Domingo, 20 Octubre 2019 06:12

El analista de arriba y la calle

El analista de arriba y la calle

 Los pueblos y los sectores populares, las mujeres y los varones de abajo, están ganando las calles en todo el mundo. En Barcelona y en Hong Kong, en París y en Quito, y en un largo etcétera imposible de abarcar en pocas líneas. A mi modo de ver, este sólo hecho da para celebrar, para el regocijo de quienes deseamos el fin del capitalismo, porque éste no sucederá sin confrontación y lucha de calles, entre otras formas similares de pelea.

La poderosa reorganización de los aparatos represivos los ha hecho casi invulnerables a la protesta, de modo que desbordes como los que vimos en periodos anteriores (siempre recuerdo el mítico Cordobazo de 1969, cuando obreros y estudiantes derrotaron en la calle a la policía del régimen militar), son cada vez más infrecuentes. Por eso la lucha de calles, es tan importante, como escuela y como horizonte.

Es cierto, por otro lado, que con marchas y acciones directas no es posible trascender el sistema, que hacen falta por lo menos dos cuestiones centrales: una crisis sistémica profunda, como las que se registraron en Europa hacia el final de la guerra de 1914-1918, y una potente organización de los pueblos, no sólo para afrontar la crisis, sino de modo muy especial para construir los mundos otros llamados a expandirse mientras vamos deshidratando la hidra capitalista.

Los pueblos organizados y los militantes celebramos las pequeñas victorias, la multiplicación de caracoles en Chiapas o el frenazo al paquetazo del FMI en Ecuador. Nos conmovemos con esos miles que arañaron las piedras, literalmente hasta sangrarse, para erigir barricadas con adoquines y trozos de edificios en Quito. Nos indignamos con la represión que provocó una decena de muertos y mil 300 heridos.

Festejamos los avances. "En Loja y Azuay se crearon asambleas populares autónomas, espacios organizativos de abajo para construir poder popular, dar continuidad al proceso y articular planes y acciones", nos dice un militante contra la minería del sur. Valora, de forma muy especial, que los 12 días de lucha hayan sido la primera experiencia para toda una generación, porque no está pensando en tomar el palacio, sino en la continuidad de la pelea.

Otros compas estiman la trascendencia de que haya emergido una nueva generación de militantes y dirigentes indígenas y populares, así como la importancia del protagonismo masivo de las mujeres. En paralelo, se emocionan con los estudiantes que armaron centros de acopio, albergues y cocinas comunitarias, "integrando así una lucha campo-ciudad".

Son los temas estratégicos que deberían preocuparnos, porque de ellos depende el futuro, y no si la acción favorece a tal o cual potencia global, a tal o cual político que quiere llegar o volver al palacio.

Por eso nos indigna, por lo menos a quien esto escribe, cuando el analista de arriba se limita, desde su escritorio, a censurar a los dirigentes, sean de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), del pueblo mapuche o del EZLN, porque no hicieron lo que ellos consideran oportuno o necesario.

Los pueblos no son acarreados por los dirigentes, como suele creer el analista de arriba, porque no se molesta en preguntar y, sobre todo, en escuchar razones de la gente común. Si lo hiciera, descubriría una lógica propia, diferente por cierto a la del académico o del político profesional, porque responde a necesidades concretas que no pasan por la academia y la literatura especializada.

Sinceramente, me parece insignificante, por decirlo en tono amable, si la lucha nuestra beneficia a China, a Rusia o a Estados Unidos. Son tres potencias imperiales que están dispuestas a masacrar pueblos, para seguir acumulando poder y capital.

Me parece igualmente poco importante si una lucha de abajo, con toda su cuota de dolor y sangre, termina beneficiando a tal o cual candidato a la presidencia. No es ése el camino de los pueblos. Todo lo que fortalezca el protagonismo y la organización de los de abajo es muy positivo, más allá de consecuencias que nunca se pueden medir a priori.

Hubo un tiempo en que el analista de arriba era, sistemáticamente, parte del sistema. En las pasadas décadas, sobre todo a partir de la caída del socialismo real y de las derrotas de la revoluciones centroamericanas, han surgido multitud de analistas que se dicen de izquierda, pero no se manchan las manos, ni ponen el cuerpo en las barricadas, ni escuchan a los pueblos.

Se sienten portadores de la verdad, cuando deberían ser apenas trasmisores del pensamiento y la acción colectivas. No puede haber análisis valederos que subestimen a los pueblos. Siempre fue y será una actitud propia de la derecha, funcional al sistema.

No se vale que unos pongan los muertos y otros usen los cuerpos ultrajados como escaleras, materiales o símbolos. "No queremos ser escaleras de ustedes", dicen los aymaras a los políticos corruptos. Sólo sirven los análisis nacidos del compromiso, no con los de abajo, sino abajo y a la izquierda.

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Cientos de personas han salido a las calles nuevamente para exigir la renuncia del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ante la actual crisis sociopolítica que vive ese país.

 Las protestas populares en Haití son un episodio de las consecuencias, cada vez más estructurales y catastróficas, de una historia de saqueo y olvido.

 

En Haití la crisis de régimen se agudiza luego de semanas de protestas ininterrumpidas. Los disturbios actuales son la culminación de más de un año de agitación y casi tres años de descontento con el actual mandatario, Jovenel Moïse. Los manifestantes se aglutinan en el Palacio Nacional, en las oficinas de la ONU y en las calles para demandar la renuncia del presidente. La crisis política no es nueva sino que condensa, cuanto menos, los dos últimos gobiernos del Partido Haitiano Tet Kale (PHTK). Su fundador, Michel Martelly (2011-2016), al igual que su discípulo Moïse, son acusados de desviar los fondos de la ayuda internacional de las dos últimas catástrofes climáticas que azotaron la isla. Como consecuencia, la población fue condenada al hambre, la pandemia y el debacle de su economía. Lucrar con la desgracia de millones de compatriotas parece ser la receta del “capitalismo del desastre”[1]. Una vez más, tal como lo hiciera en su origen como “la otredad incómoda” de la Revolución Francesa, Haití muestra que, por encima de cualquier valor universal de humanidad, para la comunidad internacional los “negocios son negocios”[2].



Haití presenta uno de los mayores niveles de inseguridad alimentaria del mundo, con más de la mitad de la población –y el 22% de los niños del país- con desnutrición crónica. Su Índice de Desarrollo Humano la posiciona entre los últimos puestos, no sólo de la región sino del mundo: 168 sobre 189 países[3]. Los indicadores de la calidad de vida de la población son apabullantes y, además, Haití debe hacer frente a las catástrofes naturales que azotan el Caribe. El Índice de Riesgo Climático Global de 2019 coloca a Haití en cuarto lugar de entre los países más afectados por los desastres climáticos anuales, ranking que encabezan Puerto Rico –donde se logró en las calles la renuncia de su gobernador[4], también acusado de malversar fondos de ayuda- y Honduras, sobre cuyo presidente pesan graves acusaciones de fraude, corrupción y narcotráfico[5].

A casi diez años del terremoto más devastador y mortífero de su historia, Haití no sólo sigue sin recuperarse de esos destrozos, sino que sufre una nueva crisis política y social que se agravó desde mediados de septiembre. En un contexto de inflación del 15%, un déficit de $89,6 millones de dólares, y una moneda (gourde) en rápida devaluación, se espera que este año la crisis humanitaria solo empeore. Sumado a esto, la crisis del suministro de electricidad, debido a la falta de gasolina, terminó por desatar el descontento social frente a una cotidianeidad desbaratada: no funcionan el transporte público, el comercio ni las escuelas.

Así, las habituales catástrofes naturales han terminado por naturalizar las consecuencias sociales de los problemas políticos, los cuales involucran a actores locales que de ningún modo lograrían sortear la crisis sin la venia de los intereses internacionales y la invisibilización de la crisis por parte de sus vecinos latinoamericanos, concentrados en la situación venezolana.

Un presidente ilegítimo, el origen de la crisis actual

Moïse llegó a la política como un outsider[6], representando a la elite agraria gracias a su rol como dirigente de Agritrans, una empresa bananera del nordeste. Su experiencia política previa era nula, pero fue escogido por Martelly (PHTK) como su sucesor. En las elecciones primarias de octubre de 2015 Moïse obtuvo el primer lugar con un 32,81%. Sin embargo, los comicios estuvieron signados por las denuncias de fraude, intimidación de votantes y protestas callejeras, por lo que finalmente fueron anulados. Martelly, con el apoyo de los Estados Unidos (EE. UU)., la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de otros gobiernos extranjeros, quería cuanto antes resolver el traspaso del Gobierno a su sucesor. Sin embargo, los funcionarios electorales -debido a las persistentes protestas sociales y una nueva catástrofe, el paso del huracán Matthew- demoraron en tres oportunidades consecutivas una nueva votación ante la amenaza de violencia incontenible[7].

El malestar social que aglutinó al arco opositor, líderes religiosos y empresariales, así como miembros de la diáspora haitiana y organizaciones de derechos humanos, se condensó en la falta de transparencia de los procesos electorales y la necesidad de reformar el proceso de votación. Entre febrero de 2016 y febrero de 2017 se estableció un Gobierno interino a cargo de Jocelerme Privert, quien fue electo por la Asamblea Nacional para llenar el vacío de poder tras la finalización del mandato de Michel Martelly. Unas nuevas elecciones se desarrollaron en noviembre de 2016 y, a contrapelo de la coyuntura, Moïse resultó electo en primera vuelta con el 55,67% de los votos[8]. Nuevamente, la denuncia de fraude empañó unos comicios que demoraron más de un mes en ser validados.

Sumada a la escasa legitimidad de origen, el incremento de la conflictividad social y la crisis política tienen tres elementos clave: (1) la crisis del combustible; (2) un gran recambio institucional y (3) la manifiesta corrupción de sus funcionarios.

En cuanto al precio del combustible, desde 2005 el Gobierno de Hugo Chávez creó el Programa Petrocaribe, el cual permitió a Haití comprar, desde 2006, petróleo a precio subsidiado. Los fondos liberados por este beneficio permitían favorecer al desarrollo de infraestructura y programas sociales, de salud y educación. Producto del bloqueo y la crisis económica que atraviesa, en marzo de 2018 Venezuela detuvo los envíos de barriles a precio subsidiado. Sumado al fin del beneficio, el Gobierno haitiano anunció en julio del mismo año la eliminación de los subsidios a la energía. Esta impopular medida estuvo en consonancia con lo acordado en febrero de 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI): un paquete de reformas estructurales a su economía, eufemismo utilizado para nombrar el ajuste. A cambio, el organismo prometió préstamos financieros por 96 millones de dólares para ayudar al país a pagar su deuda[9]. El ciclo de una nueva crisis política comenzó con el aumento del petróleo y sus derivados: 38% la gasolina, 47% el diesel y 51% el kerosene[10]. Frente a ello, la calle volvió a estallar, las protestas se masificaron y la policía reprimió, generando más muerte y más caos. Finalmente, la medida fue derogada.

Como consecuencia del ajuste impulsado por el FMI, se agudizó la crisis institucional caracterizada por un recambio permanente de funcionarios, especialmente del primer ministro, cargo que tiene como función la mediación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para lograr gobernabilidad y consenso. Luego de la oleada masiva de protestas de julio de 2018, Jack Guy Lafontant presentó su renuncia. Moïse, entonces, buscó reemplazarlo con un conocido abogado y exrival presidencial, Jean-Henry Céant, intentando de esta forma lograr la unidad con la oposición. Tan sólo seis meses después, Céant fue removido. Su sucesor fue Jean-Michel Lapin, quien duró apenas cuatro meses en el cargo para finalmente presentar su renuncia proclamando la falta de acuerdo entre los actores políticos. Horas más tarde, el presidente Moïse nombró a su cuarto primer ministro, Fritz-William Michel, portador de un perfil más tecnócrata y hasta entonces funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. A diferencia de sus antecesores, Lapin ni siquiera consiguió la ratificación de su cargo por parte del Senado –no porque el oficialismo careciera de mayoría sino debido a los disturbios ocasionados-, por lo que formalmente todo el Gabinete carece de institucionalidad. La última intentona de lograr la designación de Lapin, en septiembre de este año, culminó con un senador del oficialismo, Jean-Marie Ralph Féthière, descargando un arma de fuego contra los manifestantes en el Parlamento con el saldo de un fotógrafo y un guardaespaldas heridos[11].

Por último, en febrero de 2019 estalló el escándalo de corrupción popularizado como #PetroCaribeChallenge. El hashtag se originó mediante un tweet que preguntaba en creole: ¿Dónde está el dinero de PetroCaribe? Desde entonces comenzaron el activismo por una auditaría colectiva y una nueva oleada de movilizaciones contra el Gobierno haitiano, acusado de malversar miles de millones de dólares provenientes del subsidio venezolano. Como corolario de la gran movilización ciudadana, a fines de mayo el Tribunal de Cuentas entregó al Senado un informe mediante el cual concluyó que al menos 14 exfuncionarios malversaron más de 3.800 millones de dólares del programa Petrocaribe entre 2008 y 2016. Sobre el actual mandatario, el informe detalla que Agritrans fue adjudicataria de contratos para construir proyectos bananeros y carreteras que jamás fueron realizados, a pesar de recibir el dinero para tales fines[12].

¿Ayuda o injerencia internacional?

¿Es Haití un Estado fallido? Desde su independencia y su primera Constitución, en 1804, Haití pasó por 30 golpes de Estado y tuvo 20 constituciones. Actualmente, vive una de sus mayores crisis sociopolíticas desde la ocurrida en su bicentenario (2004) con el golpe a Jean Bertrand Aristide, luego de que éste manifestara que Haití exigiría una reparación histórica a Francia, su exmetrópoli. Finalmente, Francia tomó la iniciativa en la solución de la crisis haitiana y forzó la dimisión de Aristide. En febrero de 2004 el mandatario abandonó Haití en un avión estadounidense, escoltado por militares de ese país. Desde entonces y hasta octubre de 2017 el país fue intervenido por la ONU (Organización de Naciones Unidas) mediante la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH)[13]. Posteriormente, se adoptó la forma de Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), una misión que buscó estandarizar el sistema de administración de Justicia de Haití a los modelos implementados en las últimas dos décadas en la región. La MINUJUSTH garantizó un contingente policial como forma de “alivianar” el uso de la fuerza. No obstante, con la tendencia regional de militarización de las fuerzas de seguridad esto se traduce en el mantenimiento de la ocupación y la represión. La prórroga de existencia de la misión concluyó su mandato el 15 de octubre de 2019, lo que no implica que la ONU abandone Haití sino, más bien, que busque nuevas formas de injerencia[14][15].

Si bien laayuda humanitaria tiene como objetivo proporcionar alimento, asistencia sanitaria y psicológica con aprobación del Gobierno y sin violar su soberanía -especialmente frente a catástrofes naturales- en la práctica ha sido desvirtuada paraintervenir militarmentenaciones, derrocar gobiernos y apoderarse de su riqueza natural[16]. Luego del terremoto de 2010, la MINUSTAH “colaboró” con una comisión de 7 mil soldados y policías. El saldo: cientos de denuncias de abusos sexuales y una epidemia de cólera causada por quienes fueron a brindar “asistencia”[17][18].

De acuerdo al exdirector del Fondo de Asistencia Económico y Social (FAES) de Haití entre 2012 y 2015, Klaus Eberwein, sólo el 0,6% de las donaciones internacionales terminó en manos de organizaciones haitianas, un 9,6% en manos del Gobierno haitiano y el 89,8% restante fue canalizado a organizaciones no haitianas. Lamentablemente, Eberwein fue hallado sin vida con un disparo en la sien en un hotel en Miami antes de comparecer frente a una comisión anticorrupción del Senado haitiano sobre los fondos de Petrocaribe y las malas prácticas de la Fundación Clinton[19].

Los fondos se tradujeron en la proliferación de ONGs que comenzaron a proveer funciones que solía cubrir el Estado, consolidando una nueva etapa en la agenda del sistema neoliberal. Mientras las ONGs avanzaban el Estado se retraía, incidiendo tanto en la soberanía como en la autodeterminación del país[20]. La intermediación de las organizaciones permite que quienes las financian, como el Banco Mundial, el Gobierno de EE. UU. , el Fondo Monetario Internacional o empresas transnacionales, obtengan la liberación de las barreras arancelarias, lo que termina por devastar la producción interna y, por tanto, la economía del país mediante la privatización de los servicios públicos y la contratación de empresas privadas internacionales para ofrecerlos. Este mapa configura lo que la economista Naomi Klein ha denominado como “capitalismo de desastre”, que opera junto con la “doctrina del shock”. Según su tesis las crisis derivadas de catástrofes, como en el caso de Haití, habilitan oportunidades de negocios para la inversión privada, así las potencias y los intereses de las multinacionales consiguen anclarse en el territorio arrasado de la mano de las ONGs.

A modo de conclusión

El PHTK es el actual garante de los negocios del capital internacional, fundamentalmente mediante el traspaso de tierras campesinas a transnacionales estadounidenses. Para ello sólo cuenta con un escueto sector de la oligarquía local, quien se beneficia con una parte del desvío de fondos a expensas de la mayoría de la población. La exacerbación de la dependencia de la ayuda internacional combina el tradicional colonialismo con una nueva fase del neoliberalismo como gestor del desastre. La influencia norteamericana consolidó una economía haitiana predominantemente extractiva -aproximadamente 2.000 millones en depósitos minerales explotados principalmente por corporaciones estadounidenses y canadienses-[21]. Actualmente, dicha influencia es el único sostén de un presidente impopular, cuya dimisión sigue exigiendo el pueblo en sus protestas masivas.

Mientras los líderes de la oposición llaman a los manifestantes a no claudicar hasta obtener la renuncia de Moïse, la consigna se hace carne: “les estamos diciendo a las personas que viven en el área de Cité Soleil y a la población haitiana que se levanten para derrocar a este Gobierno” afirmó Francois Pericat, un participante en las protestas del 27 de septiembre a The Associated Press en alusión a un barrio pobre y sobrepoblado de Puerto Príncipe.”El presidente Jovenel Moïse no está haciendo nada por nosotros, sólo nos está matando”[22]. Moïse asumió la Presidencia un 7 de febrero, fecha emblemática que recuerda el final de casi 30 años de dictadura (1957-1986) de la familia Duvalier, François (Papa Doc) y su hijo Jean-Claude (Baby Doc), quien finalmente huyó de la isla producto de las protestas generalizadas. Luego del anuncio del cierre de la MINUJUSTH, Moïse ha afirmado que no presentará su renuncia y dice no querer tener otro 1986 [23]; sin embargo, la sublevación popular está cada vez más cerca de repetir la hazaña.

 

Por Bárbara Ester

CELAG

 

Notas:

[1] Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo de desastre, Paidós, Argentina, 2008.

[2] https://www.celag.org/haiti-herida-abierta-de-america-latina/

[3] https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Haiti%20Country%20Brief_%20August_2019.pdf

[4] https://www.celag.org/puerto-rico-afilando-cuchillos/

[5] https://www.celag.org/honduras-una-decada-de-golpes-e-inestabilidad/

[6] https://www.voanoticias.com/a/haiti-presidente-moise-investidura-trump-eeuu/3705034.html

[7] https://www.nytimes.com/es/2016/02/06/editorial-haiti-democracia-en-pausa/

[8] https://www.celag.org/informe-electoral-haiti/

[9] https://www.nodal.am/2019/10/decadas-de-neoliberalismo-neocolonialismo-e-injusticia-climatica-han-llevado-a-haiti-al-limite-por-keston-k-perry/

[10] https://pulsonoticias.com.ar/8911/el-fmi-agita-las-llamas-de-la-insurreccion-en-haiti/

[11] https://www.ap.org/ap-in-the-news/2019/ap-photographer-wounded-in-haiti-shooting

[12] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48711839

[13] http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE-131.pdf

[14] https://news.un.org/es/story/2019/10/1463911

[15] https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201910161088993267-mision-de-paz-de-la-onu-concluye-mandato-en-haiti-sin-impedir-brotes-de-violencia/

[16] https://www.theguardian.com/world/2019/oct/11/haiti-and-the-failed-promise-of-us-aid

[17] https://www.celag.org/haiti-resultado-intervencion-humanitaria/

[18] https://www.nytimes.com/2017/06/26/world/americas/cholera-haiti-united-nations-peacekeepers-yemen.html

[19] http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/08/hallan-muerto-a-un-funcionario-de-haiti-que-iba-a-denunciar-a-la-fundacion-clinton/

[20] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37614689

[21] https://www.nodal.am/2019/10/decadas-de-neoliberalismo-neocolonialismo-e-injusticia-climatica-han-llevado-a-haiti-al-limite-por-keston-k-perry/

[22] https://www.nytimes.com/2019/09/28/world/americas/haiti-protests-moise.html

[23] https://www.jornada.com.mx/2019/10/16/mundo/026n4mun

Fuente: http://www.celag.org/haiti-protestas-interminables-en-una-republica-olvidada/

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Sábado, 19 Octubre 2019 06:18

Medio millón de catalanes sale a la calle

Cataluña realizó su manifestación más multitudinaria y pacífica este viernes. Imagen: EFE

La contundencia y unanimidad del rechazo civil a las sentencias contrastó con la fractura que se percibe entre las fuerzas políticas soberanistas.

 

El movimiento independentista de Cataluña realizó su manifestación más multitudinaria y pacífica este viernes en una huelga general que coincidió con la confluencia de cinco columnas de manifestantes que partieron el martes desde diversas ciudades catalanas para concluir en Barcelona.


Más de 500 mil personas se reunieron en la capital de la comunidad para rechazar la sentencia que condenó por sedición a los dirigentes independentistas que organizaron el referéndum ilegal de octubre de 2017. Entre ellas, numerosos estudiantes que se adhirieron al paro, y, en menor medida, funcionarios, trabajadores y comerciantes.
La contundencia y unanimidad del rechazo civil al juicio que condenó a los dirigentes independentistas contrastó con la fractura que se percibe en estos últimos días entre las fuerzas políticas soberanistas.


La promesa del presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, de celebrar un nuevo referéndum durante su mandato abrió grietas con sus socios de Esquerra Republicana de Catalunya, y sumó pedidos de dimisión de parte del Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista Catalán.  El líder del Gobierno regional camina en la cuerda floja. Por un lado, busca mantenerse dentro del marco de la ley para evitar que se intervenga la región y, por otro, no puede ocultar que los disturbios alimentan la épica de la confrontación entre el independentismo y el Gobierno español.


El presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, reafirmó una vez más que su apuesta es por la proporcionalidad, y no lo que reclama la oposición que es intervenir el Gobierno catalán o aplicar la Ley de Seguridad Nacional para hacerse con el control de la policía autonómica. “Creo que estamos en un momento en el que la moderación y la ponderación de las medidas contribuyen a calmar los ánimos, a reconducir las situaciones y, por tanto, eso es lo que hace el Gobierno de España”, dijo el mandatario socialista en rueda de prensa desde Bruselas.


La postura de Sánchez pasa también por no oponerse a las cientos de miles de personas que durante esta semana han manifestado su rechazo a la sentencia de forma pacífica. El problema es que los disturbios y los choques con la policía regresaron esta tarde, y prometen extenderse. El ministro del Interior en funciones advirtió que la noche de este viernes llegarían grupos “radicales” del País Vasco y del extranjero para participar de las protestas. “Estamos ante una situación de violencia minoritaria, pero muy organizada”, dijo Fernando Grande-Marlaska, para restarle trascendencia.


Ciudadanos y Partido Popular no piensan igual. Albert Rivera comparó el incendio de coches y los destrozos de la noche del miércoles con Bagdad y Alepo, para luego exigir la intervención del Gobierno catalán que dirige Torra. La dirigente del PP, la argentina Cayetana Álvarez de Toledo se enfrentó a manifestantes en Barcelona, para decirles que la huelga era “golpista” e “inútil”.


En paralelo, la Audiencia Nacional ordenó el cierre de la web de Tsunami Democratic que el movimiento independentista utilizaba para coordinar las protestas, y que, presuntamente, planificó la paralización del Aeropuerto de El Prat el lunes. La investigación que se abrió es por el delito de “terrorismo”.


En este contexto, las perspectivas del Gobierno español de que la tensión disminuya no parecen tener mucho fundamento. Este sábado, la organización Òmnium Cultural, cuyo presidente fue condenado en el juicio, convocó una nueva marcha en Barcelona. Otro marco en el que pueden germinar los disturbios que hemos visto estos días. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, convocó otra marcha para el domingo con el lema de “Basta Ya, Justicia y Convivencia”, para oponerse a que Torra les diga “lo que tienen que hacer”.


El marco en Cataluña es impredecible, y las multitudinarias manifestaciones pacíficas de este viernes recuerdan que, cuando pase la tensión, la política volverá a estar en el centro de la solución, o del problema.

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Quito vuelve a la calma tras 11 días de marchas y protestas. Imagen: EFE

La académica Stoessel reflexiona sobre la situación de Ecuador tras el acuerdo entre el gobierno y los sectores populares; el rol de los medios y de las Fuerzas armadas así como la persecución al correísmo.

Soledad Stoessel es profesora de sociología y politóloga en la Universidad Nacional de La Plata y en FLACSO-Ecuador. Siguió de cerca las jornadas de paro y movilización que se prolongaron durante 11 días y que dejaron, producto de la represión estatal, un saldo de ocho muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos. según cifras de la Defensoría del Pueblo. En diálogo con Página/12, analiza las consecuencias de la derogación del Decreto 883, el rol de los medios y las Fuerzas armadas a lo largo del conflicto, la ruptura de Lenín Moreno con el correísmo y su futuro inmediato.

-¿La derogación del Decreto 883 constituye una victoria para el pueblo ecuatoriano?

-Creo en primer lugar que la derogatoria del decreto es el resultado de una negociación pública inédita para la historia de Ecuador, aunque se trata de una victoria parcial del campo popular. El decreto era el núcleo duro del paquetazo. Todavía persisten propuestas adicionales tales como la eliminación del impuesto a la renta, y la reforma laboral que el gobierno está intentando enviar al Congreso. Se trata de una reforma sumamente regresiva en términos de derechos laborales, que disminuye el salario, reduce las vacaciones, habilita el despido de empleados públicos y permite privatizar la seguridad social. Es decir que el resto de las demandas quedan subsumidas a la derogación de ese decreto, con lo cual todavía queda mucho camino por recorrer.

-¿Qué escenario se abre ahora para el gobierno de Lenín Moreno?

-Moreno promovió una estigmatización profunda del indígena, de los sindicatos, de los estudiantes, en suma los sectores populares. Se encargó de abrir una brecha entre el campo popular y su propio gobierno. Todo este proceso de crisis constituye un punto de inflexión para un gobierno que ya venía debilitado por distintas medidas de ajuste tras el acuerdo con el FMI en marzo, mediante decreto. La propia Constitución ecuatoriana prohíbe acordar con el FMI sin que el pueblo se entere de los detalles de dicho acuerdo.

Como decía, se trata de un gobierno muy debilitado que perdió capacidad. La Asamblea ha dejado de sesionar y recién ahora retomará las sesiones. El gobierno queda muy expuesto, y ahora tendrá poco margen para aplicar políticas públicas. El otro hecho a considerar es que todavía faltan dos años para las próximas elecciones. Se abre un momento de mucha incertidumbre. Y hay que tener en cuenta que la única agenda política de Moreno consiste en perseguir al correísmo. De hecho, lo primero que hace Moreno después de derogar el decreto, es comenzar a perseguir a referentes del correísmo (la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, fue detenida el lunes por fuerzas policiales sin orden judicial y tras un allanamiento ilegal).

-Moreno culpa a Rafael Correa de estar detrás de su destitución. ¿En qué momento se quebró la relación entre ambos?

-Hay distintas hipótesis al respecto. Lenín Moreno ganó en segunda vuelta en 2017 por un margen bastante ajustado. Evidentemente estaba interesado por el discurso de esa derecha que no ganó. Apenas asume, se monta sobre ese discurso, buscando gobernabilidad. Por eso genera un pacto con los mismos banqueros que habían generado la gran crisis de 2009. Empieza a acercarse a las elites y adopta el panorama económico del establishment. Sus tres grandes aliados pasan a ser, a partir de ese momento, el poder económico concentrado, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación.

-En ese sentido, ¿cuál fue el rol de la prensa durante los 11 días de protesta?

-Moreno ha sido el presidente más blindado por los medios desde el retorno democrático. En esta coyuntura, eso se volvió aún más nítido. No mostraron ninguna de las protestas, se alinearon con el marco del gobierno en torno a la conspiración correísta, bajo la idea de que todo era mafioso o vandálico. Por suerte, la contracara fue un gran número de medios alternativos y plataformas virtuales que transmitieron todo on line y en vivo.

-Mencionó también a otro de los grandes aliados del gobierno, las Fuerzas Armadas, que cumplieron un rol fundamental durante estos 11 días de conflicto.

-Fuimos testigos de una represión brutal por parte de las fuerzas del orden. Jamás se ha visto en Ecuador tamaño nivel de agresión. Se trata directamente de violaciones a los derechos humanos. La Ministra de Gobierno María Paula Romo, que comandó la represión, y el Ministro de Defensa Raúl Oswaldo Jarrín, con una larga trayectoria militar, son los principales responsables. De hecho una de las principales exigencias de los movimientos indígenas consistía en el pedido de revocación de estos dos ministros, pedido que obviamente nunca fue cumplido.

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Masiva marcha y paro en Quito contra el ajuste

Mientras el gobierno ecuatoriano pedía abrir el diálogo, por otro lado enviaba a la policía y los militares a reprimir, amparados en el toque de queda.

 Decenas de miles de personas marcharon a Quito en el marco del paro nacional contra el ajuste que lleva adelante el gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, siguiendo las recetas del FMI. La multitud estuvo encabezada por el movimiento indígena, pero también se plegaron sindicatos, estudiantes, colectivos de mujeres y organizaciones sociales. Mientras el gobierno pedía abrir el diálogo, por otro lado enviaba a la policía y los militares a reprimir. En un mensaje transmitido por la TV pública, Moreno manifestó su confianza en encontrar una pronta solución a las protestas. Continúa el toque de queda.

Miles de manifestantes llegaron desde la mañana a la capital de Ecuador, pese al toque de queda con el que el gobierno buscó detener la circulación en todo el país. El llamado principal a la jornada de paro nacional vino desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). A ellos se sumaron estudiantes de secundarios, universidades, miembros de organizaciones sociales y políticas, así como el colectivo de mujeres. Muchos venían acamparon desde hace días en distintos puntos de Quito a la espera de la marcha del miércoles. Durante toda la jornada reclamaron la renuncia de Lenín Moreno y que dé marcha atrás al el ajuste que quiere aplicar con el apoyo del FMI. "Que se vaya el gobierno. Ha tenido suficiente tiempo para demostrar qué puede hacer por este pueblo y no ha hecho nada", señaló Diana Guanatuña, integrante de la comunidad indígena de Zumbahua, ubicada en la región andina de Ecuador.

Durante la noche del martes Moreno decretó el toque de queda que rigió hasta la mañana del miércoles. Pero aún antes de que entre en vigencia, policía y militares atacaron con gases lacrimógenos los campamentos de los manifestantes. No discriminaron entre hombres, mujeres, ancianos y niños, muchos de los cuales debieron ser trasladados a los hospitales cercanos. Ante estos hechos las universidades cercanas abrieron sus puertas para recibir a cientos de personas. Organismos de derechos humanos denunciaron la detención irregular de 83 personas, que fueron trasladadas a un cuartel de policía en Pomasqui, a las afueras de Quito. Recién hoy al mediodía pudieron acceder a una atención legal.

Ante la presencia de policías y militares apostados por todo el centro histórico de Quito, los manifestantes marcharon portando banderas de Ecuador y también la multicolor de los pueblos ancestrales. "Violento no es el pueblo que lucha sino el Estado que reprime", se podía leer en uno de los tanto carteles que portaban. También manifestaron su rechazo a Moreno, a la corrupción, el FMI y Estados Unidos. “Los grandes medios están diciendo que ya nos vamos, y no! Acá estamos y seguiremos! Somos un pueblo y una sola lucha”, manifestó en diálogo con el medio comunitarios Wambra, una militante indígena.

En el transcurso de la tarde, organizaciones de derechos humanos informaron que los hospitales no entregaban información sobre heridos. Alegaron que por el estado de excepción que rige en el país todos los datos debían pasar previamente por la Secretaria de Comunicación del gobierno. Estudiantes universitarios formaron brigadas de primeros auxilios para atender a los cientos de heridos que dejó el accionar policial. Se estima que durante la jornada más de 100 personas resultaron heridas. Las manifestaciones se replicaron en 21 de las 24 provincias del país. 

Lenín Moreno se trasladó desde Guayaquil a Quito donde lo mantuvieron al tanto del operativo seguridad. “Sin duda alguna, esto se va a solucionar muy pronto", dijo el mandatario en un video retransmitido por un canal estatal de televisión. Ministros de su gobierno buscaron apaciguar la situación convocando al diálogo. También lanzaron un plan de medidas orientado hacia el sector agrícola. Así lo anunció el Secretario General de la Presidencia, José Agusto Briones, que dio los detalles de los seis puntos que componen la medida: propone trabajar en sistemas de riego parcelario, reestructurar la deuda para aquellas asociaciones que no hayan podido pagar sus parcelas, un seguro agrícola, la condonación del 100% de deudas que se mantienen con la Secretaría del Agua, ‘kits’ tecnológicos y cuatro centros de acopio de productos. Briones sostuvo que se encuentran en diálogo con organizaciones sociales y esperan llegar pronto a un acuerdo, según el diario El Comercio de Ecuador. El gobierno también decidió paralizar el transporte de petróleo de uno de sus oleoductos principales, la mayoría del cual está destinado a la exportación.

Ecuador entró en estado de ebullición el jueves pasado, luego de que Moreno anunciara varias medidas económicas por decreto, haciendo que entren en vigencia de inmediato. También impulsó una reforma laboral que deberá ser discutida por el Congreso ecuatoriano. De estas medidas la que generó mayor rechazo fue la liberación del precio de los combustibles, vehiculizada a través de la quita de subsidios. El rechazo del pueblo ecuatoriano se da por una simple motivo: el aumento de los combustibles conlleva el aumento del precio del transporte público y de los alimentos de primera necesidad. Detrás de estas medidas está la mano del FMI. El gobierno de Moreno tiene pautado un préstamo por 4.200 millones de dólares con el organismo, a cambio de una reducción drástica del déficit fiscal.

El sector transportista respondió con un paro nacional que se prolongó durante dos días y estuvo acompañado por movilizaciones en todo el país. Moreno decretó el estado de excepción que le permitió hacer uso de las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social. También decretó el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil, centro económico y ciudad más poblada del país. Las agrupaciones indígenas y movimientos sociales convocaron a un paro nacional para el miércoles. Las protestas continuaron llegando a su pico más alto el martes cuando los manifestantes lograron ingresar a la sede de la Asamblea Nacional. Esa noche Moreno decretó el toque de queda que duró hasta la madruga del miércoles.

 Hasta el momento, el saldo de la feroz represión que se empezó el jueves pasado es de aproximadamente 800 personas detenidas, centenares de heridos y dos fallecidos, según informaron organizaciones de Derechos Humanos.


El Gobierno de Ecuador propone una agenda de diálogo en un intento de desactivar las protestas

 

F. MANETTO

Quito 10 OCT 2019 - 02:13 COT

El Gobierno de Lenín Moreno propuso la tarde de este miércoles una agenda de diálogo a las organizaciones indígenas que llevan una semana encabezando las protestas por el alza del precio de la gasolina. Una marcha masiva, en la que participaron también cientos de estudiantes, sindicalistas y activistas, desfiló pacíficamente desde las once de la mañana por las calles de Quito, hasta llegar al centro de la capital. Allí, sin embargo, la jornada dejó también imágenes de duros choques entre un sector de los manifestantes y las fuerzas de seguridad, a las que achacan desde hace días episodios de represión y por los que ha reiterado su preocupación también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El secretario general de la presidencia, José Agusto Briones, ha ofrecido a las comunidades indígenas un plan con "seis ejes de acción en la ruralidad". El objetivo, ha dicho, consiste en "compensar los efectos del fin del subsidio a los combustibles" y generar nuevas oportunidades. El Gobierno, que plantea una mediación con la intervención de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal, pone sobre la mesa, por ejemplo, facilitar el acceso al agua a través de un sistema de riego parcelario; reestructurar deudas de las organizaciones que no estén al día en los pagos del financiamiento de sus terrenos; financiar el seguro agrícola; o condonar el 100% de las multas impuestas por la Secretaría del Agua. Las autoridades también prometen construir centros de acopio y distribución de productos agrícolas, reabrir escuelas para distintos grados e incrementar el número de profesores bilingües.

Briones formuló esta propuesta horas después de que el presidente Moreno regresara a Quito desde Guayaquil, donde el pasado lunes, en medio de un clima de alarma social, había decidido instalar la sede del Gobierno. Este lanzó un mensaje a través de las redes sociales asegurando que el diálogo está cada vez más cerca y que la crisis se resolverá pronto. Sin embargo, el jefe de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, asegura que la lucha de las comunidades se mantiene de momento en la calle.

"He venido a la ciudad de Quito con el fin de extender mi mano y poderles manifestar que ya tenemos primeros buenos resultados con respecto al diálogo", mantuvo el mandatario. "Los ecuatorianos somos gente de paz, queridos amigos, estamos obteniendo los mejores resultados de diálogo con los hermanos indígenas. Sin duda alguna esto se va a solucionar muy pronto. Me alegro mucho de que todos en conjunto, tantos hermanos indígenas cuanto habitantes de todas las ciudades estén pensando fundamentalmente, en mantener la constitucionalidad, la democracia y la paz", continuó antes de dirigirse a la mayoría de manifestantes. "Hermanos indígenas, jamás les he ofendido, nunca les he ofendido, siempre les he tratado con respeto y cariño y ahora quiero hacerlo nuevamente. Darles un abrazo sincero de agradecimiento por haber llevado esta marcha en paz, por haberse librado de los elementos perniciosos. Esos nunca más volverán. Con ustedes siempre, queridos hermanos indígenas", cerró.

Moreno lleva días culpando a su antecesor, Rafael Correa, de estar detrás de las protestas al igual que Venezuela, aunque aún no ha presentado evidencias de ello. El expresidente sí se ha empleado en jalear las movilizaciones y ha pedido un adelanto de las elecciones por "conmoción social". Esta tarde, tras disolverse la gran marcha indígena, el centro de Quito, en las proximidades del palacio de Carondelet —sede del Gobierno— se convirtió en escenario de duros enfrentamientos entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad. En el corazón de la protesta, hay un sector que está dispuesto a negociar con el Ejecutivo, aunque en los últimos días uno de los lemas más escuchados en las manifestaciones que pedían su renuncia fue "¡Fuera, Moreno!".

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Crónica desde Quito, capital de la revuelta contra Lenin Moreno

La revuelta de los sectores populares e indígenas contra las medidas neoliberales del Gobierno de Lenin Moreno abre un nuevo escenario en el Ecuador post-Correa donde todo es posible.

 

El pasado jueves 3 de octubre, la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó, junto a sectores del sindicalismo tradicional, un paro nacional con el objetivo de expresar su discordancia respecto a las últimas medidas económicas establecidas por el Gobierno.

El anuncio de la Conaie conllevó el inicio de una serie de movilizaciones en distintas localidades del país y asambleas permanentes en territorios con fuerte presencia indígena bajo el objetivo de coordinar una gran movilización a Quito demandando la derogación del Decreto 883, que incluía el alza de precios de los combustibles en todo el país.

El antecedente de dicha medida se encuentra en los acuerdos establecidos por el Gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante el cual este organismo financiero multilateral exige a las arcas públicas una optimización económica del 1,5% de su PIB mediante reformas de carácter tributario a cambio de otorgarle algo más de 10.000 millones de dólares en concepto de financiamiento durante los próximos tres años.

El problema de desequilibrio económico del Ecuador no es nuevo: ya en 2016 —última fase de la década de mandato de Rafael Correa— existían informes que recomendaban un ajuste fiscal asertivo para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera del país fruto del desequilibrio entre gastos e ingresos existentes en esta economía dolarizada desde inicio de siglo. El Gobierno correista decidió en aquel momento mantener en reserva dichos informes y no hacerlos públicos ante su población.

Dos opciones tuvo que manejar el Gobierno presidido por Lenín Moreno ante tales exigencias fondomonetaristas: o incrementar el IVA en tres puntos porcentuales —medida que según los medios de comunicación parecía ser la más probable y en principio más regresiva— o la que definitivamente fue aprobada.

A priori la opción tomada por el Gobierno ecuatoriano parecía ser la menos conflictiva. La escasa eficiencia de un modelo de subsidio que carecía de focalización y que mayormente beneficiaba a grandes empresas con alto consumo de combustible, grandes flotas de transporte y sectores de las élites económicas que disponen de más de un vehículo por unidad familiar, parecía ser la que menos rechazo social podría generar.

De esta manera el presidente Lenín Moreno decretó el fin de los subsidios, lo que implicó un notable incremento de precios de la gasolina “extra” —la más usada en el país— pasando el galón de 1,45 a 2,41 dólares. De igual manera la gasolina Eco País (extra con etanol) de 1,45 a 2.53 dólares y la Súper de 2,3 a 3,07 dólares.

La reacción inmediata fue el bloqueo de carreteras por parte del sector del transporte y de vías urbanas por parte de los taxistas, aunque al día siguiente se desconvocó el paro tras negociar con los huelguistas un incremento de tarifas. El sector del transporte está acostumbrado a acomodarse de forma sistemática a los distintos gobiernos que han transitado en el poder en Ecuador. Durante la época correísta llegaron incluso a legalizar una formación política en connivencia con el partido de gobierno y ocupar curules en el legislativo.

Sin embargo, por experiencia histórica, el pueblo ecuatoriano es consciente de que el incremento de precios del combustible afecta al bolsillo del conjunto de la sociedad sean propietarios o no de vehículos. Los precios de los productos básicos y los indicadores de inflación suelen ser afectados de manera indirecta por este tipo de medidas.

El descontento generalizado entre la sociedad no hizo cambiar la posición Lenín Moreno, quien ha manifestado de forma permanente que la liberalización del precio del combustible a costos internacionales es una política —entre otras— necesaria para el mejoramiento e las finanzas públicas y sobre la cual “no hay marcha atrás”.

Las organizaciones sociales ecuatorianas definieron las medidas económicas establecidas por el Gobierno como un “paquetazo” neoliberal, argumentando que forman parte de un modelo de políticas públicas que beneficia fundamentalmente a sectores empresariales, flexibiliza el mercado laboral y achica al Estado enviando al desempleo a cada vez mayor número de funcionarios públicos sin que estos sean posteriormente demandados por el sector privado.

Así las cosas, durante todo el pasado fin de semana se sucedieron movilizaciones y asambleas indígenas en gran parte del territorio nacional pese a que el Gobierno Nacional optó por declarar el estado de excepción buscando suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilios, libertad de tránsito, libertad de asociación y de reunión. Con movilizaciones cada vez de mayor afluencia en todos los territorios afectados por la convocatoria, las resoluciones fueron unánimes: se determinó una gran movilización indefinida en el conjunto del país en rechazo a las medidas económicas y en defensa de los territorios indígenas, ríos, agua, páramos, la justicia indígena, la educación intercultural, salud, transporte y radios comunitarias.

300 cortes de carretera

Los cortes de carretera se sucedieron por gran parte de la red vial nacional, llegándose a contabilizar 300 cortes de carreteras al mismo tiempo durante diferentes momentos del pasado sábado y domingo. En paralelo, el Gobierno intentó combinar dos estrategias disímiles. Por un lado, se intensificaba la represión bajo el eufemístico argumento del uso de la fuerza progresivo. Por otro, sus interlocutores buscaban desesperadamente el diálogo con los manifestantes intentando establecer propuestas de compensación a los sectores movilizados (créditos productivos a bajo tipo de interés, apoyo para la adquisición de maquinaria agrícola, reconocimiento de autoridades locales…). Nada sirvió, la dirigencia nacional de Conaie manifestó públicamente que el diálogo con el régimen está totalmente cerrado. “No habrá ningún acercamiento con ningún representante del Estado hasta que se revea el decreto que eleva el precio de los combustibles”, manifestaron de forma homogénea todos sus voceros. El conflicto se agudizó a lo largo y ancho de la geografía nacional, llegándose a retener en diversos territorios indígenas a unidades militares y policiales para posteriormente ser entregadas tras haberse liberado extraoficialmente a civiles detenidos en dichas comunidades. La Conaie, bajo el principio de autodeterminación de los territorios indígenas, también había declarado su estado de excepción, prohibiendo la entrada de infiltrados y grupos armados pertenecientes a los aparatos de seguridad del Estado.

Amaneció el lunes más tranquilo, los voceros del Gobierno Nacional —titulares de muy diversas carteras ministeriales— salieron a los medios de comunicación a autofelicitarse. El número de detenidos civiles ya sumaban más de 320 en aquel momento. De los 300 cortes de vías se había bajado a cincuenta, de igual manera el número de movilizaciones en diferentes localidades del país también había bajado… el paro indígena y las movilizaciones urbanas en diferentes partes del país aparentemente estaban en retroceso. “Se impone paulatinamente la normalidad”, llegó a aseverar en su ignorancia María Paula Romo, ministra del Interior. Sin embargo, la versión indígena era radicalmente distinta. Según Jaime Vargas, presidente de la Conaie, “la represión de la fuerza pública permitió la movimiento fortalecerse y coordinar con sus bases y otras organizaciones sociales en cada provincia para poder desplazarnos hacia la capital”.

Apenas un par de horas más tarde comenzaban los mensajes de alerta en la capital. La Policía Nacional y el servicio de inteligencia del Estado detectaban fuerte movimiento en carreteras desde las provincias indígenas de la Sierra Central hacía Quito. La reacción no pudo ser más desafortunada, el ministro de Defensa, un general del Ejército en servicio pasivo que responde al nombre del Oswaldo Jarrín amenazó directamente a los movilizados: “Que no se provoque a la fuerza pública, no la desafíen o sabremos responder…”. Estas declaraciones encendieron aún más los ánimos de los movilizados.

Durante todo el día de este lunes 7 de octubre llegaron diversos contingentes de indígenas a la capital ecuatoriana y de forma sorpresiva también a Guayaquil, segunda ciudad en importancia del país. En diversos barrios populares de la periferia quiteña los indígenas fueron recibidos con actos de solidaridad por los pobladores locales, pese a una fuerte campaña de desprestigio y racismo posicionada por influencers de perfil ideológico conservador en las redes sociales. Con los acceso de entrada a las ciudades altamente custodiadas por las fuerzas de orden público —militares y cuerpos de élite de la policía nacional— los enfrentamientos se sucedieron por doquier. Más manifestantes detenidos, más violencia en medio de llamados poco creíbles llamados al diálogo e incluso algún que otra tanqueta policial incendiada durante las reyertas.

Distintas puntos geográficos de la capital ecuatoriana se convirtieron en focos de conflicto entre movilizados y fuerzas del orden público. El presidente Moreno anunció una cadena televisiva gubernamental que fue tres veces aplazada y los periodistas destinados a cubrirla desalojados por los militares del palacio presidencial de Carondelet.

Las movilizaciones populares, tanto en Quito como en Guayaquil, se combinaron con actos de vandalismo protagonizados por grupos organizados que aprovechaban la protesta para sus fines delictivos. De igual manera, militantes políticos que responden a la tendencia correísta se infiltraron en las movilizaciones protagonizando asaltos de edificios públicos —Asamblea Nacional y Contraloría General del Estado— que fueron censurados por la Conaie y otras organizaciones sociales convocantes de la marcha. En otras provincias, los movilizados ocuparon instituciones públicas tales como la Gobernación o el Consejo de la Judicatura en la provincia de Bolívar. Las movilizaciones fueron permanentes en las provincias amazónicas y en la Sierra Central, todas ellas con fuerte ascendencia indígena.

A las 21 h del lunes por fin se produjo la tan esperada cadena nacional. El presidente Lenin Moreno, custodiado por su vicepresidente a la derecha y su ministra de Defensa a la izquierda, junto a los jefes de los diferentes cuerpos militares atrás, manifestaba —con cierto nerviosismo— que el pueblo ecuatoriano está asistiendo a un intento de “golpe de Estado” con asideros en un complot internacional. “El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización”, aseveró el mandatario ecuatoriano, insistiendo en que las medidas tomadas “no tienen marcha atrás” y que “los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el Gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”.

Para sorpresa de los ecuatorianos la cadena nacional se emitió desde la ciudad de Guayaquil, lo que implica que el Gobierno Nacional abandonó el Palacio de Carondelet en la capital quiteña para, recordando lo que hizo Charles de Gaulle en mayo de 1968, instalarse en otra ciudad.  

La estrategia política y comunicacional del Gobierno de Lenín Moreno no pudo ser más desacertada. Nuevamente una escenografía de fuerza, el presidente de la República rodeado de militares, que realmente emitía comunicacionalmente toda su debilidad —un Gobierno sin base social que tiene un credibilidad inferior al 16%—. En paralelo, un confuso llamado al diálogo en medio de soflamas sobre que bajo ningún concepto se revisará el Decreto 883. Por último, una alerta sobre una supuesta trama internacional desestabilizadora tan poco creíble como las anteriormente posicionadas por Rafael Correa ante cada levantamiento indígena o paro obrero.

La noche quiteña fue larga, el vandalismo se apoderó de algunas zonas de la ciudad mientras manifestantes indígenas y estudiantes universitarios portaban carteles y pancartas cuya consigna era “Ni Correa ni Moreno”, buscando desmarcarse de la pretendida capitalización política correísta de las movilizaciones.

Con la situación al límite, los movilizados se repartieron para pasar en la noche en tiendas de campaña situadas en parques públicos, en coliseos universitarios y locales de organizaciones sociales.

Sectores sociales ciudadanos solidarios con los movilizados suministraron en la noche alimentos y mantas a los recién llegados, estudiantes universitarios de enfermería atienden a los heridos y el periodismo alternativo trata de hacer coberturas coherentes sobre el qué y el porqué de lo que demandan los movilizados. En paralelo, otros sectores de ciudadanos capitalinos expresan su miedo ante la algarabía y convocan para hoy una movilización de rechazo a las movilizaciones, supuestamente para defender Quito. Mensajes xenófobos corren por las redes sociales y líderes conservadores llaman a movilizarse supuestamente contra el correísmo, intentando a su vez desmarcarse oportunistamente de Moreno, pero claramente antagónicos a lo que consideran una invasión de su ciudad por parte de “indios ignorantes”.

Así amaneció el día hoy, martes 8 de octubre, un país donde en estos momentos todo puede pasar… Al cierre de la redacción de esta crónica, los movilizados comienzan a agruparse en zonas aledañas al centro de la ciudad Quito mientras van recibiendo nuevos contingentes de compañeros que van llegando a la capital.

Hoy posiblemente las movilizaciones serán calientes, mañana está convocada huelga general.

40 años de democracia, 7 presidentes y tres constituciones

El pasado 10 de agosto, Ecuador cumplió 40 años de democracia tras una dictadura militar que tuvo distintas fases políticas y que se extendió entre 1972 hasta 1979. En ese período se han desarrollado 11 contiendas electorales, tres constituciones —1978, 1998 y 2008— y una década de desestabilización política que comenzó con la caída Abdalá Bucaram y que perduró hasta la llegada de Rafael Correa a la poltrona presidencial del Palacio de Carondelet. Durante esa década Ecuador asistió a como siete personajes, cada cual políticamente más deplorable, cruzaron sobre su pecho la banda presidencial.

La década correísta estabilizó políticamente el país, si bien terminó decepcionando notablemente a la mayoría del pueblo ecuatoriano y desinstitucionalizando aun más Ecuador, tras haber implementado el predominio del poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado.

La última fase de deterioro económico del país comenzó en el año 2014, momento en el que la caída de los precios del petróleo comenzó a golpear fuertemente a la economía nacional. Fue durante la última fase del Gobierno de Rafael Correa cuando el país comenzó a entregarse al Fondo Monetario Internacional. El Presupuesto General del Estado pasó de 44.300 millones de dólares en 2014 a 37.600 millones en 2016, el endeudamiento público —interno y externo— pasó de 2,8% del PIB en 2012 al 8,1% en 2016 y 9% en 2017, las urgencias por obtener financiamiento internacional hizo que el Gobierno correísta llegase incluso a negociar parte de la reserva nacional de oro con Goldman Sachs. Incluso se firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea y llegó a hipotecar el petróleo aun no extraído del subsuelo ecuatoriano con China y Tailandia.


publicado

2019-10-08 21:14

Publicado enCrisis Ecuador
Miércoles, 09 Octubre 2019 06:15

Moreno ordenó un toque de queda en Ecuador

Moreno ordenó un toque de queda en Ecuador

La medida se adoptó luego de que manifestantes tomaran este martes el edificio del Congreso al grito de "¡Fuera Moreno!" 

En medio de fuerte protestas contra las políticas de ajuste del gobierno, el presidente de Ecuador,Lenín Moreno ,  trasladó la capital de Quito a Guayaquil y decretó un toque de queda, entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana en las cercanías de los edificios gubernamentales.

"No se podrá circular en horario de 20:00 a 05:00, de lunes a domingo, en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas", tales como edificios donde funcionan las sedes de las Funciones del Estado y otras que que decida el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas", dice el Decreto Ejecutivo 888 , firmado por el mandatario. Según el decreto, la prohibición de circulación se extenderá mientras dure el "estado de excepción", declarado la semana pasada por Moreno. En esa declaración, el mandatario dispuso que se extendía por 60 días; sin embargo, la Corte Constitucional lo limitó a 30 días. 

El decreto 888 se conoció luego de una creciente ola de protestas y paros que sucedieron el anuncio del tarifazo de combustible la semana pasada, protesta que alcanzó su pico máximo  cuando que un grupo de manifestantes i rrumpió, por unos minutos, a la sede del Parlamento, en Quito. 

El decreto fue comunicado en una conferencia de prensa conjunta del mandatario y los demás titulares de los poderes del Estado, quienes calificaron de "acciones conspirativas" las manifestaciones que se llevan a cabo en el país, principalmente en Quito. Acompañaron a Moreno los titulares de la Contraloría, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral (CNE), Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) .

El decreto se firmó luego de que cientos de manifestantes tomaran este martes el edificio de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador al grito de "¡Fuera Moreno!", Luego de una hora, policías y militares pudieron desalojar a los manifestantes con gases lacrimógenos y detonaciones. Unos 10 mil miembros de colectivos indígenas procedentes de distintas regiones de Ecuador llegaron hasta Quito en la víspera de la huelga general del miércoles. Ante la masiva llegada de manifestantes y frente al riesgo de incidentes, Moreno había decidido trasladar la sede de Gobierno a Guayaquil el lunes por la noche.

Una vez que los manifestantes que llegaron a Quito lograron ingresar al hall del Parlamento, las fuerzas de seguridad empezaron a disparar gases lacrimógenos que permitieron el desalojo de los manifestantes, una hora más tarde. También se escucharon varias detonaciones en la cercana Avenida 6 de Diciembre, lugar al que llegaron vehículos blindados antimotines. En las inmediaciones del edificio también se agrupaban miembros de la Policía Montada. Si bien todavía no hay datos oficiales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) alertó sobre los heridos por la salvaje represión a la protesta.

Frente a una nueva jornada de movilizaciones en el país, los colegios permanecieron sin clases y varios comercios cerraron sus puertas a partir del mediodía. La CONAIE y la principal central sindical del país, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), reiteraron la convocatoria de una gran movilización a nivel nacional, pero con epicentro en Quito, a realizarse este miércoles. La idea de los organizadores es marchar hacia el casco colonial y llegar al palacio presidencial de Carondelet.

Desde el jueves pasado, Ecuador vive una ola de protestas sin precedentes en los últimos años, originadas por una serie de medidas adoptadas por Lenín Moreno que incluyen la anulación del subsidio a los combustibles. Ante la masiva llegada de manifestantes, Moreno trasladó la sede de su Gobierno a Guayaquil, donde el martes por la mañana mantuvo una reunión con todos los poderes del Estado para analizar la difícil situación que atraviesa el país. El lunes, las protestas habían llegado a unos pocos metros de la llamada Plaza Grande, donde se encuentra la sede del Ejecutivo.

El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, dijo que aún no han llegado a Quito todos los manifestantes, y que espera que estos alcancen mañana miércoles los 20 mil. A su vez, reiteró que el diálogo con el presidente Lenín Moreno está atado a la derogación del decreto con el que decidió la suba de los combustibles. 

"Esta lucha, esta marcha, este reclamo es del pueblo, aquí no hay banderas políticas, no hay dirigentes a título personal", declaró por su parte la dirigente nacional del pueblo Kayambi, Teresa Margarita Ulcuango. "La principal reivindicación hoy es que Lenín Moreno tiene que largarse, queremos un presidente del pueblo para el pueblo”, agregó.

Ulcuango cree además que el mandatario ecuatoriano cometió un "grave error" al abandonar el lunes la sede de Gobierno para viajar a la ciudad costera de Guayaquil. "Carondelet es la casa de los presidentes y ahí debe esperarnos, pero en el momento que abandonó nos la entregó, entonces llegaremos a la Presidencia, a nuestra casa y veremos qué vamos a hacer", dijo antes de gritar "¡Abajo Lenín Moreno, carajo!", acompañada por varios manifestantes.

La movilización indígena, que arrancó el fin de semana en varias provincias, bloqueó decenas de vías y desató violentos choques con los uniformados. En Quito, miles de manifestantes llegaron a copar dos puntos céntricos de la militarizada capital ecuatoriana. También durante las últimas horas hubo intentos de saqueo y ocupación de sedes oficiales, aunque la dirigencia de la CONAIE tomó distancia de los desmanes y dijo que esas protesta fueron infiltradas.

Desde el exterior, el expresidente Correa negó las acusaciones de golpismo con las que lo acusa el Gobierno y pidió el adelantamiento de elecciones ante lo que describió como una "grave conmoción social". "Aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos: (...) adelantar elecciones", dijo. "Los golpistas han sido ellos, que han roto la Constitución cuantas veces les ha dado la gana", agregó. El exmandatario vive en Bélgica y enfrenta una orden de captura en Ecuador por un presunto delito que le endilga la fiscalía desde antes de que estallaran las protestas la semana pasada.

Las grandes protestas, inéditas en los últimos años de la historia ecuatoriana, dejaban hasta el martes el saldo de un muerto, 73 heridos y 570 detenidos, según cifras oficiales. Jaqueado por el alto endeudamiento y la falta de liquidez, Moreno desató la ira del pueblo ecuatoriano con la quita de subsidios acordada con el FMI como requisito para obtener créditos por 4.209 millones de dólares. Los precios de los combustibles llegaron a aumentar hasta un 123 por ciento. El grueso de los sindicatos también se manifestó contra las reformas laborales y tributarias que son exigidas por el organismo de crédito internacional.

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Lunes, 07 Octubre 2019 06:46

El FMI gobierna hoy en el Ecuador

El FMI gobierna hoy en el Ecuador

No ganaron las elecciones, el pueblo no los convocó, pero los técnicos del Fondo Monetario Internacional ordenan hoy el Ecuador en plena alianza con el gobierno de los empresarios. Pocos días antes del paquetazo de medidas económicas y laborales anunciadas por el presidente Lenin Moreno, ya la prensa comercial anunció que el FMI no daría el nuevo desembolso del crédito contratado si no se hacían las reformas desde el gobierno.

Y, una vez tomada la decisión, el FMI salió a dar su “apoyo” a la decisión gubernamental, como si la bendición del organismo multilateral la santificara.

Pero las medidas tienen el carácter de las recetas neoliberales: debilitar el Estado y fortalecer las grandes empresas; obligar a los pobres a pagar la crisis que causaron los poderosos y los benefició; hambrear a un pueblo entero para garantizar el pago de la deuda externa.

Ello se enmascara en discursos de transparentar las finanzas, de “poner la casa en orden” y, por supuesto, de sacrificarnos “todos” para lograr días mejores. Los gobiernos neoliberales en el momento de tomar medidas de este tipo dicen que hay que apretarse los cinturones por un tiempo, pero que a la vuelta está el paraíso. Este, pretende que no hay que apretarse los cinturones, que el incremento del precio de gasolinas y del transporte de alimentos y personas, no afectará a la población.

Que las medidas tengan relación directa con imposiciones colocadas sobre el país a cambio de deuda externa es uno de las causales de su ilegitimidad. Las condicionalidades que vienen con los desembolsos, que ponen obligaciones al Estado que se califica de soberano, los registros de avances en el que se entrega al FMI información que se mantiene oculta al pueblo, destruye cualquier sentido de la democracia.

Añádale las expresiones de Lenin Moreno en la ONU, llamando a la intervención contra el pueblo de Venezuela, la entrega de una base aérea en Galápagos para uso de naves de inteligencia de Estados Unidos (que el gobierno niega que sea una base, como si el imperialismo no hubiera ampliado su definición de las mismas), las salidas del Ecuador de Unasur y la OPEP, centros de integración Sur-Sur, y se tendrá el cuadro completo de un gobierno sumiso a intereses extranjeros, que pisotea la independencia del Ecuador.

Su alianza con la gran burguesía es natural pues este pequeño sector de la sociedad ecuatoriana se encuentra integrada, en relaciones constantes y permanentes, con las transnacionales y los intereses foráneos.

El paquete de medidas impuestas supuestamente traerá trabajo. Este fue el ofrecimiento del plan de gobierno de Alianza País, que se ha cumplido al revés. Según el ministro del Trabajo, Andrés Madero, en una comparecencia en la Asamblea Nacional señaló que solo desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2019 se habían despedido a 11.820 trabajadores del sector público. Ahora se anuncia 10 mil despidos más.

Desde el sector privado la reducción de trabajadores también ha sido una constante, de manera grave en el sector de la construcción que es uno de los que más obreros contrata, pero cuya situación nada tiene que ver con las medidas económicas.

En Ecuador hay una contracción económica general, el PIB crece en un punto o menos, el consumo de las familias ha decrecido, el manejo económico lleva a muchos a buscar productos de primera necesidad en Colombia (por eso el paro reciente de la pauperizada provincia fronteriza de Carchi), de manera que no hay condición de crecimiento de empresas para consumo interno. De hecho, se habla de miles enfocadas en servicios y comercio que han quebrado, aumentando el desempleo.

En estas condiciones, el anuncio del gobierno no es más que demagogia y el pretexto para eliminar derechos laborales, incrementando la precarización laboral. Entre las medidas de este tipo, que empiezan con los nuevos contratos, están:

Los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración. Se violan principios constitucionales que protegen los derechos adquiridos, se viola el principio de a igual trabajo igual remuneración y se permite la sobre explotación.

Los funcionarios públicos pasarán de tener 30 días de vacaciones a 15, como el sector privado, pero desconociendo que esos días eran una suerte de compensación porque el empleado público no recibe reparto de un reducido pedazo de las utilidades empresariales.

Trabajadores de empresas públicas aportarán mensualmente, como mínimo, un día de su salario. Más los 15 días anteriores y doce aquí, estamos hablando de un mes entero al año que se afecta y que, podría decirse trabajaran sin cobro (en los 15 días de vacaciones se recibía pago por vacaciones pagadas, no por días laborados).

A cambio, estas son las medidas para el sector empresarial:

Eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que venían exigiendo al gobierno.

Eliminación o reducción de aranceles para equipo, maquinaria y materia prima, tanto agrícola como industrial, para que tengan “mayor competitividad”.

Eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares, tabletas y computadoras.

Reducción y simplificación del Impuesto a la Renta al sector bananero.

Devolución de tributos a los exportadores para “dinamizar la economía”.

Reducción a la mitad del Impuesto de Salida de Divisas (ISD) para materias primas, insumos y bienes de capital.

Las empresas que perciben anualmente más de 10 millones de dólares “Pagarán por tres años una contribución especial, que totaliza más de 300 millones, que se destinarán exclusivamente para seguridad, educación y salud”, según anunció Moreno. Una mínima cantidad frente a los impuestos, intereses y multas que ya les perdonó con la remisión tributaria, con la que los Grupos Económicos se acogieron al pago de USD 801 millones, pero dejaron de pagar USD 987 millones (Jonathan Báez, ISIP, 2019), aunque hay estimaciones que sería mucho más, llegando a señalarse la cantidad total estaría por encina de los 2.000 millones de dólares.

Como se ve, la balanza de las decisiones del FMI y el gobierno tiene una clara identidad de clase. A ello se añade la liberación de los precios de las gasolinas y diésel, hasta hoy subsidiados. El inmediato aumento del transporte de carga y pasajeros implica otro golpe a la economía de los sectores populares y medios, pero no afecta a los industriales que pasan esos costos a los precios del consumidor.

En estas condiciones, se justifica la pronta reacción de la población para protestar. Principalmente convocados por sectores perseguidos por el anterior gobierno como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que agrupa a las mayores centrales sindicales y a la Unión Nacional de Educadores, la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Frente Popular, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), y otras, que han logrado gran respaldo social.

Junto a un paro de los gremios del transporte que inició a media noche del 2 de octubre, apenas a un día de anunciadas las medidas, dificultan el asalto a los intereses populares y conducen a que incluso sectores de derecha pretendan ser “comprensivos” con la respuesta popular que va en aumento. La lucha social apenas está iniciando.

“Se acabó el miedo, retomamos la lucha”, ha sido una expresión repetida en las calles y las redes sociales. Hoy el miedo pasó a las filas del gobierno que a primeras horas de la tarde del 3 de octubre dispuso el estado de excepción en todo el territorio nacional.

El decreto presidencial 884 tiene 10 artículos que, entre otras cosas, moviliza a las Fuerzas Armadas y la Policía para mantener el orden, suspende en todo el territorio nacional el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión, para impedir la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día, limita el derecho a la libertad de tránsito en todo el país “en los casos en que se atente contra los derechos y garantías del resto de ciudadanos” y se autoriza la requisición de bienes y de servicios.

La medida, altamente represiva y antidemocrática, es condición normal de las medidas impuestas por el FMI y los sectores empresariales de mayor poder. La injusticia de las decisiones gubernamentales se apoya en la reducción de derechos.

En las marchas y calles, se observa una gran agresividad de las fuerzas represivas del Estado, se arresta a personas que están amenazadas de juicios penales y se pretende amedrentar a la población. La paz social buscada por los gobiernos se ha roto en el Ecuador, ahora reinicia el tiempo de la lucha directa. “Se acabó el miedo, retomamos la lucha”.

6 octubre 2019

Publicado enCrisis Ecuador
Los manifestantes se concentran en una carretera de Bagdad para protestar contra la corrupción del Gobierno iraquí. (REUTERS/Alaa al-Marjani)

El martes se iniciaron protestas masivas y violentas en distintas ciudades de Irak contra la corrupción y el desempleo reinantes en el país. Los manifestantes son jóvenes en su mayoría, muchos menores de 20 años, que están condenados a una existencia pobre y gris. Los jóvenes, frustrados, solamente han conocido guerra y sanciones y aspiran vivir una vida mejor, algo que no parece que vaya a ser posible a corto y medio plazo.

 

Las calles de un gran número de ciudades iraquíes han visto esta semana protestas masivas y violentas principalmente de jóvenes, muchos de ellos menores de 20 años, en la incidencia más grave que tiene lugar en el país desde que se acabó con la insurrección del Estado Islámico en 2017. El número de muertos desde el martes se cuenta por decenas y el de heridos por centenas.
Las causas de este levantamiento espontáneo son variadas e incluyen desde la exigencia de que mejoren los servicios públicos de electricidad y agua al malestar creciente de los desempleados que no ven que ningún futuro, jóvenes que no han conocido más que el caos reinante en Irak desde que Estados Unidos invadió el país en 2003 y que en algunos casos dicen que echan de menos a Saddam Hussein y exigen la “caída del régimen”.

Como los jóvenes de todo el mundo, los iraquíes exigen soluciones rápidas para unos problemas estructurales, incluido el de la corrupción masiva, que son endémicos y no pueden resolverse de la noche a la mañana. El primer ministro chií Adel Abdul Mahdi, en el poder desde el año pasado, les ha advertido a través de un mensaje televisado que no existen “soluciones mágicas”. Es evidente que esos problemas continuarán indefinidamente con independencia de lo que suceda con las protestas.

Para disolver las protestas, la policía ha usado agua a presión, gases lacrimógenos, balas de goma y hasta fuego real, lo que explica el elevado número de bajas. Algunos manifestantes también han usado fuego real contra las fuerzas de seguridad. Además, el gobierno ha provocado un bloqueo casi total de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, a través de las cuales los jóvenes se coordinan y donde cuelgan imágenes y mensajes que incitan a la población a participar en los caóticos disturbios. En algunos lugares como Bagdad se ha decretado el toque de queda.

La máxima autoridad religiosa chií, el gran ayatolá Ali Sistani, ha instado a las fuerzas de seguridad y a los manifestantes a que no usen la violencia, y ha criticado a los políticos por no haber sido capaces de emprender una lucha eficaz contra la corrupción que invade a casi todas las esferas del gobierno y de las administraciones periféricas. Sistani ha exigido al ejecutivo que adopte medidas de choque contra la corrupción “antes de que sea demasiado tarde”.

 “Los diputados son quienes tienen más responsabilidad en lo que está ocurriendo”, dijo Sistani en un sermón leído el viernes por uno de sus asistentes en una mezquita de Karbala. “El gobierno debe hacer lo posible para mejorar los servicios públicos, encontrar trabajo para los desempleados, acabar con el clientelismo, lidiar con la corrupción y enviar a prisión a los que estén implicados", añadió el gran ayatolá.

Algunos han querido ver en las protestas una variante de las primaveras árabes de 2011 que llega con retraso. Y en parte esta explicación tiene algo de acertado, especialmente en lo tocante a la corrupción y a la ausencia de expectativas, pero los iraquíes acuden regularmente a las urnas para elegir democráticamente a sus representantes. El país está sumido en un caos más grave que el de algunos otros países árabes donde se iniciaron las revueltas de 2011.

La situación de la "democracia" iraquí también puede interpretarse como la quiebra de unas instituciones que pretenden imitar las instituciones liberales occidentales cuando en Irak, como en otros países árabes, no se dan las circunstancias mínimas para que esas instituciones funcionen de una manera eficiente siguiendo el modelo occidental.

María Hurtado, portavoz de la Oficina de Derechos de la ONU, exigió al gobierno y a los manifestantes que se expresen libremente en el marco de protestas pacíficas. "Estamos preocupados por las informaciones en el sentido de que las fuerzas de seguridad han usado munición real y balas de caucho en algunas zonas, y también han disparado gases lacrimógenos directamente contra los manifestantes", dijo Hurtado.

Según la portavoz, las armas de fuego no deberían usarse nunca, "excepto como último recurso de protección ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves". "Todos los incidentes en los que las acciones de las fuerzas de seguridad han implicado muertes o heridos deberían investigarse rápida, transparente e independientemente".

Un tema relacionado con la corrupción que figura entre los motivos de las protestas es la reciente destitución del general chií Abdulwahab al Saadi, responsable de la unidad antiterrorista, un personaje muy popular en todo Irak, y no solo entre los chiíes, puesto que muchos lo ven como alguien no sectario y que no se ha manchado con la corrupción generalizada.

Las primeras protestas contra la destitución de al Saadi ocurrieron en Mosul, una localidad de mayoría suní. Los suníes aprecian al general porque consideran que fue una figura clave en el aplastamiento del Estado Islámico concluido en 2017. En Mosul también hay un notable resentimiento contra el gobierno de Bagdad porque prácticamente no se ha hecho nada para reconstruir la ciudad devastada por la guerra.

Irak tiene una población de 40 millones de habitantes. Tras décadas de guerras y sanciones ha echado a perder sus infraestructuras, muchas ciudades están arruinadas y las oportunidades de empleo son completamente insuficientes si se las compara con el crecimiento de la población. La producción de petróleo ha aumentado pero no basta para hacer frente a las necesidades del país.

JERUSALÉN

07/10/2019 07:32 Actualizado: 07/10/2019 07:32

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

Publicado enInternacional
Manifestantes y policía endurecen sus tácticas en las protestas de Hong Kong

La nueva ley contra las máscaras no solo no ha conseguido detener las protestas en Hong Kong; las ha empeorado. Dos días después de su entrada en vigor, decenas de miles de personas han salido a la calle a protestar contra la medida en tres grandes marchas en distintos puntos de la excolonia británica. La inmensa mayoría, en un gesto de desafío, llevaba máscaras o la cara cubierta de algún otro modo. Pero, tras comenzar de manera pacífica, grupos de manifestantes contra el Gobierno autónomo y contra China se han lanzado a una nueva ola de destrozos. La policía ha respondido con  cargas tras las que ha detenido a decenas de personas.

La jornada había comenzado con una derrota judicial para los opositores a la ley antimáscaras, la segunda en menos de 48 horas. Un tribunal de primera instancia denegó una petición de 24 legisladores de la oposición pandemócrata para que se impusiera una moratoria a la ley mientras se decide sobre su validez. La audiencia para analizar la legitimidad de la medida comenzará el próximo día 18, mientras tanto la prohibición continuará vigente.

Durante el día, continuaba aún la tensa atmósfera del sábado, cuando Hong Kong se levantó semiparalizado tras los fuertes choques de la noche del viernes —la medida entró en vigor esa medianoche—, con el metro completamente cerrado durante 24 horas por primera vez en su historia, numerosos comercios que no llegaron a abrir y destrozos aún visibles, especialmente en sucursales de bancos chinos. El cierre parcial de algunas líneas de metro, el principal sistema de transporte en esta ciudad de 7,4 millones de habitantes, continuaba el domingo; algunos de los centros comerciales más populares también optaron por prolongar su cierre.

Tras la decisión del tribunal, decenas de miles de personas desafiaron a la fuerte lluvia y los problemas de transporte para expresar su repulsa a una medida muy impopular: los manifestantes usan las máscaras para ocultar su identidad, pero también para protegerse del gas lacrimógeno. Con carteles en los que se leían mensajes como “los pacíficos y los bravos (los dos tipos en que se dividen a sí mismos los participantes en las protestas: moderados y radicales) lucharán siempre unidos”, entonaban el himno de las protestas, Gloria a Hong Kong, y gritos como “¡hongkoneses, rebelión!”

Muchos hacían, con una mano, el gesto chino para el número seis, con el puño cerrado y el pulgar y el meñique estirados, una alusión a lo que ya llaman su “sexta demanda”, la reforma o el desmantelamiento de la policía. Se suma así a las cinco previas: la retirada del polémico proyecto de ley de extradición que desencadenó las manifestaciones —la única a la que el Gobierno autónomo ha accedido—, la puesta en libertad sin cargos de los más de 2.000 detenidos, retirar la descripción de “disturbios” para las protestas, abrir una investigación independiente sobre el comportamiento de la policía y un verdadero sufragio universal.

Gradualmente, y como ha venido ocurriendo en los cuatro meses de protestas, la marcha pacífica se fue transformando en una serie de actos de violencia. Como en los últimos días, los bancos de propiedad china o los establecimientos de propietarios percibidos como simpatizantes de Pekín fueron el blanco preferido del vandalismo. Varias estaciones de metro sufrieron destrozos; alguna —la de Mong Kok, uno de los “puntos calientes” habituales de enfrentamientos entre movilizados y policía—- quedó completamente inundada.

Un taxista que golpeó a dos mujeres manifestantes con su vehículo en un barrio periférico fue atacado por los participantes. Un periodista de la televisión pública hongkonesa sufrió quemaduras en la cara cuando un cóctel molotov prendió el poncho de plástico que llevaba para protegerse de la lluvia.

Por primera vez, y después de que hubieran circulado en las redes algunas imágenes en las que antidisturbios hongkoneses parecían entrar en el cuartel de las tropas chinas en Hong Kong, en el acomodado barrio de Kowloon Tong, un grupo de manifestantes intentó acercarse al acantonamiento y apuntarlo con luces láser. Los soldados respondieron con una banderola de advertencia: si los jóvenes no se dispersaban, podrían ser arrestados.

La policía respondió con dureza al giro violento de las protestas, con gases lacrimógenos, balas de plástico y cañones de agua a presión y decenas de personas fueron detenidas. La operación de búsqueda y captura continuó durante la noche: a las nueve, las líneas de metro operativas cerraban definitivamente hasta el lunes. En puestos de control, los antidisturbios paraban los autobuses y registraban a los pasajeros, especialmente a los jóvenes, en busca de indicios de que hubieran participado en las movilizaciones.

En un comunicado en su página de Facebook, la policía acusaba a los manifestantes de intentar tomarse “la justicia por su mano”. “Las atrocidades perpetradas por los autores de los disturbios están por debajo del mínimo aceptable en cualquier sociedad civilizada. La policía advierte a los autores de disturbios que detengan todos sus actos ilegales y expresa su más fuerte condena contra todos los actos violentos de los alborotadores”.

Por Macarena Vidal Liy

Pekín 7 OCT 2019 - 01:02 COT

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