Caminos y bifurcaciones del movimiento indígena ecuatoriano

El resultado de la primera vuelta de las presidenciales puso de nuevo en el primer plano al movimiento indígena ecuatoriano y a Yaku Pérez, quien disputó voto a voto con el banquero Guillermo Lasso el paso a la segunda vuelta. Los clivajes en el interior de Pachakutik, una suerte de brazo político-electoral del movimiento indígena, no son sencillos y no se pueden reducir a «clasistas» vs. «etnicistas». Al mismo tiempo, los enfrentamientos con el gobierno de Rafael Correa explican parte de sus posicionamientos y sus divisiones internas.

 

Varias veces dado por muerto y milagrosamente resucitado a lo largo de treinta años, el movimiento indígena ecuatoriano y su principal organización, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), siguen sorprendiendo y desconcertando. En la más reciente muestra de su poderío, Yaku Pérez, candidato de Pachakutik, organización electoral auspiciada por la Conaie, estuvo a punto de pasar al balotaje, con casi el 20% de los votos, en un empate con el político y banquero conservador Guillermo Lasso, quien se proyecta para competir con Andrés Arauz el 11 de abril próximo. En cualquier caso, la votación de primera vuelta ha sido un éxito arrollador para Pachakutik, cargado de implicaciones políticas futuras, y le dará al partido un fuerte bloque parlamentario. 

Unánimemente aclamado por el pensamiento progresista y de izquierdas latinoamericanos como un movimiento democratizador, una renovación de las luchas emancipatorias y una expresión de la lucha contra el racismo y el colonialismo interno, súbitamente el conflicto de la Conaie con el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) la transformó para una parte de esas izquierdas en una especie herramienta del Imperio, una expresión del etnicismo excluyente y un arma geopolítica del «ambientalismo liberal». Con la posibilidad del posible paso de Yaku Pérez a la segunda vuelta contra el candidato apoyado por Rafael Correa, esas acusaciones se volvieron particularmente violentas, a veces mezcladas con expresiones que lindan el racismo abierto, como cuando se denuncia que se cambió el nombre a «Yaku» (agua, en kichwa, adoptado legalmente en 2017).

Desde 1990, la Conaie y el movimiento indígena han sufrido, como todo el país, importantes cambios sociales, culturales y económicos. Entre ellos, destacan una acentuación de la urbanización de sus bases sociales, una amplia diversificación ocupacional de sus dirigentes, una mayor penetración de los servicios estatales y un importante, aunque todavía limitado, aumento de la escolarización. La presencia de ONG, de partidos que compiten por conseguir candidatos indígenas, de oficinas y entidades públicas que ofrecen becas o proyectos sociales de variado tipo, se han mantenido y probablemente crecido, aunque esta era una tendencia ya presente desde la década de 1980. El antiguo aislamiento relativo de las áreas indígenas es una reliquia del pasado, aunque subsista parcialmente, sobre todo en la Amazonía. Pero, al mismo tiempo, los pueblos indígenas siguen siendo las poblaciones más empobrecidas, abandonadas y con peores indicadores sociales del país.

Tradicionalmente, el movimiento indígena ecuatoriano fue descentralizado y heterogéneo, tanto en términos ideológicos como organizativos. Desde la década de 1970, la mezcla indisociable de discursos clasistas («somos pobres») y étnicos («somos nacionalidades indígenas») se asoció a demandas ecologistas, aprovechando las oportunidades internacionales y nacionales existentes. Más lentamente, y de modo más desigual, el feminismo penetró también en las comunidades, aunque no se han formado, como en Bolivia, organizaciones supralocales formadas exclusivamente por mujeres indígenas. Al mismo tiempo, un persistente conservadurismo moral, propio de casi todas las zonas rurales, entremezclado con la influencia de las iglesias evangélicas y católica, han limitado, por ejemplo, la incorporación de las agendas de derechos reproductivos en el seno de las organizaciones indígenas. 

El conflicto entre la Conaie y el gobierno de Rafael Correa atravesó todas las fracturas ideológicas, sociales y organizativas del movimiento indígena. No es verdad que haya predominado una sola de ellas. Quiero decir que ni los dirigentes más «clasistas» o los más «étnicos» tuvieron una posición común (a favor o contra) frente a Correa. Apenas un ejemplo. Carlos Viteri, un reconocido intelectual indígena amazónico, oriundo de Sarayacu, imbuido de un fuerte discurso étnico, se volvió un militante del correísmo. Su comunidad de origen goza de fama mundial por su radical oposición a la explotación petrolera en su territorio desde los años 80. Viteri, no obstante, fue el parlamentario encargado de hacer el informe que viabilizó la explotación petrolera en el Yasuní en 2013. El énfasis en los valores de la etnicidad puede perfectamente combinarse con las bondades del extractivismo.

No hay, pues, evidencia alguna de que los cambios sociales, generacionales o el conflicto con Correa obedezcan a una acentuación del carácter «etnicista» del movimiento. Las tendencias étnicas y clasistas siguen conviviendo y mutando en su interior. El levantamiento popular de octubre de 2019, por ejemplo, tuvo una agenda esencialmente económica y de esas movilizaciones contra el gobierno de Lenín Moreno salió fortalecido el liderazgo de Leonidas Iza, dirigente kichwa de la provincia de Cotopaxi, conocido por el énfasis «clasista» de su agenda. El bosquejo de programa económico que, bajo el liderazgo de la Conaie, se gestó en los meses posteriores a ese levantamiento, retoma todos los temas propios de una agenda redistributiva.

Yaku Pérez fue el líder más visible de las tendencias internas que se oponían más radicalmente al gobierno de Correa. La razón es bastante simple. Dirigente de la organización rural de una zona de la Sierra sur de relativamente reciente proceso de mestizaje (dos generaciones), la amenaza de una concesión minera en su territorio lo acercó a la Conaie, que tenía una larga trayectoria de oposición a las actividades extractivas, sobre todo en la Amazonía. Pérez llegó a ser presidente de la filial serrana de la Conaie, la Ecuarunari, la organización indígena más numerosa del país. Luego, como prefecto electo, pugnó por conseguir una consulta popular que prohibiera toda minería metálica a gran escala en la provincia del Azuay. Aunque la Corte Constitucional negó sus pedidos, una consulta más limitada, que prohíbe las actividades de minería metálica en las cabeceras de cinco ríos en la capital, Cuenca, acaba de obtener 80% de los votos y a ningún gobierno futuro le será fácil ignorar semejante veredicto.

Esta lucha antiminera desató un proceso interno de recuperación y reinvención de las identidades ancestrales cañari en estas comunidades. Estas identidades contribuían prácticamente a su lucha y también les otorgaban un orgullo y una sensación de que era posible ofrecer alternativas económicas y de vida enraizadas en la tradición y el pasado local. La obsesión del gobierno de Correa por impulsar la minería metálica a gran escala en un país (y unas regiones) sin tradición minera, lo llevó a una persecución sistemática a los dirigentes sociales, entre ellos Yaku Pérez, que estuvo cuatro veces en prisión. Pero no era un ataque personal: la Fiscalía General del Estado reconoció que entre 2009 y 2014 hubo 400 procesos judiciales por año por delitos contra la seguridad del Estado, entre ellos, más de un centenar por año por delitos de sabotaje y terrorismo. No hay un antecedente semejante en la historia ecuatoriana del siglo XX. Como uno de los principales damnificados de esa ola represiva, para Yaku Pérez, el fin del gobierno de Correa se imponía como una cuestión de sobrevivencia. Ese es el contexto de su famosa frase en la segunda vuelta de 2017 entre Guillermo Lasso y Lenín Moreno: «prefiero un banquero a una dictadura».

No veo cómo se puede llamar a esta movilización ecologista «ambientalismo liberal». Ningún liberal que yo conozca está en contra de la minería en Ecuador. Tampoco parece lícito suponer que la política opuesta, la de Rafael Correa, de concesionar estos yacimientos mineros a empresas chinas, pueda ser calificado en sí misma de nacional-popular. El grupo ecologista más cercano a Yaku Pérez es Acción Ecológica, ampliamente reconocido en Ecuador y el mundo como la más combativa de las organizaciones del ecologismo popular. En la campaña para las elecciones del 7 de febrero pasado, Pérez hizo una propuesta radical pero viable: optimizar la explotación petrolera en las regiones donde ya existe, pero no ampliar la frontera extractiva. Respetar, con una conducta ambiental vigilante, los contratos mineros actualmente en explotación y terminar con los que solo están en fase de exploración.

El conflicto interno reciente más conocido en el movimiento indígena ocurrió en el momento de la selección del candidato de Pachakutik para las últimas elecciones presidenciales. Jaime Vargas, dirigente shuar de la Amazonía sur y presidente de la Conaie, y Leonidas Iza se quejaron públicamente del proceso de selección, que en su opinión estuvo organizado para favorecer a Pérez. Vargas se asocia, como la mayoría de los dirigentes shuar, a las corrientes más «étnicas», mientras Iza está más cerca de las «clasistas». De nuevo, las etiquetas ideológicas fluyen con facilidad al calor de combinaciones siempre cambiantes y siempre presentes. Ningún giro reconocible, solo una constante negociación y convivencia de dos dimensiones de una identidad política en tensión. 

Este tipo de disputas internas por candidaturas es tradicional y frecuente en Pachakutik. Sin embargo, la gran masividad de la votación en zonas indígenas a favor de Pérez en 2021 desmiente que haya habido una división significativa en las bases de la Conaie. Estas parecieron sentirse bien representadas electoralmente por Pérez. Fue, por lo tanto, un conflicto entre dirigentes, sepultado por una avalancha de votos. Esa disputa, sin embargo, especialmente con Iza, seguramente volverá a aparecer en el futuro. Pero es claro que el peso político de Yaku Pérez se ha potenciado enormemente dentro de la Conaie luego de obtener casi el 20% de los votos. Ha surgido por primera vez una figura individual que potencia electoralmente el peso social y organizativo de la Conaie a escala nacional. La situación parece comparable a la de Evo Morales en Bolivia luego de las elecciones de 2002, cuando este obtuvo más de 21% de los votos y quedó en segundo lugar de manera sorpresiva. El peso político personal de Pérez en las internas no tendrá equivalentes.

El gran desafío del movimiento indígena, como referente indiscutido de las organizaciones y el movimiento popular ecuatoriano, será administrar sabiamente esta victoria electoral y navegar sobre este inmenso capital político. Luego de varios intentos, al fin este movimiento logró interponerse exitosamente como una tercera opción política entre el correísmo y la derecha tradicional. Y lo hizo gracias a otra tradición antigua: combinar la movilización callejera (el levantamiento de octubre de 2019) y la participación electoral. 

Las conflictivas relaciones con el correísmo serán, sin duda, un componente crucial de esa difícil navegación. ¿Será Andrés Aráuz el artífice de un giro generacional hacia una política más abierta frente a los movimientos sociales por parte del correísmo? Hasta ahora no hay ningún indicio en esa dirección, pero es claro que, si quiere ganar en segunda vuelta, tendrá el imperativo de tomar distancias de su mentor, que fue su único sostén político en primera vuelta, pero que se vuelve su principal pasivo en la segunda. 

Otro de los grandes desafíos de Pachakutik de acá en más será precisar de manera más detallada las agendas programáticas que se esbozaron en la reciente campaña y en los documentos del programa económico tanto del levantamiento de octubre de 2019 como de la «Minka por la vida», nombre dado a la agenda económica y social de Pérez. Es claro que un fuerte compromiso ambiental es fundamental para guiar la tarea parlamentaria o de gobierno, pero no es suficiente. Yaku Pérez cuenta para esta tarea no solo con su experiencia personal y sus inclinaciones individuales, sino con treinta años de experiencia colectiva acumulada.

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¿Es el neoliberalismo la salvación para el petróleo venezolano?

Por sanciones y crisis han pasado muchos países como Irán y Rusia que no han visto debilitar de esta manera su industria petrolera. El Gobierno de Maduro se dispone a abrir las mayores reservas del mundo a las grandes multinacionales.

ara comprender la emblemática crisis que vive Venezuela hay que comprender primero lo que sucede en su industria petrolera, porque ella fue el sostén y único propulsor del bienestar económico que el país disfrutó, siempre de manera intermitente, durante varias décadas.

Hasta 2014, la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) era la quinta empresa petrolera más importante de todo el mundo, pero ya lleva siete años inmersa en una gran crisis financiera.

Venezuela, al menos por ahora, ya no es tan dependiente del petróleo. Aunque tenga las mayores reservas del mundo, su producción ha mermado de tres millones de barriles diarios a 400.000 a finales de 2020. A pesar de la crisis económica y el bloqueo, nuevos ingresos como las remesas, el oro y la criptominería, entre otros, van “asentando” a la economía a una nueva realidad nacional postpetrolera que parece tocar fondo.

En la economía nacional, el Gobierno de Nicolás Maduro está desarrollando una fase aperturista —dolarización, privatizaciones, desinversión en políticas sociales— que cualquier izquierda consideraría neoliberal y que amenaza con extenderse hacia el sector petrolero.

A pesar de todo, podría decirse que esta apertura está funcionando para enfrentar la cara más agresiva del trumpismo que apuntó hacia Venezuela y que desde 2017 aplicó sanciones contra el Gobierno para que no pudiera vender petróleo. La política de La Casa Blanca en los últimos años ha causado un profundo impacto en la economía venezolana, según reconoce la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, según sus siglas en inglés) en su informe sobre Venezuela.

Pero las sanciones no han sido el único factor del declive de la industria petrolera. De hecho, cuando se comenzaron a aplicar en 2017 ya la producción se había precipitado. También hay otros factores que llevaron a esta situación. Por sanciones y crisis han pasado muchos países como Irán y Rusia que no han visto debilitar de esta manera su industria petrolera. 

¿Cómo pudo ocurrir el declive de la industria petrolera venezolana?

Durante todo el siglo XX, Venezuela fue teniendo cada vez una mayor dependencia del petróleo y se convirtió en un país básicamente monoproductor y compulsivamente importador.

Hay varios factores que convergieron en una compleja coyuntura general que ni la petrolera estatal ni el país pudieron superar, algo que trajo una verdadera debacle petrolera que aun no culmina.

PDVSA ya estaba realmente cansada antes que Maduro asumiera el poder. La petrolera tuvo que financiar dos programas que implicaban ingentes recursos. El primero era el programa de subsidio alimentario (PDVAL), que se inició desde 2008 y distribuyó enormes cantidades de alimentos a precios irrisorios. El segundo fue la Misión Vivienda, que construyó decenas de miles de viviendas, la mayoría en zonas urbanas.

En la Venezuela chavista se fraguó una de las mayores políticas de democratización de recursos de la historia de América Latina. Pero buena parte de esa operación recayó sobre esta empresa petrolera, sin los mecanismos básicos de control y distribución del Estado. PDVSA sirvió además de gran propulsora, de caja chica, para bypassear al Estado burocrático.

Independientemente de que la empresa asumiera los costos de las políticas mencionadas, y que aumentara su deuda de manera exponencial, la capacidad de producción estaba en su tope —en torno a tres millones de barriles diarios— y el precio del petróleo seguía elevado por sobre los 100 dólares el barril. Así que nadie preveía una crisis de la magnitud que tuvo que enfrentar meses después.

El sacudón

Una vez asumida la presidencia en 2013 y con ambos programas de viviendas y alimentación activos, el nuevo presidente, Nicolás Maduro, lanzó una campaña que llamó “Sacudón” para transformar el Estado venezolano, pero que se concentró en remover a Rafael Ramírez de la presidencia de PDVSA, el hombre fuerte de la empresa durante los últimos años de Hugo Chávez.

No se conocen pruebas en su contra, pero del alto nivel de vida del ex funcionario y de su círculo cercano se desprendía una corrupción que afectaba a muchos altos cargos de la industria petrolera. La consigna de “limpiar PDVSA” era una demanda constante, especialmente desde el chavismo, y terminó generando una purga interna por su control.

Con Ramírez en el exilio, a la empresa no le fue mejor. Rápidamente fue disminuyendo su producción. En cinco años de Gobierno, Maduro nombró a tres presidentes de PDVSA. De estos, los dos primeros fueron encarcelados y el tercero fue destituido. Con todos ellos, la producción no dejaba de caer.

Mientras tenía lugar la pugna interna y sucesivos presidentes de la empresa patinaban, en EE UU se vivía la explosión del fracking, que desplomó los precios del petróleo desde mediados de 2014 hasta 2016, permitiendo a EE UU bajar a mínimos históricos su dependencia petrolera.

Así que con pobres ganancias, enorme deuda y costosas políticas sociales a cuestas, la empresa se iba debilitando y bajando sus niveles de producción y refinación. En este contexto llegaron las sanciones.

Las sanciones

Si bien la orden ejecutiva de Barack Obama en el que declara a Venezuela un país de “inusual amenaza” data de marzo de 2015, fue en agosto de 2017 cuando se declararon sanciones directas contra representantes del Gobierno. Desde finales de 2017, se impuso un cerco financiero que dificultaba la venta y el cobro de las operaciones petroleras. En 2019, las sanciones se dirigieron directamente hacia la venta de petróleo venezolano.

En ese momento, la producción de la industria petrolera se vio en caída libre. A mediados de 2018 ya llegaba a millón y medio. A comienzos de 2019, rondaba por el millón de barriles diarios y, en el peor momento de 2020, llegó a producir en torno a los 400.000 barriles.

Con el nombramiento de Elliot Abrams en 2019 como representante de la Casa Blanca para asuntos sobre Venezuela, en medio de la aventura de Juan Guaidó y el desconocimiento de 50 países al Gobierno de Maduro, se ejecutó una persecución a cualquier empresa que tuviera relaciones comerciales con PDVSA. Su oficina apuntó a varias empresas y buques petroleros,   y logró que la española Repsol y la rusa Rosneft, entre muchas otras, tuvieran que ceder y dejar de comercializar el petróleo venezolano.

La apertura petrolera

La industria petrolera ha sufrido un desmantelamiento por la falta de inversión en momentos de vacas gordas, un infarto debido al bloqueo y ahora podría sufrir un desmembramiento si la posibilidad de su salvación pasa de manera obligatoria por considerar inversiones extranjeras sin el control establecido por la Constitución, lo que es un leit motiv del chavismo.

Desde los 90 hay empresas extranjeras operando en Venezuela, pero siempre a la sombra de PDVSA. Ahora las condiciones del país son muy desfavorables y es posible que el Estado tenga que ceder mucho más en cuestiones importantes en torno a la soberanía y las leyes.

Constitucionalmente PDVSA no puede ser vendida. La estrategia pasa más bien por privatizar áreas y territorios que no puede explotar. Quizá en muchos pedazos. Un desmembramiento podría impulsar la reactivación de la industria, pero no se sabe qué impacto futuro puede tener. Además, es una medida injustificable para el chavismo, cuyo transe más complejo fue la toma de PDVSA después del paro petrolero de 2002-2003.

Sin embargo, no parece que existan otras opciones, pues el Gobierno no tiene línea de crédito con ninguna instancia de peso.

Hoy, economistas del Gobierno como Jesús Faría concuerdan con las proclamas antichavistas que, desde siempre, exigían apertura y liberalización de la economía, esto es, el fin de los controles con que gobernó Chávez durante más de un decenio. Con la nueva Ley Antibloqueo promulgada a finales de 2020, se prevé que las privatizaciones y medidas neoliberales que, paradójicamente, están permitiendo un respiro económico a todos los niveles y clases sociales, se trasladen a la industria petrolera.

A comienzos del mes de febrero, una nota de Reuters indicaba que “nuevos clientes de PDVSA” estaban impulsando la industria petrolera a comienzos de este año. La producción habría aumentado un 12% en relación a diciembre de 2020.

En febrero, Chevron y otras empresas, según Bloomberg, pidieron al nuevo Gobierno de EE UU la relajación de las sanciones contra Venezuela.

PDVSA se convierte en un laboratorio de los modelos económicos. El modelo estatista que fue tan efectivo durante décadas hoy está en franco declive y un Gobierno que se presume progresista tendrá que aplicar modelos aperturistas. Ya veremos cómo nos va.

Por Ociel Alí López

Sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela

13 feb 2021 06:00

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Viernes, 12 Febrero 2021 06:11

¿La crítica por la crítica misma?

¿La crítica por la crítica misma?

El síndrome de Sansón Carrasco: “El Caballero de los Espejos”

 

Desconectada de las luchas sociales, sin lugar beligerante contra la opresión, la crítica sirve de bastante poco. A lo sumo se reduce a una especie de “entretenimiento ingenioso” para encontrarle “peros” a todo y ganarse unas palmadas, o unos pesos, “espantando al burgués”. No se negarán aquí los talentos desplegados por algunos “críticos” reconocidos (y temidos) en territorios diversos. No obstante el brillo de los geniecillos críticos suele quedar eclipsado por el individualismo que sofoca al talento con cataratas de egolatría. Toda esa crítica solipsista conduce al aplauso de ellos mismos. Un tedio. 

Otra cosa es la crítica, y sus métodos, inflamando las inteligencias populares con escrutinios históricos, dialécticos, éticos y estéticos para fortalecer las tácticas y las estrategias emancipadoras en la lucha de clases. O dicho de otro modo: la fuerza de la crítica -que realmente importa- no está en las contorsiones de los silogismos (o sofismas) lenguaraces, sino en la efectividad de una fuerza del razonamiento sistematizado que esclarece el escenario de las batallas y permite, organizadamente, ascender a la praxis victoriosa, sin reclamar “derechos de autor” ni aplausos para la vanidad. 

Aunque estén de moda algunos centros promotores del “pensamiento crítico”, bajo modalidades diversas en cursos, conferencias, talleres o guruísmos… aunque se ofrezcan a crédito (o con “tarjetas de débito”) el asunto es, también, cuánta crítica promueven para ejercer la crítica sobre ellos mismos. Y generalmente no lo resisten. En las refriegas que libra el pueblo trabajador, cotidianamente, contra las condiciones objetivas y subjetivas, impuestas por el capitalismo, se necesita un arsenal creativo de dispositivos críticos capaz de confrontarse a sí mismo en el terreno decisivo de la práctica emancipadora. Crítica fraguada en la crítica de sí, como estrategia dialéctica de acción que garantiza confianza en las organizaciones para las luchas decisivas que se encadenan a diario. No sirven los corpus críticos escleróticos que tanto gustan a las instituciones burocratizadas. No sirven los guiños críticos, de autor, cincelados en el histrionismo de esgrimas lenguaraces. No sirve cualquier cosa en una lucha cruda con objetivos precisos. Especialmente, no sirve el santoral de los sabelotodo críticos, expertos en esconder o negar la lucha de clases.

La clase dominante se esmera en desactivar toda iniciativa de organización transformadora, parida por las bases para emanciparse. Atacan, ridiculizan y desfiguran todo aquello que toque las fibras íntimas de la propiedad privada y la ideología de la clase dominante. Todo aquello que enriquece a los pueblos con las armas de la crítica y la crítica de las armas. En esa guerra por perpetuarse, el capitalismo compra o crea “expertos”, universidades, liceos, academias, “think tanks”, iglesias y todo género de “opio” contra los pueblos. Es decir, los arsenales de guerra ideológica que nosotros debemos someter al campo de la denuncia y de la crítica científica y revolucionaria. O será nada. O seremos nada.

Por definición, todo autoritarismo es enemigo rabioso de la crítica que no puede controlar. Y ha convertido su enemistad en pedagogía para que, a los oprimidos, ni se les ocurra, por miedo o por ignorancia, cultivar las habilidades críticas necesarias para la supervivencia de la libertad. Alguna vez se consideró, incluso bajo el capitalismo, el desarrollo de las capacidades críticas como una virtud de la educación y un logro “civilizatorio” indispensable en las sociedades contemporáneas. Pero duró poco. El desarrollo de las industrias bélicas, la manipulación de conciencias con las industrias mediáticas y el saqueo económico global orquestado por las industrias bancarias… necesitó anular de las cabezas y los corazones todo fundamento o aliento crítico que pudiera exhibir la avaricia burguesa intoxicada de propiedad privada. Para eso han satanizado, perseguido y linchado públicamente a los mejores talentos críticos que han proliferado en las bases sociales y en las luchas emancipadoras. Pero acosada, desfigurada o prostituida, la crítica tiende a sobrevivir sacudiéndose los fardos ideológicos burgueses. Gracias a la fuerza de las luchas hartas de saqueo y humillaciones. 

Nuestros arsenales con métodos críticos, no pueden ser armatostes para reverenciar santorales ingeniosos. Por más que estén de moda en los corrillos iluministas. Necesitamos municiones de crítica creativa e inagotable, lúcida y accesible, profunda y portátil, perfectible y autosustentable. Que sea letal contra la economía y la ideología de la clase dominante; que sea fértil en la constitución dialéctica de nuestro programa humanista emancipatorio, que actúe también y sobre sí misma. Un arma inédita para la emancipación de la consciencia. La crítica, como herramienta en manos del pueblo trabajador, debe ser un organismo vivo y producto social, que se necesita a sí mismo para sobrevivir en el medioambiente idóneo que es el aporte y el avance. El acto creador. Por eso es indispensable mantener ajustadas las agujas de sus objetivos, mantener prístinas sus metas y no permitir las desviaciones o las deformaciones que se infiltran al confundir la crítica con el pleito. La crítica necesita sentido y dialéctica. Suele hacerse rancia si se la infecta con cánones repetitivos, si se la aleja de la ciencia y si se dogmatiza. El sentido de la crítica lo aporta la comunidad. La crítica no democratizada suele ser sospechosa y falsa. Nos ha costado mucho aprender que la falsa crítica sirve sólo para poner a la vista las partes que esconden a un todo. 

Guardemonos de incurrir en el error, añejamente encumbrado, de abrazar la crítica de los amargos, por más sesuda que parezca. La lucha emancipadora no consiste en propiciar torneos de odios razonados; no consiste en hacer de la amargura un baluarte ni de la revancha un mérito. Y aunque predominen los malestares como atmósfera tóxica donde prospera la crítica, es de urgencia advertir que su fase de realización, su ascenso a la práctica, se logra gracias a los combustibles de la alegría, del espíritu creativo, colaborativo, participativo… organizado, que los pueblos saben darle a todo lo que sueñan, y hacen, para el bienestar común. Se entronizó como un “cliché” la imagen del “crítico” como un mal-encarado espécimen proclive a la intolerancia y a la propagación de verdades a destajo. Pero la crítica debe ser, necesariamente, una alegría. “La creatividad es la inteligencia divirtiéndose” A. Einstein

Hay una crítica que nace, crece y se transforma con el fin de fortalecer a la especie humana en sus luchas y la hay, contrariamente, la que se infiltra para desmoralizar, inhibir y desactivar luchas, luchadores y luchadoras. Nosotros requerimos de un método de crítica fecundo y muy dinámico, generado en todos los frentes permanentemente para que sea capaz de aprovechar las mejores herencias sin caer en emboscadas canónicas. Método de crítica revolucionaria en manos de los pueblos como bandera, como escudo como poesía. De todos, para todos y desde todos. “Deseable, posible y realizable”. (Sánchez Vázquez)Dr. Fernando Buen Abad DomínguezDirector del Instituto de Cultura y Comunicacióny Centro Sean MacBrideUniversidad Nacional de Lanús.Miembro de la Red en Defensa de la Humanidad.Miembro de la Red Verdad contra las Fake News.Miembro de la Internacional Progresista.Miembro de REDS (Red de Estudios para el Desarrollo Social)

Por Fernando Buen Abad Domínguez | 12/02/2021

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Martes, 09 Febrero 2021 06:44

Ecuador: ¿un nuevo ciclo político?

Ecuador: ¿un nuevo ciclo político?

El correísmo, representado por Andrés Arauz, venció en la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas pero no logró esquivar el balotaje. El conservador Guillermo Lasso y el dirigente indígena Yaku Pérez se disputan, voto a voto, el pasaje a la segunda vuelta del 11 de abril. Derrotado en la Sierra, donde los sectores populares tienen más densidad organizativa, y con su bastión electoral en la Costa, Arauz parece tener más posibilidades de triunfo frente al «banquero del Opus Dei» que al candidato de Pachakutik.

 

El 7 de febrero, Ecuador asistió a uno de los procesos electorales más inusuales de su historia. Inusual por el efecto de la pandemia, inusual por tener que elegir entre dieciséis binomios electorales a la Presidencia de la República e inusual también por el permanente ruido de posible fraude electoral que sobrevoló las redes sociales durante la última semana.

Los tres años y ocho meses de gobierno de Lenín Moreno dejaron al país agotado. En el sentir general de la sociedad ecuatoriana está el anhelo de que este período termine cuanto antes y se entregue el listón de mando gubernamental a un nuevo mandatario. En paralelo, asistimos a una sigilosa fuga del país de varios de quienes ejercieron la toma de decisiones durante este período: tanto Richard Martínez, ex-ministro de Finanzas y artífice de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como María Paula Romo, ex-ministra de Gobierno y principal responsable de la represión en las movilizaciones de octubre de 2019, entre otros, residen hoy en Washington.

Ecuador sufre el deterioro generalizado de prácticamente todos sus indicadores sociales, macro y microeconómicos, así como de la credibilidad de sus instituciones públicas. En un marco en el que el divorcio entre el establishment político y la sociedad es cada vez mayor, crece de forma acelerada la pobreza, la mendicidad infantil, el ausentismo escolar, los suicidios, el endeudamiento familiar, la inseguridad ciudadana, el deterioro del mercado de laboral, el desempleo, el endeudamiento externo y el desprestigio de la institucionalidad. Si bien este proceso ya venía de antes, las condiciones se volvieron dramáticas a partir del impacto de la pandemia de covid-19 en el país. Quizás la consecuencia más brutal de todo esto hayan sido los cerca de 40.000 fallecidos durante el 2020 por encima del promedio de muertes correspondiente a años anteriores.

Es en ese contexto en el que definieron su estrategia electoral las dos principales tendencias políticas hasta entonces existentes en el país. Por un lado, la opción correísta encabezada por Andrés Arauz –al estar impedido legalmente Rafael Correa de ser candidato–, quien articuló como narrativa principal que «vuelve la esperanza» al país o llama a «simplemente comparar el anterior gobierno con este y piensa cuando estábamos mejor». Por otro, el conservadurismo con Guillermo Lasso a la cabeza –en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC) de Jaime Nebot– intentando posicionar que Lenín Moreno fue originalmente el candidato avalado por Rafael Correa y por lo tanto signo de su continuidad. Todo ello pese a que el giro a posiciones políticas neoliberales del actual gobierno se sostuviese con el apoyo precisamente de las bancadas de Lasso y Nebot en la Asamblea Nacional. En resumen, el clivaje político electoral se posicionaba entre las –a priori – dos grandes tendencias ideológicas del país en correísmo vs. anticorreísmo, una polarización que beneficiaba a ambas tendencias. 

Sin polarización

En este contexto, de los catorce binomios presidenciales que acompañaban a las dos principales tendencias políticas en disputa hubo dos que fueron capaces de imponer clivajes alternativos. Por un lado, la candidatura social liberal de Xavier Hervas al frente de la Izquierda Democrática (ID) un partido que venía cayendo en picada desde hace años; y por otro el brazo político del movimiento indígena, el movimiento Pachakutik, con Yaku Pérez, activista ambientalista y ex prefecto de Azuay, como candidato.

Mientras Hervas, joven empresario del agronegocio, se posicionó como el candidato outsider de esta contienda representando «lo nuevo» con una estrategia comunicacional muy creativa y desenfadada que consiguió conectar con targets de jóvenes urbanos y sectores ilustrados de clase media, Pérez capitalizó el acumulado de las movilizaciones de octubre del 2019 –episodio de lucha social brutalmente reprimido por los aparatos de seguridad del Estado– y la defensa de la Pachamama, sumado al rechazo al correísmo en varias zonas andinas, mediante su oposición a las políticas extractivas y la defensa del agua. Con ello, el candidato indígena sintonizó también con sectores juveniles, en este caso con sensibilidad ambiental, y con sectores urbanos marginales que se movilizaron especialmente en Quito junto a los sectores indígenas. «Yaku es pueblo» fue el arquetipo construido en torno a la figura del referente indígena durante la campaña.

Estas estrategias alternativas fueron poco a poco calando en la sociedad ecuatoriana y generando un sostenido y silencioso crecimiento de apoyo a estos nuevos liderazgos. Todo ello mientras un «banquero del Opus Dei y del feriado bancario [de 1999]» como Guillermo Lasso disputaba la contienda en un plano superior con Andrés Arauz, el «candidato del bolivarianismo chavista apoyado por grupos terroristas colombianos como las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y el ELN [Ejército de Liberación Nacional]». Así se desprestigiaban los unos a los otros entre estas dos principales tiendas políticas en disputa.

El correísmo tendrá, sin duda, que hacer su ajuste de cuentas interno tras esta primera vuelta. Toda estrategia electoral parte de un análisis del contexto. La práctica demuestra que la campaña de Arauz manejó encuestas equivocadas, insistiendo en los últimos quince días en que ganarían en una sola vuelta, para lo cual necesitaba llegar al 40% y obtener diez puntos de diferencia sobre el segundo. Y, fruto de lo anterior, se posicionó públicamente con la habitual prepotencia que suele dar sentirse anticipadamente ganador, sin hacerle guiños políticos a ningún sector más allá de su «barra brava». 

En paralelo y teniendo en cuenta que el mensaje es el 50% de una estrategia electoral, la campaña de Lasso no pudo ser más confusa y desesperadamente desorganizada. Comenzó prometiendo un millón de puestos de trabajo para terminar comprometiéndose a duplicar su propuesta inicial, incorporando en la última semana de campaña dos de sus principales promesas electorales: vacunar a nueve millones de ecuatorianos en los primeros cien días de su gobierno y subir el salario mínimo –que en los últimos siete años no dejó de considerarlo excesivo– en un 20%. Ninguna de estas propuestas formaba parte de su plan de campaña inicial.

Resultados y perspectivas

Al momento de escribir este artículo, el conteo oficial señala que la opción con mayor apoyo popular en esta primera vuelta ha sido la candidatura correísta. Arauz cuenta con un respaldo de alrededor de 32% de los votos válidos. El segundo lugar, lo pelean voto a voto Pérez y Lasso, ambos con alrededor de 19% y con una diferencia de apenas unas décimas inicialmente a favor del candidato indígena. Por último, en el cuarto lugar quedaría Hervas con un sorpresivo 16%.

Pese a que el conteo esta muy avanzado, existe un 14% ciento de actas con inconsistencias técnicas cuyo origen mayoritario está situado en mesas electorales de la Costa, territorio donde Lasso tiene mayor apoyo que Pérez. Aquí un paréntesis: tanto el populismo progresista como el populismo conservador tienen históricamente mayor entrada en la región costeña del país que en los territorios de Sierra y amazónicos, caracterizados por una mayor presencia indígena, mayor densidad organizativa popular y una cosmovisión más alejada del clientelismo político. En todo caso, esto hace presuponer que al final de cuentas, Lasso pueda imponerse sobre Yaku Pérez y disputar la segunda vuelta, la alternativa sin duda preferida por el correísmo, que busca presentar la contienda en el clivaje clásico pueblos vs. oligarquía, lo que no podría hacer con el referente de Pachakutik.

Las espadas están cruzadas y el movimiento indígena se mantiene alerta y expectante. Es muy posible que asistamos a movilizaciones importantes de este sector en defensa del voto, cuyo resultado supone un hito histórico sin precedentes en la política ecuatoriana. Sin embargo, el conflicto interno está asegurado en el interior del indigenismo si es Lasso la opción que disputara el balotaje del 11 de abril. De hecho Pérez, difícilmente clasificable desde una visión ideológica clásica pese a provenir de una militancia maoísta en su juventud, apoyó a Guillermo Lasso en la segunda vuelta de las presidenciales del 2017 frente la candidatura de Lenín Moreno, que entonces se presumía identificada con Correa. Su justificación fue: «es preferible un banquero que una dictadura, que nos ha despojado de nuestros territorios, que ha declarado el estado de excepción...». 

Con Yaku Pérez en segunda vuelta y sin necesidad de tener que negociar nada con los sectores conservadores –la mayor parte del voto no correísta se iría hacia esa opción electoral sin necesidad de tranzas, y el propio Lasso dijo que lo votaría–, Arauz tendría más dificultades para sumar votos a los ya obtenidos el domingo pasado. En paralelo, la bancada legislativa principal será de tendencia correísta, ocupando posiblemente unos 49 curules de los 137 en la Asamblea Nacional, es decir sin mayoría absoluta. En un hipotético gobierno de Arauz, su movimiento no tendría mayoría y tendría que negociar con las otras dos principales fuerzas en el legislativo: Pachakutik, con unos 27 curules, e Izquierda Democrática con otros 18, ambas tendencias políticas no conservadoras.

En resumen, el gran derrotado de este domingo electoral ha sido la derecha y las elites sociales y económicas ecuatorianas. Pero a su vez, el pueblo expresó su deseo de romper la dicotomía correísmo/anticorreísmo que ha marcado los últimos catorce años de la política nacional. La sociedad ecuatoriana exige una regeneración en sus liderazgos y representaciones, así como una narrativa política diferente para los próximos años.

La hipótesis de un triunfo de Lasso en una segunda vuelta parece poco probable. Ni la juventud mayoritaria en el censo electoral ni el mundo rural se sienten identificados con este candidato que se presenta por tercer vez las elecciones presidenciales. A su vez, la tendencia conservadora con predominio en la región de la Costa, el PSC, obtuvo los peores resultados de su historia en varios de los que han sido considerados hasta ahora su feudos territoriales. Ni Lasso ni Nebot tienen condiciones ya para seguir liderando a la derecha ecuatoriana. 

 

 

En paralelo, se hace difícil entender la pervivencia del correísmo sin la figura de Rafael Correa ejerciendo el poder o al menos algún cargo de representación popular. Lo más probable es que el progresismo ecuatoriano entre en un proceso de renovación, posiblemente encabezado por Arauz –un joven de 36 años recién cumplidos y ex ministro de Correa–, más vinculado a posiciones ideológicas que a la alabanza a la figura de su líder carismático. De ocurrir, esto generaría inevitablemente fuertes tensiones internas, las cuales de una u otra forma ya se perfilaron durante la actual campaña. En ella, el tema de la lealtad y la traición estuvo siempre presente. En todo caso, hoy Arauz depende de Correa para ganar las elecciones de igual manera que mañana será Correa quien dependerá de Arauz para solventar los procesos judiciales a los que ha sometido, en muchos casos de forma extremadamente forzada, durante estos casi cuatro de residencia fuera del país. Pendientes aun de ver quien disputará el 11 de abril la segunda vuelta y cual será su resultado, las votaciones del 7 de febrero posiblemente signifiquen un punto de inflexión respecto a la historia reciente del Ecuador. Asistiremos a la conformación de una nueva cartografía política nacional que se desarrollará en los próximos dos años, demanda social que quedó claramente expresada en las urnas.

Por último, habrá que ver cómo se desempeña en movimiento indígena en roles institucionales. Su historia reciente, conformada a partir del levantamiento indígena del Inty Raymi en 1990, nos demuestra que su potencial tiene más que ver con el mundo de los movimientos sociales y organización comunitaria que con la representación electoral. La última vez que el Pachakutik participó como aliado de un gobierno nacional, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, entró en una seria crisis de la que le ha costado años recuperarse.

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Líder indígena acusa intento de fraude para que no llegue a segunda vuelta en Ecuador

Quito. El líder indígena de izquierda Yaku Pérez denunció ayer un intento de fraude para sacarlo de la carrera presidencial en Ecuador, cuando libra una dura pelea con el ex banquero de derecha Guillermo Lasso por el segundo lugar en las elecciones celebradas el domingo, lo que le daría su pase en la segunda vuelta.

El economista Andrés Arauz, de 36 años y delfín del ex mandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), aparece como ganador de la primera vuelta con 32.14 por ciento de los sufragios, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

No obstante, con 98 por ciento de las actas procesadas, Pérez, un abogado ambientalista de 51 años, sorprendía con 19.86 por ciento de los sufragios, mientras Lasso, de 65 años, registraba 19.60 por ciento.

El escrutinio se ha visto frenado por la necesidad de revisar 13.69 por ciento de las actas debido a inconsistencias como falta de firmas de los miembros de la mesa electoral.

En ese contexto, Pérez señaló que "se está confabulando un fraude (...) para impedir que nosotros lleguemos a la segunda vuelta". Sostuvo que se han transferido 15 puntos porcentuales de sus votos a otros candidatos, con lo que superaría a Arauz, y llamó a abrir las urnas.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo que “cada candidato está en su derecho de agotar todas las instancias legales de impugnación de resultados (…) Si tenemos que abrir urnas lo haremos. Una vez que se resuelva el 100 por ciento de las actas con novedades, promulgaremos los resultados”; subrayó que tienen 10 días para divulgarlos.

La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos llamó a que se "esperen con calma los resultados" finales.

La segunda vuelta está prevista para el 11 de abril, cuando será designado el sucesor del impopular gobernante Lenín Moreno, que no se presentó a la relección y cuyo periodo de cuatro años terminará el 24 de mayo próximo.

Ninguno de los 16 candidatos obtuvo la mitad más uno de los votos válidos ni alcanzó 40 por ciento de los mismos más una diferencia de 10 puntos sobre el segundo para ser elegido de manera directa.

De mantenerse la tendencia del escrutinio parcial, Pérez –con poca carrera política– y Arauz protagonizarán una inédita segunda ronda entre candidatos de izquierda en Ecuador, con 17.1 millones de habitantes, castigado por la pandemia y que arrastra una abultada deuda económica por la caída de los precios del petróleo.

Arauz declaró en entrevista con la Afp que "el pueblo ecuatoriano ha sido contundente al pronunciarse por el antineoliberalismo. Las opciones que han prevalecido han sido el progresismo, la unidad plurinacional y la socialdemocracia".

Arauz añadió que en caso de ganar, la relación con Estados Unidos "va a ser excelente" y las condiciones de un acuerdo de septiembre pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de 6 mil 500 millones de dólares "no podrán ser cumplidas por nuestro gobierno porque atentarían directamente contra los bolsillos de las familias ecuatorianas".

El FMI está "abierto" a ajustar el programa con el nuevo presidente "en caso de que el gobierno así lo desee", dijo el director del organismo para las Américas, Alejandro Werner.

Pérez, quien también planea revisar el acuerdo, obtuvo un buen resultado con un discurso ambientalista y de rechazo a la explotación petrolera y minera, y es un fuerte crítico del ex presidente Rafael Correa.

Pérez apunta sus sospechas hacia Lasso y Correa

El líder indígena apuntó sus sospechas de fraude hacia Lasso y sus aliados, y contra Correa. "Tiene un pánico que entremos nosotros a la segunda vuelta", sostuvo en referencia al ex mandatario.

En 2019 fue elegido en las urnas gobernador de la provincia andina de Azuay y es el primer indígena en llegar tan lejos en la disputa por la presidencia de Ecuador, donde los pueblos originarios conforman 7.4 por ciento de la población.

Si se confirman los resultados parciales, los ecuatorianos deberán elegir entre dos alternativas de izquierda: una nacionalista, que representa Arauz, y otra de corte ambientalista que, según Pérez, dará paso a un "estado plurinacional, digno, honesto e incluyente".

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Sudáfrica suspende el uso de la vacuna de AstraZeneca por no ser eficaz contra la variante de su país

Un estudio detalla que la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca es menos efectiva contra la variante sudafricana del virus y no protege contra síntomas leves o moderados. España ya ha recibido las primeras dosis de esa vacuna.


El Gobierno de Sudáfrica ha pausado la administración de las dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca tras el reciente estudio que demuestra que tiene una protección reducida frente a la nueva cepa de la enfermedad surgida en el país.

Así lo ha comunicado este domingo el ministro de Salud sudafricano, Zweli Mkhize, que ha especificado que se trata de una suspensión temporal hasta que un comité de científicos decida la estrategia a seguir respecto a este inmunizador, según Independent Online. El Gobierno de Sudáfrica tenía prevista la llegada de un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca, producida por el Serum Institute de India, este lunes, tras lo que pensaba empezar a vacunar a los trabajadores sanitarios.

Un estudio al que ha accedido en exclusiva Finantial Times asegura que la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca es menos efectiva contra la variante sudafricana del virus y no protege contra síntomas leves o moderados.

No obstante, el responsable de Salud ha incidido en que el programa de inmunización continuará a partir de la próxima semana, "durante las próximas cuatro semanas, esperamos que haya vacunas Johnson & Johnson, además habrá vacunas Pfizer", que serán las vacunas que se administrarán al personal sanitario.

En este sentido, las autoridades planean acelerar el despliegue de la vacuna de Johnson & Johnson, ya que ha mostrado una eficacia contra la nueva variante que prevalece en más del 90 por ciento de los nuevos contagios en el país, ha destacado la presidenta del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica, Glenda Gray, tal y como recoge Bloomberg. Hasta el momento, Sudáfrica ha registrado 1.476.135 de contagios de coronavirus, así como 46.290 víctimas mortales desde que estalló la pandemia, según recoge la Universidad Johns Hopkins.

España ya ha recibido dosis de AstraZeneca

España recibió las primeras 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford el pasado sábado, según informó la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias. Las dosis de esta vacuna solo se suministrarán a personas de entre 18 y 55 años por la falta de evidencias sobre su efectividad en personas mayores de 65 años, como recomendaron las autoridades sanitarias de Francia, Alemania o Bélgica.

Sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) recomendó autorizar la vacuna de esta farmacéutica para personas adultas, también en el caso de los mayores de 65 años. Pero el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ya avanzó que España no seguirá esta recomendación, siguiendo los pasos de los países europeos. 

madrid

08/02/2021 08:54 Actualizado: 08/02/2021 09:13

Por Europa Press

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Guerra de desgaste contra las comunidades zapatistas

 La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional, en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No somos dueños de la tierra, somos sus guardianes. La tierra es para vivir no para hacer negocio”, dice un joven de la comunidad Nuevo San Gregorio, del Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, en el municipio oficial de Ocosingo (Huixtán), Chiapas.

“Estamos cercados en nuestra propia tierra”, agrega una mujer de la misma comunidad que está siendo sitiada por 40 invasores armados con apoyo del Gobierno. Explica que pese al cerco, las familias han montado un taller de carpintería, hacen bordados y mecapal, como forma de resistencia.

Son testimonios recogidos por la “Caravana Solidaria”, integrada por más de 15 colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, tanto en la comunidad Nuevo San Gregorio como en las cinco comunidades que integran la región Moisés Gandhi, en el municipio Autónomo de Lucio Cabañas, oficial de Ocosingo.

Integrantes de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq nos explican desde San Cristóbal de Las Casas que se trata de más de 600 hectáreas que fueron recuperadas por las bases zapatistas cuando la ofensiva de 1994 y que ahora están siendo cercadas por “medianos propietarios y personas aliadas de los gobiernos federal y del Estado de Chiapas” y por miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).

En Moisés Gandhi, habitada por cientos de familias, las agresiones comenzaron el 23 de abril de 2019, con disparos de armas de grueso calibre desde las 5h hasta las 21h, situación que el Gobierno no quiere ni tiene la voluntad de detener. Desde que comenzaron los ataques, en abril de 2019, en varias ocasiones llegaron grupos de 250 a 300 personas armadas en vehículos, queman viviendas, roban y destruyen cosechas. En varias ocasiones han secuestrado a comuneros, los golpean y amenazan y luego los sueltan.

El 22 de agosto quemaron una tienda de acopio de café zapatista en el crucero de Cuxuljá, un cruce estratégico de carreteras que conectan San Cristóbal con Palenque.

Se trata de nuevas modalidades de la contrainsurgencia que se van adaptando al crecimiento y expansión territorial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que pasó a contar con 43 centros de resistencia. Integrantes de la caravana explican que los miembros de ORCAO son gente politizada que conoce bien al movimiento zapatista.

Desde hace años fueron atraídos por programas sociales que les ofrecen recursos si regularizan las tierras, pueden capitalizarse y pasar de campesinos pobres a campesinos ricos, adquiriendo poder. La ORCAO vende su café a grandes empresas vinculadas a Wall Mart, ya que tiene aspiraciones de conseguir grandes ganancias.

“La forma de operar consiste en cercar las viviendas, las clínicas y las escuelas de las familias y comunidades zapatistas, y de ese modo les impiden seguir produciendo, configurando una guerra integral de desgaste que busca quebrar la economía autónoma”, explican miembros de la Ajmaq y de las caravanas solidarias.

Imposible no conectar esta situación con lo que fueron las políticas sociales de los gobiernos progresistas en Sudamérica. No sólo transferían recursos a los barrios y comunidades pobres, sino que buscaban que los intermediarios fueran organizaciones y movimientos populares que antes habían luchado contra los gobiernos neoliberales. De esa manera, incorporaban a las políticas oficiales personas que conocían a fondo a los movimientos, saberes a que los Estados desconocían.

 “No es casualidad que la ORCAO esté atacando a las nuevas Juntas de Buen Gobierno y centros de resistencia, porque allí la mayoría son jóvenes y mujeres y buscan desanimarlos y atemorizarlos”, dicen miembros de las caravanas.

Por eso además de cercar con alambres las tierras comunitarias, rompen tuberías de agua, cercan manantiales, pastos donde se alimenta el ganado y les impiden cosechar. En Nuevo San Gregorio, las bases de apoyo reconocen que este año apenas pudieron cosechar el 50% del año pasado. El objetivo es crear una crisis humanitaria que fuerce a las familias zapatistas a abandonar las tierras que recuperaron luchando.

La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No nos rendimos, aquí seguimos organizando nuestros trabajos colectivos”, aseguran las comunidades. Para mantener la resistencia organizan trabajos colectivos, para asegurarse la alimentación y la salud. La decisión de resistir de forma pacífica, sin violencia pero sin abandonar la lucha, tiene enormes costos que las bases zapatistas están dispuestas a afrontar.

Desde arriba buscan el enfrentamiento entre pueblos, apoyando organizaciones sociales que cuentan con la complicidad de los gobiernos municipal, estatal y federal, con el objetivo de minar la autonomía zapatista que es una de las principales esperanzas que ilumina el planeta.

5 feb 2021 09:50

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Martes, 02 Febrero 2021 05:45

Vivir sin petróleo

Vivir sin petróleo

Cada día se manufacturan y propagan diferentes mentiras desde medios de información conocidos y hasta desde otros de apariencia informal donde las fabricaciones aparecen pegados a sitios del internet o de las redes sociales.

A partir de estas mentiras manufacturadas se construyen edificaciones falsas más complejas. Una de estas, por ejemplo, es la falacia de que el 2020, año de pandemia, ha sido el año en que el mundo occidental se encamina a prescindir (en un futuro cercano) del petróleo crudo y de sus productos, hidrocarburos y combustibles fósiles en general.

La realidad y las “relaciones públicas”

Se trata de un plan para salvar al planeta de la contaminación, nos dice la máquina de propaganda, un verdadero logro de la ciencia y tecnología que usando energías alternativas renovables reemplazará la energía fósil solucionando los problemas que enfrenta el medio ambiente -al tiempo que nos permitirá seguir consumiendo como hasta ahora. Las energías alternativas renovables son bien conocidas, sus imágenes aparecen a diario, se trata de paneles solares y gigantescos molinos de viento, o capturando la energía de las mareas para activar turbinas, o más vulgares como quemando biomasa (madera de árboles, arbustos y matorrales) para obtener energía. Todas existen porque son un negocio rentable pero que solucionen los problemas del medio ambiente es muy dudoso. Hasta la fecha todas estas energías juegan un papel minoritario, en algunos lugares ningún papel. Funcionan mayormente gracias a subsidios del estado en general en países del primer mundo que pueden pagarlos. Los vehículos eléctricos aparecen también como solución frente a los vehículos a combustibles que son parte importante del problema de contaminación. Se alardea mucho de que el combustible tiene que ser reemplazado por electricidad -cargando las baterías de los vehículos eléctricos y reemplazando a los otros que hoy dominan el mundo. Peor, se da por hecho, y se fantasea hasta con admiración, sobre el posible uso del hidrógeno como combustible limpio.

Estas afirmaciones sobre energías alternativas que están listas a reemplazar a los combustibles fósiles no son ni bien analizadas ni se muestran cifras que indiquen su uso en la actualidad. Gobiernos, instituciones, corporaciones de energía, industrias de vehículos de todo tipo, hablan de energías alternativas vagamente, parte de un discurso público que presenta una imagen favorable de futuro, una que sirve de propaganda. La realidad es diferente pues seguimos viviendo y dependiendo del petróleo y de los combustibles fósiles. Los combustibles derivados del petróleo son usados mundialmente en más del 60 por ciento para transportar gente y carga. En Canadá la cifra alcanza al 65 por ciento y en Estados Unidos al 71 por ciento. De ese total de combustibles el más común es la gasolina (incluyendo mezclas con etanol) que suman un 40 por ciento del total usado globalmente, luego el Diesel con un 37 por ciento (y que incluye los biocombustibles), sigue el combustible para aviones que suma un 12 por ciento, el propano que en décadas pasadas parecía que iba a ser más utilizado hoy es apenas un 1 por ciento. Nos queda el combustible residual o fuelóleo (o fuel oil) producto del proceso primario de una refinería, una mezcla que suma un 9 por ciento, y luego el gas natural juntos a la energía eléctrica de baterías recargables no alcanzan al 1 por ciento del total moviendo gente y carga en el mundo. 

Hay otras áreas en las que petróleo y gas son esenciales, como es el caso de los polímeros artificiales (o plásticos) que en el mundo usan 16 por ciento del total de petróleo y gas producidos. Debemos considerar además las maquinarias usadas para construir infraestructuras, plantas productoras de fertilizantes, industrias de productos químicos, oleoductos, gaseoductos, acueductos, minería, agricultura especialmente en el caso de monocultivos, calefacción y preparación de alimentos.

He observado que se confunde, o trata de confundir, el papel del petróleo en la producción de energía eléctrica. A nivel global el petróleo es usado sólo en un 5 por ciento en producir electricidad, pero algunos países lo usan más y otros menos o nada. En el Caribe, por ejemplo, Jamaica usa petróleo en la producción de electricidad en un 91 por ciento pues no tiene otro recurso. Arabia Saudita, qué si tiene petróleo en abundancia, también lo usa más, en un 55 por ciento. Estados Unidos, igual que Canadá el petróleo se usa sólo en un 1 por ciento en la producción de electricidad, y la Unión Europea también usa un porcentaje bajo, un 2 por ciento. A nivel mundial el mayor recurso en la producción de energía eléctrica continúa siendo el carbón mineral (un fósil) con un 40 por ciento, lo sigue el gas natural con un 22 por ciento, las plantas hidroeléctricas con un 16 por ciento, las nucleares con un 13 por ciento y las alternativas con apenas un 1 por ciento. Estas últimas se han desarrollado más en Alemania y España, que las usan en más de un 20 por ciento. La energía hidroeléctrica es muy importante en Paraguay que la usa en un 100 por ciento y en Uruguay, que la usa en un 63 por ciento. Sorpresivamente para muchos, países ricos en petróleo como Canadá y Venezuela usan energía hidráulica en más de un 65 por ciento cada uno. En cuanto a la energía nuclear Francia no podría vivir sin ella, la usa en un 78 por ciento para producir su electricidad.

Vehículos eléctricos ayer y hoy

Volviendo a las mentiras que se venden como información, aparece a la cabeza el supuesto éxito del auto eléctrico que en occidente los gobiernos presentan como alternativa real, incluso argumentando que para el año 2050 dejarán de producir anhídrido carbónico (CO2). Todo esto se basa en especulaciones que muchas veces los mismos gobiernos promueven para crear esperanza y confianza en un futuro que se ve ciertamente preocupante. El vehículo eléctrico, casi como una joya del transporte y usando baterías que se recargan con electricidad, intenta solucionar la polución del transporte. Nadie habla del desafío de disponer de la electricidad necesaria para recargar baterías, de las nuevas plantas generadoras de energía para sostener ese futuro, tampoco se explica cómo se va a disponer de las baterías en desuso –temas que seguramente los fabricantes de vehículos eléctricos esperan él estado resuelva, o quizás que se despachen los nuevos desechos a algún país pobre del planeta donde contribuyan a su contaminación. Tampoco se explica la dinámica económica por la que algunos países como Estados Unidos y Canadá, si bien subvencionan la prospección, explotación y transporte de petróleo y gas natural, también reciben importantes ingresos por concepto de impuestos aplicados a combustibles del petróleo. En Canadá cada litro de combustible que compramos paga entre 20 y 30 por ciento de impuestos, sumando 13 mil millones de dólares al año en entradas que se usan, en gran parte, en infraestructura y aportes a municipios. En Estados Unidos el gobierno federal recauda más de 37 mil millones de dólares en impuestos aplicados a los combustibles -a gasolina, Diesel y gasolina de aviones, sin contar lo que recaudan otros niveles de gobierno. En Europa se aplican aún más impuestos a los combustibles del transporte. Estos dineros recaudados son esenciales a los estados debido a las enormes deudas públicas que acarrean y a que no cuentan con otras entradas ya que la mayor parte de las corporaciones y los ricos no pagan impuestos sino al contrario reciben subsidios del estado y despojan a este siempre que pueden. 

El invento del auto eléctrico fue a mediados del siglo 19 y luego a principios del 20 tuvo su uso y para los años 60 volvió y ganó cierta relevancia y se fabricaron varios modelos, pero pronto no fue sino un vehículo marginal. Se usa un vehículo pequeño en lugares internos, fábricas y bodegas, campos de golf, centros turísticos, aeropuertos, existen incluso algunos pocos buses urbanos a batería en algunos países occidentales, China y República de Corea, pero hasta hoy la producción de vehículos eléctricos es limitada. Las corporaciones que los fabrican hacen mucho ruido cuando presentan su versión al mercado, pero la usan como propaganda y muestra de preocupación por el medio ambiente. Algunas compañías se dedican a producirlos, ya compactos o medianos, pero su precio elevado las obliga a vivir de la especulación bursátil y a tener futuro incierto.

Hablar del hidrógeno como combustible está de moda, el hidrógeno es casi una palabra mágica en cuanto a su uso en vehículos -ya como combustible directo o para cargar baterías. El hidrógeno es básico en los procesos químicos de refinerías de petróleo y plantas de fertilizantes, y es caro de extraer sea por electrólisis o por gas natural. Es difícil de almacenar en un tanque de alta presión además de peligroso porque tiene baja energía de ignición y alta energía de combustión. Los vehículos a hidrógeno existieron en 1959, con el Chevrolet Electrovan, cuya producción fue abandonada; el programa espacial Apollo empezó a usar hidrógeno en los años 60.

Se exagera la importancia del vehículo eléctrico que en la actualidad no es más que él 0,4 por ciento de todos los vehículos en circulación en el mundo, aunque haya países como Noruega donde son el 10 por ciento del total de vehículos o China donde son el 1 por ciento, pero en la mayoría de los países del mundo son casi inexistentes. Es posible que en una década aumenten su número y lleguen a ser el 1 por ciento del total de los vehículos que se usan en el planeta, pero esta industria tiene que demostrar rentabilidad para sobrevivir, no alcanza con la propaganda y la especulación.

La energía generada por los fósiles

Atrás de las mentiras y las especulaciones existe la realidad con respecto a la energía generada por los recursos fósiles, cada día más de 200 barcos tanques mueven más de 60 millones de barriles diarios de petróleo y combustibles alrededor del mundo para cubrir las necesidades de la humanidad que depende y seguirá dependiendo de estos recursos.                                                                                                               

En el 2020 a pesar de la pandemia, que en Occidente aún no se controla, y que desaceleró gran parte de la economía, interrumpida o parada, el consumo mundial de petróleo y gas natural bajó apenas un 3 por ciento y la de la de todos los combustibles líquidos un 9 por ciento (de 100 millones de barriles diarios en el 2019 a 91,3 el 2020). Se imaginaba un mayor impacto, pero los números muestran que incluso con una economía interrumpida y desacelerada nuestra necesidad de petróleo y gas natural continúa y que nuestra dependencia de estos recursos es enorme. Claro que muchas de las corporaciones medianas y más pequeñas dedicadas a la prospección, explotación, transporte y servicios en el terreno sufrieron pérdidas grandes debido a la caída de los precios. Por ejemplo, en áreas de prospección y explotación donde los costos son más altos, como costa afuera en el mar, más de 20 mil millones de dólares en deudas hicieron quebrar compañías como Diamont Offshore Drilling y Noble Corp. El panorama general mundial del pasado año en la industria del petróleo fue de muchas pérdidas, reducción de puestos de trabajo, y fusiones corporativas.

La situación es más crítica en la explotación de petróleo y gas natural de esquisto (shale or tight) que en Estados Unidos continúa pese a los daños serios que causa al medio ambiente ya que han sido perforados más de 300.000 pozos de fractura hidráulica, en el año 2019 se produjeron más de 7 millones de barriles diarios -más del 63 por ciento de petróleo que produce Estados Unidos (el petróleo convencional va en declive cada año) pero durante el 2020 se redujo en más de 1 millón de barriles diarios. La industria del petróleo y gas de esquisto es complicada -más de lo que se muestra, y desde hace una década en que comenzó nunca ha sido rentable pero su crecimiento, que se ha basado en inversiones a futuro y especulación bursátil, continuaba y es sólo desde el 2016 que numerosas compañías han empezado a quebrar y se vienen perdiendo miles de trabajos. Según datos de Rystad Energy, más de 100 compañías tienen deudas por 89 mil millones de dólares, estas deudas que pronto alcanzarán a ser de más de 100 mil millones de dólares. Valdría preguntarse como un producto muchas veces dejando pérdidas en algunos territorios se sigue produciendo con todo el destrozo que causa a la naturaleza, será que el agotamiento del petróleo es una pesadilla que no se puede aceptar como realidad.

Unas de las supuestas metas para proteger el planeta de la polución es el compromiso avalado por las Naciones Unidas en que más de 110 países de los 193 miembros que para el año 2050 dejarán de emitir a la atmósfera anhidrido carbónico CO2, muchos de los grandes países contaminadores ni siquiera firmaron este compromiso de muy dudoso cumplimiento. La duda ha quedado en evidencia con la incapacidad total de los países del primer mundo que se hacen líderes de las iniciativas para salvar el planeta de la contaminación, pero la desastrosa situación de la pandemia causada por el coronavirus los mostró que no solo les falta infraestructuras a sus sistemas de salud pública, sino han mostrado también inoperancia y corrupción en la gestión, en la emergencia, en las prioridades con la población y vacunación.   

No se puede confiar que los países occidentales puedan tener alguna solución para proteger el medio ambiente, los recursos naturales y las especies si sus gobiernos y élites apoyan, financian y son parte de terribles destrozos en la destrucción de países, asesinatos masivos y selectivos de miles de sus habitantes, dejando a pueblos enteros sin hogar, sin agua corriente, sin energía eléctrica, envenenando suelos y ríos con bombas, son los acarreadores del terror y muerte, es obvio que estos no pueden salvar el planeta.   

Muchos países especialmente en Europa y el continente americano tienen en gran parte una economía de turismo dando una impresión de apogeo donde se mueven millones de personas en aviones, cruceros, buses, y automóviles, entran y salen de hoteles, restaurantes y museos, toda esta economía que en el presente está muy afectada por la pandemia, pero para funcionar requiere justamente de mucha energía de combustibles derivados del petróleo.       

En todo el mundo principalmente en los países europeos, Japón, y R. de Corea que más consumen y a la vez carecen de petróleo y gas natural ocultan el pánico de pensar que se puedan agotar en un futuro no tan lejano y a la vez no paran de atacar y conspirar en su obsesivo colonialismo con el fin de despojar a los enemigos que han elegido y que poseen grandes reservas de petróleo y gas natural como Venezuela, Rusia e Irán.                                                                                                                                                                      

Una muestra más de la farsa cuando gobiernos como el de Dinamarca que hace algunas semanas anunciara que para el año 2050 sus válvulas de gas y petróleo serán cerradas para siempre, una declaración ridícula ya que este país produce apenas 100.00 barriles diarios y para ese entonces de todas maneras no le quedará nada de producción dentro de los limitados recursos del Mar del Norte.

Mientras las grandes corporaciones petroleras con toda pompa hacen declaraciones que van a invertir en energías alternativas no dejan de hacer prospecciones hasta en las reservas naturales y pronto lo harán en parques nacionales, perforarán la tierra y el mar hasta sacar la última gota de petróleo y gas, ya que este sistema dominante de vida no acepta otro paradigma de mesura y racionalidad para salvar el futuro de la humanidad y de muchas especies. 

El escenario seguirá montado para que el show continúe, donde el sistema de dominación económica y social occidental lanza sus mentiras diarias para que lleguen a cada rincón del mundo, aunque hay quienes resisten estos embustes, pero por ahora no tenemos la capacidad de detenerlos.

Por Mario R. Fernández | 02/02/2021 |

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Experimentos de renta básica: de la evidencia científica al debate colectivo

Los experimentos de renta básica se han puesto de moda, pero no pueden convertirse en un fin en sí mismo. Las evidencias que obtenemos son útiles para fundamentar empíricamente nuestras hipótesis y argumentos, pero también para fomentar el debate sobre cuestiones claves, como qué significa el trabajo, cómo queremos distribuir el producto social, o qué sistema de protección social queremos

 

A la mayoría de los lectores y lectoras les sonará que Finlandia recientemente ha realizado un "experimento de renta básica". Dos mil personas escogidas de forma aleatoria percibieron, de forma incondicional, una renta de unos 560 euros mensuales durante dos años. El debate era goloso: dar dinero a la gente y esperar a ver qué pasaba. Los expertos, académicos, políticos, y sobre todo los medios de comunicación, se preguntaban si, por ejemplo, las personas desempleadas se esforzarían en conseguir un puesto de trabajo o, por el contrario, se apalancarían en el sofá.

Lo que quizás no les suene tanto es que este tipo de experimentos hace años que se vienen realizando en todo el mundo: desde la localidad de Manitoba, en Canadá o en varias poblaciones estadounidenses entre los 1970s y 1980s, hasta más recientemente en lugares como Otjivero-Omitara Namibia (2007-08), Madhya Pradesh en la India (2011-13), en Kenia (2016-), en Ontario en Canadá (2017-18), en Utrecht y cinco ciudades holandesas (2017-19), en Irán (2010-), en Maricá, Río de Janeiro, Brasil (2019-), o en la provincia de Gyeonggi de Corea del Sur (2020-). Parece que estos experimentos están consiguiendo que la idea de la renta básica gane cada día más adeptos y que el debate salga de las universidades y de los centros de investigación para interpelar a cada vez mayores sectores de la sociedad.

En el mundo académico y activista prevalece la discusión de si estos experimentos son realmente necesarios, e incluso adecuados, para terminar implementando la renta básica. A un lado hay quien cree que aún se necesitan más pruebbas empíricas que avalen y aporten mayor credibilidad y robustez a los argumentos favorables a la renta básica. Los expertos llaman "evidence-based policies" a la idea de que, para implementar políticas públicas, es necesario primero que estas se sostengan sobre evidencias empíricas que demuestren su eficiencia y eficacia. En el otro extremo del debate se halla quien postula la futilidad de estos experimentos y defiende, por tanto, que los argumentos y las razones para justificar la implementación de la renta básica no tienen que ver con sus hipotéticos resultados empíricos, sino con consideraciones de tipo moral o ético.

Sin embargo, no hay que ir ni a Finlandia ni a Corea del Sur, ya que en Barcelona también se ha realizado un experimento similar que ha finalizado hace poco más de un año. Durante 24 meses, mil hogares del Eje Besós participaron en el llamado proyecto piloto B-MINCOME que combinaba una transferencia monetaria con varias políticas activas de inclusión sociolaboral. La evaluación de este proyecto se está publicando estos días, aunque a mediados de 2018 ya se conocieron los resultados parciales. Estos, como los del resto de experimentos anteriormente mencionados, fueron positivos en incidir sobre aspectos tales como la reducción del estrés financiero y de las deudas familiares, el aumento de la felicidad y del bienestar subjetivo, la reducción de ciertas afectaciones mentales y físicas, la mejora de la calidad alimentaria, el refuerzo de la participación y de la confianza social y con las instituciones, el refuerzo de la autoconfianza y de la emprendeduría, etc. Sin embargo, los experimentos realizados hasta ahora echan por tierra el supuesto desincentivo sobre la oferta laboral que algunos creen que inevitablemente implicaría una renta básica.

Dicho y hecho, pues. Aquellos que reclaman más evidencias disponen ahora de una considerable cantidad de datos que avalan y justifican su implementación. Desgraciadamente, la renta básica no se ha instaurado ni en Finlandia, ni en Kenia, ni tampoco en Barcelona. El problema no radica pues en la falta de datos ni de evidencias empíricas, sino más bien en creer que la política funciona como la ciencia o, dicho de otro modo, que quien ocupa cargos políticos y diseña políticas públicas razona y actúa como lo haría un científico social.

Aquellos que anteponen los argumentos de tipo moral o ético se podrían sentir ahora tentados a afirmar que tengo razón y que, por más evidencias que aporten estos experimentos, la decisión de implementar (o no) la renta básica es y será siempre una decisión política sostenida sobre postulados éticos e ideológicos. Quien defiende esta posición cree que la carga de la prueba se encuentra en los argumentos normativos y tiende así a rechazar la experimentación y los estudios de campo. Independientemente de los resultados o las consecuencias que esta pueda conllevar, sostienen, hay que instaurar la renta básica porque es una medida justa que nos acerca a un modelo distributivo que estimamos moralmente deseable para nuestras sociedades.

El problema de esta postura es que tiende a obviar que la renta básica (en caso de implementarse) sería la política de mayor impacto redistributivo y sería, por tanto, una medida altamente controvertida desde el punto de vista político. Parece muy poco estratégico y totalmente desaconsejable, pues, rechazar las evidencias científicas disponibles que pudiersn avalar su implementación. Después de todo, durante los últimos cuarenta años, una gran cantidad de reputados estudiosos en campos como la justicia distributiva, la ética económica y la filosofía moral y política han desarrollado un buen número de teorías y argumentos favorables a la renta básica difícilmente rebatibles por la mayoría de la población, pero que tampoco parecen haber tenido mucho éxito en convencer a sus gobernantes de instaurar esta medida.

Así como la primera perspectiva lo fía todo a unos resultados "estadísticamente significativos" y se muestra profundamente ilusa al creer que las decisiones políticas se cocinan en laboratorios científicos, esta segunda postura pondría todo el peso en los argumentos éticonormativos que, por más refinados que puedan ser, no parecen haber sido suficientes para modificar la acción de gobierno. El lector o lectora más pesimista podría sentirse ahora satisfecho, tirar la toalla y balbucear algo así como que "la renta básica es una buena idea, pero en el fondo es demasiado utópica para ser implementada". Nada más lejos de mi intención.

Académicos, expertos y defensores de la renta básica en general pueden seguir peleándose alrededor de la (in)conveniencia de realizar más experimentos. Pero lo cierto es que cuanto más se discuten y más experimentos se realizan, más se habla de la renta básica. Y para prueba, un botón: es decir, este mismo artículo. Es lógico suponer que dar dinero de forma incondicional conllevará resultados positivos, pero lo cierto es que necesitamos evidencias que aporten consistencia empírica tal suposición. Es mediante la realización de experimentos que ahora sabemos que la felicidad y el bienestar tienden a aumentar, que la salud y la alimentación usualmente mejoran, que las deudas económicas y el estrés financiero tienden a reducirse, que la gente ocupada no suele abandonar su puesto de trabajo y que quien está parado difícilmente rechaza volver al mercado laboral. Y sabemos también que casi nadie opta por no hacer nada. Convertirse en un parásito, en un "ni-ni", no parece una opción para quien dispone de su existencia material garantizada.

Simultáneamente, estos resultados animan cada vez más debates con un fuerte contenido ético y político que, por otra parte, serían difíciles de escuchar en casa, en el bar o en el lugar de trabajo si no se hubieran realizado experimentos como los de Namibia, los de Holanda o el de Barcelona. Por lo tanto, estos experimentos no solo son útiles para acumular nuevas evidencias empíricas al corpus de conocimiento científico actualmente existente, sino que también sirven para poner sobre la mesa debates con un fuerte contenido ético y moral y que son fundamentales para a las sociedades actuales como, por ejemplo, ¿qué significa el trabajo? ¿Es lo mismo el trabajo que el empleo? ¿Quién (no) trabaja y por qué? ¿Cómo queremos distribuir el producto social? ¿Qué sistema de protección social queremos? ¿Es el empleo el medio más adecuado para garantizar la libertad y la autonomía de las personas?

Quienes creemos y defendemos que la existencia material es y debería ser un derecho fundamental, no podemos pasar por alto la oportunidad estratégica que nos brindan los experimentos de renta básica como altavoz para hacer oír nuestra voz. La sociedad no es un espacio escéptico ni neutro, sino que está conformada por una multitud de relaciones de poder y de dominación históricamente cristalizadas de acuerdo con los diferentes contextos geográficos, políticos, culturales y económicos. Creer que unos científicos en bata blanca arreglarán los problemas que todo esto genera es tan iluso como contraproducente; tanto como hacer caso omiso a las evidencias científicas y las recomendaciones que nos puedan aportar. Nuestra tarea no es solo diseñar e implementar buenos experimentos sociales, si no sobre todo saber leer e interpretar los resultados para que sean útiles para el debate y la discusión colectiva en favor de la renta básica.

27/01/2021

Por Bru Laín 
 
es profesor de sociología en la Universidad de Barcelona e investigador en la Universidad de Minho, Portugal. Se ha formado en la UB, UAB, la Concordia University, la University of Brighton y la Université Catholique de Louvain y ha sido docente invitado en la Universidad Nacional de Ecuador, la University of Leeds y la McGill University. Ha sido investigador en el proyecto piloto B-MINCOME del Ayuntamient de Barcelona. Es secretario de la Red Renda Bàsica y miembro del Consejo de Redacción de la revista SinPermiso.
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Manifestación de Madrid con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto./ EFE

Ojalá no tuviéramos que seguir dándole vueltas a este derecho fundamental para las mujeres, ojalá llegara el día que pudiéramos decir "aborto, fin de la historia", pero ese momento está aun muy lejos. Vamos y venimos. Nos hemos llevado la inmensa alegría de ver cómo se aprobaba en Argentina y el disgusto de ver cómo se restringía aún más en Honduras y acabamos de ver cómo se restringe también hasta la casi prohibición total en Polonia, un país de la Unión Europea, un espacio que se supone que vela por los derechos de las mujeres, como tiene que hacerlo una democracia. En España vivimos hace relativamente poco tiempo un ataque frontal a este derecho y, en todo caso, lo que seguimos viendo es que la derecha sigue sin aceptarlo con normalidad democrática.

Hace pocos días se ha producido un debate en nuestro país a cuenta de la supuesta intención del Ministerio de Sanidad de facilitar el aborto farmacológico o de privilegiar este sobre el quirúrgico. No voy a entrar aquí en ese debate pero hay cuestiones que merece la pena analizar. La IVE es un derecho conquistado por las mujeres y ampliamente asumido y defendido por la sociedad española y sin embargo…no dejamos de tener la percepción de que sigue estando en riesgo. Esto es porque, a pesar de las leyes, naturalidad con la que la sociedad lo asume y los avances legales…hay cuestiones que siguen pendientes y es verdad que los poderes públicos, quizá, a veces lo damos por hecho y no lo defendemos lo suficiente.

En algunos aspectos sigue tratándose como si fuera algo vergonzoso, sigue cayendo sobre dicha práctica un estigma que desde las instituciones no contribuimos lo suficiente a levantar. Lo explicaba Marisa Kohan en un artículo: no se informa suficientemente de cómo acceder a este derecho; lo que contribuye a mantener el estigma y lo aleja de la normalidad de cualquier otra prestación sanitaria. La información sobre dónde abortar y cómo debería estar fácilmente accesible y debería figurar como una prestación sanitaria más dentro de las que ofrece el Sistema Nacional de Salud. Normalizar dicha práctica es una de las mejores maneras de defenderla. A veces parece que más bien se esconde.

Otro de los problemas que arrastra desde su despenalización, relacionado con el anterior,  es que no se ha conseguido que las intervenciones se realicen con normalidad en la sanidad pública. Los sucesivos gobiernos (incluso los muy favorables a este derecho) se han venido despreocupando de que se pueda realizar dentro del Sistema Nacional de Salud, y esto tiene consecuencias importantes que a veces pasan desapercibidas. Por una parte, no todas las mujeres españolas pueden acceder en las mismas condiciones a la prestación, sino que depende de la provincia en que se encuentren, lo que supone una discriminación según el lugar de residencia. Por otra parte, el hecho de que la IVE no se haga prácticamente nunca en la Sanidad Pública, de que se haga siempre fuera, no contribuye a que socialmente se considere una prestación más. Se mantiene siempre en una especie de régimen de excepcionalidad que tampoco contribuye a su normalización.

No hay que entender con esto un menosprecio a las clínicas concertadas que llevan años atendiendo a las mujeres. Estas no han sido nunca meros negocios. Garantizaron ese derecho cuando nadie lo hacía, muchas y muchos de sus profesionales afrontaron presiones e incluso cárcel; ofrecieron a las mujeres asesoramiento y acompañamiento y muchas de ellas fueron fundadas y dirigidas por feministas de amplia trayectoria. Así que todo el reconocimiento para ellas.  Pero el estado debería garantizar que el derecho al aborto se pueda ejercer en la sanidad pública y en condiciones de igualdad en todo el territorio. Que esto no se hiciera se debió en parte a las presiones de los grupos ultras que desde el principio han venido señalando a cualquier profesional que en los hospitales públicos se prestara a realizar abortos; y esto, así como una muy mala regulación de la objeción  de conciencia, ha expulsado, literalmente, la IVE de la sanidad pública. Vamos a reconocer que la batalla no se ha dado quizá asumiendo que el derecho al aborto estaba asegurado de cualquier forma y que lo importante es poder acceder a él, y no en qué condiciones. Pero no, esta batalla es material pero también ideológica, y  hay que darla cada día; lo estamos viendo.

Además,  este "extrañamiento" de la sanidad pública va más allá. Y como si las técnicas de aborto fuesen algo vergonzoso éstas no son materia que se enseñe en las carreras de Medicina ni Enfermería ni se enseña tampoco durante la especialización.  El estado de nuevo renuncia a la obligación que tiene de formar profesionales en dichas técnicas para así garantizar que las mujeres reciban la mejor atención cuando ejercen su derecho. Y esto  a pesar de que la obligatoriedad de esa formación figura en la ley; no se cumple. Unas de las cosas que aprendí mientras fui diputada y me ocupé de este tema es que existe el miedo entre los y las profesionales de que llegue un momento en que no haya especialistas con la suficiente formación en esta materia. Es un riesgo real y puede que la escasez de profesionales formados pueda llegar a poner en peligro el ejercicio del derecho; al menos el ejercicio del derecho en igualdad de condiciones para todas las mujeres o su capacidad para elegir.  Ni se garantiza la formación, ni se garantiza que se pueda realizar en la sanidad pública con normalidad. No se combate el estigma ni el secretismo y, por el contrario, parece que se da la razón a los ultras antifeministas que quieren que sea una práctica estigmatizada dentro de la medicina, señalada, apartada.

Por último, y muy importante, hasta ahora no hemos sido capaces de garantizar que desaparezcan las presiones e intimidaciones a las puertas de las clínicas. Es descorazonador la poca importancia que los gobiernos autonómicos siguen prestando a que las mujeres puedan ejercer su derecho con seguridad y privacidad; es un desprecio absoluto a los derechos de las mujeres el hecho de que no haya manera de entrar en las clínicas con absoluta discreción, libertad, y confianza en no ser molestada.  Desde distintas instituciones y partido y Unidas Podemos hemos impulsado iniciativas en este sentido, muchas de ellas aprobadas con amplio consenso (incluso con el apoyo de Ciudadanos) pero que nunca se cumplieron.  Estamos trabajando desde el Ministerio en la reforma de la ley 2/2010, pero muchas de estas cuestiones que he comentado corresponden a las CC.AA y otras al Ministerio de Sanidad.

La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho y todas las administraciones tenemos que ponernos de acuerdo para garantizarlo en condiciones de igualdad y seguridad. Sabemos que el retroceso es posible y a veces está más cerca de lo que pensamos. No podemos asumir que ya está todo conseguido porque estamos frente a una reacción antifeminista muy profunda. No avanzar puede ser, a la larga, retroceder y en este tema, ni un paso atrás.


Detienen a 14 personas en el segundo día consecutivo de manifestaciones en Varsovia.

Polonia restringe el derecho al aborto

La justicia polaca declaró inconstitucional la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por malformación del feto. La medida prohibiría un 98 por ciento de los abortos realizados en el país.

Personas con pañuelos verdes y tapabocas con el rayo rojo -que identifica la lucha a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en Polonia- llegaron a las inmediaciones de la Corte para protestar (foto) la medida que restringe el derecho a decidir de las personas gestantes. Al menos 14 personas fueron detenidas en la segunda noche de manifestaciones en rechazo a la promulgación de la sentencia judicial.

"Nos reuniremos aquí ya que este Estado piensa que puede apropiarse de nuestra libertad", dijo a la multitud Marta Lempart, una de las fundadoras de Huelga de Mujeres, una de las fuerzas populares que apoyan el derecho a decidir.  En octubre del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) declaró “inconstitucional” la ILE por malformación fetal. La medida tuvo que ser suspendida por el rechazo que llevó a manifestaciones multitudinarias y que duraron semanas en las calles Varsovia, capital polaca. En ese momento, un estimado de 150 mil personas (la manifestación más grande desde el movimiento por la solidaridad con los trabajadores en la década de 1980) salieron a las calles para oponerse a las medidas que restringen el derecho al aborto.

 “El estado quiere limitar aún más los derechos, arriesgar vidas y condenarlas a la tortura” sostuvo Adam Bodnar, defensor de derechos humanos en Polonia tras la prohibición casi total de la interrupción legal del embarazo (ILE). El fallo del Tribunal Consititucional eliminó la ILE en casos de malformación fetal, contemplado como una de las tres excepciones que permite acceder a un aborto en el país. Según datos del ministerio de Salud, el 98 por ciento de los 1.100 abortos practicados en 2019 fueron por malformación fetal.

Hace casi 90 años que Polonia fue el pionero en legalizar el aborto por la causal de violación en Europa, con la promulgación del fallo pasó a tener una de las legislaciones que más restringe el derecho a decidir. De acuerdo con datos oficiales del país, se realizan unos dos mil abortos legales anualmente, sin embargo, esta cifra contrasta la brindada por organizaciones feministas que estiman que la cifra es cien veces mayor -cerca de 200 mil- si se contabilizaran los realizados de forma clandestina o en el extranjero.

Por Beatriz Gimeno

Directora del Instituto de las Mujeres

Página12

30/01/2021

Publicado enSociedad