Miércoles, 24 Febrero 2010 18:08

El Parlamento español aprobó el aborto libre

La llamada Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo pasó el trámite en el Senado con el mismo texto que salió del Congreso de los Diputados. Esta semana se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras lo cual entrará en vigor dentro de cuatro meses.
 
La nueva ley supone la despenalización del aborto, que desde 1985 estaba considerado en España un delito no castigado sólo en tres casos: riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformación del feto.
 
A partir de finales de junio, cualquier mujer podrá abortar en el país en el transcurso de las 14 primeras semanas de embarazo sin tener que alegar motivo alguno. En casos excepcionales, ese plazo queda extendido hasta las 22 semanas.
 
En 2008, el número de mujeres que abortaron en España fue de 115.812, un 3,27 por ciento más que en 2007.
 
En una sesión en la Cámara Alta a la que asistió la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, impulsora de la reforma, la nueva ley quedó aprobada hoy definitivamente por 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención.
 
Se pone "fin a una deuda pendiente" que la sociedad tenía con las mujeres, manifestó la senadora socialista y "número tres" del partido de José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Pajín.
 
La mayoría del Senado rechazó los tres vetos al proyecto presentados por el Partido Popular (PP), Unió y Unión del Pueblo Navarro (UPN), además de 88 enmiendas parciales al texto.
 
Durante su tramitación en el Congreso de los Diputados se había modificado ya uno de los puntos más polémicos del proyecto: la posibilidad de que las menores de edad pudieran abortar sin conocimiento de sus padres.
 
Finalmente, la negociación entre socialistas y Partido Nacionalista Vasco (PNV), un partido tradicionalmente católico, estipuló que las adolescentes de 16 y 17 años tengan que informar a sus progenitores, salvo en caso de que ello pueda suponer peligro de "violencia intrafamiliar", así como "amenazas, coacciones o malos tratos".
 
La formación encabezada por Mariano Rajoy la considera inconstitucional y se ha situado junto a la Iglesia y otros sectores conservadores, que incluso han llevado a cabo movilizaciones en la calle contra su aprobación. El pasado mes de octubre fueron decenas de miles de personas las que marcharon por Madrid y para el próximo 7 de marzo hay convocadas otras manifestaciones contra el aborto.
 
La Conferencia Episcopal Española (CEE) llegó incluso a asegurar que los diputados y senadores que votasen a favor estarían cometiendo un pecado y no podrían comulgar.
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Las fotos aparecidas ayer en los diferentes diarios brasileños del presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, son reveladoras de hasta qué punto le ha afectado la polémica suscitada alrededor de su reciente Programa Nacional de Derechos Humanos. Este proyecto, criticado por políticos, militares e incluso la Iglesia católica, se ha convertido ya en el texto de la discordia dentro del propio Ejecutivo. Varios de sus miembros consideran que este programa es un viraje en la postura de Lula hacia una línea más izquierdista, que algunos califican de corte bolivariano.

Según informaba ayer la apertura del diario O Globo, Lula pide ahora que sea revisada la parte del programa que prevé la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los actos delictivos cometidos durante la dictadura militar, en un intento de evitar roces con el Ejército. La versión original ordena que sean investigadas las violaciones de los derechos humanos "practicadas en el contexto de represión política"; en la nueva versión, la expresión se sustituirá por "el contexto de conflictos políticos".

Para los tres comandantes del Ejército y para el ministro de Defensa, Nelson Jobim, que habían amenazado con presentar sus dimisiones a Lula si no cambiaba el texto, la nueva versión significa que no sólo serán investigados los militares, sino también los militantes de la izquierda armada durante la dictadura.

Lula prepara ahora una reunión con los ministros que ponen reparos al texto del programa, que, en 73 páginas, prevé la creación de 27 nuevas leyes en el ámbito de los derechos humanos.

Lula también ha escuchado las críticas de los obispos, que se oponen a una parte del texto en la que se le concede a la mujer plena libertad para disponer de su cuerpo, liberalizando así la opción del aborto. Los obispos habían dado a entender a Lula que la Iglesia podría retirar la confianza al Gobierno en las elecciones del próximo octubre.

Según Lula, la cuestión del aborto saldrá del texto del Programa Nacional de Derechos Humanos para convertirse en un tema de salud pública en el ámbito del Gobierno, mientras que el tema de la revisión de la ley de amnistía para poder procesar a los torturadores de la dictadura será objeto de una sentencia del Supremo.

El presidente aún no ha hablado sobre la posibilidad de revisar los otros puntos polémicos del proyecto, como el de la intervención del Ejecutivo en los medios de comunicación, la posibilidad de usar más los plebiscitos populares para gobernar o la libertad que se concede a los Sin Tierra para poder invadir haciendas y que ha enfrentado a los ministros de Agricultura y de la Reforma Agraria.

Según informaciones facilitadas a este diario por el entorno del Gobierno, Lula va a intentar los próximos días "apagar los diferentes fuegos" que ha encendido un ambicioso programa sobre derechos humanos que, quizás por haber querido abarcar demasiados asuntos conflictivos, ha acabado desagradando a progresistas y conservadores.

JUAN ARIAS - Río de Janeiro
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Jueves, 08 Octubre 2009 09:47

“Embarazo no deseado es violación”

Continúa en el mundo el debate sobre la despenalización del aborto, enfrentados los que la sostienen a los mal llamados “no abortistas”, que deberían llamarse “criminalizadores del aborto”. Partamos de la base de que nadie hace campaña propagandizando las bondades de los abortos. El embarazo no aceptado es una penosa circunstancia indeseada siempre, salvo alguna persona que tenga problemas psicológicos (he tenido pacientes mujeres que quisieron probar neuróticamente su fertilidad aun a costo de abortar. No obstante, han sido dos a lo sumo).

Pero la sexualidad y su impulso, fortísimo, hace que suela haber impericia, tanto de informados como de ignorantes, o que se juegue una adolescente y notable despreocupación sobre las responsabilidades que implica la sexualidad; tanto por la transmisión de enfermedades como por la producción de niños que merecen todo el amor y las obligaciones que los padres y la sociedad tienen para tornarlos sujetos humanos.

Dicha impericia y despreocupación deriva por supuesto de las faltas hogareñas y escolares para incluir la sexualidad y ese placer, desde los más tiernos años según nivel de preguntas o de cuestiones que plantee el niño. En una encuesta reciente publicada por un periódico, el 50 por ciento de los estudiantes secundarios no había recibido la educación que por ley se les debe dar; eso muestra hasta qué punto el prejuicio de origen religioso domina las mentes de maestros que, como los padres, no tienen que ser “especialistas en sexualidad”: deben haber tenido la curiosidad y responsabilidad de informarse por su propia vida primero. No debe transformarse la sexualidad en un patrimonio de los médicos ni de especialistas, debe ser parte del yo de realidad de todas las personas.

No se nace siendo humano, con los genes del genoma humano no alcanza para lograr ese estatuto; es necesario el alimento, el amor, el nido de significaciones transmitidas con el habla, los gestos y el lenguaje de los cuidadores inmediatos y los mensajes de los grupos sociales en los cuales los cuidadores inmediatos están inmersos. Algún día deberá entenderse que ser madre y padre es y debe ser más que un derecho, una responsabilidad; y que cada embrión, más que derecho a nacer, si nace, tiene la ardua responsabilidad de humanizarse; y lo tiene que hacer en sociedades con mayores o menores niveles de contradicción e injusticia; sociedades en las que no es verdad la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley es un enunciado formal.

A un niño que se muere de hambre no se le ha dado, porque nació, el derecho a la vida: se lo ha condenado a una muerte inmediata en vez de la muerte relativamente lejana a la que llegaremos todos los bien comidos, amados y educados, sea como lo hayan podido hacer nuestras familias. Un dulce autor psicoanalítico como Winnicott dice que lo que nace es una dotación heredada y que se convierte en criatura sólo con la solícita recepción de la madre, se humaniza sólo en la interacción con la madre que lo ama; así nace la mente subjetiva. La básica noción de “yo soy” necesita lo que Winnicott llama “una madre suficientemente buena”; esta madre no tiene que ser letrada ni informada por pediatras y puericultoras: tiene que amar y desear a su bebé como para que exista empatía con él.

Otro autor, en este caso filosofante, como Lacan, sostiene que nacemos con “carencia de ser” y que sólo nuestra entrada en las relaciones con las personas y el ordenamiento simbólico como el lenguaje nos hacen sujetos, humanos (aunque a Lacan no le gustaría este último término). El genoma humano es condición antecedente, condición necesaria pero no suficiente para que la potencialidad se transforme en humanidad. Muchas disciplinas sociales están de acuerdo en que el amor de los padres, y sobre todo de la madre, son también condición necesaria para que una combinatoria genética devenga humano.
El pensamiento religioso, especialmente el católico, cree y propaga que la combinatoria genética es un ser humano, que es un bebé. Ese pensamiento infiltra a círculos letrados y científicos: aquellos que no renuncian al consuelo por la muerte y por las injusticias de este mundo que brinda la religión.

Para ser embrión, feto y finalmente bebé, esa combinatoria genética necesita el cuerpo de la madre: biológica y médicamente es un parásito del cuerpo materno, que debe ponerse a su servicio hasta después de nacer, sumando el amamantamiento al servicio de embarazo. Es una individualidad biológica que no tiene autonomía biológica y por lo tanto es incapaz de ser individuo; está atada al cuerpo de la madre. Los servicios prestados a la dotación o combinatoria genética son una parte definitoria de la dicha que puede alcanzar una mujer en su vida, cuando su cuerpo está vitalizado por el deseo de su mente, el de tener un hijo para dar un humano más a la humanidad.

Entre mis pacientes, a lo largo de una vida que ya no es corta, encontré personas con dos clases de reacciones frente a la acción de abortar –como todo el mundo sabe, abortar ya se aborta, con ley o sin ley–: para las primeras, que tienen la creencia de que ya en el primer trimestre se trata de un bebé, el impacto del aborto es traumático y, sin influirlos en la decisión como corresponde a una psicoanalista, los he acompañado en la asunción de sus decisiones: sea la elaboración de la aceptación de ese embarazo y parto, sea la elaboración del trauma o del duelo por lo que ellos suponen que es un bebé perdido, aunque yo no comparta ese supuesto.

La otra reacción es de los que creen o saben que es una combinatoria genética: permitiéndole nacer, arruinarían esa vida y arruinarían también la de ellos, al producir un violento cambio de los objetivos que han proyectado para enfrentar las dificultades del existir. Si no hay deseo y preparación para dar existencia al bebé, éste es un peso insoportable cuya presencia producirá llagas inevitables en la humanización, en la constitución subjetiva del chico y en la vida de los padres, aunque sea la llaga de la resignación.
Pero indudablemente la protagonista es la mujer. Su deseo es inalienable, puesto que su cuerpo y su psiquismo son los parasitados por el embrión. Si lo desea, ya será una mamá embarazada –se está empezando a saber acerca de las influencias prenatales que tienen las emociones de la madre–. Si no lo desea y la preñez prosigue, el embarazo es una violación insoportable de su cuerpo y su mente, parasitados como mero envase de una ajenidad que progresa sin su consentimiento y que puede llevar a la violencia de un infanticidio. Así con Romina Tejerina, la joven que, habiendo sido violada, mató a puñaladas a su recién nacida. ¿Por qué no la dio en adopción? Porque odiaba ese fruto de una violación cuyo desarrollo la violó por segunda vez.

Embarazo, parto y amamantamiento son hechos conmocionantes en la vida, en el alma de una mujer, magníficos y enaltecedores de su autoestima si los ha deseado, violatorios y traumáticos si no los desea. Pocas experiencias satisfacen tanto como la violencia del parto deseado, con la ultraconcentración de atención, la reunión de todos los sentidos y fuerzas físicas y mentales: es magníficamente violento, pero violento. El amor, en el marco de ese dolor y ese esfuerzo, testimonia la enorme fortaleza de las mujeres. No deseado ni asumido, es un castigo de la biología, que funciona como una máquina no deseante e intrusiva en la propia subjetividad; máquina desubjetivizante, junto a la sociedad pacata que dice creer que hay una vida humana, un alma, incrustada en una combinatoria genética.

La condición de la mujer como sujeto es confrontada, por parte de la sociedad, con una subjetividad que no es, con una personalidad potencial, que sólo será “alma” si la madre le tiene amor. En caso contrario, si la sociedad obliga a esa mujer a sólo ser envase, el resultado será un alma en pena. Conozco las llagas de sujetos a quienes la madre les espetó brutalmente cosas como: “Te iba a abortar pero me dio miedo que me operaran y volví a casa”. O de los que cuentan: “... Mis padres se casaron por culpa mía, para que yo naciera, y su matrimonio fue un desastre toda la vida”. Muchas de estas personas no aman su propia vida.

Nadie obliga a abortar a los que tienen pensamiento religioso, pero ¿por qué someter a una creencia dictatorial el cuerpo y el alma de las mujeres que no tienen esa creencia? Ello las obliga a someterse a una serie de experiencias traumáticas, como las que vivió Romina Tejerina hasta llegar al infanticidio. Claro que no acordamos con ese acto, porque el bebé nacido tiene autonomía biológica y puede ser entregado a padres adoptivos que lo necesiten y lo amen; cumplido el acto de nacimiento, la madre deja de ser envase y el bebé tiene derechos de autonomía suficientes como para que le sea provisto anidamiento. Pero es posible comprender las emociones de Tejerina, por haber sido violada dos veces. Es que aun las mujeres que han cometido un error también son violadas por el embarazo no deseado, aunque la relación sexual haya sido consentida.

Por Isabel Lucioni. Psicóloga. Miembro fundador de la Sociedad Psicoanalítica del Sur. Ex directora de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis UCES-APBA.
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España quedó más cerca de consagrar el derecho al aborto. El Consejo de Ministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó ayer el anteproyecto que será enviado al Parlamento y que contempla en forma explícita el derecho “a la maternidad libremente decidida” en el marco de una ley integral de Salud Sexual y Reproductiva, por la cual el Estado quedará obligado a promover, además, el acceso universal a la información y educación sexual y a garantizar la entrega gratuita de métodos anticonceptivos. La histórica reforma que impulsa el PSOE legaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta las 14 semanas de gestación, más allá de ese plazo y hasta la semana 22, si existe un riesgo para la vida o la salud de la madre o malformaciones fetales. Y sin límite de tiempo, si se descubren anomalías del feto incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

Tras la reunión de gabinete, en el Palacio de la Moncloa, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, acompañada por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, destacó que “las palabras derechos, garantías, seguridad y respeto” definen el anteproyecto, que pretende “salvaguardar la dignidad de las mujeres”. Aído indicó que ofrece “más garantías jurídicas para las mujeres, más seguridad para los profesionales sanitarios y medidas para prevenir embarazos no deseados”. Además, destacó que se trata de una norma “más equilibrada, moderna, que se acerca más a Europa y que da, por primera vez, rango de ley a la educación sexual”.

La liberalización del acceso al aborto es una promesa electoral del PSOE. Pero en su primera gestión, Rodríguez Zapatero prefirió archivarla: tras la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, el jefe del Estado español de-sistió de dar otra gran pelea contra los sectores más conservadores encabezados por el opositor Partido Popular y la jerarquía católica, fervientes opositores a la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa fue relanzada en 2008 y a lo largo del último año se hicieron consultas con numerosos especialistas de distintos ámbitos, en un amplio debate que involucró a legisladores, organizaciones sociales, mujeres, jóvenes y profesionales. Organizaciones denominadas “anti-derecho” o “pro-vida” expresaron su rechazo a la reforma.

Entre los puntos que más polémica generaron figura la posibilidad de que las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan abortar sin el permiso paterno, una de las recomendaciones que los expertos formularon el pasado 5 de marzo a la ministra Aído, después de seis meses de trabajos y que se incluye también en las conclusiones de una comisión de diputados que analizó el tema.

La ley vigente tiene 24 años. España despenalizó parcialmente el aborto en 1985, luego de una larga batalla encabezada por el movimiento feminista, que incluyó diversas acciones, entre ellas realizar abortos en plazas para provocar detenciones masivas, como forma de proteger a profesionales que practicaban los procedimientos y a las mujeres que decidían interrumpir voluntariamente una gestación. Desde entonces se permite el aborto cuando se practica para evitar un “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”, cuando la gestación es producto de una violación siempre que se practique dentro de las primeras 12 semanas y más allá de ese plazo y hasta la semana 22 si el feto tiene malformaciones o se presume que nacerá con “graves taras psíquicas o físicas”.

Pero a la sanción de la ley siguió una avalancha de juicios por aborto contra médicos y mujeres, que dejó al descubierto la inseguridad jurídica que encerraba la normativa legal. En el último año también recrudecieron las denuncias, promovidas por grupos conservadores, alegando que se estaban realizando IVE por fuera de la normativa. Según la ley, el médico que practique un aborto fuera de los supuestos permitidos puede ir a la cárcel de uno a tres años y quedar inhabilitado para ejercer de uno a seis años. La mujer que aborte fuera de los casos autorizados será castigada con la pena de prisión de seis meses a un año o con una multa.

Desde hace varios años, la asociación que agrupa a las clínicas que practican abortos no punibles y el movimiento feminista español reclaman una reforma legislativa que elimine directamente el aborto del Código Penal, un aspecto que no contempla completamente.

En la actualidad, los hospitales públicos practican menos del 3 por ciento de las IVE. En algunas comunidades autónomas, el Estado solventa los abortos en clínicas privadas. En otras, no.

Ayer, la Federación de Mujeres Progresistas felicitó al gobierno “por el cambio histórico” que supone que la interrupción voluntaria del embarazo “pase a considerarse un derecho jurídicamente exigible y deje de ser una concesión del Estado tutelada por terceros”, señaló su presidenta, Yolanda Besteiro. También la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) manifestó su satisfacción por el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros. “Es muy importante” que la mujer pueda decidir ante un embarazo que no desea, opinó su vicepresidenta Francisca García. Además, destacó que el texto consensuado “no obliga a nadie, sino que garantiza que el aborto se haga en unas condiciones sanitarias buenas”.

El aborto quedará incluido dentro de una Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Según informó la ministra de Igualdad, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, siempre que, como mínimo tres días antes de la interrupción, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión. “Garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo dentro de las primeras catorce semanas”, agregó Aído.

De manera excepcional –continuó– hasta la semana veintidós la mujer podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En los dos casos, deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.

A partir de aquí sólo un comité clínico podrá autorizar una interrupción a petición de la embarazada cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.

La IVE, además, se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, “para que sea una prestación pública y gratuita”. También financiará el Estado la práctica en clínica privadas con las que tenga convenios.

Un punto muy importante del anteproyecto es que las mujeres no serán castigadas con prisión por abortar. Si alguna se provoca o deja que le practiquen una interrupción de embarazo fuera de los supuestos que recoge la ley, se le podrá imponer una multa de 6 a 24 meses (el sistema penal español se basa en días multa: en función de los ingresos se asigna una cantidad por cada día de sanción). El juez podrá rebajar la pena atendiendo a las circunstancias personales de la embarazada. Los médicos sí podrán ser castigados, como ahora, con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a seis años para ejercer cualquier profesión sanitaria. Si practican el aborto sin que haya pasado el período de reflexión, o sin comprobar que la mujer recibió la información previa, o sin todos los dictámenes pertinentes, serán sancionados con multa e inhabilitación.

Según se informó ayer, el Ejecutivo enviará el texto a la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial que deberán emitir un dictamen, y luego al Parlamento. El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, adelantó que el Grupo Parlamentario Socialista mantendrá la disciplina de voto, por lo que los 169 diputados oficialistas votarán a favor del texto cuando se debata la ley.

Por, Por Mariana Carbajal
 

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El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, renunció al Partido Socialista, que integra la coalición oficialista Frente Amplio, por las últimas posiciones de esa fuerza política que contrariaron la opinión del mandatario, informaron medios de prensa locales.

Vázquez, que integraba el Partido Socialista desde 1983, remitió días pasados una carta al secretario general de la agrupación, Eduardo Fernández, en la que solicitaba su desafiliación.

Fuentes de la Presidencia dijeron al diario El Observador que el mandatario dimitió como consecuencia del apoyo del Partido Socialista al levantamiento del veto a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que despenalizaba el aborto, y a las críticas que recibió Vázquez por su decisión, según reprodujo ANSA.

La Asamblea General no reunió los votos hace 15 días para levantar el veto de Vázquez, en una sesión en la que la mayoría de la bancada del Frente Amplio se pronunció en contra de la posición del mandatario e intentó levantar el veto.

El veto a la despenalización del aborto quedó firme debido al voto de los partidos opositores Blanco y Colorado (conservadores) que respaldaron al mandatario.

Otros medios de prensa añadieron que a esa causa se suma la falta de apoyo del Partido Socialista a la fórmula presidencial que propuso Vázquez para que el Frente Amplio concurra a las elecciones de octubre de 2009, compuesta por los senadores Danilo Astori y José Mujica, en ese orden.

El último congreso del Partido Socialista, que se reunió hace poco más de una semana, no respaldó, al igual que varios sectores del Frente, la fórmula Astori-Mujica y propuso como candidato alternativo al ministro de Industria, Daniel Martínez.

El Congreso del Frente Amplio deberá resolver la fórmula presidencial en su reunión del 13 y 14 de diciembre por dos tercios de sus integrantes, aunque se considera muy difícil la composición del binomio propuesto por Vázquez debido a la falta de acuerdo entre ambos senadores, ex ministros de Economía y Ganadería, respectivamente.

La senadora socialista Mónica Xavier dijo a El Observador que la renuncia del mandatario provocó "gran conmoción" y agregó que la decisión "no es aceptable, más allá de lo estrictamente formal, por lo que significa Vázquez para el partido".

Independientemente de la actitud de Vázquez, el Partido Socialista "ratifica su total respaldo al presidente", dijo la senadora.
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La decisión del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, de vetar la ley para despenalizar el aborto, pese a que había logrado la aprobación del Congreso y de Senado de su país, echa por tierra las esperanzas de los movimientos sociales y de mujeres, no solo uruguayas sino también del resto de América Latina, que confiaban en que el pequeño y moderno Uruguay fuera capaz de abrir una brecha en la monolítica posición antiabortista de prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos.
       
La nueva Ley de Salud Sexual y reproductiva, que autorizaba el aborto dentro de las doce primeras semanas de gestación, había logrado superar el Congreso por 48 a 49 y el Senado por un mayoría de 17 contra 13. Los sondeos publicados en Uruguay indican que el 57% de la población está de acuerdo con la despenalización del aborto y que el 63% cree que el presidente no debería hacer uso de su derecho constitucional de veto, una vez que una ley ha sido aprobada por el Parlamento. Aun así, Tabaré Vazquez , que se ha escudado en su condición de médico oncólogo, ha decidido que se siga enviando a la cárcel a las mujeres que abortan y a quienes les presten ayuda. Según datos oficiales en Uruguay (un país con poco más de 3 millones de habitantes) se realizan unos 33.000 abortos clandestinos al año, aunque datos de organizaciones sociales corrigen esa cifra al alza. La ley en vigor solo autoriza la interrupción del embarazo en caso de violación o de inmediato riesgo para la vida de la madre.

Veto presidencial

La única manera de superar el veto presidencial sería que el Parlamento volviera a votar la ley pero esta vez con una mayoría de tres quintos, algo que no parece posible que pueda lograr el Frente Amplio, impulsor del proyecto y grupo al que pertenece el propio Vázquez. La jerarquía de la Iglesia Católica uruguaya tomó el veto presidencial como un triunfo propio. Los obispos uruguayos desarrollaron una fuerte campaña contra el proyecto de ley y amenazaron con excomulgar a los diputados o senadores que votaran en contra. Uno de ellos llego incluso a prohibirles acudir a misa.

La enorme influencia de la jerarquía de la Iglesia Católica en la gran mayoría de las sociedades latinoamericanas ha hecho que América Latina sea uno de los lugares en el mundo en el que resulta más difícil y peligroso abortar. Aun así, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año, aproximadamente cuatro millones de mujeres latinoamericanas se someten a abortos. Unas cuatro mil mueren como consecuencia de las malas condiciones higiénicas y a los peligrosos procedimientos seguidos para interrumpir el embarazo. La OMS ha protestado repetidamente por esa situación. El aborto está penado en casi todos los países de la zona, salvo en Cuba y en algunas pocas naciones del Caribe. "En casi toda la región", explica la OMS, "los médicos pueden interrumpir el embarazo en casos de violación, incesto o si pone inmediatamente en peligro la vida d la madre, pero son opciones raramente usadas".

Pese a las escandalosas cifras de victimas, la práctica del aborto en América Latina se encuentra totalmente cubierta por un manto de silencio. En Chile, con un gobierno de centro izquierda que preside una mujer, ni se discute del asunto. En Nicaragua, con un presidente que dice ser sandinista, se han dado pasos, pero justo en dirección contraria: ahora se castiga a las mujeres que aborten, sean cuan sean las circunstancias.

Madres antes de los 20

Todo esto ocurre en un continente en el que el 25% de las jóvenes latinoamericanas ya ha sido madre antes de los 20 años de edad, una de las cifras más elevadas del mundo. Un reciente informe de Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) asegura que la tasa de fecundidad en la región es inferior a la media mundial (2,3 frente a 2,6) pero que no ocurre lo mismo con la tasa de fecundidad entre jóvenes de 15 a 19 años, que se dispara muy por encima de la media internacional (76,2 por mil frente a 52,6 por mil).

La gran mayoría de las madres adolescentes son pobres, con escasa educación y con altas posibilidades de tener que hacerse cargo del bebe sin ninguna ayuda del padre ni red de protección social. "El embarazo precoz", asegura CEPAL, "dificulta la inserción social de las madres adolescentes, exacerba las desigualdades de género y potencia el círculo vicioso de la pobreza".

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ - Buenos Aires - 14/11/2008
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