Elecciones en Bolivia: el MAS sigue sin poder conquistar las principales ciudades

El cómputo oficial de votos avanza lentamente y aumenta la incertidumbre

 Las proyecciones privadas señalan que el oficialismo se aseguraría una victoria en primera vuelta en las elecciones de gobernadores en tres departamentos, y debería ir a segunda vuelta en otros cuatro.

 

A la espera del escrutinio oficial que avanza con lentitud, las cifras preliminares de las elecciones regionales del domingo en Bolivia reflejan que el Movimiento al Socialismo (MAS) sigue sin poder conquistar a los votantes de las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Además vuelve a perder en El Alto, considerada uno de sus bastiones. Las proyecciones privadas señalan que el oficialismo se aseguraría una victoria en primera vuelta en las elecciones de gobernadores en tres departamentos y que debería ir a segunda vuelta con distintas fuerzas opositoras en otros cuatro. Por eso, parte de la dirigencia del partido ya empezó a pedir una etapa de "reflexión" puertas adentro.

Dentro de la oposición, solo la ultraderechista Creemos ganaría cómodamente la gobernación de Santa Cruz de la mano de Luis Fernando Camacho, y la nueva organización Movimiento Tercer Sistema, constituida por disidentes del masismo, se habría alzado con la victoria en el departamento de Beni, donde la expresidenta interina Jeanine Áñez aparece tercera.

Hasta ahora, la única base de datos son el boca de urna y el conteo rápido realizados por las consultoras Ciesmori y Focaliza. Los cómputos en cada uno de los nueve departamentos habían avanzado entre el 8 y el 15 por ciento al cierre de esta edición, provocando que las reacciones y evaluaciones de la votación estén basadas solo en proyecciones extraoficiales. Más aún considerando que varias regiones del país combinan ciudades densamente pobladas con vastos territorios rurales.

En las dos últimas décadas, La Paz estuvo administrada por dos abogados, Juan del Granado y Luis Revilla, que inicialmente perteneció al MAS y luego formó su propia organización política, Soberanía y Libertad (Sol.bo). El oficialismo apostó en estos comicios por el exgerente de la empresa estatal Mi Teleférico, César Dockweiler, para intentar seducir al electorado paceño.

Al calor de la campaña, el presidente Luis Arce aseguró que la "única" candidatura capaz de garantizar un trabajo "de la mano con el gobierno" era la de Dockweiler, algo que al parecer no cayó bien en La Paz, que finalmente se decantaría por el exministro del gobierno de facto, Iván Arias.

En Santa Cruz durante años la hegemonía fue del ingeniero Percy Fernández, alcalde de esa urbe en seis ocasiones. En su lugar asumió la arquitecta Angélica Sosa, la heredera de Fernández que no logró conservar la alcaldía, aunque tampoco pudo hacerlo la candidata oficialista, la exsenadora Adriana Salvatierra, pudo conseguirla. Los sondeos muestran un margen estrecho entre el periodista Gary Áñez, del partido del expresidente Carlos Mesa, y el experimentado político Johnny Fernández, por lo que el ganador definitivo se conocerá recién cuando concluya el cómputo oficial.

La región central de Cochabamba es considerada uno de los bastiones del oficialismo entre otros motivos porque allí se encuentra la zona cocalera del Chapare, el feudo sindical y político del expresidente Evo Morales. Esa hegemonía no es tan fuerte en la capital, Cochabamba, donde hay una polarización muy marcada entre los seguidores del MAS y sus detractores, "diferencias" reconocidas por el mismo Morales en la noche del domingo, tras conocerse los resultados extraoficiales que dan el triunfo al opositor excapitán de las Fuerzas Armadas, Manfred Reyes Villa. 

La sorpresa en este proceso electoral ha sido la expresidenta del Senado Eva Copa, expulsada del oficialismo por postularse con otra sigla a la alcaldía de El Alto, otro bastión masista. Las encuestas a boca de urna le dan a Copa un amplio triunfo frente al oficialista Zacarías Maquera, con lo que el MAS perdió por segunda vez consecutiva el municipio alteño, administrado actualmente por la opositora Soledad Chapetón.

"Agradezco a Evo Morales y le pido que escuche a su pueblo y acepte las críticas constructivas", declaró este lunes Copa, quien consiguió el 66,8 por ciento de los votos, según las proyecciones, frente al 19,9 por ciento del candidato del MAS, Zacarías Maquera. 

En las demás capitales regionales, el oficialismo aparece con triunfos en Sucre, la capital constitucional de Bolivia, y la ciudad amazónica de Cobija y obtiene un resultado poco claro en Oruro, mientras que en Tarija, Trinidad y Potosí ganaron otros partidos.

Para Evo Morales, los resultados regionales y municipales indican que "el MAS se consolida como primera fuerza política en la historia de Bolivia". El expresidente sostuvo que sus militantes "deben sentirse orgullosos” de ser parte de esa organización, y agradeció al "pueblo boliviano" su "compromiso" con "la patria, las políticas económicas y los programas sociales". 

Los resultados preliminares, sin embargo, generaron malestar en parte de la dirigencia del MAS. "Bajamos entre 15 a 20 por ciento respecto a las elecciones generales de 2019 y "esto no es novedad pues ha ocurrido antes", reconoció el presidente oficialista del Senado, Andrónico Rodríguez. Estos resultados "nos van a llamar a la reflexión y ajustar muchos errores dentro del MAS, si ha habido mal cálculo", señaló el también dirigente cocalero en rueda de prensa.

Los cómputos oficiales de las elecciones regionales del domingo en Bolivia concluirán el próximo fin de semana, anunció este lunes el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Fuentes de los tribunales electorales de los departamentos de Santa Cruz y Pando señalaron por separado que todavía no estaba decidida la situación de más de un centenar de mesas de votación cuyas urnas fueron quemadas por vecinos que denunciaron supuestos fraudes. Los tribunales regionales deben constatar si también fueron destruidas las actas de escrutinio.

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Un rosario de reclamos al Gobierno: vocero de víctimas de Iota denuncia incumplimientos y fallos en la reconstrucción de San Andrés

El líder sanandresano Alberto Gordon May asegura que el Gobierno no ha cumplido con lo pactado en el plan de reconstrucción del Archipiélago.

 

Después de casi cuatro meses de que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue golpeado por el huracán Iota, sus pobladores hablan sobre lo que dicen ser un atropello del Gobierno Nacional en la región.

Así lo hizo saber en entrevista con El Espectador el pastor Alberto Gordon May, presidente de la Autoridad Raizal, órgano que representa a los habitantes nativos del Archipiélago, quien además es el líder de las víctimas del huracán Iota.

Según el vocero, la administración Duque implementó “prácticas neocolonialistas” en las islas, y ha ignorado a sus gobernantes y comunidades. Son varios los problemas que el líder manifiesta como desatendidos en las islas, empezando por el incumplimiento del gobierno Duque respecto al plazo de 100 días que se planteó para la reconstrucción de la región.

De acuerdo con las declaraciones de Gordon May, en El Espectador, “el plazo puesto por el mandatario finalizó el 27 de febrero pasado. Después se extendió hasta el 10 de abril, término que ya se amplió hasta el primer trimestre de 2022. Para ser sincero, dudamos de que haya reconstrucción en los próximos mil días”.

Esta percepción, según el líder, es algo que “todos los miembros de la comunidad comparten”, ya que manifiesta que los sanandresanos hoy están mucho peor que antes del paso de Iota, “antes tenían casa, cubiertas sus necesidades de energía, agua y otros elementos necesarios. Las condiciones a que están sometidos ahora son lamentables, deprimentes e inhumanas”, asegura Gordon May en el diario nacional.

Además, afirma que desconocen el Plan 100 y que tampoco han sido enterados “de un plan anual que se ha anunciado a pesar de las múltiples visitas de Iván Duque”. También agrega que, “Contrario a la Ley 1523 de 2012 (Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres), elaborada para ocasiones como la que sufrimos ahora, el Plan de Acción Específico (PAE) para el archipiélago, que será la carta de navegación para las islas, según Susana Correa, gerente de reconstrucción de Providencia, no ha sido ni siquiera firmado por el consejo de ministros”.

Para Gordon May, “el Gobierno ha tenido dos “planes”: el que le cuenta a la comunidad y el que manipula”, y señala a su vez que, “la gente ha venido reaccionando a la improvisación diaria, lo que nos parece sumamente grave porque reinan el desespero y la incertidumbre. Los habitantes están viviendo a sol y lluvia, aunque esta fase de la crisis debió haber sido superada en la primera etapa de la emergencia”.

De acuerdo con el líder sanandresano, “hasta este momento la única persona que conoce el PAE es Susana Correa”, pero aún así el pastor señala que la funcionaria “no lo ha compartido ni discutido con nadie y se escuda en diversas disculpas para protegerse”, además asegura que Correa, “sale a mentir ante los medios” y que, “el Gobierno ha desconocido la totalidad de la ley y ha ignorado, principalmente, los principios de igualdad, protección, el participativo que ordena reconocer y promover la colaboración activa de las comunidades, y, muy importante, el principio de diversidad cultural que exige respetar las particularidades de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos de la misma”.

Esto, según el vocero, fue una acción del Gobierno en la que no se acogió estrictamente a la ley, ya que manifiesta que si “la hubiera cumplido, no habría tanto desespero. La población de las islas está al borde de un colapso emocional por la incertidumbre sobre su presente y, ante todo, sobre su futuro

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Las condiciones actuales en las que viven los sanandresanos

 

Gordon May informó en El Espectador que “mucha gente pasa los días en carpas. Las viviendas a las que les han reparado techos sin reconstruir, sus bases no cuentan con los amarres y las técnicas antihuracán, a pesar de que el propio Ministerio de Vivienda reconoce que hay que cumplirlas”.

A su vez, asegura que a pesar de que “la energía ha sido restablecida y se instalaron unas plantas desalinizadoras (del agua marina), es preciso resaltar que la disponibilidad de agua del embalse Fresh Water Bay ha venido disminuyendo por causa de los procesos erosivos de la cuenca y que este es el único embalse que existe”.

Por eso, señala que “en las épocas de sequía hay escasez. Pero, en este momento, otro motivo de gran preocupación es qué va a suceder con el suministro del líquido, además de la sequía, por la sobrecarga de personas de afuera que llegaron sin medir su impacto”.

En la misma línea, habla del impacto negativo que ha causado el aumento del 20% de la población en las islas, proveniente de personas que están llevando a cabo las labores de reconstrucción. Gordon May asegura que esto ha sido un “un desastre”, empezando por el ámbito ambiental.

“Los servicios de energía y agua que son precarios, igualmente son escasos. Por lo tanto, no dan abasto con el incremento poblacional. También nos preocupa el brusco cambio de relacionamiento social con grupos tan numerosos de personas ajenas a nuestra cultura”, asegura el líder en El Espectador.

Asimismo, afirma que “se desconocen los términos de referencia y códigos de reconstrucción de las viviendas porque las condiciones contractuales con Findeter no han sido puestas a consideración de la comunidad”, ya que según Gordon May, si estos trabajos se hicieran “con las especificaciones técnicas descritas, se podría suplir con trabajo local gran parte de las obras de construcción, para lo cual la comunidad se ha venido organizando. Consideramos que la vinculación laboral externa debe ser gradual y organizada para evitar efectos negativos y garantizar la sostenibilidad social, ambiental y económica”.

De igual forma, el líder reconoce que hay otros problemas en las islas, como que el Gobierno quiso obviar el derecho constitucional de la consulta previa, algo que señala se pudo evitar gracias a que “un grupo de raizales, en la diáspora, ayudó a preparar varias propuestas de casas.

Solo después de insistentes reclamos por parte de líderes de la comunidad, el Gobierno, al parecer, finalmente incluirá tales diseños en sus planes. La vocería y la presión de un grupo de líderes, la veeduría local, a través de tutelas, la Autoridad Raizal, la Comunidad Raizal en la Diáspora, a quienes agradecemos inmensamente, y la prensa local e internacional, ayudaron a que la administración Duque atendiera los reclamos comunitarios”, señaló en el diario nacional el vocero sanandresano.

Gordon May también habló del puente entre San Andrés y Providencia que no ha sido recuperado, pero que en cambio sí se construyó un muelle sin consulta previa de la comunidad, además de otros proyectos como la construcción de la base de Guardacostas o de Salvamento Marítimo que la Armada Nacional ha querido edificar en el sector de Old Town” y el cual también rechazan los raizales.

El líder mencionó además que a tres meses de que empiece la temporada de huracanes en el Caribe, aún no se ha construído por lo menos un albergue en las islas.

7 de Marzo de 2021

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Elecciones en Bolivia: el boca de urna revela el avance de la oposición en regiones centrales

Más de siete millones de bolivianos votaron en elecciones provinciales y municipales  

Sin embargo el MAS puede festejar una victoria contundente en el departamento de Cochabamba y otra más ajustada en La Paz, donde no evitaría una segunda vuelta. Amplio triunfo de Luis Fernando Camacho en Santa Cruz y flojo desempeño de Jeanine Áñez en Beni.

 

Poco más de siete millones de bolivianos votaron en las elecciones provinciales y municipales en Bolivia en un clima de relativa tranquilidad pese a la pandemia y a solo medio año de las presidenciales que marcaron el retorno al poder del Movimiento al Socialismo (MAS). En sintonía con las últimas encuestas, el boca de urna de la consultora Ciesmori ratificó que la oposición se quedaría con las estratégicas alcaldías de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y El Alto, ésta última en manos de la expresidenta del Senado, Eva Copa. La candidata de Agrupación Jallalla separada del MAS reveló la etapa de cambios y debate interno que atraviesa el partido. 

A nivel de las principales gobernaciones, el partido de Evo Morales puede festejar una victoria contundente en el departamento de Cochabamba y otra más ajustada en La Paz, donde su candidato Franklin Flores no evitaría una segunda vuelta. Tal como se esperaba, Luis Fernando Camacho arrasaría en Santa Cruz y, cerrando el bloque de candidatos golpistas, la expresidenta de facto tendría un flojo desempeño en el departamento de Beni, donde apenas alcanzaría un tercer puesto. 

Los resultados oficiales se conocerán recién dentro de 8 a 10 días, mientras el Tribunal Supremo Electoral se preparaba para cargar los primeros datos del escrutinio ya entrada la madrugada del lunes. La ausencia de jurados en recintos electorales retrasó por horas la apertura de varias mesas de votación en diferentes lugares del país, generando largas filas de ciudadanos. Incluso el propio presidente Luis Arce tuvo que esperar para poder votar. 

En el departamento de La Paz las encuestas que pronosticaban un triple empate técnico entre los candidatos a la gobernación parecen haberse frustrado. El candidato del MAS, Franklin Flores, alcanzaría un cómodo primer lugar con el 37,3 por ciento de los votos, siempre de acuerdo al boca de urna de Ciesmori. Le sigue con el 27,1 por ciento el candidato de Agrupación Jallalla, Santos Quispe, hijo del recientemente fallecido Felipe "El Mallku" Quispe, quien hasta su muerte era favorito a quedarse con la gobernación. En tercer lugar aparece Rafael "Tata" Quispe, candidato del frente Por el Bien Común - Somos Pueblo, con el 22,1 por ciento. Estos resultados no evitarían una segunda vuelta, aunque restaría saber quién acompañará al candidato del oficialismo en esa instancia. 

El boca de urna revela además que el candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, conseguiría la ventaja suficiente para convertirse en gobernador de Santa Cruz sin necesidad de una segunda vuelta. Uno de los mayores responsables del amotinamiento de policías y militares que culminó en el golpe de Estado contra Evo Morales alcanzaría el 55,4 por ciento de intención de voto, lejos del candidato del MAS, Mario Cronenbold, con el 34,3 por ciento. Por último entre los principales departamentos del país, en Cochabamba el MAS se aseguraría un claro triunfo con el exalcalde de Sacaba Humberto Sánchez superando el 50 por ciento de los votos. 

En cuanto a las alcaldías, en Santa Cruz se ubica en primer lugar Gary Áñez, candidato de Comunidad Ciudadana con el 32,9 por ciento de los votos. Pegado en un segundo lugar aparecía Johnny Fernández, de Unidad Cívica Solidaridad, con 31,9 por ciento, lo que presagia una segunda vuelta entre ambos ya que lejos y en tercer lugar quedó la candidata del MAS, la exsenadora Adriana Salvatierra.

La ciudad de Cochabamba quedaría para el excapitán de las Fuerzas Armadas, Manfred Reyes Villa, con el 56,8 por ciento de los votos. Su candidatura estuvo en duda hasta último momento por una sentencia firme frente a un caso de incumplimiento de deberes de funcionario público. El exdefensor del Pueblo, Nelson Cox, quedó muy lejos con el 23,3 por ciento.

La alcaldía de La Paz iría a parar a manos de Iván Arias, ministro de Obras Públicas durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, que alcanzaba en el boca de urna el 48 por ciento de los votos. Lejos quedaba el candidato masista César Dockweiler, director de la empresa pública de teleféricos hasta su renuncia tras el golpe de 2019. En la codiciada ciudad de El Alto, el triunfo sería para la candidata de Agrupación Jallalla, Eva Copa. Luego de una escandalosa ruptura con el MAS, Copa se quedaría con el 67 por ciento de los votos frente a un lejano 22 por ciento del oficialista Zacarías Maquera.

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 Comandantes Batallón Pedro Nel Ospina 2004-2008

El Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp) es el tercero con más muertos por ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, según reveló el Tribunal de Paz. Estos fueron sus comandantes en entre 2004 y 2008.

 

El pasado 12 de febrero la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comunicó a través del Auto No. 033 de 2021 que en Colombia, entre 2002 y 2008, se presentaron al menos 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ por parte del Ejército Nacional. Esta cifra se enmarca en el caso 03 denominado como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” en el que el Tribunal de Paz priorizó las investigaciones de este crimen en seis departamentos de Colombia donde hay más evidencia hasta el momento.

Entre esos seis está Antioquia que, según las indagaciones de la JEP, es el departamento con más casos conocidos. Dentro de esta región opera la IV Brigada del Ejército que podría ser la responsable del 73 por ciento de las muertes identificadas entre el 2000 y el 2013, según la Sala. De esta brigada se desprenden ocho batallones que reportan un total de 1.216 muertos por ejecuciones extrajudiciales, pero de estos, tres reportan el 58,1 por ciento del total de muertos y son el Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (Bajes), con 306 muertes acreditadas; el Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (Cmjco), con 216 y el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp), con 185 casos.

De acuerdo a la información de la Sala, el Biosp es la tercera unidad militar con más víctimas en Antioquia. Según el Auto, para 2003 había 4 casos reportados, cifra que llegó a 26 en 2004 y a 55 en 2005. Para 2008 el número bajó a 12. En este batallón pasaron tres comandantes de 2004 a 2008. Infobae recoge quienes fueron y cuales son los casos relacionados que tienen o tuvieron abiertos en la justicia ordinaria.

Jairo Bocanegra de la Torre

En 2004, llegó el comandante Jairo Bocanegra de la Torre, un militar que tenía, para ese momento, 20 años de experiencia en altos cargos como Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante del Comando Operativo No. 9 en el Bagre, Antioquia, además de haber pasado por liderar tropas en Arauca y de comandar la Escuela de Ingenieros, de donde se graduó como ingeniero civil.

Bocanegra comandó el Biosp hasta junio de 2005, pero no fue sino hasta 2007 cuando en una sentencia del Tribunal Superior de Medellín, por un proceso que llevaba Justicia y Paz, se mencionó su nombre en presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales. Aquí José Miguel Gil Sotelo, un exguerrillero de las Farc y Daniel Alejandro Serna, un exparamilitar, rindieron versión frente a la participación de la Fuerza Pública en los crímenes cometidos por el Frente Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En estas declaraciones confesaron que ellos uniformaban a las personas mientras que miembros del Ejército simulaban falsos operativos y hacían el reporte, “uno de los que colaboraba con las autodefensas era el señor comandante, un coronel Bocanegra”, afirmaron.

Además de esto, los insurgentes dijeron ante el Tribunal que Bocanegra había estado involucrado en un crimen en la vereda el Cedro, de Amagá, donde asesinaron a dos menores de edad. “En la vereda El Cedro de Amagá hicieron una operación donde murieron dos niños, en esa operación los uniformaron para hacerlos pasar como miembros del grupo ilegal. Allí murió alias “El Zarco” y murió un venezolano. Eso fue como más o menos en el año 2003 o 2004, en total fueron cuatro muertos...”.

Para la Fiscalía, los denunciantes se referían a Jairo Bocanegra de la Torre, quien para 2007 ya era Coronel de la Reserva del Ejército Nacional y por estos testimonios el Tribunal ordenó la compulsa de copias al ente acusador para abordar el caso, sin embargo, la investigación no prosperó y Bocanegra no fue condenado por estos delitos.

Édgar Emilio Ávila Doria

Para este año y después de que Bocanegra dejara el Biosp y se fuera a comandar otro centro militar en Tolemaida, Cundinamarca, habría llegado, en diciembre, Édgar Emilio Ávila Doria a dirigir este batallón. De acuerdo con la JEP, el 2005 fue el año donde se dispararon los casos de falsos positivos en esta unidad militar llegando a 55, siendo el mayor número registrado en los ocho años que reporta el Alto Tribunal para este centro.

En 2006, 10 unidades tácticas de la IV Brigada del Ejército se propusieron una competencia de qué unidad presentaba la mayor cantidad de muertos, una tarea que como reportó el portal Las 2 Orillas, era complicada porque el batallón estaba ubicado en zona urbana de Bello, en la Comuna 13 de Medellín lo que los dejaba en desventaja con centros militares ubicados en el Caquetá, Norte de Santander (Catatumbo) o Bolívar, sin embargo, para Ávila Doria esto se habría convertido en todo un reto. Las directrices que se dice, enviaba el entonces comandante del Ejército, Mario Montoya, eran el arma con la que Édgar Emilio Ávila presionaba a sus subalternos. “Los comandantes se evalúan por sus resultados” o “las bajas no es lo más importante, es lo único”, servían como gasolina para traerle muertos al batallón. Esta tarea fue apoyada por el entonces segundo comandante José Zanguña Duarte. Ese año ganaron.

Pedro Nel Ospina entregó 86 presuntos guerrilleros muertos, 90 delincuentes capturados, 150 armas de fuego incautadas y 180 artefactos desactivados, lo que los convirtió en la unidad militar con mayor operatividad en 2006. Para ese año, la JEP reporta que hay al menos 35 muertos identificados como ejecuciones extrajudiciales adscritos al Biosp, cifra que para el año siguiente se mantuvo exactamente igual.

Los casos

El 19 de octubre de 2006 en la vereda la Primavera, del municipio de Santo Domingo, al noroeste de Antioquia, tropas del Ejército Nacional reportaron la muerte de tres presuntos extorsionistas. Sus nombres eran Mauricio Quintero Rubio, Reinaldo Osorio Jiménez y Alex Correa Pérez. Según la versión de los implicados, los hombres se enfrentaron a los militares con armamentos de corto alcance, lo que la Fiscalía contradijo y declaró como falso.

Según el ente acusador estas tres personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales al ser llevados con engaños hasta este lugar por un hombre que les prometió oportunidades laborales. Por este caso, un juez emitió una orden de captura contra Ávila Doria en marzo de 2015 imputado por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple y falsedad ideológica en documento público en calidad de coautoría.

Para febrero de 2016, poco más de un año después, un fiscal especializado de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y DIH acusó a este coronel y a su segundo comandante, José Zanguña Duarte por el triple homicidio. 10 soldados más fueron señalados por estos hechos.

Pero en diciembre de 2015, Ávila Doria fue acusado, por otro caso, junto a otros altos mandos, como presuntos responsables por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. De acuerdo con la investigación, el 18 de abril de 2006 en la vereda La Raya del municipio de Concepción, Antioquia, se simuló un combate en el que Víctor Manuel Correa Palacio y José Miguel Madrid Urrego fueron asesinados y presentados como bajas en combate.

Según el informe oficial, para esa fecha la Fiscalía ya adelantaba otras investigaciones contra el coronel Ávila, citado literalmente, “por la ejecución extrajudicial de varias personas en diferentes lugares del departamento de Antioquia”.

Diego Luis Villegas

En marzo de 2008 llegó a comandar el Biosp Diego Luis Villegas, actual general del Ejército y quien tiene casos abiertos en la justicia por ejecuciones extrajudiciales, entre ellas se reportan al menos 6, de las cuales cinco tienen nombre propio, como lo dio a conocer El Espectador en 2018: Didier Durant Badillo, Andrés Hernández Roldán, un hombre sin identificar en Barbosa, Antioquia; Adrián Álvarez González, en el barrio San Cristóbal, de Medellín; Albeiro Tobón Marulanda, campesino que falleció “mientras iba con su hija menor de edad a laborar en el campo” especificó la Fiscalía.

Pero el que ha tenido contra las cuerdas al alto mando militar es el caso de Ómer Alcides Villada el 25 de marzo de 2008. Ese día cinco miembros pertenecientes a su unidad militar dieron de baja a un hombre “en combate” en la vereda Palmitas, en el municipio de Montebello, Antioquia. Sin embargo, después de los hechos se conoció que Villada era un agricultor que vivía con su abuela ya que este era una “persona de deficiencias mentales”, como lo recoge la Fiscalía. Para estos soldados, la víctima pertenecía al frente 34 de las Farc.

La presunta responsabilidad de Villegas se basa en que él firmó, como comandante del Batallón Pedro Nel Ospina, el oficio 01325 con el que se solicitaba el pago de $1′500.000 pesos a un informante que le ayudó al Ejército a identificar guerrilleros o bandas criminales en Palmitas y Sierra Morena. Pero el supuesto informante, ante la Fiscalía, negó su relación con el Ejército diciendo que ni siquiera había vivido en la zona donde habría desempeñado sus actividades, además se declaró como desplazado. La respuesta del Ejército frente a las dudas que generó el ente acusador sobre cómo habían acusado a Villada de ser guerrillero fueron dudosas.

Explicaron en un documento emitido el 12 de agosto de 2014 que Omer Alcides no estaba en los archivos de inteligencia, pero que “era de aclarar que las personas integrantes de grupos armados ilegales cambian constantemente sus alias a fin de evitar ser identificados, además, la Policía en un documento enviado el 05 de agosto de 2014 a la Fiscalía dijo que el hombre no tenía antecedentes. Por esto, el ente acusador emitió una orden de captura a Villegas Muñoz en 2018, pero se suspendió por un tiempo ya que en febrero de ese año el excomandante había firmado su sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz. Finalmente la Corte se declaró inhibida al revisar el caso cuando se habló de un posible conflicto de competencias. Hasta ahora, no ha habido avance en este proceso.

Los delitos por los que se le señalan es homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego y peculado por apropiación, esto ante el Juzgado Octavo Penal de control de garantías en Bogotá.

Por otro lado, en 2019, ante el asesinato del excombatiente Dimar Torres en manos de un soldado del Ejército, quien comandaba la Fuerza de Tarea Vulcano a la que pertenecía el responsable, era justamente Diego Luis Villegas. Por eso el 28 de abril de 2019, este pidió perdón por el hecho en el Catatumbo, acto que rechazó el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, diciendo que ese pronunciamiento no hablaba por las fuerzas militares. Ese día volvieron a recordarle que diez años después de los hechos ocurridos en Antioquia, la justicia no lo había podido judicializar. Para 2020 Villegas conformó el Comando Transformación Ejército del Futuro (Cotef) que se encarga de reestructurar a las fuerzas militares. Al visitar la página web del Ejército, la información de este Comando aparece en reparación.

Para 2008, la Sala de Reconocimiento de la JEP reportó al menos 12 casos de muertos por ejecuciones extrajudiciales en este batallón para un total de 185 en ocho años.

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La nueva ola brasileña de coronavirus es un peligro para el país y un riesgo para el mundo

Con nuevos récords diarios de muertes, una nueva cepa más contagiosa, un sistema de salud al borde del colapso y una campaña de vacunación con retrasos, Brasil se está convirtiendo en el mayor centro mundial del difusión de la COVID-19

 

Las dos cifras llegaron al mismo tiempo, el mismo miércoles. La primera es el precio pagado por la segunda: el alto número de muertes que hizo que el PBI brasileño fuese el que cayera menos en la región -menos incluso que el 5,3% negativo vaticinado por el FMI-. Quienes en Brasil piensan que pagaron carísimo lo que finalmente resulta demasiado poco son cada vez más. Pero si hay alguien que todavía parece situarse en un horizonte remotamente lejano a esta persuasión, y que no parece que vaya a acercarse ni un palmo en el futuro próximo, es el propio presidente brasileño. Más aún, Jair Bolsonaro es un creyente de estricta observancia en que existe un salto cualitativo y una diferencia categorial infranqueable entre la pandemia y la cuarentena.

Desde hace más de un año, cuando el 26 de febrero de 2020 Luiz Henrique Mandetta, entonces ministro de Salud, informó del primer caso de COVID-19 en Brasil, Bolsonaro ni cambió de opinión, ni la varió. Su doctrina tiene la ventaja de ser simple e inamovible. La nueva enfermedad contagiosa virósica es una gripe como las anteriores. Así como llegó, se irá, y dejará su tendal de muertes. Las medidas de aislamiento que el Gobierno pueda disponer en contra son inútiles por artificiales, por limitadas, o son ensayos de cuyos resultados ignoramos todo de antemano salvo lo que sabemos a ciencia muy cierta: la cuarentena daña irreparablemente a la economía nacional.

Según los datos del miércoles del Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Brasil es el país con más contagios de Latinoamérica: casi 11 millones (10.718.63).  Y más muertes: más de un cuarto de millón (259.271), el país del mundo con más muertes después de EEUU. Y el miércoles el record de muertes diarias se acercó a dos mil por día (1912), después de semanas de un millar de muertes diarias. El mismo miércoles, el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informó que la tasa de crecimiento económico del año pasado ha sido la menor desde 1996: el PBI de 2020 cayó 4,1% respecto a 2019. Incluso así la economía brasileña ha sido también la que menos ha caído entre todas las del hemisferio. Pero sobre las dos cifras pesa la amenaza mayor y arrolladora de que la crisis sanitaria brasileña se vuelva una crisis global, alimentada a su vez en su aceleración por la mayor velocidad de contagio y letalidad por la nueva cepa nacida justamente en Brasil.

El primer caso brasileño era un hombre de negocios paulista de 61 años, internado en el Hospital Israelita Albert Einstein, donde había presentado los síntomas ahora clásicos de tos seca, fiebre, dolor de garganta y secreción nasal. Había regresado, en avión, de un viaje que había hecho por su trabajo y que lo había llevado a la más rica región de Italia, Lombardía, cuya demografía de promedio etario elevado fue la mayor víctima y el mayor foco de contagios y muerte del país.

Ese primer caso brasileño fue también el primer caso latinoamericano, en un momento en que esta región y la antártica eran las dos únicas a las que todavía no había afectado la pandemia. Tras el anuncio, la bolsa brasileña se derrumbó un 5% por el temor a los efectos que podría tener el virus en los mercados. A lo largo del año, la pandemia que había llegado para quedarse creció en Brasil, y no sólo por este ‘paciente cero’, sería la salud pública la que se vería más dañada, en un crecimiento que conoció pocas treguas, y menos, aunque sólo proporcionalmente, la economía.

En países como Brasil o regiones como Lombardía (Italia), una pandemia como la de la COVID-19, cuya mayor mortalidad se da entre las personas de mayor edad y beneficiarias del sistema público de pensiones, o, como acaba de revelarse el jueves en el informe de World Obesity, personas con obesidad como comorbilidad, con las demandas de atención especial que ejercen sobre la seguridad social, el pago de las erogaciones que significan sus jubilaciones, pensiones y servicios se ha discontinuado con los fallecimientos, aunque la demanda y presión sobre el sistema hospitalario haya aumentado.

Un campo de batalla

Para algunos científicos, como para el neurocientista brasileño Miguel Delelis de Duke University, en diálogo con el diario británico The Guardian, la comunidad internacional debe intervenir en la crisis sanitaria brasileña. Si se permite proliferar al virus en los niveles en que está proliferando, favorecerá la aparición de nuevas mutaciones y de variantes aún más letales, es el pensamiento de Delelis, que pasó la mayor parte del año pasado confinado en su departamento del oeste de San Pablo, monitoreando la enfermedad.

El origen de la variante brasileña particularmente preocupante ha sido encontrado en Manaos, en la capital del estado de Amazonas, y ciudad más importante de la región amazónica brasileña, con más de dos millones de habitantes, que en enero sufrió un aumento de las internaciones, la ocupación total de las camas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), y, lo que aún era peor, la carencia de tubos de oxígeno, al punto de que las UTI habían sido equiparadas con cámaras de asfixia. Una decena de casos de esa variante había cruzado el Atlántico y llegado a Gran Bretaña. En buena parte, la Zona comercial Franca de Manaos (ZFM), con su tránsito aéreo internacional, es responsable de la dispersión de los contagios.

“Es un campo de batalla”, según dijo Luiz Antônio Nasi, superintendente médico del Hospital Moinhos de Vento, el mayor de la red privada en Porto Alegre, al noticiario local de la red Globo. No sólo en el Amazonas hace estragos la crisis sanitaria brasileña, también en los estados del Sur, los más ricos del país. Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país, con 46 millones de habitantes, es también el que cuenta con mayor número de muertos (60.014) y de casos (2 millones desde el inicio de la pandemia, de entre los 10,6 millones de contagios registrados en todo Brasil). El gobernador paulista, João Doria, decretó el miércoles el retorno durante dos semanas a la "fase roja" de restricciones.

Según Nicolelis, el fracaso de Bolsonaro para detener el rebrote, que sigue a los días de celebraciones clandestinas de un carnaval que sí fue prohibido, por primera vez en la historia del país, se une el fracaso para lanzar una campaña masiva y sostenida de vacunación. Todo esto contribuye para que la nación más poblada de Latinoamérica se hunda en la pandemia en condiciones de las que parece poco verosímil que se levante hasta fines de 2022, pero a la vez emerja como punta de lanza de una crisis global. Nicolelis anticipa que en marzo del año que viene ya se habrá superado la frontera del medio millón de muertes. En un mundo, dice, donde las cumbres de tragedia fueron las de Bergamo en Lombardía y la de Manaos hace unas semanas, lo que ocurra en Brasil en los próximos meses tendrá un protagonismo de la catástrofe cuyos contornos y profundidades nos rehusamos a ver hoy.

Enemigo, amigo

En un país federal como Brasil, la creación de una comisión nacional de respuesta al COVID-19 y una cuarentena nacional de tres semanas son las propuestas de Nicolelis. El presidente Bolsonaro sigue denunciando las cuarentenas. La crisis nacional se vuelve global en la medida en que el gobierno de Brasil se ha vuelto un riesgo exterior y no sólo interior. Después de la derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales norteamericanas de noviembre, Bolsonaro, quien como su colega, modelo y aliado se enfermó y se curó de la COVID-19, y quien como él ha saboteado la distancia social, ha promocionado, como si fueran curas mágicas, remedios de efectos benéficos no demostrados como la la hidroxicloroquina, y ha menospreciado o subvalorado el uso de barbijos, parece merecer sin exageración el título que le confieren pasacalles y pancartas de los opositores que piden su impeachment, el de enemigo global número 1 de la pandemia. O amigo, según se mire.

Sin embargo, Bolsonaro cuenta con apoyos clave, en las Fuerzas Armadas, en el Congreso, pero también en sus bases. Este ex diputado derechista y ex capitán del Ejército debe su llegada al poder en las presidenciales de 2018 a una campaña antipolítica en contra de la vieja partidocracia brasileña y muy en especial en contra del recuerdo de los años de Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y de Dilma Rousseff. Es con el mismo argumento que defiende Bolsonaro su posición ante la pandemia: todo lo que hice, insiste, lo hice para defender a la economía de Brasil y la vida y el bolsillo de los brasileños. "Desde marzo del año pasado, no hubo ni una sola cosa en la que me equivocara", les dijo a sus partidarios esta semana el presidente de 65 años de edad.

No sólo en las calles piden el impeachment de Bolsonoro. Otras figuras del mundo de la política y de la salud pública también piden su cabeza. Ministro de Salud Pública de Brasil durante la pandemia de fiebre porcina de 2009, José Gomes Temporão sostiene que el desempeño de Bolsonaro ha sido tan deficiente que tanto el presidente como los mayores responsables de su administración deben ser llamados por el Congreso o la Justicia a rendir cuentas de sus actos.

No hay un plan nacional en el Ministerio de Salud sobre cómo combatir la COVID-19 en todo el territorio. Después del ensayo con el laboratorio chino Sinofarm, el gobierno de Bolsonaro no se aseguró la provisión de dosis suficientes ni firmó contratos con empresas como Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Hasta ahora, sólo el 3,3% de la población brasileña está vacunada, en comparación con el 15,2% de EEUU y el 18% de Chile. 

Por Alfredo Grieco y Bavio / elDiarioAR

Primero faltó espacio para tumbas, ahora falta en Brasil lugar en las morgues para los cadáveres

6 de marzo de 2021 13:13h

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Luz verde en Estados Unidos para un plan de estímulo de 1,9 billones de dólares

El rescate para contrarrestar los efectos de la pandemia fue impulsado por presidente Joe Biden

El senado estadounidense aprobó un plan de rescate para reactivar la economía, estimular la producción de vacunas y facilitarla reapertura de escuelas. El plan de estímulo volverá la Cámara de Representantes, donde ya fue votado y el presidente cuenta con una sólida mayoría, para aprobar las modificaciones que introdujo el Senado. Se espera que la aprobación final llegue la próxima semana.

 

El senado estadounidense aprobó un plan de estímulo de 1.9 billones de dólares para reactivar la economía de uno de los países más fuertemente azotados por la pandemia de coronavirus. El presidente, Joe Biden impulsó el proyecto que la próxima semana pasará a la Cámara de Representantes. "El 85 por ciento de los hogares estadounidenses recibirán los pagos directos de 1.400 dólares por persona", aseguró Biden horas después ante la prensa. "Es absolutamente esencial para revertir la situación, hacer que los niños vuelvan a la escuela en total seguridad, ofrecer un salvavidas a las pequeñas empresas y derrotar al coronavirus", afirmó.

"Hoy puedo decir que hemos dado un paso gigante para cumplir la promesa que hice a los estadounidenses cuando llegué al poder hace 45 días, de que la ayuda estaba en camino", afirmó Biden ante la prensa en la Casa Blanca.

El plan de rescate incluye la entrega de cheques de estímulo de 1.400 dólares para millones de estadounidenses con ingresos inferiores a los 80 mil dólares anuales. Además de 350.000 millones en ayudas a los Estados y municipios, vacunas y reapertura de escuelas. El proyecto prevé destinar miles de millones para fomentar la investigación del tratamiento y diagnóstico de coronavirus y aumentar el ritmo de vacunación.

"Calculamos que este plan resultará en la creación de unos 6 millones de trabajos, aumentará nuestro PIB en un billón de dólares y pondrá a nuestro país a ganar la competición al resto del mundo, porque el resto del mundo se está moviendo, China en particular", dijo Biden sobre el plan de rescate.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también elogió el paquete legislativo."Esta ley brindará más ayuda a más personas que cualquier cosa que haya hecho el gobierno federal en décadas", afirmó justo antes de la votación final .

El debate se prolongó durante casi 11 horas luego de que el senador republicano por el estado de Wisconsin, Ron Johnson, forzara la lectura en voz alta de las 628 páginas del proyecto de ley. Finalmente, luego de intentos por parte de los republicanos y algunos senadores demócratas de realizar enmiendas, el texto fue aprobado por 50 votos a favor y 49 en contra.

Desde la oposición del viejo gran partido criticaron el plan de estímulo al que catalogaron de “excesivamente costoso”. Además, consideraron que era muy pronto para aprobarlo porque aún están entregando los fondos del último plan de estímulo aprobado en diciembre, aunque éste finaliza en ocho días.

El ala del partido Republicano en el congreso se mantuvo en bloque. El total de los 49 votos en contra vino de ese partido. “El Congreso nunca había gastado 2 billones de dólares de manera tan inconsistente o a través de un proceso poco riguroso” sostuvo el líder de la minoría republicana y senador por el estado de Kentucky, Mitch McConnell. Los senadores republicanos intentaron ofrecer cifras menores al billonario plan de estímulo de los demócratas. La senadora republicana por el estado de Maine, Susan Collins, ofreció bajar el plan a 650.000 millones de dólares.

El proyecto ahora volverá a la Cámara de Representantes, donde fue aprobado la semana pasada, para votar las modificaciones que introdujoel Senado. En la Cámara baja, donde los demócratas cuentan conun a sólida mayoría, se estima que el paquete será aprobado rápidamente para que el presidente pueda promulgarlo antes del 14 de marzo, cuando finalizan las prestaciones por desempleo del último paquete de ayudas.. A pesar del estrecho margen de votos con el que fue aprobada la ley y al que Biden no se refirió en su discurso ante la prensa, esta es la primera victoria legislativa del presidente demócrata.

Uno de los puntos más críticos que no se pudo debatir fue el aumento al salario mínimo federal, una enmienda que propuesta por el senador demócrata Bernie Sanders. Por razones reglamentarias, la enmienda finalmente quedó eliminada. Actualmente el salario mínimo federal está en 7.25 dólares por hora y el aumento que impulsaba Sanders lo iba a llevar a 15 dólares por hora.

"La clave es que el pueblo estadounidense apoya rotundamente lo que estamos haciendo", afirmó Biden en referencia a encuestas sobre el plan de estímulo que han mostrado el respaldo de entre 60 y 70 por ciento de los ciudadanos. "Este plan nos pone en camino de derrotar el virus y dar la ayuda que necesitan a las familias que más están sufriendo", recalcó.

El plan de rescate es el tercero que aprueba el Senado de EEUU desde que comenzó la crisis por la pandemia de covid-19. El primero fue en marzo de 2020 por 2,2 billones de dólares, luego uno de 900.000 millones de dólares en diciembre de 2020 y que vence el próximo 14 de marzo.

En la actualidad unos 18 millones de estadounidenses cobran una prestación tras haber perdido su trabajo o gran parte de sus ingresos mensuales. En febrero se crearon un total de 379 mil puestos de trabajo, principalmente en bares, restaurantes y otras actividades vinculadas al ocio. También se registraron contrataciones en servicios de salud, ventas minoristas, así como en la industria manufacturera.

Mientras tanto EE.UU., el país que ha sostenido el mayor número de contagios por covid-19, registró más de 62 mil nuevos casos en las últimas 24 horas. Además, registró 2.405 muertes en la última jornada.

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Sábado, 06 Marzo 2021 05:26

Lucha por el poder

Lucha por el poder

Armenia, república ex soviética que para sobrevivir como Estado necesita la decisiva presencia militar de Rusia, está inmersa en una grave crisis política que no es sino resultado de la lucha por el poder entre el primer ministro, Nikol Pashinian, la cúpula militar y la oposición, que no le perdona la humillante derrota frente a su vecino Azerbaiyán, apoyado por Turquía, en la reciente guerra por el disputado territorio de Nagorno-Karabaj.

Poco más de una semana después de empezar, sigue sin resolverse el conflicto entre el primer ministro y la cúpula militar, que en un hecho inusitado desde que es país independiente, exigió su dimisión en un comunicado del Estado Mayor del ejército firmado por 40 oficiales de alto rango.

El desafío castrense –que comenzó en respuesta a una desafortunada declaración de Pashinian, quien, pasados unos días, se vio obligado a reconocer su equivocación al afirmar que "estallaron al impactar sólo 10 por ciento de los misiles rusos usados en la guerra"– recibió el respaldo de la oposición, que se volcó a la calle para sumarse a la demanda, mientras el agraviado premier también sacó a sus seguidores, convirtiendo Ereván, la capital armenia, en escenario de manifestaciones simultáneas tanto en favor como en contra del gobernante.

En ese contexto, el presidente armenio, Armen Sarkisian, quiso dejar de ser una figura nominal e intentó mediar entre las partes, negándose en dos ocasiones a firmar el decreto que cesa al líder de los militares, Onik Gasparian, acusado por el primer ministro de encabezar un intento de golpe de Estado, que sigue ocupando el cargo.

Más temprano que tarde este enfrentamiento, que genera cada día más inestabilidad en Armenia, tendrá como desenlace o la renuncia forzada de Pashinian o la convocatoria de elecciones anticipadas. El problema es que el primer ministro no quiere dimitir y sólo acepta someterse al examen de las urnas bajo sus propias reglas, esto es, si antes se somete a referendo el cambio de sistema en el país de parlamentario a presidencialista.

Para Rusia, el único país del espacio postsoviético libre de injerencias foráneas es Armenia y cualquier cambio violento de gobernante ahí es "asunto interno de los armenios", siempre que no afecte sus bases militares en la estratégica región del Cáucaso del Sur.

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Nicaragua: pandemia, violencia política y salida electoral

La crisis social y política nicaragüense se agudizó con la pandemia de covid-19 y sus efectos económicos. En la sociedad crecen las expectativas de resolverla de cara a las elecciones que se realizarán a fines de este año. Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen asediando a una oposición que, sin embargo, no consigue unificarse

 

En 2018 Nicaragua llamó nuevamente la atención mundial cuando una ola de protestas sociales se extendió por todo el país y se prolongó durante varios meses. Las movilizaciones eran la expresión generalizada de un profundo descontento y llevaron la contienda política hasta el más alto nivel cuando las acciones de represión gubernamental provocaron una gran cantidad de muertes, personas heridas, encarcelamientos, torturas, malos tratos y juicios arbitrarios. En aquel contexto, decenas de miles de personas huyeron hacia el exterior. El gobierno, encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, intentó aplacar las movilizaciones con acciones de violencia letal y dos rondas fallidas de negociación que se efectuaron en mayo de 2018 y febrero de 2021.

Desde entonces y hasta la actualidad, se ha instalado una política de represión gubernamental caracterizada por amplios despliegues policiales y grupos de civiles progubernamentales armados que actúan en conjunto con la policía. Además, se ejecuta una política de hostigamiento, vigilancia y agresiones a líderes y activistas políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y medios independientes, prisioneros políticos excarcelados y familiares de víctimas de la represión. Estas acciones de hostigamiento policial han llegado al punto de impedir que líderes políticos puedan salir de sus casas sin que exista de por medio una orden judicial. Sobre el resto de la ciudadanía se ha impuesto un estado de excepción de facto que ha cercenado derechos ciudadanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa, el derecho de movilización y organización, entre otros.

Como el gobierno controla a los demás poderes estatales, entre finales de 2020 e inicios de 2021 promovió la aprobación de un conjunto de leyes que tienen como propósito criminalizar a la oposición y limitar aún más derechos ciudadanos fundamentales. Estas son la Ley de «Agentes Extranjeros», que obliga a las organizaciones sociales y personas individuales que reciben fondos del exterior a inscribirse en una oficina, además de someterse a una serie de restricciones y controles; la Ley de Ciberdelitos, que incrementa la vigilancia obligando a las compañías telefónicas a suministrar los datos de personas que el gobierno considere de interés político; la Ley de Cadena Perpetua, que implicó una reforma a la Constitución e incrementó las penas para delitos que el gobierno considera «de odio», además de llevar el periodo de detención preventiva de 48 horas a 90 días; y, finalmente, una ley que sanciona a quienes participen o lideren acciones de oposición.

Desde el inicio de las acciones represivas gubernamentales, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han elaborado informes y declaraciones para alertar sobre las graves violaciones que se están cometiendo. Otras instancias internacionales, como la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo, han emitido resoluciones en rechazo de estas violaciones y llamando al gobierno de Ortega a restablecer las libertades y derechos ciudadanos, así como a encontrar una salida negociada y pacífica a la crisis sociopolítica. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza y Reino Unido han impuestos sanciones a una veintena de funcionarios e instituciones relacionadas con el gobierno.

Las elecciones como punto de inflexión

En la medida en que la crisis se ha prolongado en el tiempo y se ha vuelto más compleja por la pandemia de covid-19 y sus efectos económicos, en la sociedad nicaragüense han crecido las expectativas de resolverla con las elecciones presidenciales previstas para finales de 2021. Pero hay otros elementos que también han alimentado esas expectativas. Uno de los más significativos es la memoria histórica y colectiva sobre las posibilidades del voto ciudadano como un instrumento de cambio político hacia rutas democráticas a partir de las lecciones de 1990.

Los altos porcentajes de participación en los procesos electorales muestran que entre la sociedad nicaragüense se instaló esa idea hasta que, en 2000, un pacto entre los caudillos políticos de las dos fuerzas políticas más importantes —Ortega, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y Arnoldo Alemán, por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC)— dio paso a la captura del sistema electoral y trastocó la competencia electoral por las graves irregularidades y fraudes que se cometieron, especialmente desde 2011 hasta la fecha. A pesar de la falta de transparencia, credibilidad y confianza en el sistema electoral, un porcentaje importante de la ciudadanía espera que las elecciones previstas para noviembre de 2021 se conviertan en un momento de cambio y apertura democrática.

Sin embargo, los momentos y las posibilidades entre 1990 y 2021 son diferentes. Una de las características del contexto actual es que el gobierno ha instalado una política de represión y un estado de excepción para impedir que la ciudadanía ejerza derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de movilización y de organización, entre otros. Hoy, en Nicaragua, se suma una pandemia de alcance global, que ha sido tratada por el gobierno con una política sanitaria que no previene ni atiende la situación, sino que más bien promueve actividades públicas masivas y oculta los datos reales de contagios y fallecimientos; además, una grave crisis económica golpea a amplios sectores de población, pero especialmente a los más vulnerables.

En el ámbito político, la coalición electoral opositora de 1990 estuvo conformada por 14 partidos políticos de distintos signos ideológicos. Esta vez, existen dos plataformas opositoras —la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana—, que incluyen entre sus integrantes tanto a partidos políticos como a rganizaciones y movimientos sociales. Además, en todo el país existen numerosos grupos y organizaciones ciudadanas nacidas a partir de 2018 que no están vinculadas con estas plataformas. La mayoría de estos actores son emergentes y están en conflicto con los partidos políticos por la poca legitimidad y confianza que tienen entre la ciudadanía, así como por su participación en negociaciones y acuerdos excluyentes promovidos por las elites como mecanismo de gobernabilidad y viabilidad política durante las últimas tres décadas.

Actores internacionales como la OEA, la Unión Europea y diferentes gobiernos han expresado su deseo de que las elecciones se conviertan en un medio para resolver la crisis sociopolítica y que el gobierno de Ortega procure las condiciones para ello: las necesarias reformas electorales que permitan un proceso competitivo, justo y transparente, la liberación de los prisioneros políticos y el restablecimiento de las libertades ciudadanas. Pero para que las elecciones se conviertan efectivamente en el punto de inflexión hacia una transición democrática en Nicaragua, es necesario resolver aspectos críticos que involucran la voluntad política tanto del gobierno como de las distintas fuerzas de oposición para concurrir con una fórmula presidencial de consenso.

Condiciones y puntos críticos

Una de las condiciones fundamentales para las elecciones previstas en noviembre de 2021 es que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer su derecho al voto en libertad, con una competencia justa entre diferentes fuerzas políticas, en un proceso transparente en el que se respeten los resultados de las votaciones. Para eso se requieren reformas electorales de fondo que el gobierno de Ortega parece no estar dispuesto a conceder. En la actualidad, el sistema electoral está controlado por el propio mandatario, quien rompió el balance entre los poderes del Estado desde su llegada a la Presidencia en 2007. El pacto que efectuó en 2000 con Alemán le permitió conseguir ese control, modificar las reglas del juego electoral y, más adelante, cometer irregularidades y fraudes para asegurar su continuidad en la Presidencia.

Diversas organizaciones y fuerzas políticas han demandado reformas electorales para revertir ese control y, más recientemente, la Asamblea General de la OEA emitió una resolución que urge a Ortega a llevarlas a cabo antes de mayo, un plazo crítico porque marca el límite de tiempo necesario para implementarlas antes de que se inicie la campaña electoral. Ortega ha alargado el tiempo para que esas reformas, en el caso que decida efectuarlas, no modifiquen en el fondo su control sobre el sistema electoral.

El gobierno también tiene la llave para resolver otras demandas planteadas por la oposición, como la liberación de más de cien prisioneros políticos, el restablecimiento de los derechos ciudadanos y la suspensión de la política de represión impuesta hasta ahora. Sin esas condiciones, que forman parte de los acuerdos suscritos en febrero-marzo de 2019, difícilmente la ciudadanía y las mismas fuerzas políticas podrán desarrollar sus actividades proselitistas durante la campaña electoral.

Del lado de las fuerzas de oposición, uno de los puntos críticos se refiere a la conformación de una alternativa electoral amplia que aglutine a la mayoría de las organizaciones, movimientos y partidos, así como los votos de la ciudadanía. La «unidad», como la llama la población, marcha a paso lento, pero, igual que las reformas electorales, tiene plazos fatales. El camino para esa coalición amplia está cruzado por fuertes conflictos que no parecen fáciles de resolver por un falso dilema en la opinión pública entre «izquierda» y «derecha»; la selección de una fórmula presidencial de consenso entre una lista de precandidatos y los desencuentros entre los opositores alimentados por el propio gobierno.

¿Y si no hay condiciones? Los escenarios posibles

Sobre el proceso electoral y las posibilidades de abrir el camino para la transición democrática, hasta ahora se cierne un espeso nubarrón de incertidumbre. Un escenario posible es que Ortega decida abrir un espacio limitado para simular unas votaciones legítimas y obtener el reconocimiento internacional. Dependiendo de qué tanto se abra ese espacio y la fortaleza de las fuerzas de oposición democráticas para disputar los votos, es posible pensar en un cambio de gobierno y la transición hacia la democracia. En ese caso, el gobierno electo se enfrentaría a un escenario lleno de retos complejos para resolver tanto en el ámbito político como en el económico y social.

Otro escenario es que Ortega no permita las condiciones necesarias para un proceso electoral competitivo, transparente y en libertad, que se produzca un fraude y se impongan resultados contrarios a la voluntad ciudadana para asegurar su continuidad en el poder. En ese caso, las fuerzas democráticas de oposición se enfrentarán al dilema de participar o no participar en el proceso electoral, así como a una interrogante más estratégica: qué rumbo político seguir para abrir las posibilidades de la transición a pesar de la prolongación de la crisis y la permanencia de Ortega.

En ambos casos, los escenarios son complejos y nada favorables para la oposición democrática. Ortega se encuentra en su momento de legitimidad más bajo, según los últimos sondeos de opinión, y su fuerza descansa fundamentalmente en los empleados estatales, las fuerzas policiales y militares y los grupos de civiles armados favorables al gobierno. A pesar de ello, la sociedad nicaragüense ha venido experimentando cambios importantes con el entretejido de grupos y organizaciones, así como la emergencia de una red de líderes políticos en todo el país. Ese proceso lento y a veces silencioso —cruzado por tensiones que muchas veces se dirimen en espacios públicos como las redes sociales, lo que provoca una percepción de polarización— está cambiando la cultura y las prácticas políticas. Los intentos del gobierno para frenar ese proceso vigilando, persiguiendo e incluso encarcelando a ciudadanos y líderes políticos han sido inútiles. El potencial político de estos esfuerzos es enorme no solo para las elecciones que se avecinan, sino también para recuperar la democracia. A la larga, constituye un valioso capital político que quedará instalado para el futuro.

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Viernes, 05 Marzo 2021 06:02

Las dos sesiones chinas

Las dos sesiones chinas

La multitudinaria cita parlamentaria que reúne en la capital china a la flor y nata de la elite política va cada vez un poco más allá de una puesta en escena considerada a menudo como una insulsa escenificación autocrática. Por el contrario, aun reconociéndose que muchas de sus decisiones están cantadas pues su agenda es reflejo de los amplios consensos trabados previamente, refleja también un cierto pulso de la política china y contribuye a reconocer su rumbo inmediato.

Varias observaciones cabría destacar. En primer lugar, el trazado del nuevo y decisivo tramo de la reforma, con la aprobación no solo del próximo plan quinquenal sino también de los objetivos para 2035, la primera gran zancada del xiísmo que debe sentar las bases del trayecto hacia el primer centenario de la República Popular (2049). El énfasis abarca tres dimensiones: modernidad, prosperidad y confianza política.

Segundo, el  centenario de la fundación del PCCh, que marcará el año político que ahora empieza, tendrá aquí un primer reconocimiento por parte de formaciones y personalidades no militantes de quienes se espera una expresión de absoluta lealtad a su magisterio.

Tercero, la seguridad integral ganará importancia. Esto no se refiere solo a la defensa estricto sensu, donde cabe esperar una relativa modestia en el crecimiento de los gastos militares (8% con una previsión oficiosa de crecimiento del 8,5%), sino abarcando un concepto mucho más amplio. Seguridad es soberanía económica y tecnológica, lo cual invita a un redoblar del compromiso con la autosuficiencia y la innovación; también con la sostenibilidad, apuntando a persistir en la sensibilidad ambiental y social, corrigiendo unos y otros desequilibrios, muy agrandados aun por su descuido en los lustros precedentes y afrontando retos pendientes como la reforma de la edad de jubilación (actualmente, es de 60 años para los hombres, 55 para las mujeres con trabajos administrativos y 50 para las obreras) o el impulso demográfico; seguridad en alusión a la protección de los "intereses de desarrollo", un concepto que ha ganado mucha relevancia en los últimos meses y que afecta no solo a sus capacidades internas sino también externas; por último, seguridad política, con un foco preferente, Hong Kong, y una nueva vuelta de tuerca, la reforma electoral, que complementará la represión policial y judicial con el señalamiento del principio "los patriotas deben gobernar Hong Kong", con primacía sobre la autonomía local o "un país dos sistemas". De esta forma, el camino a las elecciones de septiembre en esta ciudad se dará por despejado. Otra cosa serán sus secuelas e impactos.

Esta China seguirá multiplicando los mensajes a Occidente para establecer las bases del orden internacional post-pandémico. Pero no parece dispuesta a esperar por nadie ni a aminorar el paso. Por el contrario, quiere pisar el acelerador aprovechando las dudas existenciales que suscita su nuevo estatus entre las principales potencias de Asia y del mundo.

El embalaje parlamentario chino puede parecernos un ejercicio ritual del que podemos prácticamente prescindir para interpretar una política que solo depende, a fin de cuentas, del PCCh, o incluso de Xi. Y hay parte de razón en ello. Pero solo parte. La repartidirización en curso impulsada por el xiísmo sin duda afecta también al sistema bicameral chino, alineando más si cabe su actividad con los intereses del PCCh. Por más que se invoquen la Constitución y las leyes, la lealtad al PCCh es un deber que no tiene peros ni fecha de caducidad.

La mingua del hipotético papel político autónomo de las dos instancias se compensará con una mayor actividad legislativa por parte de sus estructuras permanentes que reúnen a una pequeña fracción de sus miles de representantes. La mejora del sistema legal constituye una aspiración de Xi Jinping, que hizo de la gobernación a través de la ley un santo y seña de su política. Para acallar la crisis en Hong Kong no movilizó al ejército, como algunos temían, sino que el verdadero ejército son estos legisladores que adoptan normas y reformas electorales para cercenar cualquier posibilidad de repetición de la crisis vivida en 2019

 

Por Xulio Ríos

Director del Observatorio de la Política China.

05/03/2021

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Con una campaña de vacunación en cámara lenta, Brasil vive la fase más mortífera de la pandemia.   ________________________________________ Imagen: AFP

Récord de muertos por coronavirus y más de 10 millones de contagios

 

Con récords de muertos, hospitales al borde del colapso y una campaña de vacunación en cámara lenta, Brasil vive la fase más mortífera de la pandemia de coronavirus sin una estrategia nacional para contenerla.

El gigante sudamericano registró 1.641 muertos por coronavirus el martes y 1.910 el miércoles, dos récords consecutivos desde el primer caso reportado en febrero de 2020. El total de víctimas de la enfermedad roza los 260.000, un balance superado solo por Estados Unidos, y los 10,7 millones de contagios.

"Por primera vez desde el inicio de la pandemia, se verifica en todo el país un agravamiento simultáneo de diversos indicadores", señaló esta semana la prestigiosa Fundación Fiocruz, del Ministerio de Salud. Se trata de un "escenario alarmante" con un aumento de casos y muertes, altos niveles de síndromes respiratorios agudos graves (SRAG) y una ocupación de más del 80 por ciento de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) en 19 de los 27 estados brasileños, explicó la institución.

En los últimos siete días el promedio ha sido de 1.331 decesos diarios, una cifra que hasta febrero se mantenía cerca de los 1.100. Desde enero, el país no ha logrado bajar de los 1.000 fallecidos al día, como ocurrió entre junio y agosto del año pasado, durante la primera ola. El número de víctimas demuestra que las restricciones a la circulación ordenadas en recientes semanas por alcaldes y gobernadores -y criticadas por el presidente Jair Bolsonaro- han sido insuficientes para frenar la pandemia.

El preocupante repunte resulta, según los expertos, de la falta de distanciamiento social durante las fiestas de fin de año y de las aglomeraciones del verano austral y el Carnaval, pese a que estas últimas estaban formalmente prohibidas. Algunos estudios apuntan igualmente a la nueva variante de coronavirus procedente de la Amazonia, denominada P.1, dos veces más contagiosa, detectada ya en 17 estados y que causa alarma mundial.

"La punta del iceberg" 

Brasil, un país de 212 millones de habitantes, lleva un mes y medio de lenta vacunación contra el covid, debido a una falta de dosis: hasta ahora, 7,4 millones de brasileños fueron vacunados y solo 2,3 millones de ellos con la segunda dosis. "Esta emergencia no es una sorpresa: se debe a no habernos preparado, porque este escenario estaba previsto. Sabíamos que había una nueva variante y debió haber un lockdown", dijo la vicepresidenta de la Sociedad Brasileña de Inmunología (SBIM), Isabella Ballalai.

Este jueves, Río de Janeiro reimpuso restricciones en bares, restaurantes y playas a partir del viernes para, según su alcalde Eduardo Paes, "evitar que se repita el genocidio" de 2020 en la capital carioca. El estado Sao Paulo, el más rico y poblado, regresará el sábado, por dos semanas, a la "fase roja" de restricciones, que permite el funcionamiento de servicios de salud, alimentación, transportes públicos y escuelas, pero prohíbe la apertura de centros comerciales, restaurantes y salas de espectáculo.

En Brasilia y en los estados de Mato Grosso, Pernambuco, Rondonia y Acre, entre más de una decena, la actividad ya se redujo a los servicios esenciales o se limitaron los horarios de apertura de los comercios, con eventuales toques de queda nocturnos. Incluso los estados más ricos y con más infraestructura como Paraná y Santa Catarina (sur) están en "alerta crítica" de ocupación de camas UCI. Fiocruz advirtió sin embargo que el escenario actual "representa solo la punta del iceberg de un nivel de transmisión intensa" del coronavirus.

Autogestión 

La emergencia y la falta de coordinación por parte del gobierno federal empujó a alcaldes y gobernadores a articularse por su cuenta para comprar vacunas. Los secretarios de Salud de los estados pidieron el lunes implementar un toque de queda nocturno a nivel nacional y un "lockdown" en las zonas más críticas.

Pero esa postura choca con la de Bolsonaro, quien promueve aglomeraciones con sus seguidores, cuestiona el uso de mascarillas y la eficacia de las vacunas y critica a las autoridades que aplican medidas de aislamiento social por su impacto económico. Ahora, el país enfrenta simultáneamente una agravación de la pandemia y una nueva y fuerte ralentización de su economía.

El mandatario ultraderechista, con la mirada puesta en las elecciones de 2022, afirmó la semana pasada que los gobernadores que decreten cierres de actividades "deberán pagar" con sus propios presupuestos las ayudas económicas a la población más pobre. "Esa discordancia entre lo federal y lo estatal ha sido uno de los grandes problemas, con mucha politización del tema, y sin duda eso convirtió al país en uno de los peores lugares de gestión de la pandemia", dijo Ballalai.

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