Lunes, 26 Julio 2021 05:42

Claroscuros 2

El multimillonario Jeff Bezos fue noticia la semana pasada por su vuelo turístico al espacio, aunque decenas de miles de personas firmaron una petición para que no se le permitiera regresar a la Tierra. En la imagen, con sus acompañantes. Foto Ap

Borrando historia: En Texas la derecha en el poder no sólo está re-escribiendo la historia, la está borrando. Después de promulgar leyes que obligan a los maestros a evitar enseñanza crítica de la esclavitud y el racismo y sólo calificarlos de desviaciones del proyecto noble de esta nación, los legisladores del estado ahora están intentando eliminar menciones de varias figuras históricas y documentos relacionados con las luchas de derechos civiles, incluyendo aspectos de la historia indígena, el trabajo de Cesar Chavez, movimiento chicano, la figura más importante de la lucha por el voto de las mujeres y textos de Martin Luther King, Jr, y Frederick Douglass. A principios de mes, una presentación de un libro en un museo estatal sobre el papel de la esclavitud en la historia de El Alamo fue cancelada súbitamente por líderes republicanos, incluido el subgobernador, en Texas

Diferentes órbitas: el vuelo del segundo astronauta multimillonario, Jeff Bezos, se colocó entre las noticias principales del país la semana pasada. No todos estaban fascinados. Algunos señalaron que los casi 6 mil millones de dólares que ha costado montar el proyecto espacial personal podría haber pagado por 2 mil millones de dosis de vacuna anti-Covid que se necesitan por todo el mundo. Decenas de miles firmaron una petición para que no se le permitiera regresar a la Tierra, y los organizadores que están intentando sindicalizar la empresa de Bezos, Amazon, para mejorar condiciones deplorables no felicitaron a su patrón. Que tal si aplaudimos a los migrantes por arriesgar sus vidas y sacrificar su bienestar para contribuir a nuestro país de la misma manera que aplaudimos a multimillonarios por lanzarse al espacio, opinó el analista y ex secretario de Trabajo Robert Reich.

Revelando la verdad sin saberlo: en el gran debate sobre si las protestas en Cuba fueron de alguna manera promovidas por Washington, el diputado republicano de más alto rango en el Comité de Asuntos Exteriores, Michael McCaul, sin querer tal vez lo comprobó. Celebró que los “cubanos valientes se han despertado… y están protestando la dictadura ondeando el símbolo más grande de la libertad conocido al hombre: la bandera estadunidense”.

Triunfo indígena: después de décadas de lucha contra nombres y símbolos racistas, el equipo de beisbol de las grandes ligas los Indios de Cleveland anunció que cambiará su nombre, que ha llevado desde 1915, y que a partir de 2022 serán los Guardianes, decisión celebrada por diversos líderes indígenas. El año pasado, el equipo de futbol americano profesional los Pieles Rojas hizo lo mismo (aún no anuncian su nuevo nombre, son conocidos por ahora como Equipo de Futbol de Washington). Trump calificó la decisión de desgracia y aseguró que los que están más enojados con esto son los muchos indios de nuestro país, y que todo esto es culpa de “un pequeño grupo de gente… que están forzando estos cambios para destruir nuestra cultura y legado”.

La historia presente: El gobierno de Biden anunció que prohibirá el ingreso a Estados Unidos del ex presidente Porfirio Lobo de Honduras por corrupción y colusión con el narco. Lobo fue electo después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009 apoyado por la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton en el gobierno de Barack Obama. Poco antes de una reunión con Lobo en 2011 en la Casa Blanca, Obama declaró que “por el fuerte compromiso a la democracia y liderazgo por el presidente Lobo, estamos viendo una restauración de prácticas democráticas y un compromiso a la reconciliación…”. ¿Aún están buscando atender los problemas de fondo de la migración desde Centroamérica a Estados Unidos?

Historias de oposición: el pasado 23 de julio fue aniversario de cuando el autor y filósofo Henry David Thoreau fue encarcelado en 1846 por rehusar pagar un impuesto en protesta por la guerra de Estados Unidos contra México. Se dice (aunque no está corroborado) que cuando su amigo, el escritor Ralph Waldo Emerson, fue a visitarlo y le preguntó ¿Henry, qué haces aquí en la carcel?, Thoreau le respondió ¿y tú por qué no estás aquí dentro conmigo?

Queen y David Bowie. Under Pressure. https://www.youtube.com/watch?v=YoDh_gHDvkk

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Sábado, 24 Julio 2021 07:00

Cuba: las vidas y la libertad importan

Miles de personas asisten a un acto de apoyo a la revolución, en La Habana (Cuba).- EFE

En Cuba se ha producido un estallido de protesta popular. No ha sido un golpe de Estado ni un motín provocado artificialmente por ¿miles? de agentes a sueldo del imperialismo. Ha sido una protesta en la que han participado personas con mentalidades muy diferentes, precisamente porque su motor no ha sido ideológico sino social, reclamando la atención de las necesidades básicas de la vida.

En este estallido se han cruzado dos crisis:

- el dinosaurio estructural que ya estaba allí: baja productividad, caos burocrático e ineficacia,  ausencia de canales de reivindicación en un país sin derecho de huelga y con un sindicato único sometido al Estado, desvinculación creciente de la población respecto a decisiones en las que no participa y que no mejoran sus vidas, grave escasez de divisas, nuevas generaciones sin recuerdo de los momentos en que se alcanzaron logros sociales (en alfabetización, sanidad, educación) pero que  han vivido su desgaste y deterioro, etc.

- la chispa que prendió el estallido, esto es, las consecuencias sociales de la fuerte reducción del turismo a causa de la pandemia y las consecuencias del plan de ajuste "Tarea ordenamiento", destructor de muchos de los accesos gratuitos o subvencionados a determinados bienes o servicios básicos, lanzado por Díaz-Canel -obsesionado en una condena recurrente del "igualitarismo"- y el PCC a través de reformas monetarias, laborales y económicas que benefician a los capitalistas cubanos y extranjeros y que han cargado sobre la clase trabajadora y el pueblo llano el coste de todas las dificultades,

Como señala Leonardo Padura: "Un grito que es también el resultado de la desesperación de una sociedad que atraviesa no sólo una larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de confianza y una pérdida de expectativas"

Frente a quienes se tiran a la cabeza los sufrimientos de otros, decimos: las vidas cubanas importan, las vidas colombianas importan, las vidas de las mujeres saudíes importan, la vida de los nicaragüenses importan, las vidas kurdas importan, las vidas sirias importan.

Las vidas cubanas importan: lo más urgente

  1. El pueblo cubano tiene derecho a protestar sin sufrir represión. Es necesario reclamar al gobierno cubano el libre ejercicio del derecho de manifestación, el fin de la represión de las protestas y la liberación de las personas detenidas por estas protestas o por sus actividades críticas.
  2. Las protestas son justas, los problemas que expresan son reales. Gran parte de la población tiene graves dificultades para el acceso a alimentos y a medicinas. De estar en Cuba, habríamos estado en las protestas. Nos sumamos a las voces cubanas que denuncian el plan de ajuste Tarea ordenamiento lanzado en diciembre de 2020 y exigen la cancelación de las medidas que significan un deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población y un incremento de la desigualdad social. Consideramos que nuestros sindicatos y la Confederación Internacional de Sindicatos deberían pronunciarse en igual sentido.
  3. Cuando la población es abandonada a su suerte tiene derecho a buscarse la vida como puede, por lo que no tendría sentido oponerse a la "medida estrella" anunciada por el gobierno cubano como aparente concesión ante el malestar social, consistente en dejar entrar en Cuba a personas cargadas de alimentos y medicamentos. En todo caso, y como medida de emergencia, el gobierno cubano debería tratar de retirar de todos los obstáculos que la legislación cubana o los reparos del régimen puedan poner a la entrada en Cuba de alimentos básicos y medicinas de cualquier procedencia, y regularla de manera que su distribución permita que lleguen a quienes más lo necesiten, sin permitir "el mercado negro"; las medicinas deben llegar a través del sistema sanitario, no porque te visite tu tío de Miami, aunque sea legítimo conseguirlas de esa manera si el sistema sanitario no las proporciona.
  4. Cuba ha creado dos vacunas pero tiene dificultades para fabricarlas masivamente y sufre carencia de las jeringuillas necesarias. Se han puesto en marcha diversas campañas para recoger dinero con el que comprar millones de jeringuillas y enviarlas a Cuba, como la de SODEPAZ en España. Ahora bien, esa es una responsabilidad que también debe ser asumida por la comunidad internacional, y por España y nuestro gobierno muy en particular. La iniciativa COVAX debe activarse inmediatamente y llegar a sus beneficiarios mejor antes que después. Si la lucha contra la pandemia no puede ser victoriosa mientras África y América Latina sigan careciendo de vacunas, por lo que el apoyo a esos países no sería sólo solidaridad sino autodefensa, por lo que instamos al Gobierno PSOE-UP a hacerlo, opinen lo que opinen del régimen cubano.
  5. Las penurias y dificultades del pueblo cubano son atribuidas por el Gobierno cubano y por todos aquellos que a nivel internacional lo apoyan al embargo USA, y ya son décadas justificando las dificultades en las que vive la población repitiendo el mantra del embargo. Siendo esté injusto, no es riguroso atribuir al embargo estadounidense (que no incluye alimentos y medicinas) todas las dificultades económicas de Cuba. Menos riguroso es aún justificar con ello el autoritarismo del régimen, como si el silenciamiento de un pueblo le hiciera más fuerte para soportar presiones exteriores. Sin embargo, el embargo tiene consecuencias negativas para la población cubana y se ha convertido en excusa y nube de humo para justificar el fracaso del sistema burocrático implantado en Cuba pese a los logros iníciales tras el derrocamiento de la dictadura de Batista. Por ello, es necesario mantener la exigencia de que los gobernantes de EEUU apliquen las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que reclaman el fin del embargo; eso puede llevar tiempo incluso aunque Biden quisiera hacierlo, pero, en esa transición, la Administración Biden puede derogar o dejar de aplicar las medidas restrictivas adicionales impuestas por Trump, especialmente dañinas; hay que presionar en ese sentido derogatorio del embargo, aunque no ayuda a conseguir apoyo social el que se haga en un sentido que implique a la vez solidaridad con el régimen (post)castrista, en vez de solidaridad con el pueblo cubano en su conjunto, tanto con partidarios como con opositores al régimen o con indiferentes.
  6. Junto a las respuestas inmediatas, de emergencia, junto a la necesidad de intentar que el gobierno cubano cambie de actitud en los asuntos urgentes citados, y junto a las acciones internacionales que ayuden a paliar las dificultades inmediatas que padece la sociedad cubana, no podemos dejar de señalar que hay cambios más profundos imprescindibles que requieren un cambio de régimen en Cuba, cambios que, tanto si llegan por una vía "a la española" (pactada) como si llegan por una vía "a la portuguesa" (revolucionaria), significarían una "salida" del régimen (post)castrista. Entre ellos citaremos el fin del sistema constitucional de partido único y de dominio del Estado por éste, el pleno reconocimiento del derecho de asociación, el derecho a formar sindicatos independientes del Estado, el derecho de huelga y, quizá lo más importante de todo, la libertad de expresión.

Cuba es una dictadura

El régimen político cubano es dictatorial. Hay otras dictaduras en el mundo y están emergiendo nuevos "tipos" de poderes autoritarios que se mueven en una lógica dictatorial aunque de momento sean formalmente multipartidistas y dispongan de parlamentos electos (Hungría, Rusia, Turquía). Pero eso no significa que la forma del Estado y las libertades civiles nos puedan ser indiferentes.

Aquí estamos hablando de Cuba, porque las vidas cubanas importan. Podemos hablar de otras cosas, y lo hacemos, pero hoy hablamos de Cuba porque Cuba importa, como nos importa Arabia Saudita cuando hablamos de ese país sin por ello tener que hablar de Cuba.

La raíz del autoritarismo cubano es vieja. Estamos hablando de un régimen vigente desde hace décadas, siguiendo el modelo estalinista clásico de partido único, con matices caribeños. No es este el lugar para analizar el proceso que llevó en pocos años de una revolución democrática con fuerte carga social a un nuevo despotismo; en ello influyó el acoso externo y las agresiones militares sufridas en 1961, ya que la militarización de las revoluciones siempre favorece a las franjas más autoritarias del movimiento, pero de ninguna manera puede decirse que el único o mejor camino fuera la conversión/inmersión del Movimiento 26 de julio (1953-1962) en el  Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (1962-1965) y su cristalización estalinista como Partido Comunista de Cuba (desde 1965 hasta ahora) y como dictadura de partido único, con episodios terribles tan tempranos como la persecución iniciada en 1962 contra las personas homosexuales y su internamiento en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (1965-1968); hasta 1988 no fue derogada la Ley de ostentación homosexual.

Actualmente, el régimen (post)castrista está en transición, pero es una transición que no conlleva más democracia, sino que sigue, dentro de sus posibilidades limitadas, el modelo chino de apertura al capitalismo, manteniendo el poder monopolista del Partido Comunista de Cuba, sin liberalización política; para los inversores extranjeros en Cuba, se trata de un gran "chollo", ya que pueden realizar sus negocios sin el incordio que suponen los sindicatos, las huelgas... En China y Cuba gobiernan partidos comunistas que identifican la continuidad socialista como que ellos sigan mandando, lo que no es obstáculo para que China sea hoy ya un país esencialmente capitalista y Cuba vaya por esa misma senda aunque más movida por el ansia de supervivencia de su grupo dirigente que por un proyecto claro.

En primer lugar, no hay elecciones libres, libertad de partidos ni libertad de prensa. Es un poder no elegido por el pueblo cubano. Todo sistema de partido único es dictatorial, aunque haya dictaduras que permiten varios partidos o que dominan sin partido mediador. En esto no hay renovación ni apertura, como se reconocía abiertamente en un artículo publicado en el periódico del PCC, Granma, el 10 de abril de 2020, y escrito por Michel E. Torres Corona:

En los últimos años, nuestro modelo social y económico ha venido siendo objeto de una actualización, para atemperarlo a los requerimientos de la época y del contexto geopolítico. Se hace impensable repetir fórmulas de antaño, cuando hoy impera un orden mundial signado por la unipolaridad.

Sin embargo, esta actualización no ha socavado uno de los principios fundamentales del socialismo cubano en materia sociopolítica: el sistema de Partido único, como guía y rector de la sociedad y el Estado. De ello es muestra fehaciente la Constitución, aprobada en referendo en febrero de 2019, y proclamada un día como hoy.

Dicha Constitución cubana de 2019 lo deja clarísimo: "El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado".

Otro elemento de carácter dictatorial es la imposibilidad de constituir organizaciones sindicales independientes del PCC y del Estado; todos los intentos de llevarlo a cabo han sido duramente reprimidos. En la práctica, en Cuba hay un sistema de sindicato único, la Central de Trabajadores de Cuba, en cuyos estatutos se proclama que la "CTC y los sindicatos nacionales que la integran reconocen abierta y conscientemente la dirección superior del Partido Comunista de Cuba Esto no puede entenderse simplemente como una estrecha relación entre un partido y un sindicato, como la mantuvieron durante mucho tiempo en España UGT y PSOE, Obviamente, no  se reconoce el derecho de huelga, ni en el sector público ni en el sector privado.

Por último, un tercer rasgo dictatorial, quizá el más significativo y determinante de todos, es la ausencia de libertad de expresión y de manifestación en Cuba, pese a que constitucionalmente están reconocidos tales derechos, ya que diversas leyes y prácticas frecuentes convierten en papel mojado lo dicho en la Constitución. Las Damas de Blanco sufrieron centenares de detenciones y actos de acoso. Una y otra vez, periodistas y personas disidentes que han expresado opiniones molestas para los gobernantes terminan siendo acusadas de los delitos más extravagantes como supuestos enemigos de la patria y agentes a sueldo del imperialismo.

A modo de ejemplo de la alergia que la libre expresión y la creación artística y cultural produce al aparato del PCC y del Estado, mientras se ha abierto la puerta a las inversiones extranjeras capitalistas, se preciso una lista de las actividad económicas que no podían desarrollarse por cuenta propia y entre ellas, "casualmente", estaban las galerías de arte comerciales, la edición y maquetación de libros, directorios y listas de correos, periódicos, tabloides y revistas en cualquier formato o soporte, la producción audiovisual y cinematográfica, actividades de grabación de sonido y edición de música, las actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo, las transmisiones de radio, la programación y transmisiones de televisión, las actividades de programación cultural de la música, las artes escénicas, el libro, las artes plásticas, el cine, el patrimonio cultural y el trabajo comunitario.

Digamos claramente que en Cuba debe terminar el sistema de partido único, debe florecer el derecho de asociación y en particular el de formación de sindicatos y el derecho de huelga, y debe ganarse una libertad de expresión lo más amplia posible, como en España tenemos que luchar también por esa libertad de expresión plena que está siendo violentada en bastantes casos.

"Las izquierdas" ante un desafío estratégico

Con la crisis cubana ha vuelto a aflorar un tremendo lastre de la izquierda: un pavor reverencial a diferenciarse del régimen cubano y a combatir sus injusticias y su falta de libertad. Se buscan excusas de uno u otro tipo: el bloqueo, la defensa de la revolución, el vomitivo cinismo de las derechas, la añoranza de Sierra Maestra, las evidentes injerencias de las sucesivas administraciones de EEUU, las acciones de un exilio al que se descalifica y deshumaniza sin distinciones como "gusanos". Referencias que, tanto cuando son 100% falsas como cuanto tienen parte de verdad, se usan para incurrir en una falta de autonomía crítica frente a regímenes y situaciones donde no sólo la gente sufre sino que además está sometida a regímenes totalitarios y autoritarios como la vecina satrapía Ortega-Murillo en Nicaragua. Como explicó Marx, toda ideología es "falsa conciencia" para autoconfirmarse, distorsionan la realidad tanto como sea necesario. Ese mecanismo es evidente en las reacciones ante la crisis cubana de Casado y Ayuso, o de Vox o Cs, actuando como si el régimen cubano fuese la única dictadura existente pero también en declaraciones como las de Belarra o Villanueva, desde Podemos, negando la evidencia de que Cuba padece una dictadura e ignorando las responsabilidades del gobierno cubano en lo ocurrido.

Los recuerdos de las banderas revolucionarias triunfantes opacan la responsabilidad del apoyo y solidaridad hacia quienes luchan por la vida y por la libertad en el día de hoy, dando así unas bazas muy útiles a la peor derecha en todo el mundo para que se haga con la bandera de una "libertad" que en sus bocas es la libertad del privilegio y la explotación.

23/07/2021 

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Cuba: el estallido social como crimen político

La lógica excepcionalista del sistema cubano tiende a considerar cualquier protesta como una provocación al servicio de la agresión foránea. Y ese discurso se repite frente a protestas inéditas en la isla.

El pasado 12 julio, al día siguiente de la mayor protesta popular contra el gobierno cubano que se haya producido en décadas, el presidente Miguel Díaz-Canel envió un mensaje a la nación acompañado de varios miembros de su gabinete. Allí estaba el primer ministro Manuel Marrero y el ministro de energía y minas Liván Arronte Cruz. Cada uno de estos funcionarios, sin reconocer nunca el sentido ni la magnitud de la protesta, intentó explicar las razones del descontento popular: cortes de electricidad, desabastecimiento de medicinas y alimentos, rebrotes de contagios por la endemia de covid-19.

Aquella mañana habló otro funcionario cubano que, más que explicar las causas de las protestas, expuso la lógica política y jurídica con que serían enfrentadas. Rogelio Polanco, Jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, fue presentado por el presidente Díaz-Canel como la persona indicada para conceptualizar «los sucesos» ya que había sido por muchos años embajador de La Habana en Caracas. De hecho, fue embajador cuando se desataron las más intensas protestas de amplios sectores de la sociedad venezolana entre 2017 y 2019.

Polanco señaló que lo que había sucedido en Cuba era un intento más de «golpe continuado» o «revolución de colores», organizado por los enemigos de la Revolución, como parte de la «guerra no convencional de Estados Unidos contra Cuba». En Venezuela, dijo, le tocó vivir algo similar cuando, tras el desconocimiento oficial de la legitimidad de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y la creación de una Asamblea Constituyente paralela, muchos venezolanos salieron a las calles para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro.

Según Polanco, aquellas protestas, que se agudizaron en 2019 y desataron choques violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, son antecedentes a tomar en cuenta en la situación cubana. Aunque en Cuba no se vieron fenómenos como las «guarimbas» venezolanas, hubo actos violentos como asaltos a tiendas y agresiones contra la policía. Las manifestaciones, sin embargo, fueron mayoritariamente pacíficas y no estuvieron convocadas o lideradas por la oposición, como en Venezuela.

La confirmación de que las protestas fueron asumidas por el gobierno cubano como un ataque del «enemigo» –categoría difusa donde las haya, ya que eventualmente incluye actores tan disímiles como el gobierno de Estados Unidos, toda la dirigencia política republicana o demócrata cubanoestadounidense, el exilio, la oposición interna, el activisimo cívico o artístico y buena parte de la comunidad internacional- llegó con los primeros editoriales de Granma y Juventud Rebelde, que anunciaron que el «odio no quedará impune» y que «se llegaría al fondo» en una investigación sobre la protesta, que identificaría a sus responsables.

La criminalización del estallido se completó con el posicionamiento de diversos funcionarios como el canciller Bruno Rodríguez y el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, en medios oficiales y redes sociales, a propósito de que los ejecutores de las protestas eran «vándalos, delincuentes, marginales e indecentes». A la acusación de que eran actores manipulados por campañas adversas al gobierno en medios alternativos y redes sociales se sumó un perfil sociológico de los manifestantes como parte del lumpen proletariado.

Decenas, tal vez cientos de jóvenes cubanos han permanecido presos desde el 11 de julio. Funcionarios del poder judicial de la isla han explicado que se les abrirá procesos por el cargo de desorden público. Dado que el estallido no se entiende como estallido sino como intento de golpe de Estado, otra línea de la investigación buscará establecer vínculos de esos jóvenes con grupos del exterior de la isla, especialmente de Miami, a los que el gobierno responsabiliza por las manifestaciones.

La criminalización de la protesta adquiere, así, su más completo esbozo. Manifestarse es criminal porque formaría parte de un acto de agresión foránea, contra el régimen político, y porque recurriría a delitos comunes contra el orden público. Tanto en gobiernos de izquierda como de derecha, en América Latina, hemos visto este tipo de criminalización. El sistema político cubano, que constantemente se legitima a partir de un discurso excepcionalista, no se aparta un milímetro del modus operandi regional cuando se trata de judicializar una protesta.

En Cuba existe, desde los años 90, un dispositivo jurídico de criminalización de la oposición política, como contrapartida de la enmienda Helms-Burton (1996) del Congreso de Estados Unidos, que reforzó el embargo comercial. La Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, o Ley 88, de 1999, aprobada por el parlamento de la isla, establece una serie de figuras delictivas a partir del posible respaldo a las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba en que puedan incurrir los ciudadanos al ejercer sus derechos de expresión, reunión o manifestación.

La ley está pensada en un rango de discrecionalidad interpretativa tan amplio que una crítica al sistema político de partido único o al desempeño de un gobernante puede ser asumida como suscripción a la Ley Helms-Burton. Comúnmente llamada «Ley Mordaza», este mecanismo jurídico fue utilizado en los procesos contra 75 opositores pacíficos en la denominada «Primavera Negra» de 2003. Aunque muchos de aquellos opositores, especialmente los afiliados al Movimiento Cristiano de Liberación y varios medios de prensa independientes, se oponían públicamente al embargo comercial de Estados Unidos, fueron juzgados y encarcelados como cómplices de esa política punitiva por ejercer la crítica al gobierno.

En los últimos meses, a raíz de las acciones del Movimiento San Isidro y el «27-N», el Estado cubano y los medios oficiales han rescatado la Ley 88 de 1999. Se ha dicho que algunos activistas de ambas organizaciones podrían ser procesados de acuerdo con esa norma jurídica. De por sí es irregular y arbitraria la existencia de una ley que está ahí, no para ser aplicada al pie de la letra, sino para ser utilizada como amenaza contra el ejercicio de las libertades públicas garantizadas y relativamente ampliadas en la última Constitución de 2019.

En los dos gobiernos latinoamericanos más unidos geopolíticamente a Cuba, el venezolano de Nicolás Maduro y el nicaragüense de Daniel Ortega, se han adoptado dispositivos jurídicos muy similares. Toda la ofensiva contra la oposición venezolana, desde 2019, ha seguido la misma premisa. Los arrestos de activistas, periodistas y líderes políticos en Nicaragua, en los últimos meses, se han basado en una ley que copia la letra y el espíritu de la cubana: Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz o Ley 1055 de 2020.

¿Estaría dispuesto el gobierno cubano a aplicar la Ley 88 de 1999 a cientos o miles de personas involucradas las manifestaciones del 11 y el 12 de julio? ¿Cómo avanzará ese gobierno en el procesamiento criminal y político de un grupo tan amplio de manifestantes? Cualquiera que sea la vía escogida, es evidente que de querer hacerlo, nada impediría a la máxima dirigencia cubana armar un caso de justicia masiva y proyectarlo, una vez más, sobre el conflicto bilateral con Estados Unidos.

Como en 2003, la justicia sería ejercida contra un grupo de cubanos que el gobierno ve como peones del imperialismo. Procesarlos como cómplices de la hostilidad de Washington permitiría focalizar el conflicto cubano, no en la acumulación de agravios internos (aumento de contagios de covid-19, desabastecimiento de medicinas y alimentos, cortes de electricidad, represión y privaciones de los jóvenes de menores recursos, como gran parte de los afrocubanos) que provocó el estallido, sino en las sanciones de Estados Unidos.

Esas sanciones, que deberían ser levantadas por su injusticia implícita, acaban siendo convertidas en la excusa perfecta para ejercer la represión en la isla. A todas las objeciones posibles al embargo comercial de Estados Unidos podría sumarse la de formar parte de la estructura jurídica del estado de excepción en Cuba. El embargo ya es un componente orgánico de la maquinaria represiva del Estado cubano y un argumento a favor de la criminalización de la protesta en la isla.

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Lunes, 05 Julio 2021 05:44

Un abismo que se ensancha

Un abismo que se ensancha

Para el régimen en Nicaragua la mejor de las soluciones sería que las elecciones, que según la Constitución y las leyes deben realizarse en noviembre de este año, fueran nada más un trámite burocrático o, mejor que eso, que no existieran del todo. Que no existieran los partidos políticos de oposición ni tampoco los candidatos capaces de desafiar la cuarta reelección consecutiva de Daniel Ortega.

Esta es una antigua idea sacada del leninismo de manual acondicionado al trópico, donde, de todas maneras, el vicio de la relección es más viejo que la revolución de octubre. La supuesta escogencia, ya tan obsoleta, sigue siendo entre democracia burguesa o democracia proletaria, aunque, en fin de cuentas, no es sino otra más simple: poder temporal, con alternancia democrática, o poder para siempre a toda costa.

La democracia representativa sale sobrando en la simpleza de este credo, porque la existencia de varios partidos en competencia, reza el alegato ideológico, sólo provoca disensiones. Entonces, la panacea, por mucho que huela a naftalina, es el partido único.

Los viejos telones rotos enseñan el tinglado de trampas y artimañas donde estas elecciones van a representarse. Al Consejo Supremo Electoral sólo tocará calcular de antemano la cifra abrumadora de votos con que el candidato oficial a presidente y su esposa, candidata a vicepresidenta, ganarán las elecciones.

Hallarse a la cabeza de las encuestas de opinión vuelve indeseable a un aspirante a la candidatura presidencial en estas condiciones. Es lo que ha ocurrido con Cristiana Chamorro, hija del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la anterior dictadura de Somoza en 1978, y de Violeta Barrios de Chamorro, quien ganó las elecciones de 1990.

Cristiana, quien presidió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a promover la libertad de expresión, está siendo acusada del delito de lavado de dinero y sus cuentas bancarias han sido congeladas, han allanado su domicilio, la han dejado incomunicada, con la casa por cárcel, y le han quitado sus derechos políticos, inhibiéndola sin que exista ninguna sentencia judicial condenatoria para que no pueda ser candidata.

Dos funcionarios de la Fundación han sido llevados a la cárcel, porque una atrabiliaria ley faculta al Estado a detener por tres meses a personas sujetas a investigación penal, con lo que el derecho de habeas corpus, que es una garantía universal, queda anulado. Dos presos políticos más, que se suman a los cerca de cien que ya había antes.

Todos los periodistas que han recibido alguna vez respaldo económico de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, o becas, están siendo llamados a declarar a cuenta de un delito inexistente y también como una manera de amedrentarlos. Algunos de ellos han sido ya indiciados y no pueden salir del país.

La Fundación Luisa Mercado, que yo presido, y que realiza cada año el Festival Centroamérica Cuenta, ha firmado convenios con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para organizar talleres y mesas sobre nuevo periodismo en el marco del festival, que tiene relieve internacional. Fui llamado a declarar ante la Fiscalía por este motivo, a pesar de que no hay nada oculto ni nada que no sea legal en esos convenios.

El pretexto de la acusación de lavado de dinero es que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro recibió fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) del gobierno de Estados Unidos.

Los organismos no gubernamentales de Nicaragua reciben recursos de gobiernos extranjeros y de agencias internacionales. Ya Ortega mandó aprobar una ley que obliga a quienes obtienen fondos de estas fuentes, a declararse agentes extranjeros, y con eso pierden sus derechos políticos. Pero no es la que se está aplicando en este caso.

Han buscado el nombre de un delito que evoque al crimen organizado, por absurdo que pueda ser. El lavado de dinero, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sólo existe cuando se busca legitimar fondos "generados por actividades ilegales o criminales, por ejemplo, narcotráfico, contrabando de armas, corrupción, desfalco, extorsión, secuestro, piratería".

Ahora, otro aspirante presidencial, Arturo Cruz Sequeira, ha sido apresado en el aeropuerto al entrar al país procedente de Estados Unidos, acusado de violar la "Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz", por "incitar a la injerencia extranjera". Esta es una ley que castiga aún el acto de "aplaudir" la imposición de sanciones impuestas desde fuera contra el régimen o personas de la maquinaria oficial.

Estas son, pues, las elecciones que se avecinan en Nicaragua. Unas elecciones donde no habrá candidatos oponentes, más que aquellos cortados a la medida de la representación teatral, que tiene un guion inflexible. Una falsa campaña electoral, unas elecciones de resultados ya sabidos desde antes y con unos ganadores asegurados de antemano.

Todo esto lo que demuestra es que el estado de derecho dejó de existir en Nicaragua. Lo demás es ficción y remedo. Y mientras tanto, el abismo se ensancha a nuestros pies.

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Sábado, 03 Julio 2021 05:40

El peligroso efecto Bukele

Nayib Bukele

Nayib Bukele era casi un desconocido en América Latina hasta hace dos años, cuando ganó las elecciones presidenciales en El Salvador con la audacia de los outsiders, dejando en la cuneta a los dos partidos tradicionales: la derechista ARENA y el izquierdista FMLN. A punto de cumplir 40 años, este antiguo publicista y ex director de una distribuidora de motocicletas, acapara hoy un poder casi absoluto. Ha desbaratado la Corte Suprema y su partido (Nuevas Ideas) controla cómodamente el Congreso. Sigue a rajatabla el manual del populista 3.0, con una presencia continua en las redes sociales y el látigo siempre a punto para atizar a la prensa crítica. Pese a su deriva autoritaria, su discurso anticorrupción le ha granjeado una altísima popularidad. Acaba de adoptar el bitcoin como moneda de pago en un país regado de pobres. Nada parece frenarlo. Pero, ¿quién es Bukele? ¿El azote de los corruptos o un encantador cibernético de serpientes?

Su carrera política ha sido meteórica. Primero fue regidor de un pequeño municipio. En 2015 llegó a la alcaldía de San Salvador de la mano del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Bukele quería volar alto y enseguida chocó con los dirigentes de la antigua guerrilla. Fue expulsado del partido en 2017 por discrepancias internas. A partir de entonces, perfilaría su propio proyecto político presentándose ante la sociedad como el hombre que acabaría con la corrupción y la inseguridad, los dos tumores malignos de El Salvador. No llegó a tiempo para presentarse a las elecciones de 2019 al frente de su propio partido y buscó la muleta de alguna plataforma política ya establecida. Sondeó a su izquierda, no tuvo suerte y entonces miró a su derecha. Es lo bueno de no tener principios.

Le debió de gustar el acrónimo del partido que finalmente utilizó como lanzadera electoral: GANA. La Gran Alianza por la Unidad Nacional era todo lo contrario a lo que su nombre sugería. Se trataba de un partido minoritario, una escisión de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), el partido fundado por Roberto d’Aubuisson, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de monseñor Romero en 1980. Bukele no tuvo reparos en encabezar la lista de un partido, GANA, por el que había pasado el ex presidente Elías Antonio Saca (2004-2009), condenado por corrupción. Esa falta de escrúpulos, que tan bien define a los populismos de derecha, fue premiada en las urnas. Bukele obtuvo el 53% de los votos. Su estilo desenfadado y sus promesas de regeneración democrática cautivaron a los salvadoreños, hartos de una corrupción enquistada en las altas esferas del poder desde el fin de la guerra civil (1980-1992).

Una de las primeras muestras del estilo Bukele se escenificó en febrero de 2020, cuando el mandatario irrumpió en el Congreso escoltado por militares y policías armados para exigir la financiación de su plan de seguridad contra las pandillas del crimen organizado. Apeló a un artículo de la Constitución salvadoreña para llamar a la insurrección popular si los diputados de la oposición, que habían boicoteado la sesión con su ausencia, no acudían al Parlamento a votar su propuesta. Afuera, una multitud coreaba la consigna de su líder: "¡Insurrección, insurrección!".

Ese plan de seguridad había logrado reducir la alta tasa de homicidios en el país. El diario digital El Faro, referente del periodismo de investigación en Centroamérica, reveló en septiembre de 2020 que Bukele llevaba más de un año negociando con los líderes de la sanguinaria mara Salvatrucha (MS-13) sobre la reducción de homicidios y la concesión de beneficios penitenciarios. No era la primera vez que un gobierno se reunía en secreto con los pandilleros, responsables de cientos de muertes en El Salvador. En 2012 ya lo había intentado Mauricio Funes, del FMLN. Los asesinatos fueron a menos durante dos años pero cuando el proceso de negociaciones encalló, volvió la furia. En 2015 se batió el récord de homicidios. En cualquier caso, a Bukele no le hizo gracia la exclusiva periodística y anunció una investigación contra el diario por un supuesto caso de blanqueo de capitales.

El Faro no se arredra. Fue el primer medio digital fundado en América Latina. Sus reporteros han sufrido las amenazas de las poderosas pandillas y el acoso de las autoridades. A principios de junio desvelaron el "gobierno paralelo" de Bukele, un gabinete de asesores pertenecientes a la oposición venezolana que según la investigación, "sirven como enlace entre el clan familiar Bukele, el gobierno y el partido Nuevas Ideas".

Los escándalos no han quebrado la luna de miel que vive Bukele con gran parte de la ciudadanía. Con su gorra de visera calada hacia atrás, gafas oscuras y  vaqueros, se asemeja más a un rapero que a un líder político. Las redes sociales lo acercan a la generación millennial. Es para muchos el nuevo mesías centroamericano capaz de traer prosperidad y paz. Las elecciones legislativas celebradas en febrero certificaron esa feliz comunión. Nuevas Ideas obtuvo el 66% de los votos y junto a su socio GANA (5%) es dueño del Congreso con una mayoría cualificada (61 de los 84 diputados). ARENA (12%) y el FMLN (7%) son ahora residuales. Con ese abrumador respaldo legislativo, Bukele ha logrado destituir a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general del Estado bajo las acusaciones de fraude a la Constitución, intromisión en las funciones del Ejecutivo y falta de independencia.

Las críticas internacionales por las arbitrariedades de Bukele van in crescendo. Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras… Pero el joven mandatario sigue a lo suyo. Acusa a la prensa de mentir, anuncia decretos por Twitter y toma decisiones controvertidas en un abrir y cerrar de ojos. Su última apuesta ha sido la aprobación de una ley para adoptar el bitcoin como moneda de curso legal en uno de los países más pobres de América Latina. Asegura que generará empleo y atraerá inversiones extranjeras, pero sus detractores le recuerdan la alta volatilidad de la criptomoneda y el riesgo de que El Salvador se convierta en un paraíso para el lavado de dinero.

Mientras la platea aplauda, el encantador de serpientes seguirá con su espectáculo. El fenómeno Bukele ha revolucionado el tablero político de El Salvador y su efecto podría irradiar a otros países de la región, en un momento en que la crisis derivada de la pandemia ha agudizado las desigualdades y ha alimentado el desapego hacia la clase política tradicional. Centroamérica no se merece más vendedores de motos.

Por César G. Calero 

03/07/2021  

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Snowden anuncia el "fin del caso contra Assange" tras la confesión de un testigo clave de que mintió

Sigurdur Ingi Thordarson hizo creer a las autoridades de EE.UU. que Assange le pidió que 'hackeara' ordenadores para acceder a las grabaciones de las conversaciones privadas de parlamentarios.

Un testigo clave en el proceso del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Julian Assange, Sigurdur Ingi Thordarson, ha confesado en una entrevista concedida al periódico islandés Stundin que mintió en sus declaraciones utilizadas por las autoridades norteamericanas para armar el caso contra el fundador de WikiLeaks. "Esto es el fin del caso contra Julian Assange", escribió el excontratista de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA) Edward Snowden en referencia a estas revelaciones.

Sigurdur Ingi Thordarson era un voluntario de WikiLeaks convertido en el primer informante conocido del FBI dentro de la organización a cambio de unos 5.000 dólares e inmunidad de la persecución judicial. Ahora, Thordarson ha admitido que su afirmación previa de que Assange le pidió que 'hackeara' los ordenadores de los parlamentarios para acceder a las grabaciones de sus conversaciones telefónicas privadas es falsa y que nunca lo solicitó.

El hombre ha explicado que, en realidad, recibió unos archivos de terceros que le dijeron que habían grabado a los parlamentarios y propuso compartirlos con Assange sin comprobar su contenido.

La Justicia británica decidió no extraditar a Assange a EE.UU. por temor a que se suicide, un país donde afronta hasta 175 años de prisión por 18 cargos en su contra, a raíz de la publicación de documentos secretos en su portal WikiLeaks. Lo acusan de violar la Ley de Espionaje y conspirar para cometer una intromisión informática y acceder a ordenadores gubernamentales con información clasificada.

Sin embargo, ahora la veracidad de la información en la que se basa la acusación formal estadounidense ha sido desmentida por el testigo principal, cuyo testimonio ha sido clave. Si bien la corte británica se guió por motivos humanitarios al fallar en contra de la extradición de Assange, la argumentación del equipo legal de EE.UU. incluyó la afirmación de que el acusado y su informador, Thordarson, trataron de descifrar juntos un archivo robado de un banco islandés.

Thordarson ha aclarado a Stundin que el incidente descrito fue bien conocido y el archivo encriptado fue filtrado del banco y compartido en Internet entre los entusiastas que trataron de descifrarlo por motivos de interés público en un intento de descubrir los motivos de la crisis financiera en Islandia, y que nada confirma que el archivo fuera "robado" en algún momento, ya que se presume que lo divulgaron los propios empleados del banco.

Otro punto expuesto en el mencionado proceso judicial fue que Assange "utilizó acceso no autorizado" otorgado por Thordarson "para acceder a un sitio web gubernamental" destinado a rastrear vehículos policiales. Entrevistado por Stundin, el informante ha precisado que los datos del 'login' eran sus propias identificaciones y no fueron obtenidos por medios ilícitos.

Thordarson ha contado que tenía acceso a aquella página web debido a su trabajo como socorrista cuando era voluntario en un equipo de búsqueda y rescate, y que el fundador de WikiLeaks nunca le pidió los datos de acceso.

"Tejer una telaraña para atrapar a Assange"

El entonces ministro del Interior de Islandia, Ogmundur Jonasson, opina que los estadounidenses trataban de utilizar las cosas en su país y sus ciudadanos "para tejer una red, una telaraña que atrapara a Julian Assange" y recordó el momento exacto cuando el FBI contactó con las autoridades islandesas por primera vez el 20 de junio de 2011 para advertirles de una inminente intrusión en las computadoras gubernamentales, ofreciendo su ayuda que fue aceptada.

En opinión de Jonasson, el objetivo que EE.UU. perseguía de verdad era atrapar a Assange y no ayudar a Islandia, y en aquel entonces sus agentes ya estaban sentando las bases para conseguir su propósito final.

Lo que el exministro del Interior islandés sigue preguntándose desde aquel entonces es si todo empezó con la aceptación de la ayuda estadounidense y el establecimiento de cooperación "que podrían haber utilizado como pretexto para visitas posteriores".

Publicado: 27 jun 2021 05:27 GMT

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Viernes, 25 Junio 2021 06:07

Por qué Ortega no quiere soltar

Por qué Ortega no quiere soltar

LOS INTERESES INNEGOCIABLES DEL RÉGIMEN NICARAGÜENSE

 

En los últimos días arrestó a cinco precandidatos y a varios excomandantes guerrilleros. Suman 1.600 los detenidos y más de 103 mil los exiliados desde 2018. Las causas de la intransigencia de acuerdo a la disidencia sandinista.

«El 17 de mayo cumplo un mes de asedio ininterrumpido en mi casa por parte de la Policía Nacional. Entre seis y ocho policías, a veces de civil y a veces de uniforme, llegan todos los días desde las 6 de la mañana hasta el mediodía o hasta el final de la tarde. La orden es no dejarme salir de la casa, interrogar a todo el que llega e informar de mis movimientos», relata el politólogo Guillermo Incer Medina, miembro del frente opositor Unidad Nacional Azul y Blanco, en el último número de la Revista Envío (V-21).

La última modalidad represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es la de «casa por cárcel», una situación que atraviesan por lo menos 600 personas identificadas con la oposición. «Las personas que vivimos bajo asedio policial domiciliario sufrimos daños sicológicos, económicos y sociales», reflexiona Medina en su artículo.

Esta forma de asedio genera serios daños invisibles, ya que «el hecho de no saber cuánto durará esa situación y hasta dónde están dispuestos a llegar implica mucho estrés mental». Y genera, además, un fuerte daño al tejido social nicaragüense, porque ahonda las diferencias entre vecinos. Según Medina, «los simpatizantes del régimen se aseguran de estigmatizarte como “golpista y terrorista”, se encargan de hacer notar que quienes “arruinaron la paz” están ahora controlados y que no permitirán nuevamente otro “relajo” provocado por el imperio y la derecha», dice, en referencia a las protestas populares masivas de 2018.

Los que siguen apoyando al sandinismo, que según el instituto Gallup hoy son alrededor del 20 por ciento de la población, «colaboran con los policías llevándoles comida, bebidas y prestándoles el baño frente a ojo y paciencia de los demás vecinos». Tras las protestas y la represión de 2018 (véase «Nicaragua, el parteaguas de la izquierda latinoamericana», Brecha, 27-VII-18) que dejó 328 muertos, más de 1.600 personas han sido detenidas por razones políticas y se multiplican las denuncias de torturas. Continúa el éxodo de nicaragüenses a los países vecinos (véase «Sin salida aparente», Brecha, 26-IV-19), que para febrero de este año ya sumaba 103 mil emigrantes, desde 2018, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, la violencia estatal viene escalando en las últimas semanas con el arresto de cinco precandidatos presidenciales opositores –Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Miguel Mora– y de buena parte de los líderes de Unamos, partido donde se organizan excomandantes sandinistas, como Hugo Torres, Dora María Téllez y Víctor Tinoco.

EL FSLN Y LA CULTURA POLÍTICA NICA

En rigor no hay una única razón que explique este comportamiento del régimen, que se sigue reclamando sandinista, sino un conjunto de actitudes que se han ido superponiendo a lo largo de la historia reciente. Los excomandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hoy críticos con el partido de gobierno son algunos de los más profundos analistas de su realidad actual, quizá porque conocen la organización desde dentro y bebieron en la misma fuente de la cultura política que ahora rechazan.

Luis Carrión, excomandante del FLSN, exviceministro de Interior (1979-1988) y exministro de Economía (1988-1990), repasa en un ensayo de 2019 la lógica de partido único que subyacía incluso cuando se convocaban elecciones y se respetaban los resultados, luego del triunfo de la revolución en 1979. «Bajo esa lógica empezamos la construcción no de un Estado nacional, sino de un Estado sandinista. Todas las instituciones se sandinizaron. El Ejército fue sandinista, la Policía fue sandinista, todas las instituciones estaban bajo la égida, la influencia y el control del Frente Sandinista.» Recuerda que, siguiendo la tradición soviética, las organizaciones sociales se fueron convirtiendo en «correas de transmisión» del partido en el poder, al punto que «la hegemonía del Frente Sandinista terminó siendo dominante» y los no sandinistas «se fueron quedando al margen de las organizaciones o tenían poca capacidad de incidencia en el interior de estas». Peor aún, «se los consideraba contras, enemigos de la revolución» (Revista Envío, VI-19).

Dora María Téllez fue la legendaria Comandante Dos, que protagonizó la toma de la Asamblea Nacional en Managua en 1978, con la que la guerrilla nicaragüense logró liberar de las cárceles a 60 sandinistas. El domingo 13 de junio, esta historiadora y exministra de Salud (1979-1990) fue detenida y golpeada por orden del gobierno de Ortega junto a otros cuatro disidentes del FSLN. En 2019, en entrevista con el periodista Fabián Medina, Téllez sostenía que «no es inusual que líderes revolucionarios se conviertan en lo que era su oponente», en referencia a Daniel Ortega y al dictador Anastasio Somoza. La comandanta que Gabriel García Márquez describió como «tímida y absorta» reflexionaba: «Es el mismo fenómeno que sucede con hijos de padres violentos. Hay gente que se queja de que su papá lo malmataba y termina malmatando a su hijos. Es el fenómeno de la reproducción de modelos. Daniel Ortega escogió el camino de reproducir el modelo de la dictadura de los Somoza, que es un modelo de pactos, de prebendas, de clientelismo político, de corrupción, de alineamiento institucional y un modelo de subordinación del Ejército y la Policía» (Infobae, 10-VII-19).

A primera vista, puede sonar excesivo o exagerado, pero los exmiembros del FSLN desgranan sus razones. El sociólogo Oscar-René Vargas considera que en Nicaragua se ha formado una nueva «oligarquía parasitaria», que para mantenerse en el poder «ha permitido el surgimiento de un sector social: la mara paramilitar y policial que roba, reprime y asesina con impunidad» (Sinpermiso, 20-VII-19). En la misma línea, Téllez argumenta que el FSLN «es hoy una banda mafiosa» y aunque Ortega «fue la figura más mesiánica de todas», que se consideraba a sí mismo como encarnación de la revolución, el problema de fondo no es el personaje, sino la cultura política nicaragüense: «Veníamos de una dictadura de 50 años, la de los Somoza. Y antes fue Zelaya, y el otro y el otro… La matriz autoritaria está enraizada en nuestro país. Las tendencias autoritarias del Frente Sandinista no vienen solo de factores ideológicos, vienen de nuestra historia. Y si no conocemos la historia, la volveremos a repetir».

BURGUESÍA ROJINEGRA

Años atrás, Mónica Baltodano, comandante guerrillera, exmiembro de la Dirección Nacional del FSLN y fundadora del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, reflexionó sobre varias de las mutaciones experimentadas por el FSLN originario. El nuevo gobierno de Ortega, instalado a partir de su triunfo electoral con el 38 por ciento de los votos en 2006, es para Baltonado, según escribía en un artículo titulado «¿Qué régimen es este?», uno «en el que los pobres están condenados a rebuscarse la vida en trabajos informales, precarios, por cuenta propia o a trabajar por salarios miserables y en largas jornadas, condenados a emigrar a otros países en busca de trabajo, condenados a pensiones de jubilación precarias. Se trata de un régimen de inequidad social con un creciente proceso de concentración de la riqueza en grupos minoritarios».

Los permanentes encuentros de 2006 en adelante entre Ortega y los empresarios nicaragüenses hablan de «una fusión de intereses que tiene pretensiones de larga durabilidad», afirmaba la exministra. Mucho más allá de los arreglos bilaterales con algunos grandes capitalistas, se trata de «una simbiosis de intereses», que desembocó en la creación de «una burguesía rojinegra». En su opinión, Ortega y un grupo de unos 200 fieles son ahora «un grupo capitalista importante, y el gobierno representa esa comunidad de intereses que tiene hoy la nueva oligarquía sandinista junto con la oligarquía tradicional y el gran capital transnacional» (Revista Envío, I-14).

En efecto, de acuerdo a sucesivas investigaciones del semanario independiente Confidencial desarrolladas a partir de 2011 con base en filtraciones de documentación interna de empresas estatales, Ortega y su familia manejarían con discrecionalidad fondos que superan los 2.500 millones de dólares, gracias a distintos vínculos con la firma Alba de Nicaragua SA (Albanisa) y su subsidiaria Banco Corporativo (Bancorp). Ambas compañías están implicadas en la importación de petróleo venezolano y, a través de ellas, se habría ejecutado la apropiación de fondos de la cooperación venezolana por la elite gubernamental nicaragüense. «Albanisa se constituyó como un subterfugio fraudulento para privatizar, en favor de Ortega, los fondos de la cooperación petrolera», concluyen los informes de Confidencial (9-IV-16). Los fondos venezolanos se canalizaron a través de estas empresas de derecho privado, a pesar de que el dinero tenía su origen en un convenio internacional ratificado por las asambleas legislativas de Nicaragua y Venezuela.

Albanisa es un joint venture de dos socios: las estatales PDVSA, con el 51 por ciento de las acciones, y Petróleos de Nicaragua, con el 49 por ciento. «El monto total de los créditos canalizados por Albanisa, a junio de 2018, se aproxima a 4.000 millones de dólares. En los tiempos de las vacas gordas, promediaron 500 millones de dólares anuales, libres de polvo y paja. Un capital líquido que Ortega gestionó a su arbitrio, como capital privado», calculan los autores de las investigaciones con base en datos del Banco Central de Nicaragua (Confidencial, 13-II-19).

Cobijada por el gobierno, Albanisa habría incursionado en un amplio abanico de negocios: Albageneración, que pronto se transformó en la principal empresa generadora de energía eléctrica del país; Albadepósitos, dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de petróleo y derivados; Albaforestal, cuyo negocio es la madera; Albaequipos, dedicada a los servicios y la construcción. Según los investigadores, la joya de la corona orteguista era Bancorp, que se encargaba de administrar el conjunto de «empresas Alba». En abril de 2019, tras volverse objeto de sanciones estadounidenses, Bancorp solicitó permiso a la autoridad financiera nacional para cesar sus operaciones, pero periodistas y opositores sostienen que el régimen ha improvisado nuevos esquemas empresariales para mantener su acceso privado a fondos públicos.

Son múltiples las denuncias de que los intereses privados de la familia Ortega-Murillo se reparten entre sus distintos integrantes. «Ocho de los nueve hijos de la pareja presidencial nicaragüense tienen rango de asesores, controlan el negocio de la distribución del petróleo y dirigen la mayoría de los canales de televisión y compañías de publicidad, que son beneficiadas con contratos estatales», informó este año El País de Madrid (18-IV-21). Pero hijos e hijas están sujetos a los dictados de Rosario Murillo, que ya excomulgó a la mayor por denunciar a su padrastro, Daniel Ortega, por abuso sexual en 1998. Perseguida por su madre, Zoilamérica Narváez debió exiliarse en Costa Rica en 2013.

SIN MARGEN PARA LA DEMOCRACIA

Oscar-René Vargas asegura que «el régimen entró, definitivamente, en una etapa de descomposición y decadencia». Sin embargo, el clan Ortega-Murillo no está dispuesto a ceder. «La actual estructura política del régimen dictatorial no va a entregar el poder, hay que quitárselo», sostiene. Cree que para evitar una catástrofe social y económica mayor a la actual «hay que estrangular políticamente al régimen»: «Cualquier otro método será una ficción, una ilusión, una mentira».

Para Baltodano, Murillo maneja el poder real de movilización oficialista con «una forma de pensar fanática y religiosa que traslada a la militancia». Durante la pandemia, fue ella quien decidió que los miembros del gobierno visitaran algunas viviendas populares para «orar y pedir a Dios» como medida curativa. Es un personaje extraño para las izquierdas, que combina constantes alusiones a Cristo y al «Todopoderoso» con su adhesión a sectas milenaristas, como la del gurú de India Sathya Sai Baba. Cabe recordar que el FLSN apoyó en 2006 la prohibición del aborto terapéutico, el único permitido hasta entonces en el país y se alió en los años siguientes con el cardenal ultraconservador Miguel Obando y Bravo, otrora enemigo de los sandinistas. «En Nicaragua de amor, no tenemos una cultura de muerte», sostuvo Murillo en sus redes el 30 de diciembre pasado, día en que Argentina legalizaba la interrupción voluntaria del embarazo. Carambolas para mantenerse en el poder, como la represión contra candidatos y excompañeros sandinistas. «La mayor parte de las dirigencias populares que se pusieron al frente de la rebelión de 2018 han sido forzadas al exilio, están en la cárcel, escondidas o muertas. Ello explica que el régimen haya conseguido –por la vía de la violencia y el terror– mantener el control en barrios y comunidades», señaló recientemente Baltodano (Desinformémonos, 17-VI-21). Algo que, a su juicio, les está permitiendo alcanzar «el peor escenario» posible de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre: unos comicios completamente controlados desde el gobierno para garantizar la continuidad del clan Ortega-Murillo, «con la complacencia de un sector del gran empresariado, al que no le importa la institucionalidad democrática».


25 junio, 2021


ORTEGA Y LAS MULTINACIONALES

No es que Ortega quiera promover al empresariado nicaragüense para fortalecer una burguesía nacional capaz de desarrollar el país a partir de nuestras propias posibilidades, fomentando un capitalismo nacionalista, un objetivo que nunca terminó de construirse en Nicaragua. No, no es por eso. Se trata de una simbiosis al servicio de la lógica del gran capital transnacional […].

Tan profundos niveles de subordinación a la lógica del capital no los encontramos en el gobierno de Violeta Barrios (1990-1997) ni en el de Arnoldo Alemán (1997-2002), ni siquiera en el más cercano al empresariado, el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007). Tal vez se explica porque en estos gobiernos había fuerzas sindicales y gremiales que servían de contrapeso a estos gobiernos. Había un sandinismo de base que resistía […]. Veamos, por ejemplo, la relación de Nicaragua con la transnacional española Unión Fenosa […]. Las relaciones del gobierno de Enrique Bolaños con Unión Fenosa fueron tensas. En 2006, cuando llegaba al gobierno Daniel Ortega, Bolaños tenía demandas contra Unión Fenosa y había 12 juicios, reclamos estatales y multas incoadas en los tribunales contra la transnacional.

Todo esto quedó resuelto con el gobierno de Ortega. En noviembre de 2007, mientras Daniel Ortega lanzaba un discurso virulento contra las transnacionales en la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile [el asesor económico de la Presidencia] Bayardo Arce estaba reunido en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, con la gerencia de Unión Fenosa. A partir del Protocolo de Entendimiento entre el Gobierno de Nicaragua y Unión Fenosa, al que se le dio rango de ley en la Asamblea Nacional el 12 de febrero de 2009, una legislación que incluyó garantías de todo tipo para la empresa, todo el pasado conflictivo quedó borrado de un plumazo. Borrados todos los juicios, todas las demandas y multas pendientes. Después, vinieron otras leyes, siempre en beneficio de la transnacional.

Nunca las relaciones con la transnacional española que distribuye la energía fueron tan fluidas como con este gobierno. ¿Y qué pasa con la generación de energía alternativa? Está crecientemente en manos privadas, aun cuando la base de la generación sean recursos naturales del país, como el viento, el agua, los volcanes. Todos los nuevos proyectos de energía eólica, hidroeléctrica o geotérmica han sido concesionados a las empresas transnacionales, en las que Ortega y su grupo tienen participación accionaria.

Mónica Baltodano

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Human Rights Watch denunció detenciones y procesos penales arbitrarios en Nicaragua

En un duro informe, la organización exigió una respuesta activa de la ONU

HRW plantea que existe una "estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección de Daniel Ortega par

 

Human Rights Watch (HRW) presentó este martes un informe que detalla "hostigamientos", "arrestos" y "procesos penales arbitrarios" contra voces críticas al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. El documento incluye recomendaciones concretas al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que escale la respuesta de la ONU ante la situación que atraviesa el país centroamericano. "Nicaragua está ante una hora crítica que no tiene un ejemplo similar en los últimos 30 años en América latina", aseguró en la presentación del informe José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

En el informe, HRW plantea que existe una "estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo". Los arrestos de opositores en Nicaragua continuaron el martes con la detención de la ex primera dama María Fernanda Flores y del periodista Miguel Mendoza. Con ambos se eleva a 19 el número de opositores detenidos, entre ellos cinco precandidatos a la presidencia. A todos se les aplica una ley aprobada por el Congreso que permite procesar a quienes, a juicio del gobierno de Ortega, cometan actos que "menoscaban la independencia y la soberanía" e incitan "a la injerencia extranjera".

Entre enero y junio de 2021, HRW entrevistó por teléfono a 53 personas en Nicaragua, incluyendo a activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos que han sido "víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias". La organización revisó fotos y videos tomados durante las detenciones y vigilancias policiales, así como informes de prensa y publicaciones de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos.

"Las prácticas y políticas represivas encabezadas por el gobierno de Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo (su pareja y vicepresidenta) no son felizmente habituales en la región", aseguró Vivanco, quien comparó la situación actual en Nicaragua con el régimen de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000). "No recuerdo en todo este tiempo una represión así, donde vayan casa por casa y simultáneamente se arreste a los principales líderes que pueden disputarle el poder a Ortega sin el debido proceso y violando las normas básicas del estado de derecho, manteniendo a todos separados de sus familias", remarcó.

Como ejemplo de esa lógica Vivanco citó el caso de Cristiana Chamorro, periodista y precandidata presidencial: "Está secuestrada en su hogar y limitada a su dormitorio. Unos delincuentes armados están en control del resto de su casa. Ha podido apenas por un par de minutos hablar con su abogada, pero no le permiten el acceso regular a la defensa". Chamorro fue procesada y está siendo investigada por presunto lavado de activos mediante una fundación que lleva el nombre de su madre, Violeta Chamorro. Para el director regional de HRW, "los cargos en su contra son evidentemente fabricados y lo único que se persigue es sacarla de la contienda electoral".

A través de un comunicado publicado el 14 de junio, el gobierno de Nicaragua advirtió que asumirá "como un ataque frontal" a su soberanía cualquier intento "de socavar una investigación" contra los líderes opositores detenidos bajo la Ley 1055. Ante la consulta de Página/12 respecto a si HRW pudo contactarse con autoridades gubernamentales, la subdirectora para las Américas de la organización, Tamara Taraciuk Broner, aseguró: "Hicimos solicitudes formales al gobierno de Nicaragua pidiendo información detallada sobre todas nuestras conclusiones y la postura oficial, y hasta el momento no nos han respondido".

Durante la presentación del informe, Vivanco fue particularmente crítico con la abstención de Argentina y México durante la votación en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para repudiar la situación en Nicaragua. "Es un grave retroceso para Argentina que convoque como pretexto para no emitir un voto el principio de no intervención del país", aseguró el abogado chileno. En cambio, Vivanco valoró la nueva declaración del gobierno argentino. "Me parece muy acertada, pidiendo además la venida de su embajador en Nicaragua. Es fundamental que Argentina retome su apoyo y adhesión con las obligaciones jurídicas internacionales de universalidad de los derechos humanos. Prefiero a un gobierno que rectifica y lo hace a tiempo, a uno que se mantiene tozudamente en sus posiciones cerradas", remarcó.

Sobre la base de su llamado a la acción por los derechos humanos, HRW considera que el secretario general António Guterres debería invocar el Artículo 99 de la Carta de la ONU para presentar la situación en Nicaragua ante el Consejo de Seguridad, tratándose de una crisis que involucra "graves violaciones de derechos humanos y podría generar inestabilidad en la región". Louis Charbonneau, director para las Naciones Unidas de HRW, recordó que en septiembre de 2017 Guterres impulsó al Consejo de Seguridad para que tratara específicamente el tema de la limpieza étnica de los musulmanes rohingyas en Myanmar. Charbonneau destacó que el secretario general de la ONU "acaba de ser reelecto para un segundo mandato, así que no tiene nada que perder".

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El precio de la perpetuación de Daniel Ortega

Las protestas en Nicaragua han erosionado la alianza entre el gobierno, el gran empresariado y las iglesias. Entretanto, la represión alentada por Daniel Ortega y Rosario Murillo aumenta y las elecciones de noviembre de 2021 están lejos de ser competitivas. Las fuerzas contrarias al régimen se encuentran disgregadas y las detenciones de potenciales candidatos se han vuelto cotidianas.

Tomás Borge fue guerrillero fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y miembro de su dirección nacional durante el gobierno que siguió a la Revolución Nicaragüense (1979-1990). Antes de su muerte en 2012, y tras el retorno del FSLN al poder por la vía electoral seis años antes sobre la política del país centroamericano: «Todo puede pasar aquí, menos que el Frente Sandinista pierda el poder […] Me es inconcebible la posibilidad del retorno de la derecha en este país. Yo le decía a Daniel Ortega: «hombre, podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan, lo único que no podemos es perder el poder». Digan lo que digan, hagamos lo que tenemos que hacer, el precio más elevado sería perder el poder. Habrá Frente Sandinista hoy, mañana y siempre».

La entrevista ayuda a entender dos cosas. Primero, la naturaleza del régimen de Daniel Ortega desde 2007, que se ha empeñado en cooptar (y cuando fuese necesario, desmantelar) las instituciones democráticas del país, y también se ha dispuesto a vaciar el contenido ideológico del FSLN, abandonando la promesa de la redistribución de la riqueza y del progresismo social con el fin de tomar y preservar el poder. En otras palabras, Ortega ha preferido convertir al FSLN en una fuerza de derecha que permitir el retorno de «la derecha». Durante más de una década, esta mentalidad ha permitido que la familia Ortega -él es presidente y su esposa Rosario Murillo la vicepresidenta- construyera un fuerte consenso autoritario en Nicaragua, con el apoyo tácito de los antiguos enemigos «contrarrevolucionarios» de los años 80. 

Pero en 2018, una explosión de indignación popular –así como la sangrienta represión posterior– pulverizó el consenso autoritario y desequilibró al régimen. En segundo lugar, las palabras del comandante Borge ayudan a explicar por qué, a pesar del enorme deterioro socioeconómico y aislamiento internacional que acompañó el estallido del 2018, es probable que Ortega y Murillo se perpetúen en el poder este año. Bajo su mandato, el gobierno de Nicaragua ha desarrollado una especial voluntad y capacidad represiva, en proporciones que no hemos visto en América Latina desde la caída de las dictaduras anticomunistas de los años 60 y 70. 

Desde la crisis de 2018, muchas cosas han cambiado en Nicaragua, pero otras permanecen igual. De cara a las elecciones programadas para noviembre de 2021, la previsible victoria de Ortega será fruto de unas «elecciones autoritarias» en las que el régimen controlará las reglas del juego. Buscando evitar el más mínimo riesgo, o quizás con el propósito de desafiar a la comunidad internacional, el orteguismo ya ha inhibido, enjuiciado, y encarcelado a los principales aspirantes opositores a la presidencia. Ante la problemática nacional y su probable prolongación, ¿por qué no ha podido la oposición nicaragüense crear una alternativa y contrapeso al FSLN, ahora hegemonizado completamente por la familia Ortega-Murillo? Esta última cuestión es la que se debate en este artículo, en el que primero se contextualizará la naturaleza del régimen y su «reconsolidación» después de la crisis política de 2018; posteriormente se señalará la naturaleza de la oposición, con los pasivos y errores que arrastra y, finalmente, se expondrá cuál es el escenario que se prevé para el día después de las elecciones de noviembre de 2021.

El orteguismo (2007-2018): del consenso a la crisis

Desde 2007 hasta 2018 Daniel Ortega articuló un régimen que –a pesar de su retórica revolucionaria– combinaba una alianza informal con las elites económicas (el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y las elites religiosas (iglesias católica y evangélicas), a la par que impulsó políticas sociales focalizadas para paliar la situación de pobreza extrema –sin combatirla sustancialmente– en la que están sumidos la mayor parte de la población del país, sobre todo en el ámbito rural. Apoyado en esta triple alianza –y con el control absoluto sobre el FSLN– Ortega rápidamente cooptó las instituciones del país, incluyendo todos los poderes del Estado y también las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Nacional. 

El trueque autoritario del orteguismo – promesa de estabilidad a cambio de control político– se extendió también al ámbito internacional. A sus antiguos oponentes en Washington, Ortega se vendió como un estable y efectivo socio, especialmente en comparación a sus caóticos vecinos en el llamado Triángulo Norte, en la lucha contra el narcotráfico y la migración en dirección al norte.

Respecto de la alianza con la gran empresa, cabe destacar que el gobierno no cambió el modelo productivo heredado de tres lustros de desarrollo neoliberal, ni en el agro ni en los servicios. Cuando Ortega fue elegido presidente en 2006, el gran capital del país temía una restructuración al estilo Chávez. Al contrario, gracias a la inserción del país en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) en 2007, los grupos económicos más poderosos pudieron usufructuar créditos blandos y expandir sus mercados durante más de una década. En cuanto a la entente con las iglesias destacó el discurso que Ortega repitió desde la campaña de 2006, que calificaba a Nicaragua como «cristiana, socialista y solidaria». Pero esta posición no fue solo discursiva, sino que el mismo régimen ayudó a impulsar una de las legislaciones sobre el aborto más retrógradas del continente (criminalizando incluso el aborto terapéutico, derecho protegido no solo por la Revolución Sandinista, sino también por la anterior dictadura de los Somoza). 

En lo que atañe al apoyo de los sectores populares, cosa difícil de medir en un contexto autoritario, el gobierno creó una amplia red clientelar a través de programas de transferencias (generalmente en especies) gestionados desde el aparato partidario del FSLN, que se solapó con la administración del Estado. Este aparato, en un inicio, se organizó en todo el territorio a través de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), que tenían un claro componente político-partidario y posteriormente se transformaron en los Gabinetes de Familia (GF) y adquirieron un perfil más institucional. Con todo, tanto los CPC como los GF han sido órganos que suponían, además del último eslabón en la implementación de políticas asistencia social, un mecanismo de control partidario de naturaleza clientelar y movilizadora a lo largo de todo el territorio nicaragüense.

El régimen gozó de una notable estabilidad durante más de una década. Con el tiempo, las arbitrariedades (incluido un falló judicial para permitir la reelección inconstitucional de Ortega en 2011) fueron creciendo. Pero a pesar de ello, las alianzas del FSLN con partidos de oposición –en especial, el Partido Liberal Constitucionalista del expresidente Arnoldo Alemán–, la empresa privada y las instituciones eclesiásticas se fueron cristalizando. Y aunque las sucesivos gobiernos estadounidenses recortaron las ayudas, mostraron poco interés en agitar las aguas en Nicaragua. Por su combinación de prudencia macroeconómica y programas paliativos, Ortega se convirtió en consentido del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, cuyos funcionarios no se preguntaron si el crecimiento económico conllevaba además el acoso a los disidentes, al desmantelamiento de las instituciones, o a la articulación de un proyecto dinástico. 

La sociedad nicaragüense, sin embargo, pasó la factura en 2018 cuando miles de jóvenes salieron a las calles a protestar. 

Al inicio, las movilizaciones se centraron en la denuncia del malestar que provocaban las reformas del sistema de pensiones y la mala gestión gubernamental ante los incendios en la reserva de la biosfera de Indio Maíz, pero rápidamente se sumaron diversos colectivos que impugnaron al régimen en su totalidad, por su carácter arbitrario, represivo, y corrupto. Con ello, las elites que habían pactado con Ortega ignorar la gobernanza democrática a cambio de estabilidad, vieron como el sueño de la paz social tocaba su fin. Al final, la estabilidad que se compró fue muy volátil, se pagó muy caro con la erosión de las instituciones y las normas necesarias para garantizar la paz a largo plazo. 

La crisis del 2018 puso a prueba la estabilidad del régimen y sacudió a la base histórica del Frente Sandinista. En lugar de gestionarla mediante concesiones o un auténtico proceso de diálogo con los nuevos grupos, el gobierno la empeoró, optando por la estrategia de represión. La «operación limpieza» –término prestado de la época de los Somoza– funcionó, en el sentido de que eliminaron los tranques y barricadas. Pero además del terrible costo humano –más de 300 muertos según el conteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), centenares de presos políticos y miles de exiliados, la mayoría a Costa Rica– la recuperación del control territorial implicó un costo político para el régimen. Fue en este contexto en el que se rompió la coalición informal entre el gobierno, las elites económicas y las iglesias, que se posicionaron en contra de la reacción violenta, que ya no podía seguir presentándose como garante de la estabilidad y de la paz. 

Sin embargo, la crisis no supuso la caída del FSLN. Muchos esperaban que Ortega se fuera, tal como ocurrió con 15 presidentes en nueve países de la región entre 1992 y 2016. Pero si bien en la crisis de 2018 existieron algunos factores presentes en otros episodios de caídas presidenciales –la recesión económica, escándalos de corrupción, manifestaciones masivas, etc. – el alto grado de control de la institucionalidad por parte de las fuerzas gobernantes contuvo el colapso del sistema. En este caso el control se materializó en el uso (y abuso) de la fuerza de la Policía Nacional –además de grupos parapoliciales– para eliminar las protestas de forma violenta. Otro elemento central en la crisis fue el papel del ejército, qué si bien se negó a participar directamente en la represión, cedió el espacio a esos grupos. 

Otro elemento explicativo acerca de las caídas presidenciales es la actitud del ejecutivo ante ellas. En este caso el presidente, el FSLN y sus organizaciones afines nunca cedieron y enarbolaron un discurso totalmente acrítico. Así, los medios oficialistas acusaron de vándalos y terroristas a quienes habían salido a las calles y anunciaron que la crisis sería el comienzo de la «tercera fase» de la revolución popular sandinista a partir de la participación de las bases leales, la depuración de los arribistas, y la cancelación de las alianzas tácticas con las jerarquías eclesiásticas y empresariales. Bajo la narrativa de que las protestas eran parte de un «golpe de estado encubierto» de la derecha y Estados Unidos, el gobierno ignoró el clamor opositor de elecciones anticipadas. 

Con el tiempo el gobierno logró repelar esta y otras demandas de apertura democrática. Mientras el orteguismo reagrupaba su base, la coalición opositora del 2018 se desarticulaba. La crisis sanitaria del covid-19 reforzó ambas tendencias, pues el gobierno aprovechó para implementar nuevas leyes represivas, y el antiorteguismo desaprovechó una oportunidad para configurarse como alternativa responsable –y cohesionada– a las políticas negacionistas y erráticas de las autoridades. Ese es el contexto para el actual proceso pre-electoral que se está dando de cara al voto programado para el 7 de noviembre.

¿Quién se opone al FSLN?

Queda claro que el régimen de Ortega resistió el embate opositor gracias a su control de las instituciones y al uso de la fuerza. Pero su permanencia también se debió en parte a la naturaleza de la oposición y las decisiones que tomó su fragmentada dirigencia. Los antiorteguistas no han podido (por la feroz represión) ni sabido (por su propias limitaciones) crear un contrapeso a la dictadura. 

Primero porque la oposición que surgió a raíz de la crisis del 2018 fue una coalición negativa amplia pero poco cohesionada. Las manifestaciones, autoconvocadas al margen de liderazgos o organizaciones existentes, dieron cuenta de una gran pluralidad de sensibilidades ideológicas e intereses sectoriales. Aunque los universitarios de Managua detonaron la explosión social, en pocos días se sumaron jóvenes de todos los estratos, sociedad civil, movimientos sociales y organizaciones campesinas. La Iglesia católica y los empresarios del sector privado también apoyaron el reclamo de apertura democrática, que juntó un sandinismo disidente, que vio a Ortega como traidor a la causa, con un antisandinismo que siempre concibió la Revolución de 1979 como una tragedia nacional. 

El desdén y el descrédito compartido por el régimen permitió que se suprimieran diferencias ideológicas y conflictos de interés, pero con el tiempo, las exigencias de la crisis social –sumada a la crisis sanitaria por la pandemia– atentaron contra la cohesión de esa coalición informal, multiclasista, y plurisectorial. En cualquier caso, una cosa es la protesta en la calle y otra muy diferente la competición en la arena electoral. Las dos principales organizaciones surgidas a raíz del estallido –Alianza Cívica (AC) y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)– no lograron convertir la energía callejera en moneda para negociar reformas clave, ni pudieron convertirse en vehículo electoral o fuerza política. 

Este fracaso también se explica en gran medida por la propia naturaleza de la oposición, cuya capacidad para convertirse en alternativa de gobierno siempre ha sido condicionada por los mismos procesos de desdemocratización que aferraron a Ortega al poder. El debilitamiento del sistema de partidos políticos creado a partir de la transición de los años 90 sigue jugando un papel central. Al ser absolutamente controlado por la familia gobernante, el Consejo Supremo Electoral le permite al orteguismo elegir quien puede participar en la competencia electoral y quien no. Esto, a su vez, le da poder de veto sobre los procesos de unidad en la oposición, pues el gobierno amenaza con cancelarle la personería jurídica a cualquier partido político que decide tensionar las reglas del juego. 

También el peso desproporcionado de la empresa privada en el entorno opositor es un factor importante de su inoperancia. Antes de 2018, eran los grandes empresarios los principales interlocutores con el FSLN y el resto de organizaciones políticas y de la sociedad civil. Posteriormente, a pesar de que este «modelo de diálogo y consenso» quedó caduco, la lógica no ha cambiado: la empresa continúa teniendo una relación privilegiada, siendo para todos los efectos la única fuerza que ha sido invitada a mesas de diálogo con el gobierno desde la crisis. En los últimos tres años, las fuerzas opositoras más cercanas a la sociedad civil y a los movimientos sociales han acusado al sector privado de estar más interesados en mantener esa posición preeminente que en formar parte de un único y robusto bloque opositor en favor de la democracia. Lo expuesto también da cuenta de la paradoja de que los grandes empresarios y los partidos políticos legales exigieran un cambió de régimen en 2018, a inicios del 2021 estuviesen dispuestos a aceptar condiciones electorales vergonzantes. 

Tampoco ha ayudado la falta de una oferta política lúcida por parte del universo antiorteguista. Yuxtaponiéndose con el autoritarismo de Ortega, casi todos los grupos de la fragmentada oposición enarbolan la promesa de un «retorno» a la democracia liberal, un reclamo con poco calado en un país que nunca ha tenido un sistema democrático duradero ni una cultura política cívica, y donde casi ninguno de los derechos que aparecen en la Constitución son efectivos. 

A pesar de ello, la oposición recurre con cierta nostalgia al intento de construcción de un sistema democrático-liberal que se dio en 1990 después de las elecciones que finiquitaron la Revolución Popular Sandinista. Cristiana Chamorro, quien se había perfilado como la candidata con mayores capacidades para unificar a la oposición –hasta que el gobierno le dictara prisión preventiva por supuesto «lavado de dinero» en la ONG que dirige– ha hecho uso efectivo de la memoria de su madre, Violeta Barrios de Chamorro, vencedora de Daniel Ortega en aquella ocasión. El valor de este recurso es evidente: en 1990, la democracia electoral sirvió como herramienta para poner fin a una espantosa guerra civil apoyada desde el exterior. Pero es un arma de doble filo. Con la democracia representativa y expandidas libertades individuales se impulsaron duras políticas de austeridad y ajuste que borraron varios derechos económicos y sociales defendidos durante la década revolucionaria. Tampoco se atendieron los traumas rezagados del conflicto armado. 

Los resultados socioeconómicos de las tres administraciones posrevolucionarias (1990-2006) supusieron un crecimiento con desigualdad y estratificación, a la vez que introdujeron un imaginario de ostentación privada y consumismo opuesto al relato igualitarista y estatista de la década sandinista. Al obviar las condiciones socioeconómicas que acompañaron la transición de los años 90, la oposición ignora que esa misma institucionalidad liberal sirvió como caldo de cultivo para la oferta autoritaria del orteguismo. 

La propuesta debe ir más allá de la defensa de la democracia, pero también brilla por su ausencia un mensaje socioeconómico coherente por parte de la oposición con el que pueda sintonizar la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses que viven en la pobreza o que depende de instituciones estatales. Es indispensable, pero insuficiente, reclamar justicia por los crímenes perpetrados durante la represión, ya que las encuestas demuestran que el desempleo y la inseguridad son las preocupaciones centrales de los nicaragüenses. Ningún nicaragüense sabe cómo una alternativa democrática a Ortega gestionaría las ganancias del crecimiento económico de manera diferente, pues el mismo liderazgo empresarial que ahora forma parte de la oposición fue arquitecto y gestor de la política macroeconómica bajo el sistema autoritario de la última década. 

Mientras tanto, la propaganda orteguista insinúa que con el retorno de la «derecha» se cancelarían las políticas sociales focalizadas existentes que, a pesar de ser mejorables y clientelistas, representan una ayuda significativa para centenares de miles de nicaragüenses. Aquí, la memoria de la transición democrática coadyuva el discurso oficial: el recuerdo de las privatizaciones, los despidos de trabajadores públicos, la jibarización de la inversión pública durante las administraciones de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, la retirada del Estado en zonas rurales y periféricas es aún traumática para muchos. 

En general, el gran problema de la oposición antiorteguista es que no ha sido capaz de apelar a una identidad común en función de un proyecto positivo. Al contrario, algunos sectores de la oposición han intentado movilizar a la población a partir de un anti-sandinismo instintivo y visceral, y a menudo torpe, ya que buena parte de la insurrección cívica del 2018 procedió de nicaragüenses con raíces o incluso historia de militancia en el sandinismo de los 80, e incluyó también orteguistas que abandonaron el régimen a raíz de su carácter represivo. En este sentido, es complicado armar un discurso mayoritario si se criminaliza (y no integra) la identidad «sandinista» que, de lejos, es la más extendida del país. Además, el discurso antisandinista furibundo reditúa a Ortega porque, al posicionarlo como referente único del sandinismo, favorece su consolidación dentro del partido, en vez de fraccionarlo. La polarización (alimentada por el revanchismo) favorece a Ortega y confirma su discurso. 

La oposición se ha mostrado, además, excesivamente dependiente de la comunidad internacional. Los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales pueden presionar a Ortega, dar oxígeno a la sociedad civil, y aminorar hasta cierto punto el clima de represión. Pero no pueden resolver los problemas de fondo ya descritos. Un creciente régimen de sanciones liderado por Estados Unidos y la Unión Europea ha sofocado algunas vías de financiamiento internacional del gobierno, pero no ha resultado en concesiones democráticas o efectos positivos para los ciudadanos. Y cuando la oposición ha celebrado las sanciones, el discurso orteguista ha podido alimentar su apelación a la soberanía nacional y al orgullo patrio.

Así, mientras el antiorteguismo se atomiza en múltiples rencillas, Ortega vuelve a componer su base política a partir de un relato «articulado» de lo sucedido en 2018, apelando a la tesis de un «golpe blando». Con ello la propaganda del FSLN proyecta una visión trágica y caótica de lo que sucedería fuera despojado del poder y enarbola un discurso anti-antisandinista, a la par que apela a una supuesta «reconciliación y paz social» y al nacionalismo antiimperialista. Así las cosas, según la última encuesta realizada por CID-Gallup, el FSLN mantiene un apoyo de 25% de los votantes, mientras que ninguna formación opositora llega ni a 5%. La mayoría de la población, desilusionada o enfocada en sobrevivir, no simpatiza con ningún partido político. 

Las elecciones de noviembre: ¿perpetuación en el poder? 

Con todo y la debilidad de la oposición, la dictadura de Ortega ha estado a la ofensiva. A inicios del 2021, el anti-orteguismo estaba dividido en dos bloques: la Alianza Ciudadana, cercana al llamado «gran capital» nicaragüense, y la Coalición Nacional, más cercana a la sociedad civil y compuesta por una extraña amalgama de partidos políticos, movimientos sociales y agrupaciones opositoras surgidas en 2018. Entre los dos habían al menos diez aspirantes a la presidencia. Mientras los grupos opositores se atacaban entre ellos, la Asamblea Nacional (bajo el control del FSLN) impulsó una serie de reformas, que además de suponer un mayor control del gobierno sobre las elecciones, criminalizan a la disidencia y sociedad civil bajo diversos delitos, entre ellos «traición a la patria» y «lavado de dinero». A medida de que se han ido acercando las elecciones, el nuevo marco legal ha sustentado una verdadera cacería de disidentes. Ahora los cuatro candidatos más visibles de la fragmentada oposición –Cristiana Chamorro, Juan Sebastian Chamorro, Arturo Cruz, y Felix Maradiaga– están detenidos, junto a otros dirigentes del empresariado y sociedad civil. Sumada a la reacción violenta contra las manifestaciones del 2018, se trata de la oleada represiva más grave en América Latina desde las transiciones a la democracia de hace tres décadas.

El contexto para la crisis nicaragüense no puede ser mejor para los intereses de Ortega, ya que coincide con una regresión autoritaria en la región, especialmente en Centroamérica. Muestra de ello es el deprecio del presidente nicaragüense a varios organismos internacionales –entre ellos la Organización de Estados Americanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas– que han exigido la liberación de los presos políticos. Las discrepancias internas dentro del sistema interamericano, evidenciada en la reacción a la crisis boliviana de hace un año, tampoco hace fácil un esfuerzo multilateral para encontrar una salida negociada. 

«Se puede hablar de elecciones justas, libres y transparentes en Nicaragua?», preguntó recientemente Sergio Ramírez. «Los hechos lo niegan» -se respondió-. El problema de las democracias imperfectas de Latinoamérica es que, aunque los votos se cuenten de manera transparente, los problemas socioeconómicos de fondo siguen sin resolverse. Por eso, en parte, las instituciones van perdiendo credibilidad. Pero en Nicaragua es peor, pues los votos no se cuentan y los electores no tienen la capacidad, como en otros países, de «corregir el rumbo». 

En Nicaragua no existe la posibilidad de competir por el poder a través de las urnas, pero eso no significa que sea irrelevante el proceso electoral de las elecciones de noviembre. Lo que está en juego es la legitimidad de las gobernanzas autoritarias y democráticas, así como el imaginario de las opciones políticas en liza. La perpetuación de Ortega va a suponer la impunidad por los «crímenes de lesa humanidad» identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la crisis de 2018 y la certeza de nuevas violaciones a los derechos humanos. Queda por ver si en su probable cuarto mandato consecutivo Ortega logrará transitar hacia un nuevo modelo de estabilidad autoritaria, reforzando un sistema político sin ningún tipo de rendición de cuentas. En otro orden de cosas, es imposible saber si a corto plazo se generarán renovadas condiciones para otro estallido social aunque, como nos demuestra la historia, las dictaduras dinásticas siempre terminan desembocando en un callejón sin salida. 

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Detienen en Nicaragua a otro aspirante a presidente

Managua. El aspirante opositor a la presidencia de Nicaragua Félix Maradiaga fue detenido ayer tras declarar ante el Ministerio Público, que abrió una investigación en su contra por actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones, informó la fiscalía.

La Policía Nacional detalló que Maradiaga es investigado por realizar actos "que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera y pedir intervenciones militares".

Además, se le acusa de "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización".

Los cargos atribuidos a Maradiaga están contemplados en la ley de defensa de los derechos del pueblo y soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre pasado.

La Fiscalía también investiga a Maradiaga por incumplir y haber desvirtuado los fines del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Dicha ONG fue cerrada a finales de 2018 por el Congreso, junto con otras organizaciones críticas con gobierno.

El tercero en una semana

Maradiaga, de 44 años, es el tercer precandidato detenido en una semana, en el contexto de los próximos comicios del 7 de noviembre, tras los arrestos de la periodista Cristiana Chamorro y el ex diplomático Arturo Cruz. Maradiaga era el precandidato del bloque opositor no parlamentario Unidad Nacional.

Chamorro, quien permanece en arresto domiciliario, no pertenece a ningún partido, pero sondeos indicaban que tenía mayor respaldo ciudadano, después del presidente Daniel Ortega, quien según sus adversarios buscará un cuarto mandato sucesivo.

La opositora es acusada de lavado de dinero a través de la fundación que lleva el nombre su madre, la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, mientras Cruz enfrenta cargos de atentar contra los derechos del pueblo.

El arresto "arbitrario" de un tercer opositor en Nicaragua demuestra que el presidente Daniel Ortega es un "dictador", sostuvo el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En tanto, la vicepresidenta Rosario Murillo advirtió que "la justicia llega tarde, pero llega", tras mencionar que los avances de su gobierno fueron "violentados por personas egoístas", en alusión a las protestas de 2018.

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