Nueva y sangrienta represión en Myanmar deja al menos 18 muertos

Al menos 18 manifestantes fallecieron y 30 resultaron heridos este domingo por la represión de la policía y el ejército en las protestas contra la junta militar. Según datos de la ONU, es el día más sangriento desde el golpe de Estado del 1 de febrero.

 

"En varios lugares en todo el país, fuerzas policiales y militares se han enfrentado a manifestaciones pacíficas utilizando la fuerza letal", denunció hoy en un comunicado la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

Las muertes son producto de disparos contra los manifestantes en Rangún, la mayor ciudad del país, y otras como Dawei, Mandalay, Bago, Pokokku y Myeik.

Las fuerzas de seguridad abrieron fuego de manera indiscriminada para reprimir las manifestaciones masivas que exigen a los militares que devuelvan el poder y liberen a los políticos detenidos tras el golpe de estado ocurrido el pasado 1 de febrero.

En Mandalay, la segunda ciudad más poblada y donde los militares afrontan una gran oposición, uno de los manifestantes murió al recibir un disparo en la cabeza efectuado por los uniformados, declaró a Efe un testigo que ayudó a recuperar el cadáver, mientras el portal Myanmar Now informa de 6 heridos de bala.

En la antigua capital, un joven pereció por herida de bala al ser alcanzado por un disparo procedente de las autoridades, apunta el canal Democratic Voice of Burma, mientras el diario Mizzima informa de al menos cuatro heridos por disparos contra una casa.

En Dawei, en el sur del país, la Policía disparó varias rondas de munición real contra los manifestantes y la prensa local informó de tres fallecidos y una decena de heridas.

El número de muertos, que con los 18 de hoy ascienden a 22 por los disparos directos de los uniformados desde el levantamiento militar, podría aumentar dada la violenta represión desatada por las autoridades a lo largo del país.

"Birmania es un campo de batalla", indicó el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Rangún, al describir en Twitter la situación actual del país. Es que desde el primer día del golpe se vive un masivo proceso de resistencia obrera y popular que la represión no ha podido desbaratar.

La Policía usó también este domingo balas de goma, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra los manifestantes, quienes levantaron en Rangún barricadas improvisadas para frenar las acometidas de las fuerzas represivas.

A pesar de las cargas y violencia policial, los manifestantes regresaban una y otra vez a las calles al rebajarse la tensión y en desafió a las fuerzas de seguridad, que estuvieron respaldadas por unidades militares.

En otras ciudades del país, como Bago, Myitkyina o Lashio, la Policía también actuó con violencia y reprimió a las movilizaciones de oposición contra la junta militar encabezada por el general golpista Ming Aung Hlaing, que está acusado de genocidio en el Tribunal de La Haya por la campaña militar contra la etnia rohinyá en 2017 en el oeste del país.

En Mandalay un grupo de manifestantes detuvo a cinco policías que viajaban en un coche, blanco y sin la identificación policial, cuyo maletero transportaba al menos media docena de armas y numerosa munición, recoge el diario The Irrawaddy.

Más de 1000 detenidos desde el golpe militar

Desde hace semanas, centenares de miles de personas se manifiestan en contra de la junta militar y exigen la puesta en libertad de todos los arrestados tras el golpe de Estado, entre ellos la depuesta presidenta electa, Aung San Suu Kyi.

El canal público MRTV, ahora bajo control militar, informó anoche de la detención el sábado de 479 personas acusadas de "protestas contra el Estado" durante una de las jornadas más violentas desde el levantamiento.

En el mes de manifestaciones se calcula que más de 1.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria e ilegal, y que entre ellos hay varios responsables políticos, activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y profesionales médicos.

La Oficina de la alta comisionada de la ONU afirmó que solo hoy se han detenido al menos 85 profesionales médicos, estudiantes y siete periodistas que estaban en las protestas.

La junta militar asegura, por su parte, que la Policía utiliza la fuerza mínima contra las manifestaciones, mientras el diario oficialista "The Global New Light of Myanmar" publicó este domingo un artículo donde la Policía amenaza con "tomar acciones legales" contra los líderes de las manifestaciones.

Repercusiones internacionales

El ministerio de Exteriores de Indonesia, el país del Sudeste Asiático que se ha mostrado más activo a la hora de cuestionar la toma del poder por parte de los militares, indicó en un comunicado estar "profundamente preocupado por la escalada de violencia en Myanmar que ha provocado víctimas y la pérdida de vidas".

El país "insta a las fuerzas de seguridad (birmanas) a que se abstengan del uso de la fuerza y ejerzan la máxima moderación para evitar más víctimas y que la situación se deteriore".

La canciller indonesia, Retno Marsudi, se reunió el jueves en Bangkok con Wunna Maung Lwin, nombrado ministro de Exteriores por la actual junta militar, sin que trascendiera los temas sobre los que giró la conversación entre ambos, y con el ministro de Exteriores tailandés, Don Pramudwinai, como anfitrión.

Por su parte, el ministerio birmano de Asuntos Exteriores informó de la destitución del embajador de Myanmar en Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, nombrado por el Gobierno derrocado, ya que el viernes en un discurso frente a la Asamblea General de la ONU había pedido medidas contundentes para terminar con el gobierno militar.

El comunicado acusa a Kyaw Moe Tun de cometer un delito de "alta traición" contra el país y "abusar de los poderes y responsabilidades" durante su intervención, que terminó con el gesto de alzar tres dedos popularizado entre la oposición a los militares.

El relator especial de la ONU para Birmania, Tom Andrews, ensalzó el gesto de "valentía" de Kyaw Moe Tun y pidió, en un mensaje en Twitter, que los países actúen contra el gobierno militar.

El Ejército justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.

A pesar de la celebración de elecciones y el proceso iniciado en 2011 en Myanmar hacia una "democracia disciplinada", como la denomina el Ejército -que gobernó el país con puño de hierro de 1962 a 2011-, el mando castrense mantenía todavía un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos del país ya que el proceso fue negociado con los militares.

Domingo 28 de febrero | 13:28

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Myanmar vive la jornada de huelga y protestas más importantes contra el golpe

Las movilizaciones y la huelga general de este lunes tienen lugar en medio de las amenazas del Ejército de desatar una violenta represión. El fin de semana dos personas fueronasesinadas por la Policía, sumando cuatro desde que comenzaron las protestas contra el golpe.

 

A pesar de las amenazas del Ejército, que advirtió a los "manifestantes que se arriesgan a morir en las marchas", y de la represión del fin de semana, Myanmar vive este lunes la jornada de protestas y huelga más importante desde que comenzaron las movilizaciones contra el golpe de Estado.

Cientos de miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país, tras un fin de semana trágico en el que dos personas murieron por disparos de la policía, sumando así cuatro manifestantes asesinados por la represión del Gobierno golpista.

El bloqueo de internet, el corte de calles y las amenazas de los militares de que habrá más muertes, no frenó a los birmanos, que salieron en masa a manifestarse desde la mañana en una convocatoria de huelga que ha paralizado el país.

Las protestas masivas inundaron las principales arterias de Rangún, la ciudad más poblada, Naipyidó -la capital- y Mandalay, escenario de la sangrienta represión del fin de semana, así como otras muchas localidades a lo largo y ancho de la nación.

Los manifestantes luchan contra el golpe y por la liberación de los presos políticos, que ya superan los 600, entre los que se incluye a la líder electa Aung San Suu Kyi, como llevan haciendo a diario desde hace más de dos semanas en respuesta al levantamiento militar del 1 de febrero.

Aunque en general las protestas se celebraron hoy de manera pacífica, en Naipyidó se vivieron los mayores enfrentamientos y represión, según vídeos publicados por los activistas en las redes sociales, que mostraban a la Policía persiguiendo a los manifestantes, mientras se produjo un número sin confirmar de detenciones.

Ante la convocatoria de este lunes, la junta militar volvió a dejar sin internet al país una noche más y restringió el uso de datos durante la mañana, además de cortar varias arterias de Rangún y Naipyidó para impedir el acceso a los puntos especialmente concurridos durante las protestas.

Revolución 22222

La convocatoria ha recibido el nombre de "la revolución 22222" al celebrarse el 22.2.2021, en referencia a las protestas contra la junta militar del 8 de agosto de 1988, conocida como la revolución 8888, que fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad.

La repuesta masiva de hoy, que ha paralizado casi todo el país, llegó tras la represión policial que el sábado costó la vida por disparos policiales a dos manifestantes en Mandalay, la segunda ciudad de Birmania.

Con las dos muertes del fin de semana son ya tres los fallecidos por la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad, después de que el viernes falleciera tras 10 días hospitalizada Mya Thwe Thwe Khine, una joven de 20 años que recibió un disparo policial en la cabeza durante una protesta, y cuyo funeral se celebró el domingo en Naipyidó.

En respuesta a estas muertes, la junta militar acusó a los manifestantes de "aumentar su incitación a la revuelta y a la muchedumbre anárquica" y les advirtió de que se podrían perder más vidas, en una clara amenaza para amedrentar a los manifestantes, que al juzgar por la masividad de este lunes, no ha surtido efecto.

Como viene ocurriendo desde el primer día de protesta y, a pesar de la impotencia de Aung San Suu Kyi que no llama abiertamente a tirar al gobierno militar, los jóvenes y trabajadoras, muchas de ellas de los sectores más precarizados como las de fábricas textiles, han jugado un rol central en las protestas. Impulsándolas y poniéndose a su cabeza no solo enfrentan la represión policial y militar, sino que le dan fuerza a todo el movimiento para seguir en las calles.

Lunes 22 de febrero | 10:00

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Militares en Yangon, Myanmar, este lunes. — LYNN BO BO / EFE

Los militares declararon este lunes el estado de emergencia y anuncian que tomarán el control político del país durante un año después de detener a varios miembros del Gobierno, otros políticos y líderes civiles.

 

de Myanmar (antigua Birmania) declaró este lunes el estado de emergencia durante un año al tomar el control político del país. Los militares han anunciado la detención de la líder del Gobierno, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, además de otros políticos y líderes civiles.

El hasta ahora vicepresidente, Myint Swe, que fue nombrado en el cargo por los militares gracias a los poderes que les reserva la actual Constitución, asumió la presidencia interina y le cedió todos los poderes al jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, según ha informado el canal Myawaddy News, controlado por los militares.

Aparte de Suu Kyi, también ha sido detenido el hasta hoy presidente del país Win Myint, además de varios ministros y dirigentes del partido gubernamental Liga Nacional para la Democracia (LND). Entre la treintena de arrestados se encuentran activistas, escritores y artistas, según una lista extraoficial a la que tuvo acceso la agencia Efe.

Las líneas de teléfono y comunicaciones permanecen cortadas desde primera hora de la mañana en todo el país mientras que el único medio de comunicación que está emitiendo es el canal de los militares.

Durante la mañana se vieron en Rangún, la mayor ciudad del país, largas colas en los cajeros automáticos de los bancos, que en algunos casos se habían quedado ya sin efectivo.

Suu Kyi pide a los birmanos que no acepten el golpe 

Por su parte, Suu Kyi pidió a los ciudadanos que no acepten el golpe de Estado perpetrado este lunes por el Ejército y que protesten. En un comunicado colgado en un perfil en Facebook de la LND, la formación hasta ahora gobernante acusó a los militares de someter al país a una dictadura.

"Las acciones de los militares llevan de nuevo al país a la dictadura", señala un comunicado publicado por la Liga Nacional para la Democracia (LND) en nombre de Suu Kyi, que pidió a la gente que no lo acepte y "protesten con todo corazón contra el golpe de Estado".

Primera sesión de la legislatura tras las elecciones de 2020

El parlamento de Myanmar tenía previsto celebrar este lunes la primera sesión de la legislatura tras las elecciones de noviembre de 2020, en las que la LND, formación de Suu Kyi, consiguió una abrumadora victoria.

Los rumores de golpe de Estado se habían ido intensificando desde que el pasado martes el portavoz militar Zaw Min Tun se negara a descartar la toma del poder por parte del Ejército tras denunciar supuestas irregularidades en las elecciones legislativas del pasado 8 de noviembre.

El poderoso Ejército de Myanmar, que gobernó el país entre 1962 y 2011, cuando se inició una transición controlada hacia la democracia, finalmente rechazó el sábado esa posibilidad y garantizó en un comunicado su compromiso con la defensa de la Constitución.

La aplastante victoria electoral de Suu Kyi demostró su gran popularidad en Myanmar, a pesar de su mala reputación internacional por las políticas contra la minoría rohinyá, a la que gran parte se le niega la ciudadanía y el voto, entre otros derechos.

La Comisión Electoral negó el fraude electoral

Las supuestas irregularidades fueron denunciadas en primer lugar por el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), la antigua formación gubernamental creada por la anterior junta militar antes de disolverse.

La Comisión Electoral ha negado el fraude electoral en los comicios de noviembre, ganados con una mayoría aplastante por la Liga Nacional para la Democracia al conseguir el 83 por ciento de los 476 asientos del Legislativo.

El USDP fue el gran perdedor de las elecciones, al lograr solo 33 escaños, y se ha negado a aceptar los resultados, llegando a pedir que se celebren nuevos comicios organizados por el Ejército.

Los militares, que redactaron la actual Constitución en un plan de ruta para lograr una "democracia disciplinada", contaban ya con grandes poderes en el país, al disponer del 25 por ciento de los escaños del Parlamento y de los influyentes ministerios del Interior, Fronteras y Defensa.

Rangún

01/02/2021 07:40 Actualizado: 01/02/2021 10:14

Agencias

El Ejército

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Revelan una trama de Trump y Guaidó para derrocar a Maduro

Investigación del Miami Herald sobre la Operación Gedeón

Jordan Goudreau, titular de la empresa Silvercorp USA, relató que para llevar a cabo el ataque a Venezuela mantuvo reuniones clandestinas en propiedades pertenecientes al holding familiar del presidente republicano.

Pese a negarlo en varias ocasiones, el gobierno estadounidense estaba al tanto de la operación mercenaria destinada a derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro. La información se desprende de una extensa investigación del diario Miami Herald. El pasado tres de mayo, unos 50 hombres armados desembarcaron en Venezuela y fueron capturados por el gobierno. Como parte de la llamada Operación Gedeón, el saldo del ataque fue de decenas de detenidos y al menos ocho fallecidos. Quien estuvo a cargo de la operación fue el sargento retirado Jordan Goudreau, titular de la empresa Silvercorp USA.

Goudreau interpuso una demanda contra Juan José Rendón, un consultor cercano al autoproclamado presidente Juan Guaidó, por incumplimiento de contrato. El exmilitar estadounidense relató que para llevar a cabo el ataque al gobierno venezolano mantuvo reuniones clandestinas en hoteles y restaurantes lujosos e incluso en un campo de golf en Miami perteneciente al presidente Donald Trump. A horas de las presidenciales, Venezuela ocupa un lugar central en la agenda del presidente republicano, quien desde su gobierno impuso bloqueos y sanciones que dañaron significativamente a la economía del país caribeño. En tanto su rival demócrata, Joe Biden, apuesta por una relación más "dialoguista" con el gobierno de Maduro.

El intento de golpe, en primera persona

El sargento retirado de operaciones especiales cuya empresa de seguridad participó del fallido golpe de estado en Venezuela, Jordan Goudreau, dijo que dos funcionarios del gobierno de Trump se reunieron y ofrecieron respaldo a los organizadores de la llamada Operación Gedeón.El objetivo de Gedeón era claro: derrocar a Maduro para ubicar en el poder a Guaidó, quien con su firma estampada en el contrato aparece entre los organizadores de la operación. El documento completo, obtenido por periodistas del Miami Herald, contiene una cláusula nunca antes vista que le otorgaba a Guaidó la posibilidad de desvincularse de la insurrección si la misión fallaba.

Miami Herald  también tuvo acceso a una demanda presentada el viernes en el Tribunal de Miami-Dade por incumplimiento de contrato. Goudreau exige por ello el pago de 1,4 millones de dólares. Rompiendo el silencio que mantuvo en los meses que siguieron a la fallida operación, Goudreau dijo que se sintió un chivo expiatorio, por lo cual decidió salir a hablar y confirmar las sospechas. Para el titular de Silvercorp, el autoproclamado presidente venezolano conocía a la perfección el intento de golpe que lo depositaría finalmente en el gobierno

Una enmienda posteriormente añadida al contrato expandió el papel de Silvercorp en la operación, requiriendo que "brindara asesoría y asistencia en la planificación y ejecución de una operación para capturar/detener/remover a Nicolás Maduro (a ser identificado como 'Objetivo Primario'), remover el actual régimen, e instalar al reconocido presidente de Venezuela, Juan Guaidó". 

Durante más de siete horas de entrevistas, el exsargento insistió en que contaba con el apoyo de la administración Trump y que incluso celebró reuniones para planificar la operación en el Hotel Trump en Washington y en el campo de golf Trump Doral en Miami. Además, Goudreau aseguró haberse reunido con dos asesores gubernamentales: Andrew Horn, exasesor del vicepresidente Mike Pence; y Jason Beardsley, asesor del departamento de Asuntos de Veteranos.

Horn se describe a sí mismo como un marine y exsoldado de operaciones especiales en Afganistán. Su perfil de LinkedIn también señala que trabajó como pasante para Pence cuando éste era congresista en el 2003. "El vicepresidente Pence no tuvo, en absoluto, ningún conocimiento del complot clandestino en Venezuela y no conoce al señor Horn, y los eventos descritos a nuestra oficina nunca ocurrieron; son una fabricación total y completa", fue la rápida defensa que ensayó Devin O’Malley, secretario de prensa de Pence. Dos de los principales asistentes de la oficina del vicepresidente calificaron el planteamiento como "absurdo". 

Venezuela como tema de campaña

La relación con Venezuela se metió de lleno en la carrera presidencial estadounidense. Si bien no se refirieron puntualmente a la denuncia de Goudreau, ambos candidatos le dieron centralidad al tema durante sus respectivas campañas. "Podríamos convertirnos en una Venezuela también. Venezuela hace 50 años era un país muy rico, próspero, del que se hablaba en todo el mundo. Tenía un futuro tremendo y de repente fueron con una ideología diferente y ahora mismo enviamos agua, enviamos comida", expresó Trump durante una mesa redonda celebrada en Miami a fines de septiembre.

Desde el ala demócrata, Joe Biden entiende que en Venezuela no existe una democracia estricta, aunque es muy crítico de la posición de la administración Trump frente al gobierno de Maduro. "El incoherente enfoque de Trump alejó a los socios internacionales y socavó la causa de la democracia. Esta política ha fallado en cuanto al cese del sufrimiento humano de millones de venezolanos", destacó Biden durante la campaña que entró en las horas finales. De cara a los próximos años, el candidato demócrata prometió otorgarle protección temporal a unos 200 mil venezolanos, algo que su oponente republicano, que en estos cuatro años desplegó distintas políticas antimigratorias, rechaza de forma tajante. 

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[Foto: Un manifestante sostiene una pancarta en La Paz (Radio Kawschun/Facebook)]

A pocas semanas de las elecciones del 18 de octubre el gobierno golpista de Bolivia está nuevamente en crisis tras la salida de tres ministros clave por un intento inconstitucional de privatizar una compañía eléctrica.

Estos hechos se han producido cuando las encuestas muestran que el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, podría ganar en la primera ronda, menos de un año después de que su partido fuera derrocado por un golpe de la derecha.

La senadora Jeanine Áñez, entonces relativamente desconocida, prestó juramento como “presidenta interina” en noviembre pasado tras el golpe de Estado contra el entonces presidente del MAS, Evo Morales.

A pesar de haberse comprometido a ocupar el cargo solo durante 90 días hasta que las elecciones pudieran decidir un nuevo presidente, el régimen ilegítimo de Áñez ha intentado en cambio utilizar su poder para hacer retroceder las medidas antineoliberales implementadas por el gobierno de Morales y para unir a las diversas facciones anti-MAS.

Sin embargo, su régimen ha quedado marcado por su catastrófico manejo de la pandemia de la COVID-19, que, hasta ahora, ha causado casi 8.000 muertos y ha dejado a Bolivia con la tercera tasa de mortalidad más alta del mundo por ese motivo.

Este fracaso se ha visto agravado por la mala gestión económica de su gobierno -con más de un millón de bolivianos por debajo del umbral de la pobreza- y más de 20 casos de presunta corrupción de alto perfil dentro de su gabinete, que ha experimentado 17 cambios de ministros en 10 meses.

Corrupción

El caso de corrupción más notorio fue la utilización en mayo pasado de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la compra, a más del doble de su precio normal, de 179 respiradores, lo que llevó al arresto, por corrupción, del ministro de Sanidad y de otros altos funcionarios.

Otro escándalo similar se produjo en la compra de gas lacrimógeno para la policía que hizo el ministro de Defensa.

La última crisis del gabinete se desencadenó por las consecuencias del intento de reprivatizar la compañía eléctrica regional de Cochabamba, ELFEC, nacionalizada por el gobierno de Morales en 2010.

La crispación desencadenada llevó a la destitución del ministro de Economía Oscar Ortíz y a la renuncia de los ministros de Trabajo y Desarrollo Productivo el 28 de septiembre.

Una semana antes, el fiscal general del Estado, José María Cabrera, fue también destituido por cuestionar la constitucionalidad del decreto de privatización. Cabrera estaba supervisando la investigación sobre la polémica compra de gas lacrimógeno por parte del ministro de Defensa.

En declaraciones a los medios, Ortíz dijo que se negó a firmar el decreto de privatización porque iba “en contra del sistema legal” y no contaba con los “respaldos legales adecuados”.

“No creo que el gobierno, en sus últimas semanas, deba adjudicar nuevos contratos o licitaciones importantes, que deben dejarse para la próxima administración”.

Ortíz también denunció al gobierno por intentar seguir adelante con varias otras compras y contratos en sus últimas semanas en el cargo, incluidos más de 7 millones de dólares en vehículos nuevos.

La Asamblea Legislativa Plurinacional ha anunciado que abrirá una investigación sobre esta y otras compras cuestionables, así como respecto a varias irregularidades y supuestos actos de corrupción que se han producido en el interior de varias empresas estatales.

Para sustituir a Ortíz, Áñez promovió al ministro de Planificación Branko Marinkovic, quien se apresuró a anunciar que viajaría a Estados Unidos para solicitar nuevos préstamos, entre otros, del Banco Interamericano de Desarrollo.

Impunidad

Con Arce liderando las encuestas -a pesar de la ola de represión por parte del gobierno y de los paramilitares de derechas contra el MAS, que no ha dejado de incrementarse durante la campaña electoral-, varias facciones del gobierno están buscando formas de protegerse a sí mismas y a sus ganancias de origen dudoso.

Un día después de que el grupo de expertos de la derecha Jubilee Foundation publicara una encuesta que mostraba a Arce ganando en la primera ronda, Áñez anunció el 17 de septiembre que renunciaría como candidata presidencial.

Si bien se ha presentado como una medida que ayudaría a unificar el fragmentado bloque anti-MAS, actualmente dividido a la zaga de varios candidatos de la oposición, es más probable que su retirada estuviera motivada por el deseo de llegar a un acuerdo de inmunidad bajo cualquier candidato anti-MAS potencialmente victorioso.

En lugar de respaldar a un candidato en particular, Áñez -que seguirá apareciendo en la papeleta electoral debido a su tardía retirada- pidió a los votantes que se unieran detrás del candidato con mayores posibilidades de derrotar a Arce.

Mientras tanto, el fiscal general del Estado dijo a la Asamblea que el ejército se niega a cooperar con la investigación de las masacres en Senkata, Sacaba y Yapacaní de noviembre pasado, en las que murieron al menos 32 manifestantes antigolpistas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, muchos se preguntan si las elecciones serán libres y justas, o si siquiera se llevarán a cabo. Las elecciones ya se han aplazado dos veces y la fecha límite del 18 de octubre solo se estableció después de las protestas masivas a nivel nacional de agosto.

Con el futuro de la democracia y la economía de Bolivia en juego, sin duda seremos testigos de muchos más acontecimientos en las próximas semanas.

Por Federico Fuentes | 08/10/2020


Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Federico Fuentes es un escritor que centra sus trabajos en temas de Latinoamérica, sobre todo de Venezuela. Es editor de Links Socialism.

Fuente: https://www.greenleft.org.au/content/bolivia-amid-new-crisis-coup-government-seeks-divide-spoils-impunity

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Jueves, 17 Septiembre 2020 06:15

"Que grite la economía"

"Que grite la economía"

Génesis y legado del golpe de Estado ordenado por Nixon y patrocinado por la CIA en Chile

El 3 de septiembre de 1970, durante una reunión de 30 minutos en la Oficina Oval, entre las 3:25 y las 3:45 de la tarde, el presidente Richard Nixon ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) promover un golpe militar en Chile. Según notas manuscritas tomadas por el director de la agencia, Richard Helms, Nixon giró órdenes para evitar que el nuevo presidente de Chile, Salvador Allende, tomara posesión de su cargo en noviembre… o crear condiciones para derrocarlo en caso de que asumiera la presidencia.

"Una probabilidad de una en 10, quizá, pero salven a Chile." "No importan los riesgos". Helms garrapateaba sus notas mientras el presidente exigía un cambio de régimen en la nación sudamericana, que se había convertido en la primera en el mundo en elegir libremente a un candidato socialista. “Trabajo de tiempo completo… los mejores hombres que tengamos”. "Que grite la economía".

Escrito en una semana como ésta, hace 50 años, el crítico memorando de Helms sobre la conversación con Nixon continúa siendo el único registro conocido de la orden de un presidente estadunidense de derrocar a un líder extranjero electo democráticamente. Desde que desclasificó el documento, en 1975, como parte de una investigación del Senado sobre las operaciones encubiertas de la CIA en Chile y otras partes, las notas de Helms se han vuelto la representación de la intervención estadunidense en Chile, y un símbolo de la arrogancia hegemónica de Washington hacia naciones más pequeñas, en particular en América Latina.

¿Cómo llegó un presidente estadunidense, dotado de poderes imperiales, a ordenar un cambio encubierto de régimen en otra nación? La desclasificación, en fecha más reciente, de cientos de documentos etiquetados como top secret sobre el papel de la CIA en Chile proporciona componentes críticos de tan siniestra y sórdida historia. Éstas son las principales revelaciones:

– Funcionarios estadunidenses comenzaron a explorar en secreto un golpe militar como parte de los planes de contingencia ante una posible victoria de Allende desde un mes antes de que los chilenos acudieran a las urnas, el 4 de septiembre de 1970. Una "revisión urgente" solicitada por Nixon sobre los intereses y opciones en Chile, conocida como Estudio de Seguridad Nacional Memorando 97, contenía un anexo ultrasecreto titulado "Opción extrema: derrocar a Allende". Presentado por la CIA a principios de agosto de 1970, el anexo mencionaba las presunciones, ventajas y desventajas de un golpe militar si Allende resultaba electo.

– El 8 de septiembre de 1970, apenas cuatro días después de la estrecha victoria de Salvador Allende, el "Comité de los 40", que supervisaba las operaciones encubiertas estadunidenses, se reunió para abordar el caso de Chile. Al final de la reunión, el presidente del comité, Henry Kissinger, solicitó una "evaluación a sangre fría" de los "pros y los contras, los problemas y perspectivas implicados si se organizara ahora un golpe militar en Chile con asistencia de Estados Unidos". Al día siguiente, el cuartel general de la CIA envió instrucciones a su jefe de estación en Santiago para emprender “la tarea organizacional de entablar contactos directos con los militares chilenos… que puedan utilizarse para estimular un "golpe" (en español en el original) en caso de que se tome una decisión en ese sentido”.

– El jefe de estación de la CIA, Henry Hecksher, junto con el embajador estadunidense, Edward Korry, objetó esas instrucciones por considerarlas imprácticas e improbables. Un número significativo de funcionarios de la CIA, la embajada estadunidense y del Departamento de Estado se oponían a los planes de una intervención estadunidense por juzgarla poco realista, destinada al fracaso y peligrosa desde el punto de vista diplomático.

"Lo que proponemos es una flagrante violación de nuestros principios y dogmas políticos", advirtió Vaky a Kissinger en un memorando secreto el 14 de septiembre de 1970. "Si esos principios tienen algún significado, normalmente sólo nos apartamos de ellos para enfrentar graves amenazas a nosotros, es decir, a nuestra supervivencia. ¿Es Allende una amenaza mortal para Estados Unidos? Es difícil argumentarlo".

– Kissinger, el director de la CIA Helms y, sobre todo, el presidente Nixon rechazaron estos argumentos. Durante la reunión del 15 de septiembre de 1970 con Helms, a la que también asistió Kissinger, Nixon expresó que no le preocupaban los "riesgos implicados" al fomentar un golpe. El presidente estadunidense parecía tomar la elección de Allende como un insulto a Estados Unidos. "Ese hijo de puta, ese Allende hijo de puta", exclamó Nixon en una reunión posterior con Korry en la Oficina Oval. "Vamos a aplastarlo".

La directiva de Richard Nixon a Helms puso en marcha la más infame serie de actos en los anales de la política exterior estadunidense. Para instigar un golpe, la CIA se enfocó en proveer armas, fondos e incluso pólizas de seguro de vida a los operativos militares para remover al comandante en jefe de las fuerzas armadas chilenas, general René Schneider, quien se oponía a un golpe.

Asimismo, el esfuerzo clandestino de la CIA por bloquear la toma de posesión de Allende evolucionó en una extensa campaña para desestabilizar a Chile y crear un "clima golpista" que provocó la toma militar del poder encabezada por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Un año después, cuando la historia de la intervención estadunidense en Chile apareció en la primera plana del New York Times, la exposición generó uno de los mayores escándalos internacionales del siglo XX, y dejó un legado de política exterior estadunidense envenenada que continúa persiguiendo a Chile, a Estados Unidos y al resto del mundo hoy en día.

Versión reducida. La completa puede consultarse en https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/16/que-grite-la-economia-peter-kornbluh-4109.html

* Analista senior del Archivo de Seguridad Nacional en Washington y autor de Pinochet: los archivos secretos

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Luis Arce lidera los sondeos pero no evitaría el ballottage

A 35 días de los comicios presidenciales en Bolivia

El candidato del MAS, partido de Evo Morales, aventaja en 10 puntos a Carlos Mesa, de cara a las elecciones del 18 de octubre. 

 

 A 35 días de las elecciones en Bolivia solo existen dos certezas. El futuro político del país se definirá bajo las condiciones que impusieron los golpistas y el Movimiento al Socialismo (MAS) que lidera todas las encuestas tiene asegurado su paso a una eventual segunda vuelta. Como en los comicios de octubre de 2019, resta saber si le sacará un margen indescontable a Comunidad Ciudadana (CC), la segunda fuerza. Luis Arce Catacora orilla una ventaja cercana a los 10 puntos sobre Carlos Mesa, porcentaje que necesita además del 40 % de los votos para no ir al ballottage donde los distintos partidos de derecha se aliarían en su contra. En esa eventual entente están Juntos, de la presidenta de facto Jeannine Añez, el Frente Cívico de Luis Fernando Camacho que lidera los sondeos en su bastión, Santa Cruz y otros candidatos como Chi Hyung Chun y Tuto Quiroga que por ahora no mueven demasiado el amperímetro. El otro dato clave es que Evo Morales fue proscripto la semana pasada y no podrá aspirar a una banca en el Senado. Lo reemplazará por el Departamento de Cochabamba el dirigente cocalero Leonardo Loza.

  El panorama electoral convive en Bolivia con la pandemia que atraviesa un crecimiento sostenido de los casos. Hay 125.172 contagiados y 7.250 muertos según las últimas cifras conocidas. El país lejos está de detener al coronavirus. Añez admitió errores en su política sanitaria a fines de mayo e incluso separó del cargo al entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien quedó detenido por un hecho de corrupción en la compra de respiradores. El gobierno y los sectores que acompañaron el golpe creen haberse librado del MAS con las medidas judiciales que tomaron para marcarle la cancha pero están muy lejos de conseguirlo. Algunas señales de preocupación se perciben en el oficialismo y las fuerzas destituyentes que apartaron del poder a Morales el 10 de noviembre pasado. 

El candidato a vice de Añez, Samuel Doria Medina, uno de los hombres más ricos de Bolivia y referente de Unidad Nacional (UN), dijo: “voy a gastar lo que sea necesario para que ganemos”. Según las últimas encuestas difundidas, la fórmula que integra con la presidenta viene tercera cómoda detrás de Mesa, el exmandatario que podría pasar a la segunda vuelta si el exministro de Economía de Evo no le saca una ventaja decisiva.

En el MAS también analizaron como un gesto de nerviosismo la invitación con cierto apuro a debatir que le cursó Mesa al candidato que encabeza las pesquisas electorales. El jefe de campaña de CC, Ricardo Paz, le comentó a la red Unitel: “Estamos expectantes a su respuesta, esperamos que ésta sea positiva y que Luis Arce se anime y no como hacía Evo Morales, huir del debate”. Sebastián Michel, el vocero del Movimiento al Socialismo, respondió: “que guarde un poco de paciencia que vamos a tomar una decisión a cuál de todos los debates vamos a asistir”. Uno de ellos está programado para el 4 de octubre en La Paz con los ocho candidatos presidenciales y lo convocaron la Asociación Nacional de Periodistas, la Confederación de Empresarios Privados, la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés y varios medios de Comunicación.

La estrategia de Añez

Añez sabe que no le dan los números para prolongar su estadía en el gobierno y apunta a esmerilar a Mesa que le llevaría hasta ahora casi 7 puntos porcentuales. En sus últimas declaraciones señaló que consiguió frenar al partido de Evo “en dos oportunidades”, y se preguntó: “¿Carlos Mesa frenó al MAS alguna vez?”. Su estrategia se completa con el intento de poralizar con Morales – como si fuera un candidato imaginario -, quien se encuentra refugiado en la Argentina y vio caer su última chance de competir por una senaduría la semana anterior.

“Aún tenemos la lucha contra el virus, por la reactivación y el empleo, y la lucha contra el tirano, porque Evo Morales intentará volver para tumbar a este gobierno y al siguiente, pero mientras yo esté en esta presidencia quiero garantizarles algo: ese señor solo va a volver a Bolivia para dar explicaciones a la justicia”. El ataque de la presidenta se produjo durante un mensaje que dio el último sábado al cumplir diez meses de mandato.

Arce Catacora se muestra aplomado en cada aparición pública y aún cuando es presionado por la prensa complaciente con el régimen de Añez, no consiguieron correrlo de su eje. Sobre la medida judicial que le impide competir a Evo por una banca señaló que se respetará la decisión del Tribunal paceño, tal como había anticipado el líder histórico del MAS el lunes. Incluso agregó que “no hay posibilidad legal de realizar otro recurso”. La resolución se tomó después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo inhabilitara a Morales y que el fallo fuera validado por la Sala Constitucional Segunda de La Paz con dos votos a favor y uno en contra.

Querella por crímenes de lesa humanidad

Donde también avanzó una causa pero contra el gobierno de facto de Añez es en Córdoba. La Cámara Federal de la provincia deberá resolver una querella por crímenes de lesa humanidad en Bolivia. Uno de los abogados que se presentó ante el tribunal de la provincia, Rafael Ortiz, aportó como pruebas para invocar la jurisdicción universal informes de Amnistía Internacional y la Defensoría del Pueblo boliviana, entre otras organizaciones. El próximo 8 de octubre, además, está convocada una audiencia ante la CIDH. El frente internacional nunca dejó de ser complicado para los golpistas. Hace unos días se conoció un informe de Human Rights Watch titulado La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, en el que advirtió sobre los “cargos desproporcionados contra Evo Morales” y le exigió al gobierno que abandonara su campaña contra el expresidente en el exilio.

El TSE que le impidió inicialmente al líder del MAS presentarse a las elecciones lo conduce el sociólogo y escritor Salvador Romero designado por el gobierno de facto. Revelaciones de WikiLeaks en el pasado hicieron evidente su estrecho vínculo con el Departamento de Estado de EE.UU. y con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Una organización de superficie que opera a menudo como un solo bloque junto a la CIA.

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Sábado, 12 Septiembre 2020 06:19

Bolivia, ¿ruptura o consolidación del golpe?

Bolivia, ¿ruptura o consolidación del golpe?

A cinco semanas de las elecciones generales en Bolivia –18 de octubre–, el panorama se complica más y más. La polarización advertida entre el MAS y los golpistas se agudiza, mientras Carlos Mesa intenta mantener un perfil bajo que le ayude a ganar votos de una derecha desencantada con un gobierno transitorio que se hunde después de casi un año de escándalos de corrupción y mal manejo de la crisis de salud.

Las últimas encuestas son favorables al MAS-IPSP que tiene al ex ministro de Economía Luis Arce Catacora como candidato presidencial. El partido de Evo Morales obtiene 26.2 por ciento en el reciente estudio de Mori (la única que acertó el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016), que cuando se pondera filtrando sólo los votos válidos se transforma en 37.3 por ciento frente a 24.2 de Carlos Mesa o 14.4 por ciento de Jeanine Áñez. Es decir, Luis Arce estaría cerca de ser presidente electo en primera vuelta, siempre que alcance 40 por ciento de votos válidos y 10 puntos de diferencia sobre Mesa, lo que puede suceder con una buena campaña y si los golpistas no bajan a Áñez de la carrera presidencial. En caso de que no se alcance 40 por ciento, o la presidenta actual decline y Mesa se acerque a menos de 10 puntos de diferencia, la segunda vuelta sería inevitable y en ese caso el 14 por ciento de los golpistas, sumado al del “cívico” Fernando Camacho (12.4 por ciento), que lidera la intención de voto en la ciudad más poblada del país, Santa Cruz, el conservador Chi Hyun Chung (5.9 por ciento) o el hombre del Departamento de Estado en Bolivia Tuto Quiroga (3.8 por ciento) se unirían contra Evo Morales y Luis Arce, provocando la derrota segura del MAS.

Dos semanas antes de la elección, el 4 de octubre, se celebrará el debate entre los aspirantes presidenciales, organizado por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés y una red de medios de comunicación. Los 14 días posteriores al debate serán claves para que diferentes sectores puedan consolidar su voto y para la posible declinación de Áñez.

Mientras tanto, en el gobierno golpista intentan por todos los medios lavar su imagen y ensuciar la de Evo Morales y el MAS, y han impulsado una denuncia de la Procuraduría General del Estado ante la Corte Penal Internacional, acusando a Evo de incurrir en delitos de lesa humanidad. Los autores físicos e intelectuales de las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron asesinadas más de 30 personas por las balas de las fuerzas de seguridad, acusan al ex presidente boliviano de la muerte de más de 40 personas por la falta de oxígeno durante los bloqueos carreteros de agosto.

Al mismo tiempo, y tras un viaje a Estados Unidos de Arturo Murillo, ministro de Gobierno, donde se reunió con Luis Almagro, secretario general de la OEA, representantes del Departamento de Estado y los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, ha empezado a operar en Bolivia la empresa estadunidense CLS Strategies, vinculada a los servicios de inteligencia gringos y que supuestamente va a dar asesoría al gobierno boliviano “de transición” en temas relacionados con la democracia.

De manera complementaria, y según filtraciones del entorno del gabinete, los golpistas tienen sobre la mesa una propuesta para eliminar el registro jurídico del MAS-IPSP, junto con un análisis de lo que implicaría dicho acto en cuestión de movilización y respuesta social. La apuesta es clara: una segunda vuelta entre Carlos Mesa y Jeanine Áñez, donde sólo habría un ganador: Estados Unidos y sus intereses en Bolivia.

En las calles, al menos entre la clase media urbana, la sensación es que se quería un cambio, pero no así, y eso está haciendo que Mesa se desplace hacia la derecha para ganar el voto más ultra que ya no se siente representado por Áñez, lo cual a su vez podría hacer que el voto más moderado de centro se acercara al MAS, pues entre la disyuntiva de pensar cómo y cuándo estaban mejor, en septiembre de 2019 (las elecciones fueron en octubre y el golpe en noviembre de 2019) o en septiembre de 2020, es claro que esa clase urbana tenía mejores condiciones sociales, y sobre todo económicas, hace un año.

La crisis económica hace que la gente prefiera vivir en septiembre de 2019. En 14 años de proceso de cambio se le pagaba a tiempo a la gente y podía ahorrar, en nueve meses la gente ha perdido su trabajo y gastado sus ahorros. Ése es el nuevo sentido común que se está posicionando entre una buena parte de la población boliviana.

Si ese sentido común se hace más grande decantando la balanza a favor del MAS-IPSP, entonces la alternativa de quienes hoy gobiernan parece ser un nuevo golpe dentro del golpe que impida que Evo Morales, jefe de campaña del Movimiento al Socialismo, pudiera retornar a una Bolivia gobernada por Luis Arce Catacora.

Twitter: @katuarkonada

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Chile: La caída en descrédito del modelo vigente desde el golpe de 1973

Unas pocas horas antes de su muerte, el 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende dirigió un mensaje radial a los chilenos: “Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor …”, termina el presidente. De fondo se oyen los estruendos de los bombardeos.

Allende habló desde el Palacio de La Moneda que estaba rodeado por las fuerzas armadas golpistas y su mensaje fue difundido por una emisora de onda corta del Partido Comunista chileno, Radio Magallanes, que era la única que aún no había sido ocupada o destruida por los putschistas. El centro de Santiago estaba controlado por los blindados y la infantería que desde temprano, aquel día, habían comenzado con su brutal represión de los partidarios del gobierno constitucional elegido apenas tres años antes.

Johnny Norden, quien fue agregado cultural de la embajada de la República Democrática Alemana entre 1971 y 1973, recuerda así cómo fue el proceso para sacar las cintas de la grabación del último discurso de Allende, del país asolado por los militares golpistas, y darlo a conocer al mundo.

“La noticia de la muerte de Salvador Allende, así como la noticia de su último mensaje dio la vuelta al mundo rápidamente el mismo día del golpe. En la embajada confiaban en que alguien había grabado ese mensaje y se propusieron encontrarlo. ¿Cómo hacerlo? Existía la posibilidad de contactar a los compañeros de la Radio Magallanes con la esperanza de que lo hubieran grabado. Como sabían de mi amistad con Eulogio Suárez, el director de Radio Magallanes, se me encargó la tarea de contactarlo y preguntarle si existía tal grabación. No era tarea sencilla puesto que el régimen de Pinochet había iniciado una cacería despiadada en contra de los partidarios del gobierno depuesto y también contra todos los pocos, que sin serlo, se oponían al golpe. Tenía pocas esperanzas de que Eulogio no hubiera caído víctima de la persecución. Llamé a su casa y pregunté por él. Su esposa me dijo que no estaba. Eso podía significar cualquier cosa: que hubiera sido asesinado o detenido. Le pedí que le trasmitiera saludos de Johnny Norte. No abrigaba muchas esperanzas de una respuesta. A los dos o tres días, sin embargo, Eulogio me llamó a mi casa y me propuso encontrarnos al día siguiente. Yo era consciente de la peligrosidad de la empresa: en el país dominaba el terror. Nos encontramos al mediodía en un conocido restaurante y me entregó a un sobre sin que yo alcanzara a decirle nada. Nos despedimos rápidamente sin mayores demostraciones. Pocos días después la República Democrática Alemana (RDA) rompió la relaciones diplomáticas con el régimen de Pinochet, y yo junto a mi esposa y mi pequeña hija, volvimos a nuestro país. En la Televisión pública de la RDA se trasmitió el mismo mes de septiembre un programa especial dedicado al golpe de estado en Chile, que tenía como sonido de fondo el último mensaje de Allende acompañado de una traducción al alemán. La sección Eterna de la empresa estatal VEB Deutsche Schallplatten de Berlín, hizo una edición de 5000 ejemplares de la grabación que se agotó rápidamente”. ( “Salvador Allende: So wurde seine letzte Rede gerettet”. Johnny Norden, 02-09-2020, Berliner Zeitung)

Sueños Destruidos

El golpe de estado tuvo un impacto enorme en amplias capas de la izquierda mundial,que asistieron así al fracaso de la opción política para alcanzar una sociedad más justa por medios democráticos. El mismo Allende lo expresa en su mensaje: “Mis palabras no tienen amargura, sino decepción”.

El golpe de septiembre de 1973 fue uno más del ciclo de gobiernos militares que asolaron al cono sur en la década del 70. Fue precedido por el golpe militar de Hugo Banzer en Bolivia en 1971; continuado por el golpe en Uruguay en el mismo año y seguido, menos de tres años después en Argentina, en marzo de 1976. Pero el de Chile fue el que más tiempo duró: 17 años. Y el que más influencia ejerció en la sociedad y en el sistema político chilenos, influencia que perdura hasta la actualidad. En la coalición de partidos que llevó al gobierno a Sebastian Piñera, campean corrientes y personajes pinochetistas. Tampoco pudieron o quisieron erradicar dicha influencia los gobiernos de los partidos demócratas cristianos y socialistas que se sucedieron desde entonces.

La Cordillera de los Sueños

El cineasta Patricio Guzmán en su más reciente film “La Cordillera de los Sueños” que se estrenó en 2019, plantea que la cordillera que recorre Chile de norte a sur, impregna al país de ciertas características de aislamiento. “Existen las montañas y el océano. Nos movemos dentro de ese estrecho corredor que conforma no sólo nuestra geografía sino nuestra mentalidad”, dice Guzmán en una entrevista.

Pero la cordillera puede ser también una buena metáfora de la situación actual del país en donde el tiempo parece suspendido, pero que de tanto en tanto, estalla en forma de terremotos o erupciones volcánicas.

Los estallidos sociales que tuvieron lugar durante 2019 fueron de los más radicales en la historia de Chile. Y pusieron en cuestión un sistema que resultó un fiasco para la mayoría de los chilenos.

Qué sucederá después de la pandemia, que parece haber suspendido el acontecer político en Chile es la gran incógnita, no sólo para el país hermano sino para el resto de Latinoamérica. Lo que sí es evidente, es el descrédito en que cayó el modelo económico y social neoliberal vigente en Chile, desde el golpe del ´73 y que la derecha quiso presentar como ejemplar al resto del mundo. 

Mario Bomheker es director cinematográfico y documentalista. 

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Capturan en Colombia a presuntos cerebros de la 'operación Gedeón'

03-09-20.-Acciones policiales en Bogotá y en Barranquilla, Colombia, dieron como resultado la captura de los "cerebros de la Operación Gedeón" quienes tenían planes contra el Gobierno de Venezuela.

Así lo informan fuentes del gobierno colombiano, precisando que las detenciones se lograron con base en el cruce de información de agencias de "Estados Unidos, como el FBI y la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional", reseñó el diario El Tiempo.

Su "misión era desestabilizar y generar tensión desde Venezuela contra los gobiernos de Colombia y Estados Unidos". Por esta razón fueron capturados cuatro venezolanos, según publica el diario.

Los capturados fueron identificados como Yacsi Alexandra Álvarez, Rayder Alexander Russo y los hermanos Juvenal y José Sequea Torres, quienes "habrían participado en la coordinación de la operación", destaca la prensa colombiana.

De acuerdo con el informe de inteligencia, Yacsi Alexandra Álvarez, de 39 años, es señalada "de ser la coordinadora y logística de la organización", y "personas de confianza de Clíver Alcalá", quien se entregó a las autoridades norteamericanas en días pasados.

La mujer habría comprado en Bogotá los uniformes que se entregaron a los militares que participaron en Gadeón.

Rayder Alexánder Russo, de 33 años, de acuerdo con la investigación él sería uno de los autores intelectuales –acusados por el gobierno de Venezuela– de haber planeado el atentado contra Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018 a través de la activación de artefactos explosivos ubicados en dos drones.

La Fiscalía General de Venezuela ha ejecutado la detención de varias decenas de implicados en la operación Gedeón, que el pasado 3 de mayo intentó el derrocamiento del Gobierno a través de una fallida incursión marítima.

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