Vladimir Putin tiene vía libre para buscar su reelección como presidente de Rusia

Una enmienda a la Constitución aprobada por el Senado le permite seguir hasta 2036

 

El Senado ruso sancionó una enmienda a la Constitución de ese país que restringe a dos períodos de seis años la duración de los mandatos de un mismo presidente. La medida, que no tiene carácter retroactivo, permite que Vladimir Putin se pueda presentarse solo por dos períodos más y seguir al frente de la Federación Rusa hasta 2036.

La norma fue aprobada por el Consejo de la Federación (Senado) una semana después de que la iniciativa recibiera luz verde en la Duma de Estado (Cámara baja del Parlamento). El autor de la iniciativa es del senador Andréi Klishas y fue debatida en el marco de la realización de cambios a la Carta Magna de ese país.

El cambio votado deja claro que se limita a dos el máximo de mandatos presidenciales que la misma persona puede ocupar, pero que esto no se aplica "a la persona que ejerza o haya ejercido el cargo de presidente de Rusia en el momento de la entrada en vigor" de las enmiendas.

Es decir que la nueva ley permite a Putin postularse en las elecciones de 2024 y 2030.

La norma también establece que a la Presidencia puede postularse un ciudadano de Rusia que tenga al menos 35 años, que viva permanentemente en el país durante al menos 25 años y que no tenga ni haya tenido nunca la ciudadanía o permiso de residencia de otro Estado.

Además, estipula que solo un ciudadano de la Federación de Rusia mayor de 30 años puede encabezar la Comisión Electoral Central.

Lo que ahora resta es que lo votado sea ratificado por el propio presidente Putin. El presidente, de 68 años, está completando su segundo mandato -que termina en 2024-, tras haber ejercido previamente la Presidencia entre 2000 y 2008, cuando este cargo lo asumió por cuatro años Dimitri Medvedev y él se convirtió en primer ministro.

El referéndum de la Constitución, celebrado en 2020, fue aprobado por el voto favorable del 77,92 por ciento de los votantes.

Además de fijar límites a la continuidad de un mismo gobierno, modificó también las funciones del Ejecutivo y del Poder Legislativo, y prohibió expresamente la secesión de los territorios que integran Rusia.

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Ecuador: campaña, operaciones y denuncias

Faltan menos de dos semanas para el ballottage del 11 de abril

Andrés Arauz lidera los sondeos y su rival, el banquero Guillermo Lasso, busca proyectar una imagen distinta de la mano de Durán Barba. 

 

Andrés Arauz es recibido en un pueblo pequeño de la provincia de Azuay, en la sierra. Las personas se acercan, toman fotos, lo abrazan, levantan el índice para indicar uno, es decir el número de su lista electoral, hay euforia. De fondo se ven las montañas verde lluvia, el final de otro día maratónico de campaña que lleva al candidato de la revolución ciudadana a través de ciudades, pueblos, reuniones, y entrevistas.

Quedan ya menos de dos semanas para el ballottage del 11 de abril, la línea final donde, se sabe, pueden definirse porcentajes electorales decisivos, en particular en una contienda donde el voto nulo ronda el 25%. Arauz, quien lidera los sondeos, enfrenta a Guillermo Lasso, el candidato banquero, así conocido por su pasado como presidente del banco de Guayaquil, uno de los principales en el país.

La dinámica de campaña es incesante, tanto en las diferentes provincias, como, a su vez, en uno de los territorios centrales para cualquier campaña actualmente: las redes sociales, tanto Twitter, como Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube, y Google para anuncios que aparecen en páginas o aplicaciones. Es allí donde se juega una de las claves, la posibilidad de llegar a diferentes públicos, romper los círculos propios, diseñar mensajes particularizados con precisión de big data.

Ese terreno es central para cada candidato, en particular para Lasso, debido a la necesidad que tiene de construirse una identidad distinta a la que ha sido durante sus más de veinte años de vida política y económica, dos esferas profundamente imbricadas en su caso. Lasso debe aparecer como cercano a pueblos indígenas, a las mujeres, a la juventud, preocupado por las mayorías sociales, los trabajadores, el ambiente, empático, en lo que conforma una operación de simulación/engaño que recuerda a la realizada por Mauricio Macri en su campaña electoral. No es casualidad que el asesor de ambos sea la misma persona: Jaime Durán Barba.

El objetivo de la operación mediática es construir un candidato con un proyecto diferente al que encabeza, y, a su vez, borrar tanto su pasado como su presente. Acerca de lo primero, se busca presentarlo como inocente en la principal crisis que vivió el país, en 1999, conocida como el feriado bancario, cuando miles de ecuatorianos tuvieron que emigrar del país mientras la banca acumulaba fortunas, como el banco de Guayaquil, que pasó de un patrimonio de 54 millones de dólares en 1998 a 75 millones en el 2002, según los datos de la superintendencia de bancos.

Acerca de lo segundo, su campaña política busca presentarlo como ajeno al actual gobierno de Lenín Moreno, y esconder la repetición de lo ocurrido en 1999: su enriquecimiento personal en un momento de crisis nacional. En efecto, según el servicio de rentas internas, sus ingresos en el 2020 fueron de 6,4 millones de dólares, mayores al 2019 con 2 millones, al 2018 con 2,3 millones o al 2017, con 4,3 millones. Durante esos años, en simultáneo, fueron despedidos 130 mil trabajadores del Estado y 600 mil en el ámbito privado.

Pero Lasso no solamente aumentó en millones su patrimonio, sino que, además, fue y sigue siendo parte del diseño de las políticas del gobierno de Moreno. Esto es particularmente notorio en el actual intento de privatizar el Banco Central del Ecuador (BCE) que impulsa Moreno a través de la denominada Ley de Defensa de la Dolarización, un proyecto que busca autonomizar al BCE del poder ejecutivo, y ponerlo en mano de sectores privados, un intento que proviene desde la década del 90.

El proyecto de Ley, que ya había sido rechazada dos veces por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, fue aceptado este lunes, para ser tratado en el seno del poder legislativo de forma urgente. El intento de Moreno/la banca es una de las últimas maniobras económicas fuertes antes de dejar el gobierno el 24 de mayo, que, en caso de resultar, dejaría al próximo ejecutivo en una situación de aún mayor fragilidad y manos atadas. No es la única, también busca, por ejemplo, concretar la privatización de la refinería de Esmeraldas antes de abandonar el palacio presidencial de Carondelet.

Ese programa de gobierno es el que encabeza tras bastidores el sector bancario, es decir el de Lasso, ahora transformado en candidato con poncho y pinturas amazónicas. Su campaña, tanto la pública como la sucia, cuenta, al igual que en la primera vuelta, un fuerte financiamiento que, según Arauz proviene de vías ilegales: “ese despliegue enorme con vayas, publicidad en las radios, una campaña de redes con trolls ubicando en diferentes países del mundo (…) es pagado con recursos de depositantes del banco de Guayaquil”, por lo cual realizó una denuncia penal por delito de peculado bancario.

Se espera que las menos de dos semanas restantes puedan verse atravesadas por diferentes operaciones de difamación y campaña sucia contra Arauz, al igual que la preparación vía encuestadoras -en particular Cedatos, de Lasso- del terreno para la jornada de votación, en una acción similar a la de las presidenciales del 2017. En aquella oportunidad la maniobra consistió en instalar con anticipación una victoria de Lasso, y anunciarlo como ganador tempranamente el día de la elección a través de diferentes canales, como Ecuavisa, para crear el engaño de su victoria seguido de la denuncia de fraude.

Esa vertiginosidad en ámbitos de campaña y actividades no parece, sin embargo, tener un correlato en la sociedad. Quito, así como Cuenca -capital de Azuay- no ofrecen la imagen de un país en campaña, y las conversaciones diarias tampoco dan cuenta de pasiones electorales. Esa baja expectativa política parece ser otro de los legados de Moreno, quien pasará a las páginas de la historia como un caso modelo de traición política.

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Bolsonaro cedió a las presiones de un sector del Parlamento y cambió a seis ministros

El presidente de Brasil realizó un fuerte cambio en su gabinete, entre ellos los de sus ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores y consolidar de paso su alianza con el llamado "Centrao".

 

El cambio en el gabinete del Gobierno brasileño comenzó con la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo. Luego de un ataque a la senadora Katia Abreu del Partido Progresista. El primer trago amargo para Bolsonaro, con el jefe del Itamaraty pidiendo su renuncia, resultado de la presión del parlamento que se movía para pedir su juicio político.

En total dejaron su cargos los ministros Ernesto Araújo (Relaciones Exteriores), Fernando Azevedo e Silva (Defensa), André Mendonça (Justicia), Luiz Eduardo Ramos (Secretaría de Gobierno), Walter Souza Braga Netto (Jefatura de Gabinete) y José Levi (Fiscalía General, o AGU).

La caída de Ernesto Araújo fue un duro golpe para el bolsonarismo. El ahora excanciller, había llegado a decir que "Trump había llegado para salvar a Occidente". Su partida debilita al presidente y allana el camino para una mayor domesticación de Bolsonaro cediendo al Centrão, un sector de la derecha y centro derecha del parlamento que comanda Diputados y el Senado, que permanece como base de apoyo para el presidente a costos cada vez mayores.

Luego llegó la salida del ministro de Defensa, el general Azevedo, que fue despedido del cargo por Bolsonaro. "Preservé a las Fuerzas Armadas como instituciones de Estado", dijo el ministro de Defensa saliente en un comunicado difundido luego de reunirse con el presidente en el Palacio del Planalto.

Varios analistas brasileños indican que el ahora exministro se habría opuesto a un plan de Bolsonaro para declarar toque de queda en todo el país. Lo cierto es que una parte de la cúpula militar busca que el Ejército se involucre de forma menos visible en la política, en parte fruto de un realineamiento de los militares con la nueva administración en la Casa Blanca, del actual presidente Joe Biden.

Los militares fueron un sector clave en el régimen surgido del golpe institucional contra Dilma Roussef y las arbitrariedades posteriores, pero ahora, ante las presiones de Washington, no quieren parecer tan próximos a Bolsonaro. En ese sentido se entiende la posición del jefe del Ejército, general Edson Pujol, en favor de las cuarentenas declaradas en algunos Estados del país.

Este es el segundo general que echa el ex capitán Bolsonaro: la semana pasada cayó el hasta entonces ministro de Salud, Eduardo Pazuello.

La modificación en el gabinete fortalece la presencia y ascendencia del "Centrao" en el Gobierno. Es posible que la elección del nuevo ministro de Relaciones Exteriores no esté solo en manos de Bolsonaro.

Detrás de la salida de Araújo se vio otra disputa. Su permanencia en el Gobierno era insostenible luego de que el ministro acusó a la senadora Kátia Abreu, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, de presionar a favor de los chinos por la implementación del 5G en el país.

El discurso dirigido al sector más duro que apoya al Presidente fue evidente, movilizando a las tropas a través del elemento anti-China. En las redes sociales los bolsonaristas salieron en defensa del ministro, denunciando la intervención china. Sin embargo, la táctica del canciller solo logró inflar el parlamento en su contra de una vez por todas, especialmente el “centrao” del que Kátia Abreu es parte.

En su denuncia a la simpatía de la Senadora con China, sobre en el tema del 5G, Araújo buscó enfatizar el componente funcional de la política bolsonarista, de subordinación en primer lugar a Washington, incluso para la nueva diplomacia de Biden.

Sin embargo hay un elemento a tener en cuenta, desde la perspectiva del futuro nombramiento de un titular del Itamaraty. Kátia Abreu, en su respuesta a Araújo, no negó que defendió que "las licitaciones no pueden incluir vetos ni restricciones políticas", asumiendo una posición más pro China. La que fuera ministra de Agricultura de los gobiernos del PT expresa los compromisos de la agroindustria, de pensar pragmáticamente en primer lugar para sus clientes, el mayor de los cuales es China.

La modificación en el gabinete abrió lugares para el "Centrao". El titular de Diputados, Arthur Lira, hombre clave del sector de los parlamentarios que apoya al Gobierno, amenazó la semana pasada con "remedios amargos" frente a la criminal política de Bolsonaro ante la pandemia, de la cual el país es el centro mundial con más de 2.500 muertos diarios en promedio por semana y el 80% del país bajo colapso.

Lo que nuevamente resalta son las grietas y disputas por arriba y el colapso del gobierno de Bolsonaro. En este momento de debilidad del régimen, el surgimiento de la clase trabajadora como actor independiente de estas disputas sería fundamental. Sin embargo, Lula y las centrales sindicales actúan una vez más para garantizar la pasividad y la unidad de intereses, perdonando el golpe y abriendo el camino de la conciliación para el 2022.

Lo fundamental sería levantar una fuerza de trabajadores en cada lugar de trabajo y estudiar para sacar no solo Araújo, sino para oponerse a Bolsonaro, los militares y todos los golpistas en su conjunto. Una fuerza de trabajadores para garantizar una salida ante la crisis que vive el país.

Por Diego Sacchi@sac_diego

Lunes 29 de marzo | 21:54
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Presidente de Chile envía un proyecto de ley que busca aplazar las elecciones de abril

La propuesta tiene como objetivo "cuidar la salud" de los ciudadanos chilenos en medio de la pandemia.

 

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este domingo "el envío de un proyecto de ley que busca aplazar las elecciones de este 10 y 11 de abril", con la intención de "salvaguardar la seguridad de las chilenas y chilenos producto de la pandemia", publicó la cuenta oficial del Gobierno chileno en Twitter. Las nuevas fechas para los comicios propuestas por el Gobierno son el 15 y el 16 de mayo de 2021

"Enviaremos un proyecto de ley de reforma constitucional para postergar por cinco semanas las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores", afirmó el mandatario; Piñera aseguró que "ha sido una decisión muy difícil" que se tomó para "proteger la salud y la vida de todos los compatriotas".

Además, anunció que la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores, prevista para el 9 de mayo, se aplazará hasta el 4 de julio, junto con las elecciones primarias presidenciales. El mandatario chileno instó al Congreso Nacional a "analizar, plantear mejorías y aprobar con urgencia esta necesaria reforma constitucional".

Piñera señaló que después de la propagación de nuevas variantes del coronavirus, en el país ha aumentado el número de contagios, por lo que "el consejo de expertos del covid-19, el Ministerio de Salud, el Colegio Médico y la comunidad médica en general han planteado con fuerza y claridad la necesidad de postergar las elecciones".

Publicado: 29 mar 2021 00:40 GMT

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Lunes, 29 Marzo 2021 05:11

Voto x voto

Manifestantes con carteles en honor a George Floyd y otras víctimas del racismo, ayer, frente al Centro de Gobierno del condado de Hennepin, en Minneapolis. Republicanos han introducido 253 proyectos de ley en 43 de los 50 estados de la unión, con el fin de suprimir el voto de ciertos sectores, sobre todo de los que en Estados Unidos se llaman de color.Foto Afp

Mientras Estados Unidos anuncia al mundo que ese país ha regresado como su autoproclamado campeón de la democracia, en su propia casa la mayor ofensiva política es promover medidas antidemocráticas diseñadas para suprimir el voto de millones de sus ciudadanos.

Los republicanos han introducido 253 proyectos de ley en 43 de los 50 estados de la unión, con el objetivo de suprimir el voto deciertos sectores, sobre todo de los que aquí se llaman de color, incluyendo los afroestadunidenses, los latinos y otras minorías, junto con el voto de los jóvenes y de los pobres que suelen favorecer a los demócratas.

Una de estas iniciativas ya prosperó en Georgia la semana pasada, justo el estado donde los demócratas ganaron el control del Senado federal, y donde Trump y sus aliados buscaron presionar a los encargados de la elección a revertir los resultados de los comicios presidenciales. La nueva ley, como las otras 249 pendientes, impone una serie de restricciones para obstaculizar el ejercicio del derecho al voto, incluyendo la eliminación de boletas enviadas por correo, reduciendo los horarios del voto, nuevos requisitos de identificación, y hasta hacer mas incómodo el proceso al prohibir que personas ofrezcan agua y alimento a los que están esperando en filas en una casilla.

El voto afroestadunidense, junto con el latino y de otras minorías, fue lo que llevó al triunfo demócrata en Georgia. La foto oficial de la promulgación en ley de la nueva medida mostraba al gobernador republicano Brian Kemp firmando la norma rodeado por seis hombres blancos. Estas iniciativas son impulsadas con la narrativa falsa de que ocurrió un magno fraude en la ultima elección, es decir, se presentan con el argumento de que son para proteger la integridad de las elecciones ante acusaciones de fraude electoral para el cual hay nula evidencia.

De hecho, promotores de estas leyes acusan que los inmigrantes indocumentados –algo que repitió Trump y otros durante los últimos cinco días como parte de su ataque contra mexicanos y otros latinoamericanos– son usados por los demócratas para perpetrar ese fraude. O sea, vinculan la crisis en la frontera inflada por los republicanos en su argumento para proteger el voto.

Líderes demócratas y de derechos civiles afirman que representa una amenaza existencial a este sistema, el ex presidente Jimmy Carter, quien se ha dedicado a ser observador electoral en más de 100 elecciones alrededor del mundo, denunció esta medida antidemocrática en su estado de Georgia y el propio presidente Biden lo declaró como algo antiestadunidense.

De hecho, para líderes de derechos civiles, esto es el ataque más ambicioso para revertir las conquistas de los movimientos de los 60. Más aún, esta ofensiva reaccionaria está vincu-lada con la promoción de políticas xenofóbicas y racistas que han nutrido la ola de crímenes de odio contra minorías, ofensiva que arrancó a nivel nacional con el ataque de Trump contra mexicanos en 2015.

Los republicanos y la derecha entienden que el futuro no les pertenece, y los cambios demográficos ya expresados por las nuevas generaciones implican el fin de su Estados Unidos. Para frenarlos aparentemente están dispuestos a sacrificar todos esos valores democráticos que dicen defender y desean exportar a otros países.

En respuesta, los demócratas y varios movimientos de derechos civiles, incluyendo algunas corrientes de Black Lives Matter y de algunas agrupaciones latinas, están luchando contra estas medidas y a la vez impulsando un proyecto de ley federal, que algunos califican como la iniciativa más importante para ampliar los derechos al voto desde los años 60. La protesta incluye medidas para el empadronamiento automático nacional de los que tienen derecho al voto, limitar la influencia de fondos privados en las contiendas, ampliar los horarios del voto, como también el uso de mecanismos como sufragio por correo.

Ésta es la noticia de hoy porque es la única que los historiadores registrarán de esta era: ¿los estadunidenses defendieron su democracia o cayeron en oligarquía?, escribe la historiadora Heather Cox Richardson.

Graham Nash. Vote https://youtu.be/CeR2ysos2PM

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Foto de archivo (09/01/2018) de civiles y voluntarios de la Defensa Civil Siria mientras buscan supervivientes después de que varios ataques aéreos en Hamoria, al-Ghouta (Siria). — MOHAMMED BADRA / EFE

La atroz guerra que desde el marzo de 2011 está devastando Siria lleva el sello de dos acontecimientos que sucedieron de forma simultánea:

  • El estallido de las protestas ciudadanas contra la dictadura de la familia Assad y sus políticas de reajustes neoliberales que llevaron a la ruina a millones de trabajadores y pequeños empresarios. Esta rebelión fue aplastada con tanques y fuego real por orden del presidente Bashar al-Assad alejándole aun más de los ciudadanos.
  • El proyecto de EEUU-Israel para reconfigurar el mapa de Oriente Próximo, con el objetivo de convertir estados estratégicos en estados ‘fallidos' y así controlar (con tranquilidad), una región cuya importancia radica en dos puntos: ser la primera reserva mundial de hidrocarburos y una zona próxima a China y Rusia.
  • Con este fin:
  1. en 2002, George Bush incluye a Siria en su lista de ‘eje del mal’, y
  2. en enero de 2011 EEUU traslada a su embajador en Bagdad, Robert Ford, a Damasco, fecha que empiezan los atentados y la guerra en el suelo sirio. Ford junto con John Negroponte (el jefe de los escuadrones de la muerte en Centroamérica) son creadores de los escuadrones chiitas y sunnitas en Irak. Curiosamente, dos años después este bombero pirómano será nombrado embajador en El Cairo para respaldar a la Hermandad Musulmana, y secuestrar la Primavera Árabe egipcia, como otra pieza para recomponer el nuevo rompecabezas de Oriente Próximo a la medida de los intereses de EEUU, en sustitución del que fue diseñado por Gran Bretaña y Francia en 1918.

Desde 2011, en una década de horror, han muerto en Siria al menos 400.000 civiles, la mitad de la población ha sido desplazada, tres millones siguen atrapados en zonas de guerra como Idlib, decenas de miles de niñas y mujeres han sido violadas y, no pocas, asesinadas. La economía, el sistema productivo y las infraestructuras han sido destruidas, el 83% de los sirios vive por debajo del umbral de la pobreza y el 60% pasa hambre debido a la inflación y el desempleo. La esperanza de vida ha caído unos 13 años hasta colocar a esta nación en el puesto 125 del ranking mundial (2016) y medio millón de menores de cinco años malnutridos sufren retraso en el crecimiento. Mientras tanto, EEUU ha endurecido las sanciones económicas sobre Siria… a eso se llama ‘guerra genocida’.

Por si fuera poco, la pandemia de la covid-19 se expande en un país con hospitales bombardeados y sin apenas red sanitaria: hasta Bashar al-Assad y su esposa Asma han sido contagiados, aunque ellos sí tienen acceso a servicios de salud.

Baile de ganadores sobre los escombros

  1. La guerra empezó para consolidar y ampliar el poder de Israel sobre la región, siendo éste el primero de los otros 12 objetivos de la contienda, mediante 1) deshacer el llamado Eje de la Resistencia, formado por Irán, Siria, Hizbolá y Hamas; 2) aislar y debilitar a Irán, entonces el principal rival de Israel en la región (ahora es Turquía); 3) el acceso a Israel a la totalidad de las reservas de petróleo y gas del Mediterráneo oriental, que también pertenecen a Gaza, Siria y Líbano; 4) lograr que los jeques árabes se sumaran al Gobierno de Tel Aviv contra el enemigo común: los ayatolás, y 5) dar una solución final a la ‘cuestión palestina’.

Después de reducir a cenizas y escombros a Irak y Libia, y paralizar el desarrollo de Irán mediante prolongadas sanciones económicas, la desgarrada Siria dejaría de ser un espacio estratégico donde cuestionar la hegemonía regional de Israel, el único poseedor de armas de destrucción masiva. En esta conjura contra Siria, Israel ha estado del lado del Estado Islámico.

  1. EEUU ha conseguido, por primera vez, instalar bases militares en este país de Eurasia y apoderarse del petróleo y gas sirios, además de ‘legitimar’ el dominio de Israel sobre los Altos de Golán. Pero, Washington ignora la lógica de los vasos comunicantes.
  2. Rusia, al proporcionar ayudas tácticas a Al Assad, ha conseguido objetivos estratégicos y, lo más importante, ha puesto fin a la hegemonía unilateral de EEUU, imponiendo, junto a China, un nuevo orden mundial multipolar. Desde Siria, el 'camarada Putin' pudo dar forma a su doctrina , con la restauración del poder de Rusia en los conflictos internacionales que le ha permitido transitar de una ‘potencia regional’ a ‘mundial’. El Kremlin ha tenido contrato de alquiler de la base de Tartus por otros 49 años y se hizo con otra en Hameimim. Aplicar las Enseñanzas de Primakov para un orden ‘post-occidental’ ha sido una de las claves de este éxito.


Grandes perdedores

Bashar al-Assad: Los planes para el presidente sirio de la Casa Blanca (experta en derrocar y asesinar a mandatarios de otros países) cambiaron varias veces. El primero fue acabar con él, como hizo con Sadam Husein, Slobodan Milošević o el coronel Gadafi. Pero Barack Obama se negó por tres motivos:

  1. a) Su prioridad fue firmar con Irán un acuerdo nuclear para evitar que este país usara la temida bomba;
  2. b) No consiguió una alternativa viable a Al-Assad;
  3. c) Era más beneficioso para EEUU e Israel mantener al presidente sirio en el poder que eliminarlo, la misma táctica que se usó con Saddam Husein entre 1991 y 2003.

De esta manera, EEUU no sólo dividía a los actores del conflicto en los ‘pro-Assad’ y los ‘anti-Assad’ (mezclando a millones de ciudadanos críticos al régimen con terroristas exportados y creando un pantano para defensores y opositores), sino que también prolongó la destrucción social y material de Siria hasta lograr que este país fuera incapaz de levantar cabeza en décadas, cuando el problema era, y sigue siendo, el sistema capitalista-dictatorial- tribal-sectario en sí mismo, y no su representante.

La Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de 2015 (firmada también por China y Rusia) estipulaba la celebración de elecciones parlamentarias en Siria bajo la supervisión de la ONU antes de junio de 2021, pero EEUU ha desacreditado desde el primer momento este proceso. Teniendo en cuenta que sin un acuerdo entre Biden y Putin no habrá estabilidad en Siria, y que Biden ha llamado "asesino" al presidente ruso, todo apunta a una guerra sin fin, mediante el envío de otros miles de terroristas (desde los campamentos de Jordania) para terminar la balcanización de Siria y establecer una nueva arquitectura de seguridad en Oriente Próximo ‘made in USA’.

El representante especial de EEUU para Siria, James Jeffrey, propone una partición camuflada del país: dejar que Al-Assad gobierne una autonomía alauita en Damasco, que Turquía administre el norte a cambio de consentir una autonomía kurda al este del Éufrates (no significa un Estado kurdo), y que el resto quede bajo dominio de EEUU y sus aliados árabes. Esta misma idea ha sido atribuida al jefe del llamado Consejo Militar Sirio, el general Manaf Tlass, instalado en París y quien al parecer ha viajado a Rusia para negociar un proceso electoral que ponga fin al régimen presidencial actual, y otorgar a Al-Assad el cargo de ‘presidente honorífico’ de un estado federal.

Pero los Países Bajos pretenden llevar al presidente sirio Al-Assad ante un tribunal internacional bajo la acusación de violaciones de derechos humanos. Hubiera sido buena idea, si tuvieran autoridad moral, celebrar un juicio justo contra él, pero también contra EEUU y sus aliados por crear cárceles secretas, secuestrar, torturar y asesinar a ciudadanos de otras naciones o hacer guerras ilegales con el resultado de miles de civiles muertos.

Irán: La salida de Al-Assad del poder pondría fin a las pocas opciones que tiene la República Islámica de mantener alguna influencia en Siria, para meter el dedo en el ojo de Israel. Hafez al-Assad, padre del actual presidente, se unió a los ayatolás en 1980 para luchar juntos contra dos enemigos comunes: Saddam Husein y Yaser Arafat. Pero, a pesar de gastar entre 20 y 30 mil millones de dólares en la guerra de Siria (datos de Heshmat Falahat, miembro de la Comisión de Exteriores del Parlamento iraní) y de perder a cientos de hombres y numerosos comandantes, Teherán no ha alcanzado sus dos propósitos: a) Disuadir a Israel en sus ataques a Irán y asesinar a sus dirigentes; y b) devolver Jerusalén al islam. Y ahora, que empieza el reparto de Siria, todos los actores -a pesar de sus antagonismos- coinciden en un punto: Irán debe marcharse; y ésta es la principal condición que ponen las petromonarquías de Golfo Pérsico para invertir en la reconstrucción de devastada nación. El ataque estadounidense del 25 de febrero a las posiciones de Irán en Siria, con el que Joe Biden se estrenó, indica que el nuevo residente de la Casa Blanca aplicará la política de mano dura contra la República Islámica en Irán, Siria y Líbano.

Turquía: ha instalado una base militar en Idlib, y es poco probable que desaloje esta provincia. Hubiera sido una gran ganancia si no fuera por la ruina económica que ha supuesto la guerra para las arcas públicas de Ankara o porque los grupos terroristas a los que ha patrocinado en Siria ya cuentan con base (autónoma) en suelo turco. Recep Tayyip Erdoğan no logró que la OTAN derrocara a Al-Assad (la muerte del pequeño Alan Kurdi fue su último intento), y ahora tendría que aguantar un enclave kurdo en Siria.

¿Por qué la guerra se ha alargado tantos años?

  • ‘No hay más de cinco notas musicales, sin embargo, sus diferentes combinaciones pueden crear melodías únicas’, decía Sun Tzui. Los cambios de alianza entre los actores de esta guerra han impedido crear bloques antagónicos (como los que se formaban durante la Guerra Fría). Turquía, por ejemplo, se unió a Arabia Saudí, Qatar y Emiratos para desalojar a Al-Assad del poder, pero los abandonó para acercarse a Rusia, mientras se suicidaba en tierras sirias.
  • Los actores no han conseguido ni imponer su voluntad a los demás ni establecer un orden consensuado.
  • La ausencia de una alineación completa entre los intereses de los países aliados, como Irán y Rusia. Que Israel haya podido lanzar unos 200 ataques mortales sobre los grupos patrocinados por Teherán en Siria, estando el cielo del país bajo el control ruso, ha mosqueado bastante a los ayatolás.
  • La cuestión kurda es un gran pretexto para llevar la guerra a un callejón sin salida. Los kurdos empezaron a luchar contra Al-Assad, bajo el favor de EEUU, pero tuvieron que pedir ayuda a Damasco cuando Donald Trump les abandonó invitando a su ‘amigo’ Erdogan a que diese un paseo con sus tanques por el norte de Siria matando kurdos. La única solución en estas circunstancias es que las minorías étnicas gocen de autonomía dentro de un sistema federal en los estados donde habitan.
  • Por ser un gran mercado de armas: la CIA ha transferido todo tipo de artefactos a los ‘rebeldes’ sirios por un valor de mil millones de dólares. Otros proveedores de los grupos terroristas han sido Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Croacia, Israel y Jordania. Por su parte, Rusia, no sólo aumentó la venta de sus armas al gobierno de Al-Assad sino también consiguió un nuevo cliente, Turquía, el socio de la OTAN, provocando un profundo conflicto en el seno de la Alianza.
  • La ausencia de un movimiento internacional contra las guerras, sin duda, es otro motivo de la continuidad de la tragedia de la nación siria.

De los 20 propósitos iniciales que tuvo Kremlin en su intervención en Siria, ha conseguido renovar el contrato de alquiler de la base de Tartus por otros 49 años, y hacerse con otra en Hameimim. Aplicar las Enseñanzas de Primakov para un orden "post-occidental" ha sido una de las calves de este éxito.

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Rusia: Duma habilita a Putin a tener otros dos mandatos

25 de marzo de 2021.- La Duma rusa (Cámara Baja del Parlamento ruso) aprobó una ley que habilita al presidente del país a presentarse a la reelección en dos ocasiones más.


Los diputados Pável Krashenínikov y Olga Sevastiánova y el senador Andréi Klishas son los autores de la ley, que permite al mandatario ruso, Vladimir Putin, que gobierna desde el 2000, a postular por la reelección en dos ocasiones más, en 2024 y 2030.

Esta normativa se inscribe en el marco de las enmiendas de la Constitución de Rusia aprobadas en referéndum en julio pasado a propuesta del mandatario ruso. El cambio en la Carta Magna limita a dos el máximo de mandatos presidenciales de seis años que un mismo ciudadano puede ocupar, pero no se aplica “a la persona que ejerza o haya ejercido el cargo de presidente de Rusia en el momento de la entrada en vigor” de las enmiendas.

Gobierno de Rusia renuncia tras el discurso de Putin

​​​​​​Conforme a las modificaciones constitucionales, en el futuro solo podrán ser candidatos a la Presidencia rusa aquellos ciudadanos mayores de 35 años que hayan vivido de manera permanente en este país no menos de 25 años. Además, los aspirantes al Kremlin no podrán poseer doble nacionalidad o haber tenido pasaporte de otro país en el pasado.

Un sondeo indica que la mayoría de los rusos aprueba la reforma constitucional que permitiría al presidente Vladimir Putin permanecer en el poder hasta 2036.

Asimismo, las modificaciones contemplan refrendar la indexación regular de las pensiones y garantizar que el salario mínimo no esté por debajo del mínimo de subsistencia. También se refieren a la capacidad de los senadores para destituir a los jueces del Tribunal Supremo y del Constitucional, y a las atribuciones de este último para determinar si las leyes aprobadas se ciñen a lo establecido en la Constitución.

Putin, de 67 años, tomó posesión, por cuarta vez, de la Presidencia en mayo de 2018 y estará al frente del país hasta 2024. En lo relacionado con la política exterior, su popularidad siempre ha estado por las nubes y ha alcanzado los picos más altos durante los conflictos bélicos, como la guerra con Georgia de 2008, cuando marcó un histórico 88 %, o tras la anexión rusa de Crimea en 2014, con un 86 %

Por: HispanTv | Jueves, 25/03/2021 09:04 AM

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Las democracias bajo asedio en América Latina

Desde Quito. Las alarmas se encendieron cuando la vicefiscal de Colombia llegó a Quito días atrás con la causa montada contra Andrés Arauz en las manos. Situación de crisis, análisis de escenario, y, finalmente, una noche calma y fría. Fue una nueva amenaza en la campaña presidencial, que desde la hora cero estuvo marcada por las maniobras contra la candidatura de quien busca llegar al Palacio de Carondelet para reconstruir el proyecto de la revolución ciudadana.

El cuadro es similar al de las elecciones bolivianas del 2020, con la victoria de Luis Arce: nada puede darse por seguro hasta que sea puesta la banda presidencial, ni la realización de las elecciones, tampoco un desarrollo estable de acontecimiento en los días posteriores a los resultados, en caso de ganar Arauz. La diferencia entre un proceso y el otro es que en Bolivia existía un gobierno de facto, mientras que en Ecuador se trata de un presidente elegido constitucionalmente.

El caso ecuatoriano es paradigmático: el gobierno de Lenín Moreno no solamente traicionó el proyecto por el cual fue elegido y a muchos de sus antiguos compañeros -otros lo acompañaron en la puñalada-, sino que abrió las puertas a un proceso de cierre interno de vías democráticas. La persecución abarcó los diferentes niveles: el liderazgo principal, es decir, Rafael Correa, las segundas y terceras líneas, los sucesivos partidos luego de la pérdida de Alianza País, con causas desde corrupción hasta delitos de rebelión.

Ese proceso conllevó un diseño institucional con puntos neurálgicos, como la Fiscalía. Allí está ahora la principal causa montada contra Arauz, en una operación trabajada junto con a la Revista Semana y la Fiscalía de Colombia, un medio y una institución bajo mando de factores del Centro Democrático, partido de Álvaro Uribe, al frente del gobierno. La situación en Colombia es trágica: según los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, entre el 2020 y los meses del 2021 han ocurrido 110 masacres con un total de 446 víctimas, el asesinato de 342 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 12 familiares de líderes, y 74 firmantes de los acuerdos de paz.

La causa, montada desde esa Fiscalía, es la principal carta pública para intentar golpear la candidatura de Arauz. Ya fueron sorteadas otras amenazas, como un pacto entre Guillermo Lasso y Yaku Pérez -segundo y tercero respectivamente- para un recuento de votos que finalmente no ocurrió luego de un giro de Lasso, o un llamado público por parte de Pérez, en representación de un sector de poder, a una intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral para criminalizar a Arauz, cambiar el Consejo Nacional Electoral y anular la primera vuelta.

En Ecuador se concentran los principales elementos de lo que conforma una democracia restringida, donde la principal fuerza política es perseguida y obstaculizada para poder participar. Los paralelismos con el caso argentino son varios: el despliegue mediático y político para acusar de corrupción sistemáticamente al anterior gobierno articulado al intento de disciplinamiento vía Poder Judicial. ¿Qué hará Arauz ante esos poderes en caso de victoria? Es una de las principales preguntas, al igual que en Argentina luego de más de un año de gobierno.

Las similitudes en la utilización de un dispositivo mediático-judicial para perseguir a los principales liderazgos en países donde existieron gobiernos populares son ya conocidas: Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. El caso venezolano se sitúa en otra escala, la de bloqueo desde Washington, robo de activos, operaciones armadas encubiertas, institucionalidad paralela, el arrastre del conflicto al terreno de las trincheras, el precipicio, la crisis permanente y prolongada.

En cada caso la pregunta es la misma: ¿cuáles son las reglas del juego? ¿hacia dónde buscan avanzar los poderes fácticos nacionales, internacionales, y sus representantes políticos? Puesto en perspectiva, se puede ver que en trece años ocurrieron cuatro golpes de Estado en el continente contra gobiernos progresistas -Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia-, el despliegue del lawfare, una comunicación de asedio, la construcción de instancias electorales en escenarios de desestabilización, la mutación de las derechas con exponentes como Jair Bolsonaro, que representa una tendencia en desarrollo en el continente, afianzada en diferentes países de Europa y en Estados Unidos.

No existe respuesta única ante la otra gran pregunta: ¿qué hacer ante eso? La situación es diferente según las fortalezas de los movimientos y gobiernos populares, la institucionalidad, o el lugar que ocupa cada país según el mapa estratégico estadounidense en el marco de las disputas globales con China y Rusia.

Las coordenadas cambian si se analiza Argentina, con la existencia de un movimiento obrero, territorial, feminista, de derechos humanos, y el entramado del peronismo, Bolivia, con fuertes movimientos indígenas, campesinos, mineros y el MAS, o Ecuador, con la ausencia de estructuras de organización popular y partidaria dentro de la revolución ciudadana, y un movimiento indígena en disputa entre sectores de izquierda y de derecha -siendo Pérez expresión de lo segundo-. El objetivo de la derecha en este caso es doble: desterrar al correísmo y desplazar dentro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador a quienes encabezaron el levantamiento en el 2019.

Desde ese diagnóstico de escenario pueden situarse los acontecimientos recientes en Bolivia, con la detención de Jeanine Añez, exministros del gobierno de facto, altos mandos militares, policiales, y el dirigente de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina. Este último factor es clave, se trata de neutralizar una estructura armada dentro de Bolivia, creada antes del golpe del 2019, desplegada en sus días de asalto con asesoramiento internacional y amparada luego por el gobierno de facto. No es la única formación armada -su ubicación en Cochabamba, centro del país, es estratégica-, el principal punto de acumulación de fuerzas de la derecha golpista es Santa Cruz, con el golpista y ahora gobernador Luis Fernando Camacho.

La evolución de los conflictos en varios países pone en duda la posibilidad de que pueda existir un acuerdo con los factores de poder dominante económico y político, que implicaría -seguramente- mantener un statu quo profundamente y cada vez más desigual. Esa dificultad de acuerdo no reside en la voluntad de diálogo de los gobiernos progresistas. El caso de Argentina es una muestra clara.  

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Imagen promocional del antiviral de AstraZeneca, en retrato de noviembre pasado.Foto Afp

AstraZeneca sufre otro descalabro en EU debido a la presentación "caduca" de sus datos (http://wapo.st/3f5hWrj) –y eso que no ha recibido la expedita "aprobación de emergencia" en la fase 3 muy laxa de la FDA que favorece a sus tres vacunas Pfizer/Moderna/Johnson&Johnson–, cuando también se libra otra batalla logística entre Gran Bretaña y la Unión Europea ( FT, 22/3/21), sin contar que una encuesta de YouGov "exhibe que la mayoría de los ciudadanos en Francia, Alemania, Italia y España piensan ahora que la vacuna AstraZeneca es muy insegura" (http://bit.ly/3ccUwOD). ¿Cómo ocultar sus trombosis?

En forma aterradora, The Washington Post dio vuelo a la antihumana confesión del Departamento de Salud y Servicios Humanos (sic) –HHS, por sus siglas en inglés–, de EU de que sus funcionarios presionaron a Brasil para rechazar la vacuna rusa Sputnik V (http://wapo.st/3sl518k).

En la pagina 48 de su reporte anual de 72 paginas, el HHS alardea "combatir las influencias malignas (sic) en las Américas" (https://bit.ly/3vSLrm3): La “OGA (Office of Global Affairs, Oficina de Asuntos Globales: http://bit.ly/2NJPD6j) usó sus relaciones diplomáticas (¡megasic!) en la región de las Américas para mitigar los esfuerzos de los estados, incluyendo Cuba, Venezuela y Rusia, que trabajan para incrementar su influencia en la región en detrimento de la seguridad y protección de EU”. ¡Para quienes dudan de la guerra geopolítica de las vacunas de carácter tripolar!

El HSS expone que la "OGA se coordinó con las otras agencias del gobierno de EU para fortalecer los lazos diplomáticos y ofrecer ayuda humanitaria (sic) y técnica con el fin de disuadir a los países en la región (sic) de aceptar ayuda de estos estados mal intencionados (sic)". Confiesa sin tapujos que "el funcionario agregado (attaché) de la salud en la OGA" fue requerido para “persuadir a Brasil a rechazar la vacuna rusa contra el Covid-19 ofreciendo la ayuda técnica de la CDC ( https://www.cdc.gov/) en lugar de la aceptación de Panamá de la oferta de médicos cubanos”.

Como que se tardaron casi tres meses en descubrir el reporte malévolo de EU, publicado en enero, que no perturbó a ningún "filántropo" de EU.

El ese sí "malévolo" boicot a la vacuna rusa por el gobierno de EU fue descubierto en un tuit oficial de la vacuna Sputnik V que colocó una foto de pantalla (https://bit.ly/3f85uHl) citando un reporte de Brazil Wire: "Washington presionó a Brasil para no comprar la maligna (sic) vacuna rusa" (http://bit.ly/2NJdJhw).

¿Cuáles habrán sido las presiones "diplomáticas" de EU en México?

Más que las consabidas presiones de la OGA del HHS, resulta más ultrajante que las autoridades sanitarias de Brasil –el país más grande, poblado y próspero de Latinoamérica– hayan sucumbido en forma ignominiosa.

Como era de esperarse también, la embajada de EU en Brasil, puesta en la picota y a la defensiva, publicó un inverosímil desmentido (https://bit.ly/3vRQByE), y The Washington Post considera que tal "respuesta no significa un desmentido total (sic)".

Un portavoz del hoy vilipendiado HHS realizó acrobacias retóricas para lavarse campantemente las manos.

Un día antes del inconcebible ­dicterio de Biden al zar Vlady Putin (https://bit.ly/2NLEe69) y tres días antes de los aparatosos tropiezos en la escalinata del Air Force One del presidente de EU (http://bit.ly/2NJuyJe), Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, ­comentó que la "presión de algunos países a ­rechazar la compra de la vacuna rusa Sputnik V ­contra el Covid-19 se encontraba a niveles sin ­precedente, pero que no tenía oportunidad de tener éxito" (http://reut.rs/3fgh7M6). El flagrante cuan inhumano boicot de EU contra Sputnik V cobra mayor relieve cuando Brasil sufre los embates de una nueva cepa del Covid-19 que ha llevado a cambiar tres ministros de Salud en tan solo un año (http://bit.ly/2QyESVD).

Cunde la geopolítica de las ­vacunas –corolario de la guerra tripolar entre EU, Rusia y China– que tiende a la balcanización regional de una inoculación que debiera ser, soñando un poco, plural/ecuménica/universal.

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El Lava Jato, Moro y la hipocresía de la corte suprema brasilera

La votación de la Corte Suprema por la sospecha de Moro, 5 años después del rol que tuvo el en el golpe institucional que llevó al juicio político a Dilma y la detención arbitraria de Lula, que le negó la posibilidad de presentarse a elecciones en 2018; todo esto conforma el retrato de la hipócrita “imparcialidad” de la justicia brasileña.

 

Con el cambio de voto de la jueza Carmen Lúcia , quien se había pronunciado a favor de Moro en 2018, la votación en segundo turno de la Corte Suprema votó hoy a favor de la sospecha sobre Moro, el ex ministro de Justicia de Bolsonaro, lo que debe conducir a la anulación de todos los procesos contra Lula , incluidos los casos del Triplex y también las donaciones realizadas al Instituto Lula. Detrás de este giro están los temores e intereses de distintas fracciones de la clase dominante ante un país en profunda crisis que puede conducir a mayores inestabilidades en la lucha de clases.

El Supremo Tribunal Federal (STF) ha trabajado con el Lava Jato desde sus inicios en 2014 y fue directamente decisivo para el avance del juicio político contra Dilma, rechazando la solicitud del entonces gobierno del PT y de los diputados de anular el proceso que se estaba llevando a cabo en la Cámara a principios de 2016.

En abril de 2018, en vísperas del juicio de hábeas corpus de Lula que sería realizado por el STF tras su detención arbitraria, el entonces comandante del Ejército brasileño, general Eduardo Villas Bôas, hizo una declaración en twitter, demostrando claramente la injerencia y la influencia de las Fuerzas Armadas en la política, presionando al STF para que no acepte tal habeas corpus. Entre otras cosas, el general afirmó que "cree que comparte el deseo de todos los ciudadanos en aras de repudiar la impunidad". En esa ocasión, el STF no solo subordinó total y silenciosamente las declaraciones abiertamente golpistas del alto mando del ejército, sino que también actuó en conjunto con los altos mandos militares para coordinar todas las operaciones antidemocráticas de la Lava Jato.

Hay que recordar que fue el STF el encargado de elegir al magistrado ponente de Lava-Jato. Juntos, los militares, golpistas de varios partidos, los principales medios de comunicación y la Corte Suprema con un rol protagónico, apoyaron y fortalecieron al Lava-Jato, el golpe institucional y allanaron el camino para el triunfo de Bolsonaro en 2018.

Por más obvia que sea la búsqueda del STF para “maquillar” la participación directa que tuvo, junto a los militares y al régimen poítico, en el rumbo autoritario en el que se enredó el país tras el surgimiento del Lava Jato en el 2014, existen evidentes debilidades, como como señalamos en un análisis reciente:

“Uno de ellos es el enorme debilitamiento del Lava Jato. El escándalo de Vaza Jato de 2019, que reveló todas las medidas autoritarias utilizadas para detener arbitrariamente a Lula, presentes en las conversaciones privadas entre los golpistas Sérgio Moro y Deltan Dallagnol, dio a conocer públicamente el fraude judicial que sostuvo el golpe institucional. Denunciamos este fraude desde 2014 como la esencia del Lava Jato: una operación proimperialista que allanó el camino para el establecimiento de un nuevo régimen basado en el golpe y abrió sectores estratégicos de la economía a las multinacionales extranjeras. El debilitamiento de Moro se profundizó después de su ruptura con el gobierno de Bolsonaro, que le otorgó el Ministerio de Justicia por otro año y medio. Al final, la Operación Lava Jato se disolvió en febrero de 2021. Utilizado para erosionar el régimen de 1988, la operación Lava Jato no pudo estabilizar un nuevo régimen en medio de la crisis económica mundial. Menos aún con las fuerzas desatadas en el régimen post-golpista, en el que Bolsonaro y las instituciones del golpe se disputaban quién sería el trazo decisivo de los contornos de este nuevo sistema político ”.

Desde el 2014 hasta ahora, uno de los objetivos más importantes de Lava-Jato y del golpe institucional y su curso autoritario fueron los ataques económicos, son los que quizás desangran a la gigantesca clase obrera brasileña, que en este contexto vive un nuevo registro diario con más de 3.000 muertos en 24 horas, víctimas de un virus que podría controlarse mucho más de no ser por la irracionalidad de los gobiernos y la búsqueda capitalista de lucro a toda costa. Desde entonces, han pasado reformas laborales y previsionales, subcontratación irrestricta, decenas de ataques a los derechos sociales, laborales y democráticos, siempre sobre la base de mucho chantaje, con el respaldo del Tribunal Supremo a todos ellos.

Durante la votación del día martes, los principales miembros del poder judicial hablaron insistentemente sobre la imparcialidad con la mayor rigidez que se pueda imaginar. Pero no han cambiado de opinión sobre ninguno de los atentados, ni siquiera sobre qué es democrático o no en un juicio, que fue y sigue siendo político en el caso de Lula. Lo cierto es que temen la magnitud de la crisis y cuánta inestabilidad puede generar, especialmente en una América Latina sumida en el desempleo y el empobrecimiento generalizado. El nuevo mundo con el viejo capitalismo despojado por la pandemia, obliga al régimen a repensar los factores restrictivos con los que puede contar:

“Por un lado, tanto el imperialismo extranjero como el régimen golpista brasileño buscan hoy preservar las conquistas del Lava Jato, descartando sus métodos. Esta es la mejor manera de continuar el régimen del golpe institucional y su agenda económica bajo un frágil aspecto “democrático”, desgastado por maniobras autoritarias desde 2016. Por otro lado, se hace más necesario que la burguesía brasileña cuente con frenos ante la posibilidad de fuertes disturbios sociales ante los dramáticos efectos de la crisis económica y de salud, que combinada con la errática política de Bolsonaro, colocan a Brasil como un paria en el mundo. El mayor dispositivo que cuenta la burguesía brasileña para la contención de la lucha de clases en Brasil se llama Lula ”.

Las batallas contra los efectos de la pandemia de coronavirus, el desempleo y los ataques económicos de los golpistas deben ir de la mano de la defensa de nuestros derechos democráticos, por eso denunciamos siempre la detención arbitraria de Lula y los crecientes mecanismos autoritarios en el régimen, como el caso de utilizar la Ley de Seguridad Nacional para perseguir a opositores en el gobierno de Bolsonaro. A su vez, depende de una política de independencia de clase que conozca a los enemigos, como el STF junto a todo el régimen golpista, y al mismo tiempo no confíe en la política de conciliación de clases del PT que, con solo conmemorar las decisiones institucionales de arriba, alimenta la trampa de espera pasiva por una falsa solución electoral en 2022.

Miércoles 24 de marzo | 01:57

Lava Jato.

Supremo Tribunal de Brasil declaró que Sergio Moro fue parcial en proceso contra Lula

Por tres votos a favor y dos en contra el Supremo Tribunal Federal de Brasil juzgó este martes como parcial la acción del juez Sergio Moro en el proceso que terminó con el encarcelamiento del expresidente Lula da Silva.

Martes 23 de marzo | 15:52

La jueza Cármen Lúcia, que se había pronunciado a favor del juez Sergio Moro en 2018, dio este martes una sorpresa al cambiar su voto y pronunciarse por la sospecha de la parcialidad de Moro durante los juicios que se le siguieron al expresidente Lula da Silva. De esta manera se anulan todas las condenas de Lula, incluidos los casos del Triplex, del sitio de Atibaia y también de las donaciones realizadas al Instituto Lula.

La segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil había retomado este martes la sesión en la que se juzga la parcialidad del juez Sergio Moro, principal responsable de la operación Lava Jato, en los procesos que se abrieron contra el expresidente Lula de Silva.

Las sospechas sobre el accionar de Moro provienen del llamado Vaza Jato, una filtración masiva de mensajes de Telegram entre jueces y fiscales, publicada por el sitio The Intercept en 2019 donde queda clara la connivencia entre los distintos actores para llevar adelante la operación Lava Jato y en ese marco encarcelar a Lula.

El proceso contra Moro fue impulsado por el juez del STF Gilmar Mendes, inmediatamente después de que el Edson Fachin, también juez del Supremo Tribunal, anulara todas las condenas de Lula a principios de marzo.

El juzgamiento de Moro había quedado en suspenso el 9 de marzo, cuando uno de los jueces del Supremo Tribunal, Nunes Marques, pidió un tiempo para estudiar el caso hasta este martes cuando se retomó.

La segunda sala del STF, precedida por Gilmar Mendes, cuenta con 5 jueces. Hasta este martes la votación estaba empatada en 2 a 2. Mendes y Lewandowski habían votado a favor de la sospecha de que Moro actuó en forma parcial, mientras que Fachin y Cármen Lúcia se contaban en contra de la sospecha (una posición que mantenían desde el año 2018, cuando empezaron los debates originales del caso).

Quién faltaba definir su voto era Nunes Marques, que había pedido tiempo para estudiar el caso y finalmente voto a favor de Moro, es decir, contra las sospechas de parcialidad. Lo hizo bajo el argumento de que los mensajes publicados por The Intercept en el Vaza Jato habrían sido obtenidos de forma ilegal, y por lo tanto si aceptara la sospecha de Moro legalizaría la "actividad de los piratas informáticos", dando lugar a la invasión de teléfonos móviles, llegando a hacer una comparación con las dictaduras.

Sin embargo, el resultado terminó quedando tres a dos en contra de Moro con el cambio de voto de la jueza Cármen Lúcia.

La imparcialidad de Moro, y por tanto la anulación total de toda condena contra Lula, aún puede ser votada en el pleno del STF, ya que la votación de este martes fue en la segunda sala, donde solo votaron estos 5 jueces.

En el argumento de su votación Carmen Lúcia insistió en que la imparcialidad de Moro habría sido solo en el caso de Lula, pero no el conjunto del operativo Lava-Jato, dejando de esta manera libre de culpa y cargo a este operativo lleno de ilegalidades y arbitrariedades.

Todo este proceso se da en el marco de las disputas entre diferentes actores del poder judicial que desde hace años arbitra y decide sobre la política nacional brasileña. El mismo STF que hoy vota contra Moro es el que permitió el golpe institucional contra Dilma Rousseff en 2016, manipuló las elecciones de 2018 en beneficio de Bolsonaro y avaló reformas neoliberales contra los trabajadores y los más pobres.

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