Ecuador no incluirá la despenalización del aborto por violación en su nuevo código penal. La asambleísta Paola Pabón, del partido en el Gobierno Alianza País, retiró este viernes la moción de legalizar el aborto en caso de violación, que había propuesto durante la sesión del jueves y que fue secundada por una veintena de legisladores del oficialismo y de la oposición. La razón de este cambio repentino a todas luces está en la advertencia que hizo el presidente Rafael Correa durante una entrevista en Oromar Tv, la noche del jueves.
Correa hizo pública su posición frente al aborto y anunció que jamás aprobará la despenalización del aborto. "¿Dónde se habla de despenalizar el aborto? Por el contrario, la Constitución dice defender la vida desde la concepción", dijo y añadió que "si siguen estas traiciones y deslealtades, y si mañana (este viernes) se evidencia algo, muy lamentable, que está ocurriendo en el bloque oficialista de Alianza País, yo presentaré mi renuncia al cargo".
Con esa sentencia, el Legislativo, controlado por el oficialismo, con 100 de los 137 legisladores, retomó el debate del código penal este viernes y la primera en hablar fue Paola Pabón. "Aquí no están los traidores compañero presidente (...) con el inmenso cariño que te tenemos, te decimos que esta vez estás equivocado, (...) pero por la unidad de la bancada retiro la moción para que este bloque no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptura".
La noticia fue un duro golpe para los grupos de mujeres que abrigaban la esperanza de por lo menos conseguir que se apruebe el aborto por violación. "Estamos viviendo en un momento de violencia machista, donde una mujer que se atrevió a transgredir este sistema de violencia tuvo que retirar la moción, nosotras nos solidarizamos con Paola Pabón y a los asambleístas que defendieron con dignidad y valentía nuestros derechos. Y convocamos a las mujeres ecuatorianas a que desobedezcan porque van a seguir abortando en la clandestinidad", dijo Virgina Gómez de la Torre, representante del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Sarahi Maldonado, de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, dice que responsabilizan al presidente por todas las muertes de mujeres por abortos inseguros y de los suicidios de mujeres violadas. "Lo de hoy es la muestra más clara de la violencia, política, institucional que no nos reconoce como sujetas de derecho y que genera una práctica política basada en el chantaje, la presión y la manipulación, todo lo contrario a lo que se puede considerar revolucionario y la esencia profunda del pensamiento de izquierda".
Durante más de 20 meses, estos grupos de mujeres han acompañado la formulación y discusión del texto penal en la Asamblea. Han presentado argumentos de peso como las 1.962 denuncias por violación que se presentaron en 2011, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. "Esto indica que hay un promedio diario de cinco violaciones diarias y existe el riesgo de que entre el 10 y 15% de estas mujeres puedan quedarse embarazadas", dice desde su perspectiva médica Virgina Gómez de la Torre.
La cifra de abortos en el Ecuador es altísima. Un total de 125.000 mujeres abortan cada año. Esto equivale a un aborto cada cuatro minutos. Las mujeres por lo general acuden a los centros obstétricos que son conocidos por facilitar un aborto. No es difícil localizarlos. El gancho suele ser la oferta de un test de embarazo gratuito. Luego se paga entre 150 y 600 dólares por un aborto.
De momento, el artículo 149 del nuevo código penal sanciona el aborto, excepto cuando la víctima padezca discapacidad mental, que es lo mismo que decía el código antiguo aunque este usaba el calificativo de mujeres "idiotas o dementes". Este cambio semántico es la única diferencia entre el nuevo código y el texto que se formuló hace 70 años.
Para las activistas el nuevo código penal sigue penalizando a las mujeres, incluso porque todavía se debate un artículo que pone en riesgo del aborto terapéutico que ya era una conquista de las mujeres. Hay un artículo que habla de inhabilitar por seis meses los médicos que atiendan un aborto.
La discusión del texto penal, que tiene más de 1.000 artículos, podría alargarse hasta la próxima semana. Los puntos más polémicos, además del aborto, son la criminalización de la negligencia médica y la inclusión del feminicidio.
Hace siete años que Colombia despenalizó el aborto en tres casos: riesgo para la mujer, malformación del feto y embarazo producto de violaciones o incesto. Sin embargo, en 2012, cerca de 102.000 mujeres fueron atendidas por complicaciones derivadas de abortos irregulares, lo que generó al sistema de salud colombiano un gasto de 14,4 millones de dólares.
Las cifras las proporciona un estudio que presentó en Bogotá el instituto estadounidense Guttmacher, que desde hace cinco décadas trabaja en temas de salud sexual y reproductiva en el mundo. Según el instituto, los centros públicos de salud de segundo y tercer nivel del país (centros médicos generales y atención de alta complejidad, respectivamente) aún atienden muy pocos casos de aborto legal y realizan de media solo 6 y 12 procedimientos al año. En cambio, las instituciones privadas realizaron 906 abortos legales por año.
El estudio muestra que la atención de un aborto legal en una institución pública de tercer nivel puede costar 189 dólares y en una de segundo nivel, 213 dólares. Son cifras consideradas altas y esto se debe al método que utilizan para realizarlos. De acuerdo con Guttmachet, estas instituciones siguen utilizando la opción más invasiva y costosa, que es el método de dilatación y curetaje, conocido como legrado. Se calcula que a 8 de cada 10 mujeres atendidas se les aplica este método.
Esto significa que los costos por paciente en las instituciones de estos niveles (en el primero, el nivel básico, apenas se realizan abortos) "son entre 4 y 5 veces más altos que los costos de atención por paciente en instituciones especializadas que emplean los métodos recomendados por la OMS", dice Elena Prada, una de las investigadoras del equipo. Las técnicas recomendadas a las que se refiere Prada son la aspiración manual endouterina y al aborto con medicamentos como el misoprostol, o la combinación de ambos, que son menos costosos, más seguros y se aplican de manera ambulatoria.
El estudio, que recogió información de 30 instituciones de salud en las cinco principales ciudades del país, calcula que atender a una mujer con complicaciones después de un aborto inseguro cuesta 141 dólares. "(Los costos) son innecesariamente más altos en Colombia que en otros países de América Latina", dice el informe.
La atención postaborto tiene un costo equivalente a la mitad del valor que tiene la atención del aborto legal en las instituciones de salud de segundo y tercer nivel. En las entidades especializadas privadas la diferencia entre es casi nula. Los altos costos se deben, nuevamente, al uso del legrado, pero también a trabas administrativas y demoras en el servicio.
Cuando se trata de realizar un aborto legal, las instituciones suelen poner barreras, mientras que si una mujer llega con complicaciones postaborto, se atiende inmediatamente ya que es una urgencia médica. "Las demoras son comunes, algunos proveedores de servicios solicitan documentos innecesarios o permisos adicionales del sistema judicial antes de proceder, y algunas instituciones se rehúsan rotundamente a proveer abortos legales", dice el estudio. Esto último va contra la ley.
"Facilitar el aborto legal practicado con métodos más costo-eficientes significaría un importante ahorro de dinero al sistema de salud, y el agradecimiento de generaciones de mujeres que, en adelante, recibirían un tratamiento menos invasivo, con el estándar de la Organización Mundial de la Salud", señaló Prada.
En Colombia, según datos oficiales de 2011, cerca de 8% de las muertes maternas se deben al aborto inseguro.
La 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) comenzó hoy un debate en el que países latinoamericanos abogan por nuevas estrategias en la guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos, que durante años ha dejado decenas de miles de muertos, y la postura de Washington que, de entrada, descartó la legalización del consumo como la “solución mágica”.
La Asamblea General que comenzó esta noche y que se extenderá hasta el jueves, plantea como punto de partida abordar el tema de las drogas como una cuestión de salud pública y no sólo de seguridad, con el lema “Por una política integral al problema mundial de las drogas en las Américas”.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al inaugurar el encuentro en una finca cafetalera de Antigua, 45 kilómetros al suroeste de Guatemala, dijo que se trata de “uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos de las Américas” y uno de los desafíos “más graves” que enfrentan las democracias en la región.
“El carácter histórico de esta asamblea radica en que se inicia un debate que antes no se podía realizar. La fuerza de su convocatoria y del informe de drogas de la OEA es que acaba con un tabú de numerosas décadas”, dijo el secretario general del organismo.
“Hoy legitimamos ese debate en forma transparente”, añadió. “Un enfoque de salud pública y la reducción de la violencia del narcotráfico son las principales orientaciones que queremos seguir”.
Insulza subrayó que “el problema de las drogas es un desafío a nuestras políticas de salud pública, insuficientes para enfrentar el drama de la drogadicción, lo cual permite que aún se trate a las personas que sufren de esa adicción como delincuentes y no como enfermos que requieren de atención especializada”.
Guatemala, el país anfitrión de la 43 asamblea, que se celebra en la ciudad colonial de Antigua, ha logrado congregar a 14 naciones de la región en su iniciativa de superar la visión de la seguridad que ha primado en las últimas décadas y buscar “alternativas”. Incluso ha pugnado por la legalización o la regularización de la venta de ciertas drogas.
La representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Carmen Lomellin, ratificó poco antes de la inauguración de la asamblea que su gobierno sigue en contra de la despenalización o regularización de la venta de ciertas drogas para terminar con los mercados ilícitos, aunque sin entrar en la discusión del alto impacto de muertes violentas que el problema acarrea en muchos países.
“Estados Unidos da la bienvenida a un debate honesto y abierto sobre el tema, pero debe estar basado en hechos y en la ciencia”, dijo. Si bien afirmó que su país no pretende tener el “monopolio” de la política antidrogas, sostuvo que el marco internacional actual es resultado de “años y años de cuidadosas consideraciones”.
La funcionaria argumentó que “las áreas comunes de interés son mucho más que las de disenso”. No obstante, Lomellin indicó que “cada gobierno debe decidir su propia ruta y cómo cumplir con sus obligaciones dentro de las leyes internacionales para proteger a sus ciudadanos de los daños causados por las drogas ilícitas”.
La delegación estadunidense está encabezada por el secretario de Estado, John Kerry, acompañado por la subsecretaria para la región, Roberta Jacobson; el subsecretario de la lucha antinarcóticos, William Brownfield; el zar antidrogas Gil Kerlikowske, y Lomellin.
Brownfield advirtió con anterioridad que “nadie va a dictar la legalización a Estados Unidos”.
La cita tiene como base para el análisis un informe presentado en mayo por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en el cual se plantean diversos escenarios y rutas de acción, elaborado ante un mandato de la Cumbre de las Américas del año pasado en Colombia.
Con la asistencia de los 34 países miembros de la OEA, los cancilleres negociaron en las horas previas a la inauguración de la asamblea el texto final de la Declaración de Antigua Guatemala, que cerrará la reunión el jueves y marcará la ruta futura que tomará el diálogo regional en materia de drogas. Sin embargo, trascendió que las propuestas de Guatemala y otros países sobre regularización de ciertos mercados se han “desvanecido” o de plano han desaparecido.
A la inauguración asistió el presidente anfitrión, Otto Pérez Molina, quien desde hace un año impulsa este debate al considerar que la actual lucha antidrogas ha fracasado. Estuvo flanqueado por su par costarricense, Laura Chinchilla, y el mandatario dominicano, Danilo Medina. En total participan además 26 cancilleres, tres viceministros y cinco embajadores permanentes ante la OEA.
“Se trata de un debate largamente esperado que nuestros países necesitan para buscar soluciones a un fenómeno que afecta a todos, aunque no por igual. Los más vulnerables pagan la cuota más pesada de la violencia”, afirmó el chileno Insulza. Confió en que esta asamblea sea un punto de partida, al aclarar que “no es para sacar conclusiones”.
Aunque la despenalización parecía ganar terreno, aún no hay consenso. Al menos 14 países latinoamericanos están interesados en impulsar una nueva política, entre ellos los de América Central, Uruguay, Colombia y México, a decir del canciller guatemalteco Fernando Larrea.
En México, la guerra entre el gobierno y los cárteles del narcotráfico dejaron cerca de 70 mil muertos entre 2006 y 2012. En Centroamérica, de acuerdo con reportes conocidos aquí, cada año se contabilizan unos 20 mil muertos, sobre todo en el triángulo norte que integran El Salvador, Guatemala y Honduras.
Con motivo de la reunión, Human Rights Watch abogó por que los países de la región despenalicen el consumo de drogas para reducir la violencia y los abusos de las fuerzas de seguridad contra la población. La organización estimó que la “guerra contra las drogas” ha tenido efectos “nefastos” en materia de derechos humanos.
El Informe Sobre Seguridad Ciudadana 2012 de la OEA indica que en el Caribe 68 por ciento de los homicidios son cometidos con armas de fuego; en Centroamérica, 78 por ciento; en América del Norte, 55 por ciento, y en América del Sur, 83 por ciento.
De la cocaína confiscada en Estados Unidos, 95 por ciento es de origen colombiano, según analistas, y el flujo promedio hacia el país del norte es de 400 a 600 toneladas anuales. En la actualidad, 80 por ciento de la cocaína destinada a Estados Unidos pasa por Centroamérica y México en rutas aéreas, marítimas y terrestres.
Un estudio de la ONU indica que la venta de cocaína mueve cerca de 84 mil millones de dólares en el mundo, el cannabis 141 mil millones de dólares y la heroína unos 55 mil millones.
Según el Informe Anual 2011 de ONU, en 2010 unos 230 millones de personas en el mundo consumieron alguna droga ilícita, y entre 75 y 80 por ciento de ellas consumieron mariguana.
Afp y Dpa
–Cuando indagás un poco y quitás la costra de la intolerancia que la jerarquía católica ha construido sobre el mensaje básico de Jesús y de los Evangelios, te das cuenta de que hay otras cosas. Por ejemplo, Jesús mostró en su vida pública que las mujeres para él eran importantes. Rompió con muchos estereotipos de su época. Por ejemplo, se acercó a la hemorroísa, la mujer que sufría de flujos de sangre desde hacía doce años y la curó. En aquel entonces la menstruación era un signo total de impureza. Las mujeres menstruando no podían ir al templo. Había toda una serie de tradiciones en relación con eso. Jesucristo rompió con todo eso y estableció un diálogo con la hemorroísa. Se acercó también a las prostitutas. Pero digo que fue el primer feminista de la historia sobre todo porque tenía un mensaje de misericordia, de compasión, de bondad, de igualdad. Desde Católicas por el Derecho a Decidir encontramos esa raigambre y luego nos damos cuenta de que hay postulados de la Iglesia Católica como el de la libertad de conciencia y los juntamos con los postulados básicos del feminismo y concluimos que, si como dice la misma doctrina, fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios, con capacidad para discernir y para el libre albedrío, no estamos hablando de personas que no tengan la posibilidad de tomar los derechos que defiende el feminismo. Feminismo y catolicismo obviamente son una mezcla explosiva porque desde el feminismo estamos cuestionando muchas cosas que se están planteando como si fueran las únicas posibles en la Iglesia Católica, cuando no se trata de doctrina.
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