Lunes, 15 Julio 2019 08:28

Por qué necesitamos una universidad gratuita para todos, incluso para los ricos

Escrito por Meagan Day
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Por qué necesitamos una universidad gratuita para todos, incluso para los ricos

Los centristas afirman que la universidad gratuita es un regalo para los ricos. Pero eso no es más que una cortina de humo tras la cual se esconde su oposición a los programas sociales universales.

"Ahora bien, soy un poco diferente de aquellos que piden universidad gratis para todos", aclaró Hillary Clinton en 2016, apuntando a su oponente en las primarias demócratas, Bernie Sanders. "No estoy a favor de que la universidad sea gratis para los hijos de Donald Trump".

Con esta objeción, Clinton pareció vencer a Sanders, el líder político de la nación en asuntos de desigualdad económica, en su propio terreno. Ella se enfrentaba a los ricos, o eso parecía. Su argumento era que la universidad pública universal y gratuita sería un regalo para los ricos, que no necesitan ninguna ayuda para obtener un título.

En su lugar, Clinton abogaba por aumentar la ayuda financiera pública y ajustar los requisitos de elegibilidad, haciendo que el acceso a la universidad fuera más fácil para un subconjunto de estudiantes de bajos ingresos, pero continuando con la obtención de ingresos por matrícula de quienes no cumplieran criterios específicos. Este enfoque político, conocido como tarifación por renta o tarifación social, es el que apoyan los moderados en el Partido Demócrata. (Por su parte, los republicanos están menos inclinados a los matices y es sabido que asaltan agresivamente los programas sociales siempre que les es posible).

Pero, a pesar de las apariencias, la atracción de los demócratas por la tarifación por renta no está arraigada en un compromiso firme con la igualdad máxima. Dicho claramente, les gusta la tarifación por renta porque los programas sociales selectivos cuestan menos dinero público que los programas sociales universales. La tarifación por renta les permite limitar los impuestos a su base de donantes de clase dominante y, a la vez, apaciguar superficialmente a su base de votantes de clase trabajadora. La tarifación por renta es una expresión de la tímida política centrista del establishment demócrata, y su oposición a la universidad gratuita no es otra cosa.

Ahora, la universidad pública universal y gratuita está de nuevo en el centro de atención, con Sanders postulándose nuevamente para la presidencia y acompañado por Elizabeth Warren, defensora de estas mismas ideas. Y el razonamiento de Clinton también ha regresado, esta vez claramente articulado por el candidato presidencial Pete Buttigieg. Buttigieg ha añadido un giro al argumento: las personas que van a la universidad provienen de familias más ricas, por lo que hacer que la universidad pública sea gratuita sería subvencionar públicamente a los ya privilegiados. Como si los altos precios de matrícula no fueran la causa obvia de este estado de cosas.

Al igual que Clinton, Buttigieg prefiere las ayudas económicas según renta, y expresa su aversión a los programas sociales universales como política consciente de la desigualdad. Pero la supuesta preocupación del centro político por subvencionar a los ricos es un juego de manos. La tarifación por renta no trata de defender a los pobres contra los ricos: es un método tradicional de aplacar a ambos a la vez, en última instancia a expensas de los primeros. La única manera de luchar por los intereses de la mayoría de clase trabajadora contra la minoría adinerada es construir programas sociales universales que puedan resistir ataques durante las próximas décadas.

¿Quién paga realmente?

Hay grandes errores en el pensamiento de los demócratas centristas acerca de la universidad pública gratuita, y merecen un buen descrédito.

Por un lado, la cuenta centrista ignora el hecho de que los planes de Sanders y ahora los de Warren se financian mediante impuestos progresivos. En ambos escenarios, las personas que más pagan por la universidad pública gratuita para todos son los ricos. La diferencia es que el pago toma la forma de impuestos colectivos a lo largo de toda la vida, no de costos de matrícula individuales en el transcurso de algunos años. Si asistiera a una universidad pública, a Barron, al hijo de Donald Trump no se le cobraría la matrícula, pero tampoco estudiaría  exactamente de forma gratuita. Su familia pagaría más, año tras año, por la existencia de un sólido sistema público de enseñanza superior.

Pero Barron Trump probablemente no estudiará en una universidad pública. Los ricos suelen enviar a sus hijos a universidades privadas de élite, como hizo Donald Trump con sus cuatro hijos mayores. Así, pues, en un futuro en el que las universidades públicas no cobren matrícula y estén financiadas por impuestos progresivos, los ricos harán una de estas dos cosas: pagar más impuestos y enviar a sus hijos a las mismas universidades públicas que todos los demás, o pagar más impuestos y además pagar la matrícula de las universidades privadas para mantener a sus hijos en entornos de élite.

Lo primero, aunque es poco probable que suceda al principio, sin duda mejoraría la calidad de la educación que se brinda en las universidades públicas, ya que los ricos de repente descubrirían que les importaba. Pero de cualquier manera, estarían invirtiendo mucho más dinero que sus compatriotas con bajos ingresos. Si los moderados realmente se opusieran a dejar que los ricos se salgan de rositas, no deberían tener reparos con los planes de Sanders y Warren, que obtienen de los ricos para financiar la universidad para todos.

Con el objetivo de reducir la brecha de riqueza, cobrar a los ricos es bueno por derecho propio. Pero no es la única razón por la que los progresistas y los socialistas quieren eliminar la matrícula en las universidades públicas. Nuestra visión no es solo de dónde proviene el dinero, sino a qué se dirige: la libertad de todas las personas para continuar su educación si lo desean, independientemente de las circunstancias de su nacimiento.

La gente no debería tener que ir a la universidad para poder alcanzar un nivel de vida decente. La búsqueda de la educación superior debería ser una elección personal, y los salarios y beneficios deberían ser lo suficientemente altos como para que alguien que elige no asistir a la universidad pueda llegar a fin de mes y más. Pero en este momento, los altos precios de matrícula y la deuda consiguiente son factores importantes que limitan la movilidad social y las opciones de vida para innumerables personas que pueden tener deseos de educación continua. Para la clase trabajadora, la situación está condenada tanto si estudian como si no: o renunciar a la universidad y así limitar las opciones de empleo, o adquirir una deuda importante para obtener un título. Esta es una situación insostenible, y debemos tomar medidas decisivas para ponerle fin.

Eliminar las barreras económicas para estudiar en la universidad es una de esas medidas. El plan de Sanders se extiende también a las escuelas de comercio; no se trata de glorificar un itinerario en particular o implicar que una educación universitaria debe ser necesaria, sino de ofrecer a todos la oportunidad de prepararse para el futuro como les parezca, sin provocar un daño económico importante a si mismos y a sus familias en el proceso.

Si la universidad fuera gratuita, veríamos cómo la demografía del cuerpo estudiantil cambiaría dramáticamente. Es cierto que las personas que estudian en la universidad hoy en día provienen de familias más bien estantes, pero eso no es necesariamente una realidad permanente; de hecho, es así en gran parte porque la universidad es muy cara. Eliminar los precios de matrícula sería un gran paso para hacer de la enseñanza superior y de las opciones de vida ampliada una posibilidad para las personas de clase trabajadora. Nuestro trabajo contra la desigualdad económica no terminaría allí, pero esa no es razón para no implementar una reforma completamente alcanzable que abra nuevos horizontes para millones de personas. En palabras de Sanders:

No eres realmente libre cuando te gradúas de la universidad con cientos de miles de dólares en deuda estudiantil. No eres realmente libre cuando no puedes cumplir tu sueño de convertirte en maestro, ambientalista, periodista o enfermero porque no puedes ganar suficiente dinero para cubrir los pagos mensuales de tu préstamo estudiantil. Y no eres realmente libre cuando la gran mayoría de los empleos bien remunerados requieren un título cuya obtención te condena a decenas o cientos de miles de dólares de deuda.

Montañas de burocracia

Pero, ¿por qué no podemos simplemente diseñar un sistema de ayuda financiera pública que identifique exactamente la cantidad de ayuda que cada persona necesita y la otorgue, en lugar de hacer que todo se financie con fondos públicos? Este es el ideal sostenido en voz alta por los proponentes de la tarificación por renta. El problema de esta propuesta es doble: es una pesadilla de ejecutar, y el resultado final es políticamente vulnerable. Dadas las confusas externalidades de la tarifación por renta, sería mejor gastar nuestras energías y recursos en la construcción de programas sociales universales que puedan superar la prueba del tiempo.

Los programas de tarifación por renta están diseñados para diferenciar, seleccionar y excluir, lo que significa que están protegidos por montañas de burocracia. El proceso de inscripción se vuelve laborioso, los criterios son estrictos y complicados, y los umbrales son arbitrarios, lo que significa que las personas entran y salen de la elegibilidad fácilmente, sin cambios drásticos en su nivel real de necesidad. Con frecuencia, las personas se retiran de los programas sin previo aviso, lo que les obliga a cambiar drásticamente el rumbo de sus vidas personales. Y los beneficios rara vez son completos: la mayoría de los beneficiarios de la ayuda federal para estudiantes solicitan préstamos, al igual que muchos beneficiarios de la asistencia social recurren a prestamistas para poder pagar sus facturas.

El precio de las universidades públicas aumentó un 34 por ciento entre 2006 y 2016, mientras que los salarios bajaron. Mucha gente no tiene suficiente dinero, pero un título universitario es cada vez más importante para las perspectivas de empleo. A veces, cuando alguien necesita una ayuda para la cual no es técnicamente elegible, toma decisiones extremas con el objetivo de obtenerla. En línea puede encontrarse quine aconseja que los estudiantes de último año de secundaria se casen para así excluir los ingresos de sus padres en el momento de solicitar ayuda financiera para estudiar en la universidad. También pueden encontrarse parejas bien avenidas considerando la posibilidad de divorciarse para poder recibir más ayuda financiera para la educación universitaria de sus hijos.

Semejantes decisiones son una consecuencia natural de un sistema confuso, arbitrario e impreciso, diseñado para excluir a las personas. La mayoría de los tramposos no son ricos; los verdaderos ricos pueden permitirse simplemente pagar la matrícula y seguir adelante, no necesitan matrimonios ni divorcios. Las personas que hacen esfuerzos extremos para obtener beneficios sujetos a una selección por renta probablemente se ubican justo por encima del punto de corte y tratan de evitar pedir préstamos que pueden hacerlos zozobrar.

En cualquier caso, los estafadores son extremos atípicos. La gran mayoría de las personas de la clase trabajadora que de otro modo podrían considerar ir a la universidad están simplemente demasiado intimidadas y desmoralizadas por el proceso de adquisición de ayuda financiera para siquiera intentarlo. En 2017, no fueron reclamados 2,3 mil millones de dólares en ayuda federal para estudiantes. Mientras tanto, la razón principal esgrimida por las personas por la que no estudian en la universidad es que ésta se percibe como económicamente inasequible. El programa de ayudas no está llegando a las personas a las que está destinado.

Esto es en realidad parte del atractivo de la tarifación por renta para los políticos centristas que han hecho promesas a la vez a los ricos y al resto, y necesitan técnicas para que parezca que defienden a ambos simultáneamente. Cuanto más difícil es para las personas demostrar que merecen ayuda, menos personas lo intentarán y tendrán éxito. Esto significa menos afiliados al programa, lo que ahorra dinero y  permite a los políticos reducir de impuestos a los ricos, equilibrar los presupuestos y continuar prometiendo a la clase trabajadora que velan por sus intereses. Es un win-win-win (ganar-ganar-ganar) para los políticos centristas, y una victoria para los ricos. Pero la clase trabajadora, frustrada, desconcertada e intimidada, pierde.

Los programas de selección por renta se presentan como una evidencia de que un político o partido se está tomando en serio un problema social en particular, como los increíbles precios de matrícula y la sobrecogedora  deuda estudiantil. Pero con demasiada frecuencia, y para demasiadas personas, estos programas en realidad no brindan el alivio que prometen en la escala que afirman. Ese fracaso está realmente integrado en el modelo, con consecuencias políticas inevitables.

Pobres que (no) lo merecen

Además de ser una pesadilla administrativa, los programas de selección por renta son políticamente endebles. Desde el cuidado de la salud hasta la vivienda y la educación, quienes tienen problemas pero no cumplen los requisitos para recibir ayuda se resienten rápidamente contra los que sí lo consiguen, y este resentimiento es fácil de explotar por los políticos cuando tratan de erosionar y eliminar beneficios sociales.

Al establecer parámetros estrictos sobre quién tiene derecho a una ayuda, se está invitando a los elementos conservadores a que ataquen los parámetros, es una baza lanzada a su favor. Cualquier programa diseñado para los "pobres que lo merecen" puede ser socavado directamente al evocar el espectro de los "pobres que no lo merecen". Por ejemplo, Medicaid está diseñado específicamente para personas con bajos ingresos. En esencia, es un regalo caritativo que los miembros más privilegiados de la sociedad brindan a los más vulnerables. Los conservadores aprovechan la oportunidad para renegociar los términos del regalo, razón por la cual asistimos a fenómenos como la introducción de requisitos de empleo como condición para obtener Medicaid.

El propósito declarado de añadir requisitos de empleo para obtener Medicaid es inducir a las personas perezosas a conseguir trabajo (en realidad, la gran mayoría de los beneficiarios de Medicaid ya tienen trabajo), pero el verdadero propósito es frustrar el proceso de inscripción y reducir el número de beneficiarios, para hacer hueco en el presupuesto estatal para más beneficios corporativos. Mientras tanto, la retórica que usan los políticos para justificar su asalto a los programas sociales basados en selección por renta está cargada de resentimiento y culpa. Estigmatiza a los destinatarios, aviva las llamas del prejuicio y siembra desconfianza. Las luchas políticas sobre los parámetros de estos programas son una receta para una mayor hostilidad y erosión de la solidaridad en la cultura más amplia.

Las personas que podrían superar los requisitos para recibir ayuda se desaniman fácilmente por los quebraderos de cabeza que provoca la burocracia entre la que deben navegar para conseguirla. Las personas que no pueden aspirar a las ayudas son fáciles de convencer de que los destinatarios de las ayudas no son merecedores de éstas y están malgastando recursos. Todo esto hace que los programas sujetos a selección por renta generalmente sean impopulares y políticamente frágiles. Por eso los socialistas señalan que los programas sociales con selección por renta son objetivos fáciles. O como dijo Wilbur Cohen, un arquitecto de programas sociales universales populares y duraderos -entre ellos la Seguridad Social y Medicare[1]-, "Los programas para los pobres se convierten en programas pobres".

Al describir el plan de Bernie Sanders para eliminar toda la deuda estudiantil sin excepción, como corolario de su propuesta de universidad gratuita, su secretaria de prensa nacional, Briahna Joy Gray, presentó un claro argumento político en este sentido:

La universalidad es la forma más demostrada a lo largo del tiempo de evitar que una cuestión se convierta en una pelea entre la clase media y los pobres, que es realmente lo que el uno por ciento desea. Basta con mirar a la Seguridad Social y Medicare. Dos de los programas más populares en este país cubren a todos, sin importar los ingresos. Y esa es exactamente la razón por la que esos programas han resistido el asalto de los republicanos y los demócratas moderados durante décadas, mientras que programas como el de cupones para alimentos, viviendas de la Sección 8[2], asistencia social, e incluso la ACA[3] han sido atacados. Todas nuestras abuelas se benefician del Seguro Social, por lo que es difícil considerarlo como un programa para los "pobres que no lo merecen".

Socios en la prosperidad

Los programas sociales universales operan con una lógica totalmente diferente a la los programas con selección por renta. Se materializan cuando una sociedad decide que quiere consolidar una determinada oportunidad como derecho social.

Tenemos escuelas públicas de K-12[4] en este país porque decidimos que la educación de los adolescentes era un derecho básico que todos deberían disfrutar, porque la sociedad es mejor así. Tenemos un sistema postal universal porque decidimos que todos deberíamos poder enviar y recibir correo -incluso aquellos que viven en áreas remotas y rurales-, y acordamos pagar impuestos basados en los ingresos para hacerlo posible. Tenemos Seguridad Social y Medicare porque llegamos a la conclusión de que todas las personas -nosotros, nuestros amigos, nuestros enemigos- deberían poder vivir sus últimos años con dignidad. Aún no tenemos un sistema público de salud, pero cada vez más la ciudadanía estadounidense se está dando cuenta de que la atención médica debe ser una de esas cosas que todos pagan y que todos reciben, porque la alternativa es bárbara y deshumanizadora.

Si los programas con selección por renta son motores de división caóticos y políticamente delicados, mientras que los programas sociales universales son motores elegantes y políticamente sólidos de solidaridad. A pleno rendimiento, generan en las personas un sentido de inversión colectiva y causa común. Cada cual aporta lo que puede y todos disfrutan de los frutos de sus contribuciones. Los programas son accesibles, comprensibles y visibles para todos. Los programas sociales universales no se perciben como una caridad envidiada sino como un esfuerzo mutuo, del cual todos somos responsables y de los cuales todos nos beneficiamos. La sociedad se eleva claramente por la participación y colaboración de masas.

Con la excepción de los ricos, a la mayoría de los cuales siempre les molesta tener que pagar impuestos altos por cosas que personalmente pueden pagar por su cuenta, las personas que viven en sociedades con derechos sociales garantizados no se ven entre sí como obstáculos para el éxito individual, sino como socios en la prosperidad. Mientras un exiguo modelo de estado de bienestar basado en la selección por renta promueve la alienación y la competencia, un modelo sólido y universal de estado de bienestar genera confianza y cooperación. Estas cualidades son necesarias para desarrollar una base desde la cual lanzar otros proyectos sociales ambiciosos y progresar como sociedad.

Los programas sociales universales no son completamente invulnerables a los ataques: considérese la expansión de las escuelas concertadas en el sistema escolar público existente. Pero sí crean grandes grupos de votantes dispuestos a defenderlas que, de otro modo, no existirían, como cuando maestros, padres y estudiantes se movilizaron recientemente para defender la educación pública en una ola de huelgas de maestros. Cuando los bienes sociales están elevados a la categoría de derechos, no tan fáciles de arrebatar.

En Gran Bretaña, el Servicio Nacional de Salud (NHS) enfrenta asaltos privatizadores neoliberales. Es una perspectiva aterradora, pero el intento de desmantelamiento no es tarea sencilla. Una encuesta reciente encontró que siete de cada diez personas "respaldan el principio básico que subyace tras el NHS: que la atención médica debe financiarse con impuestos generales para todos". (Solo el 4 por ciento dijo creer en un sistema de estilo estadounidense). En 2012, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres ofreció un homenaje al NHS, con bailarines vestidos como pacientes y enfermeras rodeando el estimado acrónimo. El político conservador Nigel Lawson, responsable de una gran privatización bajo el mandato de Margaret Thatcher, dijo una vez que el NHS "es lo más parecido que tienen los ingleses a una religión". Los ataques de la derecha pueden seguir llegando, pero el público no se está dejando convencer.

Los conservadores estadounidenses afirman que la educación superior no debe considerarse un derecho en absoluto y que, ante la amenaza de un fracaso social, las personas deben ser obligadas a levantarse a sí mismas simplemente con sus recursos. Al argumentar esto, los conservadores necesariamente ignoran todos los datos disponibles, concretos y anecdóticos, que demuestran lo imposible que resulta para la gran mayoría de las personas - que subsisten con salarios estancados y se enfrentan a costes de vida en aumento- ahorrar para una educación que cada década se vuelve sustancialmente más cara, pero que es necesaria en muchos casos para sentar las bases de una carrera próspera.

Los liberales, por otro lado, tienden a estar de acuerdo en que las personas deberían poder ir a la universidad si lo desean, y que las altas barreras financieras para el ingreso frenan las oportunidades y exacerban las desigualdades en riqueza. Simplemente prefieren una solución más débil y menos inteligente desde el punto de vista político, porque favorecen el engaño frente a una clara política de izquierdas que haga frente a los ricos y construya el poder y la solidaridad de la clase obrera.

Los socialistas no nos engañamos como los liberales centristas. Sabemos que todos tenemos derecho a una educación y una vida digna, y que la universidad pública gratuita es una reforma alcanzable que nos acerca a esa visión. Y sabemos que la mejor manera de crear programas que puedan resistir los inevitables intentos de desmantelarlos es hacerlos universales, para que se vuelvan populares, queridos y entretejidos en la tela de nuestra cultura.

 

[1] En los Estados Unidos de América, se llama Seguridad Social al programa federal de pensiones para la vejez y las personas supervivientes o incapacitadas, y Medicare al seguro de salud que cubre a todas las personas mayores de 65 años o discapacitadas.

[2] La Sección 8 de la Ley de Vivienda de los Estados Unidos autoriza el pago de ayudas de vivienda en alquiler a propietarios privados en nombre de aproximadamente tres millones de hogares de bajos ingresos. (NdlT)

[3]Adult Children of Alcoholics (ACA) es un programa para hombres y mujeres que crecieron en hogares alcohólicos o disfuncionales. (NdlT)

[4] K-12 (kindergarten to 12th grade) es la expresión estadounidense que indica los cursos de la enseñanza infantil, primaria y secundaria obligatorios y gratuitos en los Estados Unidos d América. (NdlT)

 

Meagan Day

es una activista de California del Norte, miembro de Democratic Socialists of America (DSA). Es escritora de plantilla de Jacobin y publica ocasionalmente en The New York Times y The Guardian, entre otros.

Información adicional

  • Autor:Meagan Day
  • Fuente:Sin Permiso
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