Hace siete años que Colombia despenalizó el aborto en tres casos: riesgo para la mujer, malformación del feto y embarazo producto de violaciones o incesto. Sin embargo, en 2012, cerca de 102.000 mujeres fueron atendidas por complicaciones derivadas de abortos irregulares, lo que generó al sistema de salud colombiano un gasto de 14,4 millones de dólares.
Las cifras las proporciona un estudio que presentó en Bogotá el instituto estadounidense Guttmacher, que desde hace cinco décadas trabaja en temas de salud sexual y reproductiva en el mundo. Según el instituto, los centros públicos de salud de segundo y tercer nivel del país (centros médicos generales y atención de alta complejidad, respectivamente) aún atienden muy pocos casos de aborto legal y realizan de media solo 6 y 12 procedimientos al año. En cambio, las instituciones privadas realizaron 906 abortos legales por año.
El estudio muestra que la atención de un aborto legal en una institución pública de tercer nivel puede costar 189 dólares y en una de segundo nivel, 213 dólares. Son cifras consideradas altas y esto se debe al método que utilizan para realizarlos. De acuerdo con Guttmachet, estas instituciones siguen utilizando la opción más invasiva y costosa, que es el método de dilatación y curetaje, conocido como legrado. Se calcula que a 8 de cada 10 mujeres atendidas se les aplica este método.
Esto significa que los costos por paciente en las instituciones de estos niveles (en el primero, el nivel básico, apenas se realizan abortos) "son entre 4 y 5 veces más altos que los costos de atención por paciente en instituciones especializadas que emplean los métodos recomendados por la OMS", dice Elena Prada, una de las investigadoras del equipo. Las técnicas recomendadas a las que se refiere Prada son la aspiración manual endouterina y al aborto con medicamentos como el misoprostol, o la combinación de ambos, que son menos costosos, más seguros y se aplican de manera ambulatoria.
El estudio, que recogió información de 30 instituciones de salud en las cinco principales ciudades del país, calcula que atender a una mujer con complicaciones después de un aborto inseguro cuesta 141 dólares. "(Los costos) son innecesariamente más altos en Colombia que en otros países de América Latina", dice el informe.
La atención postaborto tiene un costo equivalente a la mitad del valor que tiene la atención del aborto legal en las instituciones de salud de segundo y tercer nivel. En las entidades especializadas privadas la diferencia entre es casi nula. Los altos costos se deben, nuevamente, al uso del legrado, pero también a trabas administrativas y demoras en el servicio.
Cuando se trata de realizar un aborto legal, las instituciones suelen poner barreras, mientras que si una mujer llega con complicaciones postaborto, se atiende inmediatamente ya que es una urgencia médica. "Las demoras son comunes, algunos proveedores de servicios solicitan documentos innecesarios o permisos adicionales del sistema judicial antes de proceder, y algunas instituciones se rehúsan rotundamente a proveer abortos legales", dice el estudio. Esto último va contra la ley.
"Facilitar el aborto legal practicado con métodos más costo-eficientes significaría un importante ahorro de dinero al sistema de salud, y el agradecimiento de generaciones de mujeres que, en adelante, recibirían un tratamiento menos invasivo, con el estándar de la Organización Mundial de la Salud", señaló Prada.
En Colombia, según datos oficiales de 2011, cerca de 8% de las muertes maternas se deben al aborto inseguro.
La 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) comenzó hoy un debate en el que países latinoamericanos abogan por nuevas estrategias en la guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos, que durante años ha dejado decenas de miles de muertos, y la postura de Washington que, de entrada, descartó la legalización del consumo como la “solución mágica”.
La Asamblea General que comenzó esta noche y que se extenderá hasta el jueves, plantea como punto de partida abordar el tema de las drogas como una cuestión de salud pública y no sólo de seguridad, con el lema “Por una política integral al problema mundial de las drogas en las Américas”.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al inaugurar el encuentro en una finca cafetalera de Antigua, 45 kilómetros al suroeste de Guatemala, dijo que se trata de “uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos de las Américas” y uno de los desafíos “más graves” que enfrentan las democracias en la región.
“El carácter histórico de esta asamblea radica en que se inicia un debate que antes no se podía realizar. La fuerza de su convocatoria y del informe de drogas de la OEA es que acaba con un tabú de numerosas décadas”, dijo el secretario general del organismo.
“Hoy legitimamos ese debate en forma transparente”, añadió. “Un enfoque de salud pública y la reducción de la violencia del narcotráfico son las principales orientaciones que queremos seguir”.
Insulza subrayó que “el problema de las drogas es un desafío a nuestras políticas de salud pública, insuficientes para enfrentar el drama de la drogadicción, lo cual permite que aún se trate a las personas que sufren de esa adicción como delincuentes y no como enfermos que requieren de atención especializada”.
Guatemala, el país anfitrión de la 43 asamblea, que se celebra en la ciudad colonial de Antigua, ha logrado congregar a 14 naciones de la región en su iniciativa de superar la visión de la seguridad que ha primado en las últimas décadas y buscar “alternativas”. Incluso ha pugnado por la legalización o la regularización de la venta de ciertas drogas.
La representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Carmen Lomellin, ratificó poco antes de la inauguración de la asamblea que su gobierno sigue en contra de la despenalización o regularización de la venta de ciertas drogas para terminar con los mercados ilícitos, aunque sin entrar en la discusión del alto impacto de muertes violentas que el problema acarrea en muchos países.
“Estados Unidos da la bienvenida a un debate honesto y abierto sobre el tema, pero debe estar basado en hechos y en la ciencia”, dijo. Si bien afirmó que su país no pretende tener el “monopolio” de la política antidrogas, sostuvo que el marco internacional actual es resultado de “años y años de cuidadosas consideraciones”.
La funcionaria argumentó que “las áreas comunes de interés son mucho más que las de disenso”. No obstante, Lomellin indicó que “cada gobierno debe decidir su propia ruta y cómo cumplir con sus obligaciones dentro de las leyes internacionales para proteger a sus ciudadanos de los daños causados por las drogas ilícitas”.
La delegación estadunidense está encabezada por el secretario de Estado, John Kerry, acompañado por la subsecretaria para la región, Roberta Jacobson; el subsecretario de la lucha antinarcóticos, William Brownfield; el zar antidrogas Gil Kerlikowske, y Lomellin.
Brownfield advirtió con anterioridad que “nadie va a dictar la legalización a Estados Unidos”.
La cita tiene como base para el análisis un informe presentado en mayo por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en el cual se plantean diversos escenarios y rutas de acción, elaborado ante un mandato de la Cumbre de las Américas del año pasado en Colombia.
Con la asistencia de los 34 países miembros de la OEA, los cancilleres negociaron en las horas previas a la inauguración de la asamblea el texto final de la Declaración de Antigua Guatemala, que cerrará la reunión el jueves y marcará la ruta futura que tomará el diálogo regional en materia de drogas. Sin embargo, trascendió que las propuestas de Guatemala y otros países sobre regularización de ciertos mercados se han “desvanecido” o de plano han desaparecido.
A la inauguración asistió el presidente anfitrión, Otto Pérez Molina, quien desde hace un año impulsa este debate al considerar que la actual lucha antidrogas ha fracasado. Estuvo flanqueado por su par costarricense, Laura Chinchilla, y el mandatario dominicano, Danilo Medina. En total participan además 26 cancilleres, tres viceministros y cinco embajadores permanentes ante la OEA.
“Se trata de un debate largamente esperado que nuestros países necesitan para buscar soluciones a un fenómeno que afecta a todos, aunque no por igual. Los más vulnerables pagan la cuota más pesada de la violencia”, afirmó el chileno Insulza. Confió en que esta asamblea sea un punto de partida, al aclarar que “no es para sacar conclusiones”.
Aunque la despenalización parecía ganar terreno, aún no hay consenso. Al menos 14 países latinoamericanos están interesados en impulsar una nueva política, entre ellos los de América Central, Uruguay, Colombia y México, a decir del canciller guatemalteco Fernando Larrea.
En México, la guerra entre el gobierno y los cárteles del narcotráfico dejaron cerca de 70 mil muertos entre 2006 y 2012. En Centroamérica, de acuerdo con reportes conocidos aquí, cada año se contabilizan unos 20 mil muertos, sobre todo en el triángulo norte que integran El Salvador, Guatemala y Honduras.
Con motivo de la reunión, Human Rights Watch abogó por que los países de la región despenalicen el consumo de drogas para reducir la violencia y los abusos de las fuerzas de seguridad contra la población. La organización estimó que la “guerra contra las drogas” ha tenido efectos “nefastos” en materia de derechos humanos.
El Informe Sobre Seguridad Ciudadana 2012 de la OEA indica que en el Caribe 68 por ciento de los homicidios son cometidos con armas de fuego; en Centroamérica, 78 por ciento; en América del Norte, 55 por ciento, y en América del Sur, 83 por ciento.
De la cocaína confiscada en Estados Unidos, 95 por ciento es de origen colombiano, según analistas, y el flujo promedio hacia el país del norte es de 400 a 600 toneladas anuales. En la actualidad, 80 por ciento de la cocaína destinada a Estados Unidos pasa por Centroamérica y México en rutas aéreas, marítimas y terrestres.
Un estudio de la ONU indica que la venta de cocaína mueve cerca de 84 mil millones de dólares en el mundo, el cannabis 141 mil millones de dólares y la heroína unos 55 mil millones.
Según el Informe Anual 2011 de ONU, en 2010 unos 230 millones de personas en el mundo consumieron alguna droga ilícita, y entre 75 y 80 por ciento de ellas consumieron mariguana.
Afp y Dpa
Cada vez más mujeres que deciden interrumpir voluntariamente un embarazo en América latina recurren a un aborto con medicamentos y lo realizan en la intimidad de sus hogares, más allá de las restricciones legales que hay en cada país. Así lo hizo Gladys, una porteña treintañera, madre de tres hijos, que acaba de relatar su experiencia en www.womenonweb.org, el sitio que nació en Europa para ayudar a acceder a un aborto a mujeres de países donde está criminalizado: les envían las píldoras por correo postal –si no las consiguen localmente– y les brindan supervisión “telemédica”, además de consejería, contención y apoyo de especialistas por e-mail. “Recibimos consultas de toda Latinoamérica, incluida Argentina, de mujeres que buscan un aborto seguro”, confirmó a este diario la portuguesa Cecilia Costa, a cargo, desde Lisboa, del vínculo con las mujeres de habla hispana.
Costa fue una de los doscientos participantes, entre ellas cuatro argentinas, que se congregaron durante tres días en la capital de Portugal para participar de la conferencia mundial del Consorcio Internacional por el Aborto con Medicamentos (ICMA, por su sigla en inglés), una organización que desde 2002 se dedica a la promoción del acceso a esta práctica y que ha desarrollado un paquete informativo para mujeres, profesionales de la salud y decisores políticos traducido en siete lenguas al que se puede acceder en www.medicalabortion consortium.org.
La cumbre en Lisboa reunió a activistas “por el derecho al aborto legal y seguro”, a investigadores y profesionales de la salud de 56 países de Europa, Asia, Africa, Oceanía y América. Página/12 fue el único medio presente. El impacto y la expansión del aborto con medicamentos en todo el mundo fueron los ejes del encuentro.
“El aborto con medicamentos ha transformado la gestión de esta práctica en contextos de ilegalidad. Por primera vez las mujeres disponen de un método seguro y eficaz, que puede ser suministrado por ellas mismas y no precisan intervención médica”, destacó en diálogo con Página/12 la peruana Susana Chávez, secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai), una iniciativa que reúne a integrantes de organizaciones de mujeres, investigadores y proveedores de servicios de la región. Es una de las cuatro redes que forman parte de ICMA.
“Mañana trabajo”
“Aborté ayer y acá estoy, un día después, contando mi experiencia para quien esté pasando por esto ahora. Sepan que Women on Web las va a ayudar y no se van a sentir solas”, contó Gladys en el sitio de la organización después de realizarse el aborto en su casa, unos días atrás. “Era lo que sentí que tenía que hacer. Ya tengo hijos y mis circunstancias personales me hicieron tomar la decisión”, escribió. “El servicio de ayuda en línea de Women on Web, que trabaja bajo la supervisión directa del médico, le ayudará cada vez que lo necesite”, se aclara en el site. Gladys está casada y vive en la ciudad de Buenos Aires. Se definió como cristiana. Dijo que sólo comentó su decisión con su marido, y que él la apoyó.
La entidad que gestiona el sitio, en la que trabaja la portuguesa Cecilia Costa, envía a los países donde el aborto no está legalizado ni la medicación indicada para la interrupción del embarazo. A cambio, pide una donación de un mínimo de 70 euros –unos 370 pesos– para poder mantener el servicio. A la Argentina demora en llegar el sobre entre 12 y 14 días. “Aunque sé que era lo que tenía que hacer, no deja de ser angustiante”, relató Gladys. Y siguió: “Women on Web respondió todos mis mails, la angustia y ansiedad esperando el paquete me hacían escribirles todos los días, y al instante recibía los mensajes tranquilizadores. Mañana trabajo nuevamente y tengo que hacer como si nada pasó. Espero que mi relato las ayude: hace quince días me ayudó a mí leer las historias de otras mujeres que pasaron por mi situación y fueron de gran ayuda”.
Drogas esenciales
El tratamiento que envía Women on Web combina dos drogas: misoprostol y mifepristona. La segunda no está autorizada en el país, pero sí en Estados Unidos y Europa. Por eso en Argentina como en el resto de América latina el fármaco usado para interrumpir voluntariamente un embarazo es el misoprostol. El aborto no punible a A. G., la niña de 15 años de Comodoro Rivadavia violada por su padrastro, que recurrió a la Justicia para poder terminar con esa gestación forzada, se realizó días atrás con medicamentos en un hospital público de la ciudad chubutense de Trelew.
El misoprostol se vende en las farmacias, con receta, bajo el nombre comercial de Oxaprost. Protege a quienes tienen úlcera gástrica de los efectos indeseables de los antiinflamatorios. Cada caja de Oxaprost trae 16 comprimidos y cuesta unos 230 pesos en el ámbito metropolitano. Sin embargo, en algunas ciudades más alejadas de la Capital Federal su precio puede llegar a 400 pesos o más. Pero las mujeres, muchas veces, no consiguen un médico que les haga una receta. Algunas farmacias “amigables” venden las píldoras por unidad. En el mercado negro se puede conseguir a 50 pesos o más cada pastilla. Se requieren alrededor de 12 comprimidos, según el caso. El sitio www.me dicalabortionconsortium.org publica las aclaraciones necesarias. También existe la línea 011-156-664-7070 denominada “Más información, menos riesgos” (ver aparte).
En realidad, el aborto con misoprostol es una técnica que se utiliza hace ya más de una década en la Argentina como en el resto de América latina, y hace unos veintes años que está disponible en Europa. El boca en boca permitió que las mujeres lo conocieran. “Es una tecnología revolucionaria que ha introducido un cambio significativo en el acceso al aborto seguro porque salva la vida de las mujeres y resguarda su privacidad”, coincidió la investigadora argentina del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) Silvina Ramos, oficial de enlace de las cuatro redes regionales de ICMA. “Las mujeres deciden un aborto independientemente de las restricciones legales. En la Argentina se usa el misoprostol como en prácticamente todos los países de América latina”, apuntó. También participaron de la Conferencia las argentinas Mariana Romero, médica e investigadora del Cedes, y la ginecóloga Sandra Vázquez, del Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich, de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desarrolla un programa de consejería pre y posaborto dirigida a jóvenes que llegan con embarazos no deseados y manifiestan su decisión de no continuarlos.
“Es una realidad que el aborto con medicamentos se expande en la región. Si se observa cómo han evolucionado las ventas de misoprostol en América latina, se verá que han crecido notablemente y no creo que la gastritis haya aumentado mucho en nuestros países”, apuntó a este diario el peruano Luis Tavara, coordinador del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (Flasog). Existen unas 17 marcas de misoprostol comercializadas en América latina. Paraguay es el único caso en el que sólo se encuentra en forma clandestina. Hay también píldoras falsas que circulan en un mercado negro y además, se ofrecen por Internet y a través de correos electrónicos, como los medicamentos para las disfunciones sexuales, se comentó en el marco de la Conferencia de Lisboa.
“El misoprostol está incluido dentro del listado de drogas esenciales de la Organización Mundial de la Salud”, subrayó Tavara. La mifepristona también. Además de producir un aborto, el misoprostol tiene otros usos en obstetricia. De hecho, es muy utilizado en las maternidades argentinas.
La expansión del aborto con medicamentos está demostrando ser un mecanismo de acceso a una interrupción voluntaria de embarazo, una estrategia de reducción de daños, que las propias mujeres promueven ante la falta de políticas sanitarias que garanticen los abortos sin riesgo con la mejor tecnología disponible en países como la Argentina. Sacarlas de la clandestinidad es una responsabilidad del Congreso.
Por Mariana Carbajal
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