Alfonso Cano, cuyo nombre civil es Guillermo León Sáenz Vargas (Bogotá, 1948), es el comandante de la guerrilla más antigua del mundo. En esta entrevista con Público, la primera que concede a un medio de comunicación en 19 meses, el líder intelectual de la guerrilla analiza la época de Alvaro Uribe y mantiene qué es difícil avanzar en el camino hacia la resolución de la guerra civil que dura ya décadas con el nuevo mandatario Juan Manuel Santos. Cano contestó a las preguntas a través de un cuestionario que devolvió firmado el 21 de mayo de 2011 en “las montañas de Colombia”.

¿Cuáles son las razones por las que luchan las FARC?


Nuestros objetivos son la convivencia democrática con justicia social y ejercicio pleno de la soberanía nacional, como resultado de un proceso de participación ciudadana masivo que encause a Colombia hacia el socialismo.

Son la guerrilla más antigua del mundo. ¿Siguen vigentes los motivos por los que iniciaron su lucha armada o éstos han cambiado con el tiempo?

En estos 47 años se desató una vertiginosa transformación en la ciencia y en la tecnología, se elevaron los índices de crecimiento económico en muchos países, colapsó el modelo soviético de construcción socialista e irrumpió incontenible la República China. Sin embargo, pese a todo ello y a muchas otras novedades trascendentes, el hambre creció en el planeta, las injusticias, las brechas sociales y los conflictos persistieron y aumentaron mientras que cerca de 10.000 individuos espantosamente adinerados deciden la suerte de miles de millones de personas. Las FARC nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza sistemáticamente el crimen político para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria; también como respuesta campesina y popular a la agresión latifundista y terrateniente que inundó de sangre los campos colombianos usurpando tierras de campesinos y colonos, y nacimos también, como actitud digna y beligerante de rechazo a la injerencia del Gobierno de EEUU en la confrontación militar y en la política interna de nuestra patria, tres razones esenciales que gestaron a las FARC tal como se señala en el Programa Agrario de Marquetalia elaborado y difundido en 1964. Una somera mirada sobre la realidad colombiana de mayo de 2011 nos muestra que, a pesar del contexto internacional reseñado, estos tres factores germinales persisten y se agravan en la actualidad.

¿Cree que es posible abrir un proceso negociador con el presidente Juan Manuel Santos?

Con el esfuerzo mancomunado de muchos sectores progresistas y democráticos interesados en una solución incruenta del conflicto, siempre será posible construir escenarios e iniciar conversaciones directas de horizontes ciertos, con cualquier gobierno, incluyendo al actual pese a que este, empezando con su mandato, redujo las posibilidades al imponer una ley que cierra puertas a diálogos dentro del país. Pero somos optimistas sobre la eventualidad de lograrlo.

Ante la negativa del Gobierno de aceptar canjes de rehenes por guerrilleros presos, ¿qué planes tiene para los secuestrados que siguen en poder de las FARC?

Le entiendo que usted se refiere a los prisioneros de guerra que tenemos en nuestro poder, porque una aproximación desapasionada, rigurosa y objetiva al tema, en una confrontación política, social y militar de cerca de 47 años, que enfrenta a dos adversarios debe aludir a prisioneros de guerra que las partes capturan en el devenir de esa confrontación, ¿cierto?. La negativa actual del gobierno al canje no tiene por qué arredrarnos en la aspiración de tener con nosotros, libres, a los camaradas presos en la actualidad y a que regresen a sus hogares los prisioneros, militares y policías capturados en combate, que tenemos en nuestro poder, a quienes sus familias también aspiran a tener de nuevo en su seno. Por encima de la indiferencia del Estado sobre los propios soldados, vamos a perseverar. Se sabe que mientras perdure una confrontación habrá prisioneros en poder de las partes.

El Comité Internacional de la Cruz Roja es un organismo neutral encargado de velar por el cumplimiento del derecho internacional humanitario. En su último informe indica que "mientras las partes en conflicto adelanten los enfrentamientos armados en zonas rurales, la población que habita estas áreas vive en permanente peligro y está expuesta a violaciones del DIH como: homicidios y/o ataques a personas protegidas por el DIH: desapariciones forzadas; violencia sexual; toma de rehenes; reclutamiento forzado; malos tratos físicos y/o psicológicos; y desplazamiento forzado. La falta de respeto al principio de distinción entre combatientes y civiles, las presiones para colaborar generando represalias directas contra los civiles, la ocupación de bienes civiles privados o públicos y la contaminación por armas son otros factores agravantes que afectan la vida de las comunidades".

¿Cuáles de estas violaciones comete las FARC?

Para ser rigurosos habría que referir uno a uno los casos informados por el CICR y como este no es el espacio adecuado, le puedo comentar que para nosotros, lo primero y más importante de nuestra lucha es la población, no solo por razones de principios políticos e ideológicos, sino prácticos de la guerra. Únicamente en la medida que respondamos a las necesidades objetivas de la población en cada área, podemos resistir, crecer y avanzar. De lo contrario es imposible.

Hace años y dada la intensidad de los combates, difundimos unas normas de comportamiento para que la población civil no permitiera su utilización como escudo por parte de la fuerza pública que construye cuarteles en medio de los poblados, utiliza el transporte público para sus movimientos, entrevera caravanas de vehículos militares en medio del transporte civil para sus desplazamientos por carreteras, pernocta en las escuelas y colegios, etc., prácticas que la fuerza pública utiliza, creándole peligrosos riesgos a la población.

Eventualmente unidades nuestras pueden violentar las normas, pero como estamos regidos por unos Estatutos, unas Normas y unos Reglamentos de Régimen Disciplinario estricto, cimentados en una concepción revolucionaria de la vida, que armonizan las relaciones entre combatientes y también, las nuestras con la población civil garantizando una profunda, sincera, armónica y sólida relación, tomamos los correctivos que señalan nuestros documentos.

Respecto al DIH y a sus Protocolos adicionales, mantenemos algunas reservas porque, en ocasiones, dificultan la aproximación a ciertas situaciones, dado que fue concebido y diseñado para conflictos entre naciones y, pese a los protocolos adicionales, no siempre proporciona el justo equilibrio. Por ejemplo, calificar como "ejecuciones extrajudiciales" la homicida, criminal y sistemática práctica de las Fuerzas Armadas oficiales de Colombia durante los últimos 63 últimos años, de asesinar civiles, vestirlos con ropa militar y colocar armas a sus cadáveres para hacerlos pasar como guerrilleros "dados de baja" en combate, en un país que se ufana de ser un Estado de Derecho y cuya legislación no contempla la pena de muerte, posibilitó un trato benigno y celestino a los criminales, que ha escamoteado una condena drástica, vertical, diáfana y oportuna al terror desarrollado por el Estado colombiano desde hace más de 47 años.

La norma sobre el uso de armas no convencionales, es una reglamentación para la guerra entre naciones que no puede abarcar a movimientos populares como el nuestro que se armó desde un comienzo con palos y machetes para defenderse de una agresión gestada y ejecutada por el Estado, con la contribución militar, financiera y tecnológica de la Casa Blanca. Equivale a recriminar al bíblico David porque utilizó piedras para defenderse de la agresión del coloso Goliat.

Valdría la pena trabajar un escenario internacional donde analizar, desde diferentes ópticas, estas situaciones y otras del mismo tenor e intercambiar conceptos sobre la "neutralidad" que por encima de cualquier consideración, deben mantener quienes se reclaman sus garantes.

Las FARC hacen uso de minas antipersona, entre otras cosas contra operaciones de erradicación manual de cultivos de hoja de coca. ¿Por qué continúan usando un arma prohibida por el derecho humanitario y que todo el mundo acordó en 1998 erradicar en el Tratado de Ottawa o la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales?

Le reitero que acerca del armamento utilizado por la guerrilla en su lucha de resistencia, en la irregularidad de su táctica y como consecuencia de la asimetría que caracteriza una confrontación como la colombiana, será necesario que en un escenario internacional ampliamente representativo, con la presencia de la guerrilla revolucionaria por supuesto, nos ocupemos de abordar este tema con objetividad, sin mentiras, buscando unas conclusiones realistas que todos podamos acatar rigurosamente, incluyendo a los gobiernos. Es ridículo, por calificarlo de alguna manera, que cuando el Estado colombiano lanza operativos contra insurgentes en una proporción de 100 militares por cada guerrillero, con bombardeos de ablandamiento ejecutados con miles de toneladas de pentolita , realizados por una aviación dotada de cohetes de todo tipo, ametrallamientos desde sus centenares de helicópteros gringos y rusos de última tecnología, fuego de artillería con morteros de 120 mm, salgan luego los altos mandos militares a quejarse y a denunciar, porque muchas de sus unidades cayeron en campos minados en tan desigual teatro de operaciones. O, como también sucede, es criminal forzar a civiles a servirles como guía en sus labores de rastreo y seguimiento con consecuencias muchas veces lamentables para quienes han sido obligados. O, como sucede en otras ocasiones, es perversamente fariseo dar dinero a civiles para que ejerzan como soplones, quienes buscando información, muchas veces son víctimas de la confrontación.

Sin duda, nadie puede escatimar esfuerzos por separar a la población civil del conflicto. Esto debe privilegiarse en todos y cada uno de los hechos que se acometan como parte del conflicto, pero como entender esto en el caso de Colombia, donde el gobierno nacional desató una intensa campaña para reclutar civiles como informantes a cambio de dinero, integrándolos a un aparato llamado Red de Cooperantes, ¿se estarán ciñendo a las normas del DIH?. ¿O existe una contradicción entre su discurso maniqueo frente a la normatividad internacional y las políticas que desarrolla?. Son muchos los temas que deberá abocar una reunión de actualización del DIH, en la que sería vital la participación de los Estados Unidos de Norteamérica para también analizar la sindéresis entre las exigencias que hace al resto del mundo respecto a los Derechos Humanos y su práctica cotidiana y universal.

¿Tienen futuro las FARC si se mantienen al margen del narcotráfico? ¿Qué relaciones tienen ahora con el cultivo y tráfico de drogas? ¿Es hoy en día su principal fuente de financiación? ¿Cuánto dinero ingresan al año por este concepto?

Nuestra lucha por permanecer al margen del narcotráfico no ha sido fácil ya que en los últimos 30 años Colombia ha sido permeada y contaminada, de pies a cabeza, por los dineros del narcotráfico: las instituciones del Estado sin excepción, la industria, la banca, el comercio, la política, el deporte, el agro, la farándula, las fuerzas militares y de policía, y en general, el conjunto del tejido social.

La guerra contra las drogas decretada por la Casa Blanca ha sido un fracaso, especialmente en Colombia pues ha dejado una enorme estela de sangre, desintegración social y pérdida de valores sustantivos de la ética y a moral, mientras que el área sembrada de coca oscila pendularmente entre las 90 mil y las 180 mil hectáreas y el país continúa a la cabeza del tráfico mundial, según informes de diversos organismos internacionales.

De tiempo atrás, hemos manifestado nuestro acuerdo con la legalización o con la despenalización que, desde las épocas del premio nobel norteamericano Milton Friedman hasta hoy incluyendo a 4 expresidentes latinoamericanos y a gran cantidad de personalidades y organizaciones del mundo entero, se promueve como salida realista para liquidar definitivamente las enormes ganancias de este tráfico, manejar su creciente consumo como un problema de salud pública y desarrollar estrategias preventivas con la certeza de su superación definitiva.

En épocas del Caguán, en sesión especial ante embajadores y representantes de diversos países y organismos multilaterales, presentamos un plan detallado para experimentar en un área delimitada una estrategia de sustitución de cultivos que desestimulara a los campesinos cultivadores de coca y les contribuyera en la creación de alternativas económicas ciertas. Muchos narcotraficantes y dirigentes políticos de los partidos de gobierno se atravesaron a la propuesta y la frustraron.

El narcotráfico no es un problema de las FARC. Es un fenómeno nacional, latinoamericano y mundial al que se le debe hacer frente con una estrategia nacional y convergente encabezada por los primeros responsables y también grandes víctimas de este cáncer: los países desarrollados.

Quisiera serle taxativo en esto: ninguna unidad fariana, de acuerdo a los documentos y decisiones que nos rigen, pueden sembrar, procesar, comerciar, vender o consumir alucinógenos o sustancias psicotrópicas.

Todo lo demás que se diga, es propaganda.

Al margen del narcotráfico, ¿cómo se financian las FARC?

Las FARC - EP tenemos tres fuentes básicas de financiación: aportes de amigos y simpatizantes que creen sinceramente en el compromiso revolucionario de las FARC y en la causa por la que luchamos; impuestos que cobramos a los ricos, a través de la ley 002 y, rentas generadas de inversiones que mantenemos.

Las FARC han sufrido sus golpes más duros durante el Gobierno de Uribe, como la Operación Jaque, la Operación Fénix, la Operación Camaleón... ¿En qué situación se encuentra la guerrilla? ¿Cuáles son sus efectivos y qué territorio controla?

Para ser sinceros el golpe más serio y de mayor calado lo recibimos luego de la segunda conferencia guerrillera realizada en 1966, en el departamento de Quindio, donde perdimos gran cantidad de combatientes y el 70% de las armas. Solo hasta la quinta conferencia, después de muchos años, pudo decir el comandante Marulanda: "Por fin nos hemos repuesto del mal que casi nos liquida".

Operativos como Jaque, desarrollado a partir de la traición del jefe de la unidad guerrillera que vendió los prisioneros de guerra bajo su custodia, no tienen las connotaciones promocionadas por el Gobierno. Innumerables veces hemos rescatado nuestros presos de las cárceles del Estado. Son hechos de guerra que llaman a las partes a tomar nuevas medidas de seguridad. No modifican ni la concepción, ni los diseños operacionales ni mucho menos la estrategia de nuestra fuerza.

En los últimos 9 años, y como consecuencia de la mayor injerencia militar de Washington en los asuntos internos de Colombia, la guerra se ha intensificado. Hemos sufrido golpes. Las muertes de Raúl, de Jorge, de Iván Ríos y de muchos camaradas, nos duelen y nos generan ese dolor revolucionario que desata, incontenible, mayor compromiso con nuestros ideales de socialismo. Ya las hemos asimilado. Con el legado y ejemplo de nuestros héroes y mártires, las nuevas promociones toman su lugar y trinchera, nuevas promociones de revolucionarios dispuestos, como los más antiguos, a darlo todo, hasta la vida, por los objetivos de la Nueva Colombia.

Pero, se sabe que en toda guerra hay muertos, de ambos bandos , y la colombiana no es la excepción.

También estos 9 años, han demostrado el tamaño y la calidad del compromiso de las FARC con nuestros ideales de cambio y de transformación revolucionaria. Como es evidente en los partes militares también hemos golpeado a las fuerzas militares y paramilitares del estado, a las institucionales y a las para institucionales, a todas, incluyendo aquellas que tiran la piedra y esconden la mano, que cínicamente dicen desconocer la estrategia de los "falsos positivos", que niegan ante los medios su contubernio con el narcoparamiliarismo, pero le abren en la oscuridad de la noche las puertas secretas de sus palacios, mansiones y haciendas para conspirar contra la convivencia, la democracia y contra el pueblo.

Las FARC mantenemos nuestra influencia, sólida influencia, en las áreas donde existimos, por todos los rincones de la geografía nacional, nacida y cimentada en la justeza de nuestros planteamientos políticos, en nuestro trabajo y ayuda permanente a las comunidades, respeto hacia todas ellas y por nuestra autoridad surgida del compromiso sincero del que no pretende nada a cambio de su esfuerzo, salvo la satisfacción de aportarle esperanza al pueblo en su propia capacidad de movilización, organización, lucha y en su futuro bienestar.

No le puedo comentar cuántas unidades conforman las FARC - EP porque somos una organización irregular. Pero, accionamos, trabajamos y luchamos en todo el territorio nacional.

¿Qué hay de cierto en el supuesto contenido del ordenador de Raúl Reyes?

Los elementos que pudieron haber quedado funcionando, luego del bombardeo sobre la humanidad del Camarada Raúl y su guardia, fueron manipulados al amaño del gobierno. Ni la propia INTERPOL quiso comprometerse con las truculencias de Alvaro Uribe y manifestó públicamente, luego de un detallado análisis, que había sido quebrada la Cadena de Custodia, lo que significa, en buen romance, que luego de la muerte de Raúl se manipularon los contenidos del disco duro "sobreviviente", si fue que lo hubo luego de semejante infierno de explosivos. Se trataba de inventar y retorcer acontecimientos para chantajear a las FARC y a muchos amigos de la paz de Colombia con ese estilo muy particular que caracteriza al señor Alvaro Uribe y que impuso a toda su administración. Esta semana que termina, la Corte Suprema de Justicia declaró como ilegal cualquier prueba levantada sobre los llamados computadores de Raúl Reyes, precisamente porque se manipularon los materiales supuestamente encontrados y además se desvirtuaron los procedimientos judiciales.

Curiosamente, no trascendieron informes que nos llegaban y que el Comandante Raúl debía de conservar, por ejemplo, alrededor de los pagos a altos oficiales de la policía, hoy generales, que hizo el narcotraficante Wilber Varela y que comentó personal y detalladamente a uno de nuestros comandantes en el Valle del Cauca el coronel Danilo González, quien aún en servicio activo, buscó a las FARC pretendiendo la liberación de unos sospechosos que habíamos retenido; tampoco se mencionaron informes precisos alrededor de la utilización plena del DAS por parte del paramilitarismo con la total anuencia del Presidente de entonces, ni de los encuentros, whisky en mano, en Bogotá, de jefes paracos con "prestantes" personalidades linajudas para planificar las agresiones contra la izquierda, ni otras muchas que harían muy larga esta entrevista y que seguramente no incluyeron en las copias que han ido regalando, a algunos de sus gobiernos amigos, a la CIA, al MI5 y al MI6 ingleses, al MOSSAD israelí y a otros que continúan publicitando inverosímiles historias a través de sus organizaciones de bolsillo.

¿Cree usted que el proceso de desmovilización de paramilitares impulsado por la ley de Justicia y paz ha sido exitoso? ¿Cuál es su opinión sobre este proceso?

Ese proceso se planificó y ejecutó como una farsa para sacar en limpio a los verdaderos jefes del paramilitarismo luego que Alvaro Uribe, uno de ellos, ganó las elecciones presidenciales en el 2002.

Como cobertura, utilizaron a narcotraficantes y sicarios con ínfulas de jefes contrainsurgentes, a quienes prometieron estatus político y respeto a sus incalculables fortunas. Luego los desecharon, en una historia que se recicla donde la aristocracia y algunos trepangos delinquen buscando el poder y la riqueza utilizando a criminales y bandidos, a quienes luego condenan, encarcelan o mandan asesinar en un repetido espectáculo de escarnio público.

El país sabe que el paramilitarismo es una estrategia del estado para asesinar sistemáticamente opositores, buscando ocultar la sangre que mancha hasta la médula a las instituciones públicas, detrás de bandas de sicarios y delincuentes de apariencia civil.

La oligarquía colombiana, impotente en su lucha contra los avances de la insurgencia revolucionaria, se entregó a la práctica paramilitar a la que posteriormente, en las décadas del 70, articuló con el naciente narcotráfico dando origen al narcoparamilitarismo, ensalzado y consentido socialmente por los poderosos durante largos años, quienes ahora luchan por zafarse del estigma y por lavar sus propias porquerías.

A los narcos que creyeron en sus palabras, los exhibieron y promocionaron como grandes jefes contrainsurgentes y luego, los extraditaron a los Estados Unidos con el fin de silenciarlos. Tiempo después, cuando desde allá y por la presión de las víctimas procedieron a confesar villanías, a mencionar a sus compinches, socios, contactos, mecenas políticos y militares, la oligarquía utilizó sus medios para sembrar la duda: ¿cómo creerle a un criminal y no a un aristócrata, a un político tradicional o a un prestigioso general de las Fuerzas Militares?.

La ley de justicia y paz, ha sido una gran farsa, que pasó por la venta de títulos como "comandantes paramilitares" a sicarios narcotraficantes, pasó también por las fotos de grandes "desmovilizaciones" de desempleados y bandidos contratados para la ocasión con fusiles y armas compradas para la fotografía, y terminará con la absolución de Álvaro Uribe, en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes del Parlamento colombiano, salvo que los millones de afectados por esta criminal estrategia le impriman una mayor dinámica a sus esfuerzos y luchas y se reciba mayor solidaridad mundial. Solo así en Colombia, como sucedió en Argentina y otros países, se podrá condenar también a los responsables materiales e intelectuales de las negras y sangrientas noches en que hundieron el país.

¿Por qué tiene sentido la lucha armada para las FARC y no la defensa a través de vías democráticas de los ideales políticos y las transformaciones socioeconómicas que consideran necesarias?

Porque en Colombia a la oposición democrática y revolucionaria, la asesina la oligarquía. La masacre de la Unión Patriótica es la muestra palmaria.

A todo líder, a cualquier organización no oligárquica que amenace los poderes establecidos, lo asesinan o la masacran como parte de una estrategia oficial de Seguridad Nacional. Los poderosos la han instituido como característica de la cultura política y ahora la han incrustado en la concepción del Estado.

Extensos pasajes de la historia nacional que datan desde septiembre de 1828 cuando las facciones progringas colombianas de entonces atentaron contra el Libertador Simón Bolívar, hasta estos años, pasando por el asesinato del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, del líder liberal Rafael Uribe Uribe, de Jorge Eliécer Gaitán, de Jaime Pardo Leal, de Luis Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo Ossa, de Manuel Cepeda Vargas y de centenares de líderes más, parecieran ratificar un viejo y descarnado aserto popular: la oligarquía colombiana no entiende sino el lenguaje de los tiros.

Aquí en las FARC pensamos que a pesar de esa histórica agresión antipopular que caracteriza el devenir nacional, es realista e inaplazable trabajar la construcción de espacios de convergencia, donde entre todos los colombianos construyamos los acuerdos que cimenten la convivencia democrática. El comandante Jacobo Arenas insistió en que el destino de Colombia no podía ser la guerra civil, en consecuencia hemos luchado, una y otra vez, por encontrar con los distintos gobiernos, la salida política al conflicto colombiano. NO se ha logrado porque la oligarquía piensa en rendiciones y nosotros en cambios de fondo, democráticos, a la vida institucional y a las reglas de convivencia, pero no por ello, cejaremos de luchar la solución incruenta como esencia de nuestra concepción revolucionaria y sustento de la Nueva Colombia.

¿Qué lecciones sacaron de la creación del partido Unión Patriótica?

Fue una experiencia tan llena de riqueza como dolorosa, que debemos analizar y referenciar permanentemente. Dentro de sus muchas lecciones le podría mencionar algunas como lo difícil que es avanzar en un proceso de solución política, cuando la oligarquía colombiana mantiene sus estrategias de paz de los sepulcros y Pax Romana, pues frente a este proyecto mostró su mezquindad y fue esencialmente sanguinaria y cruel. Prefirió el asesinato de cerca de 5000 dirigentes democráticos y revolucionarios en una razzia de corte hitleriano, que abrir espacios a todas las vertientes de la izquierda, hecho que de haberse logrado hubiese generado una nueva dinámica en la confrontación política y posibilitado la concreción integral de los Acuerdos de La Uribe hace más de 25 años.

Con el exterminio de la UP no solo perdió una generación casi completa de dirigentes revolucionarios, la mayoría de ellos de gran dimensión política e inmensos valores éticos, cuya ausencia hoy es notoria en el escenario público de la nación como del continente, también se frustró por muchos años, la posibilidad de firmar un acuerdo de convivencia.

La experiencia de la UP nos enseñó que cualquier avance hacia la paz que surja de acuerdos exige la transparencia, que todo tropiezo debe clarificarse antes de emprender un nuevo escalón, pues los Acuerdos de La Uribe, origen de la UP, fueron saboteados por el Alto Mando militar desde el primer momento a pesar de lo cual, todos los comprometidos con dichos acuerdos, luchamos como Quijotes, por sacarlos adelante.

Pero logra la firma de acuerdos de paz en La Uribe en 1984 y garantizar su cumplimiento total hasta culminarlos, fue imposible. Así que los colombianos que emprendimos con gran optimismo y mayor entusiasmo una histórica jornada por la convivencia, perdimos esa batalla civilizada frente a los "enemigos agazapados de la paz", que hoy ya no se esconden tanto.

Un proceso de paz exitoso, tiene como premisa ineludible, el respaldo lento, decidido, transparente y activo, de la mayoría de la población.

No me cabe la menor duda que las nuevas generaciones de colombianos, en un futuro cercano, rendirán honores y harán reconocimiento a los mártires de la Unión Patriótica que "a pecho descubierto" lucharon por un mejor país para sus hijos, por la democracia y la convivencia, con una generosidad, un desprendimiento y una valentía ejemplares.

Destacados líderes políticos de izquierdas colombiano han dicho a Público que creen que la existencia como guerrilla de las FARC es la responsable de la "derechización extrema" de la sociedad colombiana, ya que "izquierda" se asocia a guerrilla. ¿Está usted de acuerdo?

Digamos genéricamente, que se está a la izquierda si se prioriza lo social, la democracia popular y los cambios revolucionarios, en oposición a quienes privilegian la ganancia económica, el hegemonismo burgués y la defensa del statu quo. No se trata solo de estar al lado izquierdo de la derecha, sino de defender integralmente intereses de clase, populares. Integralmente.

Puntualizo para comentarle que no he escuchado a ningún destacado dirigente, de izquierda, afirmar lo que menciona en su pregunta.

En Colombia los hay, bastantes, muy importantes y muy consecuentes, que con enorme responsabilidad y altura discrepan de la lucha armada revolucionaria, se apartan de ella, pero entendiendo sus circunstancias históricas, trabajan por encontrar los caminos de la solución política respetando el compromiso de quienes combatimos desde la insurgencia y, priorizando sus debates contra la oligarquía y contra el neo coloniaje imperial, verdaderos generadores de la violencia en Colombia.

De pronto existan quienes han militado en la izquierda y ya no defiendan sus posiciones originales sino las del régimen, como sucede en muchas partes del mundo. Habrá que respetar sus nuevas posturas, pero sin inscribirlos como defensores de los intereses populares ni ubicarlos a la izquierda en el ajedrez de la política.

También puede darse el caso de quienes pretenden ocultar sus propias fallas, tras el esfuerzo ajeno.

La lucha nuestra desde Marquetalia es por la democracia, por la posibilidad cierta de desarrollar una acción de masas, abierta, por los cambios revolucionarios y el socialismo. Y esta opción, es la que ha saboteado a tiros la oligarquía colombiana.

Asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán, legislaron con el anticomunismo como soporte durante la dictadura militar, crearon el Frente Nacional bipartidista para excluir y perseguir a los revolucionarios, y aprobaron una Constitución en 1991, con elementos positivos en su diseño y textos, que dejó intacta la concepción de Seguridad Nacional del enemigo interno que campea desde hace un poco más 47 años en nuestro país. La misma del paramilitarismo y los falsos positivos.

La derecha, en Colombia y en todo el mundo, propagandiza y difunde sus pretextos, reales o ficticios, para confundir, atacar y desvirtuar las luchas populares por bienestar y progreso social. Y utiliza variedad de formas para ello, incluyendo a muchos quienes algún día algún día fueron activistas de la izquierda.

En los tiempos que corren, con el desarrollo de los medios de comunicación, no hay confusión posible. Quienes defienden el orden existente, no lo pueden ocultar.

La confrontación en Colombia se ha prolongado demasiado. Luchar y clamar por la paz es expresión de un sentimiento profundamente popular y revolucionario.

Las FARC firmaron un pacto de no agresión con la guerrilla del ELN en diciembre de 2009. ¿Qué obstáculos ha habido en su implementación?

Tanto el Comando Central del ELN como el Secretariado del Estado mayor Central de las FARC - EP, hemos reconocido con sentido autocrítico, el error que significó no detener drástica, tajante y oportunamente los roces que se fueron dando en diversas áreas del país, entre combatientes de las dos fuerzas, de tiempo atrás.

Ahora, trabajamos con enorme convicción revolucionaria en todas esas áreas por superar, definitivamente, las asperezas, los mal entendidos, las emulaciones mal hechas y los enfrentamientos. Es un proceso complejo, teniendo en cuenta la coyuntura actual, de intensa confrontación política y militar con el Estado. Pero vamos avanzando con solidez.

La autocrítica es a fondo y en eso estamos. Falta tiempo, hay mucho terreno por recorrer pero avanzamos en firme haciendo conciencia, a todos los niveles de nuestras organizaciones, que somos parte del mismo contingente de lucha popular, revolucionaria, antiimperialista, bolivariana y socialista. Y que ello es lo que fundamenta la forma de relacionarnos, las convergencias que debemos trabajar y luchar para elevar a nuevos niveles la necesaria estrategia unitaria de los revolucionarios colombianos.

Recogimos el legado del gran revolucionario, el sacerdote Camilo Torres Restrepo de enfatizar lo que nos une. Las divergencias las debemos ventilar y airear en mecanismos que estamos creando para ello.

Estamos obligados a ser ejemplo de unidad. Y de madurez. Así también le contribuiremos a la unidad popular de los colombianos, proyectando en los hechos la prioridad "del bien común" por encima de cualquier interés particular.

Nos falta un buen trecho, pero ya lo empezamos. Y eso es lo estratégico.

Según un auto de la Audiencia Nacional, dos testimonios de antiguos miembros de las FARC implican al Ejército de Hugo Chávez en los cursillos de adiestramiento que ETA impartió a los guerrilleros colombianos en suelo venezolano. Los relatos de los arrepentidos forman parte de un informe de la Comisaría General de Información de la Policía. En el apartado del auto dedicado a los "hechos" se describe cómo en agosto de 2007 dos presuntos miembros de ETA impartieron en la selva venezolana dos cursos sobre manejo de explosivos a guerrilleros de las FARC. ¿Han tenido en el pasado las FARC relación con la banda ETA? ¿Mantienen relación en la actualidad y, en caso afirmativo, en qué consiste?

La experiencia de las FARC en materia de explosivos tanto de su fabricación, como de su almacenamiento y utilización es larga y abundante, lo que desde hace mucho tiempo nos permite autoabastecernos sin recurrir a ningún tipo de ayudas, simplemente porque no lo hemos necesitado. Tenemos nuestros propios instructores. Así de simple. Esto para rechazar las afirmaciones sobre tales cursillos con personal extranjero que solo pretenden afectar al gobierno bolivariano de Venezuela.

En Colombia, a partir de ofrecimiento de dineros, viajes a Europa y rebaja considerable de penas, algunos desertores, se prestaron para atestiguar en contra nuestra y favorecer políticas nacionales o internacionales del gobierno de Álvaro Uribe. Pero como la mentira no perdura, los montajes que fabricaron a partir de miles de falsos testimonios se están desmoronando. Todos caerán como castillos de naipes.

Por ejemplo, actualmente cursan investigaciones penales y administrativas, de la Fiscalía y también de la Procuraduría General de la Nación, contra altos funcionarios del gobierno Uribe y contra altos mandos militares de la época, por las comedias que montaron, farsas, falsas deserciones llenas de infames afirmaciones como parte de su ofensiva contra las FARC.

El mundo se está enterando cómo en el departamento del Tolima también se reclutaron bandidos y desocupados, con quienes "formaron" una columna guerrillera, los vistieron con uniformes militares, les dotaron algunos fusiles viejos y otros muchos de palo, llamaron a los periodistas, les tomaron fotos, peroraron una diatriba insulsa, les dieron algún dinero a los farsantes, difamaron sobre muchos ciudadanos a quienes luego encarcelaron y, luego, felices ratificaron que el fin del fin estaba cerca, incluyendo al presidente de entonces.

Dijéramos que esa fue una tónica general del gobierno colombiano anterior, buscando imponer sus políticas fascistas, levantó todo tipo de aduanas morales, legales, éticas, discrecionalmente, para otorgarse la licencia de calumniar, difamar, mentir e inventar. Valdría la pena que la justicia española verificara y confrontara a fondo las informaciones que le fueron proporcionadas en ese entonces.

Nuestras relaciones, que en este momento tienen carácter clandestino, con gran cantidad de organizaciones democráticas y revolucionarias del mundo, armadas y civiles, están regidas por las conclusiones de la Conferencias Guerrilleras que, como ya señalé, orientan sobre el no desarrollo de acciones militares en otros países, respetando la soberanía de cada país y las luchas de cada pueblo.

¿Es cierto que las FARC pidieron apoyo a ETA para atentar contra varias personas, entre ellas el presidente, Álvaro Uribe, cuando visitara España o la UE?

Esa es la propaganda que se hacía el mismo Uribe, en Colombia y en el exterior, para proyectar una imagen de víctima.

Las fuerzas de seguridad españolas detuvieron a Remedios García Albert, a quien consideran vinculada con las FARC. ¿Tienen las FARC vínculos con Remedios García Albert?. En caso afirmativo, ¿en qué consisten?

No conozco vínculos de Remedios García con las FARC. A ella, la referencio exclusivamente por una mención periodística de las autoridades colombianas , durante el periodo de incontinencia propagandística que sufrió el gobierno alrededor del supuesto ordenador del Comandante Raúl Reyes. Nunca antes ni nunca después la escuché nombrar. Podría afirmar, si de algo sirve, que en los tiempos de las conversaciones de paz en el Caguán, gran cantidad de personas venidas del mundo entero, a título individual o como representantes de organizaciones de muy diversa índole o de gobiernos, hicieron presencia e intercambiaron opiniones con nuestros representantes alrededor del proceso que se adelantaba. No podría agregar nada más al respecto.

¿Qué relación mantienen con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Ecuador?

Si usted me lo permite, preferiría abstenerme de una respuesta alusiva a nuestras relaciones con cualquier gobierno del mundo.

¿Creen que España puede jugar algún papel en la solución del conflicto colombiano? ¿Cuál?

Siempre hemos percibido positivamente la participación de la comunidad internacional en la solución política del conflicto. Pero, dadas sus características actuales y las permanentes y agresivas declaraciones oficiales, es necesario que le demos tiempo al tiempo.

¿Qué sabe de los falsos positivos? ¿Por qué las FARC no han difundido más revelaciones sobre ese tema?

El asesinato sistemático de civiles en estado de indefensión por parte de militares y policías, y su posterior presentación como "guerrilleros dados de baja en combate", es una práctica institucional en Colombia, desde el año 1948.

No es algo novedoso ni mucho menos. Hace parte de una guerra sucia desarrollada por el Estado colombiano contra "el enemigo interno" que también concibe y ejecuta el asesinato selectivo de líderes políticos de la oposición, de dirigentes sindicales comprometidos con los trabajadores, la desaparición de activistas revolucionarios, las torturas, el terror y las masacres que intimiden y generen miedo, parálisis, pánico y desplazamiento.

Todo ello se ha denunciado y se continúa denunciando. Existen centenares de libros, miles de denuncias, millares de evidencias y de pruebas que demuestran la responsabilidad del Estado colombiano en el desarrollo de esta estrategia, solo que hasta ahora, la comunidad internacional acepta la tesis oficial que señala como hechos aislados, bajo la responsabilidad de algunas manzanas podridas, esta criminal práctica institucional.

Son centenares de miles las víctimas civiles de la guerra sucia que el Régimen ha emprendido, según afirma, en "defensa de las instituciones y del Estado de Derecho".

A mediados de los años setenta, la estrategia oligárquica de terror fundió sus prácticas paramilitares con el narcotráfico, bajo la dirección y jefatura de poderosos empresarios, destacadas personalidades de la política tradicional y altos mandos militares, con el objetivo de intensificar sus crímenes y atesorar dineros provenientes del narcotráfico, pero ocultando a sus verdaderos jefes y orientadores.

Hoy, muchas evidencias empiezan a salir a flote, desde las farsas de las cárceles asignadas a los militares y políticos responsables de crímenes atroces, pasando por la usurpación masiva de tierras por parte de hacendados, militares, industriales y dirigentes de los partidos tradicionales, acuerdos políticos empapados de sangre entre gamonales y narcos, enriquecimiento desmesurado e inusitadamente rápido de un reducido sector social vinculado a los distintos gobiernos de estos años, institucionalidad permeada casi sin excepción por dineros mafiosos y al servicio de estos, hasta los nexos del alto gobierno con esta estrategia que por lo pronto visibiliza a dos de sus "eminentes" cabezas, el señor Narváez y Álvaro Uribe Vélez.

Y, aunque hasta hoy no hay militares condenados por los llamados "falsos positivos", la sociedad avanza en la lucha por llegar al fondo del problema, por determinar cada situación con precisión, castigar a los autores materiales y también a los autores intelectuales y determinadores, lo que inevitablemente alcanzará la reglamentación militar existente, inspirada, concebida y diseñada bajo la óptica de la Seguridad Nacional pregonada por Washington desde los tiempos de la guerra fría, que fue uno de los temas tabú en la Constituyente de 1991 y causa de fondo de los miles y miles de muertos de todos estos años. Colombia perdió mucho tiempo por ese veto que impuso la oligarquía en los conciliábulos de aquellos años.

Tamaña equivocación, no puede repetirse. Las soluciones que requiere el país son estructurales, si queremos la reconciliación sobre bases ciertas y no zurcir otro remiendo como aquel de 1991. Por eso también es trascendente, que si logramos construir un nuevo escenario en función de la solución incruenta, en algún momento puedan participar representantes de la fuerza pública, donde seguramente muchos de sus integrantes, sin responsabilidades en las bajezas de la guerra sucia, también estarán clamando por la reconciliación y la reconstrucción nacional.

A raíz de la muerte de Jorge Briceño en un bombardeo el 22 de septiembre, el presidente Santos reiteró que se ahora sí se vislumbraba el fin del fin de las FARC. ¿Qué opina sobre esto?

Desde 1964 hemos conocido tal declaración oficial en boca de distintos presidentes y ministros de guerra, en ocasiones haciendo de agoreros, otras veces en forma de promesa y otras a manera de amenaza, siempre con la pretensión de ocultar las raíces del conflicto que hicieron necesaria la existencia de las FARC.

Así, han justificado la violencia terrorista del Estado.

Así, han incrementado año tras año el presupuesto militar y policial, para solaz de los generales y de los señores de la guerra.

Así, han ocultado desde hace tiempo su propia incapacidad, su intransigencia y la profunda corrupción que corroe las instituciones oficiales.

Así, pretenden cubrir su vergonzoso y humillante arrodillamiento frente al Pentágono Norteamericano y a la Casa Blanca.

Mientras no aboquemos seriamente, entre todos, la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales del país, la confrontación será inevitable. Unas veces más intensa, otras no tanto. En algunos momentos con la iniciativa militar del Estado, en otros, con la iniciativa popular, en una trágica ciclotimia que debemos superar, inteligentemente, con grandeza histórica.

Como prosigue la confrontación, habrá más muertos. De lado y lado. Más tragedias para el pueblo. Y no llegarán la paz y ni la convivencia para Colombia.

No se trata de la muerte de uno o de otro comandante guerrillero. El conflicto no es tan sencillo ni tan simple. Las circunstancias históricas del país son muy particulares. La existencia de guerra de guerrillas revolucionarias en Colombia no es consecuencia del voluntarismo de un puñado de valientes o de unos aventureros, o de unos "terroristas" o de unos "narcoterroristas", tales calificativos podemos dejárselos a la propaganda oficial. La insurgencia colombiana es reflejo del sumun de una serie de factores estructurales que los distintos gobiernos no pueden empecinarse, terca y criminalmente, en desconocer.

La oligarquía colombiana ha conformado una fuerza pública armada de más de 500 mil hombres, en un país de alrededor de 45 millones de habitantes con enormes necesidades y carencias. ¡Inaudito!. Cerca de la quinta parte del presupuesto nacional del año entrante han sido aprobados para gastos militares. Se invirtieron casi $10.000 millones de dólares de ayuda norteamericana en el Plan Colombia, para una guerra fracasada. Sin embargo la confrontación prosigue.

Cuando bombardearon el campamento del comandante Jorge Briceño, con casi un centenar de aeronaves que dejaron caer miles y miles de toneladas de explosivos durante muchos días, en un dantesco infierno. Instalaron en la periferia del lugar de tiendas de campaña con espejitos y regalos y ropa nueva, zapatos Reebock y Nike invitando a los guerrilleros a través de altoparlantes durante semanas, a la traición y a la deserción.

Todo lo que obtuvieron fue una heroica respuesta militarde la guerrillerada, colmada de moral y de conciencia revolucionaria, que produjo centenares de bajas en la fuerza de ocupación oficial y la solicitud masiva de ingreso de nuevos guerrilleros en la región y en muchas otras zonas del país.

La cercanía de la paz democrática, de la convivencia y de la justicia social no se puede medir en litros de sangre. Eso lo sabe el país y por supuesto el presidente Santos.

En su último informe ONG colombiana Nuevo Arco Iris, que hace seguimiento al desarrollo del conflicto militar cruzando informaciones oficiales y de analistas, aunque reconoce la supremacía aérea del gobierno, ha dicho que los combates en tierra les son notoriamente adversos.

¿Cuáles son los resultados reales de esta larga confrontación?

Al respecto tan solo quisiera anotar que diariamente hay combates y hechos de guerra entre la guerrilla revolucionaria y la fuerza pública institucional y parainstitucional en la mayoría de los 32 departamentos del país, donde se obtienen victorias y en ocasiones también se reciben golpes, en una confrontación que se prolongó en el tiempo y en la que la iniciativa militar se altera, se modifica, cambia en el tiempo y en las diferentes áreas, pero no estratégicamente. Los partes militares que hacemos públicos, cuantifican alrededor de los efectos de la guerra en nuestro adversario y en nuestras propias filas con cifras irrebatibles. Quisiera destacar que la ofensiva oficial actual iniciada desde hace algo más de 11 años, a partir del llamado Plan Colombia, diseñado en el Pentágono norteamericano, dirigido y financiado por ellos y alimentado sin descanso por armamento de última generación desde Washington, fracasó. Es la más grande y prolongada operación contrainsurgente adelantada en el continente y es también la más grande demostración que la solución del conflicto en Colombia no pasa por la Pax Romana.

¿Qué condiciones exigen ustedes hoy para desmovilizarse?

Desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales, es una indignidad que lleva implícito un mensaje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro compromiso y propuesta bolivariana.

No tenemos ninguna dubitación, ninguna duda sobre nuestra obligación de luchar permanentemente y sin desmayo, con convicción y optimismo, por acercarnos con certeza a la solución política, incruenta, del conflicto. Los colombianos, con la contribución de países amigos, debemos construir un escenario de diálogo donde hilvanar y tejer mancomunadamente un proceso que concluya en acuerdos, cuya materialización incida contundente e irreversiblemente en la liquidación de las causas que en su momento originaron el conflicto armado y que hoy lo nutren abundantemente.

Una vez erigido el escenario, en un proceso que también debe trabajar la reconstrucción de la confianza entre las partes, tendremos que conversar sobre los prisioneros de guerra, militares, policías y guerrilleros en poder de las partes, como un aspecto político y humanitario que reclama prelación. Y, en función de objetivos de largo aliento, contamos como punto de partida con una herramienta excepcional cual es la Agenda Común por el cambio hacia una Nueva Colombia, firmada como acuerdo entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, en El Caguán.

Por supuesto que lo importante es construir el escenario, con voluntad de decisión política, pensando en el país y en su futuro, haciendo abstracción de las mentiras inventadas por la propaganda oficial que alejan la solución definitiva porque hace pensar al establecimiento con sus propios deseos. Y, en estos procesos es indispensable mantener la antena en tierra.

Los dolorosamente frustrados intentos que hemos hecho desde La Uribe en 1984 por encontrar caminos civilizados, son evidencia de las enormes dificultades que conlleva encontrar el camino correcto sin que ello implique resignación.

Colombia atraviesa una coyuntura crítica porque recién terminó el periodo del gobierno más violento y corrupto de la historia nacional encabezado por Álvaro Uribe. Decenas de los congresistas y dirigentes políticos que e hicieron campaña presidencial y participaron de su gestión están en la cárcel condenados como determinadores del narcoparamilitarismo, otros muchos enfrentan investigación preliminar por parte de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia, varios de sus ministros también están sindicados o son investigados mientras que decenas de mandos medios de esta administración ya están encarcelados todos por corrupción y/o paramilitarismo.

El velo está cerca de caer. La capa de teflón construida por los amigos de Uribe posibilitando el enriquecimiento desmesurado de este círculo mafioso como fruto de una inconmensurable corrupción administrativa, la contemporización complaciente de muchos con la estrategia y práctica paramilitar que ya se le conocía y su fascistoide rechazo visceral a una solución política del conflicto, todo este vergonzoso velo, está a punto de caer, lo que abrirá nuevas perspectivas a la civilidad y a la democracia verdadera.

Cuando el país además de la violencia y la corrupción, lo azota la naturaleza en forma de lluvia inclemente, le está reclamando a sus dirigentes grandeza y estatura histórica para sortear la difícil coyuntura y proyectarlo con fuerza hacia el futuro.

A los odios enfermizos irrigados por el anterior gobierno, que polarizaron a Colombia, les están pasando su cuarto de hora. A las licencias que se arrogó para birlar la ley como ruina les está poniendo fin la Fiscalía, los jueces y las Cortes. El haber retrotraído al DAS a los tiempos de la tenebrosa POPOL, policía política del régimen en los años 50 y aparato criminal del bolsillo presidencial, no será un delito impune.

La inane insistencia uribista condensada en su señalamiento a las FARC como terrorista, no le hace ni sombra a la contundente verdad sobre la existencia del conflicto armado en Colombia contenida en el proyecto de la llamada Ley de víctimas, si tenemos en cuenta que fue sobre la tesis mentirosa de inexistencia del conflicto, que Uribe construyó su tinglado fascista.

Como revolucionarios que lo hemos entregado todo por nuestros ideales y el bienestar del pueblo, persistimos en la solución política del conflicto.

PUBLICO.ES MADRID 11/06/2011 00:01 Actualizado: 11/06/2011 02:09

Publicado enColombia
A solo tres meses de ser expedida una nueva reforma de la Ley 100 mediante la Ley 1438, que pretendía controlar los problemas del sistema de salud colombiano dejando todo igual, sale a flote el gran desfalco propiciado por las EPS privadas a las finanzas públicas de salud.

El gobierno de Santos quiere mostrarlo como su gran hallazgo, cuando en realidad desde hace varios años las organizaciones sociales, las organizaciones de los trabajadores de la salud, las asociaciones de usuarios de la salud, las ligas de enfermos y sectores académicos han denunciado esta situación y muchas otras, que configuran una verdadera crisis humanitaria en el campo de la salud en Colombia.



Las investigaciones hechas en los últimos años por la Universidad Nacional de Colombia y el Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana evidenciaron cómo las EPS estaban haciéndole recobros1 de medicamentos al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) por precios entre 10 y 70 por ciento más altos que en países vecinos2.

Más recientemente, la Corporación Arco Iris reveló nexos entre grupos paramilitares y jefes políticos para desviar los recursos de la salud3 (Romero, 2010), asunto que desde hace años denunció Anthoc, el sindicato nacional de trabajadores públicos del sector salud.

De tal suerte que el problema con los recursos públicos de salud no es solamente lo que hoy sale a la luz sobre el robo de las EPS a través de los recobros sino también el cruce de información entre EPS para no atender pacientes, las gestiones de éstas para reducir el POS, aumentar la UPC y sostener la integración vertical4 (aspecto que han logrado con las dos reformas que se han dado, la Ley 112 de 2007 y la Ley 1430 de 2011), desviar los recursos para actores paramilitares y particulares, todo bajo la complicidad de las instituciones de control, en especial la Superintendencia de Salud y, lo que es peor, a expensas del sufrimiento, la enfermedad y la muerte de la gente.

Hallazgos del fraude en las finanzas públicas de salud

La olla se destapó a partir de los resultados de la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio que evidenció un ‘acuerdo’ entre 14 EPS privadas del régimen contributivo a través de su gremio, Acemi, para favorecer sus finanzas. En tanto para 2006 los recobros participaban con el 5,6 por ciento en el total de ingresos operacionales de estas EPS, para 2009 constituían el 18 por ciento de sus ingresos operacionales5.

De acuerdo con los resultados de esta investigación se halló que las EPS unificaron su proceder para negar sistemáticamente a los usuarios del régimen contributivo un conjunto de servicios que hacen parte del POS con cargo a la UPC, y recobrarlos ante el Fosyga por la vía de aprobación por tutela o por concepto del Comité Técnico Científicos (CTC)6, con lo cual obtenían pagos por la UPC y por los recursos de recobro, es decir, cobraban dos veces por un mismo servicio de salud. Esta información suministrada por las EPS al Fosyga era previamente manipulada, revisada y ajustada en el escenario de Acemi, impidiendo la debida transparencia7.

Los datos de la investigación indican que los valores recobrados por las EPS pasaron de $336.647.644.862 en 2006, a $1.798.892.621.322) en 2009, con un incremento de 434 por ciento en cuatro años. Para 2009, el monto total de recobros financiados por el Fosyga ascendió a más de dos billones de pesos8.

En los últimos años se dispararon los recobros, como lo muestra la gráfica siguiente. En 2006, vía tutelas y CTC, estas 14 EPS le recobraron al Fosyga 336 mil millones de pesos por servicios y procedimientos NO POS. En 2009, la cifra llegó a un billón $798 mil millones, y a 2,4 billones de pesos en 2010 (incremento de 714 por ciento en cinco años)9.



No hay que olvidar que, producto de esta situación, el gobierno nacional vía emergencia social, a comienzos de 2010, decretó nuevos impuestos que le reportaron ingresos adicionales al SGSSS de 1,7 billones de pesos. Es decir, hemos dado más dinero para que las EPS roben más.

De otro lado, se ha destapado también la forma como las EPS se lucran a través del recobro de medicamentos. Entre 2005 y 2010, el Fosyga les pagó a las EPS casi un billón de pesos por más de 100 tipos de medicamentos incluidos en el POS, que debían haber sido cubiertos por ellas10. Fármacos y elementos básicos que hacen parte del POS, como oxígeno, acetaminofén, diacepam, loratadina y omeprazol, negados en principio por las EPS, después eran recobrados al Fosyga, por lo cual las EPS recibieron $889.180 millones11.

De otro lado, el recobro de los medicamentos se hace con unos precios desmesurados, pues el país se enfrenta al monopolio de compañías multinacionales. Por ejemplo, el trastuzumab resulta 150 por ciento más costoso que en Costa Rica; el rituximab, que el país adquirió por US$ 3.500 la unidad, en Chile tiene un precio cercano a US$ 2.000; y el vortezomib, que aunque en el mercado tiene un precio aproximado de $ 3.295.002, registra distintos valores de recobro por las EPS, llegando hasta $ 6.557.054312.

Según el observatorio de medicamentos de la Federación Médica, en uno solo de éstos, el riruximab, que se usa para tratamientos contra el cáncer, las EPS privadas lo recobraron con sobrecostos de más de 70.000 millones pesos. Esto, según la Federación, ha sido posible en Colombia como producto de la desregulación de los precios de los medicamentos que se hizo a través de la circular 04 de 2006.

Con este tipo de robos, tanto por la vía de recobros de servicios como de medicamentos, se estima que el monto robado es cercano a $4.5 billones, es decir, más del 50 por ciento de las finanzas que históricamente maneja el Fosyga. En otras palabras, dinero para sostener el sistema de salud sí ha habido, pero se ha quedado en los bolsillos de las EPS privadas.

El modus operandi

Las investigaciones del CID de la Universidad Nacional, la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Corporación Arco Iris hablan de un modus operandi de las EPS para incrementar sus ganancias y establecer nexos con actores armados, fortaleciendo sus relaciones de poder.

Las estrategias de actuación han sido varias:
1. Falseamiento de información. Favorecido por el débil sistema de información de salud en Colombia, que además las EPS han estimulado para que se mantenga de esta manera, establecieron varias estrategias:
  • presentación de cuentas a nombre de personas inexistentes, con cédulas falsas o incluso de personas ya fallecidas;
  • cifras exagerada del costo de medicamentos y procedimientos NO POS;
  • duplicación de facturas, a nombre de un mismo paciente;
  • recobros por medicamentos e insumos que nunca se utilizaron o que nunca les fueron entregaron a los usuarios;
  • pagos por servicios y medicamentos NO POS, obtenidos supuestamente por tutelas que en realidad nunca se interpusieron.

2. Negación de servicios. Medida que les da réditos a las EPS por punta y punta. De un lado, instaurar barreras de acceso a los servicios de salud les garantiza no tocar los recursos de la UPC, porque ésta la reciben si atiendan o no a las personas. Y de otro lado, obligan a los usuarios a recurrir a los CTC o la tutela, por cuya vía recibirán las EPS el recobro y no afectan los recursos de la UPC.

3. Cambios legislativos a su favor. Es evidente la gran incidencia de las EPS sobre las decisiones del Congreso de la República y el gobierno nacional, que les ha posibilitado que las dos reformas de la Ley 100 no afecten el tema de la integración vertical, manteniéndolo. Además, busca incidir en la reducción del contenido del POS y el aumento del monto de UPC13.

4. Alianzas entre políticos, actores gubernamentales y actores paramilitares. Se expresa en acciones con claro carácter de corrupción y mafiosa, como por ejemplo:
  • cobro de comisiones para levantar glosas, es decir, eliminar reparos para gestionar los recobros ante el Fosyga;
  • recobro de medicamentos e insumos de contrabando, que fueron obtenidos a más bajo precio;
  • vínculos entre grupos paramilitares y jefes políticos para desviar los recursos de la salud, como es el caso del ex senador Dieb Maloof, a través de ‘cooperativas de trabajo’ que monopolizaban la contratación de la ESE José Prudencio Padilla, entidad liquidada en 200614.

Responsables: un cartel de la muerte, con mucho poder

Indudablemente, hay que hablar de cartel bajo el entendido de una alianza entre diversos actores para lucrarse cada uno, con actuaciones corruptas y mafiosas. Enfrentamos un sistema de salud que creó grandes poderes privados, que nunca fue capaz de regular, vigilar y controlar. Y estos grandes poderes, que se pueden ubicar en las EPS y la industria de las tecnologías en salud, en especial de medicamentos, tienen su agenda y avanzaban en ella. Por un lado, la agenda de las EPS es avanzar a un POS limitado, o sea, que se concentre en las patologías más prevalentes, para configurar un seguro de salud con prestaciones explicitas, donde la salud como derecho, las tutelas y la Corte Constitucional son un obstáculo por enfrentar. Por su lado, la agenda de la industria de tecnología de la salud es un modelo de negocio en el que la innovación es una inversión y el crecimiento de las ventas un imperativo15.

Estos propósitos llevan a que se establezca una alianza entre el gremio de las EPS privadas, con actores gubernamentales nacionales y locales, políticos y actores paramilitares, lo cual posibilita desplegar el conjunto de estrategias para su modus operandi, todo a expensas del sufrimiento, la enfermedad y la muerte de la gente.

En un asunto sí podemos estar de acuerdo con una de las aseveraciones hechas recientemente por el gobierno nacional, y es que nos encontramos ante enemigos muy poderosos en lo económico y en el plano del control de la información, con incidencia en el Congreso de la República, con control de sectores del gobierno nacional y locales, y con redes mafiosas y paramilitares.

¡Basta ya! ¡Que se vayan todos los que han robado los recursos y quitado la salud!

No se puede aceptar, al conocerse este fraude, el trillado argumento del gobierno nacional de que existe una crisis financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), argumento con el que implantó la emergencia social en salud y con el que avanzó en la nueva reforma del sistema por medio de la Ley 1438. Recursos hay más que suficientes. El problema es que las EPS y los cómplices del Gobierno se los han robado.

El modelo de la Ley 100, a partir del establecimiento de la intermediación financiera, ha generado un mecanismo perverso que posibilita el robo sistemático de los recursos públicos de salud por parte de las EPS privadas ¿No decían que lo privado era incorruptible? ¿No que lo público era podredumbre? ¿Qué más podredumbre que este cartel constituido entre las EPS privadas y su gremio Acemi, con la participación de altos funcionarios del Ministerio de la Protección Social y la complicidad de la Superintendencia de Salud?

Frente a esta situación, hay que ahondar la indignación, gritar estrepitosamente ¡Basta ya! ¡Que se vayan todos los que nos han robado los recursos y, lo peor, que nos han quitado la salud! No podemos desaprovechar esta nueva coyuntura nacional que ubica el tema de la salud como prioritario. Se debe retomar la movilización social por el derecho a la salud como la que se impulsó contra la emergencia social en salud, pero esta vez debemos avanzar en la configuración de una gran Convergencia Nacional por el Derecho a la Salud, que tenga capacidad política para liderar el establecimiento de un nuevo modelo de salud.

Es hora de actuar contundentemente y tumbar por fin la Ley 100, que acabe con las rateras EPS y se establezca un modelo de salud público y universal, garante del derecho a la salud para todo el pueblo colombiano y en el que prevalezcan la vida y la salud, y no el sentido de ganancia.

Como parte de las propuestas actuales que se promueven desde los sectores sociales está el impulso a la octava papeleta en las elecciones del próximo 30 de octubre, la cual se constituye en mecanismo político de la sociedad colombiana para demandar que no haya más Ley 100, bajo un nuevo modelo de salud. La propuesta se articula con el impulso a una Iniciativa Popular Legislativa que permita un acuerdo colectivo sobre el nuevo modelo de salud nacional, para que sea aprobado en el Congreso de la República como un mandato de la ciudadanía.

No podemos permitir que las EPS se salgan con las suyas. Debemos actuar en la dirección correcta y, hoy más que nunca, actuar con inteligencia política, con un claro sentido de articulación para potenciar los sectores que están en la orilla de la salud como derecho humano.
  1. Los recobros son el dinero que el Sistema General de Seguridad Social en Salud les reembolsa a las EPS a través del Fosyga por la prestación de servicios por fuera del POS (NO POS) a sus afiliados, sean procedimientos asistenciales o medicamentos.
  2. Rodríguez, Óscar. Política de seguridad social no toca fondo. UN Periódico Edición Nº 139, noviembre de 2010.
  3. Romero, Mauricio (editor). La economía de los paramilitares. Redes de corrupción, negocios y política. Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá, 2011.
  4. El POS es el Plan Obligatorio de Salud, paquete de servicios de salud que se recibe al estar asegurado a una EPS; la UPC es la Unidad de Pago por Capitación, dinero que recibe cada EPS por cada persona registrada en su base de datos, y la integración vertical es la contratación directa que hace cada EPS con su propia red de IPS, es decir, que se pasan el dinero de un bolsillo a otro.
  5. Superintendencia de Industria y Comercio. Informe Motivado: Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia. Recomienda sancionar a 14 EPS por participar en ‘acuerdo’ para la negación de servicios de salud. Bogotá, 2011. http://www.sic.gov.co.
  6. Los Comités Técnico-científicos (CTC) deciden si un servicio NO POS es asumido por la EPS. Una vez autorizado por el CTC, la EPS debe garantizar el acceso del usuario al tratamiento y puede solicitar el recobro correspondiente al Fosyga.
  7. Superintendencia de Industria y Comercio, op cit.
  8. ídem.
  9. ídem.
  10. Redacción salud. EPS ganaron casi un billón por drogas que no deban cobrar. El Tiempo, edición 7 de mayo de 2011.
  11. íd.
  12. Rodríguez, Óscar, op. cit.
  13. Ver nota 4.
  14. Romero, Mauricio (editor), op. cit.
  15. He tomado en este párrafo las ideas de Francisco Rossi, en un intercambio virtual de ideas.

Recuadro 1
 

Para no enredarse con algunos términos


Fosyga. Fondo de Solidaridad y Garantías. Administra los recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que provienen de diversas fuentes, entre ellas las cotizaciones al régimen contributivo, y los impuestos al licor y los juegos de azar.

Recobros. Dinero que el SGSSS les reembolsa a las EPS a través del Fosyga por la prestación de servicios por fuera del POS (NO POS) a sus afiliados, por procedimientos asistenciales o medicamentos.

POS. Plan Obligatorio de Salud, paquete de servicios de salud que se recibe al estar afiliado a una EPS.

UPC. Unidad de Pago por Capitación. Dinero que recibe cada EPS por cada persona registrada en su base de datos. La UPC equivale hoy a $505.627 para el régimen contributivo.

Integración vertical. Contratación directa que hace cada EPS con su propia red de IPS, es decir, que se pasan el dinero de un bolsillo a otro.

Comités Técnico-científicos. Deciden si un servicio NO POS es asumido o no por la EPS. Cada EPS tiene uno. Están integrados por médicos, científicos y tratantes, que no pueden ser personal de las EPS.


Recuadros

Diversas voces

La corrupción en la salud colombiana es mucho más profunda que la denunciada


Con enorme preocupación recibe Acesi la información de los últimos días que muestra cómo de manera sistemática y perversa se desangra el sistema de salud colombiano, siendo lo más grave que las irregularidades partan del interior del propio SGSSS.

El problema de fondo es mucho más profundo que los actos individuales de corrupción. En los últimos años ha visto el país cómo el sector salud llega a la sala de cuidados intensivos por la implementación de la Ley 100, pero, además, por los privilegios que se les entregaron a las EPS para que intermedien financieramente el sector. El desmesurado e injustificado aumento de los recobros, que superan los dos billones de pesos, no se explica con el comportamiento corrupto de una veintena de funcionarios; las acciones de investigación que ahora se emprenden deben llegar hasta la raíz del sistema, y las sanciones no se pueden dejar en señalamientos públicos y procesos contra empleados de niveles medios y bajos. El desangre del SGSSS ha sido denunciado desde tiempo atrás, e irregularidades de todo tipo son difundidas ampliamente por los medios de comunicación y sufridas por los colombianos. El incumplimiento sistemático de los contenidos del POS por las EPS debe ser tratado como delito contra la integridad y la vida de los usuarios del sistema de salud. La permanente mora en el pago de las obligaciones financieras a los prestadores públicos y privados es una falta grave contra la oportunidad en el sistema, como lo ha señalado incluso la Corte Constitucional y debe acarrear las máximas sanciones posibles.

Asociación Colombiana de Empresas del Estado y Hospitales Públicos (Acesi)


La cadena de desfalcos, a nombre de la protección del derecho a la salud, está a la orden del día


Son múltiples los hechos que demuestran el desfalco, los sobrecostos y el enriquecimiento de actores institucionales y personas naturales en el sistema de salud colombiano. […]. Estos escándalos no son nuevos, se denunciaron de diferentes maneras pero hubo oídos sordos y silencio por parte del Congreso, en los Ministerios de Protección Social y Hacienda, en la Presidencia de la República y en la Superintendencia Nacional de Salud encargada de la vigilancia del sistema de salud.

Esta situación, antes de mejorar, se profundiza, y lo que más causa indignación es que con la Ley 1438 de 2011 y su reglamentación se pretende darles más poder a quienes generan estos desfalcos porque las EPS podrán acordar no sólo cómo negar servicios (barreras de acceso); seguir recobrando procedimientos, medicamentos e insumos que están cubiertos en el POS con sobrecostos astronómicos, sino que adicionalmente podrán acodar cómo sacarle mayor rendimiento financiero para contener las acciones de promoción y prevención a nombre de la Atención Primaria en Salud (APS).

Lo anterior demuestra que la causa de todos estos males de la salud es la Ley 100 de 1993 y sus reformas posteriores, y de ahí la necesidad del cambio total del SGSSS por uno que garantice la salud y la seguridad social como derechos fundamentales, sin intermediación privada. Por eso nuestra campaña denuncia la vulneración del derecho a la salud y proclama la construcción de una ley integral de salud y seguridad social que reemplace la Ley 100, a través de un pronunciamiento público de la sociedad colombiana en las elecciones de octubre de 2011 por medio de la Octava Papeleta Salud y Seguridad Social. Universal, Pública, Equitativa e Integral.

Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social
 

Academia Nacional de Medicina


A los 17 años de implementación de la reforma en salud, los resultados finales son la mejor evidencia: la Ley 100, que creó el actual SGSSS, fue un gran error y el Gobierno y el Congreso, libres de presiones y pensando sólo en el bien de Colombia, deben emprender una reforma estructural que cambie el modelo con una visión de aseguramiento social universal, basado en el fortalecimiento de los derechos humanos, de primacía de la ciencia, la educación y el profesionalismo al servicio de la sociedad. Por ello, la Academia Nacional de Medicina expresa profunda preocupación por el proyecto de reforma que cursa en el Congreso, que eleva a principio constitucional la sostenibilidad fiscal por encima de los derechos humanos universales, consagrados en la Constitución y que afecta directamente la atención de la salud.

Ahora, más que nunca, se requiere recrear un muy fuerte Ministerio de Salud (no de Salud y Protección Social, que fundamentalmente no modificaría las cosas), fuerte y técnico, libre de politiquería, como lo fue en épocas pasadas, y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud y del Invima. Rígida vigilancia y control son indispensables, y el sistema de información con registro único es inaplazable. La vigilancia y el control deben estar libres de presiones y de cualquier conflicto de intereses.


Federación Médica Colombiana


Mientras el enriquecimiento indebido y las ilícitas actuaciones de los accionistas y empresarios ligados a muchas EPS se evidencian ante la opinión pública, simultáneamente más de cinco billones de pesos les adeudan esas mismas EPS a todos los prestadores de servicios de salud del país, llevándolos a ellos, a sus profesionales y a sus trabajadores a un calamitoso estado de postración y deterioro, todo lo cual forma parte de la intención de debilitar las redes de servicios y llevarlas a la quiebra, para afianzar su dominio oligopólico en todo el sector de la salud.

La Federación Médica Colombiana se permite exhortar a todos los profesionales y trabajadores del sector de la salud que laboran en IPS privadas o en Hospitales Públicos (ESE), por intermedio de las ‘cooperativas de trabajo asociado’, a que se organicen de inmediato en diferentes actividades de rechazo a tal forma anómala e inconstitucional de contratación, y que se utilice adecuada y prontamente la coyuntura actual de rechazo a todas las formas de intermediación en el sector de la salud.

La Federación Médica Colombiana invita a que todos los profesionales y trabajadores del sector de la salud acojan las consignas:

¡No más intermediarios en el sector de la salud!
¡No más intermediación laboral en Colombia!


Facultad Nacional de Salud Pública


Es difícil seguir argumentando que la crisis del sector se debe a la insuficiencia de recursos cuando los hechos están demostrando la magnitud de la corrupción, y más cuando el señor Presidente anuncia que apenas estamos descubriendo la punta del iceberg. No son las demandas de la población lo que ha quebrado al sistema; son sus administradores guiados por una racionalidad que privilegia el negocio y el lucro sobre los derechos de los enfermos. Lo han sido las empresas privadas administradoras de los recursos, que han refinado sus métodos para gestionar los procedimientos y fondos del sistema en su propio beneficio, como viene demostrándolo también la Superintendencia de Industria y Comercio, que investiga a varias aseguradoras por haber acordado estrategias dirigidas a negar los servicios a los usuarios, falsear información y aumentar de manera ficticia el valor de la UPC, hechos que, de comprobarse, podrán configurar conductas delictivas y particularmente asociación para delinquir.

Por eso lamentamos profundamente, como se lo hicimos saber al señor Presidente en nuestro derecho de petición de diciembre pasado, que el Congreso de la República haya perdido la oportunidad de corregir estas fallas del sistema y que, sin sopesar a fondo sus consecuencias, hubiera aprobado la Ley 1438 de 2011 que consolida el negocio del aseguramiento como eje central del modelo de salud de nuestro país. Los hechos ratifican lo planteado por los profesores en el mencionado derecho de petición, donde advertíamos que desconocer esta información en el momento de formular la ley y las políticas públicas en materia de un asunto tan importante y delicado como la salud implicaba por parte de los servidores públicos obrar de forma temeraria y en contra de los fines del Estado Social de Derecho.


Campaña Nacional por Salud y Seguridad Social Universal, Pública, Equitativa e Integral

Octava papeleta: ¡Voz y voto por tus derechos!

La Octava Papeleta es un concepto que permite posicionar la necesidad de un modelo de seguridad social como derecho fundamental para todos los colombianos, indiferente de la capacidad de pago y vínculo laboral, mediante una estrategia de comunicación que parte de recordar la importancia de la séptima papeleta en 1991, para legitimar el cambio de la Constitución de 1886, con el discurso de la participación y de construcción del Estado Social de Derecho, y teniendo en cuenta los 20 años de este mecanismo.

Se entregará una papeleta que se llamará Octava Papeleta, ¡Voz y voto por tus derechos! para mantener vigente el tema de la búsqueda de ese cambio en seguridad social en Colombia, ante el pueblo, medios de comunicación, gobierno y estamentos internacionales, mediante entregas periódicas de esta papeleta con los temas que se seleccionen, durante el tiempo necesario para lograr nuestro objetivo, acompañada de otras actividades, de formación, organización y movilización. La primera fecha objetivo serán las elecciones de octubre 30 de 2011.

Esta iniciativa se articula con la de una Iniciativa Popular Legislativa, que, como un mecanismo de participación constitucional, demanda configurar un Proyecto de Ley, en este caso de un nuevo modelo de salud para el país, que debe ser respaldado por un conjunto amplio de firmas ciudadanas, para luego presentar al Congreso de la República para que sea incorporado como Ley de la República.

Para vincularse activamente a la campaña y/o lograr mayor información, escriba a:

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Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc)
Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social
Publicado enEdición 169
Invierno, fenómeno de La Niña y decretos de emergencia. Una revisión cuidadosa de la legislación expedida por el gobierno nacional con motivo de los sucesos de diciembre trasluce -como el manejo ambiental del país- incoherencia, contradicciones, desconocimiento.

Parto de dos certezas y una presunción: la primera certeza, que existen suficientes razones para que el gobierno nacional haya declarado el estado de emergencia con base en el artículo 215 de la Constitución Nacional; la segunda, que los efectos de La Niña 2010 demuestran que ni el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (creado en 1988), ni el Sistema Nacional Ambiental (que existe desde 1993) ni todos los sistemas, actores y sectores que manejan este país han logrado reducir su vulnerabilidad ni frente a las dinámicas naturales ni frente a muchas de las dinámicas sociales que se pueden convertir en amenazas.

Y la presunción: que el Gobierno ha actuado de buena fe al expedir las normas, y tomar las medidas que ha adoptado para conjurar la emergencia y reducir la posibilidad de que ocurran nuevos desastres, por lo menos por temporadas invernales.

Decretos de emergencia

Los dos decretos madre que declaran el estado de emergencia (Decreto 4580 de 2010 y Decreto 20 de 2011) y los casi 40 decretos-leyes expedidos en desarrollo de los primeros, son herramientas constitucionales y legales para hacer gestión del riesgo, es decir, para intervenir en la medida de lo posible sobre los factores que generan los riesgos, con el fin de reducirlos y evitar que se conviertan en desastres, y también para facilitar la recuperación de los ecosistemas y de las comunidades que hayan resultado afectadas por un desastre inevitable.

Pero a la gestión del riesgo también hay que hacerle gestión del riesgo, para que cumpla sus objetivos y no agrave los riesgos existentes, ni cree nuevas amenazas y vulnerabilidades…, ni genere nuevos y más graves desastres.

Como es bien sabido, el Estado de Derecho en las democracias liberales se basa en la separación de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, cada una con funciones específicas. La Constitución ha previsto un mecanismo de excepción (el ya citado artículo 215) para que, cuando haya razones de extrema gravedad que pongan en peligro el orden ecológico, económico y social del país, el Ejecutivo asuma por un tiempo determinado la función legislativa, que le corresponde al Congreso. En ese orden de ideas, el Gobierno expide normas con jerarquía de ley, con las cuales, entre otras cosas, puede modificar o derogar leyes (porque ley mata ley).

Como el estado de emergencia representa una especie de suspensión temporal de ese aspecto fundamental del Estado de Derecho, la Corte Constitucional, constituida precisamente con ese fin, debe vigilar muy cuidadosamente que exista absoluta coherencia y conexidad entre los decretos-leyes que expida el presidente de la república y las causas que motivaron la declaratoria del estado de excepción. Es decir, es responsabilidad de la Corte evitar que el ordenamiento jurídico se convierta en otro damnificado del desastre invernal.

Dejemos de lado las –para mí indudables– buenas intenciones del Gobierno, y no descartemos la necesidad de introducirles profundas reformas al Sistema Nacional Ambiental (incluyendo a las CAR) y al de Prevención y Atención de Desastres. Pero recordemos que, en derecho, tan importantes como el contenido son las formalidades, el debido proceso y, como ya dijimos, la coherencia y la conexidad (¿Qué conexidad existe, por ejemplo, entre el desastre invernal y la reducción del límite de velocidad en las carreteras del país?).

La parte considerativa de los decretos que declaran el estado de emergencia se abre con un error absoluto en materia científica, repetido en algunos de los decretos-ley: “…el fenómeno de La Niña constituye un desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles”.

No. La Niña es un fenómeno natural, no un desastre. Eso equivale a expedir una ley cambiando los horarios de trabajo, con el argumento de que el Sol está girando alrededor de la Tierra más rápido que antes… o algo así. Me niego a creer que el IDEAM, institución científica de primera calidad, haya metido la mano en esa ‘consideración’. Es posible que el error de afirmar que “La Niña es un desastre natural” (error que amerita un “cero aclamado” en Ciencias Naturales para quien lo cometió) no tenga implicaciones jurídicas. Esperemos que sea así porque, de lo contrario, tratándose de los dos decretos madre sobre los cuales se basan todos los demás, significa la caída de toda la legislación de emergencia, lo que dejaría al Gobierno sin herramientas jurídicas para conjurar el desastre.

En cambio, lo de que las dimensiones del fenómeno (o, más bien, sus efectos en el territorio colombiano) son “extraordinarias e imprevisibles”, además de constituir también un error (en este caso de información o de percepción, pues el IDEAM y otras instituciones nacionales e internacionales venían advirtiendo desde meses antes lo que podía suceder, además de que, de alguna manera, lo que ocurrió ya había pasado antes, muchas veces en todas las regiones afectadas), puede tener consecuencias jurídicas, en particular en lo que hace referencia al Decreto 141 de 2011, mediante el cual se reforman varios aspectos de la estructura y el funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Ya dijimos que los efectos de La Niña 2010 demuestran que el Sistema Nacional Ambiental (además de otros actores) ha sido incapaz de reducir la vulnerabilidad del país. Pero si, como lo anotan otros analistas, en los decretos madre se dice que las dimensiones del fenómeno son “extraordinarias e imprevisibles”, ¿cómo es que el Decreto 141 afirma que “dentro de los efectos ocasionados por el fenómeno de La Niña, se identifican algunos que pudieron ser prevenidos o evitados en el marco de las competencias y las funciones que les fueron asignadas a las CAR, de Desarrollo Sostenible y Grandes Centros Urbanos”?

Cierta o no esa consideración, hay un problema de coherencia y conexidad con lo expresado en la norma fundamental, además de que el decreto-ley parece reducir a las CAR todo el Sistema Nacional Ambiental, en cuya cabeza están el Presidente de la República, y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

El citado Decreto 141 tiene, además, graves implicaciones que deben conducir a actuaciones concretas: cuando esa norma, que es ley (en un hecho sin precedentes, por lo menos hasta donde yo sé), declara que “en la revisión de la gestión ambiental en el territorio nacional a cargo de las autoridades ambientales regionales, se evidenciaron omisiones y acciones que contribuyeron a la ocurrencia de los eventos de catástrofe y calamidad”, que “adicionalmente esas autoridades ambientales omitieron sus deberes de actuación como autoridades de policía en la defensa de la cuenca, los recursos naturales renovables y la vida”, y “que así mismo existe negligencia de parte de las autoridades ambientales en el ejercicio de sus funciones de policía que la ley les impone”, está acusando genéricamente a un conjunto de funcionarios y personas que cumplen funciones públicas en las juntas directivas de esos organismos, de una serie de delitos, entre otros, de prevaricato por omisión (“El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones…”, art. 414 Código Penal –CP).

Y si, como efectivamente sucedió, en algunos lugares se perdieron vidas humanas como consecuencia y expresión del desastre, los funcionarios ‘negligentes’ deben ser procesados por homicidio culposo (“El que por culpa matare a otro…”, art. 329 CP). El artículo 37 del CP dice que “la conducta es culposa cuando el agente realiza el hecho punible por falta de previsión del resultado previsible o cuando, habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo”.

Al gobierno nacional le corresponde, entonces, hacer las denuncias concretas, pero no solamente contra las autoridades ambientales vinculadas formalmente a las CAR sino también, por ejemplo, contra quienes, con posterioridad a la expedición del Código Minero, otorgaron u ordenaron otorgar títulos mineros en páramos. Y contra todas las autoridades, del nivel nacional hacia abajo, que a sabiendas tomaron decisiones contrarias a la integridad y la diversidad de los ecosistemas, cuya protección es responsabilidad expresa del Estado en virtud del artículo 79 de la Constitución Nacional (por ejemplo: autorizar la construcción de una carretera en una zona protegida y sin previa licencia ambiental).

¿Qué es eso si no prevaricato por acción? (“El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley…”, art. 413 CP).

¿Habrá cárcel para tanta gente? O ¿a cuántos funcionarios tendrán que darles el cargo por cárcel, previa reforma del Código Penal?

Hay más comentarios sobre esta legislación excepcional. Pero, por ahora, el espacio se agotó.
Publicado enEdición 166
Entre el 15 y el 16 de noviembre se llevó a cabo el encuentro “Por el Reconocimiento Político y Social del Campesinado”, al cual asistieron alrededor de 1.500 campesinos y campesinas de diversas partes del país, especialmente del oriente caucano. Retomamos a continuación apartes de los textos discutidos y las conclusiones de las deliberaciones.

Problemática campesina

La política estatal de guerra y la rural en los últimos 20 años acentúa el desconocimiento social y político del campesinado. Ese nivel es cada día mayor, hasta el punto de hacer parecer que no hay campesinos, como si éstos fueran un mito. Es terrible que haya que decir: “¡Oiga! Los campesinos sí existen, como antes se dudaba de que los indígenas tuvieran alma. Uno de los aspectos de esta “ignorancia”, evidenciado en el encuentro de Inzá, tiene que ver con la tensión que se da en el municipio, entre campesinos e indígenas.

Esta tensión refleja cómo el Estado, en su reconocimiento parcial de derechos de las comunidades indígenas, legisla sin observar que los territorios habitados por los indígenas son también espacios habitados por el campesinado. Así, se busca que los nuevos resguardos por constituirse en Turmina y Pedregal se extiendan sobre territorios habitados por campesinos. Unos y otros tenemos derecho al suelo, unos porque sus títulos de resguardo datan de la Colonia, mientras los otros llevamos varias décadas allí. Unos y otros somos víctimas del desplazamiento y el ordenamiento territorial que en diferentes períodos históricos han impuesto los poderosos, generalmente grandes propietarios de tierra.

La tensión de las comunidades evidencia que no hay una política estatal que conciba la nación y el territorio (local, regional y nacional) como construcción pluricultural y equitativa, que para el caso permitiría que el territorio indígena no sea el que se les quite a los campesinos, pues el Estado está obligado a distribuir tierras, entre otras cosas porque los dueños legítimos de muchas tierras son campesinos, indígenas y afrodescendientes.

Lo que sucede en Inzá entre estos dos sectores no está aislado; es una estrategia para dividir a los sectores populares, beneficiando a los politiqueros, los grandes dueños de la tierra e intereses multinacionales, más aún cuando el movimiento indígena caucano es epicentro de recientes luchas sociales, y el campesinado sobrelleva debilitamiento por la acción paramilitar.

En 2005, con la recuperación territorial bajo la campaña de Liberación de la Madre Tierra, salió a flote el verdadero interés terrateniente. Mientras los indígenas y algunos sectores campesinos lideraban la toma de haciendas, se convocó a una movilización para defender la propiedad privada, y por el derecho a la existencia del campesinado y la democracia. En Silvia se movilizó la comunidad urbana contra la toma de tierras; en Caloto, la administración y la Gobernación convocó  a campesinos y afrodescendientes. Desde los medios de comunicación, el Gobierno dice que los indígenas son terratenientes con mucha tierra, pero oculta la naturaleza de ésta y la realidad de su concentración en el departamento, causa real que explica el arrinconamiento histórico, y la falta de tierra, que padecen las comunidades.

Zonas de Reserva Campesina (ZRC)

A fines de los años 80 del siglo XX, en zonas cocaleras y de frontera agrícola se empezó a hablar de esta figura. En 1994 se promulga. Las marchas cocaleras de 1996 exigieron reglamentar la Ley 160 y crear las ZRC, hechas realidad en El Pato (Huila), Cabrera (Cundinamarca), Calamar (Guaviare), Valle del Cimitarra (Antioquia), Morales (Bolívar), con ayuda del Banco Mundial. Muchas otras regiones pidieron lo mismo en Boyacá, Santanderes, Cesar, Nariño, Tolima y Cundinamarca.

Ante la tensión indígenas-campesinos expuesta en el Encuentro, los campesinos presentan como opción crear una ZRC, definida así: “Se trata de fortalecer las comunidades con la aplicación de sus derechos a la tierra y sus recursos, con el apoyo del Estado, para incorporar formas adecuadas, ‘sostenibles', de aprovechamiento del territorio y de recursos y para fortalecer sus organizaciones, y su desarrollo económico, político y cultural. Se trata de hacer un nuevo ordenamiento que compatibilice las necesidades comunitarias y las posibilidades de su medio ambiente, como base real para la viabilidad de país”2. En el corto plazo y ante la situación de vulnerabilidad del campesino, la ZRC es una figura jurídica que ayuda a salvaguardar sus territorios y plantear la distribución de la tierra y el ordenamiento territorial alrededor de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), como base económica y cultural campesina, sostén de la seguridad alimentaria.
En Inzá no es la primera vez que se propone la creación de una ZRC, y los campesinos son conscientes de que, así como hay limitantes para crear resguardos, también los hay para crear las ZRC. El hecho de que en este municipio la propiedad de la tierra se caracterice por ser minifundio y microfundio, lleva a plantear que la ZRC debe ser una propuesta territorial que vaya más allá del espacio municipal. La situación demuestra que en Colombia los territorios son muy diversos y que gran parte de su problemática exige tocar el problema de la tenencia de la tierra y del ordenamiento territorial.

Gracias a las comunidades indígenas y afrodescendientes, en el norte del Cauca hay una gran riqueza pluricultural respecto a la propiedad colectiva de la tierra, está riqueza puede contribuir en la concepción de propiedad privada y colectiva que caracterizaría una ZRC. Una nueva concepción de propiedad privada en los campesinos evitaría que los terratenientes y los medios de comunicación los engañen cuando éstos los llaman a rechazar las tomas de tierra, pues no es lo mismo la propiedad privada de dos o tres hectáreas en la montaña marginada que la propiedad privada de dos o tres haciendas en un fértil valle, cerca de los circuitos comerciales.

El actual gobierno reconoce las ZRC en su ley de tierras, pero al respecto se cree que debemos tener en cuenta lo planteado por el congresista Jorge Robledo en el debate de la plenaria del Senado (septiembre 21-2010) sobre la propuesta del gobierno: “En el artículo 69, expresa que se desmontará la UAF, obstáculo que Uribe no pudo desmontar en su gobierno…. van a eliminarla y se la pegarán a las Zonas de Desarrollo Empresarial de gran producción”. Al respecto, el analista Alfredo Molano subraya: “Sería algo así como liquidar en las ciudades el criterio de estrato, que de alguna manera ha favorecido a los pobres”3.

De concretarse una ZRC desde Inzá, en el contexto actual de la ley de tierras y reparación, y del modelo agroindustrial y comercial que se promueve, sería un gran referente en el país porque permitiría generar debate y alternativas, y demostraría que la causa real de la tensión indígenas-campesinos es el problema de la concentración de la tierra. Es triste y hasta ridículo pensar que, mientras las comunidades tienen conflictos por la estrechez de los territorios que habitan, en 2005, mientras los indígenas y los campesinos eran reprimidos y engañados por el Gobierno respecto a las tomas de tierras, éste era complaciente con las miles de hectáreas que los paramilitares les arrebataron a los campesinos. La cosa ha sido de un nivel de desfachatez que hasta la Procuraduría reconoció la vergonzante situación de concentración de la tierra.

El gobierno quiere ZRC sin UAF porque éstas representan la posibilidad de la pequeña y la mediana propiedad en contexto comunitario, de economía campesina, no convenientes a la actual etapa del modelo agroindustrial y empresarial; más cuando el modelo busca que el gran capital internacional compre y usufructúe grandes extensiones. Estas compras de tierra necesitan un territorio libre de figuras de propiedad como la UAF, obstáculo para expandir sus negocios, y que la ZRC sea útil al modelo y fuente de mano de obra barata.

El problema de la tierra y el territorio tiene varias caras. Se maneja de diferentes formas: unas regiones o zonas focalizadas tendrán ley de tierras y restitución, mientras otras, como el Cauca, están dentro del despliegue político y social con población que se hace bajo el ‘plan Colombia'. En la restitución de los dos millones de hectáreas que propone el gobierno hay muchas dudas sobre el proceso económico, cultural, social y de garantías para que los campesinos vuelvan a sus predios con la posibilidad real de poder iniciar un nuevo proceso vital. Se teme que la falta de condiciones lleve a que muchos campesinos vendan su tierra y ésta pase a engrosar el latifundio.

La Ley de Tierras, al legalizar predios, despierta dinámicas de mercado que permiten hacer deseable las propiedades de campesinos que carecen de condiciones para cultivar la tierra, pero además ayudan a legalizar grandes propiedades de procedencia dudosa. Dado tal proceso de legalización, se dan condiciones para extranjerizar la tierra, es decir, para que varios capitales y países se interesen en adquirir tierras en Colombia, entre otras cosas para producir comida aquí y llevarla a sus países, asegurando su seguridad alimentaria.

Que en Colombia se importen ocho millones de toneladas de alimentos, mientras los campesinos están excluidos de la posibilidad de una economía campesina que garantice nuestra seguridad alimentaria, es un absurdo que sólo favorece el modelo agrícola empresarial y extractivo minero-energético que invade territorios campesinos, indígenas y campesinos. Tal razón hace que tensiones como las que se presentan entre las comunidades de Inzá busquen alternativas pluriculturales para develar las reales causas de los problemas. En este camino de búsquedas hay que advertir referentes como el Mandato Campesino de 2003, el Congreso de los Pueblos, las experiencias de las mingas, de las ZRC, de los cabildos y los territorios afro, casos de otros países, además del sentido de la lucha cuando surge del seno del movimiento indígena, campesino y popular.

Conclusiones.
Frente a los actuales problemas del país, proponemos:


  1. Defender los territorios como espacios legítimos donde definir cómo queremos vivir.
  2. Construir relaciones armónicas con los demás pueblos que habitan nuestro territorio.
  3. Trabajar conjuntamente para defender la vida rural ante la oleada minera de gran escala, la privatización del agua y la entrega de tierras para la población campesina.
  4. Producir alimentos en condiciones de exigibilidad de derechos para los campesinos y las campesinas.
  5. Fortalecer la visibilidad del campesinado y la construcción de derechos para la población.

Ante la escasa interlocución del campesinado con el Gobierno, queremos:

1. Reconocimiento de la consulta previa y del Convenio 141 de la OIT. Exigencia de declaratoria de los derechos del campesino, emitidas por la ONU, e identificación de los derechos y las reivindicaciones del campesinado.
2. Defensa de las formas de producción y la vida campesina mediante la autonomía agroalimentaria y exigibilidad de certificaciones propias de los productos.
3. Creación de una gran mesa campesina con miras a discutir y formular una política pública para la ruralidad.
4. Defender la soberanía alimentaria en los territorios, promoviendo formas de producción económica del sector campesino, intercambio y trueque de productos agrícolas, recuperación de semillas y producción orgánica, y capacitación e información sobre la problemática agroalimentaria.
5. Construcción de mandatos para la exigibilidad de derechos y propuestas como Zonas de Reserva Campesina (ZRC), desarrollo de iniciativas de ley, y mandatos para el fortalecimiento interno y la movilización.
6. Creación de un comité departamental para impulsar las ZRC.
7. Reivindicar la declaración de los derechos del campesino y los pueblos, trascendiendo la lógica liberal, individual, hacia los derechos colectivos.
8. Reconocimiento de la mujer como actor socio-político, fortaleciendo la participación de las mujeres en escenarios de discusión y decisión de los espacios de organización social sectorial y multisectorial.
9. Construcción de una propuesta educativo-cultural que dé cuenta de las particularidades locales del campesinado.
 
1    Rincón García, John Jairo (enero-abril 2009). Diversos y comunes: elementos constitutivos del conflicto entre comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas en el Cauca, Universidad Nacional, revista Análisis Político, vol. 22, Nº 65, Bogotá.
2    Montaña Fajardo, Darío (abril de 2000), “Las zonas de reserva campesina: ¿estrategia de desarrollo regional y contra el desplazamiento?, en: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article4066.
3    Molano Bravo, Alfredo (2010), “Sacar campesinos”. domingo 12 de septiembre.
Publicado enEdición 164
El agua está cubriendo todo el país. Día a día, desde diversas coordenadas del territorio nacional, se informa de nuevas poblaciones cubiertas por ríos como el Magdalena, el Cauca y muchos más. Las imágenes que transmite la televisión impactan, pero las familias afectadas, en su gran mayoría, son las mismas que sobreviven ahogadas en pobreza, falta de tierra, desempleo, vivienda inadecuada, ingresos insuficientes. Sin duda, muchas de ellas desplazadas de la primera, la segunda o la actual ola de violencia que sacude al país, y bajo la cual millones sufren el robo de su tierra y su techo.

El invierno llegó con todo al país, pero ya se sabía que en 2010 sería más intenso, pues se cuenta con el efecto de La Niña, que reproduce las lluvias por efectos de vientos llegados desde el océano Pacífico. Si esto se sabía, si se conocía que estaríamos sometidos a ese fenómeno hidrometeorológico, lo que vivimos es además falta de prevención, desidia gubernamental, y los efectos innegables de un modelo que niega el derecho a vida digna para la mayoría de quienes habitan Colombia. Los datos oficiales hablan ahora de 1.600.000 damnificados, 174 muertos, 19 desaparecidos y 225 heridos, datos que no tienen en cuenta a los afectados por el deslizamiento de tierra sobre el barrio La Gabriela, de Bello (Antioquia), donde las víctimas pueden pasar de 150.
 
Los vientos y el agua se suman a las precarias condiciones en que viven miles de familias colombianas, las cuales, ante la concentración de la tierra y la riqueza en pocas manos, se tienen que recostar al lado de las montañas, aruñando un pedazo de tierra para levantar en ella sus viviendas, para garantizarles protección a los integrantes de cada una de estas familias.
 
El invierno no cae sobre la nada. “Ni la variabilidad ni el cambio climáticos hacen su aparición en escenarios en blanco sino en territorios sobre los que ya pesan múltiples amenazas de carácter natural (como los terremotos y las erupciones volcánicas), o de origen directa o indirectamente humano, como los deslizamientos y las inundaciones debidas al manejo inadecuado de las cuencas hidrográficas”. 
 
Dirigentes sinvergüenzas
 
Apenas iniciado el invierno, y con los primeros cientos de miles de afectados, el anuncio de las autoridades oficiales fue realizar colectas para poder atender a las víctimas de los desastres naturales, pero también, como ya lo dijimos, reflejar la falta de planeación y de la evidencia de un modelo económico y social que no responde sino por la minoría.
 
El llamado ha sido reiterativo. Un Estado con un presupuesto anual de 148 billones de pesos, en su mayoría destinado a pagar deuda externa y sostener un guerra que quieren llevar hasta el extremo del arrasamiento del enemigo, lo primero que hace cuando ve que el invierno arrecia es acudir a la colecta pública, nacional e internacional. Y en televisión aparecen los ‘dadivosos’ banqueros, beneficiarios de las prebendas de un sistema totalmente financiarizado, que ganan al año 10 billones de pesos, entregando mil o dos mil millones de aporte deducibles de la renta, para que por sus ‘generosidades’ sean presentados como héroes de la beneficencia pública. Y para mostrar “todo el esfuerzo hecho”, ahora dice el propio Ministro de Gobierno que están raspando la olla. ¡Estado limosnero!
 
Estamos ante una actitud sinvergüenza. Se acude a la ‘solidaridad’ de una sociedad sometida a un sistema impositivo que le cobra más al que tiene menos y beneficia con subsidios a quien más tiene. Con esa ‘Solidaridad’ se busca despertar sentimientos explotando la tristeza y el dolor de cientos, de miles, inundados bajo la potencia de los ríos.
 
Ahora el Presidente dice que “esto nunca nos había pasado en nuestra historia”, pero no es cierto. Aunque en menor intensidad, año tras año el país, y en éste lo más pobres, sufren las consecuencias del invierno pero también del verano. Como dice Gustavo Wilches-Chaux, “somos un país inadaptado al invierno, pero también al verano”. Y somos así por ausencia de planificación, por la concentración de las mejores tierras en pocas manos, por la falta de una organización del territorio que se lleve a cabo a partir de pensar en el ser humano y no en cómo se favorece a unos cuantos ricos.
 
Dan vergüenza estos dirigentes nacionales, tan sensibleros a la orden de un desastre que se podía prevenir. Dan vergüenza cuando se les mira en el espejo de la vida presente y pasada, cuando miramos que otros países –a pesar de no tener la variedad de recursos e inmensas posibilidades que se tienen en Colombia–, ante fenómenos naturales como los huracanes, tienen la capacidad de proteger a toda su población, reubicándola, llevándola a albergues temporales, etcétera, todo dentro de un sistema social y político donde lo fundamental es el ser humano y no la propiedad de las cosas.
 
El país está bajo agua. Pero lo que también está totalmente anegado es el modelo económico, social y político que ha permitido que los efectos del invierno se traduzcan en tragedia y, cómo no, están totalmente ahogados los dirigentes de ese modelo que ahora se refugian, para ejercer su mandato, en aquellos a quienes siempre desprecian.

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Publicado enColombia
Faltan 1.460 de los mismos con las mismas. La mayoría sigue o seguirá en espera. Cambio-continuidad es la marca con desilusión en unos cuantos. Aun queda satisfacción y esperanza en sus votantes. Estas y otras realidades, sensaciones y deseos, reposan sobre la sociedad luego de los primeros cien días de Santos. Desilusión. Cambio. Esperanza. Continuidad.

Desilusión hay. De inmediato, un importante sector de la sociedad esperaba mucho del nuevo gobierno. No era para menos. Sus promesas de campaña alentaban sueños que cien días después no auguran comienzo.

En alguna similitud con la sociedad estadounidense en relación con Obama, con Santos nuestra sociedad manifiesta un tempranero desengaño. Los motivos de los colombianos no son menores. El principal: su política económica, que no cambia la senda marcada por sus antecesores. La regla fiscal, en trámite en el Congreso, es la columna vertebral de esta política, que ataja y viola derechos adquiridos.

Con un tufillo autoritario, esta norma pretende que la realización de todos los derechos sociales quede sometida al dictamen de la Caja del Estado. De esta manera, las luchas de los sectores populares colombianos quedarían borradas de un solo brochazo. Las normas y los convenios internacionales quedarían sometidos a una legislación sin soporte filosófico humanitario. Con las disponibilidades y las prioridades del Estado como razón única y suprema de la administración pública. Con el ser humano y sus derechos sometidos a la máquina, para que los aplaste. Por esta vía, adquiere vía libre el sueño de organismos como el Fondo Monetario Internacional, siempre preocupado por la estabilidad fiscal.

Con la contradicción y la inconformidad pública en aumento de las regiones con explotación petrolera o minera en general, otra parte sustancial de la política económica del nuevo gobierno descansa en la reforma de las regalías, reforma que pretende trasladar y centralizar en las manos del Ejecutivo los inmensos recursos que ahora reposan a cargo de las autoridades locales, con la excusa de que no han sido bien administrados.

Además, 1. La política del primer empleo, aún sin definición plena; 2. El reajuste salarial de final de año; 3. La insistencia ante los Estados Unidos para el trámite a la firma del TLC; 4. La conservación de las bondades impositivas para con las multinacionales que llegan al país; 5. La ausencia de un proyecto de desarrollo por vía propia. Son éstos otros aspectos de la política santista que podrán hacer del nuestro un país con crecimiento económico inmediato pero… con altos costos ambientales y humanos para las presentes y futuras generaciones.

Cambio. Otro sector de la población sí ve transformación en el nuevo gobierno, en el nuevo tono para abordar la relación con los vecinos (Venezuela y Ecuador), por una parte, y de otra con los opositores, mediante un lenguaje –sin inclusiones ni transformaciones de fondo– que rebaja la carga de tensión que rebasó Uribe en la sociedad colombiana. Pero también, por la manera de llevar la relación con la justicia, y en la disposición para atender el tema de las víctimas del conflicto y los despojados de la tierra. En verdad, son manejos diferentes. Como lo es la supuesta renuncia por tramitar el tema de las bases militares de Estados Unidos en Colombia, pero cada uno, en su acomodo, deja un sabor amargo.

Por el momento, sólo aludimos a la Ley de Tierras y de Víctimas con fuerte debate en el Congreso, que, al decir de los entendidos, es sólo una reforma sin dientes. En algunos casos, puede regresar la tierra a sus verdaderos dueños pero sin asumir pago alguno por todas las consecuencias y daños sufridos en el momento de perder su propiedad y durante los años de desplazamiento, pero de igual manera sin garantías para el retorno ni para trabajar la tierra en forma adecuada.

Otro aspecto con fuertes críticas a la norma en debate es eludir el tema de la verdad. El proyecto peca de bruto en un aspecto esencial: se diseña para un país en el supuesto de que transita en una aclimatación de la paz, cuando no hay política alguna más allá de la guerra y su clima psicológico. Las presiones sobre amplios grupos poblacionales persisten, el desplazamiento se podrá reducir pero no eliminar, y por tanto “el hacer con la mano se borrará con el codo”. Este es un aspecto por señalar. Pero hay otro.

Tal como en diferentes momentos de nuestra historia nacional: la política de tierras que está detrás de esta ley parece reeditar experiencias ya vividas, en las cuales, a nombre de los campesinos sin tierra o minifundistas, se propició que los terratenientes amasaran más tierra, alguna legalizada, con el supuesto propósito de atacar la injusticia.

Esperanza. A pesar de estas observaciones, los sectores que ven un cambio con Santos esperan consecuencia con sus propuestas. Es más: visualizan una honda contradicción entre los grupos de poder que representa su antecesor y los que ahora ocupan la Casa de Nariño. A partir de esta tensión, ven una disputa de poder que puede llegar a escalar el conflicto que pudiera dar al traste con la mafia, los parapolíticos, los paramilitares, y todas sus manifestaciones generadas y enquistadas en el Estado.

Cabe una sola observación de estupor. Cualquier observador imparcial que lea el discurso de posesión del actual Presidente concluirá que realizar su ofrecido es imposible sin participación social; sin movilización de los afectados por las políticas que dice querer superar. Y esa es la esencia de cualquier cambio: el sujeto del mismo, si de cambio y esperanza se trata, no puede descansar en el Estado, una máquina que se defiende y se reproduce a sí misma. Por tanto, terminará engullendo a quienes pretenden transformarla con paliativos no radicales. Es decir, habrá cambio pero aparente, con beneficios para alguna gente (rostros para la pantalla), pero la mayoría de los afectados por 30 años de guerra quedarán en espera de la justicia.

Continuidad. Si la política santista marcha con las constantes aquí señaladas, es evidente que entre el anterior y el nuevo gobierno reina la continuidad. Con matices, pero continuidad. Hay cambio de estilo –que no es lo fundamental–, sin tocar lo estructural. Y en este aspecto sustancial no hay ruptura sino, por demás, un respeto a las políticas heredadas. Los temas no son pocos: economía, medio ambiente, seguridad/criminalización de la protesta social, multinacionales, política de guerra, salud.

No es raro, por consiguiente –en la perspectiva de los sectores más desprotegidos de la sociedad, a la hora de examinar los primeros cien días del nuevo Presidente y de su equipo de gobierno, y desde esa atalaya divisar los tres años y un poco menos de nueve meses que faltan–, señalar la desilusión por la continuidad en la aplicación de las políticas estructurales.

Sin duda, la esperanza sólo reposa en la fuerza y la capacidad de cambio de esos mismos sectores mayoritarios. Persistir con ellos es la labor de quienes desean otro destino para Colombia y la región que habita.


Publicado enEdición 163
Bogotá, 19 de julio de 2010
Doscientos años de luchas populares
Al estado y la sociedad colombiana

…El sistema de gobierno más perfecto
es aquel que produce mayor suma de felicidad posible,
mayor suma de seguridad social
y mayor suma de estabilidad política.
(Simón Bolívar, Discurso de Angostura, 1819)

Con nuestro pensamiento en el país necesario, en la Colombia posible, levantamos nuestras voces. Nuestros gritos y letras con destino a quienes tienen la culpa de la situación de nuestro País, y tienen el poder del Estado y la pretensión de definir el destino de todos nosotros y nosotras.

En procura de un país para todos y todas, en medio de las dificultades y con nuestras diferencias y diversidad, desde aquí, desde la calle, desde el camino rural y el barrio periférico de cualquiera de nuestras ciudades y municipios, en desempleo, con sueldos, asalariados o informales; y desde la frontera agrícola, altura arriba y selva adentro –adonde no llegan las encuestas–, y las actividades productivas legales e ilegales que “nos tocan” para sobrevivir. Todos y todas, sin perder el calor de colombianos y de gente en nuestros hogares, que ‘allá en su altura’ ustedes desconocen. Con lección de decencia y urbanidad de nuestras madres y nuestros padres, va el ‘dibujo’ y requerimiento del país que pretendemos. País deseado y necesario.

Colombia requiere una democracia que, más allá de ser representativa, eche su raíz en la cotidianidad de sus hijos e hijas y abra paso a un nuevo modelo de sociedad. Un modelo que no mengüe los derechos a una letra impresa. Que les dé cumplimiento cotidiano y recobre la confianza, hermandad de quienes habitan este territorio y permita el regreso de todas las personas emigradas, exiliadas, refugiadas al país, así como la alegría sin noches de preocupación.

Nos dirigimos a ustedes, señoras y señores, a ustedes que habitan o visitan la Casa de Nariño, el Congreso de la República, el Palacio de Justicia y los ministerios:

Afirmamos, interrogamos, desde las bancas de los parques, donde descansamos nuestros pasos al parecer sin fin en busca de empleo. También, desde la esquina de cualquier zona comercial, donde vendemos unos pocos cacharros, y con escasas monedas intentamos cubrir el pan para nuestras familias. O, escribimos con estas manos que en la ciudad y el campo laboran en diferentes trabajos y ocupaciones sin el pago necesario para una vida digna. Del mismo modo, frente al enriquecimiento y el delito de ‘cuello blanco’, nuestras voces y letras atraviesan los barrotes de las cárceles donde miles de connacionales están en hacinamiento o aislamiento –por lentitud de la justicia, culpables o no, con justa pena o no.

Hoy, dirigimos a ustedes nuestros anhelos comunitarios. Un quehacer tras sustraer nuestros cuerpos con fatiga en cualquier cafetería barrial, cansados de la brega por conseguir los pesos para el arriendo, la cuota del UVR, y los pagos del agua, la luz y otros impuestos. Hoy, nuestras necesidades y voces brotan de los hogares donde cuidamos a los hijos y las hijas de nuestras comunidades, allí, donde al final de la jornada laboral constatamos que no percibimos siquiera un salario mínimo.

Señores y señoras gobernantes, congresistas, magistrados, equipos de asesores: escuchen, lean nuestros sueños y reivindicaciones que toman forma a pesar de la angustia:

Nuestro descontento crece desde los pasillos de los hospitales, donde hacemos fila, durante horas y horas, en busca de una atención integral y completa. Aumenta, desde los campos y las zonas protegidas de páramos, selvas y humedales, ahora, en entrega a las grandes multinacionales para su explotación en busca de petróleo, oro y otros minerales. Pero también, camina desde otras esquinas de nuestro campo, donde padecemos constante presión y violencia para la expulsión y el abandono del terruño que nos vio nacer y que luego cubrirán con monocultivos y lujosas cercas.

Asimismo, nuestras letras y palabras cruzan océanos y cordilleras. Están escritas con sollozos de miles y centenares de miles de hombres y mujeres de distinta edad, forzados al abandono de los suyos y la rebusca de trabajo en otras tierras, o de protección judicial y humanitaria ante los familiares asesinados,  las amenazas, la persecución o el atentado.

Testimonio, voz y escrito desde las casuchas donde escampamos en condiciones nada dignas, adonde llegamos desplazados de nuestros campos, ahora territorios en disputa por el apetito del negocio, del capital financiero o del control geopolítico.

En esta ocasión, ordenamos nuestras tristezas, sobrellevadas con dignidad, escritas en forma de misiva, para que toquen en la mesa del que tiene más y, sobre todo, de quienes pretenden decidir sobre nuestras cotidianidades y nuestras herencias con deudas de dolor.

Señoras y señores representantes del poder y de sus distintas ramas: nuestro país se enfrenta a realidades de inocultable exclusión e injusticia, cada vez más hondas, cada vez más urgentes de remediar. Sin cumplir con la Constitución, nuestro país afronta la inmensa tarea de ser reconstruido sobre bases nuevas, cimentadas en el humanismo renovado, la redistribución de la riqueza y la democratización en la propiedad de la tierra –rural y urbana–, el equilibrio ambiental, el respeto de las minorías y los pueblos ancestrales, la eliminación del analfabetismo, el hambre y el desempleo, la eliminación de la estructura paramilitar-mafiosa politiquera de las instituciones y la opinión.

Como ustedes saben, esta inmensa tarea no es posible de emprender sin brindar espacios de igualdad, participación y decisión para las mayorías. Unas mayorías siempre negadas y en infinidad de veces perseguidas. Mayorías urgidas de espacios de renovación y afirmación de soberanía nacional que exigen convivencia y paz –con un Estado que dé ejemplo y pida perdón, que haga reparación por su responsabilidad en la violencia oficial durante décadas, garantizando la no repetición de la barbarie y evitando la impunidad. Y de una convivencia –esperamos que ustedes, gobernantes, tengan claro– que para el logro productivo y espiritual de un nuevo país se busca y teje, más allá del simple deseo, con una obra y materialidad explícitas de bienestar social, redistribución de nuestras abundantes dotes naturales, de suelo con cosechas constantes, de maravilla y colores, que la línea del ecuador y el sol en todos los meses, nos permiten; en los Andes, el Llano, las Costas, las islas y el Darién y el Amazonas que habitamos.

Colombia distinta, convivencia hasta ahora esquiva, necesaria para ocupar un nuevo lugar en el continente, distante en todos los gobiernos, pero con mayor notoriedad en los dos últimos cuatrienios, donde se impuso matar jóvenes indefensos, de hacer acuerdos de libre comercio sin reparar en las consecuencias futuras de los mismos, de licitar páramos, humedales, zonas de reserva ambiental, con el afán de extraer de la naturaleza todos sus recursos sin importar el presente y el futuro del medio ambiente. Al parecer, consigna idéntica en el gobierno, bajo el escudo engañoso, por su parte, de una ‘unidad nacional’ útil tal vez para zanjar contradicciones dentro del establecimiento y, de ser necesario, reunificar los partidos oficiales, o hacer una reedición y un retroceso constitucional del Frente Nacional.

Colombia distinta, convivencia que urge aquí y ahora, cuando la soberanía está marchita por la entrega del territorio nacional a las botas y las armas de un ejército extranjero, del país al cual envían compatriotas para ser juzgados por distintos motivos. El mismo país que pretende un Tratado de Libre Comercio. Acuerdo éste que hará de nuestro país un simple satélite de su bandera, y de nuestra pequeña y mediana industria y el campo unos cementerios.

Colombia distinta, convivencia con un ramillete de propósitos no satisfechos en los dos siglos que ahora retoman y celebran de vida republicana: Justicia, igualdad, libertad, soberanía, dignidad, tranquilidad, techo, salud, empleo, pluralidad de credos, recuperación de la Pacha mama para sus dueños originarios, reconversión de tratados y paz. ¡Henos aquí!, en pos de una sociedad libre y de iguales, y por tanto dispuestos a:
  • Batir el latifundio,
  • Enfrentar la injusticia,
  • Derrotar la desigualdad,
  • Acabar con el analfabetismo,
  • Eliminar el hambre,
  • Superar el desempleo y la llamada “informalidad” laboral,
  • Potenciar el país a partir de la reorganización de su territorio y el reconocimiento y la valoración de las cualidades y las capacidades de cada una de sus regiones,
  • Hacer realidad la soberanía,
  • Distribuir la tierra –rural y urbana,
  • Propiciar y potenciar el comercio de las medianas empresas y de los pequeños productores,  e incentivar la economía solidaria.

Colombia distinta, convivencia: para proteger agua,  minas, ríos, montañas, selvas, plantas, oxígeno, energía y biodiversidad.  Poner en marcha un proyecto propio con un Estado y gobierno inclusivo para un país en paz.

Colombia distinta, convivencia por:
  • Hacer del país un territorio soberano y de iguales en la diferencia.
  • Dejar atrás el poder de los terratenientes, los paramilitares y el narcotráfico, y su identidad de intereses que les dan ventaja para mantener sumidos en el miedo y la zozobra a los humildes que habitan los municipios pequeños y medianos, y, ahora, a inmensos grupos humanos en las grandes ciudades.
  • No permitir una explotación y despojo de multinacionales e intereses financieros que no promueven el desarrollo de una economía nacional pensada y construida desde las necesidades de las mayorías del país.
  • Conseguir la paz, no sólo con el silencio de los fusiles sino también con la implementación de un modelo económico, político y social que garantice justicia, libertad, felicidad, equilibrio ambiental, y la igualdad entre todos los pueblos que habitamos Colombia.
  • Trabajo y recursos para hacer realidad una vida en dignidad.
  • Integración latinoamericana urgente, necesaria, ahora que los desarrollos científicos, técnicos y tecnológicos exigen la complementariedad de experiencias, saberes, recursos y capacidades.
  • Soberanía sin crimen, explotación ni bota extranjera.

La consecución de todas y cada una de estas metas son la base de una sociedad plural, en movilización y participación constante, radical en su democracia, soberana en su integración a la órbita internacional.

Llamamos a la sociedad a que asumamos este reto como de todos y todas. Por nuestra parte, el reto está abierto, y no descansaremos hasta hacerlo realidad cotidiana.

Minga de resistencia social y comunitaria, Movimiento por la defensa de los derechos del pueblo – Modep, Movimiento Magisterial Dignidad Educativa, desde abajo, Colectivo Rumbos (Transmisora Chimbilá), Comités de obreros y trabajadores Ignacio Torres Giraldo, Asamblea de sectores y barrios afectados por el plan centro - Bogotá, periódico Macarenazo, Federación Universitaria Nacional –Fun –Comisiones, Consejo Comunal Barrio Potosí, Asociación por la defensa de los derechos de los hijos del pueblo –Addhip, Federación de estudiantes de agronomía de Colombia, Confluencia de mujeres Bogotá, Proyecto Justicia y Vida, Centro cultural Bareke, Rebeldía Estudiantil Organizada, Minga urbana Techotiva, Colectivo juvenil Gaitana, Asociación de la mujer democrática, Proceso Nacional Identidad Estudiantil, Equipo Vientos del sur, Censat Agua Viva, Campaña de la Independencia a la Emancipación, Unión Sindical Obrera –USO–,
Sintraemdes - seccional Bogotá.
Publicado enEdición 159
Numerosas organizaciones llaman a la Instalación-Apertura del Congreso de los Pueblos que tendrá lugar el próximo 20 de julio. Al mismo tiempo, citan a que por miles, nos congreguemos en la Marcha Patriótica por la Independencia.

Estas son dos citas, en una misma jornada, con las cuales dar cuenta y celebrar el Bicentenario de la Primera Independencia. Pero hay mucho más. La convocatoria a instalar el Congreso de los Pueblos, pretende además, potenciar un esfuerzo mancomunado en pos de una instancia de dirección estratégica, que se constituya por parte de los sectores sociales populares, un “estado mayor del pueblo”, como en su historia reciente y para su victoria de gobierno con Evo, llaman los compañeros bolivianos.

Un “estado mayor” que ejercite la dirección amada por la gente, legítima, y del cual y con el cual podamos vivir un proceso de intensa acción política, de ascenso para que el movimiento social asuma y arribe a un nuevo estadio: pasar de la defensiva –que por cerca de 20 años lo determina– al de una iniciativa que permita a todas las voces inconformes, confrontar como un solo cuerpo al actual régimen político, y pararle el macho al Estado neoliberal.

Se trata de una tarea y un esfuerzo urgente en una sociedad desorientada en su quehacer, en tanto, huérfana de liderazgos sociales consolidados y representativos de las distintas luchas y reivindicaciones. Congreso de los pueblos y Marcha que ayudarán a precisar el cómo, el para qué, el porqué, el cuándo, el dónde, el con quiénes, etcétera, del pendiente esfuerzo popular que los colombianos debemos emprender.
Convocación de poder

Desde hace 20 años, padecemos la aplicación inclemente de la política neoliberal. La brecha entre ricos y pobres se profundizó. El asunto público se desvalorizó. El individualismo ganó mayor espacio y la política se transformó en una empresa más para que unos pocos acumulen más poder, dinero y bienes mal habidos. En este panorama, ¿tiene vigencia otro mundo posible?

Sí. Pero hay que enrutar esfuerzos, como un solo cuerpo. Con un diseño estratégico y táctico, de sus tareas y consignas, con aporte; pero más allá de las de partido y de cada grupo. Y de las de cada aspirante a candidato. sin necesidad de que cada uno, como actor político o social, colectivo o activista, renuncie a su personalidad.Es la urgencia de ganar un referente que encauce los dispersos esfuerzos de todos.

Cuando proponemos, por tanto, que demos cuerpo al Congreso de los Pueblos, invitamos a todas las organizaciones populares para que entre todos construyamos esa instancia de dirección estratégica, que tanta falta hace a los sectores alternativos. No sólo para resistir, una acción que ya hemos hecho durante décadas. Sino para revolcar la sociedad actual.

Un propósito y un ideal que hace necesario diseñar la sociedad, el Estado y la democracia a las cuales aspiramos, con memoria de nuestras luchas y nuestra historia. Construirlas, definirlas paso a paso, en cuya empresa es indispensable contar con una vocación de gobierno y de poder, con su respectiva y renovada movilización que procure una dualidad de poderes.

Estratégica y táctica


Un Congreso que construya dentro del pueblo la idea certera de la existencia de una opción popular para dirigir los destinos de la nación, integrada por todos los sectores sociales. O al menos, por su mayoría.

Tal instancia, compleja en su propósito, se constituirá en el proceso mismo. No nace de un solo golpe o evento. Se legitima en sus diferentes instancias participantes y locales, regionales o representativas en el orden nacional.

Esta instancia, debe ganar una capacidad de acatamiento y dirección que indique con avances de unidad o unanimidad el punto a llegar: poder autónomo de la comunidad y la gente, doble poder, democracia profunda. Como también: la manera de politizar y proceder en las acciones y  luchas cotidianas; y en las articulaciones (el método); el sentido del tiempo o de la oportunidad para orientar cada movilización y cada lucha. De convocatoria y legitimidad para concentrar a fondo las fuerzas populares y de la comunidad colombiana en el exterior, en cada momento dado de la lucha política.

Dualidad de poderes


Poner en marcha un Congreso de los Pueblos es ejecutar en la práctica una concepción de la política que resume en las mayorías el poder. Y crea los espacios requeridos para que así sea.

No sólo reclama la participación popular sino que ante todo la propicia.

Para que este Congreso resuma en sus sesiones una verdadera representación del ser y el sentir social, y por su conducto ganar legitimidad suficiente para orientar y ser escuchado en las luchas del pueblo, debe propiciar la superación de la inercia de conformismos y cooptación e impedir que se consoliden como dominantes en la mente y la acción de la comunidad.

Ponencias. Sesiones trimestrales. Para el éxito de la cita popular el Congreso de los pueblos en sus sesiones deberá estimular y crear espacios para que las distintas expresiones de lo social (por ejes temáticos o territoriales) se encuentren. Para que aun a pesar de creerse diferentes, puedan discutir y precisar sus posiciones, resumir sus visiones de país; mediante ponencias a presentar ante las sesiones del Congreso de los Pueblos.

Dichas sesiones tendrán lugar cada tres meses. Proyectarán los necesarios sustentos y proyectos de país, contra la pobreza, el analfabetismo, el latifundio y el uso sin sentido social del suelo urbano, y de rescate de la soberanía y recuperación en las FF.AA. de un sentido patriótico y de reparación, etc. que desde ahora podemos resumir en una consigna que condense todas las luchas en curso: ¡Por la democracia popular y el desmonte del Estado neoliberal!

Manifiesto Colombia


El 20 de julio de 2010 se instalará esta instancia de dirección moral y política del pueblo colombiano. Ese día, en sesión plenaria, se leerá el Manifiesto Colombia, o documento central o declaración que resuma el sueño de país que nos congrega.

Este documento irá como noticia y discusión al conjunto nacional, pero de igual manera: constituye un arma que emplazará al gobierno de estreno el próximo 7 de agosto. Por primera vez, desde su minuto inicial,  el Palacio de Nariño tendrá el reto de (escuchar y negociar o enfrentar) los puños y manos alzadas del movimiento social, que ante el país y el mundo, se asume con vocación de gobierno y poder.
Publicado enEdición 157
El 19 de febrero se paró el Chocó. Con cientos de movilizados por sus calles, y expresiones de apoyo en otros departamentos, los chocoanos le recordaron al país que continúan tratados como una de las regiones más olvidadas del país.

Con una población de 454.000 personas (Censo 2005), puerta principal del país hacia el Pacífico, frontera con Panamá y Ecuador, importantes ríos que cruzan toda su geografía (San Juan, Atrato, Baudó),  habitada por afrodescendientes e indígenas de los pueblos Embera y Waunana, esta bella región colombiana sobrelleva grandes déficits en salud, educación, servicios públicos, desempleo estructural. Vías.

Precisamente fue este tema, vías, el que despertó la rabia de sus habitantes. El 4 de febrero, un bus de la empresa Rápido Ochoa que se dirigía de Medellín a Quibdó y que transitaba en el sitio conocido como El Siete, rodó por un precipicio. El saldo final: más de dos docenas de muertos y otros tanto desaparecidos.

Tragedia repetida en otras ocasiones, en un goteo de muertes ocasionadas por el riesgo de transitar una vía que no llega ni a trocha.  “La vía de la muerte”, como se le conoce popularmente, suma 98 kilómetros, que podrían ser recorridos en 3 horas. Horas interminables, en el decir de muchos, pues los tramos estrechos impiden el paso seguro y en cambio sí marcan el presagio de las más de 8 horas de recorrido.

De vieja data. Una vía que requiere rectificación y pavimentación desde mediados del siglo pasado, pero que la falta de dinero –pese a que el gobierno central lo ha anunciado en repetidas ocasiones- ha impedido concretarla.

Las voces de dolor que despertó el accidente de inicios de febrero, obligó a que Ministerio del ramo se comprometiera con asumir la reparación de la vía: cien mil millones fueron asegurados. Pero todos los estudios precisan que esa cifra no alcanza ni para cubrir los costos por los arreglos de la mitad de la vía. Por ello el pliego petitorio demandaba que se giraran dineros por el ciento por ciento de lo que cuesta la obra.

De un problema y otros tantos

El pueblo chocoano es uno de los que más adolece del abandono del Estado. Pobreza, desnutrición, falta de educación, salud, vivienda, son el aire que se respira a diario en el departamento. Año tras año se desencadena una arista distinta y la misma respuesta del gobierno: ofrecer paliativos a problemas de fondo.

Se recuerda el escándalo que desató la muerte de niños en el 2007 por razones de desnutrición. Las estadísticas revelaron una cruel realidad: del 2000 al 2005,  murieron en este departamento 235 personas por causa de “anemias y deficiencias nutricionales”, las cuales están relacionadas principalmente, con el fenómeno del hambre. De estas, el 84 por ciento corresponde a personas en previsible estado de vulnerabilidad (niños y niñas menores de 5 años de edad y adultos mayores de 65 años). ¿La respuesta?, recursos condicionados.

Así lo deja en evidencia el proceder del Gobierno Nacional. Según Juan G. Ángel, consejero presidencial para Chocó: “El Gobierno ha venido destinando $2,4 billones al desarrollo socioeconómico y la recuperación de la viabilidad del Chocó. Los recursos fueron asignados con el Conpes 3553 de diciembre de 2008 a programas como reducción de la pobreza, el empleo y gestión ambiental, entre otros. Al Departamento lo encontraron postrado en salud, en vías, educación y agua potable”.

Poco para tanta necesidad. Pero el abandono de la región se también se manifiesta desde otros ángulos: disputa militar por su rica biodiversidad, por el control de su territorio como zona para tráfico de estupefacientes y comercio de armas, pero además como territorio para implantar megaproyectos como agrocombustibles, el viejo proyecto del canal Atrato – Truandó, con el cual se supliría el de Panamá, y las vías que integran al país a los proyectos del Iirsa, como la carretera a través del Tapón del Darién, proyectos, unos y otros, que han costado multitud de vidas a los habitantes de la región, y ahora mismo es motivo para que los paramilitares presionen sobre comunidades fronterizas como las de Cacarica, ubicadas en el Urabá antioqueño.

Presión que abre esperanza

La movilización de los habitantes de la región dio resultados positivos. Hasta el 19 de febrero en horas nocturnas, y como mecanismo para desmovilizarlos, el Gobierno comprometió los dineros correspondientes al 100 por 100 ciento de la vía El Siete – Quibdó. Pero faltaba mucho más por firmas. (ver pliego). Sin duda, la enseñanza es una: no pueden ser desconocidos si actúan como un solo cuerpo. Conservar esa unidad es fundamental para lograr el conjunto de lo demandado, pero además, para obtener en el largo plazo que los males estructurales que padece la región sean cosas del pasado.

¡Paro Cívico Departamental!

Jueves 19 de febrero

La mal llamada carretera Quibdó-El Siete es una vergüenza nacional, que atenta contra la vida y la economía de los chocoanos, y demás seres humanos que se ven forzados a aventurarse por esta trocha. Abierta en 1942, es llamada "La Vía de la Muerte", debido al peligro que representa su calzada destapada, llena de grandes huecos, lodazales y precipicios, donde frecuentemente se registran derrumbes y pérdida de la banca. Es tal su estrechez en algunos tramos, que la calzada apenas alcanza los 2,50 metros, por lo cual los vehículos que la transitan se exponen a rodar a los abismos, como ocurrió recientemente con el bus de Rápido Ochoa, en accidente que dejó un saldo trágico superior a las 40 víctimas mortales.

La ausencia de mantenimiento por parte del Instituto Nacional de Vías ha derivado en un deterioro total del tramo correspondiente al departamento del Chocó, comprendido entre la localidad de El Siete y Quibdó, lo que genera demoras infernales en el recorrido. Un tramo de apenas 98 kilómetros, que debería recorrerse en hora y media, toma entre ocho y doce horas, lo que demuestra el deplorable estado de esta mal llamada carretera nacional, en la que frecuentemente se registra el volcamiento de vehículos y la destrucción de mercancías, lo que contribuye a encarecer el índice de precios al consumidor, afectando los ingresos de los chocoanos, que a su extrema pobreza deben agregarle los sobrecostos que se generan por la falta de una adecuada carretera.

Tras décadas de lucha por su rectificación y pavimentación, el Chocó sólo ha recibido promesas incumplidas del Estado y de los gobernantes de turno. De nada han servido los ruegos de los chocoanos que llevamos más de cincuenta años esperando la prometida pavimentación de esta vía. El último accidente en esta trocha, ocurrido en la vereda Santa Ana del municipio de Carmen de Atrato, donde murieron más de cuarenta personas, llenó de indignación y rebosó la paciencia del pueblo chocoano. La única respuesta del Gobierno Nacional ante esta tragedia, fueron las declaraciones del Director(e) de Invías, quien expresó que la vía tiene tránsito normal.

El Ministro de Transporte evadió la gravedad del asunto afirmando que debía utilizarse la ruta Medellín-Pereira-Quibdó y el Presidente Álvaro Uribe de forma tardía vino a Quibdó a afirmar con cinismo que su gobierno hacía un esfuerzo y aportaba 70 mil millones de pesos para sacar a  licitación la pavimentación del tramo El Siete-Quibdó, cuando lo cierto fue que se hizo un recorte pues en el documento Conpes 3536 de julio 18 de 2008 constaba el compromiso de destinar 130 mil millones de pesos para ese tramo. No se entiende cómo, en momentos en que el Gobierno Nacional decidió duplicar las inversiones en infraestructura vial para generar empleo, al Chocó, por el contrario, se le recortan recursos y de forma cínica se le miente al país anunciando inversiones que no alcanzan para pavimentar ni la mitad de los 98 kilómetros de vía en mal estado,  con lo que no se daría ninguna solución real, pues continuarían más de 50 kilómetros en condiciones vergonzantes. En similar estado se encuentra la vía Las Ánimas-Santa Cecilia, indispensable para que los chocoanos nos podamos comunicar e intercambiar productos con los departamentos del Eje Cafetero.  

El Chocó sufre una criminal discriminación en todos los órdenes, su débil estructura institucional se encuentra en total bancarrota, avanzan en forma alarmante los índices de hambre, pobreza, indigencia, analfabetismo, desempleo, mortalidad infantil y materna, se reduce la expectativa de vida y las comunidades se mueren sin esperanza alguna de progreso. De análoga forma, el sector educativo se encuentra al borde del colapso total, con un déficit financiero que supera los 40 mil millones de pesos; el sistema de salud intervenido y sus hospitales en "estado agónico"; las bocas del río Atrato sedimentadas en su totalidad, causa de las constantes inundaciones, que amenazan la vida y arrasan con las cosechas de los campesinos durante la mayor parte del año; y, como si todo esto fuera poco, un sector de la dirigencia del Departamento de Antioquia, nos pretende arrebatar  a Belén de Bajirá, una porción de nuestro territorio, demostrado histórica, jurídica y técnicamente.   Por todo lo anterior, haciendo honor a la dignidad de nuestro pueblo y a la memoria de nuestros muertos, presentamos al Gobierno Nacional el siguiente

Pliego Petitorio

  1.  Financiar la ampliación, rectificación y pavimentación total de los 98 kilómetros de la vía Quibdó – El siete
  2. Garantizar la totalidad de los recursos para la pavimentación de la vía Las Ánimas – Santa Cecilia.
  3.  Expedir  la licencia ambiental e iniciar las obras de la vía al mar, sector Nuquí – Cupirijo.
  4. Financiar la terminación de la vía Cartago-Nóvita.
  5. Dragar las principales bocas del río Atrato en el golfo de Urabá y adquirir de una draga para trabajos de limpieza y mantenimiento permanentes.
  6. Devolver al Chocó los recursos pagados por concepto de las deudas que correspondían al antiguo FER y reubicar al  Departamento del grupo de tipología 1 al 4.
  7.  Fortalecer la red pública departamental de salud, en los niveles 1, 2 y 3
  8. Definir de una vez por todas que  Belén de Bajirá es territorio Chocoano y transferir los recursos que le corresponden, según el certificado de población expedido por el DANE.
  9. Disponer los recursos necesarios y suficientes para la interconexión eléctrica de las zonas del Baudó, Costa Pacífica, Medio y Bajo Atrato y Bajo San Juan.  

Así las cosas, hacemos un llamamiento general al comercio, a los transportadores, a las organizaciones sindicales, políticas, comunales, religiosas, étnicas, gremiales, estudiantiles, pensionados, a todos los municipios, a las colonias de chocoanos residentes en el resto del país, para que el próximo jueves 19 de febrero realicemos un GRAN PARO CÍVICO en procura de reivindicar nuestra dignidad como personas y como pueblo.  

Comité Cívico por la salvación y la dignidad del Chocó.

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Volcándonos al Chocó

Ver video "Paro por la dignidad del Chocó"

Publicado enColombia
Las “pirámides” caen pero los afectados no permanecen impávidos. Sorpresa. Con decisión, en los departamentos del Sur se conformó una asociación de damnificados de todas las empresas captadoras (DRFE, DMG, otras). En Bogotá, día tras día se ven sus movilizaciones. Crece y tiende a multiplicarse el descontento por el tratamiento que el Gobierno le ha brindado al tema. Para enero del 2009 se anuncia paro cívico en el Sur del país.

El Gobierno habla pero no tiene credibilidad. En los departamentos del Cauca, Nariño, Huila y Putumayo, los miles de afectados saben que nada hizo aquél para evitar que se perdieran sus reservas como producto de arañar sus precarios ingresos. La gente sabe que no es culpa de ellos ahorrar donde se creía que era legal. Además, tampoco es ilegal o cosa parecida buscar solución a las permanentes privaciones en el hogar. Por ello, no acepta las palabras del presidente Uribe; por ello, con disposición e imaginación ha creado asociaciones de damnificados para intentar la recuperación de sus escasos dineros, además de levantar demandas para proteger lo poco que tienen. Se resiste a perder sus ahorros.

Pero no sólo ellos se resisten. De manera solidaria lo hacen organizaciones sociales que han comprendido la inmensidad y la importancia del conflicto en curso. Es por ello que la Cut, la Coordinación Agraria del Sur, Cima, Asonal Judicial, Aico, han tenido el buen tino de convocar a reuniones para afrontar la problemática, sin crear dualidades ni paralelismo, para proyectar acciones que respondan a la pregunta sobre qué hacer. A estas citaciones han llegado delegaciones, además de las provenientes de las capitales de los departamentos citados, de los municipios de Mercaderes, Balboa, Argelia, El Bordo, Patía, Bolívar, Almaguer, San Sebastián, La Vega, La Sierra, Silvia, Rosas y otros. En esta movilización se ha propuesto ampliar el proceso de resistencia a delegados de los departamentos del Valle, Risaralda, Tolima y Cundinamarca, pues se sabe que asimismo allí hay miles de afectados por esta crisis financiera criolla. El propósito inmediato: organizar un gran Encuentro Regional.

Se destaca en las reuniones llevadas a cabo hasta ahora que los asistentes identifican con toda claridad al Gobierno como responsable de lo que está ocurriendo, “por no haber actuado, con su omisión legalizó a las captadoras de dinero, les cobró impuestos, y, finalmente, las medidas tomadas no estuvieron dirigidas a proteger a la gente que invirtió”.

Pero igualmente se hace evidente que en la base la gente ha identificado claramente sus objetivos: “El gobierno de Uribe, la banca o sector financiero, y los medios de comunicación. Poco a poco también van aclarando que tienen que defender sus intereses y no los de las empresas captadoras”.

En la misma forma, en las reflexiones colectivas se aprecia el futuro inmediato de la región, de la cual se dice que “se verá afectada en su totalidad, incrementándose el desempleo, la hambruna, una mayor descomposición de la economía campesina, la delincuencia, etcétera”.

Es por todo esto que se levantan propuestas como “la creación de un Fondo de Salvamento y Solidaridad con los recursos que se incauten, los impuestos pagados por las captadoras de dinero, al cual el Gobierno le incorpore recursos provenientes del 4x1000, de Fogafin, del Fondo de Estupefacientes, entre otros”. Se propone por otras personas, sin que sea una decisión colectiva, “estimular a la gente para que retire sus ahorros del sistema financiero, el no pago de servicios públicos y de predial, la creación de comités en barrios y pueblos…”.

Pero las opciones no se quedan ahí. Conscientes de la indiferencia oficial, se preparan acciones directas. “El Comité del Putumayo informa que ya tiene programado el Paro Cívico. Los municipios de Nariño y Putumayo ya aprobaron participar y reiteran la invitación para que Cauca se sume a esa decisión. Solicitan la integración al Comité Central”. En la última reunión de los afectados se ha decidido preparar para enero la realización de un paro cívico en toda la región.

Como lo enseña la historia de los pueblos, cada coyuntura genera propuestas y soluciones. En el Sur del país no es diferente. Como no se veía desde hace muchos años, la gente está atenta a superar de manera directa e inmediata sus dificultades. En los primeros meses de 2009, veremos con toda nitidez hasta dónde llega su decisión, y, claro, las medidas del alto gobierno para contener, dividir, distraer y engañar.

No olvidar. Las reclamaciones en curso son justas. En las reuniones realizadas se ha aclarado que “en más de una ocasión, el Gobierno ha ‘salvado” a la banca, quebrada y mal administrada. Subsidia a los ricos de este país y a las transnacionales (un sólo ejemplo: más de 150 millones de dólares para la producción de etanol para dos grupos económicos). Hay suficientes razones para luchar por esta causa”.
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