Domingo, 05 Enero 2020 08:42

El punto sobre la i

Escrito por Paula Pof / Yago Álvarez Barba
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El punto sobre la i

A más de un año de la revuelta popular contra el gobierno de Daniel Ortega, organizaciones feministas nicaragüenses denuncian el aumento de la violencia contra las mujeres y la persistencia de la represión al movimiento social. Sin embargo, la militancia continúa a pesar del estado de excepción y la acción paramilitar.

 

“Medio escondidas dentro de un centro comercial y abandonando el lugar de inmediato, antes que pudieran aparecer policías o paramilitares”. Así cantaron el ya reconocido himno feminista de origen chileno “Un violador en tu camino” un grupo de feministas nicaragüenses en Managua para denunciar las graves “violaciones de derechos humanos y torturas sexuales”, en el marco de la campaña mundial del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

A más de un año de las revueltas de abril de 2018, ser activista o feminista en Nicaragua sigue siendo “encachimbado”, porque “las feministas somos las que hemos puesto el punto sobre la i estando en las luchas, sintiéndonos revolucionarias y habiendo estado muchas en la defensa de la revolución y la lucha de los setenta y ochenta”, apunta Leo Arguello, activista feminista del programa de radio Y ahora yo tengo la palabra en la ciudad de Matagalpa. “Ha cambiado todo nuestro mundo”, explica mientras señala la doble puerta de seguridad que han tenido que colocar en el local donde llevan años realizando actividades, “ahora tenemos medidas de seguridad y rejas porque nos amenazan, vigilan y encarcelan”.

El boicot gubernamental a las actividades del movimiento feminista en el país se mantiene y normaliza, mientras aumentan los casos de violencia. “Toda la vida luchando contra el patriarcado, y ahora se ha recrudecido, hemos atrasado 40 años”, explica Eva Molina, del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, haciendo memoria de sus años de guerrillera sandinista. Aunque la justificación gubernamental es la inestabilidad política que vive el país desde abril de 2018, el movimiento feminista denuncia más de diez años de represión.

Desde que salió a la luz el caso de Zoilamérica –hijastra del actual presidente y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln), Daniel Ortega, a quien denunció por violación y abuso en 1998– se produjo una ruptura “con la persona-partido partido-persona que es ahora el Frente Sandinista, porque nos posicionamos, cuestionamos, apoyamos, respaldamos. Desde ahí se produjo un quiebre [del Fsln] con los colectivos de mujeres y las feministas en general”, continúa Arguello. “Queríamos justicia aunque el perpetrador fuese el presidente de la República y el revolucionario; esperábamos que diera la cara, eso esperábamos, aun las feministas ilusionadas con una revolución… Y no lo hizo, al revés, se escondió detrás de Arnoldo Alemán [entonces presidente de Nicaragua por el Partido Liberal Constitucionalista, con quien Ortega pactó para evitar el desafuero parlamentario] y se respaldó en la Chayo [nombre con el que se conoce a Rosario Murillo, madre de Zoilamérica, pareja de Ortega y actual vicepresidenta]”.

En 2006, justo antes de que el Fsln ganara las elecciones y recuperara el poder, el Congreso nicaragüense aprobó por mayoría y con los votos del partido sandinista una reforma del Código Penal que castigaba el aborto terapéutico, con sentencias de hasta seis años de prisión, sin excepción en casos de embarazo de alto riesgo para la vida o salud de la mujer, malformaciones graves del feto, o violación o incesto, incluso en menores de edad. Como justificación y confirmación del giro político, tras esta votación, Murillo declaró: “Somos enfáticos: no al aborto, sí a la vida. Sí a las creencias religiosas, sí a la fe, sí a la búsqueda de Dios, que es lo que nos fortalece todos los días para reemprender el camino… El Fsln respalda la posición de la Iglesia Católica y de las iglesias en general contra el aborto en cualquiera de sus formas, porque es un atentado contra la fe, contra la vida”.

Desde el primer Código Penal en 1837 el aborto estaba parcialmente despenalizado en Nicaragua. El pacto del sandinismo con los sectores conservadores de la Iglesia, según denunció el movimiento feminista, ignoraba los derechos humanos –a la salud, a la vida– y civiles de las mujeres nicaragüenses. Posteriormente, gracias a la presión del movimiento feminista, en 2012 se impulsó el debate público sobre las violencias contra las mujeres y se aprobó una ley integral que consiguió estipular y visibilizar, aparte de las violencias física, económica y psicológica que se enmarcan en la problemática de la violencia machista. Con esta normativa, también nacieron las comisarías de la mujer (con capacitaciones de género en colaboración con los colectivos feministas) y las casas de la diversidad sexual, cuyo objetivo era generar espacios para desestigmatizar y defender los derechos de la comunidad Lgbti.

Una victoria eventual, ya que pocos meses después desaparecieron las casas, las autoridades quitaron las banderas moradas y de arco iris, desmantelaron las comisarías de género, y descafeinaron y retiraron partes de la ley integral. Desde el Estado se agudizó la persecución y estigmatización de la lucha feminista, de la mano de Rosario Murillo, quien atacaba “la distorsión del feminismo, la manipulación de sus banderas, la deformación de sus contenidos, la disposición de sus postulados para la Causa del Mal en el mundo”.

AUMENTO DE LAS VIOLENCIAS. 

Tras la llamada crisis de abril hubo un repunte de expresiones machistas y agresiones sexuales, una práctica que buscaba, con crueldad y saña, imponer un castigo por medio de la humillación, posesión y dominación de las disidencias políticas. “Los cuerpos de las mujeres son el campo de batalla y la recompensa con la que se sirven agresores y políticos”, declara Molina ante el incremento de feminicidios, embarazos forzados de niñas y adolescentes y violaciones, muchas grupales y perpetradas durante los encarcelamientos de presas y presos políticos, según el informe de Amnistía Internacional de octubre de 2018, “Sembrando el terror: De la letalidad a la persecución en Nicaragua”.

“Apareció otro cuerpo, ¿cuántos llevamos? El miedo que tenemos es que se normalice de tal forma que ya no nos asuste el cuerpo de una mujer con signos de tortura, violación, estrangulamiento, cuchilladas o golpes en la cabeza, cuello y espalda”, lamenta Arguello. La militarización de las calles y la presencia de paramilitares han aumentado la inseguridad y el acoso. “Antes te podías enfrentar, pero ahora no. Hay miedo, y no sabes si es un paramilitar armado”, relata una joven activista de otro colectivo feminista, Las Venancias, que ha preferido no dar su nombre. “‘Esto te pasa por andar ganchoneando en la calle, es lo que andabas buscando’, eso es lo que te dicen, porque ese es el castigo por ser una mala mujer”, termina.

Entre la persecución, el desmantelamiento de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres y el estado de sitio de facto impuesto desde setiembre de 2018, han disminuido las denuncias. “Ahora no hay autoridad que valga, no hay policía que resguarde, sino que son los propios policías los que violan, acosan o permiten. Los que andan en la calle han sido armados por las propias autoridades, por lo tanto, si me entregas un arma, hago lo que quiero: asalto, violo, robo, golpeo y asesino”, continúa la activista.

El Colectivo de Mujeres de Matagalpa visita mensualmente desde hace años diferentes comunidades rurales, y brinda formaciones y trabajo a las mujeres: “Ahorita hay una práctica en muchas zonas rurales alrededor de Matagalpa, a donde llegan los armados encapuchados por la noche, asaltan, roban las pertenencias, amarran a los hombres, violan a las mujeres, se van y amenazan: ‘Si hablan, si dicen algo, volvemos para quemarlos a todos aquí’”, describe Molina. La violación de muchas mujeres ha sido no sólo un acto que atenta individualmente contra su vida, cuerpo y dignidad, sino un mensaje simbólico con aleccionadores por razón de género.

ARTICULACIÓN Y RESISTENCIA. 

Agresores, violadores, feminicidas. El muro de la denuncia de Matagalpa, ciudad del norte de Nicaragua, señala con nombres y apellidos y los expone ante toda la ciudad. “Si no funciona la justicia legal, que funcione la denuncia social”, argumentan desde el Colectivo de Mujeres de Matagalpa. La idea del muro surgió hace cinco años como un mecanismo más de denuncia y protección –imitando la tradición de las pulperías, pequeñas tiendas de comestibles y ultramarinos, que históricamente apuntaban los nombres de los morosos en sus puertas– ante la situación de vulnerabilidad legal en la que se encuentran las mujeres.

Un ejemplo de desafío y desobediencia en un contexto en el que, por el aumento de la represión, muchos colectivos han tenido que inventar prácticas de seguridad, cerrar sus puertas, esconder a sus compañeras o incluso exiliarlas. Actualmente se contabilizan más de 88 mil personas exiliadas desde abril de 2018, según datos de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del pasado octubre.

Mientras el gobierno continúa con el estado de excepcionalidad, la propaganda antigolpista y antifeminista, las detenciones y el boicot a las actividades, las activistas sostienen el movimiento y las campañas. Muchas de ellas bajo el paraguas de la Articulación Feminista de Nicaragua, movimiento amplio de organizaciones feministas de todo el país que el pasado 25 de noviembre volvió a denunciar un “régimen regresivo que alienta y protege a los agresores y ejerce la violencia de Estado”.

(Tomado de El Salto, por convenio. Brecha reproduce fragmentos, titulación propia.)

Información adicional

  • Autor:Paula Pof / Yago Álvarez Barba
  • País:Nicaragua
  • Región:Centroamérica
  • Fuente:Brecha
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