Las vacas pastan en la ruta del gran canal

El filósofo contemporáneo Bernard-Henri Lévy señala entre las características principales de los regímenes populistas "la promesa de los milagros". Son promesas que nunca se cumplen y se quedan lejos de la realidad. El Gran Canal de Nicaragua es un ejemplo cabal de "promesa de milagro". Pero también lo es de ese sorprendente concepto de "hecho alternativo", ideado muy a principios de la administración Trump por la asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway. El hecho alternativo no es más que una mentira disfrazada de verdad, o que sustituye a la verdad.

Desde el siglo XIX el Gran Canal ha sido parte del imaginario nicaragüense, como la gran panacea de la riqueza y la prosperidad, y revivirlo es alentar las esperanzas de la gente que divisa una puerta mágica para salir de la miseria y el atraso. Fabricar un espejismo es hacerse de un arma política.

Es lo que hoy se llama "posverdad" o "mentira emotiva", otro sorprendente concepto según el cual, para dirigir a la opinión pública hacia el sentido que el poder desea, o necesita, hay que apelar a las emociones y a las creencias personales que vienen a ejercer mayor influencia en las mentes que los propios hechos objetivos.

Hace pocas semanas el gobierno emitió el Libro Blanco sobre el proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua un catálogo completo de posverdades. En ese documento oficial se pone sello al hecho alternativo de que las obras de construcción se dieron por inauguradas el 22 de diciembre de 2014. Un "libro blanco" para un inexistente "elefante blanco" de 286 kilómetros de largo, y un costo de 50 mil millones de dólares, capaz de generar ingresos anuales por 5 mil 500 millones de dólares.

La ceremonia de arranque se celebró en el escenario virtual de una finca ganadera cerca de la desembocadura del río Brito, sitio escogido como salida del canal al océano Pacífico, y vecino al lugar destinado a uno de los juegos de exclusas que, según el guión, darán paso a los buques de 400 mil toneladas de peso, capaces de cargar 18 mil contenedores cada uno.

A comienzos del año 2020 los primeros barcos deberán estar pasando por allí, pues el canal, flagrante "hecho alternativo" estará construido en un plazo milagroso de apenas seis años, con legiones de chinos a cargo de los aspectos técnicos de la obra, y 50 mil obreros nicaragüenses ganando salarios nunca vistos. Hasta hoy, todos fantasmas.

El ministro de la presidencia para Políticas Públicas anunció que el Producto Interno Bruto crecería, sólo en los primeros años de la construcción, entre 10 y 14 por ciento anual. Pero el tiempo pasa, y esos primeros años febriles se disuelven en la bruma de una mentira colosal.

El Consejo Nacional de Universidades anunció cambios drásticos en los planes de estudio, que deberían incluir el chino mandarín, y nuevas carreras técnicas relacionadas con el Gran Canal, hidrología, ingeniería náutica. La agricultura debía orientarse a producir los alimentos preferidos por los chinos. Desde luego que "hecho alternativo" no es sino una manera de sustituir la vieja palabra "mentira", debemos reconocer al menos que estamos frente a un formidable aparato de imaginación.

En la ceremonia inaugural de las obras estuvo presente Wang Ying, el empresario de Pekín, dueño único de la concesión del canal otorgada por el decreto presidencial 840 del 14 de junio de 2013, y ratificada 72 horas después por la Asamblea Nacional. Despojado del saco, se calzó el casco amarillo de protección para arrancar simbólicamente la primera de las retroexcavadoras que lucían en fila, listas para empezar a abrir la gran zanja que partiría en dos a Nicaragua. Él es el personaje principal de la novela.

En ese mismo plazo de seis años, que ya pronto se vence, se hallarían funcionando también un oleoducto, un ferrocarril interoceánico de alta velocidad, una autopista de costa a costa, un mega aeropuerto para un millón de pasajeros, un puerto marítimo automatizado en cada extremo del canal, nuevas ciudades, complejos de turismo y zonas de libre comercio.

El "Acuerdo Marco de Concesión e Implementación del Canal de Nicaragua", mejor conocido como tratado Ortega-Wang Ying, tiene una duración de 100 años. No establece ninguna obligación para el concesionario, más que un magro pago anual de peaje. Nicaragua renuncia a toda autoridad judicial, administrativa, laboral y de seguridad, migratoria, fiscal y monetaria en los territorios concedidos al canal, en favor de HKND, la compañía inscrita en Gran Caimán, propiedad exclusiva de Wang Ying.

El concesionario también puede confiscar las tierras privadas que necesite, y tomará las públicas sin costo alguno. Y las reservas del Banco Central quedan en garantía de cualquier incumplimiento del estado. Aquí la posverdad adquiere un sesgo peligroso: la mentira puede llegar a tener alcances reales.

Los campesinos pueden ser despojados de sus tierras, de las que son legítimos dueños, y el país puede quedarse sin reservas monetarias, mientras el tratado siga vigente. Y Wang Ying puede emprender cualquier tipo de obras en el territorio de la concesión. Puede venderla, entera o por partes.

Wang Ying, hecho alternativo él mismo, ideó la fantasía de sacar a bolsa las acciones de HKND para reunir los 50 mil millones de dólares del costo del canal. Pero en 2015 las acciones de Xinwei, su empresa de telecomunicaciones, sufrieron una caída de 57 por ciento, y su fortuna personal se derrumbó. Una sólida verdad de las de antes.

Lo que aquellas máquinas de Wang Ying hicieron en la finca de Miramar fue remozar un viejo camino rural de seis kilómetros de largo hasta la costa. Los equipos eran propiedad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, lo mismo que el casco amarillo que se puso Wang Ying. Posverdad pura.

Sobre el camino, otra vez abandonado, ha crecido el monte y en la época de lluvias es imposible de transitar debido a los lodazales. Unas cuantas vacas pastan allí donde hoy deberían estarse construyendo a ritmo febril las esclusas.

Medellín, octubre de 2017.

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Masacre de Tumaco. Responsabilidad de un Gobierno que no se define por la paz con justicia social

El 5 de octubre de 2017 alrededor de 300 campesinos en la vereda Tandil –Tumaco–, fueron objeto de ráfagas de fusil, según distintos testimonios, de armas accionadas por uniformados de la policía antinarcóticos. El ataque dejó un saldo, aún incierto, de entre 4 y 15 campesinos asesinados y 50 heridos. La masacre sintetiza, con toda nitidez, la débil y voluble voluntad de paz oficial, a la par que, como dijera Gaitán, que “el gobierno colombiano tiene la metralla homicida para el pueblo y la rodilla puesta en tierra ante el otro amricano”

 

En el Acuerdo Paz, en su cuarto gran item: “Solución al problema de las drogas ilícitas”, fue pactado un cambio en la política anti-droga, orientado, en principio, a priorizar la lucha militar y policiva contra los grandes traficantes y no contra los eslabones más frágiles de esta cadena de ilegalidad: campesinos y consumidores. Así, “la persecución militarizada contra los cultivadores pobres sería reemplazada por políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito por alternativas concretas de producción agrícola, mediante diálogos participativos con las comunidades”. En paralelo, había que “concentrar la represión contra las poderosas cadenas de narcotráfico y sus articulaciones con sistemas de lavado de activos como redes bancarias, así como su injerencia en las campañas electorales, en instituciones como el Congreso, las fuerza pública, los partidos políticos, las grandes empresas y medios masivos de comunicación, etc.” .


Pura letra muerta. Así lo reafirma la masacre llevada a cabo el pasado jueves 5 de octubre en la zona de Alto Mira y Frontera, veredas Tandil, Brisas, Puerto Rico y el Divorcio, municipio de Tumaco. Em este territorio, centenares de campesinos opusieron resistencia pacífica a la erradicación –no concertada– de los cultivos de coca. Su motivación: de tales sembrados depende la subsistencia propia y de sus familias, y mientras no tomen cuerpo alternativas viables –como quedó establecido en los Acuerdos Gobierno-Farc, que generen ingresos seguros, no es posible aceptar la política oficial, unilateral por demás.


Pero para el Gobierno, pese a lo acordado con la otra fuerza insurgente, lo prioritario es cumplir con lo ordenado por los Estados Unidos, por lo cual la orden que tiene sus tropas es “erradir o erradicar”, sin importar el costo humano que ello genere entre los más humildes. Lo aquí comentado es prueba de ello. Las palabras y las imágenes provenientes desde el sitio de los sucesos también lo confirman.

Tal y como se ve en el video grabado por un campesino (ver https://www.facebook.com/contagioradio/videos/10154866243725812/) en el momento de la acción homicida, los manifestantes arengaban contra la policía antinarcóticos .


Por su parte y en igual sentido, el vice-defensor del pueblo, Jorge Calero, declaró que las personas afectadas denunciaron que uniformados dispararon contra los manifestantes opuestos a la erradicación de cultivos ilícitos en esta zona del país.


Estos testimonios fueron recogidos el pasado 6 de octubre, cuando delegados de la Defensoría se desplazaron a la zona rural del corregimiento de Llorente (Tumaco), donde sostuvieron diálogos con las comunidades, las víctimas y miembros de la Fuerza Pública, deduciendo de estos que “los campesinos y campesinas coincidieron en afirmar que acudieron a la movilización de manera voluntaria, llevados por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito– PNIS”.

Testimonio reafirmado por una delegación de Naciones Unidas, OEA, Personería municipal, Diócisis de Tumaco, defensores de derechos humanos adscritos a varias ONG y periodistas, que se movilizaron a la zona de los sucesos el pasado 6 de octubre, y que all momento de acercase al sitio de los sucesos fueron objeto de gases lacrimógenos así como bombas aturdidoras por parte de la fuerza pública. Una vez suavizado el ambiente, y al recorrer los espacios donde habían sido accionadas las armas contra los campesinos y donde habían caído muertos estos, vieron como los uniformados alteraban las pruebas de lo ocurrido. Según ellos mismos verificaron, hasta el medio día del 7 de octubre no se había aislado el lugar de los hechos. ¿Si la responsabilidad de los hechos no recae sobre ellos por qué tal actitud? 

A esta movilización asistieron al menos 1.500 personas, provenientes de las veredas Sonadora, Restrepo, Vallenato, El Divorcio, Playón y El Tandil, algunos ee los cuales hacían parte del pueblo indígena Awá; alrededor de 300 se encontraban en el lugar donde se habían instalado unidades de la Policía antinarcóticos, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y el Ejército Nacional. Fueron ellos quienes aseguraron “que fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos”


El repudiable crimen aún no deja un saldo concreto de víctimas mortales; algunos informes señalan un aproximado de 50 personas heridas y entre 4 y 15 asesinadas. Campesinos e indígenas que desde el 28 de septiembre expresaban su inconformismo ante las medidas oprobiosas del Gobierno y que, desde el 29 del mismo mes, sufrieron el hostigamiento por parte de tropas del ejército y de la policía que arribaron a la zona.
No obstante, y a pesar de las evidencias y las declaraciones de los campesinos que presenciaron la masacre, las tergiversaciones del Gobierno no se hicieron esperar. El general retirado, hoy vicepresidente, Óscar Naranjo, viajó el 7 de octubre a Tumaco y aseguró que el crimen es responsabilidad de alias “Cachi” (disidente de las Farc) quien ha intimidado a la comunidad en el municipio.


Por su parte, el Ejército informa que los muertos fueron el resultado de que este grupo armado disidente de las Farc, arrojara “[...] al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades” . Versión que contrasta por completo con lo declarado por los campesinos. Pero además, con la evidencia de muertos, que en el caso de una explosión de varios cilindros es “increible” que solo afectara a la comunidad allí reunida, blindando a los uniformados.


¡Erradicar o matar y erradicar!


El crecimiento de los cultivos de coca en Colombia mantiene una curva ascendente en los últimos años. Según el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas (JIFE) 2016, entregado en marzo de este año, la superficie total dedicada al cultivo de arbusto de coca aumentó desde 2014 en Colombia, de 69.000 hectáreas en ese año a 96.000 hectáreas en 2015, lo que representó un aumento del 39% y el doble de la superficie cultivada en 2013. Por su parte, el Reporte sobre la Estrategia Internacional contra los Narcóticos 2017, elaborado por el Departamento de Estado y que fue entregado al Congreso de Estados Unidos, estima “que la cantidad de cultivo de coca aumentó un 42 por ciento en 2015 a 159.000 hectáreas, de 112.000 hectáreas en 2014, casi el 100 por ciento de aumento desde 2013” .


De ahí que unas semanas atrás el gobierno de Estados Unidos exigiera al de Colombia erradicar los cultivos de coca, o “[...] de lo contrario las relaciones entre ambos países se verían deterioradas”. Ante la incapacidad del Gobierno para ofrecer alternativas económicas para los campesinos de esta zona del sur del país y lograr así la erradicación concertada de los cultivos de uso ilícito, y la recurrente manía de la élite colombiana de obedecer sin chistar al mandato gringo, la solución más barata, como siempre, fue el despliegue y el accionar de la fuerza bruta.


Realidad de las drogas ilícitas que no parece tener solución cierta para el corto ni el mediano plazo. En efecto, “el informe de la JIFE 2016 indica que el tráfico ilícito en América del Sur se ve facilitado por la debilidad de los sistemas de justicia y la falta de medidas eficaces contra la corrupción y la delincuencia organizada”. En ese sentido, Colombia es un claro ejemplo de lo inútil que ha resultado la política antidroga que impera en el mundo . Mientras el actuar político y ejecutivo, no den su brazo a torcer, la masacre de Tumaco será el primero de tantos otros vejámenes relacionados con la guerra fanática contra el narcotráfico, patrocinada por Estado Unidos. Y la política emanada desde la Casa de Nariño continuará siendo la misma “se erradica o se erradica”.

 

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"La orden es erradicar o erradicar", viernes 6 de octubre de 2017

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Viernes, 06 Octubre 2017 11:01

“La orden es erradicar o erradicar”

“La orden es erradicar o erradicar”

Las noticias no podían ser peores y llegan como cascada durante las primeras horas de la noche del jueves 5 de octubre. Las informaciones, provenientes desde la zona de Alto Mira y Frontera, veredas Tandil, Brisas, Puerto Rico y el Divorcio, municipio de Tumaco, empezaron denunciando el asesinato de 4 campesinos, los que luego sumaron 9; el viernes 5 los asesinados ya suman 15 y  los heridos “más de 50”, al ser impactados por disparos de las armas del Ejército y de la Policía Nacional.

Las acciones militares que terminaron con un saldo de masacre tuvieron lugar en el marco del plan del gobierno nacional de erradicar los cultivos de coca que pululan por diversas partes de la geografía nacional. Decisión oficial que contradice lo acordado con las Farc al momento de la firma de los acuerdos que dieron paso a su desarme y desmovilización: concertar con las comunidades la sustitución de cultivos ilícitos, implementando planes alternativos para la economía agraria que le permita a miles de familias campesinas vivir de manera digna.

Según informa Asominuma, los hechos ocurrieron “En el marco de las manifestaciones pacíficas que se adelantan por parte de las comunidades campesinas [...] desde el día jueves 28 de septiembre [...] en diferentes veredas [...] en cuanto a la concertación y voluntariedad que debe caracterizar los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito”.

Contrariando lo acordado, informa la Comisión nacional de derechos humanos de la coordinadora de cultivadores de coca, amapola y marihuana, que el día 29 de septiembre desembarcaron en esta zona “[...] tropas de la policía y el ejército en dos helicópteros, llegaron con orden de erradicar todos los cultivos de coca. La comunidad interlocuta con ellos y les dicen que la orden es erradicar o erradicar y solamente pararían si llega una orden presidencial, que ahí se encontraban 800 efectivos y que el día 30 llegarían otros 800 más”. Por su parte los campesinos alcanzan a reunir hasta 1.000 de los pobladores de esta región.

Según puede concluirse de lo ocurrido, tras varios días de forcejeo y de tensión entre los uniformados y los campesinos, quienes demandan la presencia de Naciones Unidas y delegados civiles del gobierno nacional, forcejeo entre quienes pretenden “erradicar o erradicar” y los campesinos que demandan alternativas económicas viables para que así procedan, la situación llega al límite: los campesinos parados en su derecho y los uniformados radicalizados amparados en el poder de sus armas, radicalización que lleva al límite impensable: el accionar de sus armas contra cientos de personas desarmadas, arrojando como resultado final el saldo ya registrado.

Por su parte, el Ejército informa que los muertos fueron el resultado de una incursión de un grupo armado disidente de las Farc, que arrojó “[...] al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”.

¿Una explicación para negar la verdad de los hechos?, ¿una explicación para ganar tiempo?, ¿una explicación para confundir la opinión pública? Como en otras ocasiones ha sucedido, así podría ser, lo que significaría que estamos ante una operación de contrainformación que solamente permitirá ver la realidad de los hechos pasados varios años.

Sin embargo, y como una pista no desdeñable sobre el actor que consumó esta masacre, tenemos la exigencia del gobierno de los Estados Unidos, que hace unas pocas semanas le anunció al gobierno colombiano que sino quería que las relaciones entre ambos sufrieran deterioro, tenía que erradicar los cultivos de coca. No es casual, por tanto, que los militares trasladados a este territorio le afirmaran a los campesinos “La orden es erradicar o erradicar”, no importa como, así lo confirman la cantidad de muertos y heridos.

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Luchamos por la protección de la cuenca del Tunjuelo.

Desde las 6 de la mañana de este 27 de septiembre, los pobladores del sur bogotano se movilizan en pro de sus derechos ambientales, económicos, sociales y culturales. El Alcalde la desestima; el reesto de la ciudad sigue con expectativa los posibles resultados de la protesta social.

 

El sur de la ciudad, comprendido por las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Bosa, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño y la parte más occidental de Kennedy, tiene una historia rica en luchas y reivindicaciones por vida digna. El sur de Bogotá, sin excepción alguna, reproduce el orden geopolítico que impera en buena parte del mundo: en el sur viven las personas más pobres. En consecuencia, la lucha por vida digna describe un sinfín de combates que van desde exigir el acceso a un ambiente sano, al trabajo e ingresos dignos, como a la recreación y al deporte, hasta reclamar el derecho a existir, el derecho a la vida.
La jornada de protesta concitada para el miércoles 27 de septiembre, cuenca Tunjuelo, reúne esas voces que exigen nada más que lo justo, todo lo que les niegan. El periódico desdeabajo (da) consultó a dos líderes participantes de esta jornada de protesta. Ellos nos contaron acerca de los procesos, las consignas y las exigencias a realizar desde cada sector social, gremio o comunidad participante, que tienen como resultado la masiva manifestación que debe tomar forma en el curso del día.


Andrey Téllez (AT) trabaja con la comunidad de Ciudad Bolívar; por su parte, Manuel (M) trabaja en la casa cultural El Caracol, en la localidad de Kennedy. Cada uno cuenta desde cuándo se viene organizando el paro en sus localidades:


AT: “Este año llevamos más de tres meses en el proceso de organización, pero estamos en la lucha desde 1993 cuando hicimos el primer gran paro y pudimos lograr algunas cosas para la localidad, algunas mejoras, por lo menos visibilizarnos como localidad para que nos tuvieran en cuenta, y desde ahí también, empieza todo un proceso de lucha para lograr la satisfacción plena de nuestras necesidades que hasta el día de hoy, 2017, no existe.


M: En Kennedy llevamos un mes planeando este paro y la manera en que nos sumamos desde la localidad. Distintas organizaciones forman parte de la movilización, con la particularidad de que todas están unidas bajo la consigna de protección para la cuenca del Tunjuelo. 


da. ¿A qué sectores y organizaciones convoca el Paro desde el sur?


AT: En el tejido que estamos realizando caben todos los hilos. Tenemos madres comunitarias, recuperadores de oficio –que les llaman recicladores–, estamos hablando de campesinos de la zona rural, de profesores de acá de nuestro territorio, de conductores del sistema de transporte, amas de hogar, líderes sociales y populares, jóvenes que quieren que el arte, la cultura y el deporte sean lo cotidiano en nuestros territorios. Estamos tejiendo bonito, estamos tejiendo rebeldías de diversas clases, para intentar solventar las problemáticas de clases clases que tenemos en el territorio.


da: ¿Qué problemáticas encontraron prioritarias y qué exigencias consideran innegociables?

TA: Prácticamente tenemos unos problemas macro, digamos que lo histórico, lo que siempre hemos tenido, son los temas de salud, de transporte, de la vivienda, del trabajo digno, de la educación. Estos son los problemas que lastimosamente no se han solventado en estos territorios. Tenemos actualmente unas cosas más que se nos suman y que tienen que ver, sobre todo, con el tema socio-ambiental. Por ejemplo, tenemos todo el tema del borde sur de la ciudad, la media luna del sur; una propuesta de protección de ecosistemas estratégicos del Distrito Capital, protección de economías y sectores campesinos en los territorios del sur.
En lo que respecta al tema del ordenamiento territorial, no queremos que la ciudad se siga expandiendo como hasta ahora lo está haciendo, de forma desaforada, sin previsión completa, pasando por encima de comunidades; queremos que la media luna del sur –que inicia desde Ciudad Bolívar en el parque de Altos de la Estancia y termina en los cerros orientales de San Cristóbal–, sea un espacio más para la vida, para la producción del aire puro y no para llenarlo de cemento. Frente al botadero Doña Juana, y teniendo en cuenta lo que dice el alcalde Peñalosa, rechazamos la pretensión de ampliar el relleno en 50 hectáreas más, lo que de hacerse realidad sacaría de allí a los campesinos que habitan esta parte de Bogotá; ya lo dijo el Alcalde, o ‘se van por las buenas o los expropian’, estamos en contra de tal posiblidad.


M: Concluimos, en general, que el modelo de ciudad hoy imperante va en contra del medio ambiente. Los caudales de los ríos han sido desviados y secados. Actualmente se encuentra en disputa el bosque de Bavaria, desde hace mucho tiempo hay gente organizada exigiendo que el bosque sea uno de los parques metropolitanos y haya un pulmón para la ciudad, para su parte occidental. Sin embargo, el gobierno de Peñalosa proyecta construir más esta parte de la ciudad, llenarla de más cemento; toda una aberración.


Además, existe una inconformidad generalizada con el servicio de Transmilenio y con el Sistema integrado de transporte. Por un lado, la pretensión desde la Administración distrital de quitar el servicio de alimentadores, por otro lado, los precios de los pasajes que no corresponden con los ingresos de la mayoría de bogotanos ni con la calidad del servicio prretado y, por último, los subsidios que han ido quitando para algunos sectores de la población, entre ellos los estudiantes.


da: Andrey, en las localidades del sur predominan las canteras, tanto de minería a gran escala como de pequeñas ladrilleras, ¿hay flexibilidad de algún tipo con la pequeña industria?


AT: Tenemos muy claro que de las ladrilleras presentes en el territorio dependen muchas de las comunidades del sur bogotano, pero es un harakiri porque si bien las personas trabajan y consiguen la manutención diaria para sus familias, también están acabando con el ecosistema subxerofítico, y contaminando con humo el viento del valle del mochuelo, los vientos provenientes de los Llanos Orientales. Son 30 concesiones mineras las que contaminan con humo el aire de los sectores más deprimidos de Ciudad Bolívar; estamos hablando de los barrios Arabia, Canadá, Cordillera, entre otros. Allí se siguen cocinando, de manera rudimentaria, los ladrillos que surten una parte de la oferta para la construcción de vivienda en la ciudad.


Aunque somos conscientes de que es una actividad económica realizada por muchos habitantes del territorio, somos enfáticos cuando decimos que ninguna actividad económica puede estar por encima del bienestar de cientos de miles de personas en el sur de la ciudad.


DA: ¿Cuánto le cuesta a la ciudad el manejo actual de las basuras y la contaminación del río Tunjuelo?


AT: En términos económicos, a la ciudad le cuesta miles de millones de pesos. De ese botadero podríamos sacar energía eléctrica para casi la mitad de la urbe; si se hiciera el metro eléctrico, el botadero sustentaría la energía necesaria para su funcionamiento. El manejo de las basuras debería ser público, administrado por el Estado nacional y por el Distrito y así generar bienes económicos para las comunidades. En cambio de esto tenemos un relleno a cielo abierto que genera moscas, plagas de ratas, malos olores que contaminan zonas rurales y urbanas en nuestras localidades....


Sabemos que es muy complicado trasladar el basurero de ahí, pero si se hubiera proyectado una política para generar discusión pedagógica y de concientización con las comunidades a lo largo y ancho de la ciudad, de separar los desechos, de seleccionarlos en la fuente, al botadero no llegarían las 7 mil toneladas de desperdicios que a diario recibe. Hay países en donde se recicla hasta el 80 por ciento de las basuras que producen sus habitantes y son transformadas en energías para el uso de la población. Aquí pasa que las empresas de aseo ganan plata de acuerdo a la cantidad de basura que recogen; ese sistema de pago por peso es perjudicial porque a ellos no les sirve separar los residuos, les sirve es el peso total de lo que recolectan. Eso desestimula la participación de las comunidades desde los hogares, para solucionar esta problemática, que ahora se dan cuenta que sus esfuerzos por separar y clasificar las basuras es inútil pues al final todo se junta en los carros recolectores.


También proponemos que se cree un lugar donde se dispongan todos los residuos orgánicos del Distrito Capital y así generar compostaje. Uno de los problemas más graves en Colombia es la desertificación de las tierras; el compostaje ayudaría a fertilizar de nuevo las zonas áridas que han sido explotadas en nuestros territorios, a generar biodiesel y otros tipos de energías sustentables.


M: Techotiba es una localidad que cuenta con tres humedales reconocidos y uno que no es reconocido, cuenta con los ríos Fucha, Tunjuelo, Bogotá y riachuelos afluentes. Estos recursos hídricos son menospreciados, contaminados y desaparecidos. Consideramos que defender estos ecosistemas debe ser la prioridad de cualquier programa de gobierno. Esto lo exigimos en esta protesta, y por ello también nos movilizamos.

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El campo, el territorio olvidado de Colombia

El campo, el territorio olvidado de Colombia, ha vuelto a ser noticia estas últimas semanas. Un nuevo informe de la ONG internacional OXFAM ubicó a Colombia como el país más desigual de Latinoamérica en lo que respecta a la concentración de la tierra[1].


Entre los datos más relevantes que aborda el informe, a partir de los datos del Censo Agropecuario elaborado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas), se destaca que el 1% de los propietarios concentran el 81% de las tierras, mientras que el 99% restante apenas ocupa el 19%. A su vez, el 81% de las explotaciones agrícolas son de menos de 10 hectáreas, pero solamente explican el 5% del área total.


Lo que no se ha abordado en el mencionado informe -ni en las notas periodísticas que lo replicaron- es la situación social que vive el campo colombiano como consecuencia de la elevada desigualdad. Esta triste realidad puede ser seguida a partir de diversos indicadores oficiales provistos por el DANE que dan cuenta del abandono al que fue sometida la ruralidad durante los últimos años.


Si Colombia en general se caracteriza por sus elevados niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, por la falta de acceso a derechos básicos y por la precariedad laboral, todo esto se potencia en el sector rural. Por ejemplo, en 2016 la pobreza monetaria en el país se ubicó en el 28%, pero en el campo ascendió a 38,6%. La pobreza monetaria extrema, que implica el no poder acceder a una canasta alimentaria mínima que garantice las necesidades calóricas básicas, en la media nacional registró 8,5% y en el sector rural 18,1%, más del doble. En otras palabras, en el campo, 4 de cada 10 personas se encuentran en situación de pobreza y 1 de cada 5 en condición de pobreza extrema.


La pobreza no es el único indicador que refleja la difícil realidad de la vida en el agro colombiano. No solo los ingresos son bajos, sino que la precariedad laboral es muy elevada. Durante 2016 la informalidad laboral en el campo ascendió al 90%, muy por encima del ya de por si elevado 48% registrado como promedio nacional.


Por otro lado, son muchos los derechos básicos a los que no acceden quienes habitan en el sector rural. El analfabetismo alcanza al 21,4% de la población, es decir a 1 de cada 5 habitantes. A su vez la situación educativa actual es delicada. El 37% de los estudiantes sufre rezago escolar y el 79,9% tiene bajo logro educativo. Por último, cabe destacar que el 37,1% de la población rural no tiene acceso a fuentes de agua mejorada.


También el abandono de la ruralidad se ve reflejado en la pérdida de participación relativa del sector en la economía. El DANE registra que en 2002 el sector agropecuario representaba el 8,1% del PBI, mientras que en 2016 la incidencia se redujo a 6%. A su vez, según CEPAL, en los primeros quince años del nuevo siglo la superficie agrícola en Colombia se retrajo y fue el segundo país de la región de menor crecimiento en la producción.


La elevada concentración de la tierra, la precaria situación social y la pérdida de participación del sector en la economía se dan en el marco de años de abandono del Estado. Un documento elaborado por el propio Departamento Nacional de Planeación[2], bajo la coordinación de José Ocampo, da cuenta de que los Tratados de Libre Comercio realizaron una contribución prácticamente nula al aumento y diversificación de la canasta exportadora de productos agropecuarios, mientras que por el contrario implicaron un crecimiento y diversificación de las importaciones que desplazaron a la producción local. A su vez, destaca las consecuencias negativas en materia de infraestructura y vivienda de la descentralización del gasto hacia los departamentos y municipios y los efectos negativos del cambio climático que como consecuencia de la baja inversión en ciencia y tecnología no encuentran soluciones. Por último, el informe señala la carencia de asistencia técnica y financiera a las unidades de menor tamaño debido al deterioro en las últimas décadas de las redes de instituciones de apoyo al sector.


Los acuerdos de paz pueden ser una oportunidad para comenzar a revertir la dramática situación del campo colombiano. Los mismos establecen una Reforma Rural Integral[3] que implicaría promover el acceso a la tierra; desarrollar la infraestructura vial, de riego y eléctrica; mejorar el acceso a la educación, salud y vivienda; brindar estímulos financieros y asistencia técnica a los productores; garantizar el acceso a la alimentación necesaria; lograr la formalización laboral rural y el acceso a la protección social; y favorecer canales de comercialización de los alimentos colombianos.


No obstante, la implementación y profundización de estas medidas implicaría dar un vuelco de 180 grados en el rol que el Estado viene cumpliendo hasta el momento y una reversión del modelo económico vigente, por lo cual estos avances aun no pueden darse por hechos.


Notas:


[1] https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/radiografia_de_la_desigualdad.pdf
[2] https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/DOCUMENTO%20MARCO-MISION.pdf
[3] http://www.acuerdodepaz.gov.co/sites/all/themes/nexus/files/reforma-rural-integral.pdf


Por Pablo Wahren, investigador CELAG.
@p_wahren

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El campesinado colombiano. Superando la sombra

En febrero del 2017 el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) construyó un concepto técnico, que evalúa y delimita al campesinado como sujeto social antropológicamente diferenciado de otros pobladores rurales. Concepto que constituye un gran avance de la lucha popular si miramos la larga tradición de exclusión e invisibilización que ha marcado al campesinado. Triunfo parcial, pues aún queda mucho por hacer.

 

Luchar por la vida en todos los campos. Luego de ser protagonistas en las últimas movilizaciones agrarias y paros regionales, la Mesa Campesina del Cauca –conformada por el Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima) y el Proceso de Unidad del Suroccidente Colombiano (Pupsoc)– interpuso una tutela contra el Departamento Nacional de Estadística –Dane– por la falta de inclusión de la categoría de Campesino en el Censo Nacional Agropecuario. Esto llevó a la realización de reuniones con el gobierno nacional desde el mes de julio del 2016.

 

La exigencia pretendía que la categoría fuera incluida dentro de las preguntas del siguiente censo poblacional, por lo que se definió la necesidad de un concepto técnico sobre campesinado, como base para el trabajo desarrollado por el Dane. En la construcción del concepto participaron diferentes instituciones gubernamentales y procesos organizativos, y el Icanh hizo las veces de secretaria técnica, recogiendo etnografías, archivos y consultas con varios expertos; sin embargo según César William, líder social del Cima. Pese a lo definido el ministerio del interior se niega de nuevo a incluir dicha categoría en el censo para, supuestamente, “no generar falsas expectativas en las comunidades”.

 

Históricamente el campesinado constituye un sujeto social difuso y múltiple, su riqueza cultural y su protagonismo económico son sustanciales en la idiosincrasia y la soberanía alimentaria de nuestro país, pese a lo cual ha vivido desde siempre en el desconocimiento social e institucional para el ejercicio pleno de su ciudadanía.

 

Entonces, ¿Qué compone dicho concepto técnico? ¿Qué implicaciones puede traer su reconocimiento por un instituto estatal? y ¿Qué se viene adelantando como complementario a ello desde el campo popular?

 

Concepto técnico del campesinado

 

En el texto “Elementos para la conceptualización de lo ‘campesino’ en Colombia”, el Icanh concreta un valioso aporte en la caracterización de lo que se considera campesino en Colombia, valiéndose para ello de cuatro dimensiones: una sociológico-territorial, otra socio-cultural, una tercera económico-productiva y una última organizativo-política, así como una definición general que expresa lo siguiente:

 

“El campesino es un sujeto intercultural e histórico, con unas memorias, saberes y prácticas que constituyen formas de cultura campesina, establecidas sobre la vida familiar y vecinal para la producción de alimentos, bienes comunes y materias primas, con una vida comunitaria multiactiva vinculada con la tierra e integrada con la naturaleza y el territorio. El campesino es un sujeto situado en las zonas rurales y cabeceras municipales asociadas a éstas, con diversas formas de tenencia de la tierra y organización, que produce para el auto consumo y la producción de excedentes, con los cuales participa en el mercado a nivel local, regional y nacional”1.

 

Es de resaltar que en el documento se expresa que los campesinos no son todos los habitantes del campo y del mundo rural, pues tiene unas formas particulares de vida, diferentes a la de otros sujetos en su manera de pensar y de estar en lo rural, por ello muestra identidades y características culturales propias y, sobre todo, “se distingue de los sistemas agro industriales y latifundistas, así esté asociado por trabajo a ellos”2.

 

Tampoco se limita a la producción agrícola sino que manifiesta una actividad económica altamente diversificada ajustada a los contextos locales y regionales, con diferentes formas de tenencia de la tierra, con lazos familiares, comunitarios y asociativos que constituyen un modo de producción campesino asentado en tradiciones singulares para el autoconsumo y la autoreproducción, pero también en relaciones particulares con el mercado, y en el cuidado los bienes comunes.

 

El texto avanza en resaltar el hecho de que, en la exigibilidad y la reivindicación de sus derechos, los campesinos han jugado parte fundamental en la vida política nacional. Su capacidad organizativa supone un acervo de capacidades colectivas notables por su adaptación a diferentes situaciones históricas, siendo un sujeto participativo, cosmopolita con formas de autoafirmación y de vida que persisten en sus diversos espacios de movilización y lucha.

 

Este concepto, a pesar de ser la síntesis axiológica de un sujeto social, complejo y difícil de encasillar, avanza en definir lo campesino no como una esencia, sino como un conjunto de procesos y prácticas colectivas que se transforman en el tiempo. El concepto técnico deja atrás posturas idealistas y folclóricas, dando cuenta de su complejidad concreta, pues más allá de una etnia –como los indígenas o los afros con características mucho más distinguibles–, definir este sujeto o sector social en especial significa un gran desafío.

 

Reconocimiento de papel y ¿en la realidad qué?

 

Ya La vía campesina3, movimiento de organizaciones campesinas a nivel internacional que agrupa a más de 160 organizaciones en 73 países, había avanzado desde el 2015, ante el Consejo de DD.HH. de la ONU, en una definición donde disputa una “Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en el medio rural”.

 

Asimismo, el senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo y su Unidad Técnico Legislativa adelantan trabajos en torno al tema. Desde el inicio de sus funciones impulsaron un acto legislativo por medio del cual reconocieran al campesinado en un rango constitucional, como lo hace con los afros y los indígenas, pues la carta magna en su artículo 64 apenas si habla de trabajadores rurales, como sujetos en función de su vocación productiva y como un sector productivo, más no propiamente como campesinos con una identidad y prácticas propias. No obstante, el acto legislativo fue archivado en el 2016, por lo que la nueva iniciativa legislativa será una propuesta de ley estatuaria a ser socializada en los próximos días.

 

Es triste ver como en nuestra sociedad es necesario aplicar rotulas institucionales y leyes especiales para el reconocimiento de ciertas formas de vida, todo ello por el solo hecho de ser distintas a las enarboladas por el modelo imperante, su falta de reconocimiento a niveles institucionales y de política pública, en contraste con el protagonismo que tienen terratenientes y empresarios, son evidencia incuestionable del carácter de clase del Estado colombiano. Como lo resaltamos al inicio del artículo, el ministerio del Interior se niega rotundamente a reconocer dicho concepto, a pesar de provenir de otra institución del mismo Estado, incumpliendo con los acuerdos de la mesa campesina del Cauca.

 

Contradicción dentro del poder, y realidad nacional que evidencia que aún falta mucho camino por recorrer para formalizar lo acá relacionado. Y mucho más para que la tierra, de verdad, sea para quien la trabaja, colocando en su justo lugar al capital, rentístico e industrial.

 

1 Icanh (2017) Elementos para la conceptualización de lo “campesino” en Colombia. Secretaría Técnica: Mesa interministerial y campesina de negociación del Cauca, p. 7.
2 Ibíd., p.3.
3 https://viacampesina.org/es/index.php/organizaciainmenu-44/iquisomos-mainmenu-45/3-ique-es-la-vcampesina

 

Bibliografía:

Castilla (2014) Reconocimiento político del campesinado: porque debe promoverse en la constitución Nacional.

 


Recuadro


El protagonismo no reconocido

 

Según la Red de información y comunicación del sector agropecuario colombiano (Agronet), en el último año se sembraron 3.163.280 hectáreas en cultivos predominantemente campesinos, de pequeña y mediana propiedad, con una producción a baja escala, diversificada y asentada en lazos familiares o comunitarios; y 1.637.635 que se rigen bajo el modelo de producción neoliberal, predominantemente capitalistas, es decir caracterizados por la agroindustria, el monocultivo y el latifundio sembrados con productos como soya, arroz, caña de azúcar, palma aceitera y banano, pertenecientes a grandes propietarios y empresas que contratan jornaleros con bajos salarios y prestaciones sociales casi nulas. Además, se estima que en Colombia existen 40 millones de hectáreas dedicadas a pastos y rastrojos, cuando solo deberían destinarse para este fin 15 millones, según Carlos Salgado de Planeta Paz (2014)1, por no añadir todo el tema en minería e hidrocarburos.

 

Como vemos, Colombia tiene un potencial de 22.5 millones de hectáreas para agricultura pero únicamente se usan 4.8 millones, de las cuales 1.6 millones están en cultivos predominantemente capitalistas. Si para el gobierno los empresarios son más eficientes ¿por qué no han podido proponer un debate abierto que permita disputarle a los terratenientes las 25 millones de hectáreas de sobreuso en pastos y rastrojos que están sin utilizar? País de paradojas, en nuestro supuesto “estado social de derecho”, el segundo en desplazamiento forzado interno en todo el mundo (con más de cinco millones de personas afectadas) y el abandono forzado de 6.5 millones de hectáreas en el campo a raíz del conflicto armado2.

 

1 Salgado C. (2014) Colombia: Estado actual del debate sobre desarrollo rural. Ediciones Desde Abajo, Bogotá ,2016. pp. 103.
2 Ibídem, pp. 104.

Publicado enEdición Nº237
La Concentración de Tierra en Colombia

Un reciente informe de Oxfam expone de nuevo la gran concentración de tierra en Colombia. El informe, usando datos del Censo Agropecuaria, el DANE y el IGAC demuestra la envergadura del problema de tierras en Colombia. Reconoce que las estadísticas acerca de la tierra y producción agrícola en el país son problemáticos, pues el Censo es el primero que se hace en 45 años, sin embargo, hace un análisis detallado del estado actual de las cosas.

Lo primero que salta a la vista es la gran cantidad de tierras en muy pocas manos. Según el estudio, el 1% de las UPA (Unidades Productivas Agrícolas) acaparan 73,78% de las tierras productivas del país(1). Dicha cifra no incluye los territorios indígenas. Si miramos a las UPA mayores de 2.000 hectáreas encontramos que “representan el 0,1% del total (2.362 explotaciones), en promedio tienen 17.195 hectáreas de tamaño y ocupan casi el 60% del área total censada (40,6 millones de hectáreas, o el 58.72%) (2).”

El mismo informe reconoce que una persona puede tener más de una UPA, pero también hay que decir que una UPA puede tener más de un inversionista. Así la cifra de dueños de tierra es aproximada, pero queda claro que estamos hablando de miles de personas, no más. Es decir, que para hacer una reforma agraria de verdad y no la reforma impulsada por el mercado acordada en el Acuerdo de Paz, tendríamos que afectar la vida de dos o tres mil personas no más, para beneficiar a los centenares de miles de campesinos con menos de 5 hectáreas. Demuestra cuan bajo cayeron las FARC que no van a tocar esas tierras. El Acuerdo de Paz habla de un Fondo de Tierras con tres millones de hectáreas y unas 7 millones más para formalizar, que no es más que dar titulo sobre lo que los campesinos ya tienen o de pronto devolver a los desplazados las tierras robadas por los terratenientes.

Las 40,6 millones de hectáreas repartidas en fincas grandes (un promedio de 17.195 hectáreas) no se van a tocar, porque hay unas 2.362 personas que tienen poder y no se pueden tocar. Según Oxfam en 42,7% de estas grandes UPA no existe claridad sobre la situación de tenencia.

Es más, cuando las FARC sublevaron en armas contra la oligarquía colombiana, las fincas mayores a 500 hectáreas ocupaban apenas cinco millones de hectáreas, y hoy en día ocupan más de 45 millones de hectáreas. Demuestra que la estrategia de las FARC a lo largo de su lucha guerrillera no ha podido frenar el acaparamiento de tierras, y también demuestra que la oligarquía ha profundizado las causas del conflicto (la distribución de la tierra) en vez de intentar mejorarlas. En 1960 apenas 29% de las UPA superaban las 500 hectáreas comparado con 66% en 2014. No hay duda sobre la forma de apoderarse de tanta tierra: robo, soborno, amenazas, asesinatos. Ahora, después de tantos años de violencia e ilegalidad para hacerse con esas tierras, ¡hay quienes quieren que creamos que esa misma gente está dispuesta a vender o donar sus tierras al Fondo de Tierras como su aporte a la paz! No tiene ni pies ni cabeza.

Colombia tiene la peor y más desigual distribución de tierras en América Latina, un premio que no es fácil ganar. La tierra está en manos de unos cuantos oligarcas, la reforma propuesta por el Acuerdo de Paz no tocará la estructura de poder en el campo, pues se plantea una reforma con apenas tres millones de hectáreas nuevas para los campesinos. Durante el conflicto la oligarquía se apoderó de 40 millones de hectáreas más y apenas buscan tocar tres millones. Cuando las FARC sublevaron en armas, esa oligarquía tenía en sus manos unas cinco millones de hectáreas en fincas que superaban las 500 hectáreas. Según los Farianos esas tierras eran una parte de las causas estructurales del conflicto, y hoy apenas proponen tocar una pequeña parte de las UPA en manos de ellos y hay quienes nos dicen que el Acuerdo de Paz pone fin a las causas del conflicto. Les faltan, por lo menos, unas 42 millones de hectáreas para poder decir eso respecto al conflicto por la tierra.

 

|Por: Gearóid Ó Loingsigh*|

(*) Para réplicas y contra-réplicas: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Referencias:

(1) Todas las cifras citadas provienen del Estudio Oxfam (2017) Radiografía De La Desigualdad, Lo Que Nos Dice El Ultimo Censo Agropecuario Sobre La Distribución De La Tierra En Colombia, Oxfam. Disponible en https://www.oxfam.org/es/informes/radiografia-de-la-desigualdad
(2) Ibíd., Pág 15.

Publicado enColombia
Sistemático, como acción y en defensa del poder tradicional

El gobierno nacional insiste en que es un fenómeno aislado. Las organizaciones sociales y de derechos humanos, aseguran que es sistemático. Los informes les dan la razón. El asesinato de líderes y restituyentes de tierra es alto y continuo. Torpeza o maldad de altos funcionarios inestabiliza aun más la dichosa paz.

 

Que el registro arroje uno o dos asesinados, puede suceder. Cuando son docenas, por lo menos debe causar sospecha. Pero cuando los crímenes superan cien, la alarma no debe apagarse. Los crímenes son más dolosos cuando los quieren negar.

 

No le bastaron los 60 estudios propios, realizados por el Ministerio de Defensa, para que el ministro Luis Carlos Villegas, asegure que entre el mar de crímenes contra dirigentes sociales sólo encontraron tres atentados. También para que el antiguo ministro del interior y hoy precandidato liberal Juan Fernando Cristo, salga al paso negando lo sistemático de lo ocurrido e indicando que los casos aislados tienen como origen la minería ilegal y el narcotráfico.

 

Se suma al coro oficial. El Fiscal General también que señaló tras “investigaciones pertinentes” no encontraron sistematicidad. La obstinación por negar lo evidente, los llevó en marzo pasado incluso a extender su versión sobre esta tragedia que enluta a la sociedad colombiana (en particular a los movimientos sociales y a las fuerzas alternativas), ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde aseguraron que es muy prematuro calificar como “acción prematura” el continuo de asesinatos.

 

Sorprendente. Entonces, ¿qué entienden por sistemático? Sin argumentos creíbles desconocen lo afirmado sobre el particular por tres informes independientes entre sí: Defensoría, Centro Nacional de Memoria y el Cinep.

 

De los 120 líderes asesinados en los últimos 14 meses, así confirmados por las propias organizaciones sociales, el Estado, según la vicefiscal María Paulina Riveras, solo reconoce 60 casos. ¿Por qué no prenden el macabro metrónomo y pasan por alto su sistematicidad? Manipulación. Ahora señalan que los paramilitares fueron franquicias de matones del crimen común, según el Tribunal de Justicia y Paz.

 

 

El informe

 

El 2 de junio presentaron el informe “Asesinato a líderes sociales y restituyentes en el periodo 2005-2015”, a cargo del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, que es un programa de investigación en el que participan cuatro universidades: Nacional, Sergio Arboleda, Rosario y Sinú. El periodo que comprende el informe puede llevar a pensar que las muertes registradas corresponden, en su mayoría a los gobiernos encabezados por Uribe. Pero, sorpresa, las cifras más dramáticas las arroja el gobierno Santos. “Este fenómeno se mantiene, no ha cambiado e incluso tiende aumentar”. Así lo advirtió el profesor Francisco Gutiérrez del Iepri de la Universidad Nacional, quien pronostica la fatalidad de que en el próximo trimestre tengamos más muertes que lamentar. “No hay trimestre que no se hayan registrados asesinatos a líderes rurales y restituyentes de tierras”.

 

El hecho que los asesinatos no disminuyan no quiere decir que no estén localizados. En 10 departamentos se concentra el 77 por ciento de los casos registrados; sólo cinco de ellos –Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño– concentran el 55 por ciento de las víctimas. Pero, más allá de la versión gubernamental, lo que está ocurriendo, sin duda, es sistemático, porque si bien puede que no exista un libro negro con listado rojo de sentencias, el hecho factual es que ocurre de manera reiterada. Frecuencia que, para la Corte Penal Internacional, ya significa sistematicidad, es decir, un patrón de violencia regular.

 

Sucesos que ocurren en zonas rurales donde predomina el paramilitarismo, donde, además, su realidad socioeconómica indica que predomina la desigualdad en la tenencia de la tierra, con población con necesidades básicas insatisfechas, con predominio de cultivos ilícitos, así como economía legal donde domina la ganadería extensiva. Zonas donde existe un acumulado de secuestros.

 

Llama la atención, en lo informado por estas universidades, que el 77 por ciento de los afectados son integrantes de organizaciones locales de base, curiosamente las víctimas participaban en espacios institucionales auspiciados por el Gobierno dignatarios de juntas comunales y consejos municipales, restituyentes del Programa del Ministerio de Agricultura (este último con 70 casos). Otras de las víctimas participaban de organizaciones campesinas, eran líderes de comunidades étnicas y afros, sindicatos rurales y agrícolas. También sufren los ataques parientes de líderes, que suman ya 31 casos.

 

En el 14 por ciento de los homicidios, los ataques son atribuidos a los herederos de grupos paramilitares, pero en el 58 por ciento de los casos se desconoce el atacante. La probabilidad de ocurrencia de este tipo de ataques se duplica si en la zona tienen presencia estos grupos armados; posibilidad que persiste y aumenta 13 veces más en los sectores más pobres según Necesidades Básicas Insatisfechas (viviendas inadecuadas, con hacinamiento, niños desescolarizados e inaccesibilidad a servicios públicos). La relación entre el Gini de concentración de tierras y la presencia de herederos del paramilitarismo triplica el fenómeno en los territorios señalados.

 

La evidencia es rotunda. El discurso oficial lo único que busca es negar la crueldad de las cifras, ocultando con su retórica que al Estado no le interesa o es débil para ejercer soberanía. La justicia es de papel. En los territorios locales dominan sectores económicos que acumulan matando. Los actores armados dominan sin que las autoridades del orden local y nacional intervengan. De hecho las muertes no inciden en los indicadores de desempeño de las instituciones locales. Que las víctimas hayan creído en la institucionalidad deja en el piso la garantía de la reparación.

 

Un reto y una esperanza es acatar con urgencia las recomendaciones del Observatorio: fortalecer los programas para la protección a líderes y lideresas, propiciar el acceso a tierras, fortalecer las instituciones para la implementación de los acuerdos, y poner en marcha una pedagogía de paz.

 

Edición N°236, junio 20 - julio 20 de 2017

Publicado enColombia
Sistemático, como acción y en defensa del poder tradicional

El gobierno nacional insiste en que es un fenómeno aislado. Las organizaciones sociales y de derechos humanos, aseguran que es sistemático. Los informes les dan la razón. El asesinato de líderes y restituyentes de tierra es alto y continuo. Torpeza o maldad de altos funcionarios inestabiliza aun más la dichosa paz.

 

Que el registro arroje uno o dos asesinados, puede suceder. Cuando son docenas, por lo menos debe causar sospecha. Pero cuando los crímenes superan cien, la alarma no debe apagarse. Los crímenes son más dolosos cuando los quieren negar.

 

No le bastaron los 60 estudios propios, realizados por el Ministerio de Defensa, para que el ministro Luis Carlos Villegas, asegure que entre el mar de crímenes contra dirigentes sociales sólo encontraron tres atentados. También para que el antiguo ministro del interior y hoy precandidato liberal Juan Fernando Cristo, salga al paso negando lo sistemático de lo ocurrido e indicando que los casos aislados tienen como origen la minería ilegal y el narcotráfico.

 

Se suma al coro oficial. El Fiscal General también que señaló tras “investigaciones pertinentes” no encontraron sistematicidad. La obstinación por negar lo evidente, los llevó en marzo pasado incluso a extender su versión sobre esta tragedia que enluta a la sociedad colombiana (en particular a los movimientos sociales y a las fuerzas alternativas), ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde aseguraron que es muy prematuro calificar como “acción prematura” el continuo de asesinatos.

 

Sorprendente. Entonces, ¿qué entienden por sistemático? Sin argumentos creíbles desconocen lo afirmado sobre el particular por tres informes independientes entre sí: Defensoría, Centro Nacional de Memoria y el Cinep.

 

De los 120 líderes asesinados en los últimos 14 meses, así confirmados por las propias organizaciones sociales, el Estado, según la vicefiscal María Paulina Riveras, solo reconoce 60 casos. ¿Por qué no prenden el macabro metrónomo y pasan por alto su sistematicidad? Manipulación. Ahora señalan que los paramilitares fueron franquicias de matones del crimen común, según el Tribunal de Justicia y Paz.

 

 

El informe

 

El 2 de junio presentaron el informe “Asesinato a líderes sociales y restituyentes en el periodo 2005-2015”, a cargo del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, que es un programa de investigación en el que participan cuatro universidades: Nacional, Sergio Arboleda, Rosario y Sinú. El periodo que comprende el informe puede llevar a pensar que las muertes registradas corresponden, en su mayoría a los gobiernos encabezados por Uribe. Pero, sorpresa, las cifras más dramáticas las arroja el gobierno Santos. “Este fenómeno se mantiene, no ha cambiado e incluso tiende aumentar”. Así lo advirtió el profesor Francisco Gutiérrez del Iepri de la Universidad Nacional, quien pronostica la fatalidad de que en el próximo trimestre tengamos más muertes que lamentar. “No hay trimestre que no se hayan registrados asesinatos a líderes rurales y restituyentes de tierras”.

 

El hecho que los asesinatos no disminuyan no quiere decir que no estén localizados. En 10 departamentos se concentra el 77 por ciento de los casos registrados; sólo cinco de ellos –Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño– concentran el 55 por ciento de las víctimas. Pero, más allá de la versión gubernamental, lo que está ocurriendo, sin duda, es sistemático, porque si bien puede que no exista un libro negro con listado rojo de sentencias, el hecho factual es que ocurre de manera reiterada. Frecuencia que, para la Corte Penal Internacional, ya significa sistematicidad, es decir, un patrón de violencia regular.

 

Sucesos que ocurren en zonas rurales donde predomina el paramilitarismo, donde, además, su realidad socioeconómica indica que predomina la desigualdad en la tenencia de la tierra, con población con necesidades básicas insatisfechas, con predominio de cultivos ilícitos, así como economía legal donde domina la ganadería extensiva. Zonas donde existe un acumulado de secuestros.

 

Llama la atención, en lo informado por estas universidades, que el 77 por ciento de los afectados son integrantes de organizaciones locales de base, curiosamente las víctimas participaban en espacios institucionales auspiciados por el Gobierno dignatarios de juntas comunales y consejos municipales, restituyentes del Programa del Ministerio de Agricultura (este último con 70 casos). Otras de las víctimas participaban de organizaciones campesinas, eran líderes de comunidades étnicas y afros, sindicatos rurales y agrícolas. También sufren los ataques parientes de líderes, que suman ya 31 casos.

 

En el 14 por ciento de los homicidios, los ataques son atribuidos a los herederos de grupos paramilitares, pero en el 58 por ciento de los casos se desconoce el atacante. La probabilidad de ocurrencia de este tipo de ataques se duplica si en la zona tienen presencia estos grupos armados; posibilidad que persiste y aumenta 13 veces más en los sectores más pobres según Necesidades Básicas Insatisfechas (viviendas inadecuadas, con hacinamiento, niños desescolarizados e inaccesibilidad a servicios públicos). La relación entre el Gini de concentración de tierras y la presencia de herederos del paramilitarismo triplica el fenómeno en los territorios señalados.

 

La evidencia es rotunda. El discurso oficial lo único que busca es negar la crueldad de las cifras, ocultando con su retórica que al Estado no le interesa o es débil para ejercer soberanía. La justicia es de papel. En los territorios locales dominan sectores económicos que acumulan matando. Los actores armados dominan sin que las autoridades del orden local y nacional intervengan. De hecho las muertes no inciden en los indicadores de desempeño de las instituciones locales. Que las víctimas hayan creído en la institucionalidad deja en el piso la garantía de la reparación.

 

Un reto y una esperanza es acatar con urgencia las recomendaciones del Observatorio: fortalecer los programas para la protección a líderes y lideresas, propiciar el acceso a tierras, fortalecer las instituciones para la implementación de los acuerdos, y poner en marcha una pedagogía de paz.

Publicado enEdición Nº236
Cien años de la Revolución de Octubre: el movimiento estudiantil en Rusia

Cuando se habla o escribe de la revolución rusa, por lo general la referencia apunta hacia el movimiento obrero o campesino, a los soviet o al Posdr, pero casi nunca al movimiento estudiantil o al barrial; es como si ellos no hubieran existido, como si no hubiesen desempeñado papel alguno en la revolución, por lo cual son tratados como algo secundario y sin valor alguno.

 

Sin embargo, el movimiento estudiantil fue el precursor de la lucha revolucionaria que sacudió los cimientos del imperio zarista a finales del siglo XIX. Podría decirse, incluso, que con sus luchas se inició la revolución rusa, armando el torrente de 1905. No es exageración, pues fueron las asambleas estudiantiles uno de los lugares que dieron origen al soviet. Corresponde también a este movimiento el periodo del terrorismo, del socialismo democrático, del inicio del marxismo y de la construcción de los partidos revolucionarios en Rusia.

 

Fueron los debates y luchas de los estudiantes universitarios en 1899 el inicio de todo, o de casi todo lo que sería un poderoso movimiento revolucionario que con avances y retrocesos llegaría a 1905, 1907, a la represión y el reflujo revolucionario que solo superaría su sequía en 1917.

 

Los albores

 

En sus inicios, la oposición al zarismo estuvo en la universidad, y en cierta forma debía ser así pues allí confluían profesores, estudiantes y expulsados politizados bolcheviques, mencheviques, anarquistas, feministas, social-revolucionarios y liberales radicales. Los intelectuales y parte de la intelligentsia se expresaban en la Universidad, la que desde 1864 poseía un estatuto orgánico que le daba bastante autonomía. En el Imperio Zarista para 1870 existían diez universidades y escuelas que enseñaban filología, derecho, medicina e ingeniería, y también teología. Según historiadores, eran 35.000 los estudiantes, en su abrumadora mayoría “intelectuales pobres”, nada que ver con la intelligentsia. Eran hijos de sacerdotes, de burócratas, de comerciantes y campesinos; los nobles hereditarios eran la minoría igual que los judíos.

 

El gobierno necesitaba gente instruida pero no radical, por eso perseguía a los estudiantes, organizados o no, que tenían ideas por fuera de lo tradicional.

 

Después del asesinato del Zar Alejandro II el gobierno revisó los estatutos y recortó la autonomía universitaria, prohibió que los profes nombraran el rector, prohibió las organizaciones estudiantiles, colocó a las Universidades bajo la dirección del Min educación, nombró como responsable de la disciplina a un externo estatal que hacia las funciones de policía. La tasa se fue llenando cuando el gobierno nombró como Min educación a un conservador intransigente e indolente, el señor Mijail Bogolepov, que logró apaciguar los ánimos entre 1887-1890.

 

La tasa se llenó el día de la celebración del aniversario de la Universidad de San Petersburgo, que incluía fiestas y rochelas por las calles, las cuales no le gustaron al gobierno; dada la condición de Rusia cualquier acción callejera era tratada con dureza, lo que la convertía en un hecho político, así no lo fuera. Los policías reprimen, los estudiantes se defienden, y luego celebran asambleas durante dos días para ir a la huelga general si la policía no le respetaba sus derechos.

 

El movimiento queda en manos de los “radicales” dirigentes revolucionarios que posteriormente fueron miembros del soviet de Petrogrado (San Petersburgo). Para la conducción del movimiento se constituyó un Comité Organizador desde donde enviaron delegados a las otras universidades para cohesionar el movimiento. La mayoría de las universidades se unieron al llamado de huelga, en la que participaron 25.000 estudiantes exigiendo respeto a sus derechos y en contra la brutalidad policial. El Gobierno arrestó a los dirigentes del movimiento; se integra la comisión Vannovsky que logra levantar la huelga, y el retorno a los estatutos de 1864.

 

Los revolucionarios llaman a los estudiantes a seguir en las protestas, pues lo sucedido era una muestra de lo que significaba el régimen opresivo y, por lo tanto, la tarea era luchar por derrocar el zarismo. Sin embargo el Gobierno decidió en 1899 castigar a los estudiantes revolucionarios con el servicio militar. En 1900 son expulsados dos estudiantes de la Universidad de Kiev, lo que detonó una vez más el movimiento; en respuesta el Gobierno ordenó que 183 estudiantes fueran llevados a prestar servicio militar. La U. de San Petersburgo entra en huelga de solidaridad y la respuesta gubernamental es llevar 23 estudiantes a la leva. Acto seguido un activista social-revolucionario mata a tiros al min educación, Bogolepov, responsable de las medidas represivas.

 

Estos hechos iniciaron otra fase del movimiento revolucionario en Rusia. Las huelgas y marchas se recrudecen por todo el país. Vannovsky es nombrado min-educación, para calmar la situación de huelgas en Varsovia, Járkov, Moscú y otras universidades –en donde centenares de estudiantes habían sido expulsados–; para lograr el propósito para el cual fue nombrado trata de resolver la situación con concesiones, pero el movimiento ya estaba en su apogeo. Las universidades se van convirtiendo, paulatinamente, en centros de agitación política estudiantil, obrera y popular.

 

Los Zemstvos (organismo de autogobierno provincial) entran en agitación y en 1902 un estudiante radical mata a tiros al min-interior Sipiauguin generándose una oleada represiva de grandes proporciones por orden de Plebe, sucesor del asesinado Ministro, incluyendo el progrom antijudío de 1903 en Besarabia. Esa arbitrariedad dio lugar, entre otras cosas, a la fundación de un frente de lucha llamado Movimiento de Liberación.

 

Al mismo tiempo que toman forma sindicatos organizados y dirigidos por la policía –llamados Zubatovshchina, por el nombre de su fundador–, los Zemstvos celebran congreso nacional y realizan campañas de banquetes pidiendo democracia representativa, parlamento y Constitución; otros pedían Asamblea Nacional Constituyente. Para colmo de males para el zarismo, Rusia pierde la guerra contra Japón lo que agudizó su situación política y social.

 

Hay agitación y nuevas organizaciones, pero sin trascender la lucha a niveles cualitativamente diferentes. Pero se prende la chispa. La calma chicha fue rota por la masacre de obreros y pobladores de barrios populares en San Petersburgo el 9 de enero de 1905, “el Domingo Sangriento”, que puso en movimiento a toda Rusia. Huelgas obreras, protestas de estudiantes universitarios y de secundaria, de barrios populares, de la burguesía. El gobierno ordena cerrar todas las universidades durante el año de 1905. En esos meses ocurrieron varias masacres de obreros, como la de Odesa. En febrero de 1905 el Gobierno llama a delegados obreros a negociar y ellos celebran asambleas para tal fin: estamos ante el gérmen del soviet de San Petersburgo.

 

El Gobierno saca el Manifiesto de febrero, concediendo la Duma de Estado (asamblea consultiva), lo que da paso a una impresionante campaña de peticiones o demandas de todas las clases y sectores sociales. En este periodo surgió la Unión de Uniones impulsada por los liberales radicales, eran organizaciones de todas las profesiones por derechos políticos.

 

Pero la realidad era que los liberales burgueses, atemorizados por la revolución, no hacían nada; su pasividad propicia que en septiembre de 1905, una vez más, entren en escena los estudiantes. En respuesta el Gobierno concedió cierta autonomía, aprovechada por los revolucionarios para convertir los recintos universitarios en centros de agitación obrera y popular. Se realizaron asambleas nacionales para votar, si o no, al reinicio de las clases, ganando la reanudación pero con la concesión de que los activistas, fueran o no estudiantes, podían usar la universidad como centro de agitación política.

 

Los mencheviques, anarquistas, bolcheviques, social-revolucionarios, todos estaban de acuerdo en transformar las universidades e instituciones de educación superior en lugares de reuniones populares y mítines políticos. De manera paulatina los obreros fueron llenando los salones de clases para los debates con los estudiantes. Suceso acaecido, en parte, por la influencia de los estudiantes revolucionarios se iniciaron las huelgas en toda Rusia.

 

De septiembre a mediados de octubre las universidades fueron el centro de coordinación de la lucha huelguística, de los debates políticos, de las orientaciones, de la organización de las brigadas de agitación. Se dice que durante ese lapso miles de obreros, habitantes barriales, campesinos y estudiantes, hombres y mujeres, participaron en los mítines políticos y cursos de educación política. Una razón para que esto sucediera: la universidad era la única institución donde la policía no podía entrar.

 

Es de esta manera como en 1905, las universidades rusas se convirtieron en alternativas de poder, gérmenes activos de lo que fue llamado el soviet, después de octubre el Soviet de Petrogrado. La universidad de San Petersburgo y el instituto Tecnológico, jugaron un papel muy importante en la huelga general de octubre de 1905.

 

Los datos y cifras fueron tomados de:

 

Carr Hallett Edward, 1917, Antes y después (La revolución rusa), Sarpe, Madrid, 1985.
Kussow Samuel, “the Russian University in Crisis, 1899-1911”, tesis doctoral Universidad de Princeton, 1976, también del mismo autor otro texto del mismo tema, 1986. El texto más completo sobre el tema.
Pipes Richard, La Revolución Rusa, 1990, 2016, Debate.

Publicado enEdición Nº236