzas Armadas el pensamiento más extendido es que la imagen de las corporaciones está saliendo perjudicada formando parte del gobierno Bolsonaro, y eso es el principal capital de la institución. Las Fuerzas Armadas cerraron el régimen militar (1964-1985) casi sin despeinarse, sin un solo rasguño, protegidas por una ley de amnistía que evitó cualquier indagación judicia sobre la barbarie de la dictadura. Los militares presumen, encuesta tras encuesta, de ser la institución mejor valorada por los brasileños. La sensación de desprestigio se agudizó con la figura del general Eduardo Pazuello, sin ningún conocimiento del sistema público de salud, encabezando el ministerio de sanidad. Su especialidad, anunciaron desde las altas esferas, era la logística. Pazuello, ya exministro –tercer exministro–, va camino de ser imputado por la falta de suministro de oxígeno medicinal en el estado de Amazonas a principios de enero.

"La mayoría de los altos mandos dieron el aval al gobierno Bolsonaro", recalca el diputado Ivan Valente. "Sucede que se ha demostrado que el Gobierno es desastroso, por lo cual ahora gran parte de ellos no quiere ser una guardia pretoriana del presidente y su familia. Bolsonaro quiere que estén a su servicio". Valente cree que aún es posible confiar en las Fuerzas Armadas, y, contextualizando cada época, hay bastantes diferencias entre 2021 y 1964, año del último golpe militar, que Bolsonaro conmemora cada 31 de marzo: "Actualmente no hay espacio nacional ni internacional para que Brasil sea Myanmar".

El trauma de ver a las Fuerzas Armadas en el poder es "muy grande", comenta Felipe Santa Cruz, presidente de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) para este reportaje. "Una parte de las Fuerzas Armadas se equivocó al entrar en el gobierno Bolsonaro, que ha militarizado el Ejecutivo de manera desproporcionada". A la hora de la verdad, para tranquilidad de Santa Cruz, de la OAB y de buena parte de la población, "los comandantes han tenido buen comportamiento" en los momentos de máxima tensión.

Por si no hubiera suficiente presión para Bolsonaro, el Efecto Lula sigue su curso, tras el regreso al tablero político del líder del Partido de los Trabajadores (PT), tras las últimas decisiones del Tribunal Supremo. El bloque parlamentario del Centrão –grupo de partidos de derecha y centroderecha–, necesario como base de apoyo para cualquier Ejecutivo, se vende ahora mucho más caro que antes del resurgimiento del expresidente Lula da Silva, a dieciocho meses de las elecciones presidenciales. Lula conoce bien al Centrão y suele gestionar bien su influencia –eso a Dilma Rousseff se le escapó en 2016–. De aquí surge la decisión más arriesgada para Bolsonaro en la reforma ministerial de esta semana: ceder uno de los ministerios "de palacio" –los que comparten sede con el presidente de la República– al Partido Liberal, miembro del Centrão. La diputada federal Flávia Arruda ocupará el cargo de ministra de la Secretaría del Gobierno.

Entre los últimos movimientos presidenciales lo único que se veía venir era el derrumbe del canciller Ernesto Araújo. Las críticas del Congreso Nacional eran ya insufribles para el Gobierno. Araújo, falto de diplomacia y sobrado de arrebatos ideológicos, consiguió en su etapa al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores encrespar a Alemania, Israel y la comunidad judía mundial al afirmar que el nazismo y el fascismo son "movimientos de izquierda", y ha logrado también enfurecer a China, el mayor socio económico de Brasil, asegurando, entre otras cosas, que "el coronavirus hace despertar nuevamente la pesadilla comunista". Derecha, centro e izquierda coinciden en que su presencia ha perjudicado al país en unos meses en que urgía la negociación por vacunas. Su sustituto, Carlos Alberto Franco França, encargado de lavar –o al menos tratar de corregir– la imagen internacional de Brasil, no ha liderado ni una sola misión diplomática en el exterior, exactamente igual que Araújo.

Río de janeiro

01/04/2021 16:56 Actualizado: 01/04/2021 17:45

Víctor David López

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En la localidad cocalera de Chimoré, al centro del país, el presidente Luis Arce encabezó ayer el acto de inicio de la segunda fase de erradicación de cultivos excedentes de coca, al retomar la política de Evo Morales.Foto Xinhua

Lula, Rousseff, Correa y Mujica, entre otros, denuncian que desconoce las elecciones de 2020 y ataca al gobierno democrático de Luis Arce

 

La Paz. Más de 30 líderes de América Latina, entre ellos 12 ex presidentes, ex cancilleres y dirigentes políticos, se pronunciaron ayer contra la "intromisión en asuntos internos" de Bolivia del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien planteó la necesidad de reformas en el sistema judicial boliviano, así como de una comisión para investigar casos de corrupción.

"Manifestamos nuestra preocupación y rechazo por los comunicados del secretario general de la OEA, Luis Almagro Lemes, que sienta un peligroso precedente para una organización creada con el propósito de buscar consenso, fomentar el diálogo interamericano y la solución pacífica de controversias en el hemisferio", señalaron, entre otros, los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, de Brasil; Fernando Lugo, de Paraguay; Rafael Correa, de Ecuador; José Mujica, de Uruguay, y el propio Evo Morales, de Bolivia, en una declaración que publicaron medios estatales de esa nación.

La declaración se refiere a comunicados recientes en los que el jefe de la OEA, al cuestionar la detención de la ex presidenta de facto boliviana Jeanine Áñez, propone una intervención internacional para reformar la justicia de Bolivia e investigar denuncias de corrupción en el país.

Los firmantes mantuvieron ayer un encuentro virtual, en el que consensuaron la declaración. También participaron los ex presidentes Ernesto Samper, de Colombia; Leonel Fernández, de República Dominicana; Manuel Zelaya, de Honduras; Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, y Álvaro Colom y Vinicio Cerezo, de Guatemala, así como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el ex canciller argentino Jorge Taiana, y el presidente del Observatorio de la Democracia del Parlasur, Oscar Laborde.

"Luis Almagro manifiesta una intromisión en asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia al proponer, entre otras cosas, crear una comisión internacional para investigar supuestas denuncias de corrupción y para reformar el sistema de justicia", señalaron en la declaración.

Subrayaron que "estas declaraciones exceden, largamente, su misión como secretario general del organismo regional e ignoran el funcionamiento del sistema interamericano". Almagro comete "una intromisión en los asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia", denunciaron.

"El secretario general (de la OEA) debe abstenerse de realizar pronunciamientos unilaterales en los cuales involucra a todos los miembros de la organización sin respetar el carácter colegiado de su mandato, y no debe intervenir en los asuntos internos de los estados miembros", afirmaron.

La carta se sumó al rechazo al rol de Almagro manifestado la semana pasada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y por el Parlamento Andino.

“No podemos soslayar ni olvidar la responsabilidad de la OEA, especialmente la de su secretario general, Luis Almagro, con el informe sobre el proceso electoral de 2019 –cuyo contenido debe auditarse– que terminó en un golpe de Estado de lamentables consecuencias para Bolivia, quebrantando la democracia y el estado de derecho, con graves violaciones a los derechos humanos, con masacres y asesinatos, con persecución política y proscripciones”, plantearon los dirigentes latinoamericanos en el documento.

La OEA avaló las denuncias de fraude que sin pruebas hizo la oposición de derecha para no reconocer los resultados de las elecciones de 2019, en las que Evo Morales ganó un cuarto mandato consecutivo. El mandatario fue obligado a renunciar por la cúpula castrense y policial; 25 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en Sakaba, en el Chapare, y Senkata, en La Paz, a consecuencia de la violenta represión a seguidores del depuesto gobernante.

En la declaración advirtieron que Almagro ataca ahora a un gobierno democrático, el de Arce en Bolivia, y aseguraron: "Denunciamos y rechazamos con vehemencia esta nueva maniobra contra un gobierno elegido democráticamente. Una intervención lisa y llana, similar a la que nuestros pueblos han padecido en el pasado. En este caso, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, avasalla las instituciones bolivianas y desconoce los resultados de las elecciones realizadas en octubre de 2020, que permitieron el retorno al camino democrático a nuestro hermano país".

Pidieron a los estados miembros de la OEA que rechacen "este tipo de acciones que dañan la democracia latinoamericana y caribeña, ponen en riesgo la convivencia pacífica y vulneran la soberanía".

La declaración fue suscrita además por el ex canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, el legislador colombiano Iván Cepeda y Citlalli Hernández, secretaria general del partido Morena de México.

Arce, del Movimiento Al Socialismo, ganó las elecciones generales celebradas en octubre pasado en Bolivia al término del gobierno golpista de la derechista Áñez, quien está detenida desde el 13 de marzo en espera de juicio por su participación en el golpe de Estado contra Morales en noviembre de 2019.

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Brasil: fracasa el autogolpe de Bolsonaro

Con el relevamiento de seis ministros y la renuncia de la cúpula militar en protesta por la destitución del ministro de Defensa, Jair Bolsonaro enfrenta la peor crisis en sus poco más de dos años de mandato, lo que coloca a su gobierno al borde del precipicio político.

Entre el lunes 29 y el martes 30 de marzo, confluyeron por lo menos tres crisis: la internacional que se relaciona con las malas relaciones con China, lo que le costó el cargo al canciller ultraderechista Ernesto Araújo; la conformación de un frente empresarial y político contra Bolsonaro y el fracaso a la hora de alinear a los militares tras su errático gobierno.

Las cosas van tan mal para el presidente, que hasta el Capitán Augusto, José Augusto Rosa, un policía militar diputado por el estado de San Pablo, pasó de ser un fervoroso bolsonarista a decir que Brasil está peor que con Lula. Capitán Augusto representa el sentir de la Policía Militar, el sector uniformado más afín al presidente.

El Capitán Augusto preside el Frente Parlamentario de Seguridad, la llamada "bancada de la bala" que defiende la liberación de la tenencia de armas para combatir la delincuencia.

"Después de los gobiernos del PT que no nos gustaban, creíamos que había llegado nuestro turno. En realidad, acabamos perdiendo más en estos dos años que en los últimos diez", dijo esta semana.

La crisis comenzó con la renuncia del canciller Araújo. Se trata del más ultra de sus ministros, alineado con Donald Trump, opuesto a la globalización, enemigo de China y Rusia, que denomina al coronavirus como comunoviros. Según los medios, Araújo es el mayor responsable por el hecho de que el país "no haya conseguido comprar dosis suficientes para una vacunación en masa que permita vislumbrar un horizonte para una recuperación económica".

Con el relevamiento de seis ministros y la renuncia de la cúpula militar en protesta por la destitución del ministro de Defensa, Jair Bolsonaro enfrenta la peor crisis en sus poco más de dos años de mandato, lo que coloca a su gobierno al borde del precipicio político.

Entre el lunes 29 y el martes 30 de marzo, confluyeron por lo menos tres crisis: la internacional que se relaciona con las malas relaciones con China, lo que le costó el cargo al canciller ultraderechista Ernesto Araújo; la conformación de un frente empresarial y político contra Bolsonaro y el fracaso a la hora de alinear a los militares tras su errático gobierno.

El segundo frente que se desbordó contra Bolsonaro es el empresarial. El 21 de marzo se difundió una carta firmada por más de 1500 economistas, empresarios y banqueros, que está en contra de separar la economía de la salud porque no pueden maginar un crecimiento del país con la pandemia fuera de control.

La carta exige una adecuada gestión gubernamental, sugiere un cierre de la actividad (a lo que Bolsonaro se niega radicalmente) y pide un manejo racional y adecuado para "poner fin al deterioro que está experimentando el país está experimentando el país".

En efecto, mientras la pandemia está en una fase explosiva, el gobierno naufraga cambiando sus ministros de Salud (ya cayó el cuarto en un año) con la dimisión del general de división Eduardo Pazuello, porque Bolsonaro "por primera vez en dos años teme perder las elecciones de 2022”, según la revista Veja.

Este es el punto central de la crisis del Gobierno Bolsonaro, que explica además su quiebre con los militares. A principios de marzo el poder judicial decidió anular las causas que pesan sobre Lula, con lo cual el expresidente puede presentarse a las elecciones de octubre de 2022, con grandes posibilidades de retornar al Palacio de Planalto.

Esta decisión no sólo cambio el escenario político sino que fue un verdadero terremoto, inesperado para la derecha brasileña, incluyendo a militares y empresarios, que coloca a la defensiva todo el proyecto que llevó a Bolsonaro al gobierno, incluyendo sobre todo las privatizaciones de las grandes empresas, como Petrobras, cuestión que ha avanzado mucho menos de lo esperado.

Todo indica que la crisis con los militares se produjo a raíz del pedido del presidente al ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, para que exigiera al comandante del ejército, Edson Pujol, que se pronunciara contra la decisión judicial que anuló las condenas del expresidente Lula.

Bolsonaro pretendía que el alto mando actuara de la misma forma que en 2018, cuando el comandante del Ejército Eduardo Villas Boas difundió un tuit rechazando la impunidad que, según su interpretación, el Supremo Tribunal podía otorgarle a Lula al aceptar un pedido de habeas corpus presentando por su defensa. Pero ahora el ministro de negó en redondo y fue dimitido.

Los comandantes de las tres armas presentaron su dimisión, en un claro posicionamiento contra un gobierno muy desgastado del que necesitan tomar distancia.

Una de las voces más claras en este sentido proviene de los cuarteles. El general Carlos Alberto dos Santos Cruz fue ministro jefe de la Secretaría de Gobierno de Bolsonaro y renunció a los cinco meses por disputas con los hijos del presidente que capitanean el ala ideológica del gobierno junto al astrólogo Olavo de Carvalho, que vive en Estados Unidos.

El aislamiento llevó a Bolsonaro a radicalizarse, amenazando con un estado de sitio permanente y con revertir decisiones de la justicia que tiene pendiente actuar contra sus hijos, vinculados a actividades ilegales, a grupos paramilitares que pueden haber cometido crímenes como el asesinato de Marielle Franco, concejala de Rio de Janeiro y defensora de los derechos humanos.

"No hay clima para un golpe de Estado", dijo Santos Cruz estos días, lo que revela que la posibilidad existió. "Las fuerzas armadas tienen una postura institucional muy fuerte y no se embarcan en esa onda", agregó.

En momentos de delirio mesiánico, Bolsonaro acostumbraba decir "mi Ejército", exagerando tanto su pertenencia al arma con el apoyo que recibía. Una frase que, de ahora en más, le será difícil pronunciar. Huérfano de apoyo militar, el presidente queda a expensas del Congreso, algunos de cuyos miembros ya proponen la destitución.

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