Un país en remate: transnacionales y empresarios locales festejan las políticas de Maduro

Se hacen concesiones, se privatizan o directamente se rematan. Maduro sigue en carrera en su curso privatizador y entreguista. Bajo el secretismo que le da la Ley “antibloqueo” el Gobierno opera aceleradamente y hasta los medios económicos internacionales lo remarcan como “positivo”. "La Ley Antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!", expresa Maduro.

Avanzan con toda una cadena de privatizaciones de empresas con total discrecionalidad en el marco de todo el secretismo de la Ley “Antibloqueo”. Un país a remate llevado a cabo por el Gobierno de Maduro. Todos lo festejan, aunque algunos le cuestionan que no se realiza como en los años 90, observando la cuestión de la discrecionalidad, pero no el entreguismo, como si la relativa “transparencia” del remate de entonces (por ser un régimen de varios partidos y sin el nivel de autoritarismo actual) no hubiese implicado negociaciones a espaldas de los intereses de los trabajadores y el pueblo, y los más variados secretos para beneficiar tanto a compradores transnacionales y locales como agentes del Estado.

En medio de una flexibilización de los controles de cambio y de precios y de la bendición por parte del Ejecutivo al uso de divisas en el país, el gobierno de Maduro ha entregado a inversionistas privados extranjeros y nacionales el manejo de importantes compañías de sectores estratégicos. “En un sentido, la revelación del impulso privatizador de Venezuela es un claro avance positivo” se jacta en decirlo la agencia especializada en noticias económicas Bloomberg.

Hace menos de seis días, el viernes 19 de febrero Maduro anunció que el país tomará "medidas audaces" para la "recuperación integral y definitiva" de la industria petrolera. Recalcando que toda la industria de hidrocarburos del país está abierta a la inversión extranjera. "Con la Ley Antibloqueo vamos a buscar buenos socios internacionales que traigan capital, tecnología y mercado para la gran industria de Venezuela", sostuvo. Un país llevado a la quiebra se pone en venta.

Al mismo tiempo indicó que ya están en marcha las negociaciones de contratos para inversionistas internacionales, especialmente con empresas de Turquía, India, China, Rusia y algunos países de Europa, por lo que también extendió la invitación a empresarios estadounidenses para sumarse a estas propuestas de “negocio”. "Quiero decirles a los inversionistas de los EE.UU. de Norteamérica que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense, para trabajar en una sociedad ganar-ganar", manifestó.

Se trata de todo el curso entreguista y privatizador de Maduro, como lo hemos venido denunciando desde este diario, e incluso impulsando campañas unitarias contra todo este curso de remate del país en medio de la catástrofe económica que se vive durante ya más de siete años.

Además de las transnacionales todos los grupos económicos del país lo celebran. A nivel local van desde los tradicionales sectores económicos como los que emergieron con el chavismo y los propios burócratas del Estado que con el concurso de testaferros participan del festín.

Mientras hay un mundo abajo, todo el pueblo, el de las grandes mayorías, que en un curso dolarizador de la economía, ven hundirse cada vez más en sus condiciones de vida. La Venezuela profunda, la de los trabajadores y las mayorías populares, queda condenada a la pobreza extrema, mientras se remata el país, mientras un puñado de capitalistas locales y extranjeros, y las clases altas, se hacen cada vez más ricos adueñándose de activos y del erario público, así como aprovechando toda la rienda suelta -exceptuándolos de todo tipo de impuestos- que el Gobierno les ha dado para sus negocios, llevando la buena vida.

Y lo constatan los propios empresarios. El pasado miércoles 27 de enero también hubo otro festejo, esta vez en la sede de la principal cámara empresarial del país. La llamada Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz de la nueva Asamblea Nacional (AN) encabezada por Jorge Rodríguez, y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) se reunieron en la propia sede de Fedecámaras. El mismo presidente de Fedecámaras lo decía, “jamás una comisión de tan alto nivel se ha reunido con nosotros, y menos en nuestra casa”.

Es claro, y así lo han hecho resaltar, que el encuentro entre los jerarcas del chavismo y dirigentes empresariales es para darle continuidad a nuevas reprivatizaciones -como las que han ocurrido sobre todo desde el año pasado con compañías que estaban en manos del Estado. Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles, entre otras empresas, han sido transferidas a operadores privados en las así llamadas alianzas estratégicas.

En el sector agroindustrial, supermercado y hotelería muchas empresas han pasado a manos de privados. Entre las que han tomado relevancia noticiosa se encuentran los supermercados Éxito y Agropatria (una empresa de suministro agrícola del tamaño de un monopolio nacionalizada en 2010) donde ahora más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas son administradas por el Grupo Agrollano 2019 C.A; Lácteos Los Andes (una gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el gobierno en 2008) la estaría manejando un grupo iraní anónimo; Fama de América (productora de café) está en proceso de laudo arbitral; Industria Azucarera Santa Elena en Portuguesa pasó a manos del grupo Generoso Mazzoca, y el Central Azucarero Pío Tamayo ubicado en El Tocuyo, municipio Moran, desde finales de 2020 lo administra el Consorcio Veinca C.A.

Empresarios destacan el giro gubernamental. “El Gobierno de Maduro dio un giro en U a multas de 2019 al promover un capitalismo salvaje”, se da el lujo de decir el jefe de la Red de Alimentos de Venezuela, Rodrigo Agudo. Este empresario resalta que el Ejecutivo “dejó de recaudar impuestos sobre determinadas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y a otros actores comerciales a invertir de origen desconocidos en empresas locales”.

Asimismo, puntualiza que “Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. La publicación del año pasado de la Ley antibloqueo otorgó a los acuerdos una base legal, eludiendo regulaciones como los procesos de licitación”.

Pero no todas las empresas seleccionadas por el gobierno para asociarse están generando interés, tampoco lo fue en los ‘90. Ni tontos que son los capitalistas para hacerse de empresas en las que consideran que no es un negocio rentable.

El gran negocio petrolero [1]

Pero hasta aquí hemos mencionado toda una serie de empresas que no tienen la envergadura de la industria petrolera, del sector hidroeléctrico, telefonía o industrias básicas como las de Guayana. Justamente es en el sector petrolero donde el camino de las privatizaciones se ha venido en un avance constante desde hace ya varios años.

El Gobierno ha otorgado a las empresas locales y extranjeras más control sobre los activos administrados en campos petroleros y plantas de compresión de gas. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas como PetroSinovensa y Petrozamora, para solo mencionar algunas.

Sobre la privatización en la industria petrolera hemos escrito por extensión un artículo titulado “Petróleo, geopolítica y el saqueo en curso en Venezuela” en el cual hacemos un recorrido de los últimos seis años a todo este proceso de “apertura”, donde además del sector petrolero abordamos el gasífero y petroquímico.

En el mismo indicamos cómo en medio del colapso económico Venezuela se ha transformado en la gran oportunidad para aumentar el saqueo por parte de las grandes transnacionales, e incluso de grupos económicos locales, en medio de todo el proceso que se ha abierto hacia lo que no puede llamarse sino la privatización de la industria petrolera. Incluso señalamos que, con sus importantes diferencias, tanto el Gobierno de Maduro como la oposición de derecha se muestran garantes de este retroceso.

Pero se trata de un curso que sigue dando pasos agigantados, ahora amparados por la Ley “antibloqueo” en el mayor secretismo de Estado, que no permite seguirle el paso minucioso con detalle a todo este proceso entreguista. Peor aún, se puede penar con años de cárcel si alguien se atreve a publicar todos estos entramados y negociatas que se llevan a cabo.

Y Maduro vuelve a recalcar en este mes de febrero “que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense”. "La Ley Antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!", expresa Maduro. Se trata de un gran pillaje que implica un nuevo gran saqueo a la nación, dividiéndose zonas de explotación, tal como vienen operando los más diversos países desde Estados Unidos, históricamente el país que más ha saqueado el petróleo venezolano, hasta Rusia, China, Turquía y diversos pulpos petroleros europeos.

Como concluíamos en el artículo antes señalado, enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo en curso, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como también la que propone la de la oposición de derecha, es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador.

 

[1] Para una mayor comprensión de la importancia del petróleo en los últimos 100 años del país recomendamos la serie de trabajos escritos por Ángel Arias titulados “El cuento de nunca acabar (o ¿quién puede sacarnos del atraso y la dependencia?)” que pueden leerse aquíaquí y aquí.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Miércoles 24 de febrero | 20:00

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Joe Biden firma la orden ejecutiva acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris y el enviado especial para el clima John Kerry | Foto: Mandel Ngan/AFP

El nuevo presidente de EE. UU. lanzó una batería de medidas con las que se propone que el país lidere el combate a la crisis climática global. La letra chica más allá de las frases solemnes.

 

"No vamos a prohibir el fracking, vamos a proteger y aumentar los empleos”. La frase de Joe Biden este miércoles en la Casa Blanca no deja lugar a dudas: aunque la "suspensión del fracking" haya copado los titulares, en verdad la agenda climática presentada por el mandatario no es más que llevar a la práctica lo que había declarado en campaña, cuando expresó: "Nunca dije que me opongo al fracking: dije ’no al fracking en terrenos federales’". Queda claro: Biden no prohibirá la fractura hidráulica en el 90 % restante del territorio.

El presidente demócrata tiene una ventaja: en vistas del grosero negacionismo de Donald Trump, cualquier tibia medida respecto a la crisis climática y ecológica mundial será recibida como un gran avance para combatir un escenario que los científicos, a la luz de la evidencia, piden que se trate como una emergencia.

En conferencia de prensa junto a la vicepresidenta Kamala Harris y el enviado presidencial especial sobre el clima, John Kerry, anunciaron la creación de nuevos roles climáticos, miles de puestos de trabajo y la restauración de la “integridad científica” en su administración.

Biden cumplió con la promesa de reincorporar al país al Acuerdo de París, del que había salido oficialmente en noviembre tras años de gestiones del Gobierno de Trump. Además, suspendió el resistido oleoducto Keystone XL. “Necesitamos un Keystone por día. Eso es lo que realmente significa ‘quedarse sin tiempo’”, respondió Peter Kalmus, reconocido científico y activista climático estadounidense, tras el anuncio. Para el especialista, el Acuerdo de París, que ya cumplió cinco años, no está “ni cerca” de las acciones que realmente se necesitan.

"Nos estamos quedando sin tiempo” es una de las frases predilectas del flamante presidente norteamericano en lo que a la crisis climática refiere. Con su batería de medidas busca mostrar compromiso por parte de Estados Unidos, ausente en las cumbres climáticas de los últimos años pese a ser el segundo país más contaminante del mundo.

Entre sus objetivos figura el “empoderamiento” de trabajadores y empresas estadounidenses para que lideren lo que llama “una revolución de energía limpia” para que el sector energético se independice del carbono para 2035, comprometiéndose en un “camino irreversible” hacia una economía con cero emisiones para 2050. Una concepción curiosa de lo que significa “quedarse sin tiempo”.

Tras cuatro años de desfinanciamiento de las políticas ambientales y promoción de más actividades ecodestructivas (el último intento de Trump fue la oferta de licencias para la explotación petrolera en el Ártico, que resultó fallida por falta de participación), el comunicado de prensa de la Casa Blanca enfatiza que las medidas climáticas de Biden apuntan al "talento y la capacidad de innovación" de los trabajadores, a revitalizar el sector energético de EE. UU., conservando los recursos naturales, aprovechándolos camino a “un futuro de energía limpia, creando empleos bien remunerados, con la oportunidad de afiliarse a un sindicato, y brindando justicia a las comunidades que han sido sometidas a daños ambientales”.

La potencia imperialista es el segundo contaminante a nivel mundial detrás de China. Como tal tiene la posibilidad de arruinar ecosistemas y disparar verdaderas “bombas climáticas” con una mera orden ejecutiva. Barack Obama, del que Biden fuera vicepresidente durante ambos mandatos, se jactaba de ser el que más pozos petroleros perforó, habilitando la fractura hidráulica pese al repudio de las comunidades por la contaminación, la destrucción y el riesgo sísmico.

Biden suspende nuevas licencias, pero no erradica el fracking. Desde 2010 en adelante, en plena era Obama, esta práctica se multiplicó exponencialmente, por lo que para acercarse a sus compromisos de “energía limpia” y “cero emisiones” Biden debería desandar el camino de la administración demócrata previa y el innegable aporte republicano de los últimos años. Y eso solo en el territorio norteamericano.

Estados Unidos intenta adecuarse cinco años después a los objetivos del Acuerdo de París. Ahora los expertos coinciden en que, aun si todas las naciones firmantes cumplieran sus premisas, el calentamiento rondaría los 2.6 – 3.1° C para 2100, mucho más que el límite de aumento de 1.5º C que fijó el tratado climático, suba de temperatura a la que nuestro planeta llegaría entre 2030 y 2052. El último umbral de seguridad al que podríamos aspirar.

Es claro que se necesita mucho más que no ser Trump para combatir un escenario de posible colapso climático y ecológico. Las medidas insuficientes, simbólicas y tardías de la mayor potencia mundial no hacen más que confirmar lo que decían los letreros en las masivas movilizaciones climáticas: “Hay que cambiar el sistema, no el clima”.

Algunas de las medidas de Biden-Harris

  • • Ubica la crisis climática en el centro de la política exterior y de seguridad nacional y se plantea ejercer “liderazgo” para subir la ambición global en el combate a la situación. Para ello parte de los objetivos del Acuerdo de París, por lo que EE. UU. se pondría a tono con la Contribución Determinada a Nivel Nacional que le exige a todos los firmantes.
  • • Biden será anfitrión de una Cumbre de Líderes Climáticos el 22 de abril, Día de la Tierra, y volverá a convocar al Foro de Grandes Economías. Creó un nuevo cargo, que ocupa John Kerry: enviado presidencial para el clima, que integrará el Consejo de Seguridad Nacional y, según la resolución, actuará como “presión” norteamericana para apuntalar los compromisos en foros internacionales. En lo que respecta a la situación doméstica y sin brindar mayores precisiones, Biden encargó a Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional, que confeccione un reporte sobre las implicancias de seguridad vinculadas a la crisis climática.
  • • Se crea la Oficina de Política Climática Nacional de la Casa Blanca, dirigida por un asesor climático nacional y un asesor climático nacional adjunto. Tendrán despacho en la Casa Blanca y coordinarán e implementarán la “agenda climática” del presidente. También habrá un Grupo de Trabajo Nacional sobre el Clima, con veintiún líderes de distintas carteras, es decir, una suerte de gabinete climático.
  • • Con el espíritu de “liderar con el ejemplo” y de acuerdo con el plan de recuperación económica impulsado por Biden, en el cual afirman que los empleos en energías limpias son un pilar, les ordena a las agencias federales que se abastezcan de energías limpias y libres de carbono y vehículos que no contaminen. Con esto aspiran a crear miles de puestos de trabajo en el sector, "bien pagos y sindicalizados", inspirados en la orden de “Compre norteamericano”.
    • Entre las medidas que más “revuelo” causaron se encuentra la orden al secretario de Interior para que suspenda nuevas licencias de petróleo y gas natural en tierras y aguas federales. A su vez, sin darlas de baja, le pide una “revisión profunda” de todas las concesiones vigentes hasta la fecha en el área de combustibles fósiles. Se eliminan a su vez los subsidios al sector y se busca identificar cómo “duplicar la producción de energía renovable a partir de la energía eólica marina para 2030”.
    • Quieren reconstruir la infraestructura para adaptarla a una “economía sustentable”: prometen crear empleos en construcción, manufactura, ingeniería y otros oficios especializados para reducir la contaminación climática.
    • Se propone conservar el 30 % de tierras y océanos hacia 2030 y llaman a crear la Iniciativa del Cuerpo Civil del Clima para que la población ayude a restaurar y conservar tierras y aguas públicas, reforestando y protegiendo la biodiversidad. También solicita al secretario de Agricultura que recopile información de agricultores, ganaderos y otros sectores interesados sobre cómo fomentar prácticas agrícolas “climáticamente inteligentes” para reducir y secuestrar carbono.
    • Crea una suerte de grupo asesor, coordinado por el asesor climático nacional y el director del Consejo Económico Nacional, para ayudar a las comunidades de plantas de energía de carbón y a las áreas de gas y petróleo para avanzar en reducción de emisiones de gases tóxicos y GEI, previniendo el daño a sus comunidades.
    • Habla de “justicia ambiental” y “estímulo de oportunidades económicas”: Biden solicita a cada cartera de su Gobierno el desarrollo de políticas que aborden “los impactos desproporcionados en la salud, el ambiente, la economía y el clima en las comunidades desfavorecidas” y crea dos organismos asesores en materia de justicia ambiental. Crea la Iniciativa Justicia40 por la que se comprometen a entregar el 40 % de los beneficios generales de las inversiones federales a comunidades desfavorecidas.
    • Se restablece el Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del Presidente. A su vez, Biden firmará un memorando cuyo objetivo declarado es “proteger a los científicos de la interferencia política” que garantice que puedan pensar, hablar y aportar libremente información valiosa para el país. A las dependencias de su Gobierno les pide que tomen decisiones basadas en “la mejor ciencia disponible”, ya que “la interferencia política inadecuada en el proceso científico, con el trabajo de los científicos y en la comunicación de hechos científicos socava el bienestar de la nación”.

Por Valeria Foglia

@valeriafgl | Editora de Ecología y ambiente

Miércoles 27 de enero | 20:00

Publicado enMedio Ambiente
Lunes, 26 Octubre 2020 05:33

Energía y país

Energía y país

Se atribuye a Ahmed Zaki Yamani, quien fue ministro de Petróleo de Arabia Saudita, haber dicho hace 20 años que "la Edad de Piedra no se acabó por falta de piedras; la edad del petróleo acabará mucho antes de que el mundo se quede sin petróleo".

Poco antes de eso Don Huberts, quien trabajaba en el área de hidrógeno de la compañía petrolera anglo-holandesa Shell, señaló en la revista The Economist (julio de 1999): "Ciertamente no pienso que el petróleo se agote durante mi vida. Pero puede haber una falta de petróleo barato"; se refería a esa misma expresión sobre la Edad de Piedra de que "acabó porque las herramientas de bronce se hicieron más baratas".

Según ciertos análisis económicos de la industria energética, contar con nuevas energías renovables es ya más barato que operar las plantas productoras de carbón y la tendencia descendente de los precios relativos es continua. Forbes señaló en fechas recientes que para 2025 costará más operar todas las plantas carboníferas en Estados Unidos que remplazarlas con equipos solares y de viento en un margen de 35 millas de cada planta.

Hay muchos gobiernos y empresas que fijan metas de 100 por ciento de energías limpias y, con ello, una nueva demanda de trabajadores y técnicos para diseñar, construir, instalar y operar paneles solares y turbinas de viento y las redes de distribución. En Estados Unidos, una de las confrontaciones al respecto en las próximas elecciones gira en torno del impulso al carbón de Trump y las nuevas energías que apoya Biden.

Ésta es la transición desde el carbón a una economía limpia, con el desarrollo de nuevas industrias, empleo, capacidades de trabajo y de gestión empresarial, junto con nuevas tecnologías y formas de financiamiento. Véanse, por ejemplo, las metas fijadas en California para el uso único de autos eléctricos en 2030 y lo que significa para las gasolinas.

Éste es un proceso que Schumpeter denominó "destrucción creativa", a la que consideraba la base del proceso de cambio, desarrollo económico y generación de riqueza. Podrá, sin duda, ser un factor adicional de distancia entre los países más y menos desarrollados y, también, fuente añadida de desigualdad social.

El informe más reciente del Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas apunta que en 2019 aumentó la capacidad de generación de energía limpia; que ese aumento se consiguió con casi la misma inversión de 2018 (cifrada en 282 miles de millones de dólares), esto es, a menores costos.

La meta de limitar el alza de la temperatura del planeta por debajo de 2 grados centígrados para 2030 está vinculada con el desenvolvimiento esperado de esta industria y las tecnologías disponibles. La inversión en energías renovables en Estados Unidos creció 28 por ciento en 2019 aprovechando los beneficios fiscales que existieron, superando el monto registrado en Europa.

La publicación Energy Strategy Reviews plantea la transición energética como un fenómeno de suma relevancia en la industria. Las mayores empresas petroleras del mundo se posicionan cada vez más para transformarse en empresas de energía, lo que constituye un modelo económico muy diferente.

De las ocho petroleras más grandes, cinco han emprendido una inversión cuantiosa en energías renovables y en función de sus reservas probadas de crudo.

En el caso, por ejemplo, de British Petroleum, desde 2018 se planteó que su segmento de energía renovable sea su fuente de más crecimiento, con una expansión al quíntuple para 2040, hasta proveer alrededor de 14 por ciento de la demanda global.

A pesar de que no se ha llegado a la cúspide de la demanda de crudo, los expertos esperan que esa situación ocurra a medida que baje la demanda. De ahí se desprende la relevancia cada vez más grande del viento y el sol en la industria, con todo lo que eso representa para el conjunto de las actividades económicas, la productividad, los patrones del empleo y las corrientes de la inversión, además de la manera como muchos gobiernos se adaptarán a las nuevas condiciones. La transición en la industria energética representa un cambio radical en los modelos de negocio, su gestión y operación. Los costos de capital son diferentes, su asignación también y los determinantes de los flujos de ingreso y gasto para las empresas.

La transición ya está en curso y en no menor medida por las exigencias del cambio climático y las repercusiones sociales que provoca.

La intensidad y velocidad de la transición puede acelerarse. Las empresas petroleras y los gobiernos que se rezaguen incurrirán en grandes costos sociales y económicos.

En México el modelo energético está anclado en una concepción de la propiedad estatal y del usufructo de los excedentes por medios fiscales por parte del gobierno. La producción de energía del petróleo y la generación de electricidad podrían resolver problemas a corto plazo, por cierto cada vez más corto y más caro. Y después quedar fuera de la nueva fase de desarrollo de las fuentes de energía y su uso productivo.

El significado de todo esto es de enorme relevancia y gran riesgo para un modelo político de reducción de la pobreza y la desigualdad y, sobre todo, dada la menguada capacidad de crear empleo e ingresos, de generar riqueza de modo sostenido. Energía y políticas públicas están entrelazadas y merecen una atención privilegiada, apropiada y oportuna.

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Sábado, 10 Octubre 2020 05:59

El motor del capital

Protesta fuera de la Suprema Corte de Nueva York durante el primer día de juicio a Exxon Mobil. AFP, ANGELA WEISS

Exxon Mobil y sus compromisos con el cambio climático

 

Una reciente filtración de documentos internos del gigante petrolero Exxon muestra que la firma planea para los próximos cinco años un masivo aumento de su producción y de sus emisiones contaminantes, a sabiendas de sus consecuencias devastadoras en el clima. Mientras tanto, continúa haciendo promesas de responsabilidad empresarial.

Hace ocho años, 20 gobiernos encargaron una investigación acerca de las potenciales víctimas mortales del cambio climático si no se toman medidas para mitigarlo. Se examinaron las diferentes maneras en las que el fenómeno puede resultar en una catástrofe en masa: el hambre, el calor, los desastres «naturales» y las enfermedades. De acuerdo a las proyecciones obtenidas por el Foro de Vulnerabilidad Climática y la ONG internacional DARA se estimó que, para 2030, 700 mil personas alrededor del mundo morirán anualmente por causas directamente vinculadas al cambio climático.

Y eso tan sólo serán las víctimas fatales inmediatas. Cientos de millones de vidas humanas serán radicalmente transformadas por fenómenos climáticos extremos, la desertificación y el creciente nivel del mar. Esto causará, se estima, nuevos patrones migratorios, especialmente entre los miles de millones que viven en la pobreza, muchos de ellos en zonas de alto riesgo climático. A ello le seguirán nuevos conflictos geopolíticos. Ningún Estado será invencible y ningún estilo de vida será inmune a ese proceso.

Sin embargo, el país que hoy es el mayor productor mundial de petróleo y gas natural está, con Donald Trump a la cabeza, en plena cruzada desreguladora en materia de política ambiental, en franca oposición a cualquier consejo de la comunidad científica (no muy diferente a lo que hace por su parte su aliado Jair Bolsonaro, véase «Marcadoafuego», Brecha,2-X-20). Los grandes productores petroleros estadounidenses operan prácticamente librados a su buena voluntad. Y, como demostración de sus buenas intenciones, no escatiman en bellas promesas.

 

ECOLOGISMO PETROLERO

 

El año pasado, en un encuentro de la Business Roundtable (BP) –una asociación de gerentes generales estadounidenses–, varias compañías petroleras se comprometieron a «respetar a los miembros de nuestras comunidades y proteger el ambiente adoptando prácticas sustentables en nuestros emprendimientos». También en 2019, los ejecutivos de BP, Exxon Mobil y otras empresas del ramo publicaron un comunicado conjunto en el que prometen tomarse muy en serio el cambio climático.

Pero las corporaciones existen para un propósito y se someten a una única disciplina: la de generar ganancias. Pueden ceder voluntariamente frente a dilemas éticos por la simple razón de mejorar sus relaciones públicas, restaurar la confianza del público y así remover varios obstáculos (por lo general de índole político) en su carrera por la maximización de ganancias. Si en cambio sienten que sus compromisos públicos no están siendo del todo útiles para ese fin, no dudan en romperlos.

Un buen ejemplo es el de Exxon Mobil; en 2015 la compañía se volvió centro de un escándalo de proporciones mayúsculas cuando periodistas e investigadores revelaron que sus ejecutivos sabían sobre la amenaza que representaba el cambio climático desde los años setenta. A pesar de ello, Exxon Mobil se dedicó durante décadas a mentir de forma reiterada, quitarle gravedad al problema, financiar a negacionistas del cambio climático y continuar como si nada con sus devastadores operaciones petrolíferas.

La revelación y el escándalo resultante llevaron a una petición firmada por 350 mil personas para que el Departamento de Justicia estadounidense investigara a la empresa. En plena campaña electoral, los dos candidatos demócratas de aquel momento, Hillary Clinton y Bernie Sanders, se hicieron eco del reclamo.

Para Exxon Mobil fue una catástrofe. En pos de paliar los daños a su imagen, sus ejecutivos empezaron a hacer promesas, una detrás de otra. Ahora en la web de la compañía puede leerse: «Creemos que los riesgos asociados al cambio climático demandan acciones concretas y se necesita de todos nosotros –empresas, gobiernos y consumidores– para lograr un progreso real».

En una maniobra no falta de ingenio (o de inconmensurable cinismo), la firma petrolera ahora presenta sus viejas investigaciones internas –otrora celosamente escondidas– como una muestra de su compromiso con la causa: «Los científicos de Exxon Mobil han estado por décadas en la primera línea de la investigación climatológica, trabajando junto con los mayores expertos mundiales en la materia».

 

PLAN DE EMISIONES

 

Pero ¡sorpresa!: Exxon Mobil nos ha vuelto a mentir. Una explosiva filtración publicada por la consultora empresarial y agencia de noticias Bloomberg este lunes 5 revela que la empresa «ha venido planeando un incremento anual de sus emisiones de dióxido de carbono del tamaño de lo emitido anualmente por Grecia» y que «las estimaciones realizadas por la propia Exxon de su nueva estrategia de inversión de 210.000 millones de dólares indican un incremento anual de sus emisiones de 17 por ciento para 2025». La estimación sólo tiene en cuenta las emisiones generadas durante las operaciones de producción petrolera, no lo que ocurrirá luego, cuando el producto sea vendido y quemado por sus compradores.

La compañía se centrará en producir en cinco mercados clave: «Petróleo de esquisto en la cuenca Pérmica (Texas y Nuevo México), extracción offshore en aguas de Guyana y Brasil, y explotación de gas natural en Mozambique y Papúa Nueva Guinea». Los periodistas de Bloomberg Kevin Crowley y Akshat Rath apuntan que «los 21 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono anuales que resultarán de este incremento productivo eclipsan las proyecciones elaboradas por Exxon acerca de sus esfuerzos para reducir la contaminación, como el desarrollo de energías renovables y el entierro de ciertas cantidades de dióxido de carbono».

¿Por qué esta falta de apego de Exxon Mobil a sus promesas? Quizás la respuesta se encuentre en otra proyección: para 2025, la compañía espera duplicar sus ingresos.

Megan Day
9 octubre, 2020

    (Publicado originalmente en Jacobin como «We CantTrustOilCompaniestoRegulateThemselves». Traducción y titulación de Brecha.)

Publicado enMedio Ambiente
Sábado, 03 Octubre 2020 05:56

La jungla es el mundo

Nemonte Nenquino, líder Waorani. FACEBOOK NENQUINO

Con Nemonte Nenquimo, lideresa indígena de la Amazonía

Integrante de una comunidad tradicional de la selva profunda ecuatoriana, la semana pasada Nemonte Nenquimo fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes elaborada por la revista Time, en reconocimiento de su labor de protección de 180.000 hectáreas de bosque amenazadas por la explotación petrolera. Nenquimo denuncia que Ecuador incumple la decisión judicial de cancelar ese proyecto extractivo y que la empresa petrolera contribuye a propagar el covid-19 entre los indígenas.

―Soy mujer y líder de la comunidad de Nemonpare, Pastaza, en la frontera ecuatoriana con Perú, donde vivimos mi familia y yo. Nací, crecí y vivo ahí, donde aprendí la lucha de mis antepasados. Los indígenas en general respetamos a la madre Tierra, porque ella nos ha dado vida durante muchos años. Sabemos que si no la protegemos, estaremos en peligro y no dejaremos una herencia a nuestros hijos. Me enorgullece que se reconozca la lucha del pueblo waorani, una lucha colectiva de miles de años, y hasta ahora seguimos luchando.

―¿Qué significan para usted los reconocimientos internacionales, como el de la revista Time?

―Me dan fuerza, porque es la primera vez que se reconoce el rostro de una mujer indígena en el mundo. Quiero dar voz a las mujeres en general. En la nación waorani, tanto hombres como mujeres son líderes y las decisiones se toman entre ambos. Es importante reconocer el liderazgo de las mujeres en el mundo, porque queremos proteger y dar el mejor fruto a nuestros hijos. Nos sentimos como una gran amenaza para el capitalismo, que quiere aprovechar nuestros recursos, que nos está matando e invade nuestra casa para «desarrollar el país». Como mujeres indígenas, ponemos en riesgo nuestra vida. Nuestra preocupación es global: que no nos vean a los indígenas sólo como guardianes de la selva: todos estamos juntos en esto, porque todos estamos en peligro. Como pueblo indígena, exigimos que se respete el derecho a la vida de la naturaleza, porque la Amazonía les da aire a todos.

―¿Cuál es su conexión y la de su pueblo con su tierra?

―En la jungla soñamos muy puro: la jungla limpia nuestros pensamientos y nuestro espíritu. Allí no hay limitaciones, como en la ciudad. En las comunidades vivimos otra vida. En el bosque virgen no hay contaminación, la gente tiene armonía y salud. Mi gente va a cazar, a pescar; las mamacitas [mujeres] van a buscar frutos, a plantar cultivos para alimentarse, o caminan en la selva para encontrar plantas medicinales, traer materiales para hacer artesanías, bolsos, hamacas. Tenemos la costumbre de reír y cantar mientras todos colaboramos en nuestras chagras [huertas]. Hay muchas cosas que nos hacen sentir libres. Cuando entran las petroleras, quieren cambiar nuestra cultura, imponerse e imponer el individualismo. Y nosotros no queremos eso.

―¿Qué dicen los mayores waoranis sobre el calentamiento global?

―Mi padre creció sin contacto con los occidentales. En su juventud, creció sin notar el cambio climático, pero ahora ve cambios en la Amazonía. Dice que el agua crece más de lo normal, que el viento y la lluvia también son diferentes. Creo que los occidentales no viven sanamente; por eso destruyen la naturaleza. Así es muy difícil mantener el equilibrio. Contaminan el mar con basura, contaminan la Amazonía con derrames de petróleo. No se alimentan sanamente ni se conectan con la tierra. Pero si seguimos permitiendo esta explotación de la tierra, ponemos en peligro nuestra vida. A pesar de que protestamos, el gobierno de Ecuador sólo piensa en destruir. Necesitamos levantarnos socialmente para detener esto y evitar que el calentamiento global empeore. Es por eso que los pueblos indígenas defendemos nuestro territorio. No queremos destruir nuestro planeta, que es la selva misma. Si seguimos planeando destruir recursos, no dejaremos nada a las generaciones futuras. Ni siquiera el dinero nos salvará.

―¿Cómo ha afectado la pandemia a su comunidad?

―Nos afectó mucho, porque el gobierno ecuatoriano no tomó medidas para evitar la propagación del virus en las comunidades. Me preocupaba que los abuelos murieran. En nuestra cultura los ancianos son importantes: son símbolos, guías; tienen un conocimiento muy antiguo, que no queremos perder. Pero, mientras que las ciudades estaban paralizadas por la cuarentena, la petrolera siguió trabajando cerca de nosotros. Nos contagió y todos nos infectamos, porque los waoranis no estamos acostumbrados a estar quietos: caminamos varios quilómetros a diario. Con el conocimiento de nuestras plantas medicinales finalmente nos recuperamos. Incluso yo estuve infectada durante 14 días. Como mujer líder, tuve que hacer nuestro propio protocolo, porque el gobierno no lo hizo por nosotros. Los gobiernos no controlaron, sino que aprovecharon la cuarentena para realizar cualquier actividad en nuestro territorio. No nos respetan, no respetan lo decidido. Pero haber ganado un fallo judicial el año pasado contra el gobierno ecuatoriano me inspira mucho. Esa victoria no es sólo para mi pueblo, sino para todos los pueblos amazónicos y todos los pueblos indígenas del mundo.

―¿Cómo se organizaron para demandar al gobierno?

―Fue un trabajo colectivo. Al principio todas las mujeres –abuelas, madres y niñas– nos unimos para defender nuestro territorio para nuestros hijos, porque queremos que se sientan libres y vivan felices. Luego empezamos a trabajar incluyendo a los hombres. Fue un trabajo duro pensar juntos. Pero la selva es nuestro hogar y no queremos que la petrolera destruya todo lo que somos, como lo ha hecho en los territorios que están en el este del país, donde la petrolera Chevron no ha traído más que enfermedad y muerte a los pueblos cofán, siona y secoya. Muchas veces el gobierno dice que si permitimos que se extraiga aceite o madera, nos darán a cambio educación o salud. Pero, como waoranis, sólo vemos que nuestras aguas se ensucian. Esas aguas son nuestra única fuente de vida: de ella bebemos; en ella pescamos, lavamos, vivimos. Esa victoria contra el gobierno y el reconocimiento son un precedente que queda en la historia para demostrar que, aunque somos minoría, tenemos sabiduría: el conocimiento del espíritu de la selva tropical. Es nuestro hogar. Si les dejamos entrar para devorar nuestro territorio, no vamos a sobrevivir otros 50 años. Nuestra lucha es de corazón. La única fuente de vida que tenemos en la comunidad de Pastaza es una jungla verde. Queremos conservarla para las generaciones futuras y contribuir a la vida del planeta.

Fallo histórico

En julio de 2019 los waoranis de Nemonpare consiguieron, por segunda vez, que se declarara ilegal la actividad petrolera en el territorio donde viven. Fue en una corte de apelaciones de Quito, a la que un ministro ecuatoriano recurrió para allanar el camino a la explotación de lo que allí, en la capital del país, llaman «el bloque 22». Se trata de casi 200.000 hectáreas de Amazonía que incluyen territorios de más de una docena de comunidades indígenas.

Ya en abril los tribunales habían fallado en favor de los waorani. Se sentenció, entonces, que el Estado había violado sus propias leyes, al mentir y apurar a los indígenas para que dieran su consentimiento al proyecto: «La consulta no fue realizada con buena fe, pues se pretendió engañar a los consultados sobre el objeto y el alcance de la misma, y su objetivo jamás fue negociar un consentimiento real e informado […]. Fue un proceso defectuoso, con los tiempos mal planificados e insuficientes». Esas 200.000 hectáreas de jungla amazónica, dictaminó la Justicia ecuatoriana, no deberían ser, por ahora, objeto de licitación para el extractivismo.

Por Daniela Arias Baquero
2 octubre, 2020

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Publicado enSociedad
Vendedor ambulante de gasolina en la ciudad de Maracaibo. VENEZUELA AFP, LUIS BRAVO

Venezuela, el otrora emporio petrolero, se ha convertido en el país con la población más pobre de América del Sur. Para millones de personas, la vida cotidiana es un drama que apenas deja espacio o fuerza para temas que, como la política, aparecen como sofisticados y distantes.

 

Natalia es trabajadora doméstica, Hilario es fontanero y Gladys es empleada en un salón de belleza. De las 14 millones de personas que trabajan en Venezuela, ellos son parte del 58 por ciento que labora en el sector informal de la economía: en cada jornada deben «resolver el día», y la cuarentena por la pandemia de covid-19, impuesta desde marzo, no ha hecho sino agravar penurias y preocupaciones que venían de antes.

«Hay que salir a resolver. Si no trabajo, no como, y si no nos mata el virus, nos mata el hambre», dijo a Brecha el cincuentón Hilario, en tono grave, como si acabara de inventar la frase, repetida como un mantra en incontables realidades de los países del Sur. Es el sostén principal de una familia de nueve miembros, con tres generaciones entre madre, tío, esposa, cuñada, hijos y ahijado.

SALARIO

La familia vive en las afueras de Caracas y se sostiene con el ingreso de Hilario, empleado en una ferretería por el equivalente a seis dólares mensuales, sus extras como fontanero (unos diez o 12 dólares cada fin de semana, si aparecen trabajos) y la esporádica venta de limones y huevos de algunas gallinas que mantienen las mujeres de la casa.

El salario mínimo oficial en Venezuela equivale, al despuntar de agosto, a 1,50 dólares mensuales, más un aporte estatal por alimentos de otro 1,50. Con tres dólares se puede comprar un quilo de carne o de queso, o tres quilos de harina de maíz, o un cartón con 30 huevos, o medio quilo de café… Obviamente, ya ningún trabajador se conforma con ese sueldo, pero la mayoría no gana mucho más: es la base de la escala salarial en la administración pública (un maestro y una enfermera pueden llegar a ganar tres o cuatro salarios mínimos) y el monto mensual que se entrega a los pensionados.

Esos números pueden contrastarse con el costo de la canasta alimentaria básica para una familia de cinco personas, que en junio alcanzó un valor de 200 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, una oficina de asuntos laborales que hace esa medición mensual desde hace más de una década. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estimó que al cierre de 2019 un tercio de la población de Venezuela –9,3 de sus 28 millones de habitantes– estaba en situación de inseguridad alimentaria y necesitaba asistencia.

COMIDA

Natalia tiene 44 años, dos hijos y dos hijas, de entre 12 y 22 años. Los padres de los muchachos –uno mecánico, otro albañil, ambos ya separados de ella– se fueron a Colombia y Ecuador. Ella hace trabajo doméstico a destajo. Antes de la covid-19, laboraba para cuatro familias distintas, en diferentes días, por una paga equivalente a entre dos y tres dólares diarios, más la comida. Ahora, con el temor de sus clientes al contagio, sólo dos casas la llaman, con menos frecuencia. Dos de sus expatrones la ayudan con algo de efectivo y alimentos.

Es beneficiaria de un programa de bonos con el que el gobierno auxilia a familias pobres, generalmente equivalente al ingreso mínimo mensual. También lo es de la bolsa de alimentos (harina, pasta, arroz, azúcar, aceite, granos, a veces pollo o leche en polvo) que el gobierno vende a las clases populares con un 80 o un 90 por ciento de subsidio. Recibe esa bolsa, llamada Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), cada 30 o 45 días y consume el contenido en diez o 12 días.

«Tengo miedo de que pasen semanas y meses, y esto siga, sin poder conseguir comida; de que mis hijos se desesperen y den algún mal paso; de que alguno se enferme con ese virus. No tenemos ningún seguro, los hospitales públicos no sirven, no podemos comprar medicinas, mi hijo menor no tiene zapatos…», nos dijo.

En la casa de Natalia se come carne, de segunda, una vez a la semana o cada 15 días. Los huevos son la principal proteína. La arepa (un bollo de maíz, emblema nacional) con margarina, plátanos fritos, pasta y algo de queso o granos con arroz es lo más usual. La Federación de Ganaderos señala que el consumo de carne per cápita en Venezuela era de 20 quilos al año en la década pasada y ahora se ha reducido a ocho.

AGUA

Natalia alquila una casita a medio construir en un barrio de viviendas informales, muchas insalubres, en la ladera de un cerro en el noroeste de Caracas. Tiene tubería para el agua, pero el líquido llega unas pocas horas… al mes. Sus hijos varones bajan y suben por la ladera varias veces por semana para llenar unos bidones en alguna casa afortunada, la que ese día haya recibido el servicio en el vecindario.

Según datos oficiales y del Programa Mundial de Alimentos, el 96 por ciento de la población venezolana tendría acceso al agua potable. Pero una coalición de ONG ambientalistas se dirigió al organismo a fines de 2018 para pedirle una rectificación: hay tuberías, pero el estado calamitoso de los acueductos, las plantas de tratamiento y los sistemas de distribución, y los cortes de electricidad, que impiden bombear el agua, hacen que el servicio corriente llegue sólo al 18 por ciento de los hogares.

LUZ

Gladys atiende un salón de belleza en Maracaibo, la calurosa capital petrolera de Occidente. Con la cuarentena casi no llegan clientas, y a menudo un apagón impide prestar el servicio. Ya casi no tiene ingresos. En su familia –de padres ancianos, un hermano que trabaja en la contaduría y una hermana que es madre soltera de dos pequeñuelos–, hacen malabares con la bolsa CLAP, los bonos y las pensiones, y en ese clima tórrido lidian con los cortes de agua y los apagones súbitos, que funden electrodomésticos, dañan la comida del refrigerador e inutilizan los ventiladores, lo que los obliga a dormir al ras del suelo para soportar el calor. Contó: «Manifestamos muchas veces. Votamos en favor de la oposición, pero eso no ha dado resultado: las autoridades son sordas, la política no resuelve estos problemas. Lo que queda es encomendarnos a la Chinita», como coloquialmente llaman a la virgen de Chiquinquirá, patrona regional del rito católico.

Venezuela tiene una infraestructura eléctrica con una capacidad nominal para generar 34 mil megavatios hora, la mitad de ellos en la gran represa hidroeléctrica de Guri, en el sureste, y una demanda estimada entre 18 mil y 20 mil megavatios hora. Con el desplome de la economía y la cuarentena, la demanda efectiva es de menos de 12 mil, pero aun así no se cubre, dada la inutilización de plantas y redes, deterioradas al cabo de años sin inversión, sin mantenimiento y con corruptelas en las compras y la gestión.

REMESAS

Alfredo Infante, sacerdote jesuita, es párroco de La Vega, una populosa barriada obrera en el suroeste de Caracas. Contó a Brecha: «El año pasado una cantidad importante de personas, hasta de las más humildes del barrio, lograron resistir el impacto de la hiperinflación e incluso comenzaron a independizarse de la CLAP, gracias a las remesas que recibían de los familiares que han emigrado. Esa ventaja se ha caído con las cuarentenas y ahora, con grupos comunitarios, debemos buscar alimentos para auxiliar a las familias que literalmente casi no tienen qué comer».

La proyección oficial del censo de 2011 arrojaba para Venezuela una población de 32,2 millones de habitantes, pero en la actualidad debe de rondar los 28 millones. Las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la migración y los refugiados calculan un éxodo de 5,1 millones de personas, sobre todo en los últimos cinco años, con la mayoría de sus integrantes en los estratos económicos bajos y con Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Chile como principales países de acogida, más gente de clase media que fue a Estados Unidos y Europa.

En 2019 casi un tercio de quienes se quedaron manejó algún ingreso en dólares, dijo a Brecha el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica. Las remesas de centenares de miles de migrantes –unos 90 dólares mensuales enviados a sus familias– inyectaron al país unos 3.500 millones de dólares, un flujo que ahora se ha desplomado, en el marco de la crisis global económica y sanitaria.

Un resultado de este fenómeno es que en la actualidad Caracas y otras ciudades muestran burbujas de abundancia, con bodegones que ofrecen alimentos y otros productos importados –después de que en 2018 comenzó a desmantelarse el draconiano control de cambios que rigió durante los 15 años previos–. Pero a esos productos sólo accede una minoría muy reducida que dispone de las divisas para comprarlos y aún soportando la hiperinflación que se desató en 2017.

La inflación en Venezuela fue del 862 por ciento en 2017, del 130.060 por ciento en 2018, del 2.585 por ciento en 2019 (7.980 por ciento en alimentos) –según el estatal Banco Central– y del 508 por ciento en el primer semestre de 2020 –según la comisión económica del Parlamento–. En ese contexto, ni siquiera tener un puñado de dólares –aún con la apreciación constante de la divisa– permite a los más pobres adquirir los productos esenciales.

COMBUSTIBLES

Por el humilde barrio La Peña, en la ciudad de Barquisimeto, nudo carretero y de la agroindustria en el centro-oeste, la semana pasada transitaba un camión cargado con troncos y escombros de desecho. Un piquete de pobladores lo detuvo. El conductor accedió a que los vecinos tomasen los maderos, en medio de algarabía, entre burlas, risas y el grito irónico: «¡Llegó el gas, llegó el gas!». Llevaban semanas sin conseguir cilindros de gas para cocinar y sencillamente alimentaban sus fogones con leña. En algunos edificios residenciales de ciudades de provincia, las parrillas originalmente dispuestas en áreas comunes para hacer asados familiares los fines de semana ahora se usan para cocinar –con leña, por turnos– la comida cotidiana. Venezuela es el quinto país del mundo con mayores reservas de gas y a mediados de la década pasada acarició la idea de tender un gasoducto hasta el Río de la Plata.

La gasolina es un dolor de cabeza, está severamente racionada, en algunos expendios se vende a 50 centavos de dólar el litro y en otros, subsidiada, a 2,5 centavos. Las colas para surtir el parque automotor –reducido de cuatro a 2,5 millones de autos– duran horas en Caracas y días en expendios de provincia. Las refinerías venezolanas, con capacidad nominal para procesar 1,3 millones de barriles (de 159 litros) por día, destilan sólo unos pocos cientos de miles, y el país se abasteció parcialmente en las últimas semanas con importaciones desde Irán (véase en este número la nota «Un cóctel imprevisible», de Ociel Alí López). Pesan las sanciones impuestas por Estados Unidos a los negocios de la estatal Petróleos de Venezuela. Los policías y los militares que vigilan las estaciones de servicio son objeto de denuncias de corruptelas y arbitrariedades, y arrestan a quienes fotografíen o filmen las colas para comprar combustible, incluidos los periodistas.

SEGURIDAD, SALUD…

Hay más problemas en la cotidianidad, como el transporte público, la tramitación de documentos, la recolección de basura, la criminalidad y la inseguridad personal. Infante, que palpa este asunto en la peligrosa barriada donde oficia, expuso que las pequeñas bandas de delincuentes del pasado, «especializados» (ladrones en las puertas de bancos o comercios, carteristas, secuestradores, pequeños distribuidores de drogas), han sido reemplazadas por megabandas que controlan o tratan de controlar, con decenas de integrantes bien armados y ramificaciones en las cárceles, porciones de territorio donde actúan con soltura, dominan a la población y hasta imparten una especie de justicia privada.

La salud era un tema ya antes de la pandemia. Entre quienes migraron hay más de 30 mil profesionales de la salud, según sus gremios. Organizaciones de médicos conducen encuestas en las que se señala que en los principales hospitales no sólo fallan los equipos y faltan insumos y medicamentos esenciales, sino que tienen servicios intermitentes de agua y electricidad. Abundan las historias de pacientes que deben llevar productos como guantes, gasas, algodón, alcohol y hasta jabón y desinfectante para ser atendidos en los hospitales públicos. Y, fulminados los seguros debido a la hiperinflación, en las clínicas privadas los precios son sencillamente prohibitivos.

POBREZA

El panorama general es de pobreza. Una encuesta anual de tres universidades sobre las condiciones de vida, con cuestionarios respondidos por 9.900 hogares, concluyó que Venezuela ya es el país más pobre de América del Sur. Los parámetros de la existencia cotidiana la asemejan a algunos países del África subsahariana.

Si se atiende el criterio de ingresos que pauta el Banco Mundial, que ubica en la pobreza a los habitantes con menos de 5,50 dólares diarios y en la pobreza extrema a los de menos de 1,90 dólares, el 94 por ciento de la población de Venezuela está en la pobreza general y el 76 por ciento en la pobreza extrema. Si, en cambio, se considera la «pobreza multidimensional», que combina ingreso, acceso a servicios públicos, empleo, vivienda y calidad de vida, en 2019 la pobreza alcanzó al 64,8 por ciento de los 6,5 millones de hogares, un salto de más de 24 puntos con respecto al 39,3 por ciento de hogares pobres encontrados en 2014.

El descontento y la conflictividad social están a flor de piel, pero no hay un puente con la acción política. «Reducidas sus condiciones de vida, la gente protesta, pero, a la vez, desarrolla estrategias de supervivencia para resolver su vida diaria y en eso se le van todas las energías. El ejercicio ciudadano de los derechos políticos sucede en las sociedades que tienen un mínimo piso que permite pensar en la política. En Venezuela la supervivencia comporta un gasto de energía muy grande, aunque la situación se mantenga como una bomba de tiempo», opinó Infante.

REPRESIÓN

El 3 de agosto, el activista deportivo Deivis Pacheco grabó y difundió en las redes sociales un video que muestra a bomberos empujando su camión en la ciudad de Valera (centro-oeste), porque el vehículo, debido a la generalizada escasez, se quedó sin gasolina. Por ello fue detenido y está en libertad condicional desde el 5 de agosto, pero quedó procesado con base en la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, dictada por la Asamblea Nacional Constituyente, que integran sólo oficialistas.

El 13 de julio, con base en la misma ley, fue detenido el profesor universitario Nicmer Evans, quien en 2014 rompió con el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela y ahora lidera el grupo izquierdista Movimiento por la Democracia y la Inclusión. Evans conduce, además, el portal de información y opinión Punto de Corte, con duras críticas al manejo de las políticas gubernamentales en el marco de la pandemia.

Si acciones como estas se desarrollan en el campo de la expresión y la opinión, en el de la vida en las calles y los barrios la situación es mucho más áspera y letal. Un informe que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, presentó en julio de este año dio cuenta de que las fuerzas policiales abatieron a 1.324 personas en operaciones de seguridad durante los primeros cinco meses de 2020, principalmente mediante las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, seguidas de la Policía judicial y la militarizada Guardia Nacional.

«Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja y el gobierno no ha manejado la epidemia como una emergencia sanitaria ni como una oportunidad para apreciar deficiencias en las políticas públicas y emprender las rectificaciones necesarias, a fin de construir un sentimiento de comunidad nacional. En su lugar, prevalece el fin político de controlar la sociedad», comentó a Brecha el sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización de derechos humanos Provea, surgida a finales del siglo XX de la mano de exiliados de las dictaduras del Cono Sur. Según Uzcátegui: «Estamos a tiempo de producir las rectificaciones necesarias, y, aunque el panorama es sombrío, se trata de situaciones impredecibles. La historia de América Latina muestra que los pueblos siempre encuentran la manera de saltar los diques».

Por Humberto Márquezdesde Caracas 
7 agosto, 2020

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Los combatientes leales al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) de Libia. / EFE /EPA/STR

El desarrollo del conflicto libio está experimentando en los últimos días un vuelco por ahora limitado. Pese al avance del Ejército de Trípoli y sus mercenarios, ninguna de las dos partes parece estar en posición de controlar todo el país, lo que pone en el horizonte una partición que sería un mal menor para los contendientes y para las potencias regionales y mundiales implicadas.

 

En Libia se está cociendo otra guerra innecesaria en la que están implicadas las potencias regionales y mundiales. El Gobierno de Trípoli, de orientación islamista, y las milicias de Khalifa Haftar combaten por el dominio del país, pero ya no por el control de todo el país sino por el control de solo una parte del país, más exactamente combaten por su partición.

Después de una cadena de derrotas seguidas, el pasado sábado Haftar visitó de urgencia en El Cairo al presidente Abdel Fattah al Sisi, quien lanzó una propuesta de alto el fuego que debía haber comenzado el lunes, aunque lógicamente fue rechazada por el Gobierno de Trípoli puesto que sus tropas estaban avanzando rápidamente hacia el este.

Si hasta hace apenas unos días, las milicias de Haftar parecían estar a punto de ocupar Trípoli, hoy el horizonte de la guerra parece distinto gracias a la ayuda militar de Turquía, que se ha hecho decisiva y ha cambiado las expectativas de las dos partes, aunque a estas alturas no sabemos si está tendencia se mantendrá durante mucho tiempo. La propuesta de tregua de Al Sisi muestra cierta debilidad de Haftar, que hasta el sábado, desde su regreso a Libia en 2014, nunca había dado señales de buscar un compromiso.

Algunos analistas se preguntan si Egipto y/o Rusia, dos países que apoyan a Haftar, van a meterse directamente en el conflicto. Otros países que están en la misma trinchera son los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, que combaten el islam político allí donde surge. Con todo ese gran apoyo económico y militar es difícil entender cómo el Ejército de Trípoli ha sido capaz de dar un vuelco a la situación sobre el terreno.

Egipto está interesado en que en el país vecino no reine el islamismo. Al Sisi dio en 2013 un golpe de estado justamente para apartar a los Hermanos Musulmanes y no es cuestión de que ahora los Hermanos Musulmanes pasen a controlar Libia y el islam político cuente con una base segura a su lado. Esta circunstancia hace pensar a algunos analistas que si el Ejército de Trípoli sigue avanzando hacia la frontera con Egipto, Al Sisi dará luz verde a la aviación para detenerlo.

El problema de Rusia

Los rusos, por su parte, están metidos en un buen lío. Han enviado a Libia apoyo militar, en su mayor parte mercenarios sirios que han reclutado con el visto bueno del presidente Bashar al Asad, quien en principio no tendría nada que hacer en Libia, pero que no puede negar ese favor a los rusos ni a los Emiratos Árabes Unidos, el país que financia a los mercenarios y que al parecer está proporcionando ayuda económica a Damasco.

Por lo tanto, la pintoresca coalición que lucha contra el Gobierno de Trípoli apoyado por los turcos incluye a Rusia, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Siria e Israel, a través de los Emiratos Árabes Unidos, sin contar con el apoyo político, y seguramente más allá de político, que Haftar recibe de otros países occidentales como Francia.

En Rusia se reveló recientemente que su implicación está avalada por el ministerio de Defensa pero no por Exteriores. En Exteriores, con muy buen criterio, piensan que es una aventura que puede volverse contra Moscú, pero de momento quien lleva la batuta es Defensa. Aparentemente, los intereses de Moscú pasan por evitar el triunfo del islam político, por meter un pie en Libia como ya lo hizo en Siria y por participar en la explotación del petróleo libio.
¿Compensan esos intereses para que Rusia incremente su presencia en Libia? A esta pregunta tratan de responder en Moscú estos días. Hay analistas que sostienen que probablemente Rusia tirará adelante, aunque se trataría de una jugada arriesgada a medio y largo plazo.

En este contexto, el objetivo inmediato del ejército de Trípoli es conquistar la ciudad de Sirte, situada casi 400 kilómetros al este de Trípoli, en una zona rica en petróleo. Sin embargo, parece muy difícil que el ejército de Trípoli continúe avanzando mucho más hacia el este. En este escenario lo más probable es que el país quede dividido en dos partes, una para Trípoli, el oeste, y otra para Haftar, el este.

Una partición de este tipo no sería negativa para los intereses de Occidente ni para los intereses de la coalición árabe "moderada", puesto que el grueso de la riqueza petrolera seguiría en manos de Haftar, de 76 años y excolaborador de la CIA. Es decir, el Gobierno islamista de Trípoli no tendría unos ingresos holgados, lo que limitaría su eficacia considerablemente, así como su influencia en el norte de África, es decir sería débil e inestable.

Con la división de Libia saldrían ganando todas las potencias regionales y mundiales, o como mínimo sería un mal menor para ellas, de ahí que no se deba descartar tal escenario. La visita que el sábado realizó Haftar a El Cairo y la propuesta de un alto el fuego para esta semana, que de momento no se está observando, casan perfectamente con la hipótesis de la división.

Este martes la oficina del presidente Recep Tayyip Erdogan ha dado cuenta de una conversación telefónica con el presidente Donald Trump en la que ambos han alcanzado varios acuerdos en lo tocante a Libia. Aunque no se ha hecho público el contenido de la conversación, es posible que en los próximos días se aclaren las circunstancias de la guerra y la dirección que seguirá.

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Foto: Combatientes leales al gobierno reconocido internacionalmente de Libia celebran la recuperación de la ciudad de Tarhuna (Foto: IsmailZitouny/Reuters)

La contraofensiva del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) de Libia ha hecho que las fuerzas rivales de Jalifa Haftar se retiren a las líneas anteriores a abril de 2019.

Después de 14 meses y de la pérdida de cientos de vidas, se ha puesto fin al intento del comandante militar renegado Jalifa Haftar de apoderarse de Trípoli y convertirse en el gobernante de Libia.

El viernes, fuerzas leales al GAN, reconocido por las Naciones Unidas, barrieron la ciudad de Tarhuna, el último bastión de Haftar en el oeste de Libia, un día después de que el GAN anunciara la recuperación total del área del Gran Trípoli.

Al Jazeera echa un rápido vistazo a la fracasada ofensiva  y examina qué puede esperar al país rico en petróleo del norte de África.

¿Cuándo se inició la batalla por Trípoli?

En abril de 2019, pocos días antes de las conversaciones de paz patrocinadas por la ONU, Haftar anunció una campaña militar para arrebatar el control de Trípoli, la sede del GAN desde principios de 2016.

Al lanzar la ofensiva, el nativo de Ajdabiya y antiguo operativo de la CIA dijo que buscaba “limpiar” la capital de un gobierno comprometido con las milicias y los “terroristas”.

Pero el impulso tuvo que frenarse ante la fuerte resistencia, y las líneas de batalla se mantuvieron en gran medida fijas hasta una serie de victorias militares en las últimas semanas de las fuerzas del GAN, que contaron con el apoyo de Turquía.

¿Quiénes son los actores extranjeros involucrados?

Haftar cuenta con los apoyos de los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Rusia, mientras que el gobierno con sede en Trípoli del primer ministro Fayez al-Sarraj dispone del apoyo de Turquía.

Francia apoya oficialmente al GAN, aunque en el pasado bloqueó una declaración de la Unión Europea en la que se pedía al militar de 76 años que detuviera su ofensiva.

Estados Unidos ha enviado señales contradictorias y el presidente Donald Trump elogió inicialmente a Haftar por su papel en la lucha contra el “terrorismo”.

Sin embargo, Washington parece haber retrocedido en su posición inicial de ambigüedad, y el Mando de EE. UU. para África ha acusado recientemente a Rusia de desplegar una docena de aviones de combate rusos en Libia para expandir “su huella militar” en África.

¿Qué objetivos persiguen los actores extranjeros en Libia?

Con 46.400 millones de barriles, Libia ocupa la cima de las mayores reservas probadas de petróleo de África.

Turquía intensificó su intervención después de firmar un acuerdo de demarcación marítima con el GAN a fines del año pasado para comenzar la exploración de petróleo y gas en el Mediterráneo oriental, en una zona rica en recursos.

Pero los intereses energéticos no están solos en la configuración de la participación de los países extranjeros en Libia, que ha estado sumida en el caos desde el derrocamiento del gobernante Muammar Gaddafi en 2011.

Los Emiratos Árabes Unidos y Egipto ven en Haftar un hombre fuerte capaz de restablecer el orden y obstaculizar la propagación del Islam político, en particular de la Hermandad Musulmana, que consideran una amenaza para su gobierno a nivel interno.

Rusia ve en Libia una oportunidad para afianzarse en una parte del mundo que ha estado tradicionalmente bajo el dominio de Occidente.

“La presencia de Rusia en la costa sur del Mediterráneo amenaza los intereses de Estados Unidos y la OTAN. Es un sueño que la URSS siempre tuvo”, dijo Mohammed Ali Abdallah, asesor del GAN para asuntos estadounidenses.

¿Qué puede pasar ahora?

Los analistas dicen que los avances militares del GAN no marcan el final de la guerra de Libia sino un retorno al statu quo anterior al lanzamiento de la ofensiva de Trípoli.

Rusia y Turquía se han involucrado en una oleada de actividades diplomáticas para asegurar el alto el fuego y cosechar dividendos de su inversión militar.

Funcionarios libios de ambas partes viajaron a Ankara y Moscú para discutir los detalles de un futuro acuerdo de alto el fuego.

Para Emadeddin Badi, miembro destacado no residente del Consejo Atlántico, esto es una prueba del éxito de los dos países al imponerse como interlocutores indispensables en cualquier acuerdo de paz futuro.

“Resulta revelador que las facciones libias no hayan visitado ninguna capital europea estos días”, dijo Badi.

“Estados Unidos y los europeos se han esforzado especialmente en mantenerse al margena lo largo del pasado año. Francia ha socavado a Europa al respaldar a Haftar y no tiene ahora nada que demostrar”.

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or Ramy Allahoum | 09/06/2020

Ramy Allahoum es un periodista argelino licenciado en Ciencias Políticas

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Fuente: https://www.aljazeera.com/news/2020/06/libya-battle-tripoli-explained-600-words-200605150707243.html?utm_source=scroll3

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El conflicto libio que arrancó con las llamadas primaveras árabes de 2011 atraviesa por uno de los momentos más críticos. / Europa Press

El conflicto libio que arrancó con las llamadas primaveras árabes de 2011 atraviesa por uno de los momentos más críticos. La injerencia extranjera se ha multiplicado durante los últimos años y países como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, que se encuentran en bandos contrarios, están esforzándose para conseguir una victoria que se les escurre de las manos.

 

El lío que se inició en Libia con la desaparición de Muammar al Gadafi en 2011 y el brote de las llamadas primaveras árabes ha adquirido proporciones grandiosas, con las potencias regionales y mundiales jugando sus bazas y sin saber muy bien qué hacer con un conflicto que hace tiempo se les fue de las manos.

Esta semana se ha calentado la situación con un cruce de acusaciones y desmentidos entre Washington y Moscú. La jefatura de Africom del ejército americano denunció el martes que personal ruso ha conducido aviones MiG 29 y Su-24 a una base libia escoltados por otros cazas rusos.

Los americanos están preocupados porque consideran que la introducción de esos aparatos podría decantar el desarrollo del conflicto de una manera definitiva. El Ejército Nacional Libio (ENL) de Khalifa Haftar, basado en el este de Libia y que cuenta con apoyo ruso, sería el gran beneficiario, en detrimento del Gobierno del Acuerdo Nacional (GAN), que controla Trípoli y otras zonas, un gobierno reconocido por la ONU que cuenta con el apoyo principal de Turquía.

Si algo no falta en Libia son armas. El país está sometido a un embargo de la ONU, pero absolutamente nadie lo respeta. Se han detectado hasta drones israelíes en los dos bandos, para que no falte de nada en ningún bando, según han publicado medios de la región. El Daily Telegraph informó el jueves de la presencia de mercenarios británicos junto a Haftar, y esta misma semana Berlín ha abierto una investigación para averiguar cómo han llegado al país armas alemanas.

 

Las armas alemanas llegaron a través de los Emiratos Árabes

 

La respuesta es bastante sencilla: las armas alemanas llegaron a Libia a través de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), un país que dirige el príncipe Mohammad bin Zayed y que lleva a cabo una cruzada, alentada por Occidente, en cualquier país de la región donde se huela un poco a islamismo. Por otra parte, la desastrosa política europea en Oriente Medio incluye la venta masiva de armas a países, como los EAU, que están enfrascados en cruentas guerras civiles en la zona, incluida la de Libia.

El envío de los aviones rusos denunciado ha sido negado por Moscú y por Trípoli. Los americanos, sin embargo, insisten en que es un hecho y dicen que también han detectado la llegada a Libia de más de una decena de buques rusos procedentes de Siria. Un parlamentario ruso insiste en que la denuncia responde a una campaña de "rumores y mentiras" puesto que su país no ha enviado "personal" a Libia ni tiene intención de hacerlo.

En este contexto, durante esta semana ha trascendido que lo mandatarios rusos no se ponen de acuerdo entre sí con lo que deben hacer en Libia. Mientras el ministerio de Defensa presiona para intervenir, el de Exteriores, más sensato, considera que es una equivocación que a medio plazo redundará en perjuicio de Moscú. De momento es el ministerio de Defensa el que lleva la voz cantante.

 

Moscú pretende expandir el área de influencia

 

Dejando a un lado que es un craso error de Moscú intervenir en el conflicto libio, algunos medios han informado de que con esa acción Moscú pretende expandir el área de influencia en el sector oriental y central del Mediterráneo por motivos oscuros, mientras que otros medios indican que Moscú quiere tener una carta en la mano para negociar desde una posición ventajosa en lo relativo a Siria y, en especial, a la presencia americana en el este de Siria.

El martes, el Pentágono dijo que Rusia envió sus cazas a Libia haciendo escala en Siria, y que el objetivo del envío es apoyar a los mercenarios rusos del llamado Grupo Wagner, dirigido por un amigo y confidente del presidente Vladimir Putin, que combate al lado de las tropas de Haftar, unas tropas trufadas de mercenarios de distintos países, principalmente de Sudán, que aparentemente cobran su salario de los Emiratos Árabes Unidos.

 

Los aviones se encuentran en territorio libio

 

Según el Pentágono, los aviones fueron repintados durante una escala en Siria con el fin de borrar cualquier indicación de que son rusos. Los americanos incluso difundieron imágenes de satélite que demostrarían que los aviones se encuentran en territorio libio. Y añadieron que en total 14 cazas rusos repintados han llegado a Jufra, una localidad situada en la región central de Libia.

Las tropas de Haftar han sufrido una larga serie de reveses en las últimas semanas

Las tropas de Haftar han sufrido una larga serie de reveses en las últimas semanas y su ofensiva para capturar la capital Trípoli ha fracasado por el momento. Las tropas de Haftar contaban con el apoyo de los mercenarios del Grupo Wagner ruso que, el pasado sábado, tuvieron que abandonar el terreno donde se encontraban para buscar refugio más al sur.

No deja ser curioso que el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves le Drian, dijera el miércoles, en mitad de todo el lío, que la situación en Libia es muy preocupante, e incluso advirtiera de que se estárepitiendo el escenario de Siria, donde la intervención militar occidental ha contribuido a establecer una vibrante democracia liberal similar a las de Afganistán, Irak y Egipto.

De momento, el país que mejor está conduciendo su presencia en Libia es Turquía, que apoya militarmente al gobierno de Trípoli. El presidente Recep Tayyip Erdogan está jugando fuerte en toda la región, cometiendo errores de bulto en Siria. No obstante, la guerra en Libia podría dar un vuelco, en función de hasta dónde lleguen las potencias regionales y mundiales, lo que podría meter a Ankara en serios problemas.

JERUSALÉN

29/05/2020 07:24

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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Ecuador recortará 4 mil mdd al gasto fiscal por la pandemia del Covid-19

Quito. Ecuador, en crisis económica por la pandemia de coronavirus, recortará 4 mil millones de dólares en el gasto fiscal mediante la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos, la eliminación de ministerios, entidades estatales, embajadas y consulados, pero ofrecerá mil millones de dólares para la reactivación privada, anunció ayer el presidente Lenín Moreno.

Agregó que son medidas "para evitar el derrumbe de la economía nacional... el país jamás ha enfrentado una situación tan grave: Ecuador dejará de recibir 8 mil millones de dólares por los estragos de la emergencia, además de los 4 mil millones de déficit del presupuesto general del Estado".

Destacó que sumadas todas las guerras y desastres naturales que ha sufrido el país en toda su historia "nunca llegaríamos a las pérdidas humanas y económicas que hoy vivimos".

Con estas medidas la masa salarial bajará 980 millones de dólares y los bienes y servicios otros 400 millones. Los empleados públicos trabajarán seis horas diarias en lugar de ocho y recibirán un pago por la jornada reducida. Médicos, militares y policías seguirán trabajando ocho horas y en el sector educativo se laborará siete horas.

Moreno explicó que desde que empezó la crisis sanitaria, 150 mil personas han perdido su empleo. Al detallar su plan mencionó que desaparecerán o se fusionarán 10 ministerios, siete empresas públicas, como ferrocarriles, medios de comunicación y correos, y algunas embajadas. Las entidades que no cierran deberán reducir su presupuesto entre 10 y 15 por ciento.

En el caso de la aerolínea Tame, que ha perdido más de 400 millones de dólares en los últimos cinco años, Moreno indicó que entrará en proceso de liquidación.

Durante la gestión de Moreno, que comenzó en 2017 y concluye en 2021, más de 40 ministerios e instituciones públicas han sido eliminadas. El mandatario, quien se desempeñó como vicepresidente del pasado gobierno, ha desarticulado los principales programas sociales creados por su antecesor Rafael Correa.

La difícil situación económica de Ecuador, por el alto endeudamiento de 65 mil millones de dólares (con un PIB de 110 mil millones de dólares) y su dependencia del petróleo como principal producto de exportación en un contexto de caída de precios, se agravó con la pandemia del coronavirus.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, aseguró que las decisiones adoptadas por el gobierno tienen "un claro enfoque de sacrificio y esfuerzo en el sector público... estamos actuando con la mayor responsabilidad posible y protegiendo a sectores prioritarios como salud y seguridad".

Moreno ofreció más de mil millones de dólares para el sector privado con el fin de reactivar la economía y dispuso una reducción en el precio de la gasolina de 1.85 1.75 dólares el galón.

Ante este panorama, el lunes se reportaron protestas de miles de trabajadores de diversos sectores sociales en Quito, Guayaquil y Cuenca, contra la nueva Ley Humanitaria, que flexibiliza el régimen laboral, ya que favorece a los patrones, pues podrán descontar hasta 45 por ciento del salario a sus empleados, denunció Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores de Ecuador.

Por otra parte, Guayaquil, epicentro de la pandemia en el país, entrará hoy en una nueva fase que le permitirá relajar las medidas de confinamiento, anunció la alcaldesa Cynthia Viteri

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