Viernes, 12 Marzo 2021 05:22

Paraguay: reclaman un Estado soberano

Paraguay: reclaman un Estado soberano

La crisis política que se expresa en estas semanas en Paraguay como consecuencia del colapso de la política sanitaria que lleva días ininterrumpidos de movilizaciones, muestra algunos elementos novedosos y otros estructurales que indican, en parte, el carácter recurrente de las mismas y las configuraciones políticas de antaño.

Hace más de medio siglo, la ANR (Partido Colorado) centraliza el juego político e intenta monopolizar la representación de las crisis. Desde por lo menos el stronismo (la añeja dictadura paraguaya) hasta hoy, el Partido Colorado ha comandado el ordenamiento de todo el sistema político. La misma crisis que sacó al “dictador supremo”, comandó la transición a la democracia, habilitó y monitoreó al luguismo (2008-2012) y, en lo que parecía su fase final, salió en busca del empresario que, al igual que Stroessner, no pertenecía a esa “casta” política. Horacio Cartes (2013-2018) tenía como cualidad principal no formar parte de ninguna de las estructuras partidarias caducas -en efecto, en su campaña no hubo banderas coloradas- y, sin embargo, pudo salvar al partido. Creó su corriente interna, juntó voluntades, armó un padrón y hoy desafía en paridad a las elites políticas (propias y ajenas). En fin, la nueva derecha latinoamericana -pero también Trump- aprendió de las dificultades que implica lidiar con el partido y también a advertir que no alcanza con ser empresario, sino que es preciso controlar parte del Estado.

Fracasado el intento de reelección presidencial de Cartes, llegó Mario Abdo Benítez, el representante de la tercera posición. Un presidente prolijo y sin pretensiones, sin bases y sin control partidario, parte de esa burocracia agrietada que nadie desea, pero que todos necesitan. “Marito” el presidente de la transición del propio partido. Tono calmo, familia ensamblada, la Biblia y la prenda de la paz. Stronista por lazo filial, moderno por imposición de la época.

Claro está que el proceso no pasó a espaldas de una ciudadanía televidente o televisada. La política no es sólo juego de élites y en cada manifestación, el pueblo puso sus muertos. Desde aquella memoria colectiva del “marzo paraguayo”, cuando se produjeron masivas protestas contra el presidente Raúl Cubas Grau (1998-1999) y el general Lino César Oviedo tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, varios marzos parecen reactivarse. El marzo del 2017, con la quema del Congreso cuando el presidente Horacio Cartes intentó promover una enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial, hasta el presente, donde la crisis sanitaria y el deficitario manejo gubernamental mostró con crudeza la capacidad política del actual presidente. Si la pandemia no vino a poner en crisis al capitalismo, sí vino a mostrarnos cómo funciona, siendo Paraguay un escenario privilegiado de esta tesis. No sólo tiene el último turno mundial para conseguir vacunas, sino que tiene un Estado diezmado, sin recursos, pero con una corporación empresarial que cada día tiene mayor capacidad de acumular. Al precio de la soja no le llegó el Covid. Pero la cuarentena hizo colapsar a una economía urbana y campesina mayoritariamente informal.

Si Mario Abdo Benítez llegó sin controlar el partido, mucho menos podía dirigir el Estado. Y la pandemia reclama estatalidad. Como las piezas endebles de un gobierno que no terminó de llegar, fueron cayendo los ministros de Salud y Educación, la ministra de la Mujer y el jefe de Gabinete.

No es la primera vez que, ante una crisis, las élites políticas apelan a la figura del juicio político -introducido con la reforma constitucional de la primavera democrática de 1992- para destituir presidentes. Pensada en su origen como una herramienta de control y regulación sobre el Poder Ejecutivo, se convirtió en una prenda de negociación entre las fuerzas partidarias como de condicionamiento del Poder Legislativo al Ejecutivo. El juicio político es la fantasía que conservan las elites políticas para dirimir conflictos de orden superestructural. Así, creyeron terminar con Fernando Lugo, hoy posicionado junto al Partido Liberal para un próximo round electoral. La pandemia aplazó las elecciones municipales (2020), pero todo indica que la postergación de estos comicios le dio un nuevo cariz, diluyéndolos en una prematura carrera presidencial ya en marcha (2023). De ella participan todos los que buscan erosionar el último ratio de legitimidad presidencial.

Paraguay vuelve a estar frente a su propia crisis. La continuidad de Mario Abdo Benítez quedará sellada por Horacio Cartes. En tanto, el pueblo sigue en las calles, reclamando la intervención de un Estado soberano.

Por Lorena Soler y Florencia Prego*

*Sociólogas (UBA-IEALC) . 

Publicado enInternacional
Jueves, 11 Marzo 2021 05:38

Lula de vuelta al ruedo

Lula de vuelta al ruedo

Por primera vez desde su prisión, en abril de 2016, Lula da Silva hizo un largo pronunciamiento, casi hora y media, mostrando estar en plena forma: abordó un largo abanico de temas y aspectos de la tragedia vivida en Brasil, con énfasis en algunas iniciativas del ultraderechista presidente Jair Bolsonaro y, en especial, relacionadas a la pandemia que diezmó a al menos 270 mil vidas y sigue en ascenso, ahora con la media de dos mil muertes diarias.

Al mismo tiempo, recordó logros de sus dos mandatos presidenciales y, en una clara muestra de que al recuperar sus derechos políticos también recuperó su espacio de lucha, lanzó señales sobre cómo serán sus pasos a partir de ahora. No se declaró candidato en 2022, pero actuó como si lo fuera.

Las duras críticas de Lula sobre la conducta errática, irresponsable y genocida de Bolsonaro tuvieron efecto inmediato: horas después y luego de 36 eventos oficiales en los que hizo alarde de no usar mascarilla, el mandatario apareció utilizando el protector. Y más: elogió las vacunas, pese a haber retardado de manera absurda su adquisición.

El discurso de Lula giró alrededor de cuatro ejes principales: la economía destrozada, el desempleo, la pandemia y la hartísima distribución de armas llevada a cabo por Bolsonaro.

“El pueblo no quiere armas, quiere empleo”, “el pueblo no quiere armas, quiere vacunas” fueron frases esparcidas lo largo del pronunciamiento de Lula, y también tuvieron inmediato efecto sobre el clan presidencial. Horas más tarde, el senador Flavio, primogénito de Bolsonaro, envió un mensaje a sus seguidores a través de las redes sociales: “Nuestra arma es la vacuna”. Hasta hace menos de 24 horas él, a ejemplo del papá presidente, despreciaba la inmunización.

Si el duro discurso de Lula, bien como su disposición de ir rápido al frente de batalla, creó semejante desconcierto en el clan presidencial, a punto de provocar un vuelco radical e inesperado, en el medio político se abren incógnitas sobre cómo reaccionarán la derecha y el centro-derecha. Ya la izquierda y el centro-izquierda empiezan a moverse rumbo a un frente amplio que, por lo que se entendió de las palabras de Lula, buscará cooptar sectores empresariales y también conservadores, a no confundir con reaccionarios, dispuestos al diálogo.

Además de partidos de derecha, otro sector que reaccionó mal a la vuelta al ruedo de Lula fue el de las Fuerzas Armadas. Varios altos mandos, algunos en el ápice de la carrera, aceptaron hablar con periodistas bajo la condición de anonimato, una manera de mandar un duro alerta al ex mandatario. Pese a que Lula les recordó que, bajo sus dos mandatos, las Fuerzas Armadas fueron ampliamente favorecidas, una vez más quedó patente que los uniformados activos –de los retirados mejor ni hablar– alimentan un odio visceral al PT. Es a raíz de lo que hizo la entonces presidente Dilma Rousseff,  instaurar la Comisión de la Verdad, que es considerado entre los castrenses una “medida puramente revanchista”.

Al menos en este primer momento, y hay indicios de que tanto Lula como los más altos dirigentes del PT lo preveían, se estableció una polarización entre Bolsonaro y el ex mandatario.

El discurso incisivo de Lula tuvo como respuesta del actual mandatario una serie de vaguedades de difícil comprensión. Si uno fue puntual y objetivo en sus denuncias, el otro pareció un barco a la deriva en sus respuestas para defenderse.

Todo eso ocurre en medio de la escalada trágica de la pandemia. Para la nochecita se supo que en las 24 horas anteriores el número de víctimas fatales pasó de dos mil. Considerándose el gran volumen de sub-notificaciones, algunos especialistas dicen que en verdad pueden haber sido más del triple.

Hay un colapso generalizado en hospitales de casi todo el país y el general en actividad al frente del ministerio de Salud gira sin rumbo, como si fuese un borracho en medio de una balacera.

Y también por la nochecita surgieron rumores relacionados a qué estarían tramando los altos mandos de las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército, frente al cada vez más palpable desgaste de su imagen en la opinión pública, gracias a su identificación con un gobierno genocida.

El rumor más intenso indica la disposición castrense para, de seguir el desgobierno del ultraderechista, patrocinar una especie de catapulta para extirparlo y ascender a su sillón al vice-presidente, el muy reaccionario general retirado Hamilton Mourão. Quien, por su vez, establecería un “gobierno de notables”, en substitución al amontonado de nulidades y patéticas y aberrantes figuras actuales, del cual saltaría una figura para, en 2022, disputar la presidencia con Lula.

Nada indica que eso venga a ocurrir a corto o mediano plazo. Pero todo indica el efecto explosivo de la vuelta de Lula al ruedo.


Lula el conciliador está de vuelta

Después de tres años de prohibición, cinco si contamos desde que se le impidió asumir como ministro de Dilma, Lula está de regreso. Su discurso de este miércoles en el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de São Bernardo marca una nueva etapa en la vida política nacional.

Thiago Flamé

La Izquierda Diario

En los últimos cinco años, la frágil democracia brasileña ha sido pisoteada por los agentes del capital financiero, por altos mandos militares, por los políticos del “centrão” que han pasado de lulistas a estafadores para garantizar el flujo de bolsas de dinero en tiempos del Lava Jato. Impusieron un techo al gasto estatal, la reforma laboral, la reforma previsional y ahora continúan con el PEC de Emergencia, un ajuste fenomenal al gasto público. El clan Bolsonaro, se ríe en la cara de la gente, que tiene a la pandemia, el desempleo y el hambre llamando a la puerta.

Este paraíso para especuladores, grandes empresarios y militares, sin embargo, está sobre una olla a presión que aún no estalla, pero que acumula cada vez más energía y calor. El levantamiento popular en Paraguay incluso muestra que la olla puede explotar cuando menos se lo esperen. Los golpistas más lúcidos, que no han sido completamente cegados por su propio discurso triunfalista, comienzan a temer las consecuencias del cinismo y la soberbia bolsonarista. Temen que cuando se rompa la cuerda, no solo afecte a Bolsonaro, sino que se lleve consigo a todos sus cómplices directos e indirectos en los últimos cinco años. Campeón de anticipar los procesos de explosión social, sectores de la clase dominante brasileña comienzan a levantar su muro de contención: Lula.

Porque Lula nunca fue radical ni socialista. En cada momento decisivo, jugó un papel crucial en nombre de la paz social y en defensa del orden capitalista. Durante las grandes huelgas del ABC paulista de fines de los ’70, donde se proyectaba como líder nacional, Lula fue clave para evitar que el proceso se convirtiera en una lucha abierta por el derrocamiento de la dictadura, evitando que fueran el polo aglutinador de una huelga general que echara a los militares del poder. En los noventa, incluso en oposición al gobierno de Fernando Henrique Cardoso, Lula contribuyó decisivamente a poner fin a la huelga de los trabajadores petroleros que conmocionaba al país. Cuando ni los tanques del ejército que el gobierno envió a la puerta de las refinerías doblegaban a los petroleros, Lula el conciliador entró en escena para calmar los ánimos.

El mayor servicio de Lula, sin embargo, fue la propia elección de 2002, cuando fue fundamental para una salida pacífica de la crisis del neoliberalismo de los noventa, sin grandes estallidos de lucha de clases como sucedió en Argentina, Bolivia y otros países de la región. La crisis económica ha golpeado duramente a Brasil desde 1999, el gobierno de FHC se ha vuelto cada vez más impopular y ha estado plagado de varios escándalos de corrupción. Lula garantizó la confianza empresarial poniendo al industrial José Alencar como vice, selló un compromiso con el mercado financiero de que respetaría los aspectos fundamentales del Plan Real y eliminó el miedo a una rebelión masiva contra el neoliberalismo.

Apoyándose en el boom de las materias primas, pudo hacer un gobierno de conciliación, del que se jacta de que los bancos nunca ganaron tanto. Bajo el liderazgo del PT, los socialistas se reunieron en Vila Daslu con líderes populares para intercambiar experiencias. Collor de Mello, José Sarney y Paulo Maluf se convirtieron en partidarios de la “gobernabilidad”. Los militares tuvieron su lugar garantizado con la ocupación de Haití y la organización de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos. Y no faltó la represión para el movimiento obrero que se atrevió a romper los límites y rebelarse, como a los trabajadores de las obras del PAC, quienes sufrieron la intervención de la Fuerza Nacional creada por Lula.

Ahora Lula está de regreso, una vez más, proponiendo un camino de conciliación. Se acerca a los políticos del centrão y abre un camino de retirada para los generales. Asegura al mercado financiero de diferentes maneras que no retrocederá en las medidas económicas que impusieron desde el golpe institucional de 2016, las contrarreformas y las privatizaciones, como tampoco deshizo en su momento las privatizaciones de FHC. Los redactores de los principales periódicos redescubren que Lula puede ser la mejor alternativa para la recomposición del centro bajo sus alas. Al mismo tiempo, recibió el apoyo de Arthur Lira y Guilherme Boulos.

Luchamos en todo momento contra el golpe que llevó a Lula a perder sus derechos políticos, porque también apuntaba contra la clase trabajadora. Ahora, señalamos que la rehabilitación de Lula es la mejor apuesta de la clase dominante para una retirada ordenada, que mantenga los ataques que lograron imponer en los últimos años, sin provocar una gran revuelta de masas. Pero el discurso conciliador de Lula no resolverá ninguno de los problemas que afectan a la clase obrera y al pueblo brasileño, no cancelará reformas y privatizaciones. Solo la clase obrera y la lucha popular pueden revertir los enormes ataques de los últimos años. Lula perdonó a los golpistas, la gente no perdonará.

Publicado enInternacional
Abdo Benítez, flanqueadopor sus flamentes ministros de la Mujer y de  Educación. Imagen: AFP

Sin un claro liderazgo, los paraguayos se movilizaron por sexto día consecutivo

"Las dos gotas que hicieron rebalsar el vaso fueron la vacuna que nunca llega y los medicamentos que tienen que comprarse los familiares de enfermos de covid-19, porque en los hospitales no se consiguen", aseguró el politólogo Marcello Lachi. 

 

El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez tomó juramento este miércoles a los nuevos ministros de Educación y de la Mujer en un nuevo intento por frenar la crisis que atraviesa su gobierno, jaqueado por una fallida estrategia frente a la pandemia de coronavirus. En paralelo, las manifestaciones se repitieron en el país por sexto día consecutivo. "Este gobierno ha sido muy malo desde el principio, y la gente hace rato quería movilizarse pero no podía hacerlo por la pandemia. Las dos gotas que hicieron rebalsar el vaso fueron la vacuna que nunca llega y los medicamentos que tienen que comprarse los familiares de enfermos de covid-19, porque en los hospitales no se consiguen", aseguró en diálogo con Página/12 el politólogo Marcello Lachi. 

Este miércoles Juan Manuel Brunetti asumió la titularidad de la cartera educativa en reemplazo de Eduardo Petta, que dejó una gestión muy criticada por sindicatos, docentes y estudiantes. Brunetti es vicepresidente de la Asociación de Universidades Privadas del Paraguay. "El anterior ministro era un incompetente, pero en su lugar Abdo pone a un tipo que no está muy lejos. Terminó siendo el único que le dijo que sí, lo que da una muestra de la crisis que atraviesa su gestión", advirtió Lachi al respecto.

En tanto Celina Esther Lezcano, que proviene del sector gremial y dijo no estar afiliada a ningún partido político, ocupará el cargo dejado por Nilda Romero, antigua militante del conservador Partido Colorado. La renuncia de Romero fue exigida a fines de febrero por colectivos feministas que la consideraron incapaz ante un aumento de los femicidios en el país.

Este miércoles las manifestaciones pacíficas convocaban a participar de un "libelo acusatorio ciudadano contra el presidente Mario Abdo Benítez y su vicepresidente Hugo Velázquez". La convocatoria virtual invitaba a la población a acercar sus críticas al gobierno paraguayo a partir de las 18 horas frente al Congreso Nacional de Asunción. El martes, en el quinto día consecutivo de protestas frente a la residencia presidencial, Abdo completó los primeros cambios de su gabinete y le tomó juramento a Julio Borba como ministro de Salud. 

Sin un liderazgo claro y motorizadas por distintos sectores, las movilizaciones no se detienen en Paraguay bajo la consigna "Hasta que se vaya Marito", nombre con el que se conoce popularmente al mandatario de 47 años porque su padre, secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, también se llamaba Mario. 

El país declaró la alerta roja sanitaria ante el aumento de casos y la fragilidad de la estructura sanitaria. Poco parece haber quedado del país que supo ser ejemplo en la región por su rápida reacción frente a la pandemia.

 "La única cosa que puede apuntarse como un mínimo de éxito en este gobierno fue haber interpretado la gravedad de la pandemia sobre todo considerando que Paraguay tiene un sistema de salud muy escaso. Hasta hace poco los paraguayos viajaban a Argentina a curarse", remarcó Lachi. "El ministro de Salud convenció al presidente de cerrar todo e implantar una cuarentena fuerte. Y eso funcionó", manifestó el doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Siena.

El ciclo fue virtuoso hasta que empezaron a llover denuncias por corrupción. "Paraguay tomó 1.600 millones de dolares y la mitad de esa plata tenía que ir a salud para mejorar el sistema de terapia intensiva, comprar respiradores, etc. Pero enseguida se comprobó que se estaban comprando cosas que no servían, se sobrefacturaba, y ese combo debilitó la imagen de la cartera de Salud", reconoció Lachi.

Hasta ahora Paraguay recibió apenas 4 mil dosis de la Sputnik V para inocular a 2 mil trabajadores de primera línea en la lucha contra el coronavirus. Además cuenta con otras 20 mil unidades de CoronaVac donadas por el gobierno chileno. El país sudamericano está en la cola de la región en la campaña de inmunización, y el pueblo se lo hace saber en las calles a un gobierno que no para de tropezar.

Publicado enInternacional
La “protección” pasa ahora a manos de los victimarios. La vida del corderito bajo el cuidado del lobo

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la obligación de dejar constancia ante el país y ante el mundo de nuevos niveles de degradación de la acción del Estado colombiano contra su propio pueblo.

El miércoles 3 de marzo de 2021 fuimos informados de la Resolución 298 emitida por el Defensor Nacional del Pueblo, Señor CARLOS CAMARGO, en la cual designa como Defensor Regional para la zona de Urabá al Señor JOSÉ AUGUSTO RENDÓN GARCÍA. Con asombro y espanto recibimos esa noticia, pues dicho personaje ha estado involucrado en episodios oscuros en relación con la restitución de tierras en la región de Urabá, ejerciendo como representante de victimarios y empresarios que se han adueñado de tierras pertenecientes a campesinos. No dudamos en calificar ese nombramiento como una grave afrenta a las víctimas, dado que sus antecedentes no lo acreditan de ninguna manera para defender los derechos de las víctimas, papel constitucional y esencial de un “defensor de pueblo”, sino para todo lo contrario, para pisotear los derechos de las víctimas y exponerlas a nuevas violencias.

El nombramiento en cuestión tiene una gravedad mayor para nuestra Comunidad de Paz, dado que en el Auto 693 de la Corte Constitucional, emitido el 12 de diciembre de 2017, la Corte le asigna numerosas y delicadas tareas a la Defensoría del Pueblo en relación con la órdenes que la Corte había dictado en el Auto 164 de 2012 y que eran concreciones de la Sentencia T-1025/07 de la misma Corte, tareas que la Defensoría no cumplió y sin embargo, en el artículo 12 de la parte resolutiva del Auto 693/17 la Corte decide: “DELEGAR en la Defensoría del Pueblo el seguimiento de las órdenes emitidas en esta providencia y, en general, de las órdenes impartidas en la sentencia T-1025 de 2007 que continúan pendientes de cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en los numerales anteriores, respecto de las cuales la Corte Constitucional conservará la competencia para su verificación. Para tales efectos, la Defensoría del Pueblo remitirá a la Corte Constitucional informes semestrales sobre el resultado de su gestión”. Informes con los que la Defensoría nunca cumplió.


Nuestra Comunidad le hace un llamado apremiante a la Corte Constitucional para que le retire a  La Defensoría del Pueblo dicho encargo, el cual está imposibilitada éticamente para cumplir. Le solicita a la Corte que retome el seguimiento y revisión de todo lo incumplido o encuentre otra entidad con un nivel de credibilidad y legitimidad suficiente para cumplir dicho encargo.

En particular, nuestra Comunidad de Paz tuvo que enfrentar hasta hace pocos días al Señor Jorge Augusto Rendón, como abogado de la familia Jaramillo, la cual ha intrigado ante las instituciones encargadas de la restitución de tierras para que se desconozcan los  derechos legítimos de nuestra Comunidad sobre la finca La Roncona, en la cual hemos ejercido posesión pacífica por más de 23 años. El abogado Rendón García ha solicitado que se acepte como testigo (por supuesto falso testigo), a un reconocido paramilitar, como alias “SAMIR” (o Dafnis Daniel Sierra Martínez), quien había sido comandante de una columna del Quinto Frente de las FARC-EP y posteriormente desertó y fue acogido en la Brigada XVII del Ejército en Carepa, Antioquia, en cuyas instalaciones fue domiciliado por muchos años en violación de numerosas normas legales y burlando la acción de la justicia, pues durante su militancia en las FARC ordenó el asesinato de muchos miembros de nuestra Comunidad de Paz y de  campesinos de nuestro entorno; posteriormente se supo que tenía un pacto secreto con el ejército para infiltrar a las FARC-EP y por ello eliminó tantas vidas de campesinos inocentes sin ser tocado por la justicia. En la Brigada participó en montajes, calumnias y estigmatizaciones a través de medios de información corruptos y criminales y de personajes de larga trayectoria criminal como Rito Alejo Del Río y Fernando Londoño Hoyos. No es extraño, entonces, que se le vincule como falso testigo en los procesos de despojo de tierras, como el que se está desarrollando contra nuestra Comunidad de Paz, habiendo sido citado como “testigo” a una audiencia que tendrá lugar a finales de abril de este año 2021.

Curiosamente el abogado Rendón García, en la última audiencia sobre el caso de la finca La Roncona, renunció a su papel de abogado en dicho caso y dejó a su esposa en su reemplazo; ahora queda claro que lo hizo para aceptar el cargo de defensor regional, en el cual jamás podrá actuar con la imparcialidad elemental que dicho cargo le exige.

Debido a dichos antecedentes y a la gravedad de la afrenta que su nombramiento significa para con las víctimas de Urabá, nuestra Comunidad de Paz se ve en la obligación de DECLARAR PÚBLICAMENTE, MEDIANTE ESTE DOCUMENTO, SU NUEVA RUPTURA CON LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, una institución que de manera tan atrevida viola sus propios principios constitucionales y legales y se afirma, sin pudor ninguno, como institución corrupta y parcializada en favor de los poderosos y en contra de las víctimas y de los sectores más vulnerables de la población. En el pasado, nuestra Comunidad tuvo que romper repetidas veces con la Defensoría, al igual que con las demás instituciones del Estado, por sus prácticas a todas luces corruptas y delictivas que en nada se compadecen con el perfil que la Constitución y las leyes les han trazado. Hoy el desconocimiento radical de ese perfil queda impúdicamente al desnudo ante el país y ante el mundo.

En los últimos días, varios pobladores del corregimiento de San José se han acercado a nuestra Comunidad de Paz para manifestar su preocupación y temor por las amenazas de los paramilitares en el uso y usufructo que los propietarios hacen de las tierras pertenecientes a sus abuelos y ancestros, pues los paramilitares han implantado un orden social y económico distinto a las costumbres y prácticas del campesinado del corregimiento, en una clara estrategia para generar presión y temor a las familias, quienes se están viendo obligadas a vender sus propiedades a CORPOURABÁ, ya que si no las pueden trabajar, la única solución es venderlas. Adelante van los paramilitares abonando el camino con sus amenazas, ocupaciones y agresiones, para que luego entren las empresas, la Alcaldía municipal y CORPOURABÁ a adueñarse fácilmente de sus propiedades. En ello han jugado un papel crucial abogados corruptos, como el Señor RENDÓN GARCÍA, ahora convertido, irónica y sarcásticamente, en “defensor” del pueblo Urabaense. ¡Hasta dónde ha llegado la perversión de este Estado!.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 8 de 2021

Publicado enColombia
Elecciones regionales en Bolivia Un mapa para armar

´Las elecciones regionales en Bolivia confirman al Movimiento al Socialismo (MAS) como único partido con base territorial a escala nacional. Santa Cruz se alinea con el conservador Fernando Camacho y la ex-presidenta Jeanine Áñez sufre una dura derrota en su región. La ex-titular del senado Eva Copa gana de manera contundente en El Alto por fuera del MAS. Una lectura de los resultados y de sus efectos nacionales.

 

Las elecciones para alcaldes y gobernadores en Bolivia realizadas el pasado 7 de marzo dejan al menos tres tendencias, más allá de la fragmentación natural de los resultados en este tipo de elecciones: 

(a) el Movimiento al Socialismo (MAS), como suele ocurrir en las regionales, reduce su votación respecto de las contiendas generales y pierde en las grandes ciudades. Aún así, se mantiene como el único partido de alcance nacional.

(b) Se consolidan fuerzas de oposición ubicadas en la derecha con poder territorial y el partido de Carlos Mesa, segundo en 2019 y 2020, obtiene resultados irrelevantes. Pero estas fuerzas no tienen, por ahora, una articulación nacional. 

(c) Tienen un rol importante candidatos que formaron parte del MAS, o bien porque ganan en algunas ciudades y regiones, o bien porque reducen la votación del MAS y permiten triunfos opositores.

Nuevo escenario

Después de la contundente victoria de Luis Arce en octubre pasado –con 55,11% contra 28,83% de Carlos Mesa–, se instaló un clima muy favorable para el MAS de cara a las elecciones municipales y departamentales. La oposición de derecha quedó golpeada por el resultado, que no había anticipado en las dimensiones en que ocurrió, y entró en una fase de reproches públicos sobre quién había sido más responsable de que el MAS retornase al poder en apenas un año, mejorando ampliamente su votación respecto a las elecciones anuladas de 2019 y obteniendo mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas. 

Las diferentes expresiones de la derecha nacional, desde lacentroderecha de Mesa hasta la nueva derecha extrema autonomista del líder cruceño Luis Fernando Camacho, habían logrado una unidad de acción contra el MAS en 2019, que derivó en el golpe y la caída del gobierno de Evo Morales. Operó entonces una exitosa división de tareas. Mesa, segundo en las presidenciales de 2019, fue quien desconoció el resultado, llamó a la «resistencia» y denunció «un fraude monumental» dentro y fuera del país; Camacho fue quien comandó un paro cívico en Santa Cruz y quien llevó adelante, como él mismo reconocería poco después, las acciones ilegales con militares y policías. A ellos se sumó Demócratas –en ese entonces el principal partido de Santa Cruz, pero que no había llegado a 5% de los votos en las elecciones de octubre de 2019–, al que pertenecía la senadora Jeanine Añez, que recaló en la Presidencia. Pero la luna de miel dura poco: la unidad se resquebrajó en tres candidaturas presidenciales, las de Mesa, Camacho y Añez (quien finalmente declinó su postulación). Bajo la gestión de esta última, se produjeron represiones violentas que terminaron con más de tres decenas de muertos y Bolivia vivió una deficiente gestión gubernamental, plagada de acusaciones de corrupción, en medio de los estragos de la pandemia de covid-19. Sin embargo, la sanción ciudadana fue compartida y afectó a las diferentes expresiones del espacio enfrentado al MAS: la oposición, como un todo a cargo del país, quedó asociada al retroceso en términos de convivencia, al nuevo auge de la discriminación étnica y a los malos resultados económicos. Con estos antecedentes, parecía que el MAS podía romper la tradición de obtener en las elecciones locales un desempeño bastante inferior al de las generales.

Algunos datos comparados

En las elecciones generales de 2014, por ejemplo, el MAS obtuvo 61,3% de los votos, y la segunda fuerza, la alianza Unidad Demócrata (UD), con Samuel Doria Medina como candidato, 24,23%. Una diferencia de casi 40 puntos. Sin embargo, en las elecciones municipales y departamentales de inicios de 2015, el MAS logró solamente ganar en dos de las diez capitales, Sucre y Potosí, aunque ganó cinco de las nueve gobernaciones en primera vuelta (Oruro, Potosí, Pando, Cochabamba y Chuquisaca). Distintas fuerzas de oposición ganaron en Santa Cruz, La Paz y Tarija. Y en un apretado balotaje el MAS sumó la gobernación del Bení, en el oriente del país. En esas elecciones los miembros de UD le arrebataron al MAS dos municipios importantes: la Alcaldía de la populosa ciudad de El Alto, uno de los bastiones de Evo Morales, y la de Cochabamba. De este modo, luego de unas exitosas generales, el MAS obtuvo solo 41,79% de los votos tomando en cuenta la votación lograda en las nueve gobernaciones.

En las elecciones locales del domingo pasado, podemos ver una situación general parecida, pero con algunos cambios de grado respecto de 2014 que merecen una mirada detenida. 

(a) Un dato a destacar es la falta de fuerza territorial de Comunidad Ciudadana (CC), el partido de Carlos Mesa, que pese a su segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2019 y 2020 no obtuvo ahora ninguna victoria significativa. Más bien, sus apoyos resultaron marginales incluso en plazas en las que Mesa tuvo un buen desempeño hace solo cinco meses. Por ejemplo, en el municipio de La Paz, donde fue primera fuerza con 51% el año pasado, no logró siquiera sostener la candidatura a la Alcaldía del ex-rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, quien se retiró de la carrera al constatar que las encuestas no lo acompañaban. En Sucre, donde en las elecciones del año anterior había conseguido la mayoría absoluta de los votos, su candidato a alcalde quedó levemente arriba de 10%. En la ciudad de Cochabamba, donde en octubre pasado había conseguido más de 45%, su candidato obtenía resultados marginales. En las gobernaciones su situación no fue mucho mejor: en La Paz, su candidato obtenía menos de 1% y en Pando, donde incluso había sido aliado de una figura popular de la extrema derecha local, quedó debajo de 15%. Hay una sola excepción que no tiene nada que ver con los méritos ni la fortaleza política de CC ni de Mesa: en un ajustado recuento, Gary Añez, periodista muy popular en Santa Cruz de la Sierra, pelea voto a voto el sillón de la Alcaldía con el ex-alcalde Jhonny Fernández.

(b) Las figuras políticas victoriosas del campo opositor se ubican en buena medida a la derecha de Mesa. En Santa Cruz, luego de un modesto desempeño en la presidencial, con 14% de los votos, Luis Fernando Camacho ganó con el margen necesario para lograr la Gobernación sin necesidad de una segunda vuelta. Y en Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fuera del país durante los últimos años, ganó con contundencia la Alcaldía. En Sucre, el ex-diputado falangista Horacio Poppe quedó a muy pocos votos de ganar esa Alcaldía en su primera elección municipal. Estas tres son las caras más visibles de liderazgos locales con proyección nacional, bien implantados territorialmente, con un repertorio discursivo ultraconservador, religioso e identitario.

(c) El capítulo de los referentes políticos descontentos con la elección de candidaturas en el MAS no ha faltado en esta elección y algunos han tenido buenos resultados. Empezamos por la más mediática: la joven política alteña Eva Copa, presidenta del Senado durante la crisis de 2020, era una de las aspirantes  a la Alcaldía de El Alto por parte del MAS, pero al ser elegido otro candidato por la dirección del partido decidió inscribirse por la sigla Jallala, auspiciada por el recientemente fallecido e histórico líder indígena Felipe Quispe, el «Mallku». Copa, quien fue acusada de demasiado «tibia» por sectores del MAS, y hasta de haber sido funcional al gobierno de Áñez, logró una victoria rotunda en El Alto con alrededor de 70% de los votos, según datos preliminares. Y otros ex-masistas lograron buenos resultados en otras partes del país; en particular, cabe señalar el desempeño electoral del dirigente campesino Damian Condori en el departamento de Chuquisaca, quien muy probablemente logre ser gobernador. Esto es un reflejo de las complejas dinámicas internas de este partido de base campesina popular.

¿Y cómo fue el desempeño del MAS? Con los datos preliminares vemos que ganará en primera vuelta las gobernaciones de Cochabamba, Oruro y Potosí. La de La Paz tendrá que esperar al cómputo final, pero es probable que, por la mínima, el candidato del MAS Franklin Flores logre la victoria sin necesidad de una segunda vuelta. Flores ha mejorado en algunos puntos el resultado de las elecciones locales de 2015. En Pando y Chuquisaca habrá balotajes complicados para el MAS. Si bien parece claro que en Santa Cruz Camacho ganará en primera vuelta, el candidato del MAS, Mario Cronembold, mejoraría los resultados respecto a la última elección departamental y se moverá cerca del techo porcentual del MAS en una elección autónomica (38% en 2010). En Tarija habrá segunda vuelta entre el ex-alcalde y líder local Oscar Montes y el candidato del MAS, Álvaro Ruiz, quien también, como Cronembold y Flores, mejora en algo el resultado de la anterior elección autonómica. 

En el plano municipal, recordemos que en 2015, uno de sus mejores momentos en términos de hegemonía política, el MAS había logrado apenas dos de las diez plazas más importantes (las capitales departamentales más El Alto). Ahora, mientras avanza el cómputo oficial, estaba ganando una (Sucre) y quedaba muy cerca en otra (Oruro). En las restantes ocho ciudades capitales, en general, su desempeño ha sido algo inferior al de 2015 y no tiene opciones de ganar. Habrá que esperar al cómputo final para poder ver la votación nacional obtenida y la diferencia con los comicios presidenciales del año pasado.

(d) En el espacio de la derecha, en Bolivia ocurre algo parecido a lo de Brasil, España o Costa Rica. Cuando la derecha tradicional se acerca demasiado a la extrema derecha, esta última termina marcando la agenda y conquistando posiciones, debilitando al ala moderada. Es elocuente la desaparición de Demócratas: tras 15 años en la gobernación de Santa Cruz, el domingo pasado no llevaron ni siquiera candidato a esa cita y, en la elección de la capital cruceña, su candidato pasó apenas el 5%; por su parte, el ex-gobernador de Beni Ernesto Suárez tampoco logró ganar la Alcaldía de Trinidad. La extinción política de Luis Revilla y Sol.bo muestra lo mismo en La Paz. Y el fenómeno se extiende a  los magros resultados de  Doria Medina y su partido Unidad Nacional, o al tercer lugar que obtuvo el gobernador de Tarija Adrián Oliva en su intento de ser reelecto. Y cabe destacar el tercer lugar que las proyecciones le daban a la propia Jeanine Áñez en su bastión de Beni, con alrededor de 15%. Es probable que Luis Fernando Camacho, Manfred Reyes Villa y Horacio Poppe poco a poco asuman un rol más central, radical y polarizador como oposición al MAS.

Más allá de los números

Hay una fijación notable de muchos voceros mediáticos de la oposición con Evo Morales. Lanzan con frecuencia declaraciones y sentencias muy llamativas. En muchos casos, quienes se presentan en los medios como «analistas» son antiguos políticos, a veces incluso en activo, que han sido diputados, ministros y candidatos de distintos partidos críticos hacia el MAS que pueblan las tertulias, las columnas y, muchas veces, por su entusiasta unanimidad acerca de la debilidad de ese partido, provocan que sus referentes políticos se equivoquen con más facilidad porque creen que ellos son la síntesis cabal de la opinión pública. 

Durante los convulsos meses de gobierno de Áñez, estos analistas aseguraban que «70% de los bolivianos no querían que volviera el MAS»; luego las urnas en octubre refutaron esos análisis, incluso pronunciados el mismo día de los comicios de octubre de 2020. Casi de inmediato repitieron, no obstante, que Evo Morales no había tenido nada que ver con esa victoria, incluso que había sido a pesar de él. Ahora, sin embargo, sostienen que la supuesta «derrota» del MAS de estas elecciones locales es culpa exclusiva del ex-presidente por la selección de candidatos, pasando por alto que, como mencionamos, el MAS siempre tuvo resultados mucho más bajos en las contiendas regionales que en las nacionales. Alguno más aventurero señaló que este resultado «tritura la victoria de octubre [de Arce y Choquehuanca]». En fin, tanto en octubre como en marzo se ve, con algo más de intensidad, que el MAS tiene una serie de dificultades para lograr amplias mayorías, sobre todo, en las ciudades capitales. Como sabemos, es en esos espacios donde hay una comprensión distinta de lo colectivo, un deseo más intenso de modernidad, una exigencia mayor frente a la capacidad de la gestión eficiente, cotidiana y, también demandas más intensas de renovación política. Y también sabemos que, desde su fundación, el MAS es un partido con una fuerte identidad rural.

Está claro que donde no hubo líderes descontentos de peso que abandonaron el MAS, el desempeño electoral del oficialismo en general fue mejor. Ahora bien, una cosa es el éxito electoral, otra el desempeño de la gestión. El ejemplo de Felix Patzi es elocuente: el ex-ministro de educación de Morales ganó la Gobernación de La Paz en 2015 por fuera del MAS, pero en la elección del domingo pasado no llegó a los dos dígitos y quedó cuarto en su intento de reelección. Probablemente Eva Copa haya tomado nota sobre ello y por eso haya sido mucho más cuidadosa que Patzi en no marcar diferencias tan pronunciadas con el gobierno de Arce y se haya mostrado cercana al vicepresidente Choquehuanca (que expresa un sector distanciado de parte del círculo más cercano a Morales y capitaliza su identidad aymara). Incluso cuando critica a Morales, Copa pone más el acento en el entorno del ex-presidente que, según dice, lo aisló y lo llevó a tomar malas decisiones. De hecho, en sus primeras declaraciones posteriores a su victoria le ha pedido a la Asamblea Legislativa que aceleren el proceso contra Áñez por la represión en Senkata y Sacaba. Es decir, se mueve, por ahora, en la frontera del MAS. 

En estos años de fuerte crisis económica y sanitaria, las autoridades locales buscarán sintonía, o al menos no enfrentamiento, con el gobierno central. Y en ese marco Copa ha recordado que tiene buena relación con Arce. Además, sabe que El Alto vota en clave rebelde, como pasó en 2015, cuando le dio una amplia mayoría a Soledad Chapetón como protesta contra el candidato del MAS Edgar Patana, acusado de corrupción, y que es una ciudad que luego exige «resultados» en término de obras y empleo, como también lo sabe Chapetón, cuya aprobación fue muy baja desde su segundo año de gestión. El peso político de El Alto y la dimensión de su victoria le da a Copa un rol importante en el campo político popular. La duración y la intensidad de este rol estarán asociadas a los resultados de su administración. Posiblemente no sea casual que a Chapetón, conocida como «la Sole», le siga otra mujer joven, como un voto de rechazo a ciertos «barones» de las organizaciones sociales y corporativas alteñas, en una mezcla de transformaciones de género y ansias de modernización. Tampoco es probable que El Alto sea menos exigente con Copa que con Chapetón, cuya compleja gestión local le impidió su salto al ámbito nacional.

Publicado enInternacional
Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, en Washington, en una imagen de 2019.MICHAEL REYNOLDS / EFE

La fiscalía señala que Juan Orlando Hernández protegió al narcotraficante Geovanny Fuentes “para meter droga por las narices a los gringos”

 

El juicio contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes, que comenzó el lunes en un tribunal de Estados Unidos, dejó este martes graves acusaciones contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El mandatario del país centroamericano ha sido acusado de narcotráfico. Según el fiscal de Nueva York Jacob Gutwillig, Hernández pactó una alianza con un cartel local, los Cachiros, mediante la que ayudó a introducir miles de kilos de cocaína en Estados Unidos. El fiscal describió Honduras como un “narcoestado”.

Para la fiscalía, el narcotraficante Geovanny Fuentes operó un enorme negocio de distribución de cocaína gracias a la violencia y a sus conexiones con la policía, el Ejército y la clase política, “incluido el actual presidente de Honduras”. En su alegato inicial, la fiscalía aseguró que el supuesto narco se asoció con Hernández en 2013, cuando era candidato a la presidencia, y que juntos planearon enviar “la mayor cantidad posible de cocaína a Estados Unidos”. De acuerdo con el fiscal Gutwillig, el capo que lideraba el cartel de los Cachiros “sobornó incluso al presidente de Honduras” y se volvió “intocable” después de esta alianza que lo blindó “a prueba de balas”.

Según sus pruebas, en 2013 y 2014, Geovanny Fuentes pagó sobornos al actual presidente por un total de “25.000 dólares en efectivo provenientes del dinero de la droga” y, algo más valioso, “acceso al laboratorio de droga del acusado en las montañas de Honduras”, dijo el fiscal.

Gutwillig anunció entre otras pruebas el testimonio de un testigo presente en esas reuniones, José Sánchez, un contable que trabajaba para una empresa arrocera a través de la cual los Cachiros lavaban dinero. El fiscal dijo que el contable detallará a los 12 miembros del jurado “el ‘shock’ y el miedo que sintió cuando vio al acusado sentarse con el presidente”.

Desde hace semanas los fiscales ya habían adelantado supuestos vínculos entre Geovanny Fuentes y Juan Orlando Hernández en documentos presentados previamente, pero este martes dejaron claro que esa relación es la parte central del caso y que se darán detalles de “reuniones secretas” entre el narcotraficante y el presidente.

“El acusado fue una parte fundamental de un narcoestado hondureño”, aseguró un representante de la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York. En uno de esos encuentros, según los fiscales, Hernández habría declarado su intención de “meterles drogas por las narices a los gringos”, en referencia a una supuesta voluntad de enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. En esa investigación los fiscales aseguraron tener pruebas de que el presidente recibió millones de dólares en sobornos de narcotraficantes a cambio de protección, incluido del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.

Hasta ahora, la fiscalía de Nueva York no había identificado con claridad a Juan Orlando Hernández, descrito hasta entonces como co-conspirador número cuatro (CC-4), pero su identidad es fácilmente reconocible por las referencias a su cargo y a su hermano Juan Antonio Tony Hernández, declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos en 2019. Tony Hernández, exdiputado de la Asamblea de Honduras, fue detenido y condenado por negociar con narcos de siete países para traficar toneladas de cocaína. El fiscal también lo acusó de ordenar al menos dos asesinatos de narcos entre 2011 y 2013.

El abogado de la defensa de Juan Orlando Hernández, Eylan Schulman, restó importancia al testimonio diciendo que “supuestamente 25.000 dólares es todo lo que lleva sobornar a un presidente”. En el caso del contable, dijo la defensa, “tiene mucho que ganar y poco que perder” con su testimonio, advirtió, y sostuvo que espera recibir asilo en Estados Unidos a cambio. La defensa también dijo al jurado que no debe creer el testimonio que prestará “uno de los peores asesinos en la faz de la Tierra”, Leonel Rivera, exlíder del cartel de los Cachiros, que mató a 78 personas y está preso en Estados Unidos por tráfico de drogas.

Por el momento, el presidente de Honduras, que dejará el cargo a final de este año, ha negado cualquier vínculo y en las últimas horas se ha defendido vía Twitter con varios mensajes y una advertencia a Washington. El presidente hondureño aseguró que mantendrá la “alianza internacional en lucha antinarcotráfico” hasta el final de su mandato, pero escribió que si los narcotraficantes “con la llave mágica de mentiras ganan beneficios de USA [EE UU] por falsos testimonios, la alianza internacional colapsaría con Honduras”. Hasta el momento, Juan Orlando Hernández ha sido un estrecho aliado de Estados Unidos desde 2014, primero con el presidente Barack Obama y posteriormente con Donald Trump.

Sin embargo, según Hernández, las informaciones publicadas sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado “se basan en testimonios falsos de narcos cuyas mentiras son para vengarse, reducir sus penas y recibir otros beneficios”, escribió en Twitter. En el hilo que adjunta, el mandatario hondureño centró su explicación en el cartel los Cachiros, cuyo exlíder Devis Leonel Rivera Maradiaga, se espera que testifique en el juicio contra Fuentes. Este hombre ha declarado a los fiscales que Hernández supuestamente obtuvo dinero a cambio de permitir el narcotráfico en su país, informa la agencia Associated Press.

Por Jacobo García

México - 10 mar 2021 - 01:31 UTC

Publicado enInternacional
Otro Brasil, con las causas contra Lula anuladas

El ex presidente recupera sus derechos políticos y podría ser candidato en 2022

El juez Fachin, un partidario de la causa del Lava Jato, sorprendió a todos anulando el fallo armado por el ex juez y ex ministro Sergio Moro. La furia de Bolsonaro, el vuelco en las encuestas y la opinión de la derecha expresada con una caída de la Bolsa.

 

Lula de regreso. El Supremo Tribunal Federal brasileño anuló todas las causas contra Luiz Inácio Lula da Silva, que de ese modo recuperó los derechos políticos que perdió debido a las condenas mañosas del Lava Jato y podría enfrentar a Jair Bolsonaro en los comicios del año próximo. El magistrado Luiz Edson Fachin, del Supremo, dejó sin efecto las sentencias contra el expresidente debido a que no corresponde sustanciar el Lava Jato en la sala 13 del juzgado federal de primera instancia de Curitiba, que fuera el feudo del exjuez Sergio Moro. Las causas serán tramitadas de aquí en más en la justicia federal de Brasilia. Quedaron sin efecto las condenas viciadas de intenciones políticas y carentes de pruebas consistentes, por las que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) debió purgar 580 días en una celda solitaria del cuarto piso de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, entre abril de 2018 y marzo de 2019.

"Recibimos con serenidad la decisión del ministro Fachin que acogió el habeas corpus que presentamos en noviembre de 2020", dijo el abogado defensor, Cristiano Zanin Martins a través de una nota.

No se descarta que la decisión de Fachin sea apelada por la Procuraduría General de la República, sumisa a la voluntad de Jair Bolsonaro, y elevada al Plenario del Supremo compuesto por once miembros, divididos en dos alas: lavajatistas y antilavajatistas. O, si se prefiere, simpatizantes y adversarios de la lawfare y Sergio Moro.

Fachin, considerado un juez lavajatista, sorprendió a políticos y magistrados con esta decisión que, como casi todas las del STF, están inspiradas en motivos más políticos que judiciales.

Lo real es que con la recuperación de sus derechos el jefe petista logró la más importante victoria después de cinco años de encarnizada batalla contra el Lawfare en los que siempre aseguró ser inocente. Y renunció, incluso, a convites para dejar el país o asilarse en alguna embajada.

A pesar de sus años de encarcelamiento y haber sido condenado al silencio por parte de las empresas periodísticas dominantes, conserva una resilente popularidad, como lo demostró un sondeo publicado el domingo en el diario conservador O Estado donde su potencial de votos se ubica en torno al cincuenta por ciento, contra el 38 por ciento de Bolsonaro con vistas a las presidenciales de 2022.

Con Lula en el campo no hay otro candidato más fuerte para derrotar al régimen bolsonarista entre las fuerzas democráticas y populares. Es prematuro asegurar que será candidato por sexta vez (lo fue en 1989, 1994, 1998, 2002 y 2006). Pero nadie pone en duda que esta decisión del STF lo robustece sea como aspirante presidencial, sea como avalista de algún candidato petista o de un eventual frente electoral.

La titular del PT, Gleisi Hoffmann, sostuvo que "la anulación de las condenas responde a un pedido de justicia de la sociedad brasileña y la comunidad internacional, de la lucha de nuestra militancia y los que creyeron en la inocencia de Lula (..) a pesar de las barbaridades cometidas por Moro".

BOLSONARO Y MERCADO, CONTRARIADOS

A poco de conocida la noticia sobre el restablecimiento de los derechos políticos de Lula, el presidente Bolsonaro acusó al juez Fachin de mantener "fuertes vínculos con el PT" y retomó parte de su discurso proselitista de 2018, al asegurar que el "pueblo" no querrá volver a tener un gobierno de izquierda.

Se trata de un discurso remanido, que fue exitoso cuando el antipetismo estaba en su apogeo, pero de dudosa eficacia en los tiempos que corren cuando el público vive en carne propia las peripecias de este gobierno militar-cívico.

Tener de vuelta en el ruedo a Lula significa un revés para el Ejército cuya presión, a través de su excomandante el general Eduardo Villas Boas, influyó para que el jefe petista fuera proscripto tres años atrás.

Un ministro militar le dijo el lunes por la noche a la CNN Brasil, ocultando su identidad, que el retorno del petista al poder "no sería bueno para el país".

Tampoco el mercado se alegró con el regreso del extornero mécanico, decepción expresada en la pronunciada baja del 3,9 por ciento de la Bolsa de Valores de San Pablo y una suba del 1, 6 por ciento del dólar. Vale precisar que la Bolsa ya operaba en baja desde primera horas de la tarde y será necesario aguardar los próximos días para calibrar mejor su comportamiento ante el nuevo escenario político.

DOS GOLPES

Surgida en 2014, la causa del Lava Jato vertebró una coalición de fuerzas del campo conservador unidas en pos de acabar con el ciclo de gobiernos del PT.

Las maniobras de Moro, amplificadas por el multimedios Globo, contribuyeron a intoxicar el ambiente político y el ánimo popular hasta desembocar en el golpe que derrocó a Dilma Rousseff en mayo de 2016.

Ese conato era sólo el primer paso de un plan mayor: cuyo objetivo último era impedir la candidatura en 2018 y el posible tercer mandato de Lula, procesado con base en pruebas inconsistentes, testimonios de arrepentidos que fueron coaccionados y maniobras articuladas con los procuradores de Curitiba.

Esta asociación ilítica, conocida como "Grupo de Tareas de Curitiba", quedó al desnudo a partir de julio de 2019 cuando el sitio The Intercept comenzó a publicar las transcripciones y los audios de las conversaciones de Moro con el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol. No quedan dudas de que cada movimiento apuntó a que el político permaneciara en prisión y quedara fuera de la carrera hacia el Planalto. Finalmente Bolsonaro fue electo gracias a unos comicios anómalos, a una operación que fue la continudad del golpe de 2016 o un golpe en sí mismo. Moro cobró a buen precio su papel en la conjura siendo nombrado por Bolsonaro como ministro de Justicia y Seguridad.


¿Qué hay detrás de la anulación de las condenas a Lula en Brasil?

La decisión del juez Fachin es sobre una cuestión de procedimiento y no absuelve a Lula pero se puede entender como un intento de salvar un régimen político altamente cuestionado.

Nicolás Daneri

La Izquierda diario

Lunes 8 de marzo | 21:27

Este lunes el Juez Edson Fachin, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, anuló la condena que pesaba sobre el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva aduciendo que la justicia del estado de Paraná es incopetente para juzgar el caso. Esta acción restituye los derechos políticos al líder del Partido dos Trabalhadores (PT), que podrá volver a presentarse como candidato, en un momento en que todo el régimen nacido del golpe institucional a Dilma Rousseff y la operación Lava Jato están cuestionadas, aún a pesar de que el ultraderechista Jair Bolsonaro goza de alta popularidad.

Según Fachin, responsable en la Corte Suprema de la operación anticorrupción Lava Jato, esos casos deberán pasar ahora a la órbita de la Justicia federal en Brasilia, la cual decidirá sobre el curso de cada uno de ellos.

En dos de esos procesos, Lula fue condenado a casi 25 años de cárcel, de los cuales cumplió 580 días hasta ser liberado por una decisión del propio Supremo, que alteró su propia jurisprudencia y decidió que una persona sólo puede ingresar a la cárcel cuando ya no tenga apelaciones disponibles, que no era el caso del exmandatario.

De todas maneras es importante señalar que la decisión de Fachin sólo se refiere a cuestiones de procedimiento, y no absuelve a Lula. El sistema legal del país permite que los jueces del STF tomen decisiones unilaterales que luego pueden o no ser apeladas. La Procuraduría General de la República ya ha indicado que apelará, lo que hace que la decisión sea incierta, aunque es poco probable que se revierta. Pero detrás de la decisión, el ministro desplegó una maniobra que termina por salvar a Sergio Moro, de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en la segunda instancia.

Moro es el ex juez que dirigió toda la operación Lava Jato que fue la que permitió que Lula fuera encarcelado y, por tanto, impedido de participar en las elecciones de 2018 en las que se perfilaba como el candidato más popular. Moro fue nombrado Ministro de Justicia por Jair Bolsonaro luego de asumir la presidencia, como premio por los “servicios prestados” pero renunció en abril del año pasado.

El juez Edson Fachin es el mismo que corroboró activamente las decisiones del STF para impedir que Lula fuera candidato en 2018. Las maniobras del poder judicial fueron decisivas para la victoria del Bolsonaro y fueron parte clave de todas las desgracias que aquejan al pueblo brasileño desde entonces, principalmente la pandemia de la que Bolsonaro es un negacionista extremo. El STF que movió los hilos para que el golpe institucional se produjera sin mayores problemas, ha venido avalando las privatizaciones y reformas llevadas a cabo por los gobiernos de Temer y Bolsonaro y, ahora, en una decisión unilateral, posa de democrático para salvar el pellejo del golpista Sergio Moro.

La defensa de Lula presentó numerosas medidas de habeas corpus durante los procesos cuestionando la conducta de la justicia. La decisión de Fachin implica que pierden su razón de ser y deben ser archivados. Una de esas medidas se basaba en los mensajes revelados por The Intercept Brasil que muestran las maniobras entre los jueces de la Lava Jato y la parcialidad con la que se juzgo a Lula. Estas revelaciones ponen en cuestión la actuación del ex ministro Moro. La maniobra de Fachin puede ser entendida como un control de daños.

Es imprescindible reconocer estas maniobras para no poner un ápice de confianza en el STF ni en el poder judicial que viene actuando para recomponer un régimen podrido, un régimen golpista que es responsable de todos los ataques a los trabajadores, a los jóvenes y al pueblo pobre en general.

Mientras tanto, Bolsonaro denunció al juez Fachin por tener “un gran vínculo con el PT” y dijo estar convencido de que "el pueblo brasileño ni siquiera querría tener un candidato como ese en 2022 y mucho menos pensar en votarlo", porque "al final de cuentas, todos los escándalos que hubo en su Gobierno están claros frente a toda la sociedad".

Publicado enInternacional
Elecciones en Bolivia: el MAS sigue sin poder conquistar las principales ciudades

El cómputo oficial de votos avanza lentamente y aumenta la incertidumbre

 Las proyecciones privadas señalan que el oficialismo se aseguraría una victoria en primera vuelta en las elecciones de gobernadores en tres departamentos, y debería ir a segunda vuelta en otros cuatro.

 

A la espera del escrutinio oficial que avanza con lentitud, las cifras preliminares de las elecciones regionales del domingo en Bolivia reflejan que el Movimiento al Socialismo (MAS) sigue sin poder conquistar a los votantes de las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Además vuelve a perder en El Alto, considerada uno de sus bastiones. Las proyecciones privadas señalan que el oficialismo se aseguraría una victoria en primera vuelta en las elecciones de gobernadores en tres departamentos y que debería ir a segunda vuelta con distintas fuerzas opositoras en otros cuatro. Por eso, parte de la dirigencia del partido ya empezó a pedir una etapa de "reflexión" puertas adentro.

Dentro de la oposición, solo la ultraderechista Creemos ganaría cómodamente la gobernación de Santa Cruz de la mano de Luis Fernando Camacho, y la nueva organización Movimiento Tercer Sistema, constituida por disidentes del masismo, se habría alzado con la victoria en el departamento de Beni, donde la expresidenta interina Jeanine Áñez aparece tercera.

Hasta ahora, la única base de datos son el boca de urna y el conteo rápido realizados por las consultoras Ciesmori y Focaliza. Los cómputos en cada uno de los nueve departamentos habían avanzado entre el 8 y el 15 por ciento al cierre de esta edición, provocando que las reacciones y evaluaciones de la votación estén basadas solo en proyecciones extraoficiales. Más aún considerando que varias regiones del país combinan ciudades densamente pobladas con vastos territorios rurales.

En las dos últimas décadas, La Paz estuvo administrada por dos abogados, Juan del Granado y Luis Revilla, que inicialmente perteneció al MAS y luego formó su propia organización política, Soberanía y Libertad (Sol.bo). El oficialismo apostó en estos comicios por el exgerente de la empresa estatal Mi Teleférico, César Dockweiler, para intentar seducir al electorado paceño.

Al calor de la campaña, el presidente Luis Arce aseguró que la "única" candidatura capaz de garantizar un trabajo "de la mano con el gobierno" era la de Dockweiler, algo que al parecer no cayó bien en La Paz, que finalmente se decantaría por el exministro del gobierno de facto, Iván Arias.

En Santa Cruz durante años la hegemonía fue del ingeniero Percy Fernández, alcalde de esa urbe en seis ocasiones. En su lugar asumió la arquitecta Angélica Sosa, la heredera de Fernández que no logró conservar la alcaldía, aunque tampoco pudo hacerlo la candidata oficialista, la exsenadora Adriana Salvatierra, pudo conseguirla. Los sondeos muestran un margen estrecho entre el periodista Gary Áñez, del partido del expresidente Carlos Mesa, y el experimentado político Johnny Fernández, por lo que el ganador definitivo se conocerá recién cuando concluya el cómputo oficial.

La región central de Cochabamba es considerada uno de los bastiones del oficialismo entre otros motivos porque allí se encuentra la zona cocalera del Chapare, el feudo sindical y político del expresidente Evo Morales. Esa hegemonía no es tan fuerte en la capital, Cochabamba, donde hay una polarización muy marcada entre los seguidores del MAS y sus detractores, "diferencias" reconocidas por el mismo Morales en la noche del domingo, tras conocerse los resultados extraoficiales que dan el triunfo al opositor excapitán de las Fuerzas Armadas, Manfred Reyes Villa. 

La sorpresa en este proceso electoral ha sido la expresidenta del Senado Eva Copa, expulsada del oficialismo por postularse con otra sigla a la alcaldía de El Alto, otro bastión masista. Las encuestas a boca de urna le dan a Copa un amplio triunfo frente al oficialista Zacarías Maquera, con lo que el MAS perdió por segunda vez consecutiva el municipio alteño, administrado actualmente por la opositora Soledad Chapetón.

"Agradezco a Evo Morales y le pido que escuche a su pueblo y acepte las críticas constructivas", declaró este lunes Copa, quien consiguió el 66,8 por ciento de los votos, según las proyecciones, frente al 19,9 por ciento del candidato del MAS, Zacarías Maquera. 

En las demás capitales regionales, el oficialismo aparece con triunfos en Sucre, la capital constitucional de Bolivia, y la ciudad amazónica de Cobija y obtiene un resultado poco claro en Oruro, mientras que en Tarija, Trinidad y Potosí ganaron otros partidos.

Para Evo Morales, los resultados regionales y municipales indican que "el MAS se consolida como primera fuerza política en la historia de Bolivia". El expresidente sostuvo que sus militantes "deben sentirse orgullosos” de ser parte de esa organización, y agradeció al "pueblo boliviano" su "compromiso" con "la patria, las políticas económicas y los programas sociales". 

Los resultados preliminares, sin embargo, generaron malestar en parte de la dirigencia del MAS. "Bajamos entre 15 a 20 por ciento respecto a las elecciones generales de 2019 y "esto no es novedad pues ha ocurrido antes", reconoció el presidente oficialista del Senado, Andrónico Rodríguez. Estos resultados "nos van a llamar a la reflexión y ajustar muchos errores dentro del MAS, si ha habido mal cálculo", señaló el también dirigente cocalero en rueda de prensa.

Los cómputos oficiales de las elecciones regionales del domingo en Bolivia concluirán el próximo fin de semana, anunció este lunes el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Fuentes de los tribunales electorales de los departamentos de Santa Cruz y Pando señalaron por separado que todavía no estaba decidida la situación de más de un centenar de mesas de votación cuyas urnas fueron quemadas por vecinos que denunciaron supuestos fraudes. Los tribunales regionales deben constatar si también fueron destruidas las actas de escrutinio.

Publicado enInternacional
Un rosario de reclamos al Gobierno: vocero de víctimas de Iota denuncia incumplimientos y fallos en la reconstrucción de San Andrés

El líder sanandresano Alberto Gordon May asegura que el Gobierno no ha cumplido con lo pactado en el plan de reconstrucción del Archipiélago.

 

Después de casi cuatro meses de que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue golpeado por el huracán Iota, sus pobladores hablan sobre lo que dicen ser un atropello del Gobierno Nacional en la región.

Así lo hizo saber en entrevista con El Espectador el pastor Alberto Gordon May, presidente de la Autoridad Raizal, órgano que representa a los habitantes nativos del Archipiélago, quien además es el líder de las víctimas del huracán Iota.

Según el vocero, la administración Duque implementó “prácticas neocolonialistas” en las islas, y ha ignorado a sus gobernantes y comunidades. Son varios los problemas que el líder manifiesta como desatendidos en las islas, empezando por el incumplimiento del gobierno Duque respecto al plazo de 100 días que se planteó para la reconstrucción de la región.

De acuerdo con las declaraciones de Gordon May, en El Espectador, “el plazo puesto por el mandatario finalizó el 27 de febrero pasado. Después se extendió hasta el 10 de abril, término que ya se amplió hasta el primer trimestre de 2022. Para ser sincero, dudamos de que haya reconstrucción en los próximos mil días”.

Esta percepción, según el líder, es algo que “todos los miembros de la comunidad comparten”, ya que manifiesta que los sanandresanos hoy están mucho peor que antes del paso de Iota, “antes tenían casa, cubiertas sus necesidades de energía, agua y otros elementos necesarios. Las condiciones a que están sometidos ahora son lamentables, deprimentes e inhumanas”, asegura Gordon May en el diario nacional.

Además, afirma que desconocen el Plan 100 y que tampoco han sido enterados “de un plan anual que se ha anunciado a pesar de las múltiples visitas de Iván Duque”. También agrega que, “Contrario a la Ley 1523 de 2012 (Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres), elaborada para ocasiones como la que sufrimos ahora, el Plan de Acción Específico (PAE) para el archipiélago, que será la carta de navegación para las islas, según Susana Correa, gerente de reconstrucción de Providencia, no ha sido ni siquiera firmado por el consejo de ministros”.

Para Gordon May, “el Gobierno ha tenido dos “planes”: el que le cuenta a la comunidad y el que manipula”, y señala a su vez que, “la gente ha venido reaccionando a la improvisación diaria, lo que nos parece sumamente grave porque reinan el desespero y la incertidumbre. Los habitantes están viviendo a sol y lluvia, aunque esta fase de la crisis debió haber sido superada en la primera etapa de la emergencia”.

De acuerdo con el líder sanandresano, “hasta este momento la única persona que conoce el PAE es Susana Correa”, pero aún así el pastor señala que la funcionaria “no lo ha compartido ni discutido con nadie y se escuda en diversas disculpas para protegerse”, además asegura que Correa, “sale a mentir ante los medios” y que, “el Gobierno ha desconocido la totalidad de la ley y ha ignorado, principalmente, los principios de igualdad, protección, el participativo que ordena reconocer y promover la colaboración activa de las comunidades, y, muy importante, el principio de diversidad cultural que exige respetar las particularidades de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos de la misma”.

Esto, según el vocero, fue una acción del Gobierno en la que no se acogió estrictamente a la ley, ya que manifiesta que si “la hubiera cumplido, no habría tanto desespero. La población de las islas está al borde de un colapso emocional por la incertidumbre sobre su presente y, ante todo, sobre su futuro

.

Las condiciones actuales en las que viven los sanandresanos

 

Gordon May informó en El Espectador que “mucha gente pasa los días en carpas. Las viviendas a las que les han reparado techos sin reconstruir, sus bases no cuentan con los amarres y las técnicas antihuracán, a pesar de que el propio Ministerio de Vivienda reconoce que hay que cumplirlas”.

A su vez, asegura que a pesar de que “la energía ha sido restablecida y se instalaron unas plantas desalinizadoras (del agua marina), es preciso resaltar que la disponibilidad de agua del embalse Fresh Water Bay ha venido disminuyendo por causa de los procesos erosivos de la cuenca y que este es el único embalse que existe”.

Por eso, señala que “en las épocas de sequía hay escasez. Pero, en este momento, otro motivo de gran preocupación es qué va a suceder con el suministro del líquido, además de la sequía, por la sobrecarga de personas de afuera que llegaron sin medir su impacto”.

En la misma línea, habla del impacto negativo que ha causado el aumento del 20% de la población en las islas, proveniente de personas que están llevando a cabo las labores de reconstrucción. Gordon May asegura que esto ha sido un “un desastre”, empezando por el ámbito ambiental.

“Los servicios de energía y agua que son precarios, igualmente son escasos. Por lo tanto, no dan abasto con el incremento poblacional. También nos preocupa el brusco cambio de relacionamiento social con grupos tan numerosos de personas ajenas a nuestra cultura”, asegura el líder en El Espectador.

Asimismo, afirma que “se desconocen los términos de referencia y códigos de reconstrucción de las viviendas porque las condiciones contractuales con Findeter no han sido puestas a consideración de la comunidad”, ya que según Gordon May, si estos trabajos se hicieran “con las especificaciones técnicas descritas, se podría suplir con trabajo local gran parte de las obras de construcción, para lo cual la comunidad se ha venido organizando. Consideramos que la vinculación laboral externa debe ser gradual y organizada para evitar efectos negativos y garantizar la sostenibilidad social, ambiental y económica”.

De igual forma, el líder reconoce que hay otros problemas en las islas, como que el Gobierno quiso obviar el derecho constitucional de la consulta previa, algo que señala se pudo evitar gracias a que “un grupo de raizales, en la diáspora, ayudó a preparar varias propuestas de casas.

Solo después de insistentes reclamos por parte de líderes de la comunidad, el Gobierno, al parecer, finalmente incluirá tales diseños en sus planes. La vocería y la presión de un grupo de líderes, la veeduría local, a través de tutelas, la Autoridad Raizal, la Comunidad Raizal en la Diáspora, a quienes agradecemos inmensamente, y la prensa local e internacional, ayudaron a que la administración Duque atendiera los reclamos comunitarios”, señaló en el diario nacional el vocero sanandresano.

Gordon May también habló del puente entre San Andrés y Providencia que no ha sido recuperado, pero que en cambio sí se construyó un muelle sin consulta previa de la comunidad, además de otros proyectos como la construcción de la base de Guardacostas o de Salvamento Marítimo que la Armada Nacional ha querido edificar en el sector de Old Town” y el cual también rechazan los raizales.

El líder mencionó además que a tres meses de que empiece la temporada de huracanes en el Caribe, aún no se ha construído por lo menos un albergue en las islas.

7 de Marzo de 2021

Publicado enColombia
Elecciones en Bolivia: el boca de urna revela el avance de la oposición en regiones centrales

Más de siete millones de bolivianos votaron en elecciones provinciales y municipales  

Sin embargo el MAS puede festejar una victoria contundente en el departamento de Cochabamba y otra más ajustada en La Paz, donde no evitaría una segunda vuelta. Amplio triunfo de Luis Fernando Camacho en Santa Cruz y flojo desempeño de Jeanine Áñez en Beni.

 

Poco más de siete millones de bolivianos votaron en las elecciones provinciales y municipales en Bolivia en un clima de relativa tranquilidad pese a la pandemia y a solo medio año de las presidenciales que marcaron el retorno al poder del Movimiento al Socialismo (MAS). En sintonía con las últimas encuestas, el boca de urna de la consultora Ciesmori ratificó que la oposición se quedaría con las estratégicas alcaldías de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y El Alto, ésta última en manos de la expresidenta del Senado, Eva Copa. La candidata de Agrupación Jallalla separada del MAS reveló la etapa de cambios y debate interno que atraviesa el partido. 

A nivel de las principales gobernaciones, el partido de Evo Morales puede festejar una victoria contundente en el departamento de Cochabamba y otra más ajustada en La Paz, donde su candidato Franklin Flores no evitaría una segunda vuelta. Tal como se esperaba, Luis Fernando Camacho arrasaría en Santa Cruz y, cerrando el bloque de candidatos golpistas, la expresidenta de facto tendría un flojo desempeño en el departamento de Beni, donde apenas alcanzaría un tercer puesto. 

Los resultados oficiales se conocerán recién dentro de 8 a 10 días, mientras el Tribunal Supremo Electoral se preparaba para cargar los primeros datos del escrutinio ya entrada la madrugada del lunes. La ausencia de jurados en recintos electorales retrasó por horas la apertura de varias mesas de votación en diferentes lugares del país, generando largas filas de ciudadanos. Incluso el propio presidente Luis Arce tuvo que esperar para poder votar. 

En el departamento de La Paz las encuestas que pronosticaban un triple empate técnico entre los candidatos a la gobernación parecen haberse frustrado. El candidato del MAS, Franklin Flores, alcanzaría un cómodo primer lugar con el 37,3 por ciento de los votos, siempre de acuerdo al boca de urna de Ciesmori. Le sigue con el 27,1 por ciento el candidato de Agrupación Jallalla, Santos Quispe, hijo del recientemente fallecido Felipe "El Mallku" Quispe, quien hasta su muerte era favorito a quedarse con la gobernación. En tercer lugar aparece Rafael "Tata" Quispe, candidato del frente Por el Bien Común - Somos Pueblo, con el 22,1 por ciento. Estos resultados no evitarían una segunda vuelta, aunque restaría saber quién acompañará al candidato del oficialismo en esa instancia. 

El boca de urna revela además que el candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, conseguiría la ventaja suficiente para convertirse en gobernador de Santa Cruz sin necesidad de una segunda vuelta. Uno de los mayores responsables del amotinamiento de policías y militares que culminó en el golpe de Estado contra Evo Morales alcanzaría el 55,4 por ciento de intención de voto, lejos del candidato del MAS, Mario Cronenbold, con el 34,3 por ciento. Por último entre los principales departamentos del país, en Cochabamba el MAS se aseguraría un claro triunfo con el exalcalde de Sacaba Humberto Sánchez superando el 50 por ciento de los votos. 

En cuanto a las alcaldías, en Santa Cruz se ubica en primer lugar Gary Áñez, candidato de Comunidad Ciudadana con el 32,9 por ciento de los votos. Pegado en un segundo lugar aparecía Johnny Fernández, de Unidad Cívica Solidaridad, con 31,9 por ciento, lo que presagia una segunda vuelta entre ambos ya que lejos y en tercer lugar quedó la candidata del MAS, la exsenadora Adriana Salvatierra.

La ciudad de Cochabamba quedaría para el excapitán de las Fuerzas Armadas, Manfred Reyes Villa, con el 56,8 por ciento de los votos. Su candidatura estuvo en duda hasta último momento por una sentencia firme frente a un caso de incumplimiento de deberes de funcionario público. El exdefensor del Pueblo, Nelson Cox, quedó muy lejos con el 23,3 por ciento.

La alcaldía de La Paz iría a parar a manos de Iván Arias, ministro de Obras Públicas durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, que alcanzaba en el boca de urna el 48 por ciento de los votos. Lejos quedaba el candidato masista César Dockweiler, director de la empresa pública de teleféricos hasta su renuncia tras el golpe de 2019. En la codiciada ciudad de El Alto, el triunfo sería para la candidata de Agrupación Jallalla, Eva Copa. Luego de una escandalosa ruptura con el MAS, Copa se quedaría con el 67 por ciento de los votos frente a un lejano 22 por ciento del oficialista Zacarías Maquera.

Publicado enInternacional