Lunes, 23 Marzo 2020 06:46

Lo que vendrá

Lo que vendrá

Nassim Taleb propuso el concepto de “cisne negro”, evento que resulta altamente improbable y difícil de predecir con información disponible, pero con un impacto extraordinario. Además, cuando ocurre y se analiza en retrospectiva resulta sumamente obvio. Con relación a la pandemia, aunque los científicos vienen advirtiendo el peligro de la deforestación, invasión de ecosistemas y cambio climático, nos tomó por sorpresa. Las políticas de austeridad en economías europeas periféricas como Italia y España diezmaron los sistemas de salud pública y empujaron a amplias capas sociales a la precarización e inestabilidad laboral. Sumado al individualismo y economismo exacerbado de la cultura se construyó el caldo de cultivo perfecto.

Se le atribuye a Antonio Gramsci la frase “una sociedad entra en crisis cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”. De muchas maneras el modelo neoliberal de transnacionalización y financialización venía dando muestras de agotamiento. Por un lado, el cambio climático y por otro el incremento de las desigualdades generó una creciente fragmentación social. También, la incapacidad manifiesta de la política tradicional para resolver el malestar llevó al surgimiento de líderes como Trump, Bolsonaro o Joerg Haider en Austria. Además de representar posiciones extremas, llegaron mostrándose como outsiders. La crisis sanitaria de escala global es tanto un resultado del propio modelo, como una herida (¿de muerte?) para el mismo.

El mundo al que volveremos será muy diferente al que pausamos. Y no es por no haber sufrido pandemias, sino que la cuarentena limita (con sus más y menos) casi por completo la actividad y contactos a nivel global, lo que resulta una singularidad nunca experimentada. Una de las consecuencias inesperadas fue la rápida disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, al menos mientras dure el confinamiento. Desde el aspecto político cabe destacar las medidas de corte keynesiano y distributivas impulsadas en la mayoría de las economías, inclusive argentina: impensado a pesar de las cuantiosas y cada vez más masivas protestas en el mundo.

Sin embargo, los profundos cambios cualitativos no se limitan sólo a un mayor protagonismo estatal y mayores niveles de coordinación internacional para resolver problemas globales como el calentamiento. Cabe preguntar en términos de modelo de acumulación y paradigma tecno-productivo qué cambios inducirán la inversión acelerada de Estados, empresas e individuos en las Tecnologías de la Información. Algo que ocurre no sólo a nivel infraestructura, sino fundamentalmente con relación a culturas organizacionales y capital humano.

Por ejemplo, ¿qué efectos tendrá que masivamente se utilice la educación a distancia? Una vez hundidos los costos iniciales y curva de aprendizaje, llegó para quedarse: ¿disminuirá el costo de la educación en países como Estados Unidos o Chile la competencia internacional? ¿Podrá generar mayores oportunidades de inclusión educativa en países como Argentina donde la educación superior gratuita es Política Pública? O por el contrario ¿profundizará las desigualdades ya que el acceso efectivo depende de buena conexión y un soporte físico como computadora, Tablet o teléfono celular?

Otra incógnita es la masificación del teletrabajo: puede generar pérdida de predominancia de las grandes urbes como fuente principal de oportunidades laborales, pero también menor capacidad de sindicalización, al tiempo que transfiere muchos de los costos a los propios trabajadores. ¿y qué pasará con los que aún a pesar de todo, no puedan incluirse en el nuevo paradigma tecno-productivo?

Como ciudadanos de una economía periférica nos enfocamos en el día a día: respetar pautas para minimizar costos sanitarios económicos, sociales y psicológicos del aislamiento. Lo mismo que hizo el gobierno al instalar el manejo de la pandemia y sus consecuencias como prioridad. Estamos viviendo momentos históricos. Pronto sabremos si la crisis se resolverá rápidamente o el nacimiento de lo nuevo seguirá sin ocurrir.

Por, Por Eva Sacco, investigadora del centro Cepa.

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Seguidoras de Bernie Sanders en Arizona.Caitlin O'Hara / AFP

A pesar de sus intentos de indentificarse con Obama, Sanders ha adoptado una estrategia maximalista, sin concesiones

Pocos movimientos políticos han sufrido un batacazo tan rápido y drástico como el que ha experimentado la campaña de Bernie Sanders entre los caucus de Nevada y el Supermartes. En el transcurso de 10 días, este aspirante ha pasado de ser el probable candidato demócrata a estar muy lejos de conseguirlo.

De hecho, las cosas se le han puesto tan mal que Sanders ha presentado un anuncio que intenta retratarlo como gran amigo del expresidente Barack Obama.

Los verificadores de datos han señalado que el anuncio es muy engañoso. Embarulla cosas que Obama ha dicho a lo largo de una década y deja fuera un contexto esencial. Pero el análisis fotograma a fotograma subestima de hecho lo hipócrita que es que Sanders intente identificarse con Obama. Porque el sandersismo, como filosofía, consiste precisamente en rechazar el obamaísmo. Es decir, se basa en negarse a aceptar la idea de una política gradual, de que medio pan es mejor que nada, y exige el maximalismo del todo o nada.

Lo cierto es que existen razones fundadas para las críticas de Sanders a Obama. Pero Sanders debería asumir esas críticas en lugar de pretender que nunca las ha hecho. Entonces, ¿de qué trata el debate? De valores, no, aunque Sanders y su círculo tienen la mala costumbre de insinuar que cualquiera que cuestione su estrategia política es un instrumento corrupto de la oligarquía. Obama estaba, y Joe Biden está, claramente a favor de objetivos progresistas como la cobertura sanitaria universal y la reducción de la desigualdad de rentas.

Pero Obama perseguía esos objetivos mediante cambios graduales. El Obamacare estaba diseñado para ampliar la cobertura sanitaria y al mismo tiempo trastornar lo menos posible la vida de quienes ya tenían un seguro médico. Obama subió los impuestos a los ricos más de lo que la mayoría de la gente imagina —en 2016, el tipo impositivo medio aplicado por el Gobierno federal al 1% era casi tan alto como antes de Reagan—, pero lo hizo con discreción, sin mucha retórica populista.

Desde el punto de vista de Sanders, este método gradual y discreto reflejaba falta de osadía (o quizá corrupción por parte de la “clase dominante”). Obama debería haber ido a por todas y (de alguna manera) haber implantado la sanidad pública para todos. Debería haber atacado frontalmente la desigualdad, con subidas de impuestos mucho mayores para “millonarios y multimillonarios”.

Y para ser justos, yo coincido de hecho en que Obama fue demasiado precavido en algunos frentes. En 2009 me tiré de los pelos públicamente por la clara parvedad del estimulo económico aplicado por Obama, y predije (correctamente) que sería un desastre político, porque la incapacidad de alcanzar resultados llamativos favorecería a los republicanos. Y creo que Obama podría haber conseguido mucho más si hubiera estado dispuesto a usar el proceso de conciliación —que permite utilizar la mayoría simple— para esquivar las tácticas obstruccionistas, como hicieron los republicanos para aprobar las rebajas fiscales de 2017.

También me disgustó mucho, en tiempo real, que Obama empezara a hacerse eco de los argumentos republicanos a favor de la austeridad presupuestaria, a pesar de que seguía habiendo un elevado desempleo. Y todavía creo que Obama podía y debería haber sometido un par de grandes bancos a la administración judicial temporal como precio por haberlos rescatado. Sin duda, Obama mostró demasiado respeto por los banqueros que habían sido los que en un principio nos llevaron a la crisis financiera.

Pero Sanders no está presentando un argumento selectivo y sosteniendo que Obama debería haber sido más decidido en algunos frentes. Defiende una agenda maximalista en todos ellos: eliminación total de los seguros de salud privados y una ampliación enorme de programas públicos que exigirían grandes subidas de impuestos tanto a la clase media como a los ricos.

La teoría política que respalda este maximalismo es la afirmación de que un programa populista audaz transformaría el paisaje electoral, atrayendo a más votantes blancos de clase obrera y aumentando el número de votantes, todo ello a una escala suficiente como para obtener una victoria aplastante en noviembre e intimidar a los miembros centristas del Congreso para que acepten propuestas radicales.

Por desgracia, no hay pruebas que respalden esta teoría política; en concreto, el prometido aumento de votantes jóvenes no se materializó el Supermartes. Por consiguiente, el sandersismo se parece bastante al linternismo verde, por su fe en que los milagros políticos pueden alcanzarse por pura fuerza de voluntad.

Como es natural, muchos seguidores de Sanders dirán que esto solo lo digo porque estoy a sueldo de los multimillonarios, o algo por el estilo.

En todo caso, necesitamos tener clara la naturaleza del debate en lo que queda de contienda demócrata. Insisto, no se trata de valores: los demócratas como grupo se han vuelto mucho más progresistas de lo que eran, y hasta un “centrista” como Biden defiende políticas —como una gran ampliación del Obamacare— que no hace mucho se habrían considerado demasiado izquierdistas.

Dicho esto, me preocupa que si Biden llega a ser presidente ceda con demasiada facilidad; los progresistas tendrán que presionarle al máximo y asegurarse de que el gradualismo no se convierte en rendición preventiva.

Sin embargo, Sanders, a pesar de sus intentos de última hora para identificarse con Obama, ha adoptado una estrategia maximalista, sin concesiones. Entiendo el atractivo emocional de dicha estrategia, sobre todo para sus seguidores jóvenes. Pero todo lo que sabemos da a entender que un progresista que insista en jugársela al todo o nada, acabará, pues eso, en nada.

 

06 Mar 2020 - 18:30COT

Por Paul Krugman, premio Nobel de Economía. © The New York Times, 2020. Traducción de News Clips

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Jueves, 27 Febrero 2020 05:21

Líbano, retrato de una revolución

Manifestantes intentan traspasar el pasado 11 de febrero los muros de hormigón levantados para impedir el acceso de civiles al Parlamento libanés en Beirut NATALIA SANCHA

La desigualdad, la corrupción y el lastre de unas élites sectarias enquistadas en el poder han desatado una ola de protestas que dura ya cinco meses y que protagonizan los que no tienen nada que perder

 La lluvia de piedras e insultos contra los antidisturbios parece no terminar. “Corruptos, ladrones, nos habéis robado nuestro futuro”, grita un joven enmascarado entre el centenar de manifestantes que desde hace horas descarga su ira en el empobrecido barrio de Tariq al Yadid, en los arrabales de Beirut, la capital libanesa. Los médicos voluntarios evacuan a los heridos mientras sobre sus cabezas el viento agita amarillentos pósteres de Saad Hariri, dimitido primer ministro y zaim (líder político-confesional, en árabe) de este puñado de calles de población suní.

Esta misma estampa se repite a lo largo y ancho del país desde el pasado 17 de octubre, fecha en la que una nueva tasa sobre las llamadas de WhatsApp se convirtió en el detonante de una protesta social que ha sacado desde entonces a cientos de miles de libaneses a la calle para exigir la dimisión en bloque de los zaim de todos los partidos y confesiones.

Los manifestantes arremeten contra una élite que se agarra al poder desde hace tres décadas y a la que acusan de haber saqueado las arcas del Estado. Líbano acumula una de las deudas públicas más altas del mundo (unos 76.000 millones de euros, el 150% del PIB). Entrando en el quinto mes de protestas, los expertos denuncian la flagrante desidia de la élite dirigente ante el posible colapso económico del país, aquejado también de una corrupción que lo sitúa en el puesto 137 de 180 (cuanto más cerca del 180, más corrupto) en el índice elaborado por la organización Transparencia Internacional.

El nombre del joven enmascarado que grita contra los corruptos es Abdalá Jarah. A sus 20 años encarna a esa generación posterior a la guerra civil (1975-1990) que ahora lidera las protestas —en las que también es importante la voz de las mujeres y rechaza un sistema heredado que reparte el poder político y económico en función de cuotas confesionales (hay 18 oficiales). La fractura generacional es patente y arrecian las críticas contra los septuagenarios líderes de los partidos.

Hace seis meses que Jarah tuvo que dejar los estudios universitarios de Informática porque no puede pagar las tasas universitarias. “Me gustaba mucho y soy bueno”, lamenta. En un país donde la educación y la sanidad son servicios casi exclusivamente en manos del sector privado, cada día son más los jóvenes que abandonan las escuelas y las familias sin cobertura médica.

“Hace dos meses que me han reducido el sueldo de dos a un millón de libras libanesas (LBP, en sus siglas en inglés, y equivalente a una disminución de 1.200 euros a 600)”, cuenta su madre, Igtimad, de 65 años y divorciada. Es funcionaria de la empresa estatal de telefonía Ogero. Paga 600.000 libras (360 euros) mensuales de alquiler. “Gracias a Dios tenemos salud. Pero si ocurre algo, nos dejarán morir en la puerta del hospital”, afirma indignada. La mayoría de los funcionarios han visto sus sueldos reducidos a la mitad. 

Truncada la vía de los estudios, Jarah tampoco encuentra trabajo. “Su única opción para no tirar su futuro es emigrar”, interviene su madre. A esa misma conclusión han llegado miles de jóvenes libaneses. Los que tienen diplomas universitarios y doble pasaporte o buenas conexiones para obtener un visado ya han abandonado Líbano. El resto, como este joven, da rienda suelta a la frustración a pedradas y pega simbólicamente los currículos en los muros de hormigón tras los que se parapeta el Parlamento. Han acudido varias veces a las asociaciones caritativas suníes del partido El Futuro que lidera el ex primer ministro Hariri y que antaño, con respaldo saudí, proporcionaban becas y ayudas a su base social. Sin recursos, la solidaridad vertical construida a partir de los partidos y las confesiones a las que representan se resquebraja.

El Gobierno de unidad libanés que vio la luz en enero de 2019, tras nueve meses de arduas negociaciones, ha sido la primera víctima del movimiento de contestación popular y acabó con la dimisión de Hariri en octubre pasado. El empresario Hasan Diab ha sido nombrado nuevo jefe de un Gobierno tecnócrata liderado por el tándem chií Hezbolá-Amal (moderado) junto con el principal partido cristiano, Corriente Patriótica Libre (CPL), al que pertenece el presidente libanés, Michel Aoun.

La desesperación de la familia Jarah va en aumento. “Me siento como en un oscuro túnel del que no veo la salida por ninguna parte”, se sincera en el salón de su casa Nadia Jarah, única hermana de Abdalá. Madre de tres y con un marido inválido, la mirada acuosa de Jarah no se despega de la pila de cartas que desde la mesita del salón le recuerda que hace nueve meses que el banco amenaza con desahuciarla. Un miedo que afecta a otros miles de ciudadanos sobre los que se cierne una  inminente devaluación del 30% de la moneda. En las casas de cambio, el dólar, que ha permanecido en un cambio fijo de 1.500 LBP desde 1997, se vende esta semana a 2.450.

Ante la desidia del Banco Central de Líbano (BCL), las entidades bancarias han impuesto medidas informales para el control de capitales. Cada día, los clientes hacen horas de cola a las puertas de Bank Audi, donde pueden retirar 600 dólares al mes si sus ahorros son inferiores al millón de dólares, y 2.000 si los superan. “De cada 11.000 dólares que traigo de fuera gano 4.700 al cambio”, admite un empresario francés afincado en la capital libanesa. Cada día aterrizan funcionarios de ONG internacionales, de la ONU, la UE, diplomáticos y empresarios locales o extranjeros que atraviesan el control policial cargados con fajos de dólares. Miembros de Hezbolá afirman, además, que llegan maletas cargadas de dólares desde Teherán para pagar sus sueldos. 

De devaluarse la libra en un tercio, la mitad de la población libanesa caería de la noche a la mañana bajo el umbral de la pobreza, advierte en un informe el Banco Mundial (BM). “La crisis libanesa necesita una estrategia integral […] para corregir las ineficiencias y beneficios desproporcionados de un sistema de crecimiento desigual”, opina en una entrevista por correo electrónico Wissam Harake, economista del BM. Los Jarah hacen equilibrios sobre la intangible frontera de la pobreza, que ya afecta a un tercio de la población libanesa, según informes de la ONU.

Durante una de tantas manifestaciones, un desesperado padre de familia en la cincuentena se rocía con gasolina. “Ya no sé qué hacer”, solloza el hombre, a quien otros manifestantes salvan de quemarse vivo, pero no de la desesperación. La inflación ha disparado los precios de productos básicos en un 25% y ha forzado al recién nombrado Ejecutivo a pedir ayuda a varios países para asegurar las divisas necesarias con las que subvencionar la importación de trigo, medicamentos, leche en polvo y combustible.

La clase media libanesa va camino de desaparecer. “El 10% de la población adulta acumula el 55% de los ingresos nacionales, algo que sitúa Líbano entre los países con mayor desigualdad económica en el mundo”, escribe en un reciente informe la economista libanesa Lydia Assouad.

El otro extremo

En el extremo opuesto, la clase más adinerada intenta poner a salvo sus fortunas antes de que se haga efectiva una devaluación y pierdan un tercio de sus depósitos bancarios. Lo hace gastando tanto como puede y la banca les permite. La sucursal de Rolex en Beirut hace su agosto. “El reloj más barato cuesta 6.000 dólares y algunos de colección superan los 20.000”, cuenta una empleada. Coches, oro y diamantes son otros productos de lujo en los que invierten, así como en el sector inmobiliario, cuyas ventas se han disparado. La especulación financiera favorece al que tiene dólares en efectivo. De ahí que las pistas de esquí y las discotecas VIP del país estén a rebosar.

Además, “la relación entre banqueros y políticos es incestuosa”, resume Pierre Issa, director de la ONG Arcenciel, durante una conferencia en Beirut. En el primer mes de protestas, en octubre pasado, los bancos cerraron al público durante tres semanas y un puñado de accionistas transfirieron 2.300 millones de dólares a Suiza para escapar al corralito. No pocos de ellos son los mismos que se sientan en el Parlamento. El director del Banco Central, Riad Salame, es el nombre y rostro más criticado por los manifestantes. Como muchos líderes políticos que le cortejan, lleva apoltronado en su cargo cerca de tres décadas.

Al igual que los bancos, los políticos han dilapidado el remanente de confianza ciudadana que les quedaba. “Viven en la inopia y no son conscientes de la gravedad de la situación en que se encuentra el país”, afirma en Beirut un diplomático europeo.

“No habrá más ayudas hasta que no propongan un plan económico real y viable”, repiten como un mantra desde hace dos años unos hastiados donantes internacionales sobre los 11.000 millones de dólares (10.137 millones de euros) prometidos en la conferencia de Cedres en París, organizada en abril de 2018. Expertos internacionales consultados por este diario coinciden en que hoy es una cantidad insuficiente para un país que necesitaría una inyección de entre 28.000 y 41.000 millones de euros para mantenerse a flote.

No es de extrañar tampoco que los bancos y cajeros se hayan convertido en diana privilegiada de las pedradas de los manifestantes, menos numerosos a medida que pasa el tiempo, que intentan asaltar el Parlamento fortificado en el centro económico de Beirut. A las protestas se suman desesperanzados jóvenes suníes llegados del norte, de la empobrecida Trípoli, o del sur, de los suburbios marginales chiíes de Dahie. Enfrentados por la religión, comparten hoy cebollas entre irrespirables nubes de gases lacrimógenos, unidos por ese sentimiento que comparten los que no pueden emigrar, los que ya no tienen nada que perder.

La rabia colectiva contenida estalló en todo su apogeo el segundo fin de semana de enero, con 575 heridos como el peor balance hasta la fecha de unas refriegas en las que Human Rights Watch denunció el “uso excesivo de la fuerza por parte de la policía antidisturbios”. Un millar de manifestantes han sido arrestados, decenas torturados, sostiene la ONG. Entre la lluvia de piedras corretean niños y niñas que venden botellas de agua o mendigan divertidos entre el inusual gentío

“No tengo dinero para pagar. ¡Bajadme de la ambulancia!”, grita en un ataque de llanto una niña a los incansables voluntarios de la Defensa Civil. Dumoo —que en árabe significa lágrimas— ignora su fecha de nacimiento. Calcula tener 12 años, “o por ahí”. Se trata de la única niña herida en los primeros cuatro meses de protestas, dicen los paramédicos. Tiene la frente abierta y a las tres de la madrugada es atendida en un hospital de Beirut. Está de suerte: el Ministerio de Salud cubrirá los gastos de los siete puntos de sutura, así como el de toda persona herida en las protestas.

Entre la pobreza y la miseria

Ya en casa, su madre, Suad, una ciudadana siria de 33 años, refunfuña hastiada, no solo por la herida: “Los 11 miembros de la familia dependemos de ella tanto para el alquiler como para la comida”, afirma cuando oye que Dumoo necesita al menos dos días de reposo. La pequeña se encoge de hombros y su padre, pescador palestino nacido en Líbano, esquiva la mirada.

En la seguridad que le da su barrio, Ouzai, en los arrabales del sur de Beirut, Dumoo vuelve a ser esa mocosa desafiante que ha pateado mucha calle. Desde los seis años trabaja 10 horas diarias vendiendo botellas de agua para traer entre 30.000 y 50.000 libras a casa (entre 18 y 30 euros). Hoy gana lo suficiente para mantener a sus ocho hermanos, de entre 2 y 17 años, y a sus padres. Ninguno de ellos sabe leer ni escribir.

La calle en la que vive la familia está en una zona mayoritariamente chií y las fachadas están empapeladas con pósteres en honor a los mártires de la milicia-partido Hezbolá. Aquí, las asociaciones caritativas también han reducido drásticamente las ayudas para medicamentos, hospitales y escuelas. La electricidad se limita a 15 horas diarias en el piso de alquiler de tres habitaciones que ocupan. En todo el país, las cajas de la solidaridad sectaria han quedado vacías.

Líbano alberga a 400.000 refugiados palestinos y 1,5 millones de sirios, lo que equivale a un tercio de la población libanesa. Con el país vecino a punto de entrar en el décimo año de guerra, el 75% de los refugiados sirios en Líbano vive bajo el umbral de la pobreza y la crisis amenaza con hundirles aún más. Las ayudas de la ONU para sirios y palestinos también han sufrido severos recortes.

En la familia de Dumoo, esta niña supone el débil hilo de los ingresos para subsistir que de romperse arrojaría a 10 personas a la pobreza absoluta. La crisis de los bancos no les afecta porque guardan sus pocos ahorros en una bolsa de plástico en algún lugar seguro de la casa. Sus hermanos adolescentes no tienen trabajo y se quedan en casa porque temen convertirse en víctimas del enfado de una población libanesa que les acusa de “robarles el trabajo”.

Es la una de la tarde. Han pasado 24 horas desde que fue herida. Dumoo se despereza y con los hilos azules de los puntos de sutura y la sangre reseca pegada al flequillo sale con el estómago vacío a trabajar. Abandona este masificado barrio a bordo de una furgoneta que cubre los cuatro kilómetros que separan Ouzai del corazón económico de Beirut. Un trayecto que sirve de línea divisoria entre una periferia pobre y un corazón rico cada día más pequeño. En el centro, muros revestidos de mármol conducen a escaparates de Louis Vuitton o Hermes, y ferraris aparcados junto a la acera.

“En las revoluciones del resto de países de la región tuvieron que derrocar a un Ben Alí (Túnez), a un Mubarak (Egipto) o a un Gadafi (Libia)”, dice el joven Abdalá Jarah. “Aquí tenemos que derrocar a seis: uno por cada confesión en el poder”, zanja.

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Lunes, 24 Febrero 2020 06:04

¿Un socialista en la Casa Blanca?

Luego de su victoria en Nevada, Bernie Sanders ve crecer sus posibilidades de ganar la candidatura presidencial del Partido Demócrata, lo que ha detonado alarmas entre las cúpulas política y empresarial de Estados Unidos debido a que el político se define como socialista. La imagen, en un mitin ayer en Austin, Texas.Foto Ap

Después de su aplastante triunfo en Nevada, el senador Bernie Sanders –si las tendencias actuales persisten– está en camino de capturar la corona del Partido Demócrata como su próximo candidato presidencial y abrir la hasta hace muy poco impensable posibilidad de que un autodefinido socialista democrático llegue a la Casa Blanca.

Eso está detonando alarmas entre las cúpulas políticas y económicas del país, y tal vez más notablemente entre "centristas" y "moderados" que advierten que si Sanders es el candidato, Trump ganará la relección, ya que la etiqueta de "socialismo" es inaceptable para amplios sectores del electorado. Y para comprobarlo, tanto políticos republicanos como demócratas están resucitando esa antigua táctica de acusar de rojo a Sanders y los suyos, insistiendo que eso es un concepto ajeno a Estados Unidos y que automáticamente descalifica a quien se atreva ponerse esa etiqueta.

Pero Sanders no es rojo, ni el socialismo es ajeno a este país.

Sanders es lo que antes se llamaba un "socialdemócrata", y él mismo ha definido su tipo de socialismo como algo que tiene sus raíces en las políticas del New Deal de Franklin Roosevelt. Las propuestas políticas de Sanders hubieran sido consideradas centristas hace 70 años, lo cual demuestra qué tanto a la derecha ha girado este país, sobre todo desde que se impuso la agenda neoliberal con Reagan.

Pero sus propuestas políticas no son lo que más alarma a las cúpulas, sino que Sanders está impulsando, y es impulsado, por un creciente movimiento plural encabezado por una coalición de nuevas y viejas fuerzas –sindicalistas, altermundistas, la nueva ola de activistas ambientalistas, defensores de derechos civiles y más– que están rechazando el consenso neoliberal de las últimas cuatro décadas, y que no les asusta declararse a favor de una opción socialista. Según encuestas recientes, 70 por ciento de los millennials dicen que votarían por un socialista, y la mayoría de los demócratas afirman que favorecen el socialismo sobre el capitalismo.

Cómo definen al socialismo es otro asunto. En un país en el cual el concepto fue traducido como "el enemigo" durante más de un siglo (las primeras redadas masivas de migrantes en Estados Unidos fueron realizadas durante la Primera Guerra Mundial justo para expulsar a "radicales" extranjeros como Emma Goldman; en los 50 esta represión reapareció con el macartismo y la guerra fría), las definiciones son poco precisas. Pero se puede afirmar que es un rechazo al neoliberalismo y a favor de imponer los derechos sociales sobre los derechos del mercado; un concepto basado en la solidaridad social y la justicia económica. Sanders dice que el eje es que "los derechos económicos son derechos humanos".

El socialismo estadunidense en su sentido más amplio, sin diferir entre las corrientes más radicales (anarquistas, comunistas) y las reformistas (Partido Socialista, Democratic Socialists of America), incluyen un abanico muy amplio de corrientes, movimientos y grandes figuras con una larga y profunda historia dentro de este país. En cualquier lista de quienes de alguna manera se identificaban como socialistas aquí destacan Martin Luther King Jr, Albert Einstein, Helen Keller, la gran sindicalista minera Mother Jones, el filósofo y periodista afroestadunidense Hubert Harrison, la fundadora del movimiento radical de Trabajador Católico Dorothy Day, el autor Jack London, Pete Seeger, Joe Hill, Paul Robeson, entre tantos más.

Tal vez la figura histórica más influyente en la evolución política de Sanders es Eugene Debs –un padre del socialismo estadunidense, cinco veces candidato presidencial y repetidamente encarcelado durante su vida como sindicalista ferrocarrilero y líder político a finales del siglo XIX y principios del XX–, quien declaró hace un siglo: "donde exista una clase baja, estoy en ella, y mientras exista un elemento criminal, soy parte de él, y mientras esté un alma en prision, no estoy libre".

Tal vez sea efímera e ilusoria pero por ahora existe en torno a Sanders una incipiente rebelión tierna y feroz que se atreve a imaginar un país de "pan y rosas" para todos (frase de una líder socialista/anarquista estadunidense de 1911).

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Michael Bloomberg y Donald Trump, en una imagen de archivo de 2016. En vídeo, Sanders se dirige a Bloomberg en el mitin del viernes en Nevada: "No puede comprar la presidencia". BRENDAN SMIALOWSKI (AFP) / REUTERS

Con candidatos como Bloomberg o Trump, y otros con agresivas políticas para redistribuir la riqueza, el poder político de los súper ricos marca la campaña de las elecciones de noviembre

El eslogan de la campaña presidencial de Michael Bloomberg es escueto y de una elocuencia pasmosa: “Mike lo hará”. Sacar a Donald Trump de la Casa Blanca es la prioridad de más o menos la mitad de los estadounidenses de cara a las elecciones de noviembre, y el candidato demócrata dice que “lo hará”. ¿Por qué? Porque tiene 64.200 millones de dólares para hacerlo.

Nunca en la historia una carrera presidencial ha explorado tan abiertamente las posibilidades que proporciona el dinero para alcanzar el poder político en Estados Unidos. Y sucede además cuando la mera existencia de los mil millonarios y su efecto en la sociedad constituye uno de los grandes debates ideológicos en las primarias demócratas. Dos candidatos, Bloomberg y Tom Steyer, tercero y séptimo en los sondeos, pertenecen al selecto club de los 607 estadounidenses con fortunas de más de mil millones de dólares. Y otros dos, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, primero y cuarta, basan sus campañas en reducir las cada vez más extremas desigualdades económicas que arrastra el país, con agresivos planes fiscales para redistribuir la riqueza de esa élite.

“A eso hay que añadir que, por primera vez en la historia, el presidente que se presenta a la reelección también es mil millonario”, apunta Jason Seawright, profesor de la universidad Northwestern (Illionis), que investiga sobre las preferencias políticas de los estadounidenses ricos y su papel en la democracia. “Eso cambia el juego. En una campaña que enfrenta a Trump, Bloomberg y Sanders, la conversación sobre el dinero y la política es inevitable”.

Las elecciones de noviembre serán, de alguna manera, un referéndum sobre los multimillonarios. Los votantes podrán elegir entre deshacerse de ellos (Sanders, Warren), poner a uno al frente del país (Trump, Bloomberg, Steyer) o dejarlos más o menos como están (Joe Biden, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar).

En el debate de los candidatos demócratas del miércoles pasado en Las Vegas, la expresión “mil millonario” se pronunció más veces que, por ejemplo, “China”, “inmigración” o “cambio climático”. Más que una nota del debate, los multimillonarios constituyen la melodía misma de la carrera. Son los candidatos y sus némesis. Son los jefes de la economía que ha creado las desigualdades que provocaron la ola populista que vive el país. Y son también, de Mark Zuckerberg a Jeff Bezos pasando por Rupert Murdoch, quienes controlan las plataformas de persuasión.

La irrupción de los millonarios en la primera línea de la política estadounidense, explica Seawright, “ha sido gradual”. “Un factor es que cada vez hay más multimillonarios”, defiende. “Desde los años 80 ha aumentado enormemente la brecha que separa a los más ricos del resto. Otro factor es que, desde que se introdujeron reformas en los sistemas de primarias en los años 70, el control que tienen los partidos políticos sobre el proceso de elección de sus candidatos es más débil”.

El 95% de los votantes demócratas considera que las desigualdades económicas son un gran problema para el país hoy, según un estudio de Pew Research. Está arriba en la lista de preocupaciones, apenas detrás del coste de la asistencia sanitaria y el cambio climático. El 55% de los demócratas que apoyan a Sanders y el 49% de los que respaldan a Warren consideran que la existencia de personas con fortunas de más de mil millones de dólares es mala para el país, mientras que el 69% de los simpatizantes de Bloomberg y el 67% de quienes apoyan a Biden consideran que no es ni bueno ni malo.

“Años de desigualdades crecientes en EE UU han acabado convirtiéndolo en un asunto central en la política”, explica David Callahan, investigador y director de Inside Philantropy, un proyecto que persigue el control y la transparencia de la filantropía a gran escala. “La desigualdad económica siempre se traslada a desigualdad política, al encontrar los ricos maneras de convertir su dinero en influencia. En una época con más personas ricas que tienen más dinero, esa élite goza de una influencia creciente”.

Los 400 estadounidenses más ricos han triplicado su porción de la riqueza del país desde los años 80, y hoy tienen más que la suma de los 150 millones de adultos que constituyen el 60% de los hogares, según un estudio del economista de Berkeley Gabriel Zucman. Cuatro de cada cinco estadounidenses apoyan subidas de impuestos a los más ricos para financiar una mayor cobertura social, similar a la que existe en la mayoría de democracias ricas. Pero esas preferencias no acaban de reflejarse en las políticas públicas. “Nuestras investigaciones muestran desde hace tiempo que los estadounidenses están a favor de medidas que redistribuyan el dinero de los más ricos”, explica Seawright. “Sin embargo, las políticas económicas sistemáticamente caen del lado de esos ricos. Hay un problema de no representación, y tiene que ver con la industria de la influencia y el lobby”.

Los multimillonarios llevan décadas marcando la política estadounidense sin necesidad de presentarse a elecciones. La explosión de la industria de la influencia en Washington ha sido espectacular. En 1971 había 175 grupos de lobby registrados. En 2019, había 11,862. La filantropía también se ha convertido en un eficaz arma de influencia política. “Gracias a las leyes laxas de financiación de campañas y a las directrices difusas para las contribuciones benéficas, los multimillonarios disponen de múltiples opciones para convertir su riqueza en influencia”, explica Callahan.

Organizaciones benéficas como la que tenía Trump hasta diciembre de 2018 se convirtieron, según denuncia la periodista Jane Mayer en su libro Dinero oscuro, en “una nueva generación de fundaciones hiperpolíticas” que “invierten en ideología como capitalistas de riesgo”. También Bloomberg lleva tiempo financiando a colectivos claves en causas progresistas, así como a campañas de congresistas y políticos locales, tejiendo una extensa red de apoyos muy valiosa para una carrera presidencial.

Mención aparte merecen los hermanos Koch, Charles y el ya fallecido David, cuyo sofisticado trabajo en la sombra durante años ha sido decisivo en la propagación de las ideas del populismo de derechas que ha llevado a Trump a la Casa Blanca. Han invertido, por ejemplo, en educación universitaria para inculcar sus ideas a las nuevas generaciones, con becas y fundaciones que financian programas e investigaciones académicas alineadas con su visión de la economía y la política.

Pero la influencia del dinero no entiende de color político, y hoy muchos de los estadounidenses más ricos financian a candidatos demócratas y causas asociadas con dicho partido. “La diferencia es que los progresistas hablan más y dan menos, y los conservadores hablan menos y dan más”, apunta Seawright.

En este contexto destaca el caso de Bernie Sanders, cuya campaña se financia exclusivamente con micro contribuciones de sus seguidores, y que se jacta de no haber recibido un solo dólar de los multimillonarios. “Si los que te dan el dinero son los ciudadanos, gobiernas para los ciudadanos. Si te dan el dinero los multimillonarios, ¿para quién gobiernas?”, preguntaba a la multitud la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, en un mitin del senador en New Hampshire. Pero no es Sanders el único candidato que no piensa aceptar un dólar de ningún donante multimillonario. Tampoco Bloomberg lo hará. Le sobra con lo que tiene.

Por, PABLO GUIMÓN

Washington 23 FEB 2020 - 11:06 COT

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Aceleracionismo: por un control proletario de las tecnologías de producción

En lugar de enfrentarnos al capitalismo desde un mítico exterior que ya no existe, el aceleracionismo de Alex Williams y Nick Srnicek apuesta por una apropiación común de la ciencia y la tecnología de plataforma como única forma de poder subvertir el sistema capitalista desde su interior.

 

Desde que Alex Williams y Nick Srnicek publicaron su Manifiesto por una Política Aceleracionista en 2013, la recepción del aceleracionismo por parte de los intelectuales y movimientos sociales de izquierda ha terminado por dividirse en dos posturas claramente divergentes. Por una parte están todos aquellos que lo consideran una propuesta excesivamente academicista que en realidad estaría jugando a favor del capitalismo. Entre otros, este sería el caso de filósofo y sociólogo alemán discípulo de Axel Honneth, Hartmut Rosa, según el cual la aceleración sería un fenómeno inherentemente capitalista, moderno y totalitario que únicamente puede alienarnos y desconectarnos de las experiencias vitales ligadas al mundo material.

Por la otra, existe una gran cantidad de autores y autoras que han intentado precisar y desarrollar algunas tesis aceleracionistas desde ámbitos tan variados como la estética, la teoría del conocimiento, el análisis del trabajo, la organización de clase o el feminismo, como por ejemplo son el Xenofeminismo de Laboria Cuboniks y Helen Hester, o el post-operaísmo de Bifo Berardi y Antonio Negri. Concretamente, para este último, el aceleracionismo propuesto por Williams y Srnicek mantiene afirmaciones propias del operaísmo como es la de “liberar la potencia del trabajo cognitivo dentro de la evolución del capital, [debido a que] la causa de las crisis está en la obstrucción de las capacidades productivas”. Mientras que en el caso de Hartmut Rosa, la aceleración es vinculada unilateralmente con una necesidad permanente de optimización y maximización de los procesos productivos que sería exclusivamente capitalista; aceleracionismo, post-operaísmo y xenofeminismo plantean, por el contrario, que la forma de producción capitalista no es una máquina perfecta que únicamente trabaja en su propio beneficio, sino que para obtener este último necesita liberar e implementar algunas fuerzas cruciales que pueden ser re-apropiadas por el proletariado y utilizadas en su contra. Estas fuerzas son la ciencia y la tecnología.

ACELERACIONISMO Y DESTERRITORIALIZACIÓN

Gran parte de la oposición a las propuestas de Williams y Srnicek derivan de una comprensión alterada de qué es exactamente lo que proponen con “acelerar”. Concretamente, la que ha terminado siendo la comprensión más habitual del aceleracionismo lo entiende como una exhortación a intensificar cualquier tipo de proceso capitalista existente, con la (ilusoria) esperanza de que esto llevará al sistema a un colapso definitivo que es necesario alcanzar para poder instaurar un nuevo sistema más justo y equitativo.

Frente a esta tergiversación y simplificación es necesario recordar que el origen y fundamento de la propuesta aceleracionista se encuentra en uno de los fragmentos más discutidos que Gilles Deleuze y Félix Guattari escribieron en el Anti-Edipo, cuando se preguntaron “entonces, ¿qué solución hay, qué vía revolucionaria? […] ¿Retirarse del mercado mundial como aconseja Samir Amin a los países del tercer mundo, en una curiosa renovación de la ‘solución económica’ fascista? ¿O bien ir en sentido contrario? Es decir, ir aún más lejos en el movimiento del mercado, de la descodificación y la desterritorialización. Pues tal vez los flujos no están aún bastante desterritorializados, bastante descodificados […] No retirarse del proceso, sino ir más lejos, acelerar el proceso”.

Según Deleuze y Guattari, el principal problema del capitalismo es que si bien aparenta ser una fuerza que desterritorializa y descodifica las relaciones sociales y económicas propias de las sociedades tradicionales, clasistas y heteropatriarcales, ello es debido a que únicamente lo hace con la intención de volver a re-territorializarlas y recodificarlas dentro de un sistema socioeconómico que se ajuste perfectamente a sus necesidades y objetivos. En este sentido, desterritorializa el régimen de propiedad de la tierra propio del feudalismo para reterritorializarlo bajo la primacía de la propiedad de los nuevos medios de producción, industriales y cognitivos. Del mismo modo, descodifica las relaciones sociales heteropatriarcales basadas en el parentesco para recodificarlas como relaciones laborales con asimetría de género.

Dado que este proceso de desterritorialización y posterior reterritorialización sigue funcionando de múltiples modos, lo que afirma el aceleracionismo es que hemos de incrementar o “acelerar” los procesos de desterritorialización y descodificación hasta un punto de no-retorno que impida su re-territorialización y recodificación capitalista. Desde este punto de vista, lo que hay que acelerar no es el capitalismo en sí, sino únicamente la descodificación que promueve antes de volver a recodificarla. Ahora bien, es precisamente en este punto donde el aceleracionismo se bifurca en una concepción marxista defendida por Williams y Srnicek, y otra (anarco)liberal mantenida por reconocidos antimarxistas como Nick Land, fundador en 1995 de la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética junto a la filósofa Sadie Plant.

La principal diferencia entre ambas posturas radica en que en el caso de Land el proceso concreto a acelerar coincide directamente con el tipo de des-codificación sociosimbólica posibilitada por Internet y las plataformas digitales tal y como eran en los años 90. En cambio, en el caso de Williams y Srnicek, la aceleración de los procesos de descodificación debe ser complementada con una reapropiación común y no necesariamente estatal de las tecnologías de plataforma que posibilite una re-organización antagonista eficaz de las relaciones productivas anti-capitalistas.

ACELERACIONISMO Y MARXISMO POST-OPERAÍSTA

El aceleracionismo marxista mantiene que la tecnología promueve dos tipos de procesos dentro del capitalismo que, a diferencia de lo que mantiene Hartmut Rosa, no pueden considerarse ni idénticos, ni inseparables. La necesidad de reducir el trabajo humano necesario para realizar una tarea (el incremento de productividad) y la necesidad de incrementar continuamente la cantidad de producción total de mercancías (lo que Unabomber llamaba la auto-expansividad de un sistema). Derivado de ello, la otra gran distinción que separa al aceleracionismo marxista de la teoría crítica consiste en su consideración de la tecnología como una herramienta susceptible de incrementar exponencialmente la efectividad social del trabajo y el conocimiento con vistas al empoderamiento de sus productores frente al capital. Más específicamente, cibernética y plataformas digitales son identificadas como la infraestructura básica que posibilitaría una autogestión efectiva y común de las luchas contra el capitalismo, y cuya reapropiación debería considerarse como uno de los objetivos fundamentales de cualquier tipo de lucha anticapitalista.

El último libro de Hardt y Negri proponía reorganizar el funcionamiento de los movimientos sociales a partir de un “liderazgo emprendedor” aplicable a aquellas tareas de tipo “táctico” que no necesiten ser evaluadas por una Asamblea que se limita a tomar las decisiones estratégicas principales. El aceleracionismo de Williams y Srnicek va un poco más allá, y mantiene que una lucha realmente efectiva contra el actual capitalismo de plataforma requiere poner a jugar a nuestro favor todos los procesos de automatización, Deep Learning e Inteligencia Artificial que podamos, para que realicen un sinnúmero de tareas tácticas, logísticas y repetitivas que nos liberen de la enorme carga de gestión que requieren.

Si bien Antonio Negri tiene razón cuando afirma que “el nombre de aceleracionismo es ciertamente infeliz” debido a la ingente cantidad de confusiones a las que ha dado lugar, ello no le impidió entender la propuesta de Williams y Srnicek como “un complemento postobrerista” que renueva la consigna “no al trabajo”. Aunque los actuales repuntes de un anarco-primitivismo radical como el propuesto por John Zerzan o Theodore Kaczynski nos han acostumbrado a aceptar que todos los males provienen de la tecnología, no por ello deberíamos identificar unilateralmente a esta última con el sistema industrial capitalista tan rápidamente como hacen ellos. Nos guste o no reconocerlo, la verdad es que tal y como afirman Williams y Srnicek, desde comienzos del siglo XXI los movimientos sociales han aglutinado y articulado la acción de una cantidad cada vez mayor de personas y sin embargo, aparte de frenar algunos procesos a nivel local y en lugares concretos, la triste realidad es que la precariedad y la redistribución desigual de la renta continúan incrementándose exponencialmente a nivel global. Debido a ello, tal vez sea el momento de plantearnos seriamente la necesidad de una reapropiación profunda y de masas de aquellas tecnologías que nos empoderen lo suficiente como para poder desarticular definitivamente las relaciones sociales de producción en las que se basa el capitalismo.

En este sentido, el aceleracionismo marxista no es tanto una pulsión irracional por incrementar la velocidad de un sistema que se cree condenado a su propia autodestrucción, como un proyecto orientado a la re-configuración de las principales fuerzas que dicho sistema ha desatado para emplearlas en su propia subversión y desmantelamiento. El problema al que esto nos enfrenta y que muchas veces no nos gusta, es que mientras que la mera resistencia exterior a un sistema opresor siempre es moralmente loable aun en los casos en los que conduce inexorablemente a la derrota, la decisión de utilizar sus propios recursos como única forma viable para destruirlo siempre está abierta a la traición, voluntariamente asumida o no, de los objetivos por los que fue iniciada la lucha. La apertura a la corrupción y/o tergiversación de los fines perseguidos es algo que siempre está presente en cualquier tipo de lucha por (o empleo de) el poder. A este respecto, lo que el aceleracionismo marxista nos está pidiendo es que salgamos de nuestra cómoda esfera de seguridad moral, y no temamos utilizar aquellas fuerzas que son necesarias para poder tener siquiera la oportunidad de hacer algo efectivo y duradero a escala global.

Por Jorge León Casero

Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza


publicado

2020-02-21 10:00

Publicado enCultura
Domingo, 16 Febrero 2020 06:15

Contra el ajuste.

Mary Lou McDonald (en el centro) y militantes del partido Sinn Féin celebran el resultado de las elecciones en Irlanda / Foto: Afp, Ben Stansall

El triunfo de la izquierda en las elecciones irlandesas.

Hartos de las políticas de austeridad, el último fin de semana la mayoría de los irlandeses volcaron en las urnas su apoyo al Sinn Féin y a sus planes de fortalecimiento del sector público y mayores impuestos a los más ricos. Entre las más insistentes de sus promesas hay un ambicioso programa estatal de vivienda, que incluye el congelamiento de los alquileres.

La idea de que Occidente vive una marea conservadora, que obliga a las fuerzas de izquierda a mantenerse a la defensiva, volvió a ser cuestionada por la realidad. En Irlanda se quebró una vieja hegemonía. Los dos partidos de centroderecha que gobernaban el país desde hacía un siglo –Fianna Fáil y Fine Gael– fueron derrotados. En las elecciones parlamentarias del sábado 8 de febrero, sobresalió el Sinn Féin, históricamente ligado al Ejército Republicano Irlandés (Ira, por sus siglas en inglés) y estigmatizado por ello durante décadas.

Liderado por primera vez por una mujer, Mary Lou McDonald, obtuvo el 24,5 por ciento de los votos –casi el doble de lo que obtuvo hace cuatro años– y superó así a sus rivales (Fianna Fáil conquistó el 22,2 por ciento y Fine Gael el 20,9 por ciento). No es seguro que consiga formar un nuevo gobierno. Pero las razones de su victoria son claras. El Sinn Féin capitalizó el desencanto de la población con la vieja política. Defendió, en especial, un paquete de políticas claramente volcadas a reducir las desigualdades y crear instituciones de defensa de lo común –principalmente en materia de salud pública y derecho a la vivienda–. Estas posiciones se volvieron especialmente populares entre los jóvenes. Según las encuestas de boca de urna, tuvo el 32 por ciento de las preferencias en los votantes de entre 18 y 34 años.

LAS MANCHAS DEL TIGRE.

Poblada por los celtas y receptora de una fuerte influencia vikinga en la Edad Media, Irlanda fue formalmente incorporada en el imperio británico en 1800 (tras dos siglos de dominación inglesa) y alcanzó su independencia apenas en 1922. Una parte menor de su territorio, Irlanda del Norte, con capital en Belfast, se separó de inmediato e integra hasta hoy Reino Unido. En los años noventa, la República de Irlanda se volvió la meca de grandes corporaciones (en especial tecnológicas), interesadas en sacar provecho de los bajos impuestos. Con una población reducida –menos de 5 millones de habitantes– y un área de 70 mil quilómetros cuadrados, se la llamó por entonces “el tigre celta”. Hoy su Pbi per cápita (83 mil dólares) es el quinto más grande en el mundo, de acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional (Fmi).

Sin embargo, la crisis global de 2008 interrumpió su crecimiento y mostró que, en el capitalismo contemporáneo, incluso los países ricos tienen condiciones de vida en declive. Una crisis bancaria llevó a un rescate del Fmi y el Banco Central Europeo. Como contrapartida, los gobiernos irlandeses aceptaron imponer a la población un paquete de políticas de “austeridad”, que resultó en graves protestas, especialmente estudiantiles (en 2011 el movimiento Occupy Belfast se instaló en el edificio sede del Banco de Irlanda).

A partir de 2015, la economía volvió a crecer rápidamente, pero apenas en beneficio de una pequeña minoría de corporaciones. En 2019, un vasto artículo en The New York Times informaba sobre el aumento de los alquileres, los millares de desalojos de familias que no podían cumplir con el pago y el surgimiento de una población sin techo. Al mismo tiempo, el corte de fondos para la salud desencadenó una crisis en los hospitales públicos.

Esta combinación de factores y la sagacidad del Sinn Féin sacaron al partido de la condición marginal que ocupaba hasta ahora. En la campaña electoral, los dos grupos de centroderecha hegemónicos atacaron al partido, señalando sus lazos con el Ira y afirmando que sus propuestas “socialistas” espantarían a los inversores. Pero el Sinn Féin se mantuvo firme en el ataque a la desigualdad y en la defensa de su plataforma. Allí se incluyen impuestos más altos para los ricos y las corporaciones, la promesa de anular las medidas de “austeridad” que afectaron la salud pública y la respuesta a la crisis habitacional con el congelamiento de los alquileres y la construcción de decenas de millares de casas nuevas. En total contraste con las contrarreformas previsionales ahora en boga, el Sinn Féin quiere reducir la edad mínima para las jubilaciones.

EL DESAFÍO DE LA UNIDAD.

Para formar un nuevo gobierno, el Sinn Féin deberá buscar coaliciones con el Partido Verde (que obtuvo un 7,1 por ciento de los votos), el Partido Laborista (4,4 por ciento), el Partido Socialdemócrata (2,9 por ciento) y el Partido de la Solidaridad (2,6 por ciento), y contar con la división entre los lemas rivales de la hasta ahora hegemónica centroderecha. De cualquier forma, para Mary Lou McDonald, lo más importante es que las propuestas del partido estarán ahora en el centro del debate irlandés.

Hay un efecto colateral importante: defensor de la unión de las dos Irlandas, el Sinn Féin puede tensionar la cohesión de Reino Unido. Una manera de hacerlo, prevista en el programa del partido, es hacer, en poco tiempo y en el propio territorio de la República de Irlanda, un plebiscito sobre la reunificación. La medida, evidentemente, no dependería de la aprobación de Londres o Belfast, pero podría provocar deseos de unificación también en Irlanda del Norte.

Por Carlos Alberto Martins

14 febrero, 2020

(Publicado originalmente en portugués en Outras Palavras, bajo el título “Irlanda: o Comum volta a mostrar força”. Traducción y titulación en español de Brecha.)


 

Abuso inmobiliario

Hay una generación entera que considera la vivienda su primera preocupación, explicaba Eoin Ó Broin, una de las caras más visibles del Sinn Féin. Las medidas estrellas del partido de izquierda para estos comicios fueron la congelación de los precios del alquiler durante tres años y la construcción de 100 mil nuevas viviendas públicas. También incluyó en su programa un mayor control y regulación de las tasas hipotecarias para evitar abusos.

Según el liberal Irish Times (9‑II‑20), este punto “fue un importante factor para el éxito del Sinn Féin en las elecciones generales” y una demostración de la “pérdida de fe” de decenas de miles de jóvenes en las políticas de vivienda de los partidos tradicionales Fine Gael y Fianna Fáil.

De acuerdo con una encuesta publicada poco antes de las elecciones, el 38 por ciento de los votantes del Sinn Féin consideraba la vivienda el factor más importante para decantar su voto. La misma encuesta señala una mayor preocupación por los temas de vivienda entre la población joven, un factor que fue tenido en cuenta en la campaña del Sinn Féin.

“Nos están diciendo que el Estado ha fallado –decía el portavoz de vivienda del Sinn Féin–. En una economía robusta como esta, en la que la gente con buenos salarios no puede pagar el alquiler, ¿qué esperanzas tiene la gente con pocos ingresos?”

La crisis habitacional que sufre Irlanda desde hace años ha llevado a Dublín a convertirse en una de las diez ciudades más caras del mundo para alquilar, por delante de Tokio y Singapur. Según un informe de 2019 del Deutsche Bank, para vivir en un apartamento de dos ambientes de rango medio en la capital irlandesa había que pagar 2.018 dólares al mes, un 23 por ciento más que en 2014. Una crisis que también tiene su reflejo en las personas sin hogar, cuyo número se ha multiplicado por cuatro en el último lustro.

Esta particular crisis que vive Dublín se ha sentido en las recientes elecciones. En el centro de la capital irlandesa, el Sinn Féin obtuvo un 35,7 por ciento más que el Fine Gael del hasta ahora ministro de Finanzas, Paschal Donohoe.

“Las ganancias de los arrendadores y de los fondos de inversión nunca habían sido tan grandes. Y casi no pagan impuestos gracias a los privilegios fiscales que el gobierno les ha dado”, explicaba Eoin Ó Broin, quien suena como ministro de Vivienda en caso de que el Sinn Féin logre formar gobierno. “Así que congelar el precio del alquiler durante tres años no tendría ningún impacto negativo en la oferta. Pero, aunque tuviese un pequeño impacto, nuestra inversión en vivienda asequible para la gente trabajadora resolvería ese problema inmediatamente.”

Martín Cúneo

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Millennials con el socialista Bernie a quien temen más demócratas que republicanos

El 70 por ciento de los "millennials y/o generación Y", quienes nacieron después de 1980, tienden a votar por un socialista, pese a que el término socialismo es anatema en EU y del que el renergizado Trump, después del fallido impeachment, ha hecho su tiro al blanco propagandístico para enarbolar las bondades del capitalismo de Wall Street que ha llevado sus acciones a la estratósfera, en contraste con su economía que exhibe una patente mediocridad –exceptuando la aristocrática "economía digitálica" de Silicon Valley.

Los jóvenes de EU han perdido la fe en el capitalismo y ahora abrazan al socialismo, mientras que la principal propuesta de "cuidados médicos" de Bernie Sanders, confeso socialista demócrata, quien ondea la bandera de "Cuidados médicos para todos" que ha atraído a los millennials y "ha movido a la izquierda al Partido Demócrata en forma significativa" (https://bit.ly/3bllP72).

El 50 por ciento de los millennials y el 51 por ciento de la generación Z "sienten que el sistema económico de EU ha trabajado en su contra" y tienen una "mayor vista desfavorable del capitalismo".

Muchos de los jóvenes se encuentran abrumados con sus deudas colegiales, mientras que "el socialismo y comunismo" no aportan las mismas asociaciones negativas y memorias que sus generaciones previas.

Según Market Watch, los millennials representan 40 por ciento de los desempleados cuando más de 40 por ciento de los universitarios recién graduados son subempleados: sus empleos no cubren los créditos de sus costosos títulos universitarios (https://bit.ly/2SaqgtR).

El 19 por ciento de millennials y 12 por ciento de la generación Z juzgan que el Manifiesto Comunista "garantiza mejor la libertad y la igualdad para todos" que la Declaración de Independencia, en contraste a los baby boomers (nacidos después 1945 hasta 1960) y a la generación X.

El "socialista Demócrata" Bernie, de 77 años, es quien más atrae a los millennials (https://bit.ly/39dxXVM).

El desastre de los "cuidados médicos" y sus "seguros" en EU angustia a los estudiantes quienes adeudan 1.5 millones de millones de dólares, en comparación a 200 millones de dólares del año 2000 (https://bit.ly/3bl98Jr): ¡7 mil 500 veces más en 20 años: una monstruosidad!

Entre los estratosféricos pagos de los seguros médicos y el adeudo de sus préstamos colegiales, los millennials se han refugiado con Bernie, admirable judío progresista que choca con sus correligionarios de Wall Street: tanto de George Soros como de Jared Kushner.

El "socialismo democrático" de Bernie apela a la reforma de Wall Street mediante impuestos para beneficios sociales, más que en "la propiedad social de la producción".

Es notorio el choque electoral y cosmogónico entre los millennials (73 millones) y los baby boomers (76 millones).

Un problema del entusiasmo de los millennials es que en la elección de 2016 sólo votó la mitad –ahuyentados por el fraude del establishment demócrata a favor de Hillary contra Bernie–, en comparación de las 2/3 partes de sus mayores de edad.

El mafioso establishment del Partido Demócrata no sabe cómo contener a Bernie y busca impulsar al multimillonario Mike Bloomberg, ex alcalde de Nueva York con una fortuna de 61 mil millones de dólares, para literalmente comprar la convención demócrata.

Bloomberg todavía no aparece en los debates ni en las primarias de arranque de New Hampshire, pero ha gastado millones en publicidad para prepararse a contender en el famoso supermartes y así obtener un sustancial número de delegados (https://washex.am/2ODIoKi).

El desastre electoral "ciber-antidemocrático" de Iowa fue diseñado para debilitar a Bernie y favorecer a Bloomberg, mediante el ascenso artificial del racista Pete Buttigieg, de 38 años y anterior espía del Pentágono en Afganistán (https://bit.ly/2H72mJt).

La pandilla de los Clinton/Obama/Biden/Buttigieg fue expuesta en el caucus en Iowa mediante el manoseo digitálico del conglomerado empresarial de Shadow/Acronym/Pacronym y cuya primera víctima ha sido el ex vicepresidente Joe Biden. (https://bit.ly/39kVdkY).

¿Podrá detener a los millennials el arcaico Partido Demócrata?

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Una mujer indígena participa en las recientes protestas sociales chilenas. Martin Bernetti AFP

Sin un importante incremento de la productividad será muy difícil sostener un mayor nivel de gasto social y menos aún generar mejores empleos en la región

En varios países de Latinoamérica el año 2019 será recordado como el del estallido social. Eso es particularmente cierto en el caso de Chile, pero en buena medida puede ser visto como una moraleja de lo que puede ocurrir en naciones que logran crecer, pero no son capaces de hacerlo con inclusión social. Es decir, mejorando de manera integral las condiciones de vida de las personas y promoviendo el acceso a oportunidades educativas, trabajo, salud, vivienda, seguridad, entre otras, en especial de aquellos grupos más vulnerables.

Es sabido que los países de América Latina se encuentran entre los más desiguales del mundo. Solo algunos de África son más desiguales. Pero también son de los menos innovadores. Ningún país de la región está entre los primeros 50 del ranking del Índice Mundial de Innovación 2019 de la OMPI. Aunque hoy la mirada está puesta en las urgencias que emanaron de las protestas sociales, es difícil pensar que los países latinoamericanos podrán avanzar demasiado en enfrentar los retos que tienen por delante si no se hace un esfuerzo por promover mayor innovación. ¿Suena extraño? Déjeme tratar de explicarlo.

Es claro que políticas que mejoren la inclusión social deben ser una prioridad. Pero también es importante notar que sin un importante incremento de la productividad será muy difícil sostener un mayor nivel de gasto social y menos aún generar mejores empleos, que son claves para disminuir la desigualdad.

Y sucede que en las últimas décadas la expansión económica de la región se ha sustentado fundamentalmente en el crecimiento demográfico y en la explotación extensiva de recursos naturales. Sin embargo, en varios países ya se está experimentando una transición demográfica que implica que una creciente proporción de adultos mayores deberá ser sostenida por una porción menor de personas en edad de trabajar. Ello solo será posible con un fuerte aumento de la productividad y la evidencia acumulada por años de investigación nos dice que la innovación es el factor que permite generarlo.

Por su parte, los efectos del cambio climático ya se hacen sentir en la región en forma de creciente escasez hídrica, surgimiento de nuevas plagas, inundaciones e incendios, entre otros, todo lo cual afecta la capacidad productiva en el campo agropecuario, forestal, minero o acuícola. Más aun, la necesidad de cumplir con estándares medio ambientales más elevados, así como la competencia por el uso del agua y del territorio en general, han vuelto más difícil la materialización de grandes proyectos de inversión que antes eran rápidamente aprobados, sin perjuicio de los impactos que podían tener en el entorno o en la vida de las comunidades.

De este modo, América Latina en realidad no solo enfrenta el desafío de lograr mayores niveles de inclusión social, sino el gran reto de elevar la productividad y ser más sustentable ambientalmente. Estos objetivos ciertamente se encuentran muchas veces en contradicción, pero es claro que sacrificar uno a costa de los otros no representa un camino viable e inevitablemente conducirá a nuevos conflictos.

No se me ocurre ningún camino distinto al de lograr mayores niveles de innovación para poder conciliar la necesidad de crecer económicamente con las impostergables demandas de inclusión social y sostenibilidad. En efecto, es a través de la introducción de nuevas formas de producir o de nuevos tipos de producto que se puede lograr un uso más eficiente y a la vez ambientalmente sostenible de los recursos.

¿Cómo lograr disponer de cultivos de alto rendimiento que utilicen menos agua y menos agroquímicos? ¿Cómo desarrollar embalajes de bajo costo que no utilicen plástico y que sean bio degradables? ¿Cómo utilizar más extensivamente la energía solar? ¿Cómo utilizar el potencial de la tecnología digital para extender el uso de la telemedicina?

Las oportunidades y desafíos son múltiples. Y son las empresas y los países que generen las respuestas a este tipo de cuestiones quienes estarán a la vanguardia de transitar hacia un desarrollo verdaderamente inclusivo y sostenible. El problema, claro está, es que avanzar en esa dirección requiere realizar esfuerzos que no van a rendir fruto en el corto plazo y ciertamente implica destinar recursos que hoy disputan problemáticas que políticamente son urgentes.

Sin embargo, la historia nos muestra que, enfrentados a coyunturas similarmente dramáticas, países como Finlandia, Irlanda o Corea del Sur, tuvieron el coraje de entender que no hay atajos para el desarrollo. Estas naciones destinaron, y siguen destinando, significativos recursos públicos para estimular la innovación, formar y atraer talento, y fortalecer sus capacidades científico-tecnológicas. Sus esfuerzos no tuvieron frutos inmediatos, pero hoy los resultados están a la vista.

Frente al imperativo de lograr un crecimiento económico inclusivo y sustentable, el imperativo de innovar debe ser parte fundamental del nuevo trato social que impulse una nueva ruta de progreso en América Latina.

Por Gonzalo Rivas es el jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Sector de Instituciones para el Desarrollo del BID.

3 FEB 2020 - 18:10 COT

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Martes, 28 Enero 2020 06:36

Cambiar el sistema, sí, pero ¿cómo?

Cambiar el sistema, sí, pero ¿cómo?

Los gritos se están haciendo cada vez más fuertes y provienen de una inusual combinación de gente no particularmente dada a jugar el papel de Casandra1. Doctores, máximos representantes de la ONU, colegiales y 11.258 científicos de 153 países están coreando lo que todos deberíamos saber: a pesar de cuarenta años de cumbres mundiales del clima, las cosas siguen como siempre. Puntos de inflexión irreversibles, efectos cascada, deshielo, crecientes niveles de CO2, CH4 y N2O, acidificación de los océanos, aumento de temperaturas, incendios, extinción masiva de especies y mucho más, han llevado a enfatizar que la catástrofe no solo refiere al derretimiento de glaciares y temperaturas mortales, sino que se trata de un problema político y social. Piden un “cambio transformador, con justicia social y económica para todos”.

En junio, Philip Alston, relator especial de la ONU en pobreza extrema y derechos humanos, avisó que los impactos del calentamiento global amenazaban derechos como la vida, el agua, la comida y la vivienda para cientos de millones de personas, así como la democracia y el estado de derecho. El jefe de redacción de The Lancet, por su parte, apoyando a Extinction Rebellion, urgió a los profesionales sanitarios a participar en la protesta social no violenta, pues “la medicina trata de la protección y fortalecimiento de las especies humanas”. Alumnos de escuela, avanzando donde los adultos han fallado, entienden muy bien que la crisis no va solo de salvar osos polares. Ellos también están llamando a un cambio social.

La crisis climática ha mostrado que el capitalismo es incompatible con la salud del planeta y que es esencial apartarse del crecimiento del PIB. No obstante, en lugar de atender a las alarmas, los gobiernos están volviendo a la violencia contra las manifestaciones y, como el Príncipe de Salina en El Gatopardo, están optando por el gatopardismo («las cosas deberán cambiar si queremos que nada cambie»), prefiriendo proteger el statu quo antes que cambiar un sistema que destruye el planeta. Esta situación es un terreno fértil para grupos de extrema derecha que, explotando los miedos de la gente, están regresando a gobiernos de estilo fascista en los cuales los derechos humanos son cada vez más amenazados.

En una reciente entrevista, Srećko Horvat, del Movimiento Democracia en Europa 2025 (DiEM25), exhorta a la “cooperación internacional, pues aquellos contra los que luchamos trabajan transnacionalmente”. En su Green Strategy, Marc Brodine escribe: “Se necesita un movimiento masivo, de alcance mundial, para emprender batallas defensivas contra la degradación medioambiental y el desarrollo explotador”. Alexia Ocasio-Cortez y Bernie Sanders reconocen la necesidad de reformas revolucionarias. Pero un hecho esencial es que casi no existen en su discurso. La crisis climática es una crisis de derechos humanos y los más afectados son los ciudadanos de los países más pobres del mundo, quienes han hecho menos en contribuir a este desastre.

¿Dónde están los mecanismos para llevar a cabo esas reformas? Sí, necesitamos cooperación transnacional, pero la mitad de las personas del mundo no pueden participar porque se encuentran luchando literalmente por sobrevivir. ¿Cómo se puede abrir esta cooperación a todos? Los “derechos humanos” son una narrativa política universal, pero, en ausencia de derechos básicos, la gente no puede operar políticamente ya que no existe socialmente. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos ha estado muerta desde el primer día, en especial porque no vino con mecanismos para realizar esos derechos proclamados, ni siquiera los más básicos de ellos, los de la existencia material. El único instrumento que conocemos que podría garantizar de manera viable este derecho a escala global es una renta básica incondicional universal por encima del umbral de la pobreza (de cualquier lugar en que se introduzca). Y se trata de algo más que un instrumento. En sí mismo, es un derecho que puede ser rastreado hasta los principios de los bienes comunes. Si queremos un cambio en el sistema y sociedades más fuertes y sanas para combatir la crisis del cambio climático, entonces garantizar este derecho básico universal será seguramente un primer paso decente y radical.

Sin un foco en los pobres, los desposeídos de aquellos recursos naturales que han sido apresados por el norte global al que le importa un carajo el desenfreno destructivo de su “progreso”, no puede haber un cambio real del sistema. Los pobres en los países en desarrollo están pagando el precio de un 75-80% de los costes de la catástrofe climática. Tienden a vivir en áreas expuestas a desastres, en casas menos resistentes y suelen perder todo lo que poseen; tienen menos recursos para mitigar esos efectos; reciben menos apoyo de los sistemas sociales para recuperarse del impacto; tienen medios de vida precarios; y se encuentran vulnerables frente a la enfermedad, malas cosechas, aumento de precios de alimentos, muerte y discapacidad. Las respuestas a la catástrofe ligada al clima tienen a menudo la forma de intervención humanitaria cínica ex post. Por ejemplo, tras el ciclón Idai, el FMI acordó un préstamo de emergencia sin intereses de 118,2 millones de dólares para Mozambique –el sexto país más pobre del mundo, donde el habitante medio es responsable de 55 veces menos emisiones de carbono que el ciudadano medio estadounidense– pero descartó el alivio del pago de los préstamos preexistentes. Adivina quién se beneficia. El cambio sistémico requiere medidas ex ante y una renta básica sería esencial entre ellas, en cuanto distribución de recursos para potenciar cambios de la población en orden de aplicar el conocimiento local apropiado para combatir el cambio climático antes de los desastres. Esto permitiría, por ejemplo, a las mujeres agricultoras en países pobres tener mejores herramientas. Los científicos calculan que entonces podrían cultivar un 20-30% más de comida en la misma tierra y así evitar dos mil millones de toneladas de emisiones para 2050. Solo esto parecería ser un buen argumento para la renta básica.

Ahora bien, la renta básica significa bastante para no pocas personas. Un ingrediente interesante dentro de (pero en los márgenes de) la presente coyuntura de llamamientos al cambio de sistema es la candidatura de Andrew Yang para la presidencia de EE. UU., prometiendo una renta básica de 1.000$/mes para todo estadounidense mayor de dieciocho años. Sin embargo, su inversión para hacer frente al cambio climático es solo un cuarto de la que Bernie Sanders propone. El enfoque de Yang es más tecnocrático que preocupado por la pobreza. Favorece la energía nuclear y dudosas soluciones geo-ingenieriles como espejos espaciales, dispersión estratosférica de dióxido sulfúrico y plantar plancton en el océano. Yang es un claro ejemplo de las divisiones en el debate de la renta básica, donde algunos entusiastas son realmente de derechas. La renta básica a la que nos referimos nosotros es solo una medida en el dominio de la política económica. Para ser efectivo se necesita de fuertes políticas públicas en salud, vivienda, educación, transporte, etc. ¿Por qué diablos no incluye Bernie la renta básica en su campaña?

El cambio de sistema precisa de pensamiento sistémico, especialmente sobre decrecimiento, que no es ajeno a la redistribución. La renta básica representa obviamente una forma de redistribución, y en términos de Gini también, ya que puede financiarse con impuestos progresivos fácilmente. El pensamiento sistémico exige tomar en cuenta la salud de todo el sistema, tal y como ciertas culturas indígenas han sabido hacer desde hace mucho tiempo. La concienciación desde este punto de vista no solo fomentaría la reducción del consumo, sino que también incorporaría un elemento de respeto a los pueblos indígenas del mundo pendiente, quienes han sido vistos, desde la época del imperialismo, como un obstáculo a ser desplazado del camino de la explotación de los recursos.

Así que, ¿cómo podría una renta básica favorecer un cambio sistémico? Ya que los pobres deben ser el foco, daremos unos cuantos ejemplos de un detallado estudio nuestro de 2010 sobre los efectos hipotéticos de una renta básica en Timor Oriental. Encontramos que un ingreso básico parcialmente financiado por ingresos del petróleo y gas permitiría la distribución inmediata de una micro-renta (en oposición a micro-crédito), recibida cada mes sin interferencias externas. Una renta básica sobre la línea de la pobreza (allá entonces de 20$/mes por persona), para toda la población, significaría que una familia con seis personas a su cargo recibiría un ingreso mensual garantizado de 160$/mes. En una aldea de veinte familias similares la cantidad sería de 3.200$/mes o 38.400$/año.

Lo que esto podría representar en términos de soberanía alimentaria está ilustrado por un proyecto de cultivo de arroz con búfalos en el área devastada de Uatulari, con una población de unas 20.000 personas. Trabajando con una ONG timorense, el gobierno catalán financió el proyecto por valor de unos 142.680$ en los años 2000-2003 (47.560$ por año), o aproximadamente 2,38$/año por persona. La zona logró la autosuficiencia en cultivo de arroz antes de que el periodo acabara, y fue capaz de suministrar semillas para las zonas cercanas. Los búfalos fueron la “maquinaria” para preparar los campos de arroz abandonados (pisando el suelo para compactarlo antes de plantar las semillas) y también produjeron estiércol, leche, carne y pieles, al tiempo que reforzaban las relaciones sociales, ya que estos animales son tradicionalmente propiedad común. Sin embargo, con el cambio de gobierno en Cataluña, la financiación cesó y el proyecto nunca fue más allá de una exitosa fase piloto del proyecto. Una renta básica de 20$/mes por persona aportaría 4,8 millones de dólares garantizados a Uatulari cada año, unas cien veces lo que el gobierno catalán concedió. El impacto de una fuente estable de ingresos sería notable en términos de desarrollo local.

En términos de derechos humanos, una estrategia de desarrollo agrícola que consolide la producción local con el desarrollo generalizado de las redes comerciales resulta mucho más beneficiosa que una política de monocultivo orientada a las exportaciones, concentración de latifundios y desigualdad sistémica, por no mencionar los efectos medioambientales negativos. Los pequeños cultivos no solo contribuyen al mercado local, sino que también fortalecen la seguridad social y alimentaria y ofrecen una mayor difusión de los medios productivos, además de ser mejor para la gestión medioambiental. Asimismo, la migración masiva a la capital timorense, Dili, ha creado un problema permanente de desequilibrio demográfico, con grandes cifras de desempleo y descontento juvenil, con grandes capacidades destructivas. Evidentemente, no pueden ser reintegrados en comunidades rurales que no existen por la carencia de una base productiva. El incluirlos en un esquema de renta básica sería un gran avance en su reintegración como ciudadanos y en el establecimiento de una coexistencia pacífica.

De nuevo, las familias más pobres tienden a tener un mayor número de hijos. La tasa de fertilidad de 2019 fue de 5,5 nacimientos por mujer, una de las más altas del mundo. Independientemente de la ausencia de servicios de planificación familiar y educación sanitaria básica, el tener más hijos suele ser visto como una forma de reemplazar a los hermanos que mueren en la infancia, y como una especie de plan de seguro social para los padres. Que la salud de la madre se vea gravemente perjudicada por tantos embarazos es una consideración menor en circunstancias desesperadas. Una forma garantizada de cobertura social como la renta básica disminuiría la tasa de nacimientos a largo plazo, corregiría el sesgo contra los jóvenes, miembros dependientes de la sociedad, mejoraría la salud de las madres y los niños y llevaría más niños a las escuelas.

Una renta universal no solucionaría todos los problemas de Timor Oriental, pero supondría muchas más oportunidades en el terreno productivo, cohesión e inclusión social en comunidades locales reforzadas, mayor participación política y una gran reducción de la pobreza y de los problemas relacionados con ella. Las buenas noticias son que nuestro modelo de renta básica es exportable y con algunos ajustes puede ser aplicado en cualquier lugar del mundo. Y debería ser aplicado si realmente nos preocupan los derechos humanos y queremos un cambio sistémico, especialmente cuando se trata de combatir la crisis climática y sus efectos sobre los habitantes más pobres del planeta.

Nota:

1 En la mitología griega, Casandra fue una mujer a la que Apolo otorgó el poder de adivinar el futuro a cambio de sexo. Al no cumplir ésta el pacto, Apolo la condenó con la incredulidad de los mortales. [N. del T.]

Por Julie Wark / Daniel Raventós

26/01/2020

Julie Wark

es autora del “Manifiesto de derechos humanos” (Barataria, 2011) y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso. En enero de 2018 se publicó su último libro, “Against Charity” (Counterpunch, 2018), en colaboración con Daniel Raventós, recientemente editado en castellano (Icaria) y catalán (Arcadia).

Daniel Raventós

es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, "Against Charity" (Counterpunch, 2018) recientemente editado en castellano (Icaria) y catalán (Arcadia).

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