Nicaragua: pandemia, violencia política y salida electoral

La crisis social y política nicaragüense se agudizó con la pandemia de covid-19 y sus efectos económicos. En la sociedad crecen las expectativas de resolverla de cara a las elecciones que se realizarán a fines de este año. Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen asediando a una oposición que, sin embargo, no consigue unificarse

 

En 2018 Nicaragua llamó nuevamente la atención mundial cuando una ola de protestas sociales se extendió por todo el país y se prolongó durante varios meses. Las movilizaciones eran la expresión generalizada de un profundo descontento y llevaron la contienda política hasta el más alto nivel cuando las acciones de represión gubernamental provocaron una gran cantidad de muertes, personas heridas, encarcelamientos, torturas, malos tratos y juicios arbitrarios. En aquel contexto, decenas de miles de personas huyeron hacia el exterior. El gobierno, encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, intentó aplacar las movilizaciones con acciones de violencia letal y dos rondas fallidas de negociación que se efectuaron en mayo de 2018 y febrero de 2021.

Desde entonces y hasta la actualidad, se ha instalado una política de represión gubernamental caracterizada por amplios despliegues policiales y grupos de civiles progubernamentales armados que actúan en conjunto con la policía. Además, se ejecuta una política de hostigamiento, vigilancia y agresiones a líderes y activistas políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y medios independientes, prisioneros políticos excarcelados y familiares de víctimas de la represión. Estas acciones de hostigamiento policial han llegado al punto de impedir que líderes políticos puedan salir de sus casas sin que exista de por medio una orden judicial. Sobre el resto de la ciudadanía se ha impuesto un estado de excepción de facto que ha cercenado derechos ciudadanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa, el derecho de movilización y organización, entre otros.

Como el gobierno controla a los demás poderes estatales, entre finales de 2020 e inicios de 2021 promovió la aprobación de un conjunto de leyes que tienen como propósito criminalizar a la oposición y limitar aún más derechos ciudadanos fundamentales. Estas son la Ley de «Agentes Extranjeros», que obliga a las organizaciones sociales y personas individuales que reciben fondos del exterior a inscribirse en una oficina, además de someterse a una serie de restricciones y controles; la Ley de Ciberdelitos, que incrementa la vigilancia obligando a las compañías telefónicas a suministrar los datos de personas que el gobierno considere de interés político; la Ley de Cadena Perpetua, que implicó una reforma a la Constitución e incrementó las penas para delitos que el gobierno considera «de odio», además de llevar el periodo de detención preventiva de 48 horas a 90 días; y, finalmente, una ley que sanciona a quienes participen o lideren acciones de oposición.

Desde el inicio de las acciones represivas gubernamentales, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han elaborado informes y declaraciones para alertar sobre las graves violaciones que se están cometiendo. Otras instancias internacionales, como la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo, han emitido resoluciones en rechazo de estas violaciones y llamando al gobierno de Ortega a restablecer las libertades y derechos ciudadanos, así como a encontrar una salida negociada y pacífica a la crisis sociopolítica. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza y Reino Unido han impuestos sanciones a una veintena de funcionarios e instituciones relacionadas con el gobierno.

Las elecciones como punto de inflexión

En la medida en que la crisis se ha prolongado en el tiempo y se ha vuelto más compleja por la pandemia de covid-19 y sus efectos económicos, en la sociedad nicaragüense han crecido las expectativas de resolverla con las elecciones presidenciales previstas para finales de 2021. Pero hay otros elementos que también han alimentado esas expectativas. Uno de los más significativos es la memoria histórica y colectiva sobre las posibilidades del voto ciudadano como un instrumento de cambio político hacia rutas democráticas a partir de las lecciones de 1990.

Los altos porcentajes de participación en los procesos electorales muestran que entre la sociedad nicaragüense se instaló esa idea hasta que, en 2000, un pacto entre los caudillos políticos de las dos fuerzas políticas más importantes —Ortega, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y Arnoldo Alemán, por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC)— dio paso a la captura del sistema electoral y trastocó la competencia electoral por las graves irregularidades y fraudes que se cometieron, especialmente desde 2011 hasta la fecha. A pesar de la falta de transparencia, credibilidad y confianza en el sistema electoral, un porcentaje importante de la ciudadanía espera que las elecciones previstas para noviembre de 2021 se conviertan en un momento de cambio y apertura democrática.

Sin embargo, los momentos y las posibilidades entre 1990 y 2021 son diferentes. Una de las características del contexto actual es que el gobierno ha instalado una política de represión y un estado de excepción para impedir que la ciudadanía ejerza derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de movilización y de organización, entre otros. Hoy, en Nicaragua, se suma una pandemia de alcance global, que ha sido tratada por el gobierno con una política sanitaria que no previene ni atiende la situación, sino que más bien promueve actividades públicas masivas y oculta los datos reales de contagios y fallecimientos; además, una grave crisis económica golpea a amplios sectores de población, pero especialmente a los más vulnerables.

En el ámbito político, la coalición electoral opositora de 1990 estuvo conformada por 14 partidos políticos de distintos signos ideológicos. Esta vez, existen dos plataformas opositoras —la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana—, que incluyen entre sus integrantes tanto a partidos políticos como a rganizaciones y movimientos sociales. Además, en todo el país existen numerosos grupos y organizaciones ciudadanas nacidas a partir de 2018 que no están vinculadas con estas plataformas. La mayoría de estos actores son emergentes y están en conflicto con los partidos políticos por la poca legitimidad y confianza que tienen entre la ciudadanía, así como por su participación en negociaciones y acuerdos excluyentes promovidos por las elites como mecanismo de gobernabilidad y viabilidad política durante las últimas tres décadas.

Actores internacionales como la OEA, la Unión Europea y diferentes gobiernos han expresado su deseo de que las elecciones se conviertan en un medio para resolver la crisis sociopolítica y que el gobierno de Ortega procure las condiciones para ello: las necesarias reformas electorales que permitan un proceso competitivo, justo y transparente, la liberación de los prisioneros políticos y el restablecimiento de las libertades ciudadanas. Pero para que las elecciones se conviertan efectivamente en el punto de inflexión hacia una transición democrática en Nicaragua, es necesario resolver aspectos críticos que involucran la voluntad política tanto del gobierno como de las distintas fuerzas de oposición para concurrir con una fórmula presidencial de consenso.

Condiciones y puntos críticos

Una de las condiciones fundamentales para las elecciones previstas en noviembre de 2021 es que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer su derecho al voto en libertad, con una competencia justa entre diferentes fuerzas políticas, en un proceso transparente en el que se respeten los resultados de las votaciones. Para eso se requieren reformas electorales de fondo que el gobierno de Ortega parece no estar dispuesto a conceder. En la actualidad, el sistema electoral está controlado por el propio mandatario, quien rompió el balance entre los poderes del Estado desde su llegada a la Presidencia en 2007. El pacto que efectuó en 2000 con Alemán le permitió conseguir ese control, modificar las reglas del juego electoral y, más adelante, cometer irregularidades y fraudes para asegurar su continuidad en la Presidencia.

Diversas organizaciones y fuerzas políticas han demandado reformas electorales para revertir ese control y, más recientemente, la Asamblea General de la OEA emitió una resolución que urge a Ortega a llevarlas a cabo antes de mayo, un plazo crítico porque marca el límite de tiempo necesario para implementarlas antes de que se inicie la campaña electoral. Ortega ha alargado el tiempo para que esas reformas, en el caso que decida efectuarlas, no modifiquen en el fondo su control sobre el sistema electoral.

El gobierno también tiene la llave para resolver otras demandas planteadas por la oposición, como la liberación de más de cien prisioneros políticos, el restablecimiento de los derechos ciudadanos y la suspensión de la política de represión impuesta hasta ahora. Sin esas condiciones, que forman parte de los acuerdos suscritos en febrero-marzo de 2019, difícilmente la ciudadanía y las mismas fuerzas políticas podrán desarrollar sus actividades proselitistas durante la campaña electoral.

Del lado de las fuerzas de oposición, uno de los puntos críticos se refiere a la conformación de una alternativa electoral amplia que aglutine a la mayoría de las organizaciones, movimientos y partidos, así como los votos de la ciudadanía. La «unidad», como la llama la población, marcha a paso lento, pero, igual que las reformas electorales, tiene plazos fatales. El camino para esa coalición amplia está cruzado por fuertes conflictos que no parecen fáciles de resolver por un falso dilema en la opinión pública entre «izquierda» y «derecha»; la selección de una fórmula presidencial de consenso entre una lista de precandidatos y los desencuentros entre los opositores alimentados por el propio gobierno.

¿Y si no hay condiciones? Los escenarios posibles

Sobre el proceso electoral y las posibilidades de abrir el camino para la transición democrática, hasta ahora se cierne un espeso nubarrón de incertidumbre. Un escenario posible es que Ortega decida abrir un espacio limitado para simular unas votaciones legítimas y obtener el reconocimiento internacional. Dependiendo de qué tanto se abra ese espacio y la fortaleza de las fuerzas de oposición democráticas para disputar los votos, es posible pensar en un cambio de gobierno y la transición hacia la democracia. En ese caso, el gobierno electo se enfrentaría a un escenario lleno de retos complejos para resolver tanto en el ámbito político como en el económico y social.

Otro escenario es que Ortega no permita las condiciones necesarias para un proceso electoral competitivo, transparente y en libertad, que se produzca un fraude y se impongan resultados contrarios a la voluntad ciudadana para asegurar su continuidad en el poder. En ese caso, las fuerzas democráticas de oposición se enfrentarán al dilema de participar o no participar en el proceso electoral, así como a una interrogante más estratégica: qué rumbo político seguir para abrir las posibilidades de la transición a pesar de la prolongación de la crisis y la permanencia de Ortega.

En ambos casos, los escenarios son complejos y nada favorables para la oposición democrática. Ortega se encuentra en su momento de legitimidad más bajo, según los últimos sondeos de opinión, y su fuerza descansa fundamentalmente en los empleados estatales, las fuerzas policiales y militares y los grupos de civiles armados favorables al gobierno. A pesar de ello, la sociedad nicaragüense ha venido experimentando cambios importantes con el entretejido de grupos y organizaciones, así como la emergencia de una red de líderes políticos en todo el país. Ese proceso lento y a veces silencioso —cruzado por tensiones que muchas veces se dirimen en espacios públicos como las redes sociales, lo que provoca una percepción de polarización— está cambiando la cultura y las prácticas políticas. Los intentos del gobierno para frenar ese proceso vigilando, persiguiendo e incluso encarcelando a ciudadanos y líderes políticos han sido inútiles. El potencial político de estos esfuerzos es enorme no solo para las elecciones que se avecinan, sino también para recuperar la democracia. A la larga, constituye un valioso capital político que quedará instalado para el futuro.

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El Salvador: odio, asesinatos y... elecciones

En medio de un escenario de tensión política e intolerancia social, el país centroamericano está a pocos días de las elecciones legislativas y municipales. Dos simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han sido asesinados tras participar en un acto de la formación de izquierda. Mientras las investigaciones siguen su curso, se apunta a un crimen político, nutrido por mensajes de odio que promueven altos funcionarios del país, incluido el presidente Bukele que llegó a afirmar que se había tratado de un autoatentado. ¿Qué está pasando en El Salvador?

El pasado 31 de enero, simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fueron atacados por tres hombres que dispararon directo al camión en el que se encontraban. Todo ocurrió en el centro de la capital salvadoreña en el marco de la campaña para las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, en las que el oficialismo aparece liderando las encuestas y podría alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento. Dos personas fallecieron y otras tres fueron lesionadas en el tiroteo. Los veinte militantes del FMLN que se encontraban en el camión regresaban de un evento proselitista del candidato a la alcaldía de San Salvador, cuando el auto con los tres hombres a bordo los interceptó. Uno de ellos abrió fuego. Eran las 6:25 de la tarde de ese domingo.

El ataque contra simpatizantes de izquierda se ha convertido es parte de una escalada de radicalización política que se vive en el país. En las redes sociales se destila tensión, en especial en Twitter, atizada por los mensajes de odio e intolerancia que son generados, principalmente, desde el gobierno. Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, El Salvador se vio marcado por la polarización entre el FMLN, partido de izquierda que gobernó el país entre 2009 y 2019, y la derecha dura representada por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Y es sobre ese escenario dividido y sobre el desencanto generado por ambos partidos tradicionales que cobró relevancia la figura del actual presidente Nayib Bukele. El mandatario de 39 años, que se autodefine como un outsider de la política, consiguió 54 % de los votos en las últimas elecciones, lo que le permitió romper con 30 años de bipartidismo, aunque no con la polarización.

Lo que ocurrió el 31 de enero pasado en El Salvador es la expresión mayúscula de una situación de violencia política que ya había sido advertida por la sociedad civil. Los mensajes de odio calan fuertemente ante una población enajenada por la violencia y se encienden con una mínima chispa. Bukele, sin embargo, tuvo declaraciones altamente desafortunadas solo media hora después del asesinato de los miembros del FMLN. En lugar de condenarlos, insinuó que se había tratado de un autoatentado. «Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron», decía el presidente desde su cuenta de Twitter. El FMLN no tardó en rechazar la afirmación de Bukele.

La muerte de Gloria Rogel de López y Juan de Dios Tejada, los dos militantes del FMLN, recibió la condena de actores políticos y sociales y de la comunidad internacional. Y el lenguaje de Bukele quedó en el centro de la escena. «Condeno profundamente el ataque de ayer dirigido al meeting de campaña del @FMLNoficial en El Salvador y hago un llamado a una investigación total del crimen. El Estado necesita garantizar a todos los partidos políticos democráticos a que puedan hacer una campaña y baje la intensidad no que añada gasolina al fuego @nayibbukele», escribió Tilly Metz, que forma parte de la bancada de Los Verdes en el Parlamento Europeo. El 10 de febrero, Metz envió una carta a Bukele pidiendo que reduzca la escalada de violencia política que se vive en el país centroamericano. «Sinceramente espero que las próximas elecciones sean justas, pacíficas y transparentes».

La campaña de odio del presidente se ha transformado se ha transformado ya en una política gubernamental. Armando Álvarez, catedrático del departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), le recordó a Bukele que «procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores» del país es parte de sus atribuciones constitucionales como presidente. Pero eso no ocurrió esa noche. La presidencia de El Salvador no condenó el hecho, sino que continuó fomentando la división entre los salvadoreños.

Radicalización presidencial

El presidente Bukele ha encontrado en Twitter un nicho que seguirá explotando hasta donde la red social se lo permita. Aunque las políticas de esa red social son claras en cuanto a no fomentar el odio, tal parece que eso no aplica para el presidente de El Salvador. Twitter es enfático en cuanto a qué considera como «conductas de incitación al odio». Por ejemplo, «no se permite fomentar la violencia contra otras personas ni atacarlas o amenazarlas directamente por motivo de su raza, origen étnico, origen nacional, pertenencia a una casta, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave. Tampoco permitimos la existencia de cuentas cuyo objetivo principal sea incitar la violencia contra otras personas en función de las categorías antes mencionadas», se afirma en las políticas de la red social. Sin embargo, el 1 de febrero de 2020, justo un año antes de este ataque, Bukele tuiteó: «Arena y FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos». El mensaje lo compartió cuando se conoció que la Fiscalía General de la República (FGR) había presentado un requerimiento para procesar a algunos funcionarios por negociar con pandillas. Lo que omitió el presidente en ese momento es que algunos funcionarios de su administración cuando fue alcalde de San Salvador (2015-2018) también han sido investigados por reunirse con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Bukele ha tenido buenas relaciones con políticos de otras naciones que también han apelado a los discursos de odio. Entre ellos, por supuesto, se destaca el ex presidente estadounidense Donald Trump. En la historia reciente de El Salvador nadie ha sido tan «florido» para atacar a sus adversarios políticos como Bukele. Omar Serrano, vicerrector de la UCA, afirma que Bukele y Trump se asemejan porque «han hecho del odio su emblema». Y asegura que «tampoco hubo otro mandatario que haya pretendido explícitamente dividir al país como lo ha hecho él».

La disputa por la versión de los hechos

Cada vez que Bukele habla, sus funcionarios —y un ejército de trolls— se convierten en la caja de resonancia de su mensaje. Hasta cuando ocurre un temblor, el presidente se expide. A pesar de que existe un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bukele considera que es él quien debe informar la escala del sismo. Así sucede con una diversidad de temas. Y sus acólitos no dejan de replicar sus mensajes. Cuando Bukele habló de «autoatentado» algunos funcionarios de su círculo cercano, como el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa), Federico Anliker, continuaron alimentando esa versión. La misma noche del atentado escribió en su cuenta de Twitter: «Los mismos de siempre, hoy resulta que después de acabarse al país y llevarnos a la violencia social que ellos mismos la propiciaron y otros incluso son parte de esas mafias, hoy se quieren pintar como blancas palomas. ¡NO JODAN!».

De lo ocurrido el 31 de enero, se sabe que en el camión viajaban mujeres, unos cuantos hombres y ex-combatientes de la guerrilla ya ancianos. Además, se sabe que el automovil les interceptó porque hubo hostigamientos previos, que llevaron a que unas mujeres, simpatizantes del partido de izquierda, respondieran tirando bolsas con agua a los atacantes. También se sabe la identidad de los tres hombres que bajaron del auto azul que interceptó al camión. Se trata de tres empleados del Ministerio de Salud, dos de los cuales se desempeñan en el área de seguridad. El otro trabaja como conductor. Es decir, los tres son empleados del gobierno de Bukele. Testigos manifestaron al periódico El Faro que uno de ellos fue quien disparó.

Cuando se conoció que los atacantes eran empleados públicos, Bukele cambió su discurso: pasó de sostener que se trataba de un autoatentado a afirmar que se había producido un enfrentamiento. Esta tesis fue sostenida también por la Fiscalía General de la República, al conocer que uno de los atacantes también estaba lesionado por una bala. Las víctimas del ataque que resultaron lesionadas afirman, sin embargo, que no portaban armas.

El ataque contra militantes del FMLN ha acentuado una disputa entre la Presidencia y la Policía Nacional Civil (PNC) con el Ministerio Público por quién presenta pruebas irrefutables de lo sucedido. Aun cuando la PNC es un brazo de investigación de la Fiscalía, su posición ha sido la de demostrar que los atacantes reaccionaron a un enfrentamiento con los militantes. Lo que ocurre entre las dos instituciones es grave. Marcela Galeas, abogada penalista, ha sostenido que «lo peligroso en este caso es que la forma en que desde el gobierno, específicamente el presidente y la PNC, se quiso deslegitimar las calidades de las víctimas y justificar las acciones de los hechores por tratarse de empleados del Ministerio de Salud». «Que la Policía cuestione de manera pública la dirección funcional de la Fiscalía, priorizando la protección de los acusados y no de las víctimas, es inaudito». No hay justificación alguna, ni jurídica ni lógica, que lleve a pensar, al evaluar los videos que se han presentado como prueba, que hubo enfrentamiento. Bukele, sin embargo, acusó al Ministerio Público de ocultar videos y él mostró los propios, los que la PNC había obtenido «por su cuenta».

El ambiente se ha convertido en un campo de batalla en el que todos acusan y todos se responden. Ante lo enunciado por Bukele, el fiscal general de la República, Raúl Melara, no tardó en responder. «Al querer desvirtuar las conclusiones de la investigación, lo que hace la Policía Nacional Civil es desacreditarse más y menospreciar el trabajo que sus investigadores han hecho con los fiscales. No entiendo a quién defienden. No tienen el más mínimo respeto por los fallecidos ni por sus familias», escribió Melara en su cuenta de Twitter.

Mientras las investigaciones continúan, el fiscal intentó juntar a todos los representantes de los partidos políticos inscritos en la contienda. Quería un pacto de no violencia, pero no lo logró: el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, no se presentó. Tampoco lo hizo Cambio Democrático, un partido aliado del presidente. Pero cuando la Embajada de Estados Unidos llamó a una reunión citando a todos los partidos políticos para garantizar la no violencia política, los partidos oficialistas asistieron. El llamado del gobierno estadounidense parece ser, para Bukele, más importante que el llamado de un fiscal de su país.

Las señales de autoritarismo

El oficialismo de Bukele ha intentado sostener una única línea de lo sucedido y todos se han cerrado sobre ella. Para hacerlo ha intentado que los medios difundan su posición. Para un gobierno deseoso de concentrar el poder, la estrategia mediática ha sido clara. Los constantes bloqueos gubernamentales a la información pública, el debilitamiento de la prensa independiente a través de ataques y de campañas de desacreditación, a la vez que el fortalecimiento de los medios estatales que sostienen la posición del gobierno, operan como herramientas claves para Bukele. Defensores de los derechos humanos han sostenido que estas constituyen evidentes señales de autoritarismo por parte del gobierno.

El 9 de febrero de 2020 una imagen recorrió el mundo: la de Bukele rodeado de militares en la Asamblea Legislativa, practicando un intento de autogolpe con amenazas a la oposición. El peso del Ejército y las actitudes autoritarias del presidente son evidentes. Alcanza con revisar el presupuesto general de la nación e identificar dónde está destinada la mayor cantidad de dinero. La respuesta no es difícil: en los militares. Tal como sostiene la defensora de los derechos humanos Celia Medrano en una entrevista concedida al periódico El Faro, Bukele apuesta por la militarización de la política y muestra rasgos «autocráticos y claramente autoritarios».

La oposición es débil y muy poco inteligente. En medio de un clima tenso, Bukele encuentra las palabras para controlar el voto popular. Mientras sus ojos están puestos en las próximas elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, pareciera que no habrá un cambio en el discurso que ha traído desde que inició su mandato en junio de 2019. El vicerrector de la UCA, Omar Serrano, sostiene que la violencia se ha vuelto una constante a partir de la siembra de odio gubernamental. Los resultados están a la vista: ya no se trata solo de polarización política, sino de asesinatos, como se verificó con lo sucedido en la caravana del FMLN. «Lo peor es que los más afectados siempre es la clase pobre, la gente del pueblo, que están en las comunidades, mientras en las cúpulas seguramente van a llegar a arreglos políticos», insiste Serrano. Con la presidencia de Bukele, lo único que quedó atrás fue la hegemonía de los dos partidos tradicionales. Ahora, sin embargo, ha emergido otra cosa: el odio en el discurso político, la responsabilización a terceros por los errores propios. Los hechos lamentables están lejos de haber terminado.

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La ONU denuncia a Daniel Ortega por arrestos, violaciones y torturas a disidentes políticos en Nicaragua

La oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos considera que el presidente no ha cumplido con las recomendaciones que le hizo el organismo tras la crisis política de 2018

El Gobierno de Daniel Ortega no ha cumplido con 14 recomendaciones emitidas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tras la crisis política de 2018, cuando el exguerrillero sandinista desató una brutal represión contra las manifestaciones que exigían el fin de su mandato. En un informe publicado este lunes, la OACNUDH cataloga de “deficiente” la respuesta gubernamental ante sus recomendaciones y advierte de que en el país centroamericano se siguen cometiendo violaciones a las libertades civiles, incluyendo arrestos y detenciones arbitrarios de personas percibidas como opositoras al Gobierno y limitaciones en el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación.

La Oficina de la ONU emitió en 2018 un demoledor informe contra el régimen, acusándolo de cometer violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluyendo arrestos arbitrarios de manifestantes por parte de las huestes armadas bajo órdenes de Ortega. Algunas de estas personas detenidas de forma arbitraría fueron luego violadas y torturadas bajo custodia. El documento alertaba, además, del uso desproporcionado de la fuerza y de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía, desapariciones, detenciones arbitrarias generalizadas e instancias de tortura y violencia sexual en centros de detención. El grado de represión “tan alto”, continuaba, ha forzado al exilio a ciudadanos por el simple hecho de expresar opiniones contrarias al líder sandinista.

Tras la publicación del documento, la OACNUDH emitió 14 recomendaciones al Estado nicaragüense para mejorar las condiciones de los derechos humanos en el país, pero “la Oficina ha observado que el Gobierno ha implementado pocas medidas sin mostrar, lamentablemente, avances notables hasta el momento”, advierte el organismo. Según el informe presentado este lunes, el Gobierno solo ha “cumplido parcialmente” con poner fin a las detenciones y liberar a todas las personas “privadas arbitrariamente de libertad” en el contexto de las protestas o por manifestar opiniones críticas con el régimen. La OACHUDH reconoce que desde el 30 de diciembre de 2019, “el Gobierno ha otorgado medidas alternativas a la detención a 86 hombres y 9 mujeres”, pero afirma que, según cifras de la sociedad civil nicaragüense, “a diciembre de 2020 al menos 106 personas (103 hombres y 3 mujeres) que participaron en las protestas o que fueron percibidas como opositoras continuaban privadas arbitrariamente de su libertad”.

El informe también advierte que “los arrestos y detenciones arbitrarios de personas percibidas como opositoras al gobierno continuaron. Actualmente, el patrón principal consiste en breves detenciones policiales, tras las cuales las personas detenidas son puestas en libertad dentro de las 24 horas siguientes sin ser presentados a las autoridades judiciales”.

El organismo, además, alerta de las continuas violaciones a las libertades civiles, incluyendo la libertad de expresión. “La Policía Nacional ha impedido sistemáticamente las manifestaciones públicas de personas o grupos críticos con el Gobierno. En al menos seis casos, la ONU registró que los agentes de policía recurrieron al uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, causando lesiones menores a manifestantes y periodistas. Desde el 1 de agosto de 2019, la OACNUDH documentó 83 casos de ataques, amenazas, acoso y actos de intimidación por parte de agentes de policía y elementos progubernamentales contra defensores y defensoras de derechos humanos. Además, registró 30 casos en los que las víctimas fueron periodistas o trabajadores y trabajadoras de los medios. Cuatro medios de comunicación sufrieron allanamientos, destrucción de equipos o sanciones administrativas”, resalta el documento.

El Gobierno de Ortega tampoco ha investigado y enjuiciado a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión contra las protestas de 2018, ni ha garantizado el acceso a la justicia y reparación a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, la OACNUDH lamenta la aprobación de una amnistía que, afirma, “allanó el camino a la impunidad de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”.

En ese contexto, a la ONU le preocupa que el Gobierno siga negando la existencia de grupos armados paraestatales y “turbas violentas” que participaron la represión de las manifestaciones. “Desde el 1 de agosto de 2019, la OACNUDH ha documentado por lo menos 11 casos (incluido un asesinato) en los que partidarios del Gobierno atacaron físicamente y/o amenazaron a personas percibidas como opositoras. En la mayoría de esos casos, los autores vestían los colores o portaban banderas del partido gobernante y las violaciones se produjeron con la tolerancia de los agentes de policía que no impidieron ni detuvieron los ataques”, alerta el informe.

Otra de las recomendaciones incumplidas es la reactivación de un diálogo inclusivo con la oposición, así como implementar reformas electorales para garantizar unas elecciones justas y transparentes. Nicaragua celebrará comicios generales en 2022, con Ortega controlando todo el sistema electoral.

En las conclusiones del informe, la OACNUDH solicita al Gobierno que autorice la entrada al país de una misión del organismo, una solicitud hecha desde septiembre de 2020, antes de la presentación de un nuevo informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Ello permitiría realizar una evaluación más profunda de los progresos y los desafíos relativos a la situación de los derechos humanos en Nicaragua”, concluye la OACNUDH

Por Carlos Salinas Maldonado

México - 08 feb 2021 - 10:24

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Sábado, 06 Febrero 2021 05:09

Inútil sacrificio

Inútil sacrificio

Al desoír las advertencias, el líder opositor Aleksei Navalny, adversario irreconciliable del presidente Vladimir Putin, con su regreso a Rusia hizo un sacrificio inútil a partir de dos errores: suponer que no podían encarcelarlo, ya que la fiscalía durante seis años no solicitó prisión efectiva hasta dos días antes de que concluyera la condena a libertad condicional, y creer que, de ocurrir ese escenario, su preparado contragolpe –el video sobre el presunto palacio de Putin en el mar Negro– sacaría a la calle a millones de indignados y que las bien remuneradas fuerzas del orden le darían la espalda al Kremlin.

La represión sofocó la protesta, sin precedentes ambas, pero sin inclinar la balanza hacia los que se atrevieron a expresar su opinión pese a los riesgos: 10 mil detenidos en tan sólo dos manifestaciones. El Kremlin quedó con imagen abollada y Navalny con la sensación de que su valiente gesto de volver a su país no provocó la caída del régimen y de que no podrá recobrar pronto la libertad.

Una vez condenado a dos años y ocho meses de prisión, es de suponer que la siguiente instancia no va a satisfacer el recurso de apelación y, en consecuencia, Navalny será trasladado a una lejana colonia penitenciaria, como se denomina aquí una suerte de territorio cerrado para prisioneros donde los condenados son obligados a trabajar y duermen no en celdas, sino en barracones para decenas de personas. Ahí, sin acceso a Internet, estará aislado y no podrá influir en ninguna acción política.

Mientras tanto, la maquinaria del Estado seguirá fabricando causas contra Navalny. Ayer mismo comenzó el juicio por calumniar a un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que exhortó, en un anuncio de tv, a votar por la nueva Constitución, junto con una veintena de famosos y desconocidos.

Navalny, en Twitter y Telegram, los llamó "lacayos vendidos" y "traidores". Nadie se quejó, pero no faltó quien lo demandara por ofender al anciano que no sabe qué es Internet. Dentro de una semana continuará el juicio, que puede terminar con una elevada multa o incluso hasta dos años más de cárcel. Habrá otros procesos y Navalny no sería el primero en convertirse en moneda de cambio para, tras unos años de castigo ejemplar, expulsarlo del país y obtener alguna concesión en beneficio de la élite gobernante.

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La Rusia que se rebela Entrevista a Andrey Schelchkov

La detención de Alekséi Navalny abrió un nuevo frente para Vladímir Putin. Con la mirada puesta en las protestas de la vecina Bielorrusia y en la estrategia para enfrentarlas, el gobierno apuesta a responder con violencia a las manifestaciones y esperar su desgaste. El costo es mostrarse como un régimen abiertamente represivo. Navalny, entretanto, se reafirma como la principal figura de la oposición.

 

El envenenamiento, la salida del país y el regreso y detención de Alekséi Navalny han reactivado las protestas en las calles a lo largo y ancho de Rusia. Con una popularidad que comenzó hace años con sus denuncias anticorrupción, Navalny, de 44 años, se transformó en la principal figura de la oposición, con un apoyo particularmente significativo entre los jóvenes. El gobierno respondió a las protestas con una inusitada escenificación de poder y no menos represión. En esta entrevista, el historiador de la Academia de Ciencias de Rusia Andrey Schelchkov analiza la coyuntura, el liderazgo de Navalny y sus posturas ideológicas -algunas de ellas, paradójicamente, no tan lejanas a las de Putin- y el escenario que abre esta nueva ola de protestas.

¿Cuál es la estrategia del gobierno ruso frente al caso Navalny? ¿Cuánto incide lo que ocurre en la vecina Bielorrusia, con las persistentes protestas en las calles, en la escenificación de la fuerza y la fuerte represión de las protestas?

Parece que el gobierno dejó al lado todas las apariencias. La arbitrariedad es absoluta, la represión es brutal y ejemplarizadora, lo que a los ojos de la gente menos involucrada políticamente contrasta con la imagen paternalista que siempre buscó proyectar Vladímir Putin. Ahora el gobierno optó por la variante de la violencia abierta, al estilo de Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia. Está cortando sus vías de comunicación con amplias capas de la sociedad, inclusive con los partidarios de Putin. La represión acelera la radicalización de la protesta, lo que podría acortar las posibilidades de supervivencia del régimen. Nunca la policía tuvo una imagen positiva, pero ahora está por debajo del suelo. La cantidad de arrestados sobrepasa lo imaginable: entre el 23 y el 31 de enero han sido casi 10.000 personas en todo el país. Ni en la época soviética hubo algo parecido. En la URSS, la policía era disciplinada y no arbitraria o abusiva. Claro, hablamos de la época de Leonid Brézhnev, con Stalin no existía la ley. Cuento esto porque aún ahora hay una cierta confianza e ilusión en la justicia, que de todos modos se fue evaporando en estos años. Hoy solamente los más ancianos tienen estos espejismos. Por ejemplo, una vecina mía de más de 80 años y muy favorable a Putin me dijo «¿Por qué Navalny protesta en vez de ir a denunciar la corrupción en la fiscalía?». Santa simplicitas.

De todos modos, durante estas protestas, no en todas las ciudades hubo confrontación con la policía. Por ejemplo, en mi ciudad natal, Krasnodar, que cuenta con un millón de habitantes y es tradicionalmente muy conservadora, salió muchísima gente. El 23 de enero hubo alrededor de 7.000 personas, un número nunca visto allí desde que se recuerde, y nadie les puso trabas a las marchas. Hay que recordar que todas las manifestaciones fueron prohibidas, lo que hace más importante el número de manifestantes. Tal vez las fuerzas especiales se fueron a Moscú y no tenían con qué reprimir en ciudades más pequeñas. Las autoridades apuestan a la estrategia de Bielorrusia: la gente se cansará y la represión va a cumplir su función. Creen que si mantienen preso a Navalny el gobierno podría aguantar algunas semanas de protestas. El problema es si esto se convierte en una especie de intifada rusa. Por primera vez la policía se enfrentó a la resistencia violenta de quienes protestan. Y además vienen elecciones al Parlamento que puede causar otras conmociones.

El gobierno no puede dejar en libertad a Navalny sin que ello sea considerado una muestra de debilidad, algo que Putin teme más que nada porque sería una señal a los servicios de seguridad de que el jefe está débil, y esto podría causar una crisis en la elite gubernamental. El gobierno prefiere una crisis corta ahora que una crisis sin fin con Navalny en libertad. La incógnita es qué sucede si esta situación dura demasiado tiempo. Ya nadie escucha la propaganda por la TV, excepto gente mayor que no sale ni para protestar ni para apoyar a Putin. Los medios oficialistas dicen que las protestas fueron insignificantes. Pero todo el mundo ve la histeria de las autoridades, que cerraron el centro de Moscú para peatones (algo inédito), frente a lo cual los manifestantes se dispersaron por barrios más periféricos mostrando que están «por todos los lados». El centro, donde hasta las estaciones de metro fueron cerradas, parecía parte de una ciudad bajo estado de sitio. Pero el drama no es Moscú, siempre rica y acomodada, y siempre de oposición, sino las provincias, pobres o ricas pero siempre leales, donde sorprendió la dimensión de la protesta.

¿Cómo está hoy la popularidad de Putin? Hasta ahora había un clivaje claro entre «las capitales» (Moscú-San Petersburgo) y el resto de Rusia, pero desde hace tiempo se ven protestas en otros sitios, incluyendo el extremo oriente.

No tiene sentido seguir las encuestas oficiales, pero incluso ellas registran una caída de la popularidad de Putin hasta 53%. Más o menos independiente, el Levada Center llevan la caída hasta 39%, pero lo más interesante es su nivel de apoyo entre los jóvenes (hasta 35 años): en un año, cayó de 36% a 20% de apoyo. En realidad, el problema está además en que Putin aparece como mentiroso e incluso ridículo. Surgieron miles de chistes, una forma de reacción popular tradicional en política en Rusia. Putin pasa a ser objeto de burlas, incluso cae en el ridículo, y esto es lo peor que le puede pasar desde punto de vista de su imagen. Incluso muchos de los que lo saludaron como gran líder nacional durante la epopeya de la anexión de Crimea ya no lo apoyan.

Lo que se denomina «la provincia» es un mundo heterogéneo, y las grandes ciudades del interior (Novosibirsk, Ekaterimburgo y muchas otras) son un gran problema para el gobierno, incluso electoral. En el oriente, en el Pacífico, la población fue siempre rebelde, muchos son descendientes de los deportados, ahí la violencia es muy posible y no hay temor. Ya provocaron grandes sorpresas electorales, allí las autoridades se sienten débiles, pero las preocupan más Moscú y San Petersburgo, donde se decide la suerte del poder; por eso tanto dinero va a estas dos ciudades. En Siberia oriental (Jakasia, Jabárovsk, Vladivostok), en las pasadas elecciones, ganaron los candidatos spoilers (postulados no para ganar, sino para obstaculizar el triunfo opositor), y la política de Navalny denominada «opción inteligente» llamó a la gente a votar por cualquier candidato con posibilidades de ganarle al oficialismo. En varias regiones ganaron los opositores. En Vladivostok simplemente anularon las elecciones, en Jabárovsk en un año detuvieron al gobernador, provocando masivas protestas diarias y semanales que las autoridades no se atrevieron a reprimir. Estas protestas duraron seis meses. Y las consignas pasaron lentamente de un espirito anti-Moscú, que es inherente a todas las provincias rusas, a las consignas anti-Putin. Pero sin tener liderazgo político ni idea de cómo seguir, las protestas se desvanecieron. Y lo más preocupante es que Navalny, desde su regreso, se convirtió en un instante en un héroe sin temor y en figura unificada de la oposición, que consolida todo el descontento en el interior ruso, que realmente está social y económicamente mal.

Navalny es un nacionalista, aunque parece más abierto a temas como los derechos LGBTI, de las mujeres, etc. ¿Qué lo diferencia ideológicamente de Putin?

Navalny es un nacionalista light. Es un político nato, se apoya en los sentimientos que existen en la sociedad: nacionalismo antiinmigrante, sobre todo contra los provenientes de Asia central, de religión islámica y social-liberal. Sabe que Rusia es un país de izquierda, pero donde los social-liberales ya son derecha, por eso tiene discurso de justicia social y de igualdad, en esencia es un «socialista» en lo social y es liberal en lo económico y en la política, una combinación complicada. El problema no es tanto qué lo diferencia de Putin sino lo contrario, qué tiene de parecido con el presidente. Y esto es el caudillismo, un liderazgo personalista. Por eso algunos lo llaman «joven Putin». Navalny consiguió formar un numeroso grupo de seguidores jóvenes, muy abnegados y sacrificados. En cuanto a la agenda social de feminismo, derechos LGBTI, etc., tiene el discurso muy liberal. Pero su nacionalismo preocupa a muchos porque es antiinmigrante (la inmigración es un gran problema cultural y religioso en Rusia), aunque entronca con la sensibilidad de muchos simpatizantes de Putin. Por ejemplo, Navalny acusa a los oligarcas putinistas de fomentar la inmigración de Asia central para mantener salarios bajos. Tampoco les gusta a los liberales su posición sobre el problema de Crimea, que coincide con la de Putin. Hay que recordar que Navalny fue expulsado a principio de 2000 del partido social-liberal Yabloko por sus posiciones nacionalistas. Sin embargo, la mayoría de los opositores, en la derecha y en la izquierda no oficialista (Frente de Izquierda), apoyan a Navalny por ser capaz hoy de enfrentar a Putin.

¿Qué elementos explican la dimensión de la protesta? No parece ser solo la libertad de Navalny... 

Navalny, en su confrontación con Putin, se convirtió en la figura unificadora contra el régimen, y eso ayuda a aumentar la cantidad de personas dispuestas a salir a las calles por su libertad. Lo que sorprende es que un tercio de ellas salió por primera vez. Se junta el cansancio por la pandemia, la crisis, la erosión de los niveles de vida, lo que contrasta con la opulencia gubernamental. Por eso, el video que publicó el equipo de Navalny sobre un un lujoso palacio en las costas del mar Negro, supuestamente perteneciente a Putin, fue una especie de chispa. De ahí la indignación de Putin. Muchos creen que la detención de Navalny sin ninguna justificación legal es una venganza por esa denuncia. De ser cierto, esto colocaría a Putin ya no en el papel de un líder autoritario, lo que parece no molestarlo mucho, sino en el de un vulgar político corrupto. Después de 20 años de poder personal de Putin, muchos sienten ya mucho hastío.

En un comienzo, Putin tenía una base de apoyo también entre los jóvenes, ¿eso está cambiando?

Es cierto, era más popular entre los jóvenes, pero era la época en que el petróleo estaba a 100 dólares por barril; ahora no hay nada de eso. Los jóvenes se enfrentan a varios problemas: (a) tienen mayor información por internet, viven en internet y no ven televisión, que es pura propaganda; (b) en Rusia casi 90% de los jóvenes (de hasta 35 años) son graduados de la universidad y 80% trabajan en puestos que no corresponden a su especialidad profesional, es decir que la frustración laboral entre jóvenes es muy grande; además, el sistema de Putin, que conforma una elite cerrada, acortó todos los canales de ascenso social; (c) hay también un conflicto de tipo estético: los valores putinistas de la guerra, la masculinidad y el imperio no pegan en la mayoría de los jóvenes, que se muestran bastante sordos a todo eso. Las tentativas de crear un movimiento pro-Putin entre los jóvenes en 2005-2010 fracasó. Sus líderes terminaron apropiándose de los recursos y no cuajó. En el ciclo de protestas anti-Putin de 2011-2012, ellos ni aparecieron… Un gran problema con los jóvenes es que no conocieron la URSS, por eso no tienen el temor a una repetición de las épocas estalinistas que tuvimos todos los que vivimos la época soviética. Ellos no tienen miedo a las policías y salen a enfrentarse de manera abierta.

Muchos cantan «Abajo el Zar» en las protestas... ¿quiénes salen a las calles? ¿Puede formarse allí un nuevo bloque opositor con más suerte que los anteriores en los 20 años de putinismo?

Es un gran enigma… Lo más lógico sería que el partido Yabloko, que tiene personería jurídica para presentar las listas para elecciones, aproveche las protestas y acepte la colaboración con los navalnistas. Ahí cambiaría el panorama político, pero es posible que prefieran mantener su mísera existencia sin conflicto con el Kremlin que pujar por ganar las elecciones (en 2021 hay elecciones legislativas). Es la única opción, porque los demás partidos no oficialistas deben juntar firmas para obtener su personería y las autoridades frenan siempre su registro. Si Yabloko no acepta el apoyo de los navalnistas, el voto de protesta va a ser aprovechado por el Partido Comunista, que hace algunas cosas críticas al gobierno pero es antinavalnista. Sin embargo, las bases del PC y de Yabloko (sus diputados municipales, por ejemplo) ya están con los navalnistas y en pleno conflicto con la cúpula de sus partidos. En perspectiva, no veo lo que muchos siempre quisimos: el pluralismo en el espacio opositor. Navalny sin duda va a monopolizar la posición del líder único, incluso desde la prisión.

En una de las fotos desde la comisaría, justo atrás de Navalny se ve en la pared una foto de Genrikh Yagoda, quien estuvo a la cabeza del KGB entre 1934 y 1936, en pleno estalinismo. ¿Se le dio alguna significación particular a esa imagen en Rusia? Hoy en el país parece haber libertad de expresión por fuera de los canales oficiales. ¿Cómo es la situación?

Pues sí, y es una especie de ironía, ya que Yagoda también fue fusilado por Stalin. Aquí lo comentaron mucho, fue más bien un pretexto para comparaciones con el pasado a mi juicio inadecuadas. De momento se conservan pocos medios absolutamente opositores, como el canal de TV Dozhd (Lluvia) que transmite solamente por internet y es de pago, pero tiene mucha audiencia y casi las 24 horas habla del caso Navalny. Las radios y los periódicos conservan cierta libertad y los hay de línea opositora. Ahora bien, las autoridades ya se enteraron de que los millones invertidos en la propaganda por televisión sirven solamente para convencer a las personas de mucha edad y no sirven ya nada para atraer a los jóvenes, que no ven televisión y menos aún los canales oficialistas, con un discurso y una estética tan anticuados. Por eso el gobierno está buscando formas de controlar las redes sociales y YouTube, Telegram, etc. Y es muy posible que cierren más medios. Mucho depende de que les importe la reacción internacional que siempre puede amenazar su pecunia, que es lo más sagrado. Por eso dan un paso y esperan la reacción interna y externa. Pero Occidente prefiere, como siempre, obtener grandes ganancias con Rusia antes que defender los derechos humanos o civiles, por eso ahora es más importante en Europa la presión de la opinión publica frente a sus gobiernos, sobre todo el alemán y el francés, y ni hablar del italiano, que siempre elige una posición prorrusa, para que corrijan su política hacia Moscú.

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Alexéi Navalni durante la vista judicial en el Tribunal Municipal de Moscú, este martes.AP

El activista llama en la vista judicial celebrada en Moscú a mantener la presión en la calle contra Putin

Un tribunal de Moscú ha condenado este martes al destacado opositor ruso Alexéi Navalni a ingresar en prisión por violar repetidamente los términos de una sentencia por fraude de 2014 y la libertad condicional impuesta entonces, por no presentarse a las revisiones judiciales. A esa condena la jueza le ha restado casi un año por el tiempo que pasó en un arresto domiciliario que cumplió en su momento. La pena efectiva se queda así en dos años y ocho meses. La sentencia supone un desafío a los reiterados llamamientos internacionales que insistían en la liberación de Navalni y puede inflamar la ya alta tensión entre el Kremlin y los seguidores del activista anticorrupción. Las autoridades han desplegado un gran número de antidisturbios en el centro de Moscú y de San Petersburgo y han cargado con gran fuerza contra las personas que han salido a la calle de forma pacífica para protestar por el veredicto. Hay más de un millar de detenciones, según la organización especializada Ovd-Info.

Tras conocer la sentencia, el destacado opositor, que ha pasado el juicio haciendo gestos de cariño a su esposa, Yulia Naválnaya, presente en la sala, solo ha atinado a dedicarle unas palabras. “No estés triste, todo va a salir bien”, ha remarcado antes de que se lo llevasen de la sala, cuando Naválnaya ha roto a llorar. Sus abogados han informado de que recurrirán la condena hasta la última instancia. Se espera que esta semana Navalni sea ya trasladado a una colonia penal (un tipo de cárcel en la que los reclusos deben por lo general trabajar, entre otras cosas). La condena ha suscitado la crítica de Estados Unidos y de la Unión Europea, que han reclamado la liberación inmediata del opositor y se ha mostrado profundamente preocupados por la deriva del caso, cuyo fallo llega, además en vísperas de la visita a Moscú del Alto Representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell. El Kremlin había recalcado ya este martes por la mañana que no admitiría “sermones” de nadie sobre el asunto, ni ningún tipo de injerencia.

El activista anticorrupción, de 44 años, que fue arrestado tras regresar a Moscú desde Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento grave sufrido este verano en Siberia por el que culpa directamente al presidente ruso, Vladímir Putin, ha afrontado el juicio con todas las cartas sobre la mesa: sabiendo que lo más probable es que fuese condenado. Así, ha utilizado la vista para lanzar un impetuoso discurso político. Desde la cabina acristalada en la que tradicionalmente se sientan los acusados, el disidente ha asegurado que seguirá luchando y ha cargado contra Putin: “Por mucho que pretenda ser un gran geopolítico, su principal amargura es que pasará a la historia como un envenenador”.

Las protestas multitudinarias en apoyo al líder opositor de las pasadas semanas no han logrado su objetivo. Tampoco la crítica y la presión de los países Occidentales que habían exigido la liberación de Navalni, convertido en el crítico más visible contra el presidente ruso y el hombre que ha logrado impulsar las mayores movilizaciones de la última década. Las autoridades rusas, que también han procesado a sus principales aliados, ya habían señalado que no se dejarían influir por la presión pública. Y lo han cumplido. Navalni queda ahora no solo apartado de la política ―ya fue vetado en las elecciones presidenciales de 2018― sino también de la calle. La sentencia puede hacer que las movilizaciones sociales se desinflen, pero también dar todavía más altura al opositor e impulsar las protestas.

“Espero de veras que este proceso no sea percibido por la gente como una señal de que deben tener miedo”, ha insistido ante la juez Navalni, vestido con un jersey azul marino con capucha. El activista anticorrupción ha elogiado a las decenas de miles de personas que han salido a las calles en numerosas ciudades de Rusia, pese a las amenazas de las autoridades y los duros arrestos, y ha asegurado que no cesará la lucha política. Y ha vuelto a llamar a nuevas protestas. Este martes, decenas de sus seguidores han acudido a apoyarle en un día crucial a las inmediaciones del Tribunal Municipal de Moscú, que ha amanecido completamente cercado por los antidisturbios y la policía.

Caso ‘congelado’ desde 2014

El hecho de que el caso detrás de los cargos contra el destacado opositor fuese declarado “injusto y arbitrario” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017 ha aumentado todavía más el malestar entre la ciudadanía rusa. El tribunal, con sede en Estrasburgo, condenó a Rusia por violar el derecho a un juicio justo de Alexéi Navalni y de su hermano, Oleg. Ambos fueron condenados en el mismo proceso por malversación de fondos (unos 500.000 euros) en dos firmas rusas, incluida la sucursal en el país euroasiático del gigante de cosméticos francés Yves Rocher.

Estrasburgo falló que Rusia debía pagar 10.000 euros a cada uno de los hermanos Navalni por daños y perjuicios y reembolsar sus costos legales: 45.000 euros para Alexéi Navalni y 18.000, para Oleg. Navalni no tuvo que entrar en prisión, sino que recibió lo que se denomina una “condena suspendida”; su hermano, Oleg sí cumplió la pena completa: tres años y medio en una colonia penal (un tipo de cárcel en la que los recursos deben trabajar por lo general).

Pese a la antigüedad del proceso y el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso siguió quedando ahí, como una bala en la recámara contra el opositor. La sentencia señalaba que Navalni debía permanecer limpio durante seis años tras el veredicto para que la condena fuese anulada definitivamente, pero el opositor ha acumulado desde entonces en su expediente otros delitos, sobre todo relacionados con su participación y organización de protestas anti-Kremlin. Así que el caso denominado Yves Rocher nunca dejó de estar en la nevera. Hasta finales del año pasado, cuando el proceso resucitó y derivó en una nueva causa judicial contra el opositor.

Navalni ha respondido con cierta ironía en el juicio a las acusaciones de la Fiscalía, que defendió que no hay justificación para que el opositor no acudiese a las revisiones judiciales establecidas sobre su caso y ha tratado de argumentar no solo que ya incumplió las citas antes de salir del país sino también que no tenía forma de saber que el activista se encontraba en Alemania, donde fue trasladado sin conocimiento en un avión medicalizado. “Estaba en coma”, ha remarcado Navalni. “¿Podría explicarme cómo pude haber cumplido mejor con mis obligaciones? Primero estaba inconsciente, luego consciente, más tarde tuve que aprender a caminar de nuevo”, ha señalado el destacado opositor, que ha recalcado que incluso el presidente ruso —que se ha referido a él en ocasiones como “el paciente de Berlín” por su hospitalización allí— sabía que estaba en Alemania.

Los abogados de Navalni han argumentado que no se les notificó que se buscaba al activista hasta pocas horas antes de que este fuese inscrito en la lista de personas buscadas por las autoridades rusas. Desde que recuperó el conocimiento, el opositor siempre había asegurado que tenía intención de volver a Rusia. Y así lo hizo pese a la seguridad de que sería arrestado nada más pisar Moscú y que la probabilidad de ser condenado era inmensa.

En la vista blindada de este martes, la juez ha atendido a la propuesta de la fiscal, que había reclamado que se restablezca la condena original de tres años y medio en régimen penitenciario que se le suspendió en 2014, aunque finalmente ha restado el tiempo que el opositor cumplió en arresto domiciliario.

La indignación por el nuevo proceso a Navalni, que desde el 18 de enero se encuentra cumpliendo 30 días de prisión preventiva, sumada al descontento ciudadano por la corrupción, la desigualdad y una situación económica complicada, han encendido las protestas contra el Kremlin, que han sacudido Rusia los dos últimos fines de semana. El domingo, un despliegue policial inédito en las principales ciudades de Rusia y la dura represión de las fuerzas de seguridad no lograron, sin embargo, reducir las manifestaciones, que terminaron con más de 5.100 detenidos en todo el país, algunos bajo una fuerte violencia, el uso de porras y de pistolas eléctricas.

Entre los detenidos está Yulia Naválnaya, la esposa del opositor, que recibió una multa de 20.000 rublos (220 euros) por participar en la manifestación, y que ha estado presente este martes en el juicio contra su esposo. “Te vi en la televisión en mi celda. Dicen que estás violando constantemente el orden público. ¡Chica mala! Pero estoy orgulloso de ti”, le ha dicho Navalni desde el acuario en un costado de la sala de vistas, revestida de paneles de madera, donde el opositor ha permanecido todo el juicio.

Navalni, que se ha hecho conocido por sus revelaciones de la corrupción de la élite política y económica de Rusia, se ha convertido en el crítico más visible de Vladímir Putin. A él y a su supuesto palacio multimillonario dedicó precisamente su último informe difundido en YouTube, que ha espoleado las protestas.

Por María R. Sahuquillo

Moscú - 02 feb 2021 - 17:14

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Para los países de la UE Guaidó es ahora "un interlocutor privilegiado"

Juan Guaidó ya no es considerado presidente interino de Venezuela, sino un "interlocutor privilegiado", declararon ayer los estados de la Unión Europea en un comunicado, al manetener su decisión de rebajar el estatus del líder opositor.

Los 27 países miembros de la UE habían dicho desde el pasado día 6 que ya no podían reconocer a Guaidó, ya que perdió su puesto como jefe de la Asamblea Nacional luego de las elecciones legislativas en Venezuela en diciembre pasado, a pesar de que el bloque no reconoció esa votación.

Tras la disputada relección del presidente Nicolás Maduro en 2018, Guaidó, como jefe del Congreso, se proclamó presidente interino de Venezuela y todavía es reconocido así por Estados Unidos y Gran Bretaña.

El estatus de presidente interino da a Guaidó acceso a fondos confiscados a Maduro por los gobiernos occidentales, además de permitirle acceso a altos funcionarios internacionales.

Los 27 miembros de la UE consideran que ahora él es parte de la oposición, a pesar de una resolución del Parlamento Europeo de la semana pasada para que los gobiernos del bloque mantuvieran el reconocimiento de jefe de Estado a Guaidó.

"La UE repite sus llamados en pro de la libertad y la seguridad de todos los opositores políticos, en particular los representantes de los partidos de oposición electos a la Asamblea Nacional de 2015, y especialmente a Juan Guaidó", se explicó al término de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

"La UE los considera actores importantes e interlocutores privilegiados", se indicó en el comunicado del bloque.

En Caracas, el ex candidato presidencial Henrique Capriles dijo que la oposición debe revaluar su estrategia y sentarse en una mesa de negociaciones con el gobiero para buscar una solución a la crisis política.

"El mundo libre insta a una solución política. Yo sí creo que hay que construir un proceso de negociación", sostuvo Capriles, quien enfrentó a Hugo Chávez en los comicios de 2012 y un año después, tras la muerte del entonces presidente, a Nicolás Maduro.

"Del lado del chavismo hay quienes quieren la negociación", añadió en un encuentro con corresponsales extranjeros en Caracas. "El año pasado hubo un primer esfuerzo, aunque no se llegó hasta el final", lamentó Capriles, quien afirmó que "aún es posible reunificar a la oposición".

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Decenas de miles de rusos salen a la calle por la libertad de Navalni.

En Moscú, donde se registraron los enfrentamientos más crudos entre los manifestantes y la policía y hubo 1.294 detenidos

 

Las autoridades rusas detuvieron durante las protestas de este sábado en apoyo al líder opositor Alexéi Navalni a 3.296 personas en 122 ciudades de Rusia, informó hoy el portal OVD-info.

En las anteriores protestas anticorrupción convocadas por Navalni el 12 de junio de 2017 fueron arrestadas 1.769 personas en más de 150 ciudades rusas, recordó el portal Meduza.

En Moscú, donde se registraron los enfrentamientos más crudos entre los manifestantes y la policía, hubo 1.294 detenidos y en San Petersburgo 489.

Las protestas fueron convocadas por el equipo de Navalni para exigir su libertad y la dimisión del presidente ruso, Vladímir Putin.

El líder opositor se encuentra en estos momentos encarcelado a la espera de juicio, por haber presuntamente violado las condiciones de su pena suspendida dictada en 2014, que podría convertirse en una pena de cárcel real de 3,5 años.

A diferencia de protestas anteriores, que apenas trascendían de las dos principales ciudades rusas, las manifestaciones se registraron por todo el país, siendo las más activas Novosibirsk, Voronezh, Nizhni Nóvgorod, Kazan y Jabárovsk.

El equipo de Navalni calificó estas manifestaciones como las "mayores de la historia rusa contemporánea". "Fue una protesta a escala de todo el país. Le mostramos a Putin nuestra fuerza", afirmaron los seguidores del opositor, al convocar a nuevas manifestaciones para el próximo fin de semana.

Según los opositores, la jornada del sábado significó "una victoria del valor y el espíritu sobre el terrorismo de estado".

El equipo de Navalni llamó a sus seguidores a no dejarse amedrentar por "los propagandistas" del Estado y prometió reembolsar las multas impuestas por las autoridades. 

EFE
Moscú

24/01/2021 09:30

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Svetlana Tijanóvskaya, líder de la oposición en Bielorrusia

Entrevista — Líder de la oposición en Bielorrusia

"Desde el punto de vista europeo, la declaración de los dirigentes tiene que ser más fuerte y tienen que tomarse la situación más en serio", sostiene la líder de la oposición en Bielorrusia

 

En tan solo unos días Svetlana Tijanóvskaya pasó de ser un rostro desconocido a convertirse en el símbolo de la oposición a Aleksandr Lukashenko, apodado a menudo como el último dictador de Europa y presidente de Bielorrusia desde hace más de 26 años. Nunca fue su intención entrar en política, dice.

No era una política profesional ni una activista. Era profesora de inglés que se había dedicado en los últimos años plenamente a cuidar de su familia. Tampoco destaca por su carisma ni deja al descubierto fácilmente su afinidad ideológica. Quizá ha sido todo eso lo que llevó a la oposición a unirse tras la figura de Tijanóvskaya cuando esta decidió relevar a su marido, Serguéi Tijanovski, en su candidatura presidencial tras su encarcelamiento pocos meses antes de las elecciones. Parece una mujer normal que, indignada por la dictadura, decidió dar un paso adelante.

Tras las elecciones de agosto, que según datos oficiales ganó Lukashenko con un 80% frente al 10% de Tijanóvskaya, estallaron protestas multitudinarias en todo el país ante el aparente fraude electoral. Cinco meses después, los manifestantes continúan recorriendo las calles, la represión no cesa y Tijanóvskaya sigue exiliada en Lituania. Lukashenko ha prometido reformas.

Han pasado cinco meses desde las elecciones y el inicio de las protestas ¿Teme que el tiempo beneficie a Lukashenko? 

No, el tiempo juega en su contra. Los bielorrusos ven a dónde está llevando al país. No hay dinero, está subiendo impuestos y la gente ve que el movimiento de protesta continúa. Cada vez hay más personas dispuestas a unirse a las manifestaciones ante la situación actual. También estoy segura de que Rusia empieza a ver la situación de manera diferente porque entiende que Lukashenko es tóxico para los países europeos y para EEUU, que han impuesto algunas sanciones. Así que no, el tiempo no le beneficia.

¿Está perdiendo impulso la oposición?

En este momento no vemos grandes manifestaciones en las calles porque la gente está cansada tras estos meses de protestas. Además, muchos están en la cárcel y ha sido Año Nuevo. Pero ahora vemos que la gente comienza de nuevo a despertar y a salir en manifestaciones de barrio, no en grandes marchas. Estos meses de invierno van a servir para fortalecer la estructuras dentro de la oposición. No creo que haya grandes manifestaciones durante el invierno, pero este movimiento desde las bases volverá a crecer de nuevo en primavera.

Por mi parte tengo un trabajo internacional, y vamos a visitar más países para reunirnos con más líderes. El objetivo es explicar la situación y renovar las relaciones con muchos países que se perdieron durante el gobierno de Lukashenko. Pronto Joe Biden va a empezar su trabajo y pensamos que jugará un gran papel no dentro del país, sino en el escenario internacional. Juntos, los países europeos y EEUU podrán influir de alguna manera en la situación.

Está claro que Lukashenko no renunciará voluntariamente, ¿cuáles deben ser los próximos pasos?

Desde el punto de vista europeo, la declaración de los dirigentes tiene que ser más fuerte y tienen que tomarse la situación más en serio. Esa es nuestra misión ahora: ir a diferentes países, reunirnos con los dirigentes y explicarles por qué tienen que prestar más atención a Bielorrusia. Desde el principio desempeñaron un papel importante en la situación al no reconocer las elecciones. Además, los tres paquetes de sanciones y el informe del Mecanismo de Moscú [de la OSCE] sobre violaciones de derechos humanos fue una gran ayuda, pero Lukashenko está intensificando su violencia, mintiendo y riéndose de la población hablando sobre la reforma constitucional, unión nacional… pero nada de esto es real. Los bielorrusos no le aceptan y lo único que tiene es el poder basado en la violencia. Así que insistiremos en que Europa tiene que tener una voz más fuerte.

Pase lo que pase en el futuro, ¿cree que ha cambiado este movimiento popular el papel de la mujer en Bielorrusia?

Por supuesto. Las bielorrusas han entendido que pueden hacer más de lo que aceptaron de sí mismas. Las decisiones más destacadas las tomaron mujeres, por ejemplo mi caso; el de Maria Kolesnikova, que rompió su pasaporte para no ser deportada; o el de Nina Baginskaya, que es una de las más mayores de las protestas. Los hombres también han tenido un gran papel, pero el comportamiento de las mujeres ha sido fundamental y los bielorrusos no esperaban esa respuesta. Siempre hemos estado en segunda línea y ahora las mujeres han sentido su poder y estoy segura de que en el futuro tendremos un papel igual al del hombre

Usted sustituyó a su marido, que estaba considerado de alguna forma como un candidato prorruso o que, al menos, no amenazaba el statu quo geopolítico. ¿Cuál es su visión de la posición geopolítica de Bielorrusia en relación a Rusia, la UE y la OTAN?

No puedo responder a esta pregunta ahora porque el problema en Bielorrusia no está en tomar este u otro lado. El problema está en la dictadura. No importa lo que diga ahora porque si no tenemos derecho a votar, nuestras palabras no significan nada. Así que estamos luchando ahora para ganar estos derechos. Después, el propio pueblo bielorruso decidirá si quiere estar más cerca de Rusia, Ucrania o Europa. Tiene que ser su decisión. Por supuesto que queremos un desarrollo democrático y creo que los países europeos y EEUU son un mejor ejemplo de democracia. Yo opino que… bueno, no quiero decir lo que opino porque no quiero influir en la forma de pensar de algunos bielorrusos.

¿Cómo describiría el papel de Rusia durante la actual crisis política en Bielorrusia?

En primer lugar, después de las elecciones, Rusia apoyó con fuerza a Lukashenko, incluso dándole dinero. Moscú no esperaba que nuestra revolución durase tanto tiempo porque ya tuvimos una especie de levantamiento en 2010 y 2012, pero esta vez es diferente y el Kremlin no se lo esperaba. 

Estoy segura de que no ha sido agradable para el Kremlin tratar con Lukashenko en esta situación porque han visto que Lukashenko ha perdido todo su apoyo en Bielorrusia, Europa, Estados Unidos... Se está volviendo tóxico para todo el mundo y tratar con esta persona no tiene recorrido a largo plazo. Estoy segura de que están buscando la manera de terminar con esta situación, pero hacerlo de una forma que evite la humillación de Lukashenko. Como si dimitiera voluntariamente y no por la oposición. Por eso él ha empezado a hablar de reforma de la Constitución, reconciliación nacional…. Pero la gente no está de acuerdo y sabe que se trata de un juego político. Lukashenko está en la quiebra política. Es cuestión de tiempo.

Hemos visto sanciones, declaraciones, premios de derechos humanos… ¿Qué pide ahora a los Estados de la UE? ¿Qué pueden hacer?

Lo primero es ignorar totalmente a Lukashenko y a su gente. No aceptarlos como figuras políticas y aumentar la presión para inciar, al menos, un diálogo. Otra parte importante es el apoyo a la sociedad civil. Es una pena, pero para sobrevivir en esta batalla desigual, la gente necesita ayuda financiera. Los estudiantes necesitan apoyo porque son expulsados de las universidades, los trabajadores son expulsados de las fábricas... Nuestro deber es apoyar a esas personas. El tercer punto al que Europa tiene que prestar atención es la justicia. No hay ley en Bielorrusia, absolutamente ninguna ley. Estamos buscando esta justicia en el extranjero. El primer caso de investigación sobre la base de la jurisdicción universal por una persona herida se ha abierto en Lituania. Ahora estamos tratando de iniciar los mismos procesos en otros países. Los países europeos no deberían permitir la impunidad en Bielorrusia. No pueden cerrar los ojos ante lo que está pasando. 

¿Aceptaría un diálogo y negociación con Lukashenko?

Desde el principio declaramos que esta crisis política debe resolverse sólo a través del diálogo. No queremos ningún tipo de violencia o guerra. Queremos sentarnos y hablar sobre el futuro. Hemos intentado iniciar este diálogo de muchas maneras. Hemos pedido ayuda a líderes políticos independientes, hemos intentado iniciar el diálogo a través de la OSCE... pero no ha habido respuesta. Para Lukashenko es más fácil fingir que todo va bien, que no pasa nada. Sin embargo, seguimos insistiendo en este diálogo porque somos gente civilizada. No es necesario tener toda esta violencia. Por supuesto, no nos importa que el propio Lukashenko esté en la mesa, pero estamos seguros de que no estará porque, en primer lugar, para él sería una humillación sentarse con la oposición. Por eso pensamos que serán otros representantes del poder, no él.

¿Volverá a Bielorrusia?

Por supuesto que volveré, pero cuando me sienta segura. Si tenemos este diálogo, estoy lista para volver a Bielorrusia, pero con el apoyo de observadores internacionales. Ahora hay dos casos penales abiertos contra mí en Bielorrusia y ya no me creo a estas autoridades. Si tuviese apoyo internacional, volvería.

¿Teme por la seguridad de su familia?

Ahora tengo miedo sobre todo por mi marido que está en la cárcel y es como un rehén en esta situación. Me siento bastante segura en Lituania y en las visitas internacionales, aunque no sé hasta dónde llegan los brazos del Gobierno. Ha habido tanta atención sobre Bielorrusia que no creo que me eliminen físicamente. La gente en Bielorrusia está en mucho más peligro que yo.

¿Habla con su marido?

No. Solo hablé con él una vez por teléfono después de que Lukashenko visitara la cárcel, pero nos comunicamos a través del abogado que lo visita dos veces por semana. Y por supuesto también nos escribimos cartas.

Y por último, ¿podría contarme la historia detrás de ese extraño vídeo publicado en agosto en el que aceptaba los resultados electorales y en el que pedía a la gente que parase de manifestarse antes de su exilio a Lituania?

Fui a la Comisión Electoral Central para llevar documentos que demuestran que estamos seguros de que las elecciones fueron amañadas. Allí había altos cargos y tuvimos una larga conversación en la que me forzaron a salir del país. Me dijeron que me daban la oportunidad de salir si leía ese papel o me meterían en la cárcel durante mucho tiempo.

¿La amenazaron?

Sí, y fue una gran presión psicológica. No estaba preparada para eso. Estaba muy asustada y tomé la decisión de huir, pero no paré. Si hubiese investigado sus métodos, hubiese visto que obligar a huir a la gente era su forma de trabajar. Entonces quizá hubiese actuado de forma diferente. No lo sé. En ese momento estaba muy asustada, pero gracias a la gente que me apoyó en ese momento, no me rendí y continué de alguna forma la presión desde el extranjero. El gran error de Lukashenko fue tratar así a la gente después de las elecciones: golpearles, dispararles… No perdonarán todas esas atrocidades.

Por avier Biosca Azcoiti

16 de enero de 2021 22:18h

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Publicado enInternacional
Sábado, 09 Enero 2021 06:50

Desafíos

Desafíos

Más allá de la obvia necesidad de vencer la pandemia del Covid-19, reto mayúsculo que comparte con todos los países, Rusia afronta en este 2021 tres desafíos que van a marcar el quehacer interno y la política exterior del Kremlin en los años venideros.

El primero, aunque igual de importantes son los tres, se da en su entorno más cercano: el espacio postsoviético. Ya no se trata de recuperar el papel de liderazgo que, tras el colapso de la Unión Soviética, se atribuía Rusia en función de su extensión, población, tamaño de su economía y arsenal nuclear, sino de que los procesos que cimbran por encima de su voluntad las repúblicas ex soviéticas (protestas en Bielorrusia; revueltas en Kirguistán; derrota vergonzosa de Armenia, su aliado, en la guerra con Azerbaiyán; cambio de gobierno en Moldavia; conflicto territorial irresuelto en Ucrania; tensiones con Georgia y Kazajstán) no tengan efecto contaminante y se reproduzcan en el territorio ruso y, sobre todo, que ningún país de la antigua órbita avance hacia su eventual integración en la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Recomponer la deteriorada relación con Estados Unidos y, por extensión, con la Unión Europea, es el segundo desafío. Es poco probable que los nexos de Moscú con Washington mejoren con Joe Biden en la Casa Blanca y, si con Donald Trump, a pesar de la supuesta química con Vladimir Putin, sufrieron un retroceso como nunca antes, ya no pueden ser peores con mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso. La presión sobre Rusia se incrementará, lo cual no es un signo alentador para proponer un borrón y cuenta nueva, como pretendía Putin al promover una suerte de reparto del mundo, como redición actualizada de la cumbre de Yalta, que no se pudo llevar a cabo ni por videoconferencia.

Y el último desafío es lograr, mediante la renovación de la composición de la Duma y bloqueo de la oposición con todo tipo de leyes represivas, que el creciente descontento de la población por el desplome de su nivel de vida –consecuencia no sólo de la pandemia– no altere la intención de mantener la situación de privilegio de la élite gobernante a costa de la mayoría de los rusos.

Cuando concluya el lunes siguiente el superpuente con que Rusia –entre Año Nuevo y la Navidad ortodoxa– empezó 2021, volverá a percibirse la gravedad de estos grandes desafíos.

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