Perú arde y Dina Boluarte no cede
Un incendio de grandes dimensiones arrasó este pasado jueves una casona del centro histórico de Lima, apenas a unos metros de la icónica Plaza San Martín, epicentro de la gran manifestación antigubernamental en la capital peruana. — Str / EFE

Miles de manifestantes llegados de diferentes provincias de Perú se manifestaron en Lima. El Gobierno mantiene un discurso sin concesiones mientras quienes están en las calles anuncian que no se irán hasta que renuncie la presidenta.

Ardió Lima. Ocurrió en el casco histórico y virreinal, en la plaza San Martín, al finalizar la tarde del esperado jueves 19 de enero, día de la llamada “toma de Lima”. El inmenso incendio se produjo mientras la capital peruana registraba movilizaciones en varios lugares: desde el Palacio de Justicia sobre el Paseo de los Héroes, en el centro de la ciudad, hasta el parque Kennedy, en el acomodado barrio de Miraflores ya avanzada la noche. Durante la protesta no cesó la represión policial con gases lacrimógenos, bastones o perdigones.

Se había anunciado que la movilización en el centro del poder político de Perú sería grande, la mayor desde el inicio de la crisis el pasado 7 de diciembre. Algunas de las caravanas con delegaciones llegadas desde diferentes provincias de los Andes, la costa y la selva, fueron llegando a Lima desde el martes y miércoles, y otras el mismo jueves: desde Puno, Cuzco, Ayacucho, Andahuaylas, Apurímac, Chiclayo, Ica o Piura. Los integrantes de varias de las caravanas se alojaron en universidades, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bajo amenaza de desalojo de la Policía.

Las delegaciones llegaron a Lima después de semanas de protestas, heridos y muertes: 20 en la ciudad de Juliaca el 9 de enero, diez en Ayacucho el 15 de diciembre, otros dos en la provincia de Puno y uno en Arequipa. En total, 55 fallecidos desde que comenzó la represión ante las movilizaciones sintetizadas ahora en una reivindicación: la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

Las protestas del jueves no se produjeron solo en Lima. Las hubo en 18 provincias, con 127 bloqueos de carreteras por parte de las fuerzas de seguridad, según informó el ente supervisor del transporte terrestre. En algunos lugares, como en Puno o Cuzco, con un paro indefinido desde el 4 de enero y medio de una crisis que se acrecienta día tras día, no hay, hasta ahora, visos de resolución: quienes llegaron a Lima afirman estar decididos a mantenerse hasta que renuncie Boluarte. La mandataria volvió a afirmar que no lo hará. Este jueves fue el primer gran round en la capital.

Boluarte, a la ofensiva

Boluarte dirigió un mensaje a la nación a las nueve de la noche y comenzó por felicitar a la Policía por su “comportamiento inmaculado”. Mientras hablaba se difundían imágenes en redes sociales de represión policial en varios lugares de Lima, heridos, bombas lacrimógenas arrojadas por los agentes desde los techos de edificios en el centro de Lima y testimonios que dieron cuenta de que el gran incendio de una casona en la plaza San Martín había sido provocado por las fuerzas policiales, algo que el Gobierno negó posteriormente.

La presidenta buscó mostrar firmeza ante una capital tomada y acusó en cinco ocasiones a los manifestantes de ser violentos, además de cometer “actos delincuenciales y de vandalismo”. “Están al margen de la ley, quieren quebrar el estado de derecho, quieren generar caos y desorden, y dentro de ese caos y desorden quieren tomar el poder”, sostuvo en un discurso, en el que asimismo anunció que la Dirección Nacional de Inteligencia ya se encontraba en proceso de actuación junto a la Fiscalía para “abrir carpetas [investigaciones] fiscales”, en continuidad con el proceso de criminalización y judicialización de la protesta desde diciembre pasado. 

El discurso de Boluarte buscó repetir la división ya ensayada en su anterior alocución: dividir a los manifestantes entre buenos y malos. Por un lado, llamó a los buenos a abrir “un buen diálogo” para encontrar “solución a los problemas de agua, salud, educación, agricultura, puentes, carreteras”. Por otro lado, indicó que los violentos estarían engañando y llevando a un callejón sin salida a los primeros. La presidenta peruana volvió así a negar el carácter político de las demandas de los manifestantes: quienes fueron en caravanas desde las provincias a Lima no llevaron demandas reivindicativas, sectoriales, sino políticas, encabezadas por la exigencia de renuncia. La crisis no se resuelve con puentes, carreteras o sistemas de riego.

Las palabras de la presidenta intentaron finalmente transmitir fortaleza: “La situación está controlada. El gobierno está firme (…) y su gabinete más unido que nunca”. Los cinco ministros que le siguieron en el uso de la palabra, incluido el primer ministro, Alberto Otárola, mantuvieron la misma línea: “El Gobierno está al mando de la situación y del cuidado de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos”. Vicente Romero, titular de Interior, comunicó las cifras de la jornada: 22 policías y 16 manifestantes heridos y un fallecido en Arequipa, segunda ciudad del país.

La importancia de Lima

La geografía de las protestas peruanas fue un elemento central desde el inicio de la crisis. Los epicentros estuvieron al inicio en las regiones del sur, en su mayoría andinas, rurales, de mucha presencia quechua y aimara, donde Pedro Castillo logró sus mejores resultados en las elecciones de 2021 contra Keiko Fujimori. La capital, en cambio, se mantuvo con pocas protestas hasta la semana pasada, cuando comenzaron a crecer las movilizaciones en el casco histórico que, a su vez, se adentraron en zonas adineradas y fuertes de la derecha peruana.

Los 44 días de movilizaciones y bloqueos de carreteras dejan en evidencia que el poder está concentrado y protegido en Lima, la aún pensada a veces como ‘ciudad de los reyes’. La escalada represiva y de fallecidos tuvo dos consecuencias: por una parte, se extendió la certeza de que la única manera de forzar al Gobierno a renunciar sería yendo a la capital, hasta las puertas de una Presidencia que tiene un 71% de rechazo por parte de la población y de un Congreso, con el 88% de desaprobación, según la última encuesta del Estudios Peruanos (IEP). De allí surgió la coordinación entre provincias desde la semana anterior para realizar la llamada “toma de Lima”.

Por otra parte, se multiplican las exigencias de renuncia a Boluarte. El centrista Partido Morado se sumó esta semana a esa demanda: “Exigimos a la señora Boluarte su renuncia inmediata por su mala gestión de la crisis que ha desencadenado en muertes de compatriotas”. El comunicado pidió también la salida del presidente del Congreso “con el fin que ese poder del Estado elija a un/a nuevo/a titular del Legislativo entre los miembros de las bancadas dispuesto/as a dialogar”. Quien preside actualmente el Congreso es el conservador José Williams, con 72% de desaprobación y quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú y señalado por su participación en la masacre en Accomarca en 1985.

La exigencia de los morados se sumó a la demanda de renuncia ya expresada por sectores del progresismo, como las dirigentes Verónika Mendoza o Rocío Silva Santiesteban. De esta manera vuelve a conformarse una confluencia política ya expresada en 2021 cuando Pedro Castillo enfrentó a Fujimori: el Perú olvidado de las provincias andinas, junto a sectores del centro-izquierda, una alianza rota al poco de iniciar el Gobierno de quien está hoy con prisión preventiva en el centro de detención de Barbadillo.

Incertidumbre después de 44 días

La crisis, que continúa en escalada, se encuentra marcada por varias incertidumbres. Una de ellas es cuándo resolverá el Congreso votar en segunda instancia el adelanto electoral, que, según se aprobó en diciembre, deberían ser en abril de 2024. Esa falta de certeza aparece como una demostración de la bancada de la derecha de no dar su brazo a torcer después del mes y medio de lo que muchos señalan como las protestas más importantes en los últimos 20 años, con las cuales, según el IEP, el 50% de la población se siente identificada.

Otra pregunta es si el Congreso permitirá que exista una urna para que pueda votarse sí o no a redactar una nueva Constitución. Algunos partidos, como el derechista Avanza País, ya anunciaron su negativa –”no es negociable”,  sostuvo el congresista Diego Bazán–, mientras que otras formaciones, como el Partido Morado, sostienen la importancia de abrirse a esa demanda que comenzó a escucharse con cada vez más fuerza en noviembre de 2020, cuando fue destituido el entonces presidente Martín Vizcarra. Según la misma encuesta el número de quienes quieren cambiar la Constitución pasó del 23% en julio de 2021 al 40% en la actualidad.

Otra incógnita es cuánto tiempo mantendrá el respaldo Boluarte por parte de quienes acostumbran a ejercer el poder en Perú. La mandataria no pertenece al establishment político, económico y limeño, y carece de partido y respaldo social. El apoyo dado por parte de estos sectores parece explicarse porque su permanencia en el Ejecutivo permite evitar un adelanto rápido de elecciones: su renuncia significaría tener que convocar al sufragio en un plazo máximo de nueve meses y no pensarlas para el hipotético abril de 2024.

Finalmente cabe preguntarse si el Gobierno mantendrá sus respaldos internacionales intactos en vista de la magnitud de las protestas y las muertes. El jueves, Boluarte se reunió con el enviado especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Christian Salazar Volkmann. La semana viajó a Perú una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que advirtió del peligro de “estigmatizar” a quienes se manifiestan. La Organización de Estados Americanos (OEA), por su parte, ha solicitado “diálogo y reconocimiento del otro”. Por el momento, el Gobierno parece conservar esos apoyos en medio de una crisis que desató fuerzas contenidas durante mucho tiempo en Perú.

Información adicional

Autor/a: Marco Teruggi
País: Perú
Región: Suramérica
Fuente: Público

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