Reforma agraria, ahora sí

Los grandes medios de comunicación y gremios han hablado de una “ola de invasiones de tierras”. En realidad, las ocupaciones de predios rurales por campesinos y comunidades indígenas y afro en el país, especialmente en Cesar y Cauca, tienen 17, 14, 12, 9 u 8 años y en el más alto porcentaje ocurrieron durante el gobierno de Duque. La causa no ha sido el nuevo gobierno sino el acaparamiento de tierras por grandes propietarios.

Como lo manifestó el presidente Gustavo Petro, la solución no ha podido ser ni puede ser obra de la policía o del ejército. Depende en cambio de la devolución de las tierras de los desplazados y la reforma agraria. Para la realización de la reforma agraria ahora hay que partir de la nueva situación, en la cual las organizaciones del campesinado, indígenas, afro y obreros rurales son una parte fundamental del gobierno. Antes, tuvieron que enfrentarse a los proyectos de los gobiernos de turno, la mayoría de las cuales fueron sumamente regresivos.

Resistiendo el acaparamiento de tierras se presentaron movilizaciones, proyectos de ley y demandas ante la Corte Constitucional, y se consiguieron normas que reconocieron derechos indígenas y regulan las reservas campesinas y los afrocolombianos conquistaron la ley 70 de 1993. Muy importante, la Corte Constitucional anuló la ley forestal y el estatuto rural de Uribe. Las contrarreformas agraria y laboral fueron sin embargo la tendencia, sostenida por el desplazamiento forzado de millones de personas y el asesinato de miles líderes sociales.

El milagro de la segunda vuelta que eligió a Petro tenemos que repetirlo para lograr la reforma agraria: la conjunción de dos factores: por una parte, la política amplia de alianzas, con sectores progresistas. Y por otra, lo fundamental, la gigantesca movilización social, la movilización de los barrios populares de las grandes ciudades, de la juventud, de las mujeres, de los artistas, de los que participaron en el paro nacional de 2021, y de las comunidades rurales que demostraron su enorme capacidad en los paros, en las elecciones y ahora tendrán que estar al frente.

Ahora, tenemos un conjunto integral de proyectos de cambio que no sólo se refieren a lo agrario o a la reforma agraria, que como toda los cambios que proyecta el nuevo gobierno depende de la reforma tributaria y del Plan. Nacional de Desarrollo.

Se necesita también hacer efectivos los impuestos a la que se llama plusvalía urbana por cambio de uso del suelo. Colombia tiene una ley de “participación en la plusvalía urbana” desde 1997, pero en realidad sólo se aplica para la valorización de las obras públicas como impuesto de valorización, pero no aplicado cuando se cambia el uso del suelo y el dueño de esa propiedad se enriquece, por ejemplo porque se establece una zona franca o se permite la urbanización.

Esto también tiene que ver con el ordenamiento del suelo alrededor de las ciudades, porque tenemos que conservar los suelos aptos para agricultura que a la vez forman parte de lo ambiental, ecológico y desde luego de lo agrario. Si permitimos que nuestras mejores tierras agrícolas sean urbanizadas, se provoca la carestía de alimentos y el déficit de alimentario.

Por otra parte son urgentes todas las medidas relativas a la paz, los acuerdos de paz, sin paz en el campo pues no tendremos nada. Necesitamos la paz, porque sin ella la tierra siempre es insegura. Sabemos que sin reforma agraria no hay paz, pero ahora sabemos también que sin paz no hay reforma agraria.

Es necesario realizar la sustitución de cultivos, pero no se logrará con simples programas locales, demanda enfrentar las drogas de una forma diferente a la fracasada “guerra contra las drogas”, que es la farsa más grande de la historia de la humanidad, que sólo ha servido para que la droga esté cara y la mafia tenga más recursos, más armas y la violencia en Colombia y otros países tenga gasolina para encenderse.

Se necesita un nuevo acuerdo internacional, que permita un inédito enfoque sobre drogas, tal y como lo afirmó el presidente Petro ante la asamblea de las Naciones Unidas. Más, cuando en el caso particular de la marihuana, ya hay 17 estados de Estados Unidos que han regulado su uso recreativo, también Canadá, Uruguay, y Holanda. Esto no significa hacer apología de estas sustancias, sino de enfrentar su consumo de una forma inteligente y más eficaz.

Además, hay que renegociar el TLC con Estados Unidos porque mientras la importación de alimentos siga aumentando, el campesino compitiendo con maíz o leche subsidiados, no tendrá forma de obtener un ingreso digno, por más tierra que le den. Se necesita también reconstruir la institucionalidad agropecuaria para disponer de crédito público de fomento, generación de tecnología limpia y adecuada para los productores locales y alternativas de mercadeo y procesamiento de los productos.

Es muy importante recordar que no estamos sólo por un proyecto o unos proyectos de ley. Hay un programa común aprobado por indígenas, afro y campesinos, el Mandato Agrario de 2003. Fue y es una propuesta de reforma integral de la ruralidad que une los aspectos ecológico y alimentario con la territorialidad.

La territorialidad campesina, por ejemplo, que se expresa en las reservas campesinas pero que también se puede expresar en distritos campesinos como los de Medellín o en territorios campesinos agroalimentarios como algunos proponen. Los resguardos indígenas, los territorios colectivos afro, todas estas formas de territorio están en el programa que es el Mandato Agrario de 2003, lo aprobamos hace ya 19 años y estamos a punto de comenzar  el proceso para llevarlo a la práctica.

Cómo ya señalaba el mandato agrario, la ruralidad se ha vuelto un problema urbano fundamental y ahora somos conscientes de que sin campesinos no hay alimentos, la alimentación de los colombianos será con los campesinos o no será. Entonces, la población de las ciudades pasa a tener conciencia de que se necesita una reforma agraria.

En los acuerdos de paz se habla de reforma rural integral, pero prefiero hablar de reforma integral de la ruralidad porque la ruralidad es el problema no sólo en el campo sino en la ciudad y ese es el principal problema urbano en este momento, porque necesitamos es una soberanía y una seguridad alimentaria en las ciudades, necesitamos una sostenibilidad ambiental de las ciudades, necesitamos un cambio de las relaciones de poder entre lo urbano y lo rural, de manera que las comunidades rurales pueden participar en las decisiones.

Por eso es clave la aprobación por el Congreso del proyecto que reconoce al campesinado como sujeto de derecho e incorpora en nuestra Constitución la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos del campesinado, así como del Convenio 141 de la OIT sobre negociación y derecho de asociación y organización de los trabajadores rurales.

Se trata de modifican la relación de poder entre lo urbano y lo rural e integrar a la ruralidad del poder del país. Igualmente la relación entre capitalistas y las comunidades, porque no es correcto que en nombre del desarrollo se desaloje a la gente. Gritan que no debe haber expropiación pero expropian a la gente, para las mineras, petroleras o hidroeléctricas.

Tiene que cambiar la relación con los grandes terratenientes y los trabajadores. Mientras en Colombia grandes cantidades de tierra están dedicada la especulación, esta es compensada con la explotación de los asalariados rurales, por lo que los trabajadores de la palma africana y los corteros de la caña de azúcar han hecho grandes huelgas. Porque se les quería y se les quiere negar el derecho de sindicalización y sus derechos básicos como trabajadores, cuyo reconocimiento hace parte de una reforma integral de la ruralidad, como también la reforma agraria.

Veamos algunos datos sobre propiedad de la tierra que muestran la inequitativa distribución de la propiedad. Según un estudio de Ricardo Bonilla y Jorge Iván González, el 58 por ciento de los propietarios tiene sólo el 1 por ciento de la tierra, mientras que el 0.6 de los propietarios tiene el 53 por ciento de la tierra en propiedad. No se incluye a quienes no tienen tierra en propiedad. Se trata de quienes son propietarios y de propiedades.

El censo del 2014 registra las unidades de producción, que no podemos confundir con las propiedades. Una unidad de producción puede tener varios propietarios o un propietario pueden tener varias unidades de producción. Las unidades de producción de más de 500 hectáreas son sólo el 0,7 por ciento y tienen el 41 por ciento del área, mientras que las de menos de 5 hectáreas son el 69 9 por ciento y tienen en porcentaje el 4,4 del área, gente que en este momento está aprovechando al máximo sus pequeñas fincas.

Las pequeñas propiedades que son sólo el 14 por ciento del área total, tienen el 39 por ciento del área agrícola del país, mientras que las medianas que tienen el 26 tienen el 32,5 y en cambio las grandes que tienen el 59,8 por ciento del área total tienen solamente el 28,6 por ciento del área agrícola, porque la gran propiedad se dedica a la ganadería extensiva. Objetivo de la reforma agraria, vital para la economía y para la paz, son millones de hectáreas aptas para la agricultura que no están siendo aprovechadas para cultivarlas. La ganadería usa 38 millones de hectáreas, de las cuales sólo 20 millones son aptas para ganadería. Fedegan ha acordado con el presidente Petro que los ganaderos venderán 3 millones de hectáreas para la reforma agraria.

El Censo Nacional Agropecuario de 2014 registró que las tierras aprovechadas son 39 millones de hectáreas, pero están dedicadas a cultivos tan sólo el 19 por ciento de esa superficie es decir 7,4 millones de hectáreas. Hay 21 millones de hectáreas aptas para agricultura, según los cálculos del Igac, lo que significa que por lo menos tenemos 13 millones 600 mil hectáreas que son objetivo de una reforma agraria, para que esas tierras se cultiven.

La concentración de la propiedad, tanto de la tierra como de las empresas en el campo, nos produce en la ciudad la concentración de los alimentos y entonces vemos que según un estudio del sector dirigido por Diego Yépez, en Bogotá en el año 2003 los estratos 1 2 y 3 no alcanzaban al mínimo de proteínas necesarios para tener una vida humana normal y los estratos 1 y 2 no alcanzaban al mínimo de vitaminas y a lo único que estos estratos alcanzan es a tener el mínimo de harinas, por lo que la gente en el estrato 1 y 2 tiende a ser gorda y desnutrida, mientras en el estrato 6 la gente recibe el doble de proteínas y vitaminas que necesita para sobrevivir.

La población de Bogotá del estrato 2 que está desnutrida totalmente, tiene 35 por ciento de la población y el 3, al que le faltan proteínas otro 42 por ciento, luego entre los 2 y el 3 son más del 80 por ciento de la población, y uno de sus retos es luchar por una alimentación por solucionar el problema del hambre.

Sin duda, una de las primeras tareas del nuevo gobierno, que tiene que ver directamente con la reforma agraria, es el plan de lucha contra el hambre Al respecto hay que recordar iniciativas populares: el Consejo Regional Indígena del Cauca se movilizó a Popayán en plena pandemia para darle comida a los barrios populares y eso lo hizo en coordinación existosa con las juntas comunales y otras organizaciones de barrios populares del sector urbano.

Algo así se vio en Brasil con programas de ayuda de los campesinos MST a la población urbana durante la pandemia y en cierto modo lo vimos también en el 2021 cuando los productores de papas vendieron el fruto de su trabajo en Bogotá. Fue una movilización directamente hecha por los campesinos con ayuda de municipios y departamentos y también de la gente de Bogotá que salió a comprar. En el Distrito Capital, en Medellín y otros lugares hay una experiencia con los mercados campesinos.

La ministra de la Cultura ha dicho que los mercados campesinos no sólo son importantes por su aporte económico y nutricional sino que lo son por su aporte cultural y político, porque nos recuerdan nuestras raíces. Los canales comerciales alternativos serán también parte de la reforma integral de la ruralidad.

Acciones urgentes necesarias para iniciar las acciones de reforma agraria

1.    Firmar la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos.

2.    Constituir la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz y las demás, con trámites completos.

3.    Deslindes de ciénagas y playones que han sido apropiados por grandes propietarios.

4.    Adelantar en el proceso de restitución territorial del pueblo Nükak, así como de otros resguardos y territorios colectivos despojados.

5.    Incluir en el Plan Nacional de Desarrollo artículos que modifiquen la estructura de la Agencia Nacional de Tierras y dotarla de presupuesto suficiente para su compra.

6.    Adquirir las tierras necesarias para resolver los conflictos en el norte del Cauca y Cesar.

7.    Presentar a los Diálogos regionales vinculantes las propuestas de reforma agraria y reforma integral de la ruralidad.