¡No hay derecho! Miradas territoriales sobre la interrupción voluntaria del embarazo

Si bien la sentencia C-355 de 2006de la Corte Constitucional ha tenido como objetivo garantizar el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE);las realidades estructurales, sociales y particulares a las que nos enfrentamos las mujeres en el territorio colombiano, agudizadas por la penalización de la práctica del aborto en el Código Penal Colombiano, han condicionado la posibilidad de que a través de este fallo se garantice a las mujeres y las niñas de todo el territorio nacional, servicios accesibles que tengan como finalidad el ejercicio del derecho.

Con el ánimo de garantizar la protección del derecho a la IVE -aspecto que no se agota con la interrupción del embarazo per se, sino que vincula la fase diagnóstica y la atención postaborto-, es indispensable que el Estado reconozca la desigualdad en acceso a servicios e información que caracteriza a las regiones y zonas rurales del país. Hablar de IVE desde una perspectiva centralizada, en un país como Colombia, implica acrecentar las brechas existentes entre las mujeres que habitan en las grandes ciudades y las que viven en regiones periféricas, también, esta visión centralizada permite el detrimento del derecho a la igualdad y nodiscriminación. Es necesario escuchar argumentos descentralizados geográficamente, construidos a partir de la experiencia propia y del proceso situado de acompañar o trabajar por la garantía del derecho, en configuraciones territoriales específicas.

Sobre este punto es determinante considerar las condiciones especiales a las que se someten las mujeres habitantes de zonas rurales del país, con escasos recursos, con un sistema de salud deficiente que no permite la atención oportuna de las mujeres y con un sin número de barreras sociales y culturales específicas en cada región, que por su complejidad menoscaban el acceso oportuno a los servicios relacionados con la IVE.

En el caso de San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño –territorio en el que habitamos como organizaciones-, existen múltiples barreras a las que las mujeres deben enfrentarse, entre ellas, la carencia de oferta suficiente de los procedimientos de segundo nivel, ya que solo se cuenta con aspiración manual endouterina –AMEU- en tres instituciones en todo el departamento. Así, por ejemplo, para procedimientos que deban aplicarse más allá de la semana veinte de gestación, no existe una institución en el municipio, ni en el departamento que preste el servicio, teniendo que hacerse una referencia a otro lugar del país para realizar el procedimiento, situación que genera un mayor obstáculo en las mujeres que lo requieran, pues no solo deben desplazarse sino además, asumir los costos que ello supone, cuestión que es mucho más complicada atendiendo a sus situaciones particulares.

 

En términos generales, los procesos de acompañamiento y formación en IVE han permitido a las organizaciones identificar una amplia gama de barreras, situaciones u obstáculos sociales, institucionales y estructurales presentes en el territorio, que limitan el acceso al servicio en condiciones de calidad, seguridad y oportunidad.

Las barreras sociales son todas aquellas actitudes, comportamientos y creencias presentes en los individuos, las familias, las comunidades y la sociedad en general, que censuran la práctica del aborto, desconociendo los derechos de las mujeres en general, y en especial los derechos sexuales y reproductivos. Una de las barreras que identificamos es la falta de conocimiento respecto a la IVE, como un derecho fundamental de las mujeres y niñas; este desconocimiento limita la exigibilidad del derecho y,en el plano institucional, impide la prestación de un servicio de salud que no vulnere los derechos sexuales y reproductivos, e incumple el ordenamiento jurídico nacional respecto a este derecho.

La idealización de la maternidad y la construcción de imaginarios respecto a condiciones “idóneas” para el ejercicio de la misma, se convierte en la negación de la posibilidad de elección; estos imaginarios provenientes de creencias religiosas y conservadoras arraigadas en la cultura nariñense censuran el aborto, el disfrute de la sexualidad y el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

La censura social condiciona la aplicación de las causales, a través de las cuales, en la actualidad, se hace efectivo el derecho a la IVE; por ejemplo, cuándo se otorga legitimidad a la causal violencia sexual, pero se reprocha la causal salud mental y se acepta condicionalmente la causal malformación del feto incompatible con la vida extrauterina[1].

A su turno, las barreras institucionales son aquellas prácticas (discursivas o fácticas) que ejercen las y los profesionales de salud, vinculados a la prestación del servicio de IVE, realizados en las EPS e IPS,   que niegan, dificultan o dilatan injustificadamente el acceso al derecho. Estas prácticas irresponsables condicionan la operatividad de la ruta de atención al conocimiento que tienen las mujeres sobre su derecho a la IVE y al acompañamiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres.

La objeción de conciencia -el derecho de las y los médicos a no practicar la IVE por razones religiosas o morales-, adquiere la calidad de barrera cuando no atiende las condiciones en las cuales debe presentarse por parte de las y los profesionales de salud, cuándo se utiliza de forma indiscriminada, cuando las instituciones de salud no cuentan con profesionales que no se declaran objetores-as y que puedan prestar el servicio, o cuando se declaran objetoras de conciencia como institución, siendo este un derecho de las personas naturales, no jurídicas.

Por otra parte, las instituciones exigen a las mujeres solicitantes de IVE, requisitos adicionales no previstos en la jurisprudencia, como la obligación de atención psicológica en causales que no la requieren; así mismo, se expiden certificaciones con diagnósticos incompletos que retrasan la prestación del servicio, imponiendo cargas desproporcionadas que vulneran derechos y configurando una violencia institucional, prohibida por la misma Corte Constitucional

En lo que concierne a las barreras estructurales, entendidas como aquellas situaciones que afectan el acceso al derecho, producto de las condiciones de desigualdad social y económica que rodean a las mujeres que pretenden acceder al servicio, se destaca la debilidad en la ejecución de proyectos y estrategias de formación relacionadas con educación sexual, derechos sexuales y reproductivos, y derechos de las mujeres.

Teniendo en cuenta que el departamento de Nariño es un territorio mayoritariamente rural, altamente golpeado por situaciones de violencia social y armada del país, donde su población no cuenta con condiciones socioeconómicas favorables y que en algunos casos las usuarias deben asumir los costos asociados a la práctica de la IVE; la mayoría de mujeres del departamento no logran efectivizar el derecho, de manera que, concluyen con el embarazo o se someten a procedimientos clandestinos poniendo en riesgo su vida.

En concordancia con lo anterior, la existencia del delito de aborto previsto en el Código Penal Colombiano, aun cuando la IVE es underecho fundamental, se convierte en una de las mayores barreras estructurales, en tanto es una figura utilizada por las instituciones de salud para coartar el derecho de acceso a la IVE, generando incertidumbre en las y los profesionales de la salud, sobre su marco de acción legal, pero además, conservando en la sociedad la percepción de delito respecto del derecho que asiste a las mujeres para decidir sobre la maternidad. Esto envía un doble mensaje: por una parte, las instituciones se excusan en la figura jurídica penal para no prestar el servicio de IVE, so pena de incurrir en delito; por otro lado, las mujeres solicitantes sufren en carne propia la estigmatización a que conlleva su práctica, cuestión que se explica además por la falta de información y de educación existente frente al tema y que finalmente incrementa el miedo de las mujeres a la criminalización.

Como podemos observar, las condiciones para la garantía del derecho fundamental a la IVE dependen de los contextos regionales, de ahí que es preciso la implementación de un enfoque territorial que reconozca las múltiples barreras que deben afrontar las mujeres en Colombia para acceder al servicio que efectiviza el derecho, las cuales se ven agudizadas en los territorios que enfrentan condiciones de exclusión histórica, en las zonas rurales y en regiones de exacerbación del conflicto armado interno, como es el caso del departamento deNariño.

Estamos seguras que avanzar en la protección al goce pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como deber del Estado social y democrático de derecho, desde la perspectiva territorial antes mencionada, implica el análisis comprometido respecto a la eliminación de barreras estructurales existentes para el acceso al derecho de IVE y en este sentido, la reflexión respecto a la pertinencia de la despenalización del aborto, como condición indispensable para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La experiencia en Colombia nos ha mostrado que la penalización del aborto no disminuye su práctica, sólo condena su realización a la clandestinidad.Es un hecho que la despenalización no implica incremento de abortos, sino la atención segura, oportuna y con dignidad de quienes han decidido interrumpir su embarazo. De ahí que, la penalización se traduce en muertes de mujeres por la falta de condiciones para la práctica del aborto, costos para el sistema de salud que debe atender los casos de las mujeres con complicaciones por abortos inseguros, costos en el sistema judicial derivados del proceso de investigación y sanción del delito, y construcción y legitimación de dinámicas de sanción social, ejecutadas en su mayoría por grupos antiderechos, tanto contralas mujeres que acceden a la IVE, como contra  los y las profesionales e instituciones prestadoras del servicio.

Como organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres y de la vida, exigimos al Estado la despenalización total del aborto, así como la construcción de espacios de control, vigilancia y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de las instituciones en la garantía del derecho a la IVE, a no retroceder en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y por el contrario, reforzar el avance en el reconocimiento y garantía de la autonomía reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes.

Mientras esto no se haga efectivo ¡No hay derecho!

 

Coautoras: Surprise City, Asmupaz y Corporación Violeta en Movimiento.

 

*Surprise City: Fundación que desde el arte y la cultura para jóvenes, acompaña y fortalece los procesos de formación en educación sexual y reproductiva, esencialmente la interrupción voluntaria del embarazo.

*Asmupaz: Asociación legalmente constituida por mujeres trabajadoras sexuales, que desde el año 2015 viene trabajando por la defensa de los Derechos Humanos y los Derechos Sexuales, Reproductivos y Laborales de las Mujeres Trabajadoras Sexuales; y que desde el año 2016 viene desarrollando procesos de acompañamiento en IVE en el municipio de Pasto y el Departamento de Nariño, así como también procesos de formación en Derechos Sexuales y Reproductivos, y campañas de promoción del derecho.

* Corporación Violeta: Expresión organizativa en construcción, cuyo objeto es la promoción, divulgación, defensa y protección de los derechos humanos en la región desde una perspectiva feminista. Comprometida, en ese sentido, con la promoción de justicia con enfoque de género y de diversidad; el fortalecimiento de procesos institucionales, sociales y organizativos alrededor de la implementación y construcción del enfoque de género, orientaciones sexuales e identidades de género; el desarrollo de escenarios de construcción de conocimientos respecto a las dinámicas territoriales en materia de derechos humanos, prevención de VBG y violencias a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y no binarias, que permitan la reflexión, discusión y recomendación de acciones para la protección de los derechos.

 

[1]En mayo de 2006, la Corte Constitucional expidió la Sentencia C-355, a través de la cual se despenaliza parcialmente el aborto en Colombia, en reconocimiento del derecho que asiste a toda mujer de interrumpir voluntariamente su embarazo cuando (i) la vida o la salud física o mental de la mujer gestante se encuentren en riesgo; (ii) el feto presente graves malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, es decir, que por su gravedad hacen que el feto sea inviable y, (iii) cuando la gestación sea producto de violación o incesto (Corte Constitucional, 2006).

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Expertos británicos crean organoides de placenta humana

Un grupo de científicos británicos logró crear miniorganoides de placenta humana, que asegura que transformarán la comprensión de trastornos reproductivos como la preclampsia y los abortos espontáneos.

Los organoides –modelos celulares funcionales en miniatura de las etapas iniciales de la placenta humana– también permitirán a los investigadores explorar qué es lo que hace a un embarazo saludable y cómo determinadas enfermedades pueden pasar de la madre al bebé en desarrollo.

La placenta humana provee el oxígeno y todos los nutrientes esenciales para el crecimiento del feto. Si no logra desarrollarse adecuadamente, el embarazo puede fracasar y terminar en la muerte fetal o en un aborto espontáneo.

Ashley Moffett, profesora del departamento de patología, fisiología, desarrollo y neurociencia de la Universidad de Cambridge, quien codirigió el estudio, explicó que si bien la placenta es absolutamente fundamental para contener al bebé mientras crece en el útero, los expertos saben muy poco sobre ella por falta de buenos modelos experimentales.

"Es el primer órgano que se desarrolla, aunque también es el menos comprendido", señaló a periodistas en una conferencia.

Mejor comprensión de las enfermedades

El campo de la ciencia de los organoides ha florecido en los años recientes, con equipos de investigación que han desarrollado todo, desde minicerebros a minihígados hasta minipulmones, usados para lograr una mejor comprensión de la biología y las enfermedades humanas.

El equipo de Cambridge, cuyo trabajo fue publicado en la revista Nature, comenzó sus esfuerzos para desarrollar células placentarias humanas hace más de 30 años, cuando Moffett y colegas estudiaban eventos celulares en las primeras semanas del embarazo.

Los expertos gradualmente crearon formas de aislar y clasificar las células placentarias, y hallaron la combinación correcta para cultivarlas y un sistema organoide capaz de generar modelos de miniplacentas.

El rodillo antiabortista de El Salvador se ceba con Imelda Cortez

Una joven, violada por su padrastro desde que era niña, aguarda en una cárcel el comienzo de un juicio ocho veces pospuesto, presuntamente por haber intentado matar a su bebé

El juicio contra Imelda Cortez que debía comenzar el lunes en El Salvador no solo se ha convertido en un símbolo de la lucha de las mujeres del país centroamericano contra una legislación sobre el aborto más dura que la de Afganistán o Yemen, sino también contra la lenta tortura del Estado y su burocracia que ha aplazado nuevamente el juicio.


Este lunes volvió a suspenderse por octava vez la vista previa contra Imelda, de 20 años, quien lleva más de un año y medio en prisión provisional acusada de intento de homicidio. A pesar de que el padrastro fue el violador y el bebé goza de buena salud.


Esta vez fue una gripe. La fiscal alegó que se encontraba mal lo que obligó a suspender nuevamente el juicio hasta el 17 de diciembre. La fiscal ni siquiera se molestó en enviar un justificante médico simplemente llamó al juzgado una hora antes del inicio, previsto para las 9.00 horas de la mañana, y anunció que estaba enferma. Este nuevo retraso supone que Imelda Cortez tendrá que pasar 35 días más en una de las cárceles más peligrosas del mundo hasta que conozca su situación jurídica.


Será otro mes entre rejas, en el marco de un calvario que comenzó hace una década cuando siendo una niña de 10 años su madre comenzó a vivir con Pablo de Dolores Henríquez, quien por entonces tenía cerca de 60 años.


Poco después de que se mudara con ellos su padrastro comenzó a violarla y siguió forzándola durante muchos años hasta que la dejó embarazada. El resultado fue que Imelda Cortez dio a luz donde pudo. Tenía 18 años y eligió una letrina de su miserable casa de chapa y palos para sacar el bebé de su interior cuando pensaba que era, en realidad, una crisis de colon. El bebé nació sano, pero ella empezó a desangrarse cuando el cordón umbilical se cortó de forma fortuita. Cuando su madre la encontró en el suelo, al borde del desvanecimiento, la llevó a un hospital.


Fue ahí donde los médicos creyeron que había intentado cometer un aborto y llamaron a la policía que la detuvo en el momento. En la única entrevista que ha concedido desde la prisión, Imelda contó a la revista Factum una de esas historias que pasan a la historia de los horrores. “[Mi padrastro] no quería que yo tuviera novio porque quería que yo fuera solo para él. Yo le dije que no iba a dejar de andar con mi novio. Entonces vino él y me dijo: "Si no dejas de andar con él, yo me voy a encargar de eso", contó a la publicación salvadoreña hace un año.


Que el violador era su padrastro se supo después gracias a las pruebas de ADN que se efectuaron y que la Fiscalía trató de impedir a toda costa. Esa misma Fiscalía piensa que Imelda trató de cortar el cordón umbilical y matar al bebé nada más nacer y por tanto la acusa de intento de homicidio agravado contra su hija, que hoy tiene un año y seis meses. El mismo tiempo que ella lleva en prisión. De ser encontrada culpable, Imelda sería condenada a 20 años de cárcel.


Mientras Imelda Cortez estaba en el hospital, su padrastro la fue a visitar para amenazarla. La mataría a ella, a su madre y sus hermanos si denunciaba los abusos. Un paciente que estaba cerca lo escuchó y avisó a una enfermera que a su vez dio parte a la policía. “Hay indiferencia y desdén de las instituciones cuando se trata de mujer, presa y pobre. No les importa que pase otro mes más detenida”, explica desde El Salvador a este periódico Bertha de León, abogada de la joven, nada más conocerse un nuevo aplazamiento.


En numerosas ocasiones, instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han exigido a El Salvador que cambie su legislación para dejar de ser uno de los cinco países del mundo donde está perseguido cualquier tipo de aborto y donde las mujeres con complicaciones del embarazo, que sufren abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son frecuentemente acusadas de homicidio. “Decenas de mujeres cada año son injustamente acusadas bajo un sistema plagado de prejuicios y estereotipos sobre su rol como mujer o como madre en la sociedad", señala a EL PAÍS Marcela Martino del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). "Son mujeres que llegan con la salud al límite de la muerte pero que son esposadas a la cama y trasladadas a centros penales en ese instante”, añade.


Según datos de la Organización de Naciones Unidas, si bien muchos países contemplan el aborto en su legislación bajo ciertas circunstancias, hay cinco Estados que no lo avalan en ningún contexto, tres de ellos en Centroamérica (El Salvador, Nicaragua y Honduras).


Según Cejil actualmente hay encarceladas 27 mujeres como Imelda y organizaciones como la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas insiste en un cambio legislativo que frene el alto número de embarazos de adolescentes. Con seis millones de habitantes, el año pasado hubo en El Salvador 19.000 embarazos de mujeres entre los 10 y los 19 años.
Antes de 1998, en El Salvador se permitía abortar cuando el embarazo era el resultado de una violación, si se trataba de un bebé con malformaciones o si la madre corría riesgo de muerte. Un nuevo código penal y la posterior reforma a la Constitución complicaron la situación de miles de mujeres. Hace dos años, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los tres supuestos. No obstante, la presión social y la fuerza de los grupos conservadores han frenado una iniciativa que tiene pocas probabilidades de avanzar dado que la derecha, que se opone a la reforma, tiene la mayoría de los escaños del Congreso.


Mientras tanto Imelda Cortez y cientos de mujeres salvadoreñas seguirán esperando un cambio legal que revierta la ecuación y no convierta en victimario a quienes son víctimas de pobreza y agresiones sexuales jamás denunciadas.

 

Por Jacobo García
México 14 NOV 2018 - 01:55 COT

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El aborto bajo los gobiernos ‘del cambio’ de América Latina y el Caribe (I)

En la mayoría de países de América Latina y el Caribe el aborto está prohibido, pero es la región con el porcentaje más alto de abortos provocados del mundo. Solo uno de los gobiernos 'progresistas' que proliferaron en la región desde fines de los '90, el de 'Pepe' Mujica en Uruguay, utilizó su mayoría parlamentaria para legalizar el aborto.

El 97% de las mujeres de América Latina y el Caribe en edad fértil —entre los 15 y los 44 años— viven en países donde el aborto está prohibido. Así lo asegura el Guttmacher Institute, un prestigioso organismo estadounidense que desde hace 50 años trabaja junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros centros especializados, en grandes campañas sobre relaciones sexuales seguras, programas de prevención de embarazos de adolescentes, campañas de educación de uso de anticonceptivos, salud reproductiva y promoción de leyes para la despenalización y legalización del aborto en el mundo.

Según uno de sus más recientes informes, de marzo pasado, “durante 2010-2014 tuvieron lugar anualmente 6,5 millones de abortos provocados en América Latina y el Caribe, frente a los 4,4 millones durante 1990-1994”. “El porcentaje de abortos fue de 44 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva (…) El promedio de abortos en la región fue de 48 por cada 1.000 mujeres casadas y de 29 de cada 1.000 solteras”, añade el informe.

La región tuvo en el periodo 2010-2014 el número más alto de embarazos no deseados de todo el mundo —96 por cada 1.000 mujeres—, cifra que en la subregión caribeña llegó a 116 de cada 1.000.
Se calcula que, de los 14 millones de embarazos no deseados que se producen cada año en América Latina y el Caribe, cerca de la mitad —46%— termina en abortos.

En el mismo periodo 2010-2014, habrían sido 56 millones los abortos provocados cada año a nivel mundial, seis millones más que de 1990 a 1994 —debido, entre otros factores, al aumento de la población—, pero el promedio fue de 35 por cada 1.000 mujeres, un 5% menos que en el periodo 1990-1994. El número de abortos es superior en los países desarrollados. Esto supone, en cualquier caso, un porcentaje muy inferior al de América Latina y el Caribe.

 

"En América Latina y Caribe se calcula que podrían haber muerto 900 mujeres por abortos clandestinos en 2014"

 

No hay estadísticas oficiales sobre cuántos de estos abortos provocados en la región que tratamos se realizaron clandestinamente, pero el Guttmacher Institute estima, sobre la base de informes provenientes de numerosas fuentes fiables, que podría tratarse de un 60% de ellos. Unas 760.000 mujeres aproximadamente tuvo que ser atendida en 2014, por ejemplo, por problemas derivados de abortos realizados en condiciones inseguras. En ese año podrían haber sido al menos unas 900 las mujeres muertas a causa de ese tipo de intervenciones, provocados generalmente por infecciones y/o falta de medios o escasa profesionalidad de quien practica el aborto.

Según un comunicado conjunto del Guttmacher Institute y la OMS, del total de abortos provocados que tienen lugar en el mundo cada año, unos 25 millones son considerados “peligrosos” por las condiciones en las que se realizan.

América Latina y el Caribe es la segunda zona del mundo —después de África subsahariana— con más embarazos entre mujeres menores de 20 años. Mientras a nivel mundial el ratio está en 46 nacimientos por cada 1.000 jóvenes, en esta región es de 66,5 nacimientos por cada 1.000 —lo que supone unos 2 millones de nacimientos al año de madres adolescentes—, aunque ha disminuido progresivamente en las últimas tres décadas.

Solo en 2014, murieron 1.900 adolescentes durante el embarazo, el parto o el posparto, sin considerar las muertes por abortos provocados. Las prohibiciones y legislaciones restrictivas existentes en América Latina y el Caribe sobre el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo son la clave del drama que sufre la región sobre este tema.

Después de la oleada de golpes de estado militares en la zona durante los años 60, 70 y 80 del siglo pasado y el ciclo de gobiernos civiles neoliberales que predominaron durante los 90 moldeados por el Consenso de Washington, el triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela en 1998 provocó el inicio de un cambio de rumbo.

En un corto periodo de tiempo llegaron al poder en varios países fuerzas populares, reformistas, con discursos y propuestas progresistas, que llevaron la ilusión y la esperanza a millones y millones de personas de esa, la región con mayor desigualdad social de todo el planeta.

Algunos de esos gobiernos llevan muchos años en el poder, como es el caso de Venezuela o Bolivia. En otros, como Argentina, estuvieron 13 años; en Brasil, 10 años. ¿Qué cambio experimentaron las mujeres latinoamericanas que luchan por un aborto legal, seguro, libre y gratuito, en esos países y en otros como Nicaragua, Chile, Uruguay, El Salvador, Paraguay, durante esos gobiernos que se auto reivindicaron del 'socialismo del siglo XXI' o al menos 'progresistas?

Es imposible hoy día ver una línea divisora clara entre lo realizado por esos gobiernos sobre el tema, en relación a lo hecho por gobiernos declaradamente conservadores o de derecha. Con la excepción de Uruguay, en ninguno de los países que tienen o tuvieron gobiernos 'progresistas' en esa zona del mundo en lo que va de siglo XXI se legalizó el aborto. Las categorías en las que los organismos internacionales dividen a esos países según su postura sobre el tema lo demuestra.

El Guttmacher Institute clasifica en varias tablas a los países de la región en función de la legislación actual sobre el aborto que tienen. Así muestran que hay seis países —Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití, República Dominicana y Surinam— donde la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida totalmente.

En otros nueve países —Venezuela, Brasil, Chile, México, Guatemala, Panamá, Paraguay, Dominica y Antigua y Bermuda— el aborto está aceptado solo cuando esté en riesgo la vida de la embarazada.
En siete —Argentina, Bolivia, Ecuador, Granada, Perú, Costa Rica y Bahamas— solo se permiten los abortos cuando está en riesgo la vida de la mujer y para preservar su salud física. En otros cinco países —Colombia, Jamaica, St. Kitts y Nevis; St.Lucía y Trinidad y Tobago— se permite solamente cuando esté en riesgo la vida de la mujer y para preservar su salud física o mental. En tres —Barbados, Belize, St.Vincent y Grenadines— se autoriza en aquellos casos en los que esté en peligro la vida de la mujer, o su salud física y mental, o por razones económicas.

Solo cuatro países tienen despenalizado el aborto y es legal —Cuba (desde 1965), Uruguay, Puerto Rico y Guyana) con restricciones ligadas fundamentalmente al número de semanas de embarazo.

 

"Argentina: las mujeres de toda la región siguieron expectantes el debate parlamentario; Diputados votó a favor de legalizar el aborto pero el Senado lo rechazó. Hasta 2019 no se podrá repetir la votación"

 

El 14 de junio pasado el Congreso de los Diputados de Argentina celebró un debate histórico. Era la séptima vez en los últimos once años que se presentaba un proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto pero la primera en la que finalmente el presidente de turno, el derechista Mauricio Macri, habilitaba el debate parlamentario.

Organizaciones médicas, feministas y distintas ONG coinciden en las cifras: anualmente se practican más de 400.000 abortos en Argentina, aunque no hay datos fiables de cuántos de ellos son clandestinos. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, en los últimos años la cifra de muertes de mujeres por abortos oscila entre las 40 y las 50 al año, aunque tampoco especifica qué porcentaje de esas muertes se produjo a causa de abortos espontáneos o provocados. Para el ministerio, todas esas muertes tuvieron lugar tras un “embarazo terminado en aborto”, aunque distintas asociaciones estiman que en la mayoría de los casos se produjeron por abortos clandestinos, realizados en condiciones totalmente inseguras. La asociación feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana ( MuMaLá ) ha creado recientemente el primer registro de muertes de mujeres a causa de abortos clandestinos en Argentina.

Dadas las características del tema, todos los partidos del hemiciclo respetaron la libertad de conciencia de sus parlamentarios y dieron libertad de voto, lo que produjo no pocas sorpresas.

En toda América Latina y el Caribe, y en menor medida también en algunos países europeos, se siguió con gran expectativa el debate, que duró más de 15 horas, con miles de feministas en la calle rodeando el Congreso, movilizadas, haciendo tronar sus tambores y ondeando pañuelos verdes, símbolo de su lucha. Las feministas argentinas son una referencia en toda la región desde que en 2015 un millón de mujeres salieron a la calle para gritar “¡Basta de matarnos, Ni una menos, Vivas nos queremos”, ante una ola de crímenes machistas.

En Argentina muere casi una mujer al día por la violencia de género, una lacra que es aún mayor en otros países de América Latina y el Caribe. La última gran ola de la batalla contra esos crímenes y por la diversidad sexual y los derechos laborales y sociales de las mujeres comenzó en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero no fue hasta diez años después cuando adquirió fuerza y masividad y lanzó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una reivindicación que tradicionalmente ningunearon los grandes partidos políticos.

Y el 14 de junio, finalmente, el Congreso de los Diputados de Argentina aprobaba por 129 votos a favor y 125 en contra el proyecto de ley presentado por la oposición al Gobierno de Mauricio Macri para la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El texto votado contemplaba despenalizar cualquier aborto hasta la 14º semana de gestación y para cualquier supuesto, a aplicarse dentro del llamado Programa Médico Obligatorio (PMO) tanto en las instituciones públicas como privadas.

Hasta el día de hoy sigue vigente en Argentina el Código Penal de 1921, que en sus artículos 85, 86 y 88 solo autoriza la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos de peligro de la salud de la madre o de violación probada, previendo incluso penas de hasta cuatro años de cárcel por abortar.


En el proyecto de ley votado se establece que una mujer podría abortar tanto en la sanidad pública como privada también después de la 14º semana de gestación en los casos en los que haya riesgos evidentes para la salud de la mujer y si se considerara la imposibilidad de vida extrauterina del feto. El proyecto también especifica que si la embarazada es una menor de 16 años el aborto solo se podrá realizar con su consentimiento.

Ese proyecto de ley, una verdadera revolución en Argentina, rechaza la posibilidad de que en casos de máxima urgencia el profesional interviniente en el aborto alegue objeción de conciencia para no hacerlo y solo la respeta si ha dejado constancia previa de su negativa a realizar ese tipo de intervenciones.

Sin embargo, la euforia que suscitó la votación en el Congreso de Diputados se vio inmediatamente ensombrecida por el veto del Senado. Fueron 31 los votos a favor de la ley pero hubo 38 en contra, 2 abstenciones y 1 ausente por maternidad. Analizando esos resultados no pocos analistas escribiendo desde el exterior aseguraron que fueron los 'macristas' y sus aliados de gobierno, la Unión Cívica Radical (UCR), agrupados en el interbloque Cambiemos, quienes impusieron su mayoría para vetar la ley.

En realidad no se puede adjudicarles en exclusiva el resultado de la votación ya que no existió disciplina de voto de sus señorías en ninguno de los partidos y casi todas las formaciones políticas mostraron sus propias diferencias internas y más de una sorpresa. Por parte del grupo más grande del Senado, el opositor interbloque Justicialista (peronistas no 'kirchneristas'), que presentó el proyecto de ley, ocho votaron a favor pero 11 votaron en contra. En el segundo 'interbloque' en importancia, el de la UCR (parte del Gobierno), nueve votaron en contra y tres a favor. En el también gubernamental Frente PRO, de Macri, hubo cinco en contra pero cuatro a favor. En el caso del Frente para la Victoria (FpV) de Cristina Fernández de Kirchner, también hubo división, 8 votaron a favor pero una senadora votó en contra. Una división que se repitió también en la mayoría de las otras formaciones más pequeñas. En total en la Cámara Alta hubo 14 senadoras que votaron a favor de la ley y 14 en contra.

Cristina Fernández de Kirchner rechazó el aborto durante sus ocho años de gobierno. Ahora cambió su postura y votó a favor del proyecto de ley. Hasta último momento hubo incertidumbre de cómo votaría la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muchos analistas dieron por descontado de que mantendría la misma posición que cuando fue presidenta, que votaría en contra de la ley; otros especulaban que podría ausentarse del hemiciclo para evitar ser abucheada por las miles de feministas que estaban en la calle pendientes de cada discurso y de cada voto.


Tanto durante su gobierno como durante la presidencia de su esposo, Néstor Kirchner, que le precedió en el cargo (2003-2007), se presentaron varias propuestas parlamentarias para que se debatiera la legalización del aborto pero ni uno ni otro aceptaron habilitar el debate. El peronista Miguel Ángel Pichetto, líder del interbloque Justicialista -antes integrado también en el FpV- e impulsor de la ley, recordó que él, en su momento jefe de la bancada oficialista, le había solicitado a la presidenta en 2013 convertir en ley un protocolo para casos de aborto por violación, siguiendo la doctrina sentada por la propia Corte Suprema de Justicia, una propuesta que ella también rechazó.

En febrero pasado Juliana di Tullio, ex diputada y jefa de la misma formación que la ex presidenta, el Frente para la Victoria, reconocía en una entrevista a la revista Anfibia que, durante los años de Gobierno de Cristina Fernández, en su formación “más de la mitad estaba en contra” de la legalización del aborto. “Fue mi decisión no poner el proyecto en el recinto para no perder, para mí hubiese significado un retroceso de 50 años. No tenía ni la mitad de los votos de mi bloque y al resto de los partidos les pasaba lo mismo. Además, faltaba lo que hoy sí existe: movilización en la calle y debate público instalado en los medios de comunicación”.

Y finalmente se desveló la incógnita sobre cómo votaría la ex presidenta en el Senado en 2018. En vísperas de la votación del pasado 9 de agosto ya adelantó a un popular entrevistador de televisión que votaría a favor de la legalización del aborto. En el propio Senado argumentó su voto y dijo que en su cambio influyó su hija Florencia, feminista, y “ver a las miles de chicas que se volcaron en la calle”.


En su descargo por no haber aceptado debatir el tema durante sus dos mandatos, Cristina Fernández reivindicó los avances logrados en libertad sexual durante su gobierno: “Votamos por la ampliación de derechos y hemos votado el matrimonio igualitario, que es una instancia superadora, superior a la interrupción del embarazo, que debería haber sido antes incluso. Este tema se nos pasó, debemos hacer una autocrítica”. La ex presidenta dijo en más de una ocasión que perdió a un bebé tras cinco meses de embarazo por un aborto espontáneo y que quedó muy traumatizada.

El debate parlamentario no podrá volver a repetirse hasta 2019 pero parece mayoritaria la idea en la sociedad de que terminará saliendo adelante la ley para despenalizar y legalizar el aborto. El tema está en la calle y la presión feminista va ganando cada vez más terreno.

 

"La injerencia de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia católica en este debate, que hizo una gran campaña demonizadora del aborto"

 

La injerencia de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia católica en este debate, que hizo una gran campaña demonizadora del aborto con llamamiento a sus fieles para que se movilizaran en la calle tal como en 1987 lo hizo contra el divorcio y en 2010 contra el matrimonio de personas del mismo sexo, provocó una oleada de apostasías.

La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) puso el pasado 8 de agosto —cuando se celebró el debate en el Senado— mesas frente al Congreso y ante la sede de la Conferencia Episcopal en el centro de Buenos Aires, para que tanto mujeres como hombres pudieran llenar una solicitud pidiendo ser eliminadas del registro bautismal, en repudio a la postura del clero argentino y del papa Francisco.
En pocos días recogieron 4.000 solicitudes que fueron entregadas en la Conferencia Episcopal. La CAEL reclama desde hace años la separación clara del Estado y la Iglesia y que se acabe la financiación pública de esta.

 

"Uruguay legalizó el aborto en 2012, durante el Gobierno del ex guerrillero 'tupamaro' Pepe Mujica"

 

En la campaña de las mujeres argentinas por la legalización del aborto supuso un aliciente inestimable el hecho que desde 2012 el vecino Uruguay lo hubiera aprobado, un estímulo para la lucha de todas las feministas de América Latina y el Caribe. Miles de argentinas y otras latinoamericanas han ido en estos años a abortar a Uruguay.

En Argentina, tras 13 años de gobiernos 'progresistas, los del 'kirchnerismo', el aborto siguió siendo ilegal. En Uruguay, en cambio, el Frente Amplio —amalgama de partidos de izquierda radical, socialistas, comunistas y demócrata cristianos— ganó por primera vez las elecciones en 2004 con el socialista Tabaré Vázquez como candidato presidencial, pero fue tras las elecciones de 2008, al ser elegido candidato por esa coalición el ex guerrillero del Movimiento Tupamaros 'Pepe' Mujica, cuando se produjo un giro a la izquierda interno que tendría también repercusión en la gestión de Gobierno.


En 2012 se aprobó la legalización de todo aborto que se realice durante las 12 primeras semanas de gestación, que se amplía a 14 semanas en los casos de violación.

“Los hombres no tendríamos que participar en esa decisión, es estrictamente del mundo femenino”, decía 'Pepe' Mujica en junio pasado en un acto en Rosario (Argentina) por el 90º aniversario del natalicio del 'Che' Guevara. “Impulsé en mi país una decisión de este tipo por un razonamiento muy sencillo: me crié en barrios proletarios, muy pobres, y conocí a una partera que se llamaba 'la Fonseca' que estaba a dos cuadras de la comisaría, y era la que practicaba los abortos. Y en Uruguay estaba prohibido. Allí no había ningún médico, solo una partera. Iban las mujeres pobres. Hay un problema de clase, siempre las mujeres pobres tuvieron la desgracia de sacrificar su juventud o hasta su vida”.

Durante el Gobierno de Mujica, en 2013 se legalizó también el matrimonio sexual y a fines de ese mismo año se aprobó igualmente la Ley 19.172, llamada la 'Ley de la Marihuana', que legalizó la venta de cannabis controlada por el Estado.

A pesar de las enérgicas protestas de la ONU Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el cannabis, aunque los informes médicos y la planificación para su producción y distribución hizo que se demorara su venta —en un número limitado de farmacias— hasta julio de 2017. Por el propio origen y características de Uruguay, la Iglesia católica nunca tuvo tanta influencia como en Argentina y en la mayoría de países de la región, lo que ayudó históricameente al desarrollo de ideas progresistas. Ya en 1927 se convirtió en el primer país de toda América Latina y el Caribe en el que las mujeres pudieron votar. También fue el primero en legalizar la prostitución y uno de los primeros en permitir el divorcio a petición de la mujer.

 

“La revolución cubana legalizó el aborto libre, seguro y gratuito en 1965, pocos años después de su triunfo”

 

En Cuba la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales de la salud pública se legalizó en 1965 tras un proyecto presentado en su momento por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ante el alto número de muertes maternas provocadas por abortos clandestinos. Se legalizó antes incluso que en Reino Unido (1967), en Estados Unidos (1973) o en España (1985 y solo para algunos supuestos).
El aborto es permitido hasta las primeras 10 semanas de gestación, plazo que se amplía para aquellos casos en los que existan complicaciones para la vida de la madre o del feto. Solo está prohibido y es penalizado solo en tres casos: cuando haya lucro de por medio; cuando se realice fuera de las instituciones oficiales; o si es realizado por no profesionales o sin el consentimiento de la embarazada.

En 2016 se realizaron 85.000 abortos a mujeres de entre 12 y 49 años según el Ministerio de Salud Pública, lo que supone 45 casos por cada 1.000 mujeres. Aunque es inferior al promedio de abortos que se realizaban una década atrás y es la mitad del ratio existente en la región —96 por cada 1.000— las autoridades sanitarias cubanas consideran que sigue siendo una tasa excesivamente alta.

Según las estadísticas oficiales un 77% de mujeres cubanas en edad fértil utiliza algún sistema anticonceptivo. Sin embargo, hay una opinión extendida entre las ginecólogas y ginecólogos de Cuba de que muchas adolescentes utilizan el aborto “como un medio anticonceptivo más”, algo que se intentar frenar desde hace años con más campañas de educación sexual en las escuelas.

“La mujer cubana sabe que tiene el derecho a decidir y lo ejerce”, dice la doctora María Elena Benítez Pérez, del Centro de Estudios Democráficos (CEDEM) de la Universidad de La Habana, “pero el hombre a menudo se desentiende, lo considera 'un asunto de mujeres'”.

“Los hombres, por su parte, han ampliado sus roles tradicionales aunque no se puede hablar del fin del modelo de la cultura patriarcal que aún impera en la sociedad cubana”, sostiene, “y que se refuerza en esferas como las relaciones de pareja, las estrategias de negociación en el uso de métodos anticonceptivos, la responsabilidad individual ante un embarazo no deseado o no planificado, entre otros temas, donde los estereotipos y la costumbre revelan algunos signos de renovación, pero, donde hay todavía mucho más por hacer”.

A pesar de que en los últimos años ha llegado también a la isla la influencia de los movimientos 'pro vida' impulsados por la Iglesia católica e iglesias evangélicas en toda América Latina y el Caribe, nadie parece creer que esa corriente llegue a calar en la sociedad cubana que entiende desde hace más de medio siglo el aborto como un derecho básico e indiscutible de la mujer.

Los otros dos países de la región donde el aborto es legal son Guyana y Puerto Rico. Guyana (oficialmente República Cooperativa de Guyana), ese pequeño y poco conocido país de América del Sur septentrional limítrofe con Venezuela, Brasil y Surinam, miembro de UNASUR y la CELAC, legalizó el aborto en 1995 si es practicado en las primeras ocho semanas de gestación, plazo que se amplía hasta las 16 semanas en el caso de que exista riesgo para la embarazada o para el feto. Sin embargo, en la práctica, la interrupción voluntaria del embarazo pudo se realizada en todos los hospitales públicos solo a partir de 2008.

Tanto el Guttmacher Institute como otras instituciones internacionales incluyen a Puerto Rico como el cuarto estado de América Latina y el Caribe que tiene legalizado el aborto, aunque resulta polémica su inclusión tal como la muestra su propio nombre oficial: Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Un nuevo referéndum —no vinculante— en la isla en 2017 mostró que el 97% apoyaba la anexión a Estados Unidos.

Aunque no pueden votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los puertorriqueños son considerados ciudadanos estadounidenses desde 1917. Desde hace más de medio siglo se les deja elegir a su propio Gobernador, y han podido dotarse de su propia Constitución, pero esas como otras decisiones importantes de su Legislativo siempre deben ser ratificadas por el Congreso de los Estados Unidos.

Puerto Rico se rige por las leyes estadounidenses y el fallo del Tribunal Suprema en el caso Roe vs. Wade de 1973 —refrendado en Puerto Rico por su Tribunal Supremo en 1980— legalizó el aborto realizado tanto a mayores como a menores de edad hasta las 12 primeras semanas de gestación.


Sin embargo el Código Penal de la isla lo sigue tipificando como delito en su artículo 98, pudiéndose condenar a la mujer y al médico a duras penas de cárcel en determinados supuestos.

Este mismo año, la senadora Nayda Venegas Brown ha presentado un proyecto de ley para restringir más el derecho al aborto en Puerto Rico, especialmente en el caso de las menores de edad, haciéndose eco a la polémica reabierta sobre el tema en varios estados de Estados Unidos que intentan descafeinar el fallo de la Justicia de hace 45 años.

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Sábado, 18 Agosto 2018 07:36

Elizabeth

Elizabeth

Se llamaba Elizabeth y tenía mucho por delante. Ya era madre. No hace falta indagar demasiado en las condiciones en las que vivía cuando una se entera que el aborto fue practicado con el tallo de un perejil. Así son muchos, muchísimos de los abortos que todavía se practican en la clandestinidad y a los que recurren mujeres rodeadas de una nube de la desesperación. Con perejil, con cucharitas de trago largo, con perchas de alambre desarmadas. Hay miles de mujeres que ni siquiera llegan al consultorio del médico abortero, muchísimas menos al acceso de prácticas abortivas con pastillas a las que podrían acceder. Están en otro tiempo, y por eso no acceden. Están detenidas, en el doble sentido invisible de esa palabra.


Están detenidas en el tiempo, y mueren como han muerto mujeres hace décadas y en siglos pasados, porque este mundo no sólo está dividido en clases, sino que a cada clase le corresponde una fase del tiempo histórico. Y están detenidas porque a pesar de que muchas de ellas viven en pretendidas democracias, son prisioneras del tiempo al que fueron confinadas por el patriarcado y el capitalismo, que hoy copulan en una nueva versión de obscenidad. Muchas mujeres y hombres en el mundo, en esos países de los que vienen los migrantes, huyen del pasado que se les hizo carne, esclavitud, abuso, tortura, persecución, pérdida, desorientación. La precarización de la vida es una manera de decir que esas personas han quedado detenidas en un tiempo en el que la idea de “seguridad” ni las comprende ni las alcanza. Han sido excluidas también de eso.


Elizabeth era una más de lxs condenadxs. Como ella hubo millones que nadie vio y nadie recuerda. La muerte de Elizabeth sólo cobra su dimensión porque hoy se rompió el velo y podemos ver una escena insoportable. Pero cuando se abre el punto de mira es este mundo así como es y así como va el que no se puede soportar. Con las enormes mayorías de las poblaciones detenidas en el tiempo, consideradas sobrantes de la especie, mano de obra sin alma, masa informe y sin nombre que debe seguir aplastada en Africa o en el subsuelo de una mansión británica. Arriba o en el norte, abajo o en el sur, el cinco por ciento de quienes están vivos están absolutamente convencidos de que son ellos los únicos que tienen derecho a todo, y que es de débil y estúpido preocuparse por el otro. La dominación se exacerba, hoy, y se lleva a cabo confinando a cada sector en una franja diferente de tiempo. Porque ellos no sólo gobiernan los países, dirigen las iglesias, son miembros de organismos internacionales. Ellos se apoderaron de la llave del presente.


Millones de seres humanos hoy viven en condiciones que podrían ser las de dos o tres siglos atrás. Mientras en el presente, que es el tiempo en el que gira el mundo, en el que se escriben y leen los diarios, que se ve televisión, que todo se vuelve robótico y sobretecnologizado, el tiempo en el que la medicina y la hotelería y la gastronomía y la publicidad y el espectáculo exaltan la velocidad y la compra del último modelo de cualquier cosa, millones de seres humanos, muchísimos más que los que tienen acceso al presente, deslizan sus vidas por un tiempo ido del que nunca pudieron despegarse o al que llegaron por descenso social. Sin cloacas, sin electricidad, sin educación, sin cena, sin desayuno, sin intimidad, sin seguridad, sin dientes.


En este sentido, la lucha por el aborto legal para no morir es un impulso extraordinario por tirar entre millones de personas de la soga para sacar a otros millones de personas del pasado. La reacción, los reaccionarios, ya llegan y se instalan. Con los provida ha llegado un nuevo tipo de violencia que puede volverse compleja y ante el que hay que estar alertas. Porque la inercia del poder siempre ha sido manipular y disciplinar para mantenerse en la captura del presente, y prometer cualquier cosa para el futuro, siempre para más adelante, siempre otro semestre, otra década. La dominación, así, es la manipulación del tiempo: detienen a millones en el pasado y les prometen cosas para el futuro. Mientras tanto, en el presente, que es lo único real, ellos se quedan con todo. El peronismo les resulta repulsivo porque precisamente una de sus premisas es darles dignidad ya, ahora, y permitirles el ingreso no sólo a un sistema sino al tiempo que comparten con el resto de la sociedad.


Nosotros tenemos esta vida que Elizabeth ya no tiene porque no pudo llegar al presente y como tantas, recurrió a lo que pudo, a “lo que le correspondía”. Nosotros tenemos esta vida y nada más. Si nos quitan el presente nos quitan todo, como les han quitado todo, desde el principio de los tiempos, a los que finalmente creyeron que así eran las cosas. El coloniaje, el vasallaje, la esclavitud, la supremacía racial o de género. No. Las cosas no son así. Las cosas fueron hechas, talladas, construidas así por los que se quedaron con el presente.


Las cosas no son así. Los abortos en el presente no se hacen con perejil. Mueren las que han quedado detenidas, doblemente detenidas en el tiempo ya ido y en la imposibilidad de decidir sobre sus cuerpos. Nunca cuando hay una muerte evitable las cosas son así. En este caso, las cosas podrían ser diferentes si por ejemplo hubiera menos hipócritas y cínicos dedicados a la política y ocupando bancas en el Senado.

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El momento de la verdad. La ley del aborto legal en Argentina cayó en el Senado.

La tramitación en el Senado del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo demostró el poder que sigue teniendo la Iglesia en Argentina, el enorme potencial de movilización que tienen los derechos de las mujeres, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, y el alcance trasnacional de la batalla por el aborto legal en el país. La Cámara alta rechazó asegurar este derecho a las mujeres y cuerpos gestantes, pero el proceso que llevó a la votación parlamentaria del jueves es irreversible.


Había que ser 2 millones en las calles. Ese fue el llamado de los feminismos durante la última semana; frente a un panorama adverso en el Senado, y las amenazas y presiones que sufrieron varios senadores en los últimos días, la consiga fue duplicar la presencia y que el grito colectivo resonara. Parecía difícil superar la épica del 13 de junio, cuando el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (Ive) obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, tras una vigilia histórica, pero se logró. La lluvia tenaz desde la tarde, el viento que hacía volar paraguas y el frío helado de la noche no impidieron que Buenos Aires y gran parte del país viera marchar, acampar, cantar y llorar a 2 millones de personas durante 16 horas, tiempo que duró el debate en Senadores. Pasadas las dos de la mañana, se confirmó lo que ya se sabía: no se había aprobado el proyecto de ley y no hubo sorpresas en las votaciones de los senadores. En contra de la Ive votaron 38 senadores, a favor 31 y hubo dos abstenciones y una senadora ausente en lo que fue una discusión en general pobre de argumentos y que por momentos resultó anacrónica. El debate en el Senado en la sesión del miércoles contrastó enormemente con lo que sucedía fuera de sus muros. Desde los movimientos feministas y la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito –la gran impulsora de la ley en los últimos 13 años– repetían: “La calle ya votó”, “ganamos en las calles”, “la historia se hizo acá afuera”, frases que recogen el espesor de una lucha y movida que desde hace meses tiene a gente en todo el mundo mirando con mucha atención. Desde la teórica de género Judith Butler hasta la actriz Susan Sarandon, pasando por el presidente de España, Pedro Sánchez, quien lamentó en Twitter el desenlace de la votación. Desde las kurdas revolucionarias hasta las uruguayas, chilenas, peruanas y francesas (y más) que se movilizaron frente a las embajadas de Argentina en sus países.

 

LA IGLESIA CONTRATACA

 

Pero el entusiasmo global no fue suficiente. Si bien la “marea verde” ya cambió para siempre el destino de las nuevas generaciones argentinas, en estos últimos dos meses quedó clarísimo el peso que tiene también la Iglesia Católica, la otra red global, en la sociedad y política argentinas. Y eso también se reflejó en las calles, donde la presencia de los autodenominados “defensores de las dos vidas” se multiplicaron con respecto a la vigilia que organizaron para la votación en Diputados el 13 de junio pasado. El ala reservada de la Plaza del Congreso a los representantes del pañuelo celeste (el símbolo que enarbolaron) esta vez fue mayor. Llegaron al miércoles más visibles y más virulentos. Se los vio caminar en grupos por las “zonas verdes” y tuvieron mayor presencia mediática. Después del 13J la Iglesia se despertó y redobló esfuerzos. Las Ong religiosas pusieron primera y el dinero evangelista fluyó con ganas. A la capital argentina llegaron decenas de ómnibus del interior, y las marchas y fetos gigantes se sucedieron. Esto mismo hizo que durante las semanas previas, y este miércoles en particular, los vendedores de pañuelos ampliaran su gama de colores a tres: los verdes, los celestes y los naranjas, que representan la lucha por la separación entre la Iglesia y el Estado, que según una creciente parte de la población, es el próximo paso a seguir.


Después de las declaraciones del papa Francisco –que comparó las prácticas de abortos con el nazismo–, las argumentaciones políticas cargadas de razonamientos religiosos dejaron muy claro el problema que arrastra Argentina desde su fundación. El naranja llegó para quedarse.
La inmensidad de jóvenes (muy jóvenes, al igual que durante las movilizaciones del 13 de junio) que colmaron las calles adhirieron a la campaña de secularización.


CONTRA EL VIENTO, LA MAREA

 

Mara, de 17 años, vestida toda de verde y con glitter en los ojos, se vino desde Villa Ballester con sus primos y una caja llena de cintas anaranjadas y verdes. La lleva colgada del cuello con un cartel que dice: “compañera, agarrá tus cintas contra el aborto clandestino”. “Fui a un colegio católico privado como muchos chicos de clase media, porque están subvencionados por el Estado y son más baratos que otros privados. Son mediopelo, pero a muchas familias les da seguridad, aunque no sean católicas. Entonces vos estás ahí y te están bajando línea religiosa cuando te tienen que estar educando. Empecé a militar con mis primas por el Ni Una Menos y ahora ya no pienso parar hasta que salga la ley del aborto y la Iglesia no forme más parte del Estado”, dice a Brecha. Mara está parada en la esquina de Corrientes y Callao. Son las cinco de la tarde, pero llegó pasado el mediodía. Llueve y se resguarda junto con decenas de personas bajo el techo de una pizzería.


A partir de esta hora, prácticamente no se puede circular y eso que faltan ocho cuadras para el Congreso y como siete horas para que se termine el debate. Las carpas y escenarios con nombres de militantes feministas históricas, como Dora Coledesky, Diana Sacayán o Lohana Berkins, están atiborradas y allí habrá actividades durante 12 horas: conciertos, charlas, entrevistas públicas, lecturas de poesía, llenando de contenido a la vigilia. Otros lugares funcionan de refugio y centros de reunión. Así, el hotel Bauen, autogestionado por sus trabajadores desde la crisis de 2001, recibió en su bar y lobby durante toda la tarde y noche a miles de personas e integrantes de movimientos sociales, sobre todo aquellos que viajaron desde otras provincias y necesitaban recargar teléfonos, agua para el mate o descansar un poco de la intemperie. Hay una pantalla gigante y, sentadas en mesas y en el piso, jóvenes militantes, familias, niños y grupos de amigas siguen lo que pasa adentro del Senado. Los abucheos se alternan con los cantos de “ahora que estamos juntas/ ahora que sí nos ven/ abajo el patriarcado/ se va a caer/ se va a caer” que irrumpen en oleadas y retumban en el espacio cerrado.


Entre esa multitud está Nina Brugo, abogada laboralista y militante histórica del movimiento de mujeres, con su pañuelo y la cara pintada con brillantina violeta y verde. “Estoy impresionada porque estamos golpeando y dando puñetazos al patriarcado. Y seguiremos así hasta que el feminismo sea una realidad total en una historia de Argentina y América Latina”, asegura a Brecha.

 

“CUERPOS GESTANTES” 

 

Entre las feministas históricas y el activismo más joven se coló con fuerza en la discusión la perspectiva de la diversidad sexual, que aporta complejidad conceptual y pliegues a la discusión del aborto y la autonomía de los cuerpos. Así, el debate se enriqueció gracias a la visibilización de los varones trans y sus “cuerpos gestantes” (la expresión aparece en el proyecto de ley de Ive) y a la reivindicación del rol de las lesbianas y su militancia aguerrida por el aborto legal. También las personas trans tuvieron cosas que decir sobre la clandestinidad y un Estado que proscribía sus cuerpos y deseos. “No son solamente las mujeres que tienen la capacidad de gestar: la gran batalla es contra la Iglesia y la moral cristiana. Las diversidades sexuales históricamente hemos dado esas batallas”, comentó a Brecha Mariana, una militante joven de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) desde uno de los stands.

 

VIRULENCIA EN EL SENADO 


Mientras afuera todo fue manifestación pacífica y proclama, adentro del Senado primó la virulencia, el autoritarismo y la prepotencia. Varias periodistas fueron revisadas y se les prohibió la entrada con pañuelos verdes. A los fotógrafos se les pedía “por orden de Michetti” (la vicepresidenta de Argentina y presidenta del Senado) que mostraran sus imágenes antes de salir, relataron a Brecha varios periodistas. Al grupo de diputadas de distintos bloques que militaron por el aborto legal (autodenominadas “las sororas”) se les negó la entrada al recinto y tuvieron que escuchar el debate en la calle. A la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, con 88 años y en silla de ruedas, también le prohibieron entrar. Cuando el senador Fernando “Pino” Solanas, en un discurso encendido con fuerte contenido feminista, le achacó esto a Michetti, la vicepresidenta dijo que saludó a Cortiñas y habló con ella diez minutos. Pero no la dejó pasar y Solanas le tuvo que prestar su despacho. El dispositivo de seguridad ordenado por Michetti se condijo con su apuro en terminar temprano la sesión y sus declaraciones de semanas anteriores. En una entrevista a La Nación (1-VII-18), mandó parir a las mujeres violadas (“no sé, que vayan al psicólogo”). También hizo todo para obstaculizar el debate. Quiso enviar la ley a la Comisión de Presupuesto (presidida por Esteban Bullrich, el senador que escribió un poema desde la perspectiva de un feto) y quiso evitar la trasmisión en vivo de las audiencias. Pero fue el senador peronista de Salta Rodolfo Urtubey el que se llevó el primer puesto, al afirmar que en las violaciones intrafamiliares no hay violencia: “Hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo, en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento”. A los minutos, sus declaraciones ya eran titulares de todos los portales de noticias.


A los dichos de Urtubey se le sumaron la gran mayoría de las declaraciones en la Cámara alta, que, salvo escasas excepciones, estuvieron faltas de argumentos y cargadas de falacias –datos inventados, conspiración internacional, síndromes inexistentes–. También abundaron las referencias locales; a la supuesta “opinión” de las respectivas provincias de los senadores. Pero sobre todo las declaraciones de los legisladores fueron largas. Prácticamente todos los senadores se excedieron en el tiempo de exposición, lo que hizo que quienes se encargaron del cierre (destacó el discurso secular de Miguel Ángel Pichetto y la adhesión al feminismo de Cristina Fernández) arrancaran bien pasada la medianoche.


A las dos y media de la mañana, cuando se pasó a la votación y no se logró la aprobación de la ley, estallaron los fuegos artificiales de los militantes celestes. Aún con el micrófono abierto, se escuchó a Michetti exclamar: “¡Vamos todavía!”.


La marea verde se fue dispersando mientras se cantaba que tarde o temprano el aborto legal sería ley. Marta, una vecina del barrio de Balvanera, cansada y empapada no se sentía triste. Se veía venir el resultado. “Ya sacamos el debate a las calles. Tenemos más de 70 años y hoy vinimos con nuestras hijas y nietas. Tres generaciones militando por nuestros derechos. Esto antes era impensado”, comentó a Brecha.

 

EL DEBATE EN NÚMEROS


Del total de votos en el Senado del Frente para la Victoria, el 89 por ciento lo hizo a favor y el 11 por ciento en contra del proyecto de ley. Días anteriores a la votación, la senadora Silvia García Larraburu, de la provincia de Río Negro, se dio vuelta y no votó en bloque. Del oficialista Pro, el 40 por ciento de los senadores votó a favor y el 60, en contra; del Partido Justicialista, el 39 por ciento a favor, el 50 por ciento en contra y el 11 por ciento sin definir. La Ucr, a contrapelo de la defensa de los derechos civiles, votó con 73 por ciento a favor y 27 por ciento en contra. El resto (Frente Renovador; Pares, Frente Popular; Frente Cívico y Social, y proyecto Sur) votaron 38 por ciento a favor del proyecto de ley, 54 por ciento en contra y 8 por ciento de sus senadores no se definieron.


Durante el debate por la ley Ive, que empezó en Diputados el 10 de abril, pasaron por el Congreso 770 expositores. Según el relevamiento de la organización Economía Femini(s)ta, más de la mitad fueron médicos y abogados. En ambos casos se presentaron más en contra que a favor.


Según un informe del Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels), que toma cifras del Ministerio de Salud de la Nación y el Conicet, en Argentina se practican entre 460 mil y 600 mil abortos clandestinos cada año. En los hospitales públicos de todo el país se registran 53 mil internaciones por abortos al año. Del total, alrededor del 15 por ciento corresponde a adolescentes y niñas menores de 20 años, y aproximadamente el 50 ciento a mujeres de entre 20 y 29 años.


La Constitución prevé, en su artículo 81, que todo proyecto de ley desechado por una de las Cámaras sólo podrá volver a tratarse durante las sesiones del año siguiente. El año que viene seguirán los mismos legisladores que el jueves de madrugada rechazaron el aborto legal. Pero 2019 será un año electoral y hay que ver qué impacto real tuvieron estas sesiones parlamentarias en la intención de voto de los electores.

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Pañuelazo por el derecho al aborto en Santa Fe, Argentina. 20 de julio de 2018

El pasado jueves 9 de agosto pudimos conocer los resultados de la votación en el Senado de Argentina sobre la Proposición de Ley en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Una Proposición de Ley aprobada en la Cámara del Congreso el pasado 14 de junio y que no ha conseguido sortear la votación de la Cámara Alta: 38 votos en contra frente a 31 a favor y dos abstenciones. Por tanto, el escenario no deja de ser desolador desde el punto de vista de la subjetividad jurídica y política de las mujeres en tanto en cuanto la interrupción voluntaria del embarazo sigue manteniéndose como delito penado con hasta cuatro años de cárcel por mor de la dicción literal de los artículos 85 y 86 del Código Penal.

Téngase en cuenta el artículo 1 de la Proposición de Ley, donde se establece el reconocimiento del derecho a decidir voluntariamente sobre la interrupción del embarazo

En este punto, debemos tener en cuenta los siguientes párrafos del artículo 85, anteriormente mentado: “El que causare un aborto será reprimido: (…) 2º Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer”. En la misma línea, leyendo el contenido textual del artículo 86: “Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo (...)”. A mayor abundamiento, repararemos en los supuestos de despenalización recogidos en el propio artículo 86 CP –cuya redacción data de 1921– en tanto que preceptúa: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer en cinta, no es punible: 1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. Por contra, téngase en cuenta la dicción literal de la Proposición de Ley objeto del presente texto, y, específicamente, sobre su artículo 1, donde se establece el reconocimiento del derecho a decidir voluntariamente sobre la interrupción del embarazo durante las catorce primeras semanas de gestación a todas las mujeres en el marco del ejercicio del derecho humano a la salud.

Cuesta comprender el porqué de la negativa del Senado teniendo en cuenta la dimensión internacional del texto constitucional argentino

Las lecturas propuestas obligan a reflexionar sobre el lugar que ocupan las mujeres en (y ante) el discurso jurídico y el lugar dónde dicho discurso –en general– las (nos) sitúan en relación al sujeto abstracto y universal. Cuesta entender la negativa a nivel parlamentario (y no sólo) en relación al reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad en el marco del reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Cuesta asumir el ostracismo jurídico al que se ven abocadas muchas mujeres –normalmente pobres o con escasos recursos– ante la negativa al reconocimiento de la autonomía corporal en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva. Pero es más, cuesta comprender el porqué de la negativa del Senado teniendo en cuenta la dimensión internacional del texto constitucional argentino (y su carácter normativo) tras la revisión de 1994, en donde incorporó una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos ampliando el corpus de derechos a nivel interno.

Recuérdese las obligaciones de los Estados Partes, en el marco de la diligencia debida, con respecto a la erradicación de la discriminación contra las mujeres que se derivan del artículo 2 de la CEDAW

De especial mención resultan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966) y, específicamente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979). Sobre este último texto tráigase a colación la delimitación normativa (y conceptual) de “discriminación contra la mujer”, y recuérdese que, con tal expresión, se alude a toda distinción o exclusión basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. A su vez, recuérdese las obligaciones de los Estados Partes, en el marco de la diligencia debida, con respecto a la erradicación de la discriminación contra las mujeres que se derivan del artículo 2 de la CEDAW, en cuanto instan a llevar a cabo y desarrollar políticas encaminadas a eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres y, de forma particular, a consagrar, en las constituciones nacionales (o cualquier otra legislación apropiada), el principio de igualdad y a asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de dicho principio.

Llegados a este punto –y de forma sucinta– reflexionemos sobre las siguientes interrogantes:

- ¿Qué efectos sobre la vida de las mujeres va a tener el seguir penalizando la interrupción voluntaria del embarazo en los términos de los artículos 85 y 86 del CP de 1921?

- ¿Qué mensaje se envía a nivel social en relación con la subjetividad jurídica y política de las mujeres?

- ¿Son las mujeres sujetos jurídicos/políticos en los mismos términos que los varones?

- ¿Ejercen las mujeres los derechos de ciudadanía –donde cabe englobar el derecho a la autonomía corporal– en los mismos términos que los varones?

- ¿Desconfía el Estado –en líneas generales– de las decisiones de las mujeres en el ámbito de su salud sexual y salud reproductiva?

- ¿Y tras el veto del Senado y la negativa al reconocimiento de la sexuación de los sujetos de derechos qué?

Por último, sólo quedan dos apuntes más: (1) la negativa del Senado constituye un acto de discriminación contra las mujeres en el marco de la CEDAW, incomprensible en pleno siglo XXI, y (2) evidencia la necesidad de constitucionalizar los derechos sexuales y reproductivos en el marco de un nuevo pacto constitucional en el cual las mujeres sean verdaderas artífices y destinatarias del pacto de convivencia social. Un nuevo pacto para este avanzado siglo que debe garantizar el derecho de todas las mujeres a la autonomía corporal y a decidir libres de coerción, discriminación y violencia sobre su maternidad.

* A continuación, y para completar el análisis, se incluyen dos cuadros en donde se recogen los votos a favor y en contra por Grupos Parlamentarios en el Senado y por sexo, respectivamente.

 


 

La deuda de América Latina con las mujeres: el aborto es ilegal o muy restrictivo en la mayoría de países

 

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  • En toda América Latina, el aborto solo es legal en 3 de 49 países: Cuba, Uruguay y Guyana
  • En República Dominicana, Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Surinam la interrupción del embarazo es ilegal en cualquier situación
  • En la mayor parte del continente esta práctica es delito, aunque las legislaciones de algunos países incluyen excepciones que tienen que ver con violaciones o malformaciones

 


Cristina Armunia Berges / Raúl Sánchez / Ana Ordaz

 

América Latina tiene una gran deuda con sus mujeres. El continente le debe al feminismo un gran cambio de legislación que permita a las personas, de manera libre y segura, acceder al aborto. Y se trata de un grito común que empieza en México y termina en Chile. En todo el continente (incluyendo los países caribeños con más de un millón de habitantes), solo 3 de 49 países cuentan con una legislación que legaliza el aborto. Esto significa que en el 92% de los países es ilegal esta práctica, aunque en algunos territorios operen excepciones en forma de supuestos.

La peor parte se la llevan los países centroamericanos. En República Dominicana, Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua, abortar es ilegal en todos los casos, es decir, no existen excepciones de ningún tipo en sus legislaciones. En El Salvador, por ejemplo, las mujeres pueden llegar a ser castigadas hasta con 30 años de prisión por abortar. Se enfrentan también a persecuciones que encabeza la iglesia, pero que también siguen ciertos sectores de la sociedad, simplemente por despertar sospechas.

El Código Penal de Honduras castiga con penas de tres a seis años de cárcel a las mujeres que produzcan o consientan una interrupción de su embarazo. Por ley, tampoco se pueden utilizar anticonceptivos de emergencia.ç

 

"Estamos trabajando en todas las regiones. Hicimos un gran trabajo en Chile y, en los países centroamericanos, lo que hacemos es denunciar internacionalmente las penas a cadena perpetua por abortar que se imponen por ejemplo en El Salvador. En estos países, el aborto está completamente penado", explica Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La mayor parte de los países latinoamericanos prohíbe el aborto con excepciones parecidas en cada territorio. Los supuestos más habituales en los que no es delito abortar son: violación o que corra riesgo la vida de la madre. Algunos países incluyen también malformaciones del feto, y unos pocos –tres de los países más pequeños del continente: Barbados, Belize y San Vicente y Granadinas– suman la inseguridad socioeconómica.

Las legislaciones más restrictivas, esto es, las que solo contemplan la legalidad del aborto en casos de violación o de que corra peligro la madre, las encontramos en países como México, Venezuela, Brasil, Paraguay o Chile.

 

De los 49 países analizados el aborto está totalmente prohibido salvo excepciones en 15 países. Se permite para salvar a la gestante en 13 de ellos, se permite por razones socieconómicas en 3 y es legal sin restricciones en otros 3. Cuba fue el primer país en legalizar el aborto en el territorio en 1968, después lo hizo Guyana en 1995 y, finalmente, Uruguay en 2012.

De los países que prohíben el aborto, Brasil, Chile, México y Panamá lo permiten en caso de violación. El resto lo prohíben incluso bajo este supuesto. En este punto, cabe recordar que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación desde el año 2007. Esta competencia depende de los estados.

 

Dentro de los países que prohíben el aborto, es posible abortar si peligra la vida de la madre en Antigua y Barbuda, Brasil, Chile, Dominica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Venezuela. No sucede lo mismo en República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname.

La OMS calcula que cada año se producen 22 millones de abortos no seguros y que cada año mueren 47.000 mujeres por complicaciones derivadas de abortos inseguros. Apuntan también que el 40% de las mujeres en edad de procrear vive en países donde el aborto está prohibido, restringido o es inaccesible.

 

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Macri propone reformar el código penal. En Argentina, un juez decidirá en cada caso punibilidad del aborto

Buenos Aires

Tras el rechazo del Senado argentino a la legalización del aborto hasta las 14 semanas de embarazo, el gobierno del presidente Mauricio Macri indicó este jueves que evalúa incluir la despenalización de esta práctica en el nuevo Código Penal, aunque la iniciativa señala que la decisión final de cada caso quedará en manos de cada juez.

Mariano Borinsky, presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, indicó que el anteproyecto será presentado el 21 de agosto ante la cámara alta, y de confirmarse, los congresistas deberán de debatir sobre el aborto en cuestión de pocas semanas.

La iniciativa, elaborada por un panel de expertos a petición de Macri, propondrá que un magistrado pueda eximir de pena a la mujer que realice un aborto. "No va a haber sanción a la mujer, porque por fuera de los casos de excepción, el juez podrá dejar en suspenso la punibilidad o eximirla de una sanción penal", profundizó Borinsky en declaraciones al canal Todo Noticias.

Aclaró que en el texto del anteproyecto se tomará en cuenta el fallo F.A.L de la Corte Suprema, que en 2012 precisó los alcances del aborto no punible en los casos de violación y garantiza un protocolo de asistencia médica para los embarazos interrumpidos por una agresión sexual o que expongan la vida de la mujer o el producto.

A ellos se agregaría una nueva causal: "evitar un peligro para la salud mental de la mujer", aclaró el titular de la comisión.

La nueva iniciativa mantendrá la penalización a los médicos que practiquen las cirugías o emitan recetas con medicamentos o prácticas caseras. El Código Penal actual sentencia hasta con cuatro años de prisión a cualquiera de los practicantes.

"(El aborto) seguirá siendo un delito. Seguirá penalizado tal como se venía haciendo", reiteró Borinsky.

Tras casi 17 horas de debate, el Senado rechazó la madrugada de este jueves con 38 votos a favor, 31 en contra y dos abstenciones el proyecto que proponía legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación. La propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados en junio.

Hasta el amanecer de este jueves millones de mujeres ataviadas con pañuelos verdes –color de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, además de la ampliación de sus derechos– se manifestaron frente al Senado pese a la incesante lluvia.

Algunas de ellas lanzaron piedras y quemaron basura, mientras la policía las reprimía con chorros de agua y gas lacrimógeno. Los incidentes dejaron siete detenidos, según la policía.

La decisión fue recibida con júbilo por manifestantes con prendas color celeste, quienes se oponían a la norma, y cuyo número fue sensiblemente menor a las defensoras por el derecho a decidir.

"¡Vamos todavía, vamos!", festejó la presidenta del recinto, Gabriela Michetti, tras emitir el veredicto de la jornada y segundos antes de apagar el micrófono de su lugar. Durante la maratónica sesión también interrumpió fuera de reglamento a varios senadores e intentó, con el argumento de una supuesta falta de garantía de seguridad, concluir el debate antes de las 10 de la noche.

Momentos antes, el senador Fernando Pino Solanas increpó a Michetti con un discurso en el que abordó los derechos de la mujer a "gozar y a decidir sobre su cuerpo". Consideró que en todos los debates parlamentarios "hubo un gran y lamentable ausente: la mujer".

Solanas también reclamó a Michetti por qué se negó el acceso a la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, quien está en silla de ruedas y presenció el debate bajo la lluvia y en medio de las multitudinarias protestas, pese a que se le aprobó el acceso a la sesión.

La ex presidenta (2007-2015) y actual senadora Cristina Fernández sostuvo que "se puede estar de acuerdo o no, pero lo más grave de esta noche es que estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo y la situación va a seguir siendo la misma", en alusión a los abortos clandestinos.

La bióloga Andrea Zamparini, del equipo de prensa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, dijo que "el Senado terminó siendo mucho más conservador de lo que pensábamos. Claramente, nosotras vamos a volver a presentar esto en marzo del 2020... Vamos a poner presión social".

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, advirtió que esta decisión "no hace más que perpetuar el círculo de violencia que se ejerce contra las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar".

La periodista Luciana Peker tuiteo: "Ganó la presión de la Edad Media. No los votos. No escucharon a las mujeres en la calle."

Las iglesias católica y evangélicas felicitaron por separado a los senadores por "honrar la dignidad de la vida del niño/a por nacer".

La tarde de este jueves, el presidente Mauricio Macri comentó en la Casa Rosada, tras una reunión de gabinete, que el aborto y otros temas como la educación sexual son debates "que se van a seguir sucediendo, porque los argentinos estamos entendiendo qué significa vivir en democracia".

El mandatario consideró importante trabajar "en la educación integral de los docentes, que incluya el capítulo de educación sexual, la asesoría integral en las escuelas e introducir métodos anticonceptivos de larga duración".

La prioridad del gobierno será comenzar en las provincias del noreste y noroeste argentino y en la de Buenos Aires, donde se registran los mayores índices de embarazos adolescentes. "El problema está y tenemos que seguir trabajando para que esas chicas tengan esas posibilidad de elegir y planificar sus vidas", subrayó Macri.

En Argentina cada año se practican 354 mil 627 abortos, según estimaciones oficiales divulgadas por el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, aunque informes de organizaciones civiles indican que alcanzan hasta los 500 mil.

Las complicaciones en abortos generan un promedio de 49 mil hospitalizaciones anuales, mientras en los pasados 30 años más de 3 mil mujeres murieron a causa de abortos clandestinos. Rubinstein reconoció estar "un poquito frustrado" con el final del debate parlamentario, pero reconoció que "los grandes cambios no se pueden dar de una sola vez y necesitan un proceso de decantación y de maduración".

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Argentina. El Senado dice ‘no’ al aborto y deja al país con una ley de 1921

Por 38 votos negativos y 31 a favor, la Cámara Alta bloquea el proyecto de aborto legal e impide que las mujeres puedan decidir cómo y cuándo ser madres.

Las convicciones religiosas se impusieron al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en Argentina, el país del papa Francisco. Por 38 votos por el no y sólo 31 por el sí, el Senado argentino rechazó este miércoles el proyecto para legalizar el aborto hasta la semana 14 que había aprobado la Cámara de Diputados en junio. La interrupción del embarazo se mantiene como un delito penado con hasta cuatro años de cárcel, a pesar de que cada minuto y medio una mujer aborta en el país austral.

La Argentina del siglo XXI e integrada al mundo que pregona Mauricio Macri seguirá con una deuda histórica con las mujeres: el aborto legal. La ley vigente data de 1921 y sólo permite el aborto en caso de violación o riesgo de vida para la madre, dos supuestos que suponían un avance hace 97 años pero que hoy no responden a las nuevas demandas sociales. El presidente argentino habilitó por primera vez el debate parlamentario sobre la interrupción voluntaria del embarazo, pero Cambiemos, la coalición que encabeza fue la que más votos aportó en contra para rechazar la iniciativa. El resultado negativo enmudeció a las decenas de miles de personas que desafiaron la lluvia bajo paraguas y plásticos verdes, el color que identifica a los partidarios de la legalización, y fue aplaudido en el lado celeste de la plaza, donde se concentraron los detractores del proyecto.

La victoria en la Cámara de Diputados, pero en especial la multitudinaria movilización que acompañó al 'sí' el pasado 14 de junio, hicieron pensar en un primer momento que la marea verde se impondría también en el Senado, una Cámara mucho más conservadora, donde están representados los intereses de las provincias de interior del país. Pero con el paso de las semanas, la presión de la Iglesia católica y los evangélicos ganó terreno hasta decantar la votación. En sus discursos antes de definir el voto, numerosos senadores se escudaron tras sus creencias religiosas y la necesidad de salvar las dos vidas —la de la madre y la del feto— para justificar su voto en contra.

El debate se inició temprano por la mañana, en un intento por evitar que las discusiones se extendiesen más allá de la medianoche. Fue un intento vano, porque la sesión duró casi 16 horas y cerró cerca de las 3.00 de la madrugada. Pese a lo caldeado de las posiciones en la calle, el tono dentro del recinto fue mesurado, fiel al protocolo del Senado. “No será menos trágico un aborto porque se haga en un quirófano. No, será igual de trágico. El objetivo es que no haya más abortos en Argentina, eso es aspirar a más”, dijo el senador Esteban Bullrich, exministro de Educación de Mauricio Macri, ferviente católico y defensor del 'no' a la ley. Su presentación resumió la posición de los grupos antiabortistas: el embrión tiene derechos constitucionales desde el momento de la concepción y, aunque el aborto es un hecho, no podrá reducirse con una ley que lo regule.

Aborto en Argentina

Los portavoces del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados concentraron sus argumentos en el reconocimiento de una realidad que existe, con o sin ley. "Las mujeres están solas. El varón aborta antes, desapareciendo. Por eso este es un problema de mujeres. Los abortos se hacen y el debate hoy es por el aborto legal o ilegal”, dijo la senadora peronista Norma Durango. Su par por Tucumán, Beatriz Mirkin, fue más directa. "Estoy acá para legislar, y acá en Argentina se aborta, lo he visto porque he trabajado en los hospitales. He visto muchos más legrados uterinos de los que ustedes imaginan", dijo, visiblemente emocionada.

El cineasta Pino Solanas, de 82 años, dio sin duda uno de los discursos más emotivos. Consideró que "el goce es un derecho humano", pidió que se respete el derecho de los pobres "a amar" y reveló que una novia de su adolescencia tuvo que abortar "porque entró en pánico". Solanas asumió la derrota de la ley, pero pidió a las decenas de miles de jóvenes que esperaban el final del debate bajo la lluvia que no se den por vencidas. "¡Bravo chicas! Esta noche es sólo un pequeño descanso. Será ley, nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación", gritó Solanas para cerrar su discurso.


La presión de la Iglesia

Otros senadores a favor de la norma denunciaron la presión de la Iglesia, como el entrerriano Pedro Guastavino. "Ayer, en mi cuenta de WhatsApp recibí una enorme cantidad de mensajes que, en nombre de Dios, me calificaban de manera irreproducible. Me lo pasé atajando y esquivando crucifijos", dijo. Las posiciones atravesaron a todos los partidos políticos. Guastavino es peronista, como Rodolfo Urtubey, polémico en sus argumentos contra el aborto, incluso en casos de violación, uno de los supuestos legales del aborto en Argentina. "La violación también está clara su formulación, pero habría que ver. Hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, a veces la violación es un acto no voluntario", dijo.

Los portavoces del no se concentraron en el oficialismo, pero hubo excepciones. La senadora Gladys González, cercana a Macri, defendió con vehemencia la ley. "No podemos proponer como solución al aborto ilegal que se cierre el sistema. Queremos salvar a las dos vidas y no estamos salvando ninguna", dijo González, en referencia al lema de los contrarios a la ley. La escuchó atenta su par, la vicepresidenta y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, contraria al aborto incluso en caso de violación a una menor. Particularidades de un debate basado en la libertad de conciencia de los legisladores.

Entre los grandes partidos, sólo el kirchnerismo votó mayoritariamente a favor. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se opuso a tratar el tema del aborto mientras fue presidenta por estar en contra, explicó por qué ahora votó a favor. "No fue por mi hija que cambié de opinión. Las que me hicieron cambiar de opinión fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Esta ley no va a salir esta noche, no saldrá este año, pero saldrá el que viene o el otro", dijo Kirchner.


Abortos con agujas de tejer

La decisión de mantener el aborto como un delito no evita que numerosas mujeres decidan interrumpir embarazos no deseados. Según estimaciones extraoficiales, entre 350.000 y 450.000 mujeres abortan cada año en Argentina. Lo hacen en la clandestinidad, con riesgo para sus vidas, en especial las gestantes con menores recursos, que recurren a médicos no profesionales o métodos peligrosos como sondas, perchas, agujas de tejer y hasta tallos de perejil.

Mientras los senadores debatían, una mujer de 35 años y madre de cinco hijos luchaba por su vida tras ser sometida a un aborto clandestino en Mendoza, al oeste del país. Hace menos de una semana, Liliana Herrera, de 22 años, falleció de una infección generalizada por la misma causa. Cada año, casi 50.000 mujeres sufren complicaciones derivadas de interrupciones del embarazo y cerca de medio centenar mueren. El ministro de Sanidad, Adolfo Rubinstein, llamó a los legisladores a poner fin a estas muertes evitables votando a favor de una ley que garantiza que las mujeres puedan abortar de forma segura. También la defendió, sin éxito, el ministro de Ciencia, Lino Barañao.

Con el paso de las horas, el ambiente en la calle se volvió más tenso. "Si no hay aborto legal, que quilombo se va a armar", advertían las miles de mujeres partidarias del aborto legal que aguantaron bajo la lluvia todo el debate. "Es doloroso que no nos escuchen, que hablen de intervenciones quirúrgicas cuando las mujeres hoy abortan en casa con misoprostol", lamenta Clara, una estudiante universitaria de 20 años.

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No es fácil generar tanto rechazo social

El laborismo, colectivos feministas, Amnistía Internacional, grupos latinos, antirracistas, ecologistas, gays, trans, activistas contra la tortura en Guantánamo salen a la calle.

 

Desde Londres

 

Trump lo hizo. No es fácil congregar cientos de miles de personas en Londres y otras ciudades del Reino Unido. Los británicos no se expresan con mucha frecuencia en las calles: lo dejan para las grandes ocasiones. Contra la guerra en Irak en 2003 salieron un millón de personas a la calle. Contra Donald Trump superaron las 200 mil, según el The Sun, así que bien podrían ser unos cuantos más dada la bajísima simpatía que el tabloide de Ruppert Murdoch siente por estas protestas.

El abanico de razones para salir a la calle era muy amplio y tenían al presidente estadounidense de denominador común. El laborismo, colectivos feministas, Amnistía Internacional, grupos latinos, antirracistas, ecologistas, gays, trans, organizaciones contra la tortura en Guantánamo y una inmensa multitud que fue por su cuenta enarbolaban pancartas a favor de una Palestina libre, contra el negacionismo climático, por los derechos humanos y de los niños, contra la Islamofobia y el racismo, contra el muro con México y su interferencia en la política interna de otros países, contra la misoginia y las fake news: Trump lo hizo.

En el cielo de Londres estaba el muñeco inflable de la discordia entre Donald Trump y el alcalde de Londres de origen musulmán, Sadiq Khan. El Bebé Trump naranja con pañal y un celular en la mano derecha sobrevoló el centro de la capital inglesa para disgusto de Trump que se ha cruzado públicamente varias veces con Khan: la condición de musulmán del alcalde seguramente no ayuda.

El líder del Laborismo, Jeremy Corbyn, su antecesor, Ed Miliband, dirigentes políticos y sindicales, Bianca Jagger en nombre de organizaciones de derechos humanos participaron de la protesta que partió a las dos de la tarde del edificio de la BBC, cerca de Oxford Street y se dirigió a Trafalgar Square mientras que grupos feministas tomaron la misma ruta, unas tres horas antes.

“Estoy en contra de todo lo que representa. El racismo, la falta de comprensión y empatía con otros países y gente, la idea de que es America First y nada más importa”, dijo Keith Watts del condado de Wiltshire, a 100 kilómetros de Londres. Una irlandesa, Lynn Cork, de unos 45 años, se centró en esa alquimia subjetiva que encarna la persona de Trump y sus políticas. “Su oposición a los derechos humanos, a inmigrantes, su tratamiento de mexicanos, ni qué hablar de su actitud ante las mujeres: es un personaje despreciable”. Un australiano que hace décadas vive en el Reino Unido, Peter, añadió a esta lista “cómo se concentra en el uno por ciento de los más ricos, es lo único que le importa, si yo fuera más joven estaría por una revolución”. Una mujer de origen indio, Mary, que vive en la bella ciudad pre-románica de Bath, tenía en su cartel todos los calificativos que le reprochaba al presidente: “racist, liar, troll, adulterer, pussy grabber”. “No tiene nada de lo que debería tener un líder. Es una vergüenza humana”, dijo a Pagina/12. Su marido, inglés, aprobaba con la cabeza.

Otros, como la musulmana británica Isha de “Campaign against Torture in Guantánamo”, recordaban que Trump representa una continuidad y una profundización de la política seguida por sus predecesores. “Pasaron más de 16 años y todavía hay 40 presos en Guantánamo. Estados Unidos no quiere llevarlos a juicio y mucho menos liberarlos porque muchos fueron tan salvajemente torturados que tienen miedo de que hagan una denuncia pública de lo que han hecho”, le dijo a PáginaI12.

La nutrida columna de los Latinx Bloc Against Trump congregaba 17 grupos latinoamericanos, entre ellos la Argentina Solidarity Campaign, Free Lula, el movimiento Ecuador en el Reino Unido y el Gran Polo Patriótico de Venezuela. “Estamos marchando contra las políticas migratorias, racistas, xenófobas, las intervenciones militares en América Latina, la extracción salvaje de nuestros bienes naturales, además del discurso y práctica misógina de Trump. Y queremos pronunciarnos contra el establecimiento de una base militar estadounidense en Neuquén disfrazada de base humanitaria”, dijo a PáginaI12 Martina Rodríguez de la Argentina Solidarity Campaign.

Otra organización de solidaridad con Argentina, la Action for Argentina, recientemente formada, se encontraba en la Trafalgar Square. “No nos podemos quedar con los brazos cruzados ante un presidente que no solo representa un país que se ha aprovechado de América Latina sino que sigue haciéndolo con políticas neoliberales y que piensa que es justificado meter a niños en jaulas”, señaló Hannah Brown de la Action for Argentina.

Entre el grupo, pero no parte de él, se encontraba Samuel Tarry, ex responsable de campañas de Jeremy Corbyn. “Estoy marchando con mi hijo que es mestizo porque estoy contra el racismo y el fascismo. No hay otra manera de describir la conducta de Trump cuando pone a niños en jaulas. La mayoría de los británicos estamos contra Trump y su racismo y misoginia”, dijo Tarry.

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