A pie. Marcha campesina reaviva la movilización desde abajo en Venezuela

Se despertó el campesinado venezolano, la sal de su tierra, y marchó con paciencia hacia el lejano poder centrado en Caracas con reclamos ensordecidos y acallados durante años por la agudísima polarización política entre gobierno y oposición de derecha. Su cuestionamiento al gobierno es otro: el arrebato de sus tierras, la persecución que sufren del poder judicial y los latifundistas.


El 12 de julio pasado se inició en Acarigua, casi 500 quilómetros al suroeste de Caracas, una marcha popular que modificó el statu quo político en Venezuela. Como “una gota hirviendo en un témpano de hielo” –para usar una frase del teórico y político venezolano Alfredo Maneiro–, unos 2 mil campesinos de distintos movimientos sociales lograron descongelar la política en Venezuela y en la militancia de base del chavismo cuando comenzaron a caminar, desde el estado Portuguesa, para denunciar desalojos de tierras hechos por terratenientes y asesinatos por sicarios, muchas veces respaldados por las fuerzas armadas y otras instituciones estatales, como los tribunales agrarios.


Después del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición que acaparó el espacio político en Venezuela durante los últimos años, después de la atención que recibieron la violencia política durante 2017 y la campaña electoral del primer semestre de 2018, la “marcha admirable campesina” (como fue bautizada popularmente, en referencia a la campaña militar con la que Bolívar tomó Caracas en 1813) marcó el resurgimiento de los movimientos sociales en el escenario político venezolano. Estos han cobrado protagonismo por fuera de los partidos de izquierda y derecha, gracias a un tejido social de movilización capaz de activarse y conseguir un espacio propio en la política nacional.


Día tras día estos pequeñísimos productores agrícolas, sin capacidad de compra de semillas o fertilizantes y muchas veces obligados por su condición humilde a sembrar la tierra con las manos, fueron avanzando rumbo a la capital. Rindieron homenaje a Jesús León y Guillermo Toledo, dos campesinos asesinados en la estancia ganadera Palo Quemado, en el estado de Barinas, presuntamente a mano de sicarios.


Después de tres semanas de marcha a pie, los campesinos llegaron, el 2 de agosto, a las inmediaciones de Miraflores, sede del Ejecutivo nacional, y se encontraron con tres piquetes policiales que les cortaron el paso.


CORRIENDO EL FOCO


Aunque no hubo violencia de ningún lado, la decisión del gobierno de no recibirlos provocó un estupor general y enardeció tanto a los grupos que se sumaron a la marcha en la capital como a las redes sociales. No obstante, la respuesta de los campesinos fue la paciencia, dijeron que esperarían la respuesta oficial. Al día siguiente Nicolás Maduro los recibió ante la radio y las cámaras de televisión. Los voceros de los campesinos hicieron un conjunto de planteos que dibujaron la gravedad de la situación que aqueja a los productores del campo, especialmente a los más pobres, y la indefensión en la que los ha dejado el Estado, especialmente después de la muerte del ex presidente Hugo Chávez.


La confrontación de gran calado entre el gobierno y sus adversarios, y el riesgo de confrontación militar internacional o de guerra civil interna que produjo, habían subordinado hasta ahora las demandas locales y sectoriales, y durante años impidieron que surgieran. En esta movilización el movimiento campesino presentó una serie de cuestiones que buena parte del país, incluido el chavismo, se planteaba, pero no había tenido espacio para comunicar. “¿Qué nos motiva? La necesidad. La necesidad que se sufre en el campo. ¿Producto de qué? Quizás no de las políticas implementadas por Maduro, pero sí de personeros internos que se prestan para que las cosas no les lleguen a los campesinos. Los insumos a tiempo, la regularización de las tierras. Esas son nuestras prioridades”, expresó durante la marcha el campesino Arbonio Ortega, representante de la Plataforma de Lucha Campesina, una de las organizaciones que participaron de la marcha. Ortega aprovechó también a hacerle un reclamo al presidente: “Queremos decirle que considere al campesino como el elemento y eslabón principal de la cadena alimenticia. No es posible que se siente con los otros sectores y con el campesino jamás haya una mesa donde nos podamos sentar”, agregó (desafios.com.ve, 2-VIII-18).

 

CRÍTICA RADICAL


En su recorrida los campesinos se fueron reuniendo con diversos sectores de la sociedad (grupos sindicales, barriales, parlamentarios, consejos de trabajadores y otros grupos de campesinos). Se sumaron a la movilización, sobre todo en las proximidades de la capital, movimientos urbanos populares, líderes sociales y grupos de base, y allí realizaron la primera marcha coordinada de diferentes movimientos sociales en al menos los últimos cinco años. Los campesinos se mantuvieron al frente de la caminata y no incorporaron nuevas vocerías. Se declaraban chavistas y no eran contrarios al gobierno de Maduro, pero realizaron la interpelación más radical que haya tenido que confrontar el presidente durante todo su mandato, en tanto denunciaban la sombría realidad que viven las comunidades campesinas que sufren la violencia de las clases oligárquicas y las fuerzas armadas, la criminalización de la que son objeto por parte del andamiaje judicial, y su exclusión de las políticas agrarias.


Como respuesta a sus demandas, Maduro anunció una reestructuración de la institucionalidad agrícola del Estado. Ordenó devolver a los campesinos las tierras otorgadas durante la presidencia de Hugo Chávez, de las cuales han sido despojados sistemáticamente por orden de tribunales agrarios presionados por sectores latifundistas. Delegó en la Asamblea Nacional Constituyente revisar las leyes agrarias y la investigación de los presuntos actos de sicariato, y exhortó también al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, a investigar a los jueces agrarios que han fallado en contra de los campesinos. Las medidas tomadas deberán ser evaluadas en setiembre próximo en el Congreso Campesino Nacional (supuestonegado.com, 3-VIII-18).


Para los movimientos sociales presentes en el encuentro con el presidente, su respuesta fue asumida como una victoria. Para el resto de los movimientos independientes del país, de izquierda y del chavismo de base, el proceso de interpelación y respuesta abrió una ventana para oxigenar al movimiento popular, en un momento de reflujo político.


REPRESALIAS ASESINAS


Apenas tres horas después de culminado el encuentro se supo del asesinato de tres líderes campesinos en Sabaneta de Barinas, el pueblo donde nació Hugo Chávez. Una de las víctimas había acusado de hostigamiento a un terrateniente, ex vicepresidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), en un video. El caso elevó la indignación de los movimientos sociales y la presión sobre el gobierno, las fuerzas armadas y todo el sistema judicial, ya que la marcha había logrado concientizar a la ciudadanía nacional respecto de la situación que viven los campesinos en el occidente de Venezuela.


En un país acostumbrado a grandes movilizaciones políticas desplegadas gracias a una inmensa infraestructura de transporte, comida y tarimas (por ejemplo en cada acto electoral), la marcha campesina iniciada en julio tuvo un simbolismo particular por lo épico de su acción y la máxima humildad de sus actores. En tiempos de auge petrolero y de masas se abandonaron las formas tradicionales de acción política de los sujetos históricos venezolanos, y la maquinaria de movilización electoral dificultaba analizar la temperatura política del país; que el chavismo lograra concretar una marcha multitudinaria no era indicativo de que fuera a ganar las siguientes elecciones. Más o menos lo mismo ha ocurrido con la oposición.


MUY LEJOS DE TWITTER


La “marcha admirable” partió y llegó desprovista de transporte y alojamiento, elementos imprescindibles para las movilizaciones políticas de los últimos 20 años. Fue censurada por los medios de comunicación públicos y privados y sólo se sabía de ella por las redes sociales, aunque los campesinos no tenían ninguna cuenta propia a través de la cual se los pudiera seguir. Por ello, a medida que avanzaba, fue despertando la estima en movimientos y organizaciones que han sido relegados por el conflicto internacional y electoral en que ha estado inmerso el país. Éstos vieron en los campesinos marchando una oportunidad para dar vuelta el escenario político y presentar la agenda política de la institucionalización y burocratización que vienen denunciando.


La movilización campesina conmovió al chavismo de base y desató un debate dentro de esa fuerza política. En la actualidad el chavismo es la única fuerza política de peso. La oposición se encuentra en un estado de disolución general; muchos de sus líderes están en el exterior y los que se quedaron en Venezuela no han tenido la capacidad de reorganizar sus filas después de las derrotas de la violencia de calle de 2017 y de las elecciones presidenciales de mayo pasado, que ganó Maduro, aunque con una amplia abstención y sin una fuerza opositora que pudiera hacerle de contrapeso. Este nuevo panorama político nacional junto con las crecientes protestas de corte social han permitido que emerja con inusitada fuerza la diatriba interna contra el chavismo.


CRECIMIENTO DE LA PROTESTA SOCIAL


Quienes pensaron que el triunfo de Maduro en las presidenciales y la dispersión opositora implicarían la muerte de la política durante el mandato presidencial de seis años han quedado sorprendidos por el aumento de la protesta social pasadas apenas diez semanas de los comicios.
En enero de 2018 a lo largo y ancho del país se registraron saqueos como una expresión de protesta social. Estos actos fueron mermando hasta el punto que desaparecieron y dieron paso al debate electoral que culminó en las presidenciales del 20 de mayo. Pero a las pocas semanas comenzaron a resurgir protestas de corte social en medio de una crisis económica que no da tregua y que ninguna política del gobierno parece mitigar. Los saqueos no volvieron, la violencia política de 2017 tampoco, pero las movilizaciones sociales y gremiales sí han emergido con fuerza.


Primero las aguas se agitaron con una andanada de críticas –tanto a la política petrolera como a la falta de recambio en la dirección del partido oficialista, Psuv– que llovieron sobre el gobierno desde diversos sectores del chavismo político e intelectual (véase “Sobrevivir después de la victoria”, Brecha, 22-VI-18). Luego, el incumplimiento del gobierno en la puesta en marcha del Plan 50, que buscaba consensuar el precio de 50 productos entre el Estado, los productores y los vendedores, aumentó el nivel de malestar. Posteriormente han surgido protestas cada vez más grandes en sectores laborales organizados; por ejemplo, el gremio de las enfermeras ha sostenido manifestaciones durante un mes y medio, aproximadamente. Y el gremio de los trabajadores eléctricos también ha montado protestas. Al igual que muchas otras movilizaciones, las dos mencionadas están atravesadas por la demanda de un aumento exponencial del salario, que ha caído a mínimos históricos, en medio de la hiperinflación y una devaluación exagerada de la moneda.


Muchos de los gremios, sindicatos y federaciones de trabajadores de estos sectores responden a Acción Democrática, partido de la oposición que hegemonizó la política nacional durante 40 años (1958-1998) hasta la llegada de Chávez al poder. Su matriz política y el diseño de protestas en años anteriores, relacionadas más con campañas políticas de la oposición que con demandas sociales, genera suspicacia en el gobierno y sus aliados y dificulta un posible acuerdo.

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Domingo, 05 Agosto 2018 09:08

Sí existe un sujeto campesino

Sí existe un sujeto campesino

Un debate abierto en Colombia es si el campesinado existe como sujeto con identidad propia. Acá unas ideas sobre el particular, para animar el intercambio de ideas y la construcción territorial campesina.

 

En Colombia ha sido histórico que el campesinado se movilice por la tenencia de la tierra y por trabajarla con fines populares. Sembrado de diversidad de productos que integran la canasta diaria de miles de familias, comercialización en redes locales, junto al despliegue de dinámicas sociales y políticas alrededor de la tierra, cuyo proceso crea otro tipo de relacionamiento entre las personas, con la naturaleza y con el resto de comunidades. Son particularidades de su cotidianidad y de cómo se construye territorio.

 

Son tan variados y extensos los ejemplos posibles de retomar para evidenciar las particularidades de su dinámica, que amerita un escrito extenso. Por ahora, en el presente, podemos mencionar, por ejemplo, el proceso de colonización campesina en los llanos colombianos a partir de los años 50 y 60 del siglo XX, dinámica social que desembocó en la consolidación de cooperativas y asociaciones campesinas con objetivos comunes de vida digna y movilización social contra el Estado1. En el centro del país, sobresale el asentamiento de comunidades campesinas en el Tolima, a raíz de la guerra declarada por el gobierno de Rojas Pinilla, campesinos obligados a conformar gobierno propio y cuerpos armados de protección2. Estas dos experiencias exponen el cuerpo de un sujeto social relacionado con el campo, sin ser indígena o afrodescendiente.

 

Desde su identidad y urgencia de tierra y otros recursos para construir vida digna, hoy en día el campesinado no deja desaparecer su tradición de lucha social por la tierra. Existen organizaciones sociales del sector que trabajan, organizan y se movilizan por el territorio. Asientan lugares propios, donde la cultura, valores, relaciones sociales, prácticas colectivas, instituciones legitimas, modelo de democracia se instalan en la cotidianidad, delimitando un espacio geográfico donde reproducen la vida. Este tipo de construcción de territorio genera unas dinámicas propias, diferenciadas de sectores como el obrero-sindical, estudiantil, Lgtbi, etcétera. Convivir y compartir en el campo, lejos o cerca de la ciudad, es un rasgo característico primario, pero no es el único, pues en materia de organización el método asambleario donde participa la comunidad, bajo el reconocimiento horizontal y respeto de la diferencia, canalizando así la deliberación y búsqueda de acuerdos comunes, define el cómo construir comunidad.

 

Asimismo, el ámbito cultural y económico también definen a este sector con una identidad que se aparta de otras, sin desconocer las hibridaciones con otras comunidades que no habitan el campo. En la economía esencialmente se busca un relacionamiento directo con el consumidor de los alimentos cosechados, a través de mercados organizados en veredas, pueblos o barrios, donde la producción se expone y comercializa dentro del diálogo con el consumidor. De igual manera, la reivindicación de superar la intermediación de terceros en la comercialización, está presente también en el trabajo productivo campesino. Aquí se articula el uso de insumos orgánicos en la agricultura, como también métodos autosuficientes en la finca, cuando se diversifica el cultivo. Por ejemplo, en una finca X se cultiva el cacao principalmente para la fabricación de chocolate, cuya totalidad de hectáreas se dispone para esta semilla, pero en esas mismas hectáreas se distribuyen otros alimentos a menor escala, con la finalidad de suplir el alimento de la familia, como el plátano, yuca, frutas, entre otros, lo que en el ámbito económico permite solucionar una parte de la alimentación de la familia, y disminuir el desgaste de la tierra.

 

Ahora bien, con el alimento se desprende el aporte sustancial como sector social a la humanidad inmediata y mediata, o local, regional, nacional y global, pues dedicar la vida para producir el alimento que otros adquieren es un rasgo fundamental del sector, rasgo que los potencia como individuos y que puede propiciar, a su vez, una conciencia de su papel en una sociedad dada, motivando de esta manera acciones solidarias en lo inmediato y mediato.

 

Al tiempo que así actúa, en gran cantidad de casos, de manera consciente o inconsciente, cuida la naturaleza buscando un equilibrio entre su agricultura diversificada con los ciclos naturales del territorio y el mundo. Esto, claramente, va en contravía del individuo individualista y consumista que crea la modernidad-colonialidad, que sin ser consciente del fin destructivo de las multinacionales (y del modelo) se provee de sus productos, socavando la vida planetaria3.

 

Los territorios campesinos agroalimentarios como figura organizativa, política y productiva del mundo rural

 

En aras de cimentar institucionalmente el ser campesino, la cultura propia, su economía y la canalización de un modelo de sociedad desde el sector, algunos territorios de Colombia han establecido la figura del Territorio Campesino Agroalimentario (Teca)4, para delimitar un lugar específico que la comunidad comparte, llevando a cabo allí el plan de vida común, que contiene los rasgos arriba expuestos. Pero además, la posibilidad de buscar las garantías de los derechos de los campesinos frente al Estado, el ordenamiento territorial para dirimir los conflictos por el acceso a la tierra y su distribución, más la decisión autónoma de ¿qué hacer con el territorio, sus riquezas naturales, el agua, las especies naturales, etcétera? Es una iniciativa que recrea la tradición campesina colombiana de tener y defender la tierra, para la producción y reproducción de la comunidad campesina bajo un gobierno propio, comunitario.

 

Entonces, desde la participación de las familias campesinas es así como se despliega el ámbito social-cultural, político-comunitario y productivo-ambiental5; en pleno ejercicio autónomo comienzan a crear puentes con la institucionalidad local y regional en representación de esta figura organizativa (legitima) para la elaboración de programas integrales de desarrollo u otro tipo de planes que promuevan la inversión apropiada de los recursos públicos y el bienestar de las comunidades rurales y urbanas; pero el diálogo sobrepasa también la localidad para ir hasta el Estado, quien sustenta una estrecha relación con el sector privado y transnacional, con el fin de llegar a acuerdos comunes para también encontrar el bienestar de las personas. Sin embargo, este diálogo se tensiona a tal punto que la movilización se despliega por parte del campesinado, sacando a la luz conflictos sociales potenciados por el modelo neoliberal.

 

Al igual que el reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, como sujetos y comunidades, el sector campesino busca por múltiples vías su reconocimiento ante el régimen legal y político, para potenciar su importante y vital aporte a la humanidad de producir alimentos y preservar la naturaleza. Aporte real y dinámica propia, que aun implica mucho camino por recorrer y conflictos por resolver para llegar a ese estado de reconocimiento y goce pleno de derechos.

 

Por lo pronto se afianzan este tipo de propuestas sociales, culturales, políticas, comunitarias y ambientales en los territorios, sin desconocer los avances de otras comunidades.

 


 

* Secretaría de Comunicación y Formación del Coordinador Nacional Agrario.
1 Castillo, Wilmar (2017). El territorio de Arauca es una apuesta por la vida. Revista Mexicana de Comunicación. N. 141
2 Buitrago, José del Carmen (2006). Guerrilleros, campesinos y política en el Sumapaz: el Frente Democrático de Liberación Nacional 1953-1956. Universidad del Tolima.
3 Entrevista al líder campesino del Comité de Integración del Macizo Colombiano -Cima-.
4 Proclamación del primer Territorio Campesino Agroalimentario en el Norte de Nariño y sur del Cauca.
Declaración del Territorio Campesino Agroalimentario Vida y Soberanía Popular. Consultado en https://cnagrario.org/2017/11/02/declaracion-territorio-campesino-agroalimentario-vida-y-soberania-popular-distrito-2-y-6-saravena-arauca/
Declaración del Territorio Campesino Agroalimentario del Pie de monte Araucano. Consultado en https://cnagrario.org/2017/11/20/declaracion-territorio-campesino-agroalimentario-del-piedemonte-araucano-distrito-1-municipio-de-fortul-departamento-de-arauca/
5 Elementos conceptuales para la construcción del enfoque político de la territorialidad campesina alimentaria. Consultado en https://www.cna-colombia.org/como-construimos-un-enfoque-politico-de-la-territorialidad-campesina/

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Bonett, otro militar que muere en total impunidad

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano.

 

El pasado 15 de junio, a los 78 años de edad, murió el general(r) Manuel José Bonett quien se desempeñó como Comandante del Ejército colombiano a principios de los años noventa y como Comandante de las Fuerzas Militares entre 1996 y 1997, durante el gobierno Samper. Una vez conocido su deceso los principales medios de comunicación del país le reconocieron su respaldo al proceso de paz con la guerrilla de las Farc e incluso algunos lo ubicaron como un demócrata y pacífico militar, que fue jurado del Premio nacional de paz durante quince años.

 

Pero, aunque es cierto que el General le dio su respaldo irrestricto al proceso adelantado en La Habana y eso amerita reconocimiento, su hoja de vida está lejos de ser un intachable currículo en materia de Derechos Humanos y tratamiento a la población civil. En la larga carrera militar de Bonett, desde cuando en 1964 comandó con apenas 21 años de edad uno de los grupos que integró la ofensiva a Marquetalia, hasta cuando alcanzó el más alto grado militar, comandar las Fuerzas Militares colombianas, muchas de las unidades bajo su mando se vieron involucradas en graves violaciones a los Derechos Humanos contra la población no combatiente.

 

La medalla del crimen

 

La operación que buscó acabar las nacientes Farc y que por el contrario terminó por impulsarlas en Marquetalia, estuvo rodeada de inmensos vejámenes contra los campesinos de la región; ahí el General no era más que un simple subteniente. Los crímenes más preocupantes, y por los que el militar nunca fue sancionado, sucedieron cuando comandó grandes unidades militares, como la Tercera Brigada de Cali y la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga.

 


Durante su comandancia al frente de la Tercera Brigada, se llevó a cabo la Operación Relámpago y la masacre de Trujillo. En la primera, 44 sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y estudiantes, militantes del movimiento ¡A Luchar! en el Valle del Cauca, fueron detenidos, torturados y algunas de las detenidas fueron violadas en las instalaciones del Batallón Pichincha, durante el mes de marzo de 1990. Tras esta operación muchos de los detenidos, luego de salir en libertad, fueron forzados al exilio. Por la Operación Relámpago la Procuraduría Delegada para Fuerzas Militares abrió averiguación disciplinaria, pero solo formuló pliego de cargos a militares de menor jerarquía.

 

En la masacre de Trujillo, por su parte, fueron desaparecidos 5 ebanistas y 11 campesinos que según las confesiones de un paramilitar que participó de la misma, fueron torturados, asesinados y algunos de ellos arrojados al río Cauca mutilados o decapitados, con la activa participación de altos mandos del Batallón Palacé y la Tercera Brigada. Estos hechos sucedieron entre finales de abril y principios de marzo de 1990. Allí, aunque hubo serios indicios de la participación intelectual de Bonett, no hubo ninguna investigación en su contra.

 

En ambos casos no solo no hubo justicia, sino que quienes se atrevieron a investigar los crímenes también fueron asesinados o desparecidos. El equipo jurídico que defendió a los detenidos de la Operación Relámpago en su mayoría fue hostigado y algunos desaparecidos, como el abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Alirio de Jesús Pedraza; igualmente el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, párroco de Trujillo y quien investigaba la masacre, también fue desaparecido junto a sus tres acompañantes el 17 de abril de 1990.

 

Por otra parte, durante su comandancia al frente de la Segunda División del Ejército en 1993, la región de Santander experimentó un incremento de los grupos paramilitares y de las acciones de estos contra la población civil, sin que los militares ofrecieran mayor resistencia a los mismos.

 

Se escuchan las trompetas de la impunidad

 

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano. Militares como Bonett, participes de graves violaciones a los Derechos Humanos –como el genocidio político de un movimiento como ¡A Luchar!–, mueren sin cumplir siquiera con el derecho y deber de verdad que tiene el pueblo colombiano.

 

Este horizonte de verdad, que podrían eventualmente ofrecer los militares, se ve cada vez más torpedeado por la situación de indefinición en la que se encuentran las comparecencias de estos ante la Justicia Especial para la Paz –JEP–. Pues salvo su voluntad de hacerlo, no existe hoy otra disposición judicial que los obligue acudir a esta institución, y lo que es peor, tampoco la justicia ordinaria puede actuar contra ellos, debido al ajuste promovido por el Centro Democrático en el Congreso que abre un periodo de 18 meses para reglamentar una sala especial en la JEP que atienda diferenciadamente a los militares. De hecho, en casos como los “falsos positivos”, la justicia ordinaria ya ha transferido varias investigaciones a la JEP, y no podrá dictar sentencia o imponer prisión preventiva, y la propia JEP quizá quedará frenada en este caso hasta que la sala especial se reglamente, conllevando un alto limbo de impunidad como fue denunciado por José Miguel Vivanco, División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.

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La ONU criticó el ajuste de Temer en Brasil

Para 2016 Brasil registraba un saldo de 14 muertes infantiles por cada mil nacimientos, un aumento próximo al cinco por ciento en comparación con el año anterior. Además Brasil figura nuevamente en el mapa del hambre, lo que no sucedía desde el 2014.

 

Especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el área de derechos humanos pidieron a la Administración del presidente de facto de Brasil, Michel Temer, revisar su programa de austeridad ya que continúa en incremento la mortalidad infantil.

La tasa de mortalidad infantil aumentó por primera vez en Brasil en el año 2016, un retroceso alarmante ya que esta se mantenía controlada desde 1990. Para 2016 Brasil registraba un saldo de 14 muertes infantiles por cada mil nacimientos, un aumento próximo al cinco por ciento en comparación con el año anterior, que la cifra era de 13,3 por ciento.

Ante esta realidad la ONU resaltó en un comunicado que “las personas que viven en la pobreza y otros grupos marginados sufren de manera desproporcionada el resultado de medidas económicas restrictivas en un país que es considerado un ejemplo de políticas progresivas para reducir la pobreza y promover la inclusión social”, informó la cadena Telesur.


A esta realidad se une la reaparición del hambre en Brasil, país que había salido del mapa de la ONU por este tipo de carencias en el año 2014, gracias a los esfuerzos de los gobiernos de los expresidentes brasileños, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.


Por su parte, el Ministerio de Salud informó que la mortalidad infantil llevaba 26 años de baja sostenida y de pronto aumentó. El ente estatal detalló que las causas de este retroceso en el que pierden la vida infantes se debe a la aparición del virus zika y la crisis económica que vivió el país.


La ONU aseveró que “este aumento es motivo de gran preocupación, especialmente por las restricciones presupuestarias en el sistema de salud pública y en otras políticas sociales, que ponen en duda el compromiso del Estado de garantizar los derechos humanos para todos, especialmente los niños y las mujeres”.


Aseguraron que las decisiones fiscales y financieras que se han tomado en el país durante los últimos años han afectado el disfrute de derechos que el Estado debe velar por preservar como lo son, “la vivienda, el agua, la educación, la seguridad y la salud”. Los expertos detallaron que las condiciones actuales siguen empeorando las desigualdades existentes.


El viernes 27 de julio al menos unos cinco mil campesinos dieron inicio a una caravana en Caetés, la ciudad natal del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, para manifestar el rechazo del pueblo por la reaparición del hambre en Brasil.


El país salió del mapa del hambre de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2014, esto debido a las políticas públicas de los exmandatarios Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Con la Caravana contra el Hambre, miles de brasileños denuncian que esta conquista fue amenazada por las medidas neoliberales del gobierno de facto de Michel Temer.


Según datos oficiales, el hambre volvió a crecer en 2017, una realidad que será denunciada por los integrantes de la caravana que recorrerán más de cuatro mil kilómetros en los próximos 14 días.


Cinco mil campesinos y campesinas de diferentes lugares del noreste han llegaron a la ciudad para unirse a la actividad organizada por el Movimiento Sin Tierra y otras organizaciones del Frente Brasil Popular. Marchamos “para denunciar el retorno del hambre, para alertar a la población brasileña, a los poderes Legislativo y Judicial sobre el momento que vive Brasil, nosotros no queremos votar por esa situación de pobreza que ya vivimos”, expresó un manifestante.


En la apertura de la caravana se hicieron presentes familiares del expresidente Lula y se sumaron a las proclamas de miles de brasileños que decían “Lula libre”. “Los que roban y hacen lo que no es correcto están sueltos, el pueblo se está muriendo de hambre y en miseria, en la época de Lula nosotros nunca vimos un presidente tan bueno como él fue”, dijo otra integrante de la caravana.


Jóvenes señalaron que se encuentran en lucha contra el hambre porque desde que Lula salió del poder muchos programas fueron cortados y quienes padecen la situación es la población más desfavorecida.

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Bonett, otro militar que muere en total impunidad

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano.

 

El pasado 15 de junio, a los 78 años de edad, murió el general(r) Manuel José Bonett quien se desempeñó como Comandante del Ejército colombiano a principios de los años noventa y como Comandante de las Fuerzas Militares entre 1996 y 1997, durante el gobierno Samper. Una vez conocido su deceso los principales medios de comunicación del país le reconocieron su respaldo al proceso de paz con la guerrilla de las Farc e incluso algunos lo ubicaron como un demócrata y pacífico militar, que fue jurado del Premio nacional de paz durante quince años.

 

Pero, aunque es cierto que el General le dio su respaldo irrestricto al proceso adelantado en La Habana y eso amerita reconocimiento, su hoja de vida está lejos de ser un intachable currículo en materia de Derechos Humanos y tratamiento a la población civil. En la larga carrera militar de Bonett, desde cuando en 1964 comandó con apenas 21 años de edad uno de los grupos que integró la ofensiva a Marquetalia, hasta cuando alcanzó el más alto grado militar, comandar las Fuerzas Militares colombianas, muchas de las unidades bajo su mando se vieron involucradas en graves violaciones a los Derechos Humanos contra la población no combatiente.

 

La medalla del crimen

 

La operación que buscó acabar las nacientes Farc y que por el contrario terminó por impulsarlas en Marquetalia, estuvo rodeada de inmensos vejámenes contra los campesinos de la región; ahí el General no era más que un simple subteniente. Los crímenes más preocupantes, y por los que el militar nunca fue sancionado, sucedieron cuando comandó grandes unidades militares, como la Tercera Brigada de Cali y la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga.

 


Durante su comandancia al frente de la Tercera Brigada, se llevó a cabo la Operación Relámpago y la masacre de Trujillo. En la primera, 44 sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y estudiantes, militantes del movimiento ¡A Luchar! en el Valle del Cauca, fueron detenidos, torturados y algunas de las detenidas fueron violadas en las instalaciones del Batallón Pichincha, durante el mes de marzo de 1990. Tras esta operación muchos de los detenidos, luego de salir en libertad, fueron forzados al exilio. Por la Operación Relámpago la Procuraduría Delegada para Fuerzas Militares abrió averiguación disciplinaria, pero solo formuló pliego de cargos a militares de menor jerarquía.

 

En la masacre de Trujillo, por su parte, fueron desaparecidos 5 ebanistas y 11 campesinos que según las confesiones de un paramilitar que participó de la misma, fueron torturados, asesinados y algunos de ellos arrojados al río Cauca mutilados o decapitados, con la activa participación de altos mandos del Batallón Palacé y la Tercera Brigada. Estos hechos sucedieron entre finales de abril y principios de marzo de 1990. Allí, aunque hubo serios indicios de la participación intelectual de Bonett, no hubo ninguna investigación en su contra.

 

En ambos casos no solo no hubo justicia, sino que quienes se atrevieron a investigar los crímenes también fueron asesinados o desparecidos. El equipo jurídico que defendió a los detenidos de la Operación Relámpago en su mayoría fue hostigado y algunos desaparecidos, como el abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Alirio de Jesús Pedraza; igualmente el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, párroco de Trujillo y quien investigaba la masacre, también fue desaparecido junto a sus tres acompañantes el 17 de abril de 1990.

 

Por otra parte, durante su comandancia al frente de la Segunda División del Ejército en 1993, la región de Santander experimentó un incremento de los grupos paramilitares y de las acciones de estos contra la población civil, sin que los militares ofrecieran mayor resistencia a los mismos.

 

Se escuchan las trompetas de la impunidad

 

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano. Militares como Bonett, participes de graves violaciones a los Derechos Humanos –como el genocidio político de un movimiento como ¡A Luchar!–, mueren sin cumplir siquiera con el derecho y deber de verdad que tiene el pueblo colombiano.

 

Este horizonte de verdad, que podrían eventualmente ofrecer los militares, se ve cada vez más torpedeado por la situación de indefinición en la que se encuentran las comparecencias de estos ante la Justicia Especial para la Paz –JEP–. Pues salvo su voluntad de hacerlo, no existe hoy otra disposición judicial que los obligue acudir a esta institución, y lo que es peor, tampoco la justicia ordinaria puede actuar contra ellos, debido al ajuste promovido por el Centro Democrático en el Congreso que abre un periodo de 18 meses para reglamentar una sala especial en la JEP que atienda diferenciadamente a los militares. De hecho, en casos como los “falsos positivos”, la justicia ordinaria ya ha transferido varias investigaciones a la JEP, y no podrá dictar sentencia o imponer prisión preventiva, y la propia JEP quizá quedará frenada en este caso hasta que la sala especial se reglamente, conllevando un alto limbo de impunidad como fue denunciado por José Miguel Vivanco, División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.

Publicado enEdición Nº248
Viernes, 27 Julio 2018 17:18

Sí existe un sujeto campesino

Sí existe un sujeto campesino

Un debate abierto en Colombia es si el campesinado existe como sujeto con identidad propia. Acá unas ideas sobre el particular, para animar el intercambio de ideas y la construcción territorial campesina.

 

En Colombia ha sido histórico que el campesinado se movilice por la tenencia de la tierra y por trabajarla con fines populares. Sembrado de diversidad de productos que integran la canasta diaria de miles de familias, comercialización en redes locales, junto al despliegue de dinámicas sociales y políticas alrededor de la tierra, cuyo proceso crea otro tipo de relacionamiento entre las personas, con la naturaleza y con el resto de comunidades. Son particularidades de su cotidianidad y de cómo se construye territorio.

 

Son tan variados y extensos los ejemplos posibles de retomar para evidenciar las particularidades de su dinámica, que amerita un escrito extenso. Por ahora, en el presente, podemos mencionar, por ejemplo, el proceso de colonización campesina en los llanos colombianos a partir de los años 50 y 60 del siglo XX, dinámica social que desembocó en la consolidación de cooperativas y asociaciones campesinas con objetivos comunes de vida digna y movilización social contra el Estado1. En el centro del país, sobresale el asentamiento de comunidades campesinas en el Tolima, a raíz de la guerra declarada por el gobierno de Rojas Pinilla, campesinos obligados a conformar gobierno propio y cuerpos armados de protección2. Estas dos experiencias exponen el cuerpo de un sujeto social relacionado con el campo, sin ser indígena o afrodescendiente.

 

Desde su identidad y urgencia de tierra y otros recursos para construir vida digna, hoy en día el campesinado no deja desaparecer su tradición de lucha social por la tierra. Existen organizaciones sociales del sector que trabajan, organizan y se movilizan por el territorio. Asientan lugares propios, donde la cultura, valores, relaciones sociales, prácticas colectivas, instituciones legitimas, modelo de democracia se instalan en la cotidianidad, delimitando un espacio geográfico donde reproducen la vida. Este tipo de construcción de territorio genera unas dinámicas propias, diferenciadas de sectores como el obrero-sindical, estudiantil, Lgtbi, etcétera. Convivir y compartir en el campo, lejos o cerca de la ciudad, es un rasgo característico primario, pero no es el único, pues en materia de organización el método asambleario donde participa la comunidad, bajo el reconocimiento horizontal y respeto de la diferencia, canalizando así la deliberación y búsqueda de acuerdos comunes, define el cómo construir comunidad.

 

Asimismo, el ámbito cultural y económico también definen a este sector con una identidad que se aparta de otras, sin desconocer las hibridaciones con otras comunidades que no habitan el campo. En la economía esencialmente se busca un relacionamiento directo con el consumidor de los alimentos cosechados, a través de mercados organizados en veredas, pueblos o barrios, donde la producción se expone y comercializa dentro del diálogo con el consumidor. De igual manera, la reivindicación de superar la intermediación de terceros en la comercialización, está presente también en el trabajo productivo campesino. Aquí se articula el uso de insumos orgánicos en la agricultura, como también métodos autosuficientes en la finca, cuando se diversifica el cultivo. Por ejemplo, en una finca X se cultiva el cacao principalmente para la fabricación de chocolate, cuya totalidad de hectáreas se dispone para esta semilla, pero en esas mismas hectáreas se distribuyen otros alimentos a menor escala, con la finalidad de suplir el alimento de la familia, como el plátano, yuca, frutas, entre otros, lo que en el ámbito económico permite solucionar una parte de la alimentación de la familia, y disminuir el desgaste de la tierra.

 

Ahora bien, con el alimento se desprende el aporte sustancial como sector social a la humanidad inmediata y mediata, o local, regional, nacional y global, pues dedicar la vida para producir el alimento que otros adquieren es un rasgo fundamental del sector, rasgo que los potencia como individuos y que puede propiciar, a su vez, una conciencia de su papel en una sociedad dada, motivando de esta manera acciones solidarias en lo inmediato y mediato.

 

Al tiempo que así actúa, en gran cantidad de casos, de manera consciente o inconsciente, cuida la naturaleza buscando un equilibrio entre su agricultura diversificada con los ciclos naturales del territorio y el mundo. Esto, claramente, va en contravía del individuo individualista y consumista que crea la modernidad-colonialidad, que sin ser consciente del fin destructivo de las multinacionales (y del modelo) se provee de sus productos, socavando la vida planetaria3.

 

Los territorios campesinos agroalimentarios como figura organizativa, política y productiva del mundo rural

 

En aras de cimentar institucionalmente el ser campesino, la cultura propia, su economía y la canalización de un modelo de sociedad desde el sector, algunos territorios de Colombia han establecido la figura del Territorio Campesino Agroalimentario (Teca)4, para delimitar un lugar específico que la comunidad comparte, llevando a cabo allí el plan de vida común, que contiene los rasgos arriba expuestos. Pero además, la posibilidad de buscar las garantías de los derechos de los campesinos frente al Estado, el ordenamiento territorial para dirimir los conflictos por el acceso a la tierra y su distribución, más la decisión autónoma de ¿qué hacer con el territorio, sus riquezas naturales, el agua, las especies naturales, etcétera? Es una iniciativa que recrea la tradición campesina colombiana de tener y defender la tierra, para la producción y reproducción de la comunidad campesina bajo un gobierno propio, comunitario.

 

Entonces, desde la participación de las familias campesinas es así como se despliega el ámbito social-cultural, político-comunitario y productivo-ambiental5; en pleno ejercicio autónomo comienzan a crear puentes con la institucionalidad local y regional en representación de esta figura organizativa (legitima) para la elaboración de programas integrales de desarrollo u otro tipo de planes que promuevan la inversión apropiada de los recursos públicos y el bienestar de las comunidades rurales y urbanas; pero el diálogo sobrepasa también la localidad para ir hasta el Estado, quien sustenta una estrecha relación con el sector privado y transnacional, con el fin de llegar a acuerdos comunes para también encontrar el bienestar de las personas. Sin embargo, este diálogo se tensiona a tal punto que la movilización se despliega por parte del campesinado, sacando a la luz conflictos sociales potenciados por el modelo neoliberal.

 

Al igual que el reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, como sujetos y comunidades, el sector campesino busca por múltiples vías su reconocimiento ante el régimen legal y político, para potenciar su importante y vital aporte a la humanidad de producir alimentos y preservar la naturaleza. Aporte real y dinámica propia, que aun implica mucho camino por recorrer y conflictos por resolver para llegar a ese estado de reconocimiento y goce pleno de derechos.

 

Por lo pronto se afianzan este tipo de propuestas sociales, culturales, políticas, comunitarias y ambientales en los territorios, sin desconocer los avances de otras comunidades.

 


 

* Secretaría de Comunicación y Formación del Coordinador Nacional Agrario.
1 Castillo, Wilmar (2017). El territorio de Arauca es una apuesta por la vida. Revista Mexicana de Comunicación. N. 141
2 Buitrago, José del Carmen (2006). Guerrilleros, campesinos y política en el Sumapaz: el Frente Democrático de Liberación Nacional 1953-1956. Universidad del Tolima.
3 Entrevista al líder campesino del Comité de Integración del Macizo Colombiano -Cima-.
4 Proclamación del primer Territorio Campesino Agroalimentario en el Norte de Nariño y sur del Cauca.
Declaración del Territorio Campesino Agroalimentario Vida y Soberanía Popular. Consultado en https://cnagrario.org/2017/11/02/declaracion-territorio-campesino-agroalimentario-vida-y-soberania-popular-distrito-2-y-6-saravena-arauca/
Declaración del Territorio Campesino Agroalimentario del Pie de monte Araucano. Consultado en https://cnagrario.org/2017/11/20/declaracion-territorio-campesino-agroalimentario-del-piedemonte-araucano-distrito-1-municipio-de-fortul-departamento-de-arauca/
5 Elementos conceptuales para la construcción del enfoque político de la territorialidad campesina alimentaria. Consultado en https://www.cna-colombia.org/como-construimos-un-enfoque-politico-de-la-territorialidad-campesina/

Publicado enEdición Nº248
Miércoles, 20 Junio 2018 06:13

El Mago de Oz va al banco central

El Mago de Oz va al banco central

La historia del Mago de Oz ha pasado siempre como un divertido cuento para niños cuyo tema central es que los milagros siempre son posibles, aun en circunstancias difíciles. Pero pocos saben que la intención del autor, L. Frank Baum, era escribir una alegoría política en la que los personajes representaban segmentos de la sociedad estadunidense a principios del siglo XX.


Por ejemplo, en la metáfora de Baum, el hombre de paja representa al campesinado y a los farmers, cuyo análisis político es muy poco sofisticado. Por eso anda en busca de un cerebro. Por su parte, el hombre de hojalata personifica a los obreros industriales, explotados por políticos y líderes sindicales corruptos. Los demás personajes encarnan otras figuras de la sociedad estadunidense y el famoso camino amarillo simboliza el patrón oro que muchos suponían podría resguardar el valor de la moneda y evitar las arbitrariedades de gobiernos y banqueros.


La creencia de que el patrón oro permitiría combatir los abusos de la clase política y de los banqueros es una de las creencias populares más aceptadas aun en nuestros días. No es la única creencia errónea sobre el funcionamiento de la política monetaria y casi siempre se acompaña de otro mito clave sobre el sistema bancario: la idea de que el banco central controla efectivamente la oferta monetaria.


La idea básica del patrón oro es que al fijar por ley el valor de la moneda en una fracción de ese metal precioso, el valor del instrumento monetario queda a salvo de las manipulaciones del poder político. Supuestamente la degradación del valor de la moneda se evita al asegurar la convertibilidad en algo tangible, como el oro, porque las autoridades político-monetarias deben mantener las reservas adecuadas para garantizar el valor de la moneda para tranquilidad de todo mundo.
En realidad un sistema basado en el patrón oro no es garantía contra las crisis y la pérdida de valor de la moneda. Prueba de lo anterior es que durante la vigencia de sistemas basados en el metalismo fueron frecuentes los episodios de hiperinflación y desvalorización de la moneda. Por otra parte, la historia demuestra que el patrón oro y otras formas de metalismo sí son una atadura para la política monetaria. Por eso el patrón oro fue una de las principales correas de transmisión de los efectos de la crisis de 1929 y contribuyó a extender las consecuencias de la Gran Depresión. Los países que se regían por el patrón oro hacían todo lo posible (incluso recurrir al proteccionismo) para evitar que el oro saliera de sus reservas para hacer frente a sus compromisos internacionales. La alternativa fue el ajuste interno y la deflación, y para ello se necesitó aplicar las recetas tradicionales de austeridad, con lo que la recesión se transformó en crisis. El patrón oro se convirtió en una máquina para transmitir y profundizar las secuelas de la Gran Depresión. No por nada Keynes lo llamó una bárbara reliquia del pasado.


La idea clave del patrón oro es que la oferta monetaria debe estar atada a las reservas del metal precioso. Pero esa idea ignora todo sobre el funcionamiento del sistema bancario y el papel del banco central. Supone que los bancos comerciales son simples intermediarios entre ahorradores e inversionistas en un mítico mercado de capitales. En ese mundo fantástico los ahorradores depositan sus ahorros en los bancos y éstos prestan ese dinero a los inversionistas. El diferencial entre la tasa de interés pagada a los ahorradores y la que se cobra a los inversionistas es la ganancia de los bancos por su labor de intermediación.


Esta idea ingenua sobre el mercado de fondos prestables predomina aún en análisis modernos de una economía con moneda fiduciaria, por ejemplo en economistas como Krugman. Pero esa visión no tiene nada que ver con la realidad. Lo que un banco comercial necesita es encontrar un sujeto de crédito confiable, con buen historial y, si se trata de un inversionista, con un proyecto rentable. Pasada la prueba, el préstamo se autoriza y se abre una cuenta en el banco: por eso los préstamos crean los depósitos. Cuando la actividad de los bancos lo requiere, el banco central genera las reservas necesarias para que el sistema pueda seguir operando. Esta postura acomodaticia del banco central es la clave de la política monetaria en la actualidad. El corolario es que el banco central no controla la oferta monetaria.


Si el cuento de Baum es una alegoría política, ¿quién es el Mago de Oz? Cuando al final Dorotea recorre la cortina y descubre a un hombrecito cuya base de poder son los globos de aire caliente, el Mago de Oz encarna el contubernio entre políticos y el poder financiero. Dorotea revela que los sueños de la población, de los campesinos y obreros, pueden hacerse realidad. Sólo se requiere descubrir la verdad del complejo entramado con el que políticos y el sector financiero han sometido a la economía para beneficio de los especuladores.


Twitter: @anadaloficial

 

Publicado enEconomía
Dinero y comunidad: fantasía entre teoría e historia

En agosto de 1938, Cordell Hull, secretario de Estado en el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, estaba indignado con los mexicanos. El gobierno de Lázaro Cárdenas había expropiado a las compañías petroleras el 18 de marzo de ese año y se había comprometido a pagar la correspondiente indemnización conforme a las leyes mexicanas. Las compañías, sin embargo, se negaban a llegar a un acuerdo y a negociar la valuación y el monto a pagar y pedían la devolución de sus antiguas propiedades.

 

Uno de los puntos del complicado litigio consistía en que, mientras el gobierno mexicano consideraba que el petróleo del subsuelo era propiedad de la nación y no de las compañías, simples concesionarias de su explotación, éstas incluían a los yacimientos entre sus propiedades. El otro era el valor de las instalaciones mismas. Finalmente, las compañías –y en eso las más intransigentes eran las británicas– negaban el derecho mexicano de expropiar.

 

El gobierno de Estados Unidos, por su parte, reconocía el derecho del gobierno de México a expropiar dentro de los límites de su soberanía territorial y se separaba, en esto, de la postura de las compañías petroleras. Pero exigía pago inmediato de una justa indemnización. Los mexicanos no se negaban a pagar, pero reclamaban, primero, que las compañías permitieran una evaluación imparcial de sus bienes y, segundo, que se pagara en los plazos en que México estuviera en condiciones de hacerlo.

 

Esta polémica se entrecruzaba con la discusión casi idéntica sobre el pago de la indemnización por la expropiación de tierras mexicanas propiedad de ciudadanos de Estados Unidos en cumplimiento del programa de reforma agraria del gobierno del general Cárdenas. Y sobre estas expropiaciones agrarias se había entablado el litigio entre ambos gobiernos.

 

2

 

¿Por qué estaba especialmente enfurecido Cordell Hull en aquel verano de 1938? Es que el 21 de julio había hecho saber a los mexicanos, en una nota diplomática, que no se valía postergar el pago de las expropiaciones agrarias argumentando la urgencia de los programas sociales del gobierno, pues eso violaba “las normas universalmente reconocidas de derecho y equidad”. Escribía el secretario de Estado:

 

No podemos admitir que un gobierno extranjero pueda tomar la propiedad de ciudadanos estadunidenses violando la norma de indemnización conforme al derecho internacional. Tampoco podemos admitir que cualquier gobierno unilateralmente y mediante su legislación interna pueda, como sucede con el presente caso, anular este principio universalmente aceptado del derecho internacional, basado como está en la razón, la equidad y la justicia1.

 

Y se había molestado al extremo porque el gobierno mexicano, a esa comunicación, había respondido el 3 de agosto de 1938 en estos términos:

 

Mi gobierno sostiene, por el contrario, que no hay en derecho internacional ninguna regla universalmente aceptada en la teoría, ni realizada en la práctica, que obligue al pago de una compensación inmediata, ni siquiera diferida, por expropiaciones de carácter general o impersonal, como las que México ha realizado para procurar la redistribución de la tierra.


Las expropiaciones efectuadas en el proceso de nuestra reforma agraria tienen, en efecto, ese doble carácter que debe ser tomado muy en cuenta para entender la posición de México y justipreciar la aparente falta de cumplimiento de sus obligaciones.


Sin pretender refutar el punto de vista del gobierno norteamericano, deseo llamar de manera muy especial, su atención hacia el hecho de que la reforma agraria no es solamente uno de los aspectos de un programa de mejoramiento social intentado por un gobierno o un grupo político para experimentar nuevas doctrinas, sino que constituye el cumplimiento de la más trascendental de las demandas del pueblo mexicano que sacrificó para lograrla, en la lucha revolucionaria, la vida misma de sus hijos. La estabilidad política, social y económica, y la paz de México, dependen de que la tierra sea puesta nuevamente en manos de los campesinos que la trabajan; por lo tanto, su distribución, que venía a implicar la transformación del país, es decir, el futuro de la nación, no podía detenerse ante la imposibilidad de pagar inmediatamente el valor de las propiedades pertenecientes a un reducido número de extranjeros que solamente persiguen un fin lucrativo.


Por una parte, se aprecian las reivindicaciones de justicia y mejoramiento de todo un pueblo y, por otra, los intereses puramente pecuniarios de algunos individuos. La posición de México en desigual dilema no podía ser otra que la asumida y no se afirma esto como un atenuante de su proceder, sino como una verdadera justificación del mismo. […]


Sin embargo, México admite, en obediencia a sus propias leyes, que sí está obligado a indemnizar en forma adecuada, pero la doctrina que sustenta al respecto, que está apoyada en las más autorizadas opiniones de tratadistas de derecho internacional, es que el momento y la forma de hacer dicho pago deben ser determinados por sus propias leyes2.

 

El gobierno mexicano estaba contraponiendo a los reclamos del gobierno de Estados Unidos no una situación de hecho ni una interpretación diferente de una misma norma de derecho, sino una doctrina jurídica diferente.

 

Era un conflicto entre dos derechos: uno, el de una comunidad originada en lazos anteriores al dinero; el otro, el de una comunidad donde el dinero como equivalente universal es medida de razón, equidad y justicia –en otras palabras, una comunidad natural regida por la costumbre y una comunidad mercantil regida por el dinero.

 

3

 

No es imaginable que esta distinción se presentara clara en las mentes de los protagonistas. Cordell Hull postulaba su idea de la justicia y el derecho como universal. Quien opusiera otra no planteaba para él un conflicto de derechos. Simplemente se colocaba fuera de la ley. Era un proscripto. El 22 de agosto, en una nota tajante, respondió al gobierno mexicano:

 

La aceptación universal de esta norma del derecho internacional que, en realidad, es simplemente una declaración de justicia común y trato justo, no admite, en opinión de este gobierno, ninguna divergencia de opinión. […]


La toma de propiedad sin indemnización no es expropiación. Es confiscación. No es menos confiscación porque pueda haber una declaración de intenciones de pagar en algún momento futuro3.


La respuesta del secretario de Estado tenía tonos sinceros de indignación moral. Sin embargo, para beneficio de la comprensión de los mexicanos y para fundamentación de su propia posición, Cordell Hull exponía en su documento una explicación histórica, a su criterio obvia, de los orígenes del derecho universal:
Dije que el gobierno de Estados Unidos no puede admitir que un gobierno extranjero pueda tomar la propiedad de los ciudadanos estadunidenses ignorando la norma de indemnización universalmente reconocida por el derecho internacional o admitir que la norma de compensación pueda ser anulada por cualquier país bajo su legislación interna.


Mi gobierno tenía presente que la doctrina de justa indemnización por propiedades tomadas tuvo origen mucho antes que el derecho internacional. Fuera de toda la duda, la cuestión se planteó por primera vez cuando una persona trató de apoderarse de la propiedad de la otra. La sociedad civilizada determinó que la justicia común exigía que se le pagara por eso. Una nación después de otra decidieron que era justo y razonable, equitativo y correcto, acompañar la toma de propiedad con el pago de justa compensación. A su debido tiempo, las naciones del mundo aceptaron esto como una sólida norma básica de juego limpio y trato justo. Hoy, está incorporado a las constituciones de la mayor parte de los países del mundo y de cada república del continente americano y ha sido aplicado como doctrina internacional en el derecho internacional universalmente reconocido. Es nada más que el reconocimiento entre las naciones de las reglas de trato justo y correcto, como funcionan habitualmente entre los individuos y que son esenciales para el intercambio amistoso4.


Todo esto, decía Cordell Hull, era “evidente por sí mismo” y la posición mexicana había sido recibida por su gobierno, “siento necesario decir con toda claridad, no sólo como sorpresa, sino con un profundo sentimiento de pena”:

 

La adopción por las naciones del mundo de una teoría como esa resultaría en la inmediata ruptura de la confianza y la credibilidad entre las naciones y en un de-terioro progresivo de las relaciones económicas y comerciales internacionales tal que pondrían en peligro los cimientos mismos de la civilización moderna. El progreso humano sería fatalmente hecho retroceder5.

 

4

 

La respuesta del gobierno mexicano fue igualmente severa. Vino el 1 de septiembre en el informe del presidente Cárdenas al Congreso de la Unión:

 

La reforma agraria representa la más urgente y trascendental de las medidas empleadas por México para lograr su estabilización social y económica y […] frente al deber imperativo e ineludible de cumplirla, el gobierno ha considerado obrar justificadamente al ocupar las tierras, reconociendo en favor de sus propietarios la obligación de indemnizarlos, si bien el pago respectivo haya tenido que ser demorado. Considerando México que los derechos de la colectividad deben prevalecer sobre los de-rechos individuales, no podía subordinar la aplicación de la ley a las posibilidades de un pago inmediato.


En las luchas sostenidas por los pueblos para lograr su transformación social se han lesionado los intereses de los inversionistas nacionales y extranjeros por actos inevitables del poder público, que en ocasiones no han traído aparejada la compensación inmediata, ni siquiera la posterior, y sin embargo su conducta ha sido lícita si se atiende a los intereses superiores que han tratado de servir6.

 

Dos concepciones del derecho se contraponían y cada una de las partes daba a al propio valor universal.

 

No ignoro la dificultad en dar el salto desde la teoría a la historia. Pero hay veces, cuando los conflictos tocan el fondo rocoso de los principios, que la historia tiene alas y el salto puede, si no eliminar sus riesgos, al menos aminorarlos.

 

5

 

Casi un siglo antes, en sus notas de lectura de 1844 conocidas hoy como los Cuadernos de París, Karl Marx se ocupaba del diferendo que oponía a Cárdenas y Hull. La explicación histórica del estadunidense sobre los orígenes del derecho a ser indemnizado: “fuera de toda duda, la cuestión se planteó por primera vez cuando una persona trató de apoderarse de la propiedad de otra”, presuponía que el primer atributo de la persona era precisamente la propiedad. Marx, tanto tiempo antes, se detenía en este presupuesto:

 

La economía política concibe a la comunidad de los hombres –es decir, a su esencia humana en acción, a su complementación en la vida genérica, en la verdadera vida humana– bajo la forma del intercambio y el comercio. La sociedad, dice Destutt de Tracy, es una serie de intercambios recíprocos. La sociedad, dice Adam Smith, es una sociedad de actividades comerciales. Cada uno de sus miembros es un comerciante.


Puede verse la manera como la economía política fija la forma enajenada del intercambio social como forma esencial y original, adecuada a la determinación humana.


La economía política, siguiendo el movimiento real, parte de la relación del hombre con el hombre como relación de propietario privado con propietario privado. Si se presupone al hombre como propietario privado, es decir, como poseedor exclusivo que afirma su personalidad, se diferencia de los otros hombres y está en referencia a ellos en virtud de esa posesión exclusiva –la propiedad privada es su existencia personal, distintiva, y por lo tanto esencial–, resulta entonces que la pérdida de la propiedad privada o la renuncia a ella es una enajenación del hombre en tanto que propiedad privada7.

 

La indignación moral con que Cordell Hull recibía doctrinas jurídicas mexicanas era real y sincera. Esas doctrinas estaban atentando contra la esencia humana misma tal como ésta había quedado definida allá en la noche de los tiempos, la primera vez que “una persona trató de apoderarse de la propiedad de otra”. Legitimaban, entonces, una “enajenación del hombre” y, en efecto, su difusión “pondría en peligro los cimientos mismos de la civilización moderna”.

 

Nada más que el gobierno mexicano estaba hablando de otra civilización o de otros fundamentos de la vida civilizada. Presuponía a la comunidad de los mexicanos y mexicanas como preexistente a la propiedad y al intercambio mediado por el dinero, ese dinero que se le exigía pagar como justa e inmediata reparación por las expropiaciones agrarias. No era éste, por supuesto, el lenguaje de la vida cotidiana en la sociedad mexicana, también regida por la propiedad y mediada por los intercambios y el dinero. Pero lo era cuando su gobierno era llevado a afirmarse en los fundamentos mismos de la comunidad nacional, que era lo que sucedía en los días culminantes del conflicto petrolero:


Considerando México que los derechos de la colectividad deben prevalecer sobre los derechos individuales, no podía subordinar la aplicación de la ley a las posibilidades de un pago inmediato. […] Esta teoría que parece al gobierno de Estados Unidos subversiva e insólita en el orden internacional, ha sido aplicada por Estados que figuran a la vanguardia de la civilización cuando ante la necesidad suprema del Estado y sin desconocer el derecho de propiedad, no han vacilado en tomarla sin indemnización correspondiente8.

 

Era, entonces, casi sin metáfora, un conflicto de civilizaciones y un conflicto de concepciones sobre el sustrato de la comunidad y sus relaciones con sus individuos. Sería injusto decir que sus protagonistas no tenían ninguna conciencia de ello, dado que el término “civilización” aparece en lugar central en la argumentación de cada uno.

 

6

 

Estas concepciones no provenían de influencias comunistas, como sospechaba y decía Cordell Hull9, sino de las antiguas fuentes del derecho hispánico y de las comunidades indígenas, ambas confluyentes en una idea de comunidad anterior a los individuos, idea perviviente en la herencia cultural y relacional mexicana y todavía no disuelta entonces por el dinamismo de los intercambios mercantiles y dinerarios10.

 

La reflexión sobre esa idea histórica de comunidad, que atraviesa la obra de Marx hasta las cartas a Vera Zasulich, aparece en los Cuadernos de París:

 

El intercambio, tanto de la actividad humana en el propio proceso de producción como de los productos humanos entre sí, equivale a la actividad genérica y al goce genérico, cuyo modo de existencia real, consciente y verdadero es la actividad social y el goce social. Por cuanto el verdadero ser comunitario es la esencia humana, los hombres, al poner en acción su esencia, crean, producen la comunidad humana, la entidad social, que no es un poder abstracto-universal, enfrentado al individuo singular, sino la esencia de cada individuo, su propia actividad, su propia vida, su propio goce, su propia riqueza. Por tanto, no es en virtud de la reflexión que aparece esta comunidad verdadera, sino en virtud de la necesidad y del egoísmo de cada individuo; es decir, es producida de manera inmediata en la realización de la existencia humana. La realidad de esta comunidad no depende de la voluntad humana; pero mientras el hombre no se reconozca como hombre y, por tanto, organice al mundo de manera humana, esta comunidad aparecerá bajo la forma de enajenación. Debido a que su sujeto, el hombre, es un ser enajenado de sí mismo11.

 

Aquella idea de comunidad no está mediada por el dinero, este “mediador ajeno”, como dice Marx en sus apuntes, cuando “el hombre mismo debería ser el mediador para los hombres”. Pero esa idea no existe ya en la realidad aparente. ¿Por qué aparece, entonces, una sombra o un reflejo de ella cuando en 1938 el poder que asume la representación de la comunidad de los mexicanos entra en conflicto, sobre el propio territorio donde ésta existe y se define, con el poder que asume la representación de la comunidad de los estadunidenses?

 

Porque el conflicto, a mi entender, toca las fibras más profundas de definición de la identidad comunitaria nacional en cada una de ellas. Y entonces, borrosa pero inconfundiblemente, toma la forma de dos de-finiciones nacionales diferentes, aquello que es un conflicto entre dos ideas de comunidad que atraviesa a todas las sociedades en tránsitos seculares desde sus formas naturales (comunitarias o precapitalistas, si se quiere) a sus formas capitalistas.

 

7

 

Si en la indignación de Cordell Hull se escuchan resonancias de la misma indignación que en los señores de la Inglaterra de los siglos xvii y xviii, en las razones morales de los mexicanos aparecen, bajo la forma de sentimiento nacional, las motivaciones de la economía moral que, como bien nos lo explicó Edward P. Thompson, inspiraban las rebeldías plebeyas contra aquellos señores en esos siglos12.

 

Se enfrentan dos indignaciones morales paralelas y verdaderas; en el fondo, dos visiones sobre la esencia humana, la comunidad y la propiedad privada. Sólo llevando el análisis a este terreno puede verse la profundidad del choque, entre una comunidad donde aún la economía moral dominaba las conciencias y otra donde se explayaba en toda su fuerza la economía de mercado del siglo xx.

 

No es forzar la analogía afirmar que el aprecio de aquellas motivaciones de los plebeyos anima la indignación moral que aparece aquí y allá en los Cuadernos de París y en la obra entera de Marx:

 

Mi trabajo sería expresión vital libre, por tanto goce de la vida. Bajo las condiciones de la propiedad privada es enajenamiento de la vida, pues yo trabajo para vivir, para conseguir un medio de vida. Mi trabajo no es vida13. […] Al negar […] toda importancia a la vida misma, la abstracción propia de la economía política alcanza el colmo de la infamia14.


Y unas páginas más allá:

 

Considérese la abyección que implica la valoración de un hombre en dinero, tal como tiene lugar en la relación crediticia. [...] El crédito es el juicio en términos económicos sobre la moralidad del hombre. [...] La individualidad humana, la moral humana se ha vuelto, por un lado, un artículo de comercio y, por otro, el material en que existe el dinero. La materia, el cuerpo del espíritu del dinero no es ya el dinero, o sus representantes en papel, sino mi propia existencia personal, mi carne y mi sangre, mi virtud y mi valía sociales15.

 

Tan real y hondo era el conflicto entre dos derechos y dos visiones del mundo que en esos acontecimientos se jugaba, que más allá de la conciencia de sus protagonistas aparecía, como debe ser, en las formas de su lenguaje.

 

8

 

A riesgo de aumentar los peligros de este vuelo entre historia y teoría, quiero agregar que en los Cuadernos de París encontré el hilo para salir del laberinto de un extraño diálogo que había hallado en las discusiones de aquellos días entre los dos gobiernos.

 

En diciembre de 1936, mucho antes de la expropiación petrolera y apenas iniciada la reforma agraria en el Valle del Yaqui, donde estaban siendo afectadas o iban a serlo propiedades de ciudadanos de Estados Unidos, el embajador de este país, Josephus Daniels, rooseveltiano y viejo populista agrario del estado sureño de North Carolina, tuvo una entrevista con el presidente mexicano. Entre otras cuestiones, le planteó la de las expropiaciones agrarias. Daniels tenía especial simpatía por los planes y la política de Cárdenas y éste lo sabía. Iba sin embargo en la entrevista a plantear las preocupaciones de su gobierno.

 

Después de reiterar que la ley agraria sería aplicada en el Yaqui, no afectando sin embargo a las propiedades de ciudadanos de Estados Unidos hasta 150 hectáreas según disponía la misma ley, el general Cárdenas hizo al embajador un pedido poco común, singularmente ajeno a los usos, costumbres y lenguajes de la diplomacia. Así lo registra el cronista de la reunión, Pierre Boal, consejero de la embajada:

 

El presidente Cárdenas dijo entonces que quería pedir un favor personal al embajador [subrayado en el original]. Dijo que su pueblo había vivido durante años en una situación de abrumadoras miseria y pobreza. La ambición de la gran masa de trabajadores agrarios pobres había sido poseer la tierra en la cual trabajaban, y él y su gobierno habían tratado fielmente de llevar adelante ese propósito. ¿No sería posible para el embajador lograr el apoyo del presidente Roosevelt y del gobierno de Estados Unidos para convencer a los propietarios estadunidenses en México de que cooperaran con el gobierno mexicano de modo que ese fin pudiera alcanzarse?16.

 

La crónica no dice qué cara puso el embajador –posiblemente, cara diplomática–, pero sí que respondió que transmitiría ese pedido en persona a Roosevelt y a Hull.

 

 

9

 

¿Pero por qué a mí, más de medio siglo después, me parecían tan extraños, y a la vez tan familiares, el pedido y sobre todo el tono del general? ¿Por qué me conmovía la anécdota, por qué veía una recóndita dignidad en donde otros tal vez hayan querido ver deferencia o dependencia?17.

 

Era el lenguaje lejano de la comunidad contra el lenguaje del dinero, el lenguaje humano contra el lenguaje de la propiedad. Era una voz que, en el distante mundo de la diplomacia y del poder, estaba dando al otro argumentos indiferentes a la lógica del “mediador ajeno” pero vivos todavía en la imaginación y en la razón de su comunidad nacional.


Es lo que encontré, con el riesgo que antes digo, en los Cuadernos de París:

 

El único lenguaje comprensible que hablamos entre nosotros son nuestros objetos en su relación entre sí. Un lenguaje humano nos resultaría incomprensible e inefectivo: el primero lo usaría como una petición, como un ruego, sabría por tanto que se degrada y se sentiría avergonzado, humillado; el otro lo escucharía teniéndolo por un atrevimiento, y lo rechazaría como a un desvarío. A tal punto estamos mutuamente enajenados de la esencia humana, que el lenguaje inmediato de esta esencia nos parece un atentado contra la dignidad humana, mientras el lenguaje enajenado de los valores cosificados se nos presenta como la realización adecuada de la dignidad humana en su autoconfianza y su autorreconocimiento18.

 

Dije al comienzo que esto era una fantasía de historiador dando saltos vedados sobre dominios entre los cuales es peligroso omitir las mediaciones. Fantasía, si bien entiendo, es la forma musical en que suele disolverse la construcción clásica de la sonata. Si esta metáfora me está permitida, quiero cerrar con una última variación sobre el mismo tema.

 

La liquidación del artículo 27 Constitucional, producto de la soberbia del poder y del dinero unida con la ignorancia sobre los sentimientos de esta nación, atentó contra los últimos pero reales vestigios de las razones, los modos y las promesas de una comunidad mexicana que se reconoce, finalmente, en la tierra. Fue, en términos escuetos, sintéticos y precisos, un asalto del dinero contra esa comunidad y contra su historia, su arraigo y su esencia.

 

En ese espacio entre comunidad y dinero, que no ha cesado hasta hoy de alimentar desde el fondo los conflictos de la mayoría de los habitantes de este mundo, se gestó, se jugó y encontró sus ideas y su razón de ser el levantamiento de los indígenas de Chiapas. Si tuvo resonancias y simpatías en todo el territorio nacional y aún más allá es porque ese nervio profundo sigue vivo y fue tocado. El futuro dirá por cuál camino nos iremos.

 

10

 

Hemos entrado en una nueva época del capital. Los regímenes de economía estatal, aquellos donde un estrato social burocrático, dueño del poder y del Estado, dominaba y regulaba la economía estatizada –Rusia, China, Vietnam, Europa del Este–, han dado origen desde los últimos años del siglo xx a poderosas economías y naciones donde una nueva clase poseedora, afirmada en las finanzas –tierra, industria, bancos– es dueña del Estado, la política, los medios de producción, el conocimiento científico y la investigación, la tecnología, la educación y, sobre todo, es dueña de las fuerzas armadas, concentrada síntesis del poder.

 

Este orden fue engendrado en las entrañas de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tanto en la carrera militar, científica y tecnológica entre las potencias en guerra por la energía atómica y la bomba nuclear, como en la paralela carrera por la automatización y la digitalización. De las entrañas de la guerra mundial nació en las potencias ambos bandos –Estados Unidos, Gran Bretaña19, Rusia, Alemania– la revolución tecnológica que desembocó en la digitalización de nuestros días, germen de inmensas posibilidades de conocimiento y de disfrute y, al mismo tiempo, instrumento refinado de dominación, de control y de refinada destrucción de los recursos naturales y las solidaridades y comunidades de la especie humana.

 

En Capital y tecnología20, allá por la segunda mitad del siglo xix, Carlos Marx citaba un aforismo de Andrew Ure21, teórico y defensor del sistema fabril en expansión en Gran Bretaña: “Cuando el capital enrola la ciencia a su servicio, la mano rebelde del trabajo aprende siempre a ser dócil.” Cada revolución tecnológica en la era del capital: el vapor, la energía eléctrica, la automatización ha confirmado, época tras época, este aforismo.

 

La digitalización, que ha florecido y expandido sin cesar sus territorios en nuestras vidas desde las últimas décadas del siglo xx hasta el presente, es la cuarta revolución tecnológica en la era del capital. Ha sido vehículo e instrumento de la mundialización de la dominación del capital sobre toda la superficie del planeta y toda civilización humana bajo su forma abstracta, las finanzas; es decir, no amarrada a una forma material específica, llámese tierra, industria, comunicaciones o tecnología, pero dueña o dominante de todas ellas como propiedad material.

 

No estamos ante una nueva política –el neoliberalismo o como se le quiera llamar– ni se trata de un “modelo” económico, según una terminología obsoleta que ni en sus lejanos días de auge tuvo validez explicativa sobre la realidad. Estamos ante una nueva época de la civilización humana a la cual es posible denominar la unificación financiera y tecnológica del mundo22.

 

11

 

Los historiadores cuentan historias, no adivinan el porvenir. Su tarea es conocer y dar a conocer, no predecir futuros o diseñar proyectos. Pero en tanto mujeres y hombres cuyo oficio se ocupa de los seres humanos en el tiempo, no pueden evitar pensar en el futuro. Es cuanto Edward P. Thompson, hoy más nuestro que nunca, nos quiso decir en Costumbres en común cuando escribió sobre posibles futuros alternativos23:

 

Nunca regresaremos a la naturaleza humana precapitalista; sin embargo, un recuerdo de sus necesidades, esperanzas y códigos alternativos puede renovar nuestra idea de la amplitud de las posibilidades de nuestra naturaleza. Podría incluso prepararnos para un tiempo en el cual se descompongan tanto las necesidades y expectativas capitalistas como las comunistas estatistas y sea posible rehacer la naturaleza humana bajo nuevas formas. Esto es tal vez silbar en medio de un ciclón. Es invocar el redescubrimiento, en nuevas formas, de un tipo nuevo de “conciencia de costumbres”, en la cual otra vez generaciones sucesivas establezcan entre sí una relación de aprendizaje, en la cual las satisfacciones materiales se mantengan estables (aun estando más igualitariamente distribuidas) y sólo se amplíen las satisfacciones culturales, y en la cual las esperanzas y expectativas se vayan igualando en un estado estable de las costumbres.

 

“Silbar en medio de un ciclón”: tal vez este ciclón es aquella tempestad que sopla desde el Paraíso, de la cual nos decía Walter Benjamin, violenta e irresistible, lanzando hacia el futuro al ángel de la historia, esa tormenta cuyo nombre es Progreso. Pero silbar en la tormenta ¿no es acaso lo que Benjamin se proponía en sus tesis Sobre el concepto de historia, su legado desde Port Bou para todos nosotros?24.

 

Articular históricamente el pasado no significa conocerlo “como verdaderamente ha sido”. Significa adueñarse de un recuerdo tal como éste relampaguea en un instante de peligro […] Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que sólo se encuentra en aquel historiador compenetrado con esto: tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer.

 

A este cambio de época lo hemos llamado “el tiempo del despojo”. Pero el despojo no es sólo de nuestros bienes terrenales, sino también de la entera naturaleza y de nuestra misma condición humana, que es naturaleza y a ella pertenece. ¿Entonces?

 

Como en aquel entonces también nos dijo Walter Benjamin:

 

Para Marx las revoluciones son las locomotoras de la historia. Pero tal vez las cosas sean diferentes. Tal vez las revoluciones sean la forma en que la humanidad, que viaja en ese tren, jala el freno de emergencia.

 


 

* Historiador. Profesor emérito de la Unam. Fuente: La Jornada Semanal, 6 de mayo 2018.
** Una versión inicial de los temas de este escrito fue presentada en el seminario “Karl Marx 1844-1994. A 150 años de los Manuscritos de París”, Facultad de Economía, Unam, 30 de junio de 1994. Un desarrollo extenso de las ideas aquí expuestas, en Adolfo Gilly, El cardenismo, una utopía mexicana, Era, México, 2010, 384 pp. Un antecedente inmediato, en Adolfo Gilly y Rhina Roux, El tiempo del despojo – Siete ensayos sobre un cambio de época, Ítaca, México, 2015, 191 pp. Una inspiración, en Bolívar Echeverría, Ziranda (inédito).
1. Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1938, Vol. v, pp. 674-678; Boletín de Información, Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, México, 22 de julio de 1938.
2. El Universal, 4 de agosto de 1938; Foreign Relations, 1938, Vol. v, pp. 679 -684.
3. Foreign Relations, 1938, Vol. v, pp. 685-696.
4. Ibíd.
5. Ibíd.
6. Lázaro Cárdenas, Palabras y documentos públicos, México, Siglo xxi Editores, 1978, Vol. 2, ps. 122-147. Es seguro que ambos interlocutores ignoraban que un antecedente lejano de esta divergencia había aparecido en 1842 en la “Rheinische Zeitung” en un escrito de Karl Marx, “En defensa de los ladrones de leña”. Una edición reciente en Karl Marx/Daniel Bensaid, Contra el expolio de nuestras vidas, errata naturae, Madrid, 2015, pp. 11-54. Completa esta edición Daniel Bensaid, “Karl Marx, los ladrones de leña y los derechos de los des-poseídos”, pp. 57-158.
7. Karl Marx, Cuadernos de París [notas de lectura de 1844], México, Ediciones Era, 1974, pp. 138-139.
8. Lázaro Cárdenas, op. cit.
9. El 10 de septiembre, en una conversación con el embajador mexicano en Washington, Francisco Castillo Nájera, el secretario de Estado le dijo que “un cuidadoso examen de todas las evidencias y la literatura sobre el tema indica que el gobierno mexicano se está aproximando al marxismo o a las bases del comunismo, ya sea conciente o inconcientemente”. Foreign Relations, 1938, Vol. v, pp. 705-707.
10. Sobre esta confluencia en la formación de la conciencia nacional mexicana, ver Jacques Lafaye, Mesías, cruzadas, utopías, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, en especial el capítulo v, “La utopía mexicana – Ensayo de intrahistoria”.
11. Karl Marx, Cuadernos..., op. cit., pp. 136-137.
12. E. P. Thompson, Tradición, revuelta y consciencia de clase, Barcelona, Editorial Crítica, 1979, “La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo xviii”, pp. 62-134. E. P. Thompson, Customs in Common – Studies in Traditional Popular Culture, The New Press, New York, 1993.
13. Karl Marx, Cuadernos..., op. cit., p. 156.
14. Ibíd., p. 117.
15. Ibíd., pp. 133-134.
16. Adolfo GilIy, El cardenismo - Una utopía mexicana, México, Ediciones Era, 2001, p. 234.
17 Por ejemplo José Vasconcelos, prólogo a Victoriano Anguiano, Lázaro Cárdenas, su feudo y la política nacional, México, Editorial Eréndira, 1951, p. 12.
18 Karl Marx, Cuadernos de París, cit., pp. 153-154.
19 Para Estados Unidos, ver David e. Noble, America By Design. Science, Technology and the Rise of Corporate Capitalism, New York, Knopf, 2013, 384 pp., y Forces ofProduction – A Social History of Industrial Automation, 2013, 409 pp. Para Gran Bretaña, ver entre otros Teresa Guerrero, “Alan Turing, el hombre que venció a los nazis con la ciencia”, El Mundo, Madrid, 27/6/2012.
20 Karl Marx, Capital y tecnología (Manuscritos inéditos, 1861-1863), México, Terra Nova, 1980, p.66.
21 Andrew Ure, The Philosophy of Manufactures, London, 1835.
22 “La unificación financiera del mundo”, en Adolfo Gilly y Rhina Roux, El tiempo del despojo. Siete ensayos sobre un cambio de época, Ítaca, México, 2015, 191 pp., pp. 7-18. Tomamos la expresión de un ensayo famoso de Emmanuel Le Roy Ladurie, Un concept: l’unification microbienne du monde (xix-xvii siècles), 1973, Socieéé Générale Suisse d’Histoire, 70 pp.)
23 Edward P. Thompson, Customs in Common, The New Press, Nueva York, 1993, p. 14. En este apartado retomo, como conclusión, ideas expuestas en Adolfo Gilly, Historia a contrapelo –Una constelación, México, Era, 2006, 147 pp., iii. “Economía moral y modernidad”, pp. 59-77.
24 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, en Écrits français, Gallimard, París, 1991, pp. 339-56.

 

Lunes, 28 Mayo 2018 09:20

Memoria de canto y copla

Memoria de canto y copla

En estos días tengo la oportunidad de realizar un gesto que podría rotular de solidario, pero, a la luz de la candela, a la luz de la realidad, más bien se trata de la donación de un pequeño firulete tecnológico, un juguetico que tal vez nos alegrará algunos ratos.

 

Aunque puedo afirmar, con más pretensión que atino, que la razón fundamental de brindar este aparatico al señor Alfonso, es la de ayudarle a registrar digitalmente los relatos milenarios de sus paisanos, en realidad esperamos, que el pretexto siempre sea el de reunirse, como en una especie de Dabukurí de los datos, que siempre será más relevante a los ojos de las comunidades, que el de rendirle cuentas a la noción de lo patrimonial y sus “patrimonializaciones tan patrimonialmente patrimoniales”.

 

El olvido que me ha patrocinado, el asumirme no ser un investigador de las músicas tradicionales (sólo para las formalidades infidentes de las hojas de vida), me ha permitido acceder a otro tipo de sorpresas coincidentes; sólo, ante la denominada capacidad de asombro. Lamentablemente, en el mundo de situaciones paradójicas y contradictorias que viven los portadores de los saberes tradicionales, nada parece ser coincidencia, sino más bien, consecuencia de un plan concertado que juega en su contra.

 

Guardadora de memorias, de inconformidades

 

En la grabadora de periodista sobrevivían las voces de Eleuterio Sabogal y Moisés Vargas, campesinos músicos, copleros y sabedores que vivían en la vereda Potrerogrande, del municipio de Fómeque (Cundinamarca). Sus voces se entremezclaban con las de Diego Garzón, Lina Paola Forero y mi persona, quienes íbamos a persuadirlos (convencerlos) de que nos acompañaran en la celebración municipal del día del idioma, por allá en el año 2010. A pesar de las estafas que les han hecho históricamente a estos campesinos-actores, con el tiple, el chucho, las coplas, y la pandereta, nos acompañaron.

 

Transvasando al computador el relato que la grabadora guardó, escucho de nuevo las inconformidades de los dos mayores. Nombres y apellidos citados por ellos, confirman que a ellos los buscaron muchas veces desde la institucionalidad, para ellos seguir quedando insatisfechos desde su ruralidad. ¡Qué juego de interpretaciones políticas genera el combinar las palabras promesa, torbellino y copla! Pues, por las peregrinaciones sagradas de Muisca raigambre, los descendientes mestizados bajo el ámbito de la Corona española y la Iglesia católica, generaron la tradición de pagar la promesa a la Virgen de Chiquinquirá, estrategia iconográfica de los curas, desde esa época, para que la “diosa” Madre de la tierra, fuera vista en la figura de María de Nazareth. Pues bien, esas promesas y romerías, generaron coplas cantadas entre torbellinos y guabinas.

 

En contraste, las promesas que ahora hacen los nuevos predicadores, en un territorio fumigadísimo por los carbofuranos del progreso y sus espectáculos, generan en buena medida, merengues, rumbas y rancheras mediocres, éxitos comerciales para las ferias y fiestas de tropel y borrachera, en que el presupuesto que alimentaría a una escuela de formación musical durante un año, se va, se va, se fue… en un concierto del imitador del émulo de Pipe “Charrito” Ayala.

 

Sea en las inmediaciones de las selvas que dibujan al río Guaviare, como en el caso del señor Alfonso Nariño, o en las montañas pedregosas del oriente cundinamarqués, la gestión cultural parece ser la respuesta a una pregunta que jamás se hicieron los depositarios de estos saberes. Conocimientos que tientan a creer que la poética se le escapa a los reyes, a los presidentes y demás jerarcas de los poderes entronizados. A la institucionalidad. Tal vez por eso, el señor Moisés era un capitán, pero un capitán de mojigangas, danzas, sátira y juglaresca. Paz en su tumba, y una que otra copla.

Publicado enEdición Nº246
La erradicación de la coca en Arauca fue hecha por los campesinos

La erradicación de la coca sí es posible, así lo enseña la experiencia campesina en el departamento de Arauca. Sus beneficios, en procura de autonomía, liderazgo social, organización comunitaria, entre otros aspectos, saltan a la vista.

Una noticia excepcional: el pasado 22 de marzo el departamento de Arauca fue declarado territorio libre de cultivos ilícitos. El evento donde así se confirmó el efecto positivo y concreto del esfuerzo de miles de campesinos, tuvo lugar en el municipio de Arauquita, donde se dieron cita las organizaciones sociales y populares, institucionalidad y comunidad internacional –como la Organización de Naciones Unidas–, la Agencia para la Sustitución de cultivos ilícitos y el Alto Consejero para el posconflicto.

Es de resaltar que este anuncio, como ya está dicho, fue posible debido a la resistencia, movilización y organización campesina del territorio araucano, que a pesar del abandono y violencia estatal sufrida por años, apuestan por la vida a través de alternativas económicas colectivas, como cultivar alimentos organizadamente para el consumo de la región y del país.

En esta lógica, los procesos agrarios articulados al Coordinador Nacional Agrario continúan trabajando por sembrar vida digna en todo el territorio colombiano, y para que el campesino sea reconocido como un sujeto político de derechos gracias a su labor de alimentar a la población mundial.

Compartimos la experiencia de soberanía alimentaria del territorio de Arauca, donde reemplazaron la coca por el alimento gracias a la iniciativa y organización campesina, por medio de la entrevista realizada a Carlos Núñez, miembro de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro –Asonalca–, proceso articulado al Coordinador Nacional Agrario.

Comunicaciones Coordinador Nacional Agrario (Ccna): ¿Cómo era el contexto de Arauca cuando se cultivaba coca?
Carlos Núñez (CN): Este territorio fue colonizado en las décadas de los 50 y 60 a raíz de la guerra conservadora-liberal emprendida por el Estado contra el campesinado. Al crecer la población en Arauca, también crecían las necesidades insatisfechas por el Estado. En el 70 empieza el cultivo la coca y marihuana en Arauca, creando una cultura mafiosa, del trago, prostitución y dejando de producir alimento, como también se dejó de lado la organización social: la exigencia al Estado por el respeto a los derechos de la comunidad. Al tiempo que crecía este cultivo crecía la represión y persecución estatal.

En el 2002, el régimen de Uribe declara a Arauca como zona de consolidación y rehabilitación, traducido en represión extrema contra el campesinado. Decenas de líderes sociales fueron judicializados, bastantes campesinos fueron asesinados, fue implementada la extinción de dominio como arma de desplazamiento contra el campesino que tenía en su propiedad cultivo de coca. Todo esto ayudó a los campesinos para que tomaran la decisión de reemplazar la coca por alimentos.


Entre el 2007-2009, el campesinado araucano erradica la coca en los municipios de Saravena, Fortul, Arauquita y Tame, llegando a un 80 por ciento de erradicación. El cálculo es que en Arauca habían 5.000 hectáreas de coca (las cifras oficiales tazaban los cultivos en 2.000 hectáreas), las mismas que fueron objeto de erradicación por parte del campesinado.

Ccna. ¿Cómo fue el proceso de las comunidades en la erradicación y reemplazo ¿de la coca por alimentos?
CN. La gente tenía temor de arrancar la planta, porque temían morirse de hambre, pero había que proceder con su erradicación pues la planta trajo el atraso al territorio, ya que no requiere de mayor infraestructura, por ejemplo, la gasolina la puede transportar en caballo, sin exigir carreteras o garantías de producción al Estado. Cuando las comunidades de Arauca tomaron la decisión de erradicar nadie se murió de hambre. Hoy en día las condiciones de vida son mejores, en producción, investigación y técnica para otros cultivos, como también se ha fortalecido la organización de los campesinos.

Actualmente, se tiene una economía estable con mejores condiciones de vida, dejando atrás el atraso que imponía la coca. Han tomado forma gremios como plataneros, yuqueros, cacaoteros, ganaderos, productores de leche, entre otros, estableciendo todos ellos rutas de comercio de alimentos hacia el país.

Ccna. ¿Qué reacción tuvo el Estado cuando este proceso cuajó?
CN. El gobierno nacional habla de política antidrogas, antinarcóticos, pero al Estado le sirve que haya coca, es necesaria para justificar el sostenimiento del aparato militar que emprende y reproduce la guerra contra el pueblo. La coca es un sofisma que distrae al pueblo, y de esa manera ayuda a sostener la represión estatal. Cuando se erradicó la coca el Estado no conoció esta experiencia, ni ayudó a las comunidades. La gente fue por el certificado de erradicación a la policía antinarcóticos, al Ministerio de Defensa, el cual nunca fue entregado por el establecimiento.

El riesgo de la coca fue la política de desplazamiento de los campesinos de Arauca por parte del gobierno nacional, que junto al paramilitarismo, la judicialización y la persecución a líderes sociales, la fumigación de cultivos y la extinción de dominio buscaba sacarnos del territorio, por ser un área estratégica en riquezas naturales, como el petróleo.

Ccna. ¿Qué ventajas o desventajas tiene la erradicación de coca?
CN. La ventaja, es hacer que la tierra cumpla el papel de producir alimento, mejorar la economía, generar un espacio social, como también de proteger el medio ambiente. El campesino se enruta en el papel de mantener el territorio y protegerlo, saliéndose de la cultura mafiosa, caminando hacia una sociedad más justa, crítica, desarrollando la ciencia, la técnica y la tecnología en el territorio.

Los campesinos que cultivan coca, siguen en el atraso, son estigmatizados, la droga producto del cultivo de coca afecta a los jóvenes y demás personas que la consumen. Como pasa con los hijos de campesinos que llegan a la universidad, y por alguna razón conocen las drogas, que vienen del proceso del cultivo de la coca y es un ejemplo entre muchos sobre las consecuencias de cultivar este tipo de planta.

Otra ventaja de la erradicación, es la desaparición de los factores que contiene este cultivo, como la violencia, la descomposición social, la desorganización, la contaminación de la naturaleza, descolarización. Por eso, se está a favor de la vida, el territorio, la cultura campesina, y se le exige al Estado que responda por los derechos del campesinado. Debemos generar una propuesta transitoria para dejar la coca, y proyectar un hombre y una mujer que defienda los valores de la vida.

Ccna. ¿Qué proponen a las comunidades que no han erradicado la coca de sus territorios?
CN. Que hay que perder el miedo, que debemos construir un plan nacional para exigirle al Estado las garantías para producir alimentos y convertirnos en potencia agrícola nacional e internacional. Debemos hacer un balance en materia de consumo interno, para conocer lo que podemos producir y exportar, porque Colombia puede ser una potencia en alimentos y no en guerra.

Apuntemos a la producción sana para el mundo, aprovechando nuestras riquezas naturales. Para crear una economía sustentable y sostenible a partir del trabajo organizado del campesinado.

Publicado enEdición Nº245