Transgénicos contaminarán el maíz tradicional, admiten trasnacionales

Monsanto reconoció que los cultivos de maíz tradicional en México se contaminarán con semillas transgénicas en caso de que éstas se planten en el territorio nacional. Este es uno de los principales argumentos (que ahora la misma empresa admite) que expertos y organizaciones ambientalistas han presentado en contra de la siembra comercial del transgénico en el país, que es centro de origen de este grano.


En los oficios que han presentado, las compañías trasnacionales productoras de transgénicos –en el contexto de la acción colectiva que mantiene desde hace dos años la suspensión de la entrega de permisos gubernamentales para el cultivo del maíz– han expuesto argumentos que públicamente niegan.


En 2013, 53 ciudadanos y 20 organizaciones interpusieron ante tribunales un juicio de acción colectiva, admitido por el juzgado 12 de distrito en materia civil en el Distrito Federal, el cual determinó la suspensión de autorizaciones a las empresas. Las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente ya habían otorgado permisos para pruebas piloto y experimentales y estaban por concederlos para fines comerciales.


Las empresas han señalado que los transgénicos pueden coexistir con los maíces nativos sin consecuencias negativas, pero, de acuerdo con documentos presentados en el proceso judicial, la empresa Syngenta admitió en un oficio que si se siembra el grano modificado no se podrá realizar el libre intercambio de semillas sin que se contaminen los cultivos tradicionales.
Barreras físicas


Reconoció que para evitar el flujo de transgénicos hacia maíces nativos o criollos son necesarias las barreras físicas que impidan a productores y campesinos trasladar las semillas, intercambiarlas y hasta venderlas. Si se siembran transgénicos, nada de esto podría realizarse sin contagiar a los nativos. Hay que recordar que una de las prácticas recurrentes de los campesinos para elegir los granos es recolectarlos de distintos predios para utilizarlos en sus propias siembras.
Sumado a esto, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), organismo gubernamental que se encarga de regular el tema, aseveró en una opinión enviada a los jueces que resultará más costoso a los campesinos usar las semillas transgénicas, ya que hay un incremento creciente de ellas.
Uno de los argumentos con los que se promueve el uso de estas semillas es que elevarán los rendimientos de maíz, pero la propia Sagarpa, que buscó ampararse contra la decisión judicial de suspender los permisos, reconoció que no hay tal aumento de producción.
Las trasnacionales buscan explotar los transgénicos comercialmente, sin fines científicos, lo cual queda claro en una respuesta dirigida al juez por Syngenta, en la cual reconoce que lo que pretenden es aprovechar y explotar en forma exclusiva su tecnología, según indican los documentos que fueron proporcionados por Colectivas AC, equipo de abogados que lleva la demanda.

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Seguridad alimentaria mundial, en manos de campesinos: Unctad

Los campesinos o pequeños productores agrícolas son los principales contribuyentes de la seguridad alimentaria en el mundo, así como actores fundamentales en la sostenibilidad social y ambiental. Sin embargo, por negligencia política de los gobiernos han resultado el sector más dañado por la pobreza y los efectos del cambio climático, advierte la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad ) en su informe 2015 sobre los pequeños agricultores y el desarrollo sostenible de productos básicos, que comenzó a difundir en la semana que concluyó.


En conjunto, los campesinos concentran apenas 12 por ciento de todas las tierras agrícolas pero generan 80 por ciento de los alimentos del planeta. Esos números, destaca el organismo, deberían haber justificado una asignación más alta de recursos públicos. Por las amenazas crecientes vinculadas al cambio climático, la creciente escasez de recursos naturales y la exigencia de competitividad en los mercados mundiales, los pequeños productores agrícolas merecen una atención política urgente, tanto a nivel nacional como mundial.


Añadió que la pobreza sigue siendo un fenómeno predominantemente rural y 70 por ciento de los mil 400 millones de personas en extrema pobreza de los países en desarrollo viven en zonas rurales.


Luego de la crisis alimentaria que estalló en 2008 por el encarecimiento de los productos básicos, los pequeños productores agrícolas, como llama la Unctad a quienes cuentan con tan sólo dos hectáreas para sembrar, cobraron mayor importancia en muchos países que reorientaron sus políticas en seguridad. Hasta antes de ese año, la producción nacional de alimentos era una preocupación menor para muchos países, salvo excepciones como Estados Unidos, debido a los excedentes en la producción agrícola a nivel mundial.


Para Estados Unidos la producción alimentaria es parte de su política de defensa nacional y en la mayoría de los países asiáticos la comida un asunto de seguridad nacional, por lo que maximizar la producción de alimentos es una estrategia prioritaria.


La mayoría de los campesinos sólo produce en pequeña escala o de plano únicamente para el autoconsumo con prácticas responsables con el medio ambiente. Tienen una débil vinculación con los mercados internacionales, pero pese a ello son los más vulnerables a las crisis y volatilidad de los precios de los productos básicos y los más afectados por el cambio climático.
Obstáculos, desequilibrios y deficiencias en el comercio internacional restringen su participación y, en cambio, favorecen a intermediarios y exportadores de alimentos. La falta de educación, inversión, acceso a las tecnologías de la información, créditos y formación empresarial abonan en la exclusión de los campesinos y la Unctad menciona incluso que con la liberación del comercio en muchos países en desarrollo se ha causado un daño duradero a la agricultura en pequeña escala.
El sector público ha reducido su participación en la agricultura y los apoyos a campesinos, además de abandonar políticas públicas agropecuarias que han dejado un vacío que no ha sido ocupado por el sector privado, como se esperaba.


Motor de crecimiento


El estudio puntualiza que, en general, los países de Asia, América y África sí incluyen a los pequeños agricultores en sus políticas de seguridad, pero en la realidad sólo algunos han tenido éxito y persisten diversos obstáculos para integrarlos a la economía, el comercio y el desarrollo.


Si bien la Unctad señala que el término de pequeños agricultores varía según la región, aclara que en el estudio lo utiliza para referirse a quienes realizan sus cultivos en propiedades (granjas o ranchos) que sólo tienen una extensión aproximada de dos hectáreas, utilizando fundamentalmente mano de obra familiar, y que tienen una limitada interacción con los mercados comerciales y el crédito.


Hasta principios de este siglo, 87 por ciento de este tipo de productores agrícolas se concentraba en países de Asia Pacífico, 8 por ciento en África y 4 por ciento en Europa. Menos de uno por ciento pertenecía a naciones de América Latina, debido a que en esta región el tamaño de una granja de explotación media es de alrededor de 20 hectáreas. Además, en el oeste de África y el sudeste de Asia, la mano de obra femenina representa 50.7 y 60.7 por ciento del total, en tanto en América Latina no llega ni a 10 por ciento.


Es un sector con un alto nivel de resistencia pero la Unctad destaca que cuentan con la capacidad de lograr mayor productividad y eficiencia para convertirse en un motor de crecimiento económico y reducción de la pobreza, ya que en la medida que transiten de la agricultura de subsistencia a la comercial pueden aumentar sus ingresos.

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La palma de aceite, el nuevo rey agrícola del Sur

Las plantaciones de palma aceitera se extienden en América Latina a costa de daños a los ecosistemas, desplazamientos de campesinos y represión de la población local.

Rigoberto Lima Choc, maestro de 28 años, fue uno de los primeros en denunciar la contaminación del río La Pasión y responsabilizar de aquel "desastre ecológico", según lo calificó la ONU, que mató a miles de peces el pasado mes de junio, a una empresa procesadora de aceite de palma. Junto a otros activistas comunitarios, comenzó una campaña que terminó llevando el caso a la justicia: un tribunal lo admitió a trámite y decidió ordenar el cese de operaciones de la empresa durante seis meses. Al día siguiente, dos hombres subidos a una motocicleta asesinaron a Rigoberto Lima en la localidad de Sayaxche, al norte de Guatemala. La sospecha de las comunidades, que ahora investiga la justicia, es que la contaminación del río tiene que ver con el uso de agrotóxicos en la industria palmera; esos mismos herbicidas, plugicidas y plaguicidas que son aplicados sin protección por los trabajadores, que han denunciado daños a su salud.


Las comunidades locales, muchas de ellas de etnia q'etchie, viven rodeadas de plantaciones de palma, en un pequeño país que se ha convertido en uno de los mayores exportadores de palma aceitera del mundo. Algunas de esas comunidades habían llegado a Sayaxché hace un siglo, huyendo de las expropiaciones y el reclutamiento forzado para las plantaciones cafeteras en el vecino departamento de Alta Verapaz.


En los años 80, las comunidades lograron comprar tierras en la zona; pero la reestructuración del territorio dio lugar también a un nuevo mercado de la tierra que atrajo a la industria palmera. Hoy, los q'etchies tratan de sobrevivir entre plantaciones de palma, hidroeléctricas, destacamentos militares y narcotraficantes.


Casos como el de Sayaxché se repiten en Colombia, Ecuador, Brasil, Honduras, México. La acelerada expansión de la palma aceitera provoca impactos ambientales sobre ecosistemas tan vulnerables como los bosques tropicales, en regiones que se encuentran entre las más biodiversas del planeta; al mismo tiempo, el monocultivo expulsa comunidades campesinas enteras, a veces a costa de graves violaciones de los derechos humanos. La resistencia de las comunidades es atacada por las empresas y los estados conniventes en forma de hostigamiento y amenazas que algunas veces, demasiadas, se cumplen, como en el caso de Rigoberto.


Desplazamientos forzados por el terror


Esas dos caras oscuras de la moneda del agronegocio, el impacto social y el ambiental, se dan cita de modo brutal en el Chocó, en la costa pacífica colombiana. El Chocó es, tal vez, la región con más biodiversidad en país del mundo con más biodiversidad por hectárea; es, también, la región con mayor población afrodescendiente, que, tras una intensa movilización, logró ver reflejado en la Constitución de 1991 su derecho a la tierra que habitan desde que fueron llevados como esclavos hace cuatro siglos.


La llamada Ley 70, promulgada en 1993, venía a garantizar a las comunidades afrodescendientes su derecho a la propiedad comunal de la tierra. Pero los 90 eran, también, los años del imparable ascenso de los paramilitares, concentrados en las Autodefensas Unificadas de Colombia (AUC). Llegaron al municipio de Riosucio junto a la Brigada 17 del Ejército y, con el supuesto objetivo de enfrentar a la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), pero perpetraron masacres de inocentes y crímenes macabros para sembrar el terror, como demostraría después la justicia.


Unas 4.000 personas huyeron y abandonaron sus tierras; sólo se atrevieron a volver unos años después; para entonces, se encontraron sus territorios ocupados por plantaciones de palma. Desde entonces, las comunidades afectadas, Jiguamiandó y Curvaradó, luchan para recuperar sus territorios.


Son unos miles de los cinco millones de colombianos desplazados a la fuerza: el 10% de los 47 millones de colombianos. Según reconoce el propio Gobierno, más del 70% de ellos eran propietarios o tenedores de pequeñas fincas que tuvieron que dejar atrás: un total de alrededor de 6,5 millones de hectáreas, el 15% de la superficie cultivable del país.


Esos territorios, y los recursos que albergan, pasaron a engordar los monocultivos dedicados a la exportación, como la caña de azúcar y el aceite de palma, y los proyectos extractivos, como la minería y la explotación de hidrocarburos, en detrimento de lo que los colombianos llaman el "pancoger", la pequeña agricultura destinada al consumo local.


El nuevo rey agrícola


En 1971, en Las venas abiertas de América Latina, el uruguayo Eduardo Galeano repasaba casi cinco siglos de colonia y sometimiento latinoamericano a eso que llaman Primer Mundo a través de los "monarcas agrícolas" que impusieron los conquistadores en todo el continente desde el siglo XVI: caña de azúcar, algodón, café, caucho, banano. Hoy, dos nuevos reyes se alzan triunfadores, junto a una caña revitalizada por el empuje del etanol: la soja, que cubre en torno al 60% del suelo cultivable en Argentina y Paraguay; y la palma de aceite o palma africana, que ha llegado con intención de quedarse a los suelos de Colombia, Ecuador, Brasil, Guatemala, Honduras y México, entre otros.


La palma es una de las commodities agrícolas –esto es, materias primas que se comercializan en los mercados internacionales, y que están cada vez más financierizadas– más demandadas en este comienzo del siglo XXI. Su creciente demanda se debe, por un lado, a su uso para los agrocombustibles, y de otro, del aumento vertiginoso del uso de aceite de palma en la industria alimentaria.


Aunque muchos consumidores lo ignoren, el aceite de palma está detrás de esos aparentemente inocentes "aceites vegetales" que encabezan la lista de ingredientes de su chocolatina favorita y de buena parte de los productos que se adquieren en cualquier supermercado, también jabones y cosméticos. Del total del aceite de palma que se consume en el mundo, más del 80% proviene de Indonesia y Malasia. Es la palma aceitera la principal causa de la deforestación de los bosques tropicales del Sudeste asiático, muchas veces, a través de enormes incendios que mantienen un espeso humo gris en el cielo de estos países.
En tiempos en que el cambio climático se presenta como una evidencia científica, y no especulaciones "radicales", como quisieron hacernos creer hasta hace una década, no está muy bien visto andar esquilmando los pocos bosques tropicales que aún nos quedan.


Así que los productores y los mayores consumidores de palma –multinacionales como Unilever o Nestlé– tomaron medidas, como la organización de una Mesa Redonda del Aceite de Palma Sostenible (RSPO), o el paulatino traslado de la producción a nuevos territorios de África o América Latina, donde la expansión de la palma no es tanto a costa de la deforestación de la selva como sí de la expropiación de pueblos indígenas y campesinos que hasta entonces se dedicaban a la agricultura familiar y otras actividades que unos llaman "de subsistencia", pero que tal vez sean la única alternativa real "sustentable" frente a la acelerada expansión de un extractivismo voraz.


Pese a las amenazas, la judicialización de las resistencias, el hostigamiento, los asesinatos y desapariciones, muchas comunidades siguen dispuestas a resistir a la expansión de la palma y otros agronegocios de latifundio. Muchos de ellos son conscientes de que no sólo luchan por su tierra, que es su supervivencia como pueblos, sino por la defensa del planeta en su conjunto. En Europa no se produce palma, pero sí se consume. El aceite de palma está en uno de dos productos que adquirimos en supermercados, desde alimentos procesados a cosméticos. Así que pocos motivos tenemos para sentirnos ajenos a esas luchas.

 

Por Nazaret Castro
, (Buenos Aires) @nazaret_castro_
16/11/15 • 10:58

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"Acceder a los territorios es una forma de fijar al campesino a la tierra"

Días antes de la toma del Incoder y del Ministerio de Agricultura por parte de la Cumbre Agraria, nos reunimos con Darío Fajardo, uno de los intelectuales más importantes del país por sus aportes a la comprensión del mundo agrario. Las tomas concretaron un anuncio de la Cumbre Agraria, quien denunciaba así los reiterados incumplimientos de parte del Gobierno con respecto a los pliegos y otros compromisos contraídos con la Cumbre. En este contexto, la voz experta del profesor Darío es indispensable para problematizar lo que está sucediendo en el país referente al tema agrario.


Llego a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia faltando cinco minutos para las once en un día cualquiera del octavo mes del año. La facultad, que parece más una casa familiar, está atestada de estudiantes, profesores, personal de aseo y de seguridad que entran y salen sin ninguna formalidad. Adentro, el profesor Darío Fajardo habla con otro docente y al verme me pide que lo espere unos minutos. Le digo que lo espero al frente de la casa-facultad. El lugar también está igual o más lleno de estudiantes que hablan despreocupadamente, es inicio de semestre. El profesor llega a los pocos minutos y luego de lo saludos cordiales nos sentamos en una de las bancas vacías al lado de un jardín tapizado con flores azules. El sol nos golpea con toda su fuerza pero Darío no parece inmutarse. Me dice que desdeabajo publicó hace poco un libro muy bueno que me recomienda leer: Desconolizar las rebeldías, de Raúl Zibechi. Le prometo leerlo y le lanzo la primera pregunta ¿Cómo comenzó a trabajar con las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)?, pero al momento de responder otro maestro lo saluda y logra su atención. Es inevitable que este tipo de interrupciones pasajeras continúe dándose por el lugar donde estamos y por el reconocimiento que tiene Fajardo en la Universidad, así que me despreocupo y continúo.

 

Yo tuve dos circunstancias, responde luego de saludar: fui director de la Corporación Araracuara, que era una entidad que se había formado a partir de un proyecto que ejecutó Holanda en Colombia, en la Amazonía. Entonces, en esa Corporación se realizaron una serie de proyectos sobre el manejo de los ecosistemas amazónicos, con colonos...

 

De nuevo, otro colega, sudoroso y a paso ligero, saluda con una sonrisa al profesor el cual le responde y continua...

 

[Con colonos] de la zona del Caquetá, Guaviare. Así iniciamos a trabajar en una propuesta de estabilización de las colonizaciones, la cual comenzó a tomar pista con las movilizaciones campesinas del 94, 96. En ese momento, con Alfredo Molano, habíamos estado trabajando un tema que él después lo profundizó, el de los colonos en la Serranía de la Macarena. Nosotros hicimos un libro con Alfredo y Fernando Roso, sobre las colonizaciones en este lugar y ahí los colonos le plantearon a Molano una figura, una vieja figura sobre la colonización agrícola que tenía origen en 1928. Imagínese, los colonos tenían en su memoria esa figura y la habían mantenido y aplicado. Comenzando los 90, cuando era muy crítica la situación en el Meta, la Macarena y toda esta región, los colonos se preguntaron por qué el gobierno no volvía a la figura del 28 para titularles tierras y ellos se comprometían a hacer un manejo sostenible del ecosistema. Ahí nació la figura de las ZRC en donde se plasmaba lo dicho por los campesinos.

Lo que se hacía, entonces, en la corporación Araracuara era darle la posibilidades de ubicación real a estas Zonas, ya no era solamente la historia con que se formulaba la propuesta campesina sino en dónde hacer la ZRC. Esto se logró con marchas y todo eso, consagrado en la ley 160 del 94. El capítulo 13 de esta ley es sobre colonización y reservas campesinas. Ahí nace el trabajo mío con ellos. Porque comenzamos a explorar la posibilidad que el Gobierno reconozca las ZRC, al tenor de la ley, y eso nos permite un proceso de negociación entre colonos, campesinos y Estado.

-P-. ¿Esa figura es sobre todo para el sector del campesinado colono?
-R-. Sí, pero no únicamente. Inicialmente estas Zonas fueron planteadas para el borde de las fronteras, donde predominaban los baldíos. Pero después, en diciembre del año 96, hay un decreto reglamentario –el 1777– que establece que tales Zonas no solamente pueden establecerse en territorios donde predominen baldíos sino en donde sea necesario hacer un proceso de regulación de la propiedad, de reducción al riesgo de concentración de la propiedad privada y que por condiciones ambientales se favorezca una forma de regulación como lo plantea la ley 160 del 94. Básicamente son territorios en donde la distribución y el acceso a la tierra están controlados por las comunidades y esto queda plasmado de una manera bastante avanzada en la ZRC del valle del Río Cimitarra. Ahí la comunidad tiene, expresamente, una reserva forestal digamos como reserva para las comunidades y hacen un proceso de redistribución de la tierra. Esto es lo que plasma Yenly Méndez en su tesis*, en la Javeriana.

-P-. ¿En qué están las ZRC en este momento?
-R-. Están con el proceso de afianzamiento y de reconstitución. En este momento hay cerca de 60 procesos de constitución de ZRC pero apenas hay regularizadas 6. Este proceso es como una forma de plasmar lo que se llamó el programa general de ZRC. Una parte de tal programa es un desarrollo de la reserva campesina de Cimitarra, que es la constitución de las Cooperativa. Es decir, pasar de ZRC a cooperativas. Nosotros estamos viendo que por ahí es el camino.

-P-. ¿En qué consiste ese cambio?
-R-. Se trata de crear cooperativas de forma autónomas y asociativa, es decir, comenzar a construir y a fortalecer la experiencia de las cooperativas agrícolas, que sirven para distintas cosas, para producción, comercialización, desarrollo de servicios, transporte, manejo ambiental, es decir, la cooperativa es una figura que como economía solidaria tiene muchísimas posibilidades, entonces lo que estamos pensando es que la vía de construcción de cooperativas va a ser como la estrategia fundamental para el desarrollo central del programa nacional de ZRC. Es darle una estructura institucional mucho más densa, con mucho más contenido a las reservas, de manera que permita su articulación con las cooperativas de consumidores urbanos. Porque el tema es, ¿cómo establecemos puentes orgánicos entre comunidades campesinas y urbanas, de manera que tengan un abanico muy grande de posibilidades? La cooperativa se acaba de constituir ahorita en Barrancabermeja. Y ellos, la Anzorc, tiene todo el estudio de los estatutos.

De la facultad sale una mujer que camina con la mirada puesta en el profesor, con la intención de saludarlo. Al percatarme, mi interlocutor sigue mi mirada y se encuentra con la profesora, a quien saluda cordialmente.

La idea, continua, es que Anzorc es lo que algunos llaman un movimiento socio-territorial. Un proceso organizativo de las comunidades que tiene sus territorios definidos para desarrollar modalidades de gestión del mismo. No como territorios autónomos, como decía el ministro Juan Camilo al llamarlas repúblicas independientes, el famoso San Benito que les puso Álvaro Gómez Hurtado, sino que sean espacios con autonomía, que tiene cualquier estructura de la sociedad civil, que no va contra el ordenamiento político, social y territorial; son todo lo contrario, son formas de apertura de gestión y de interlocución con el Estado desde una perspectiva mucho más equilibrada. La autonomía es eso, poder generar un equilibrio en las relaciones con el Estado y con otros sectores de la sociedad civil, empresas, inclusive con capital transnacional, pero desde una perspectiva de mayor equilibrio y mayor simetría. Esa es la idea.

-P-. ¿En qué temporalidad se ubica tal idea?, ¿es una propuesta a corto, mediano o largo plazo?, pregunto, al mismo instante que otro docente pasa corriendo por nuestro lado pero al vernos se devuelve y nos dice "Estoy en función del principio básico de la dictadura de clases". "Eso es incuestionable", responde el profesor Darío.
-R-. Es que esto combina los tres escenarios. Las reservas campesinas, como una institución de gestión de movimientos socio-territoriales, enfrenta el modelo económico de una forma muy radical, ¿por qué? porque la expectativa del modelo económico que está en desarrollo todavía es la de contar con una estrategia política que le permita reducir costos de producción en lo fundamental a través de la reducción en la remuneración del trabajo. Es decir, entre más bajos sean los salarios más rentable será la remuneración. La reserva campesina, y estas otras figuras que son los resguardos, los territorios negros, constituyen una forma de fijar al campesino a la tierra, de estabilizar las relaciones campesinas. Es decir que si el campesino entra en relación con el capital, está allí en una relación más simétrica y no de sometimiento, como lo está haciendo el capital. A éste le sirve tener colas de gente sin trabajo, paradas en los semáforos, porque con eso reduce la remuneración del trabajo, y el envilecimiento del trabajo es la confianza inversionista, que pueda explotar el agua, acabar con los suelos, con todo. Pero, en lo fundamental, acudir a la subvaloración de la remuneración del trabajo. Ese es el logro máximo al que aspira el capital y entre más se afecte la regulación estatal, entre más se reduzca su capacidad de regulación, pues el capital tiene muchas más condiciones de imponer su reglas de juego. El tema es como se desnivela...

Su idea es interrumpida para saludar con la mano a una profesora de gafas grandes, en las que resaltan unos ojos desorbitados.

... la relación con el trabajo, que aquí se hace de todas maneras no sólo con la flexibilidad laboral establecida por las leyes de las reformas laborales sino con el mismo terror, es decir, la destrucción de sindicatos. La historia de la Unión Sindical Obrera, por ejemplo, es evidente, cada pliego que se negociaba era una junta directiva que desaparecía. Así ha sido la forma de «negociar» con las organizaciones campesinas, destruyendo hasta donde sea necesario la organización del trabajo. Los temas del desplazamiento masivo es quitarle las raíces a las comunidades y destruir su organización. Entonces, con eso uno saca comunidades y las implanta en el sector urbano y se reducen los costos.

 

Los paros

 

-P-. Pasemos a otro tema. En la literatura sobre el paro del 2013, algunos autores afirman que este fue un punto de inflexión dentro del ciclo de las luchas sociales que no se veía desde el 77, ¿Qué opinión le merece tal afirmación?
-R-. Me parece que los paros de agosto del 2013 representan un momento de ascenso porque no son movimientos del corto sino del largo plazo. Y esto lo marca el ciclo económico, que para Colombia dependió muchísimo de las exportaciones del petróleo. Precisamente los ingresos con los que pensaba animarse la economía nacional provenían de la exportación del petróleo, los que tuvieron un punto de inflexión muy fuerte que golpeó las expectativas de crecimiento

El grueso de esta economía está basado en tres cosas: petróleo, las inversiones en minería y las exportaciones del narcotráfico. Sobre este último se trata de no dar nunca información cierta. Inclusive en una situación en la que uno se pregunta por la credibilidad de la información brindada por parte de las agencias internacionales, incluyendo Naciones Unidas, porque se juega mucho con las áreas de producción, pero toda la información que se da es inconsistente. Por una parte se afirma que las áreas fumigadas están por encima de las 150.000 hectáreas, entonces ¿qué es lo que realmente estamos fumigando?, ¿áreas nuevas? Es inconsistente la información. Se habla de que nosotros tenemos una producción de 400 toneladas anuales de cocaína, eso es lo que satisface el 70 por ciento de la demanda de cocaína en los Estados Unidos. Entonces, ¿en qué superficies se están produciendo esas 400 toneladas?

Tenga en cuenta que la producción de cocaína en el país es muy heterogénea. Hay zonas en las que se trabajan tres cosechas, hay otras que son cinco o hasta seis anuales, de acuerdo con condiciones tecnológicas y del suelo. Digamos que la información es incierta. El grueso de la producción ahorita está en la cuenca del Pacífico. Esa es una zona en donde están, en lo fundamental, las cosechas que se están exportando hacia los Estados Unidos. Hay fumigaciones, pero hay que preguntar, ¿cómo están afectando la producción?, ¿están eliminando la oferta o simplemente están controlando los precios? Lo que nosotros tenemos es una tendencia a la ampliación de la superficie de producción, a que se eleve la cosecha, y si esta crece los precios caen, entonces, ¿cómo hacen para que esos precios no sigan cayendo? Fumigando. La pregunta es, entonces, ¿qué implican las fumigaciones? Esto es el reino de lo incognito. No sabemos a ciencia cierta cuál es el impacto de la fumigación.

-P-. En ese marco, ¿cómo están situados los movimientos sociales?
-R-. El Gobierno los ataca sistemáticamente. Los ataca, una parte, en función del control en la producción de los cultivos ilícitos, y allí dicen que el Catatumbo es la zona donde más se está produciendo coca. Los campesinos ofrecen erradicación, incluso concertando con Naciones Unidas, pero el Gobierno no ha querido y cuando lo ponen contra la pared –para que asuma compromisos–, firma pero no cumple. Prefiere estimular el conflicto por otras vías, generando distracción, para no asumir los compromisos de sustitución de cultivos. Impulsa distractores, como lo es la misma represión. Entonces, los campesinos se mueven porque el Gobierno no cumple. Este es el escenario de las jornadas de indignación realizadas entre los días finales de agosto e inicios de septiembre.

La protesta no es gratuita. No solo está motivada por los incumplimientos oficiales, sino que ahora también se sienten los efectos de los Tlc's. No hay institucionalidad campesina, no hay asistencia técnica y no hay créditos justo para este sector. No hay inversiones en vías terciarias, que son importantes para la economía campesina, todo lo contrario, lo que están pidiendo ahora, incluso las autoridades de Hacienda, es que se deje de invertir en las vías secundarias, lo cual es suicida; es agravar la situación de los campesinos y agravar sus demandas.

Las decisiones del Gobierno están llevando a un agravamiento de las condiciones de vida de los campesinos pobres. Pareciera que tuvieran interés en radicalizar su protesta, lo cual es contradictorio, ¿por qué?, porque en el 2013 el Gobierno, pero sobre todo en el 2014, reconoció la mesa agraria y se había hecho en ese mismo año un preacuerdo de los puntos 1, 2, 3 de la mesa de paz en La Habana. Firman esos preacuerdos pero incumplen en su concreción. Es más, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobado por este Gobierno desconoce totalmente los acuerdos establecidos, tanto con la mesa de la Cumbre como con la mesa de La Habana. El Gobierno, en la medida en que incumple sus compromisos con las dos mesas, lo que hace es precipitar la protesta campesina. Por eso, me parece, que el paro de 2013 no puede simplemente reducirse a la coyuntura sino que es el acumulado de un proceso que viene de atrás. Un proceso de desmantelamiento institucional del sector agropecuario que comienza con el Tlc. Al aprobarse éste en el 2005 lo que hace es precipitar la cascada de factores de crisis.

-P-. Hablando del PND, ¿qué opinión le merece?
-R-. Es suicida. Lo es porque desconoce acuerdos que hubieran podido facilitar la negociación de los pliegos y los acuerdos 1, 2, 3 de La Habana. Por eso es suicida y por eso mismo Santos dijo hace poco que iban a considerar un proyecto de ley que tuviera en cuenta las recomendaciones de la Misión en cuanto a la transformación del campo, que la desconocieron totalmente en el PND, pero es un poco tarde. Estamos en ese escenario, un PND suicida que incrementa las demandas de los movimientos sociales.

El profesor mira su reloj y corta la entrevista disculpándose, en cinco minutos inicia su clase con estudiantes de décimo semestre en donde hablará, de seguro, algunos de los temas que aquí tocamos.

* Yenly Angélica Méndez Blanco, "Derecho de los campesinos al territorio, justicia y zonas de reserva campesina, la experiencia del Valle de Cimitarra", Ediciones Antropos, Bogotá, 2014

Publicado enEdición Nº 218
Sábado, 03 Octubre 2015 06:41

Queremos comedores no comederos

Queremos comedores no comederos

Sólo seis empresas: Monsanto, DuPont-Pioneer, Syngenta, Dow, Bayer y Basf, controlan 63 por ciento del mercado global de semillas comerciales, 75 por ciento del de agrotóxicos y 75 por ciento de su investigación y desarrollo en el sector privado. Juntas controlan 100 por ciento de las semillas transgénicas comercializadas (ETC, 2015).


Las cifras son abrumadoras, pero las empresas van por más. El 30 de septiembre se retomó en Brasil una iniciativa para legalizar la tecnología Terminator, semillas que se vuelven estériles en segunda generación. Con esto, las empresas se aseguran que los agricultores se vean obligados a comprarles semilla siempre. Si Brasil lo aprobara, tendrá un efecto dominó sobre muchos otros países.


En México, centro de origen del maíz, esas empresas no se conforman con porcentajes aún mayores que la media global. Monsanto y DuPont-Pioneer ya venden 95 por ciento de las semillas de maíz híbrido. Pero aquí, como en el mundo, la mayoría de las semillas y variedades siguen en manos de los campesinos, sus creadores, que producen 55 por ciento del maíz que se consume en México. Por eso las empresas quieren avanzar sobre ese sector, sea contaminándolos con transgénicos o haciendo que pierdan sus semillas haciéndolos adictos a híbridos y agrotóxicos. Ambos son negocios para las mismas compañías.


Varias de esas empresas lanzaron una alianza protransgénicos, con el objetivo de manipular la opinión pública, intentado cambiar su imagen de meros conquistadores comerciales a actores sociales. Viendo la lista de sus aliados, queda claro que los beneficiados con estas semillas frankenstein son ellas y unas pocas megaempresas más, las mismas que están transformando el país en un gigantesco comedero de comida chatarra y basura, en desmedro de los alimentos sanos y frescos, de las comunidades, campesinos y culturas que los producen y de la enorme riqueza y diversidad culinaria y cultural del país.


Los transgénicos no son para alimentar a personas: se producen mayoritariamente para forrajes industriales de cerdos, pollos y vacas criados por grandes empresas en confinamiento, condenados desde el nacimiento hasta la muerte, a vivir en hacinamiento, bajo el efecto de antivirales, antibióticos e insecticidas, conviertiéndose en centros de producción de enfermedades, como gripe porcina y aviar, con alta contaminación de agua, suelos y aire. Su segundo destino, en Estados Unidos, es alimentar autos. El resto va para comida industrial cargada de residuos de agrotóxicos, que no alimenta, sino que produce obesidad y diabetes, en una gama de productos industrializados, muchos de los cuales, salvo por la imagen en el empaque, serían irreconocibles como comida.


Coherente con quienes están haciendo negocio con esa destrucción de la salud, el ambiente y las culturas; la nueva alianza protransgénicos en México está constituida por representantes de los mismos rubros: Monsanto, Syngenta, DuPont-Pioneer, Dow, Bayer y otras presentaciones de las mismas, como Agrobio, asociación civil, cuyos miembros son esas empresas, AMSAC (Asociación Mexicana de Semilleros Asociación Civil), donde esas mismas empresas son los miembros dominantes, junto a 19 asociaciones de grandes criadores industriales de animales y actividades agropecuarias (varias estatales, algunas nacionales, que incluyen a las anteriores). También hay comerciantes de agrotóxicos, fabricantes de forrajes industriales, y ANTAD, que representa a grandes tiendas de autoservicio, donde, nuevamente, se hace negocio vendiendo comida industrializada y chatarra. La repetición y cruce de miembros y patrocinios de esta alianza es nutrido.


Es cínico que estas empresas digan que México podría ser autosuficiente plantando maíz transgénico, porque ya importa la tercera parte de su consumo nacional de maíz, afirmación que usan mucho, pero es falsa.


Efectivamente, México importa aproximadamente 10 millones de toneladas anuales de maíz amarillo, sobre un uso de maíz en territorio nacional de unas 30 millones de toneladas. Pero aunque este maíz entre al territorio, no es para consumo nacional, sino para el negocio de empresas trasnacionales.


México consume 11 millones de toneladas de maíz en tortillas y otros usos culinarios y produce más de 22 millones de toneladas anuales de maíz: no sólo es autosuficiente, produce el doble de lo que necesita para alimentación. El resto se usa en derivados industriales (4 a 5 millones de toneladas) y forrajes. Es el aumento constante de cría industrial de animales en confinamiento rubro en el que trasnacionales dominan porcentajes cada vez mayores de mercado eliminando a pequeños criadores que demanda maíz amarillo, por lo que el gran volumen de importaciones va para ellos. Se podrían criar menos animales en pequeña escala, con diversidad de forrajes, como siempre se hizo, favoreciendo el combate al cambio climático, la salud humana y animal, generando muchas fuentes de trabajo.

Pero las importaciones de maíz a México son un negocio de trasnacionales, no una necesidad nacional. Como explica Ana de Ita, de Ceccam, después de desmantelar la Conasupo, empresas como Cargill, Corn Products International, ADM y grandes engordadores de animales y fabricantes de raciones pasaron a controlar las importaciones de maíz, y lo compran donde les sea más barato, que es en Estados Unidos por subvenciones y volumen. A productores nacionales de maíz muchas veces les queda producción sin vender, e incluso se exporta maíz desde México al mismo tiempo que se importa.


Se trata de todo lo contrario de autosuficiencia: el objetivo de estas empresas es industrializar todo, terminar con cualquier producción sana e independiente de alimentos, para controlar ellas desde las semillas hasta los supermercados.


*Investigadora del Grupo ETC

Publicado enMedio Ambiente
De la indignación al paro: entre viejas y nuevas formas de las mismas inercias

"Horrible esta jornada nocturna

Y todavía pasaremos peor la que viene.
Los arroyos de agua serán ríos
de caudalosa furia transeúnte
Hasta oleajes de océanos coagulados.
Aún les niego mis ojos cerrados".1

 

Luego de la simultánea toma de las instalaciones del Incoder y del Ministerio de Agricultura por parte de integrantes de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular el pasado 1 de septiembre, alrededor de 3.000 personas llegadas a Bogotá y procedentes de regiones como Arauca, Cauca, Nordeste de Antioquia, Cesar, Tolima y Catatumbo, regresaron a los ríos, veredas y barrios en los que viven y luchan. Partieron a la espera de la ejecución de los distintos proyectos productivos que exigen para sus territorios, además de continuar en el camino de lucha sobre los ocho puntos gruesos del pliego2. Las vocerías nacionales de la Cumbre anuncian, desde ya, una nueva jornada de protesta como paro nacional para 2016.

 

Con titulares como "Encapuchados se toman el Ministerio de Agricultura", "Indígenas con papas bomba se tomaron el Ministerio de Agricultura", y haciendo eco a las declaraciones del ministro Aurelio Iragorri tales como "si trajeron comidas para siete días, pues aquí nos quedamos un mes y el Ministro no sale y no va a firmar acuerdos en los que tengamos que violar la ley"; los medios empresariales de comunicación cubrieron rápidamente el acto.

 

Pues no hubo que esperar siete días ni violar ninguna ley. Tras unas horas de ocupación de las instituciones ya indicadas, cuando caía la tarde de aquel martes que daba la bienvenida al noveno mes del año, entre la Cumbre y el Ministro acordaron tanto la tramitación inmediata de los proyectos productivos que hacen parte del eje económico de la negociación, además de la interlocución sobre los conflictos territoriales entre las comunidades y el Estado, así como las garantías para la protesta.

 

En esta ocasión, tal vez por la víspera electoral, el Gobierno le dio celeridad verbal al trámite de los proyectos que se vienen negociando, con lentitud, desde la expedición del decreto 870 del 8 de mayo de 2014, por medio del cual desde el Ministerio del Interior se regula una mesa de interlocución entre el ente oficial y la Cumbre Agraria. Sin embargo, la desconfianza generada por la actuación del Ministro, la violencia que no da descanso en el campo, la situación de violación de los derechos humanos y la relativa complejidad de los aspectos más gruesos del pliego, anuncian que la lucha social, la protesta y la disputa de la hegemonizada opinión pública, serán berracas, por decir lo menos.

 

¿Qué queda de estas jornadas y qué se proyecta?

 

La agenda de movilización fue variada entre visitas a localidades y universidades, marchas y acciones culturales de comunicación en la calle. Pero quizá la acción central de las jornadas fue aquella toma. Y aunque pareciera modificar los repertorios de la acción colectiva entre las fuerzas sociales y políticas que conforman la Cumbre, resulta, también, en consonancia con la debilidad que tienen hoy las plataformas políticas del movimiento campesino, étnico y popular, para convocar una protesta que articule sectores y procesos de cara a disputas globales del modelo económico, del régimen político o de la hegemonía monopólica sobre los bienes comunes.

 

Esta es una acción cuya contundencia, en tanto golpe mediático, parece lograr mayor efectividad para superar la situación defensiva en el terreno político y en la acción comunicativa directa. Como parte de este mismo proceder, hace solo unos meses, campesinos de la Asocación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) se tomaron durante algunas horas las instalaciones del Incoder en Popayán y semanas antes habían hecho lo propio, campesinos de Ascamcat, con la Defensoría del Pueblo en Bogotá.
Otras acciones, como las marchas y los mítines, no logran romper la rutina urbana, parece que ya hacen parte de su cotidianidad. De ahí la importancia de estas ocupaciones de oficinas y similares, las que podríamos situar a medio camino entre un repertorio tradicional de protesta y uno creativo. Como ejemplo y contraste inmediato puede señalarse la reciente ocupación, también en Bogotá, por parte de 300 desplazados del llamado Puente Aéreo en el aeropuerto El Dorado.

 

La democracia interna, una necesaria reflexión sobre el poder y la emancipación

 

Para el día 3 de septiembre estaba convocada una asamblea popular en la Plaza de Bolívar. Pero la verdadera asamblea que sucedió allí fue la de la tarima y de la agitación persuasiva. Una muestra más de la incapacidad en la convocatoria para estas jornadas, que no atrajo a mayorías críticas de los sectores urbanos en disputa y resistencia. De esa manera, no cabe duda, la de la Plaza fue una asamblea de agitación que no tuvo acciones deliberativas y sí, por el contrario, una comunicación que desde la tarima no procuraban doble vía, es decir, una dinámica poco comunicativa, no incluyente, y por lo tanto unilateral.

 

Contrario a esta opinión, podría decirse, como en efecto lo hacen desde algunos círculos universitarios, que la Cumbre tiene sus propias asambleas y mecanismos de participación política. Sí. Pero lo que demuestra el descenlace de esta asamblea es justamente la incapacidad para la convocatoria, además de la coalición por lo alto en que se constituye hoy la unidad de procesos sociales que conforman la Cumbre Agraria. El reto es inmenso. Lograr un momento, modo de acción y forma de vida en que la práctica política sea orientada por una razón común –y no particular– implica cambios que no podemos asumir esperando quedar intactos en nuestras identidades políticas y formas de hacer.

 

Alcances de las jornadas

 

Con cinco objetivos fundamentales fueron planteadas las jornadas desde su preparación: i) la articulación con otros sectores en conflicto; ii) consecución y demanda de garantías para la protesta y para la misma negociación; iii) denunciar el Plan Nacional de Desarrollo como política global de gran desarrollo minero y agroexportador, y como plan de ordenamiento territorial para la seguridad y el despojo; iv) la promoción de sus economías propias o formas de producción alternativas y, por último; v) la preparación hacia un paro nacional el próximo año. Y de todo ello, ¿qué se logró?

 

Muchos sectores urbanos apenas se acercaron. Solo la Cumbre Urbana Popular parece haberse promovido; pero incluso sectores y organizaciones hermanas de la Cumbre, como las estudiantiles universitarias, algunos sindicatos y movimientos urbanos, no pudieron trascender de la acción solidaria y actuar en lucha propia.

 

El conjunto de acciones logró presionar al Gobierno para iniciar una mesa de interlocución entre la Cumbre, la Fiscalía General, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, con el fin de tratar las garantías para la protesta y la negociación. He aquí un logro. La expectativa queda abierta con ello, pues el panorama nacional no da señales de confianza, como puede observarse a partir de un informe parcial realizado por algunas de las organizaciones integrantes de la Cumbre, presentado como un balance de la situación de vulneración en derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre el periodo que va de junio de 2013 a julio de 2015, el cual registra 2.373 hechos entre acciones bélicas, amenazas, atentados, confinamiento, desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias, asesinatos, allanamientos ilegales y ejecuciones extrajudiciales3; o bien, como también puede leerse en el informe presentado hace unas semanas por la organización no gubernamental Somos Defensores, en el que se indican 34 asesinatos a defensores de derechos humanos en el ultimo año y un incremento de 216 por ciento en amenazas4.

 

Sin embargo, ni la denuncia del Plan Nacional de Desarollo5, ni la promoción de las economías propias tuvieron algún impacto significativo durante las jornadas, aunque podría esperarse que la ejecución de los proyectos productivos que ya están en marcha facilitara este aspecto.

 

La preparación de un paro nacional hacia 2016 fue un objetivo implícito. Aquí está casi todo por verse, pero desde ya puede señalarse la dificultad en la convocatoria y la ausencia de una acción deliberativa popular, como muestras de la profunda crisis en legitimidad y representatividad de nuestra democracia realmente existente, incluso en su arista más alternativa. La tensión inercial entre una renovación táctica y las formas tradicionales en los repertorios de acción, toca en sus mismas raíces a las formas de dirección de los movimientos sociales así esto no se asuma explícitamente y con franqueza.

 

Puede indicase aquí, de igual manera, que las delegaciones que acudieron a la cita de la indignación fueron las más sólidas bases sociales de los distintos procesos y organizaciones de la Cumbre, y que tampoco en la regiones hubo movilizaciones convocantes; ni la Caravana Genaro García que inició con un plantón frente a la gobernación de Nariño, ni la marcha de acompañamiento en Arauca o el campamento y bloqueos de vías en el nordeste antioqueño por parte de sectores lecheros y paneleros, entre otras acciones, demuestran suficiente capacidad de movilización de cara a un paro nacional para 2016.

 

Hay temas estructurales que no se negocian y de ello hay conciencia por parte no solo del Gobierno autoritario que negocia a través del dilatador Ministro de Agricultura, sino también de la Cumbre Agraria; razón que lleva a autoconcebir ese pliego de ocho puntos como una plataforma de lucha. Pero se alista un paro que coincidirá con un momento en el que los procesos para la finalización de la guerra armada contrainsurgente y la consecución de la paz, entrarían en una fase entre el cierre de la negociación dialogada y la apertura hacia una nueva disputa política por la refrendación de los acuerdos, en el caso del proceso con las Farc. En cuanto a la negociación con el Eln, sería apenas en un momento de despegue.

 

¿Cómo podrían irrumpir con voz y propuesta propia los movimientos sociales en una situación así esperada? ¿Las agendas de movilización estarían subsumidas a los ritmos de la paz? O, por el contrario, ¿podrían aparecer mecanismos y acuerdos conjuntos entre movimientos sociales, organizaciones guerrilleras y Estado nacional? ¿Cómo jugaría esta apuesta táctica de la Cumbre, de cara a una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué mecanismos y eslabones de plataforma realmente convocante de las mayorías oprimidas y de los sectores activos en conflicto, se requieren para emplazar con efectividad al régimen, convocar a la sociedad y disputar el sentido común de futuro en la sociedad colombiana?

 

 


 

 

Recuadro

 

¿De dónde viene la Cumbre Agraria?

 

Ya dos años han pasado desde aquel agosto de 2013 cuando el Paro Agrario Nacional irrumpió nuestra absorta y resignada cotidianidad. Fue un estallido que cuestionó desde las políticas agropecuarias del Estado colombiano hasta el modelo mismo de desarrollo. El tratamiento represivo que dio en su momento el Gobierno Nacional a la protesta le resultó, de cara a la opinión pública, un contrasentido que impulsó más la indignación no solo de los manifestantes, sino incluso de la solidaridad en la ciudades. Un grado significativo de espontaneidad cívica y popular le dio resonancia a la batalla campesina en las urbes.

 

Solo pasaron dos meses y las comunidades indígenas del Cauca convocaron la Minga Nacional Indígena, Social y Popular, en la que decidieron incorporar sus esfuerzos a la Cumbre Agraria, escenario de unidad que para ese momento agrupaba a las organizaciones sociales agrarias cuya matriz política extensa son la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos.

 

Con ellos, llegaron también las comunidades del Proceso de Comunidades Negras. Nace entonces la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular a inicios de 2014 convocando a un paro agrario durante el siguiente abril; aquel paro originó su reconocimiento como interlocutora por parte del Estado a través de la Mesa Única de Negociación que es regulada por decreto del Ministerio del Interior.

 

Muchas fueron las reuniones y acuerdos, pero muchas más las demoras y trabas. Casi 16 meses en algunos acuerdos y 24 en el caso de otros, llevaron al estallido de esta inconformidad por parte de la Cumbre para convocar las jornadas de la indignación entre el 30 de agosto y el cinco de septiembre pasados.

 

 

 


 

 

1 Rengifo, Leonardo: "Prosaicas, Metáforas y Estallidos: Memoria poética del Paro Nacional Agrario"; La República (Cartagena, Agosto-Octubre de 2013)
2 Los puntos son: 1) Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial; 2) economía propia contra el modelo de despojo; 3) Minería, energía y ruralidad; 4) Cultivos de coca, marihuana y amapola; 5) Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia; 6) Derechos sociales; 7) Relación campo-ciudad; 8) Paz, justicia social y solución política.
3 Ver informe completo disponible en la web: http://issuu.com/cumbreagraria
4 Ver nota sobre el informe disponible en la web: http://desdeabajo.info/colombia/item/27043-los-nadies-de-colombia.html
5 Sobre el actual PND puede consultarse el suplemento publicado hace dos ediciones por desdeabajo y disponible en la web: http://desdeabajo.info/sumplementos.html

Publicado enEdición Nº 217
"Si no hay acciones de protesta, acciones de hecho, el Gobierno seguirá incumpliendo..."

César Jerez, un dirigente joven, urbano, pero ligado al campo colombiano, sugiere en esta entrevista algunos puntos de discusión alrededor de la perspectivas abierta para los movimientos sociales a partir del Paro Nacional Agrario de 2013, el de 2014 y el surgimiento de la Cumbre Agraria como plataforma de unidad campesina, étnica y popular; nos brinda, además, su opinión sobre la articulación de los sectores urbanos más allá de la mera solidaridad con el campo, de la tensión entre las elecciones y la protesta social, evalúa los alcances de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y aporta su mirada sobre el proceso de paz.

 

Conversamos con Jerez días antes de las jornadas de indignación llevadas a cabo en todo el país entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre, dentro de las cuales el suceso de mayor relevancia estuvo centrado en la toma simultánea a las instalaciones del Ministerio de Agricultura y del Incoder. Aquí su palabra.

 

dese abajo –da–. ¿Cómo se encuentran las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la Cumbre Agraria?
César Jerez –CJ–.El Gobierno prosigue con los incumplimientos. Esa ha sido la actuación oficial: dilatar e incumplir los compromisos y acuerdos firmados como condición para levantar el Paro Agrario del año 2014. La negociación de los 8 puntos sustanciales** ha sido lenta; por eso está en preparación un reclamo al Gobierno a través de una movilización prevista para la primera semana de septiembre. (ver artículo: De la indignación al paro... p. 16).

 

da. ¿Qué objetivos tienen estas jornadas y cuáles son los alcances esperados?
CJ. Está claro que si no hay acciones de protesta, acciones de hecho, el Gobierno seguirá incumpliendo. Dentro de estas jornadas es de vital importancia que las regiones se movilicen y que la protesta logre tener un impacto claro y contundente sobre el Gobierno Nacional. Vamos a participar en todas las expresiones que se están coordinando, pero consideramos fundamental la acción de hecho como el mecanismo más efectivo para que el Gobierno reflexione y avance en el cumplimiento de los acuerdos.

 

da. Dentro de la Cumbre Agraria convergen distintos sectores sociales y políticos, fundamentalmente agrarios, ¿cómo elevar la plataforma que es la Cumbre de cara a abanderar líneas de acción y articulación social que trasciendan la perspectiva estrictamente agraria?
CJ. Siempre hemos dicho que la Cumbre Agraria, como referente más importante de movilización social en el país, es toda una oportunidad para aglutinar, para convocar a otros sectores sobre todo del mundo urbano, en el cual hay mucha más dispersión que en el mundo rural, y en el cual sus organizaciones sociales atraviesan una crisis. No es posible desconocer la crisis del sector sindical, que se ha alejado un poco de la agenda política de los movimientos sociales, debiendo izar una agenda mucho más abierta, de cara al país, que sirva de base de lucha por las transformaciones económicas, políticas y sociales que el país requiere. En ese sentido, en esa articulación de lo urbano y lo rural hay mucho por hacer todavía.

 

da. Un punto significativo del Paro Agrario de 2013 fue la resonancia alcanzada en las ciudades. En ese sentido ¿cómo evalúa o comprende la situación política de los sectores cívico-populares, en cuanto a la movilización en las ciudades?
CJ. En el 2013, después del paro agrario del Catatumbo y del Paro Nacional Agrario, faltó enganchar esas expresiones de solidaridad con lo concreto de nuestras luchas. Esas expresiones de solidaridad debieron tener unos escenarios concretos de confluencia en los barrios, en colectivos, en las organizaciones sociales. El reto es identificar cómo la solidaridad suscitada se materializa en una agenda que se consolide en un accionar político. Nosotros pensamos que ese reto es mucho más grande para las organizaciones urbanas; hay que salir de la crisis de la marginalidad, de la dispersión, hay que construir plataformas conjuntas, y pensamos que la Cumbre Agraria todavía puede ser un referente importante, por ejemplo, en el Frente Amplio por la Paz (Fap). Este podría ser un escenario, un punto de llegada para mucha más gente, pero debemos ser amplios, dejar los sectarismos, dejar los intereses individuales.

 

da. Adentrandonos en la actual coyuntura política nacional, en las elecciones por realizarse en octubre, ¿qué piensa de ellas? ¿le parece que el momento político generará desconexiones entre organizaciones y eso repercutirá en el eco que genere la movilización?
CJ. No consideraría que deba ser un problema. Por el contrario, y pongo el ejemplo de las Zonas de Reserva Campesina: en Anzorc hemos decidido participar en las elecciones locales y regionales, y lo vemos como una forma de garantizar escenarios propicios para el cumplimiento de los acuerdos y para darle un sostén político a los procesos de paz. El reto por resolver es lograr que esos mecanismos de participación política directa los convertimos en mecanismos de participación electoral formal, y es ahí donde surgen distintas contradicciones, porque la política electoral está viciada. La izquierda electoral urbana es decadente en muchos aspectos y esa manera de hacer política convencional, cargada de vicios, de pactos por debajo de la mesa, de alianzas con sectores que no son éticos ni transparentes, nos hace daño. Pero eso no significa que no se deba participar en elecciones enel actual momento; creo que las elecciones pasadas lo demostraron cuando organizaciones sociales se proyectaron en el escenario electoral y ganaron espacios. El tema de las alcaldías y las gobernaciones es mucho más sensible. Nosotros, como Zonas de Reserva Campesina (ZRC), vamos a ganar varias alcaldías y eso será importante en el plan y acumulado de luchas que venimos gestando desde el campo colombiano.

 

da. Girando la mirada hacia la política agraria del gobierno de Juan Manuel Santos, ¿qué piensa del Plan Nacional de Desarrollo (PND) impulsado por el Gobierno Nacional para este mandato?¿Qué opinión le merece la política de desarrollo rural en particular?
CJ. Pues es una postura totalmente paradójica la del Gobierno, incluso irresponsable. Todo lo hecho en materia del Plan de Desarrollo y de paquetes legislativos va en contravía del espíritu de los acuerdos de La Habana. El Gobierno actúa como si no hubiera proceso de paz; como si el proceso no implicase reformas en lo económico, lo político y lo social. Promueve, en cuanto al sector agrario, una ley que tiene como fin apoderarse de los baldíos de la nación, que por Ley 160 deben ser para los campesinos sin tierra. El PND fortalece el modelo económico extractivo, la locomotora minera; deja sin espacio la posibilidad de implementar los acuerdos parciales de La Habana. Así que esta es una actitud oficial totalmente contradictoria que nos alarma y nos alerta. Es impensable que si se firma un acuerdo final del proceso de paz, ese acuerdo se configure como un "gran conejo", no solamente para la guerrilla sino para el país. El Gobierno también debe cumplir los compromisos con las organizaciones campesinas, indígenas y afro, y si esto no ocurre, pues se está lanzando un mensaje bastante ambiguo al país de que aquellos acuerdos por firmarse no se cumplirán.

 

da. Usted, en uno de sus más recientes artículos ("El falso positivo agrario del gobierno Santos") plantea varios puntos críticos en la política agraria. Uno de ellos es sobre la Reforma Rural Integral, que aparece a la vista de los colombianos como una democratización del campo, pero que en el fondo existe la iniciativa de crear las Zonas de Interés para el Desarrollo Rural y Económico –Zidres–, que pareciera ser una legalización del despojo a campesinos. ¿Le parece que esto va en una vía de tensionar los alcances que puedan tener las ZRC e incluso un punto crítico con respecto a las movilizaciones venideras?
CJ. Fíjese que uno de los acuerdos parciales en La Habana es la creación de un fondo de tierras para solucionar los problemas de acceso, microfundio o minifundio; y la ley que se está planteando actualmente es el sexto intento del gobierno de Santos por apropiarse de los baldíos y legalizar lo que fue ilegalmente adjudicado a grandes familias, a grandes terratenientes del país, lo que deja sin piso el acuerdo parcial. Es decir, lo que estamos viendo es una esquizofrenia donde el gobierno firma un acuerdo parcial y reconoce que hay un problema estructural de acceso a la tierra, pero por otro lado implementa acciones e iniciativas en el PND y en este proyecto de ley de Zidres que deja sin piso la posibilidad de tener un fondo nacional de tierras. Esto es muy grave, es un mal mensaje. El Gobierno ha planteado la recuperación de unas tierras supuestamente de las Farc en el Caquetá y en el Meta, en los llanos del Yarí, lo que representa un falso positivo jurídico, todo un contrasentido. En aquellos territorios lo que hay es un proceso de construcción de ZRC, fincas campesinas; y lo que busca este falso positivo es dar la sensación que se le está ganando a las Farc en cuanto a las tierras. Pero esas tierras son de campesinos y con esa iniciativa oficial lo que se configura es una nueva modalidad represiva, puesto que los que están viviendo en esas fincas, sus poseedores, van a ser catalogados como testaferros de las Farc, lo cual es muy grave.

 

da. ¿Qué balance tiene de las ZRC en cuanto a sus objetivos de ordenamiento y desarrollo territorial?
CJ. Tenemos 6 ZRC constituidas legalmente y otras 7 que ya surtieron todo el proceso y trámite administrativo de constitución pero que tienen un veto impuesto por el Ministerio de Defensa que impide su constitución en el Consejo Directivo del Incoder, y además tenemos otros procesos hasta sumar 70 en diferente grado de formación y constitución en todo el país. Nosotros decimos que con ZRC, con el cabal cumplimiento de la Ley 160, como un inicio hacia la reforma agraria, con resguardos indígenas con derechos territoriales ampliados, con territorios colectivos de comunidades negras y con áreas protegidas, estaríamos constituyendo un ordenamiento territorial incluyente, popular, desde abajo, que defienda el territorio, que defienda la tierra. Esto no excluye otras modalidades del ejercicio de la territorialidad. Nosotros, en la Cumbre Agraria, hemos dicho que caben todas las propuestas de territorialidad campesina y que debemos ser concretos y acertados en la forma en que esas nuevas propuestas van a ser incluidas en las negociaciones con el gobierno. Pero la actual correlación de fuerzas nos dice que va a ser difícil imponer una ley que garantice esos territorios, por lo tanto, es mucho más viable pensar en sofisticar la actual reglamentación de la Ley 160 para que esos derechos territoriales campesinos sean reconocidos. También le hemos propuesto al Gobierno la creación de un sistema nacional de ZRC que esté dentro del PND, lo cual en esta oportunidad no se logró, pero la disputa sigue y esa es nuestra meta en el futuro inmediato.

 

da. ¿Qué percepción tiene sobre el proceso de paz en La Habana, teniendo en cuenta los últimos meses en que tanto el Gobierno Nacional como las Farc tensionaron tanto sus posiciones políticas y militares, hasta colocar en riesgo la permanencia de la Mesa?
CJ. Después de 30 años de intentos por llegar a un acuerdo de carácter político con las Farc, en esta oportunidad hay un avance sustancial, así los acuerdos sean parciales. Ahora, en la negociación el Gobierno ha tenido errores que han minado su capital político frente a la sociedad y el proceso: el secretismo, el aislamiento, el hecho de ventilar propuestas en medios de comunicación sin que hayan sido abordadas en La Habana. Pero hay un error que es mucho más estructural: el enfoque mismo del proceso que tiene un carácter doctrinario-militar. Las Farc sí quieren firmar un acuerdo; personalmente estuve reunido todo un día en La Habana abordando el tema de las ZRC y ellos me manifestaron directamente esa voluntad. Ahora, las Farc quieren firmar un acuerdo final a cambio de transformaciones mínimas en lo económico, lo político y lo social.

 

da. ¿Cómo juega ahí el tema del cese bilateral de fuegos?
CJ. Ya lo han dicho ellos, si no hay un cese bilateral al fuego va a ser muy difícil que haya un ambiente favorable a la firma de los acuerdos, a la retoma de los asuntos pendientes en lo que va negociado. El Gobierno se metió un harakiri de tiempo, un cronometro de 4 meses. Pero nosotros, en Anzorc, estamos optimistas en que esas trabas pueden superarse; el camino es retomar los asuntos pendientes, llegar a una medida concreta y definitiva sobre el desescalamiento, que es el cese al fuego. Además, lograr que el tema de justicia no se pierda, ya que hay toda una propuesta sobre justicia restaurativa que está sobre el tapete y, finalmente la refrendación, que es vital para los acuerdos con las Farc, pero también lo será para los acuerdos con el Eln, y también para los acuerdos del Gobierno Nacional con el movimiento campesino, indígena y afro. Nosotros necesitamos un escenario en el horizonte, donde los acuerdos con los movimientos sociales y las guerrillas sean incluidos y tengan un marco normativo y constitucional, y en ese sentido solamente hay una posibilidad y es la Asamblea Nacional Constituyente.

 

da. ¿Qué opinión le merece la manera en que se ha dado esta primera fase de acercamiento entre el Gobierno y el Eln?
CJ. Bueno, pienso que la fase de acercamientos, la fase no pública, debe ya culminarse, debe iniciarse la negociación entre el Eln y el Gobierno. Nosotros como Anzorc, de manera pública hemos manifestado que las partes deben ceder para lograr una agenda marco inicial, en tanto no se puede dejar pasar el tiempo. A este Gobierno le quedan 3 años que en términos de negociación es un tiempo escaso. Pareciera que el Gobierno tiene una posición doctrinal militar con el Eln, considerando que si las Farc no están van a poder aniquilar al Eln en poco tiempo, lo cual, ya lo sabemos por historia, es una postura totalmente irracional. Lo que queda aquí, son las soluciones políticas y por eso nosotros estamos reclamando a las partes el inicio del proceso. Como Anzorc, cuando se dé el inicio del proceso vamos a ser los primeros en reclamar la participación en el mismo, llevando allí nuestras propuestas y diagnósticos y sirviendo de enlace a las formulas que solucionen el conflicto en el campo colombiano.

 

da. ¿De qué manera los movimietos y organizaciones sociales, así como las políticas pueden arrebatarle la noción de paz al Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos, que pareciera ser una paz excluyente que no plantea grandes reformas para resolver los problemas estructurales del país y del campo?
CJ. Pienso que la paz estructural, la paz con justicia social, es la que está trazada aquí en la Cumbre Agraria. Si se revisan estos 8 puntos de la agenda de negociación con el Gobierno, son puntos de carácter estructural que implican política pública transformadora, no sólo para el campo sino para todo el país. La Cumbre Agraria tiene el potencial para contar ya con una agenda conjunta, de aglutinar sectores campesinos, indígenas y afros, pero le queda el reto de coordinar la movilización. Sólo la acción de la movilización va a lograr que alcancemos una paz con justicia social, incluyente y que tenga en cuenta la agenda que se está proponiendo desde la Cumbre Agraria.

 


 

* Coordinador de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina a nivel nacional; integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra.

** Los puntos que trata la agenda son: 1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial; 2. La economía propia contra el modelo de despojo; 3. Minería, energía y ruralidad; 4. Cultivos de coca, marihuana y amapola; 5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia; 6. Derechos sociales; 7. Relación campo-ciudad; 8. Paz, justicia social y solución política.

 

Publicado enEdición Nº 217
Colombia presenta un nuevo plan de política antidroga

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, presentó el martes su plan de política antidroga, basado en la sustitución de cultivos ilícitos. En Nariño y Putumayo, dos departamentos del sur del país, muy golpeados por el narcotráfico, se implementará inicialmente un proyecto con el que se espera que 26.000 familias que se dedican a la producción de coca reemplacen los cultivos ilícitos por proyectos agrícolas o pecuarios que tengan opciones de producción en su territorio.


Santos recordó que en los últimos dos años se han incrementado los cultivos de coca. El país tenía 69.000 hectáreas sembradas en 2014, casi 100.000 menos que este año, según Naciones Unidas. "Colombia no tiene por qué seguir siendo el primer exportador de coca del planeta y vamos a probarlo", afirmó el mandatario, quien explicó que esta nueva estrategia estará coordinada inicialmente por la presidencia, aunque el Gobierno espera tener una entidad dedicada exclusivamente al tema que será liderada por el exministro de salud Eduardo Díaz.


El proyecto contempla también la creación de una agencia de comercializadores rurales, que se encargará de recoger, distribuir y buscar mercados para los productos que los campesinos cultiven bajo asesoría especializada. Uno de los puntos más importantes busca dar la garantía de titulación de tierras a las personas que por más de cinco años se hayan dedicado a los cultivos ilícitos en esos predios.


De los 1.102 municipios que tiene Colombia, 204 tienen cultivos de coca. El 81% de la producción se concentra en seis departamentos y dos terceras partes de los cultivos ilícitos están en parques naturales, zonas de reserva natural o territorios étnicos o colectivos. Para esto, según el anuncio, las comunidades que cultivan en los parques tendrán un plan de reubicación fuera de ellos, con programas de vivienda rural, servicios y proyectos agropecuarios. Las FARC no serán ajenas a esta estrategia. Santos aseguró que el Gobierno ha hablado con la guerrilla para realizar planes conjuntos para la sustitución de cultivos.


El analista y politólogo León Valencia señala que la nueva política antidrogas corresponde a unos de los aspectos que se han debatido en los diálogos de paz con las FARC. "Se ha discutido sobre la importancia de la erradicación manual y la sustitución de cultivos, de ayudar a los campesinos cocaleros en lugar de reprimirlos", afirma. Para Valencia, Colombia "entra a una nueva era para superar el problema de las drogas, ofreciéndole una salida al campo colombiano".


La nueva política antidrogas llega pocos días antes de que se deje de usar de forma definitiva el glifosato, el próximo 1 de octubre, luego de ser utilizado en sembradíos de coca en el país desde 1994. "Comienza una nueva era en la lucha contra el narcotráfico en el país", aseguró Santos, quien reiteró que este plan no significa que no continuará "la destrucción de laboratorios, la incautación de cargamentos, de insumos y la captura y judicialización de los mafiosos". El presidente reconoció que en las zonas donde se concentran los cultivos ilícitos ha existido abandono del Estado.


Cambio de política


Jorge Restrepo, analista del Centro de recursos para el análisis de conflictos, dice que el anuncio del presidente es un gran avance. "Después de tantos años de luchar contra el narcotráfico en Colombia no existía una institucionalidad que pudiera ejecutar programas de manera eficiente y rápida. La creación de una agencia ahora lo resuelve", afirma.


Restrepo agrega que el país está abriendo un camino hacia un cambio total en la política de la lucha contra el narcotráfico. "Es revolucionario", destaca, al señalar que los diálogos y acuerdos serán prioridad en la relación del Gobierno con los cultivadores de coca para lograr la sustitución de los cultivos ilegales, pero que de no existir voluntad para hacerlo, se acudirá a la erradicación de manera forzada. "Es una estrategia residual cuando las comunidades no logren organizarse para erradicar voluntariamente los cultivos".

La prevención del consumo es prioritaria


El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirmó ayer durante la presentación de la nueva política antidrogas que "dentro de los departamentos con mayor consumo están importantes productores, como Nariño, Putumayo, Cauca y Meta". El Ministerio de Salud coordinará con otras 10 entidades del Estado un Plan Nacional de Prevención y Atención al Consumo, que se enfocará en la prevención, el tratamiento y la reducción de riesgos y daños en el uso de estas sustancias ilícitas. Según el presidente, en el posconflicto este plan tomará mayor fuerza debido a los ofrecimientos que, desde ya, ha hecho la cooperación internacional.

Publicado enColombia
Viernes, 26 Junio 2015 07:04

Científicos (y ciencia) sin patrón

Científicos (y ciencia) sin patrón

La reciente organización de congresos y encuentros científicos por la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, fue un buen momento para comprobar el crecimiento de los paradigmas alternativos en la salud, la ciencia y la tecnología. "¿De qué lado estamos?", fue la pregunta que atravesó los debates.

 

Científicos de nueve países latinoamericanos y del Caribe, profesores, estudiantes y militantes de movimientos sociales, debatieron durante una semana aspectos medulares del modelo extractivo imperante en la región. Mucho más allá de la tradicional denuncia sobre sus efectos en el ambiente y la salud, se escuchó una amplia gama de ponencias, desde las que se focalizaron en sólidos análisis científicos hasta las que defendieron modos alternativos de vida, como el "buen vivir".


El análisis de la alimentación fue uno de los tópicos más concurridos, que incluyó desde las exposiciones de dos clásicos, como las autoras de libros exitosos (Soledad Barruti, Malcomidos, y la francesa Marie-Monique Robin, El veneno nuestro de cada día), hasta un análisis de la dieta de Messi a cargo de la nutricionista Myriam Gorban.


La Semana de la Ciencia Digna en Salud, que incluyó al Congreso Internacional de Salud Socioambiental y el de Formación Docente, además de los encuentros de comunicación y ciencia y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, celebrada del 15 al 19 de junio, contó con más de 70 actividades, hubo 113 disertantes en conferencias, coloquios y talleres, 110 trabajos académicos, la presentación de cuatro libros, y actuaciones folclóricas al final de cada jornada.


El documento constitutivo de la Unión de Científicos se divulgó al comienzo del congreso, el 16 de junio, fecha del nacimiento del científico Andrés Carrasco, fallecido el año pasado e inspirador de quienes se oponen a los transgénicos, desde que formulara denuncias sobre el nocivo papel de los agrotóxicos en la salud y el ambiente. La declaración sostiene que "el quehacer científico debe desarrollarse de una manera éticamente responsable", aboga por la prohibición total de los agrotóxicos y sostiene que los impactos de la ciencia y la tecnología deben abordarse "desde la filosofía y las ciencias sociales".


Ciencia y cultura.


Los dos congresos anteriores estuvieron más acotados en cuanto a la participación de científicos y se enfocaron en las denuncias hechas por los movimientos sociales sobre los efectos de los plaguicidas. En esta ocasión los análisis y las propuestas de reconocidos científicos jugaron un destacado papel.


La docente y ex diputada argentina Marta Maffei reflexionó, en el inicio del evento, sobre la labor docente en contextos de extractivismo. "Vivimos una crisis civilizatoria que se acelera y genera confusión, cuyo epicentro es la cultura, además de una contaminación simbólica que no nos deja pensar con claridad", dijo. Agregó que el economicismo acota la posibilidad de tener miradas holísticas.


El genetista brasileño Rubens Nodaris, de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Florianópolis, explicó las razones culturales por las cuales "la tecnología entusiasma", pero se extendió en las "promesas no cumplidas" de la ciencia. Afirmó que "en los últimos 70 años la ciencia está legitimando lo desconocido", destacando el papel de la agricultura química, la nanotecnología, los organismos genéticamente modificados y la vida sintética, como ejemplos de su afirmación.


Afirmó que el modelo extractivo sobrevive sólo por los subsidios estatales y la posibilidad de externalizar sus costos ambientales, ya que éstos no se trasladan a los precios de los commodities. Con datos en la mano, mostró que –según las agencias oficiales– en las próximas décadas en Estados Unidos (el país con mayor superficie de cultivos transgénicos) un 41 por ciento de la población sufrirá algún cáncer y que uno de cada cinco morirá por ese motivo.


Uno de los principales motivos de la alimentación, ya que la dieta es cada vez menos variada y con más calorías: 75 por ciento de los estadounidenses tienen sobrepeso. Enseñando gráficas, mostró que desde 1995, cuando se liberaron los transgénicos, creció el hambre en el mundo. Y se detuvo en uno de los temas más debatidos en el congreso: las diferencias entre las previsiones que se hacen en los laboratorios y la realidad.


En Brasil, el segundo productor mundial de transgénicos, existe un grave problema para controlar las malezas súper resistentes. Entre 1996 y 2010 ese tipo de malezas se multiplicó diez veces, con 60 especies resistentes cuyo combate ya supone un 10 por ciento de los costos de producción. Por eso hizo hincapié en atender incertidumbres y riesgos, y que la ciencia debe jugar un papel precautorio.


El argentino Carlos Vicente, integrante de la asociación Grain, destacó que en toda la región hay resistencias a las nuevas leyes de semillas que impulsa Monsanto. Recordó que en Colombia, en 2011, las fuerzas armadas irrumpieron en los almacenes de agricultores arroceros en la provincia de Huila, destrozando de manera violenta 70 toneladas de semillas que iban a resembrarse, algo prohibido por la ley que protege a las patentes.


Dijo que Monsanto pretende modificar las leyes de semillas para cobrar regalías, "ahora que toda la región está sembrada con transgénicos". Mientras la Unión Europea le negó a la multinacional el derecho a regalías, la presidenta argentina Cristina Fernández había anunciado en 2012 una nueva ley a su medida, el mismo año que la empresa decidió invertir en una planta de semillas en Malvinas Argentinas.


Hasta ahora la oposición de las organizaciones campesinas y de pequeños y medianos productores rurales, además de la oposición ciudadana que forzó la paralización de la construcción de la planta de semillas, consiguió impedir que se avanzara en esa dirección. La nueva legislación está destinada a impedir una ancestral práctica campesina como es la selección y guardado de semillas para las siguientes cosechas.
MOSQUITOS GM.
La liberación de mosquitos transgénicos se considera una de las mejores formas para combatir el dengue, del que se contagian 50 millones de personas en el mundo cada año, y de las cuales medio millón necesitan atención hospitalaria. Algunas fuentes estiman que más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer la enfermedad.


El ingeniero en bioquímica Camilo Rodríguez, máster en ciencias posgenómicas por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia, analizó en detalle y con abundante material gráfico los problemas que puede generar la liberación masiva de mosquitos transgénicos al ambiente, sin contar con las debidas cautela y prevenciones.


La ingeniería genética no es precisa, dijo, contradiciendo el discurso de las empresas del sector. Los mosquitos transgénicos se crían en laboratorios y son programados genéticamente para morir en la fase larval en ausencia de un antibiótico de uso común, como la tetraciclina. Luego se liberan miles de millones en el ambiente para que superen la cantidad de machos silvestres y se crucen con hembras silvestres que son las que trasmiten el dengue. Como la mayoría de las crías muere antes de alcanzar la edad adulta, se consigue reducir la población silvestre de mosquitos Aedes aegypti, que trasmiten el dengue.


Según Rodríguez, la falta de tetraciclina en el ambiente, que actúa como interruptor genético, no es absoluta, como prevén los laboratorios. Hasta el 3 por ciento de los mosquitos transgénicos sobreviven sin tetraciclina y hasta el 18 por ciento sobrevivieron cuando se los alimentó con comida de gato elaborada con pollos criados industrialmente, que contiene el antibiótico tetraciclina.


Los efectos secundarios abundan. En Panamá se registra un aumento de la cantidad de Aedes albopictus (mosquito-tigre, asiático) por la disminución del Aedes aegypti. El primero ha sido descrito como más peligroso por ser una especie más invasiva, y podría ser difícil de combatir si llega a ser dominante en la zona. La empresa Oxitec, que libera 4 millones de mosquitos machos por semana en Brasil, no ha publicado pruebas de que la disminución de la población de mosquitos Aedes aegypti reduzca la incidencia del dengue. Además, cuando los mosquitos transgénicos de Oxitec se cruzan con mosquitos silvestres, pueden trasmitir algunos de sus rasgos genéticos a la población de mosquitos silvestres.


En suma, el caso de los mosquitos transgénicos es un buen ejemplo de la incertidumbre existente en las relaciones entre ciencia, sociedad y ambiente. La tetraciclina, por ejemplo, no existe en aguas limpias que son el hábitat natural del Aedes aegypti, pero abunda en los desechos urbanos. "Con el tiempo –destaca el ingeniero bioquímico– cabe suponer que el mosquito transgénico puede desplazar al mosquito silvestre, y puede convertirse en vector de otras enfermedades." Más aun, algunos mosquitos genéticamente modificados pueden ser hembras que trasmitan dengue.


Un  tsunami invisible


El ecuatoriano Arturo Quizhpe es pediatra, fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca y es coordinador regional del Programa de Acción frente a la Resistencia a los Antibióticos (Re Act). "Lo más grave es que el problema sigue siendo invisible", le dijo a la Bbc hace dos años. Considera que la resistencia a los antibióticos afecta especialmente a los países en vías de desarrollo, "y dentro de cada uno afecta a los sectores más vulnerables; a los niños, a los recién nacidos y a la población económicamente desfavorecida".


En el Seminario de la Ciencia Digna, Quizhpe fue tan firme como la Organización Mundial de la Salud cuando, meses atrás, afirmó que "muchas infecciones comunes dejarán de tener cura y podrían volver a matar". Pero en opinión de Quizhpe, "el problema no está en la catástrofe sino en el deterioro de la vida", poniendo así distancias con los organismos internacionales que utilizan la palabra "apocalipsis" para describir el futuro inmediato. Recordó que desde la década de 1980 no se ha descubierto una nueva clase de antibióticos, por lo que la ciencia va muy detrás de los daños que ella misma produce.


Su mirada holística lo llevó a defender que "existe una sola salud" y que la salud humana está estrechamente ligada a la salud animal y vegetal, por lo que propuso establecer nuevas relaciones entre ellas, incluyendo a microbios y bacterias. Como señala la "Declaración Resistencia a los Antibióticos", redactada por una coalición de organizaciones en Ginebra en 2014, "debemos evitar vernos en guerra contra las bacterias y aprender a vivir más armoniosamente con ellas, salvo en las raras ocasiones en las que las cepas infecciosas ponen en riesgo nuestra salud".


En esa dirección, Quizhpe destacó que las bacterias conforman un porcentaje importante de la biomasa, que es el miedo lo que lleva al abuso de antibióticos y que "ese quilo de bacterias que tiene nuestro cuerpo es un saber clave". Fue más lejos: "Podemos aprender de las bacterias, ellas resuelven colectivamente, conforman un súper cerebro donde no hay genios, y tienen una altísima comunicación".


Todo indica que va creciendo, de modo lento pero constante, la porción de científicos críticos y comprometidos con sus sociedades, y no sólo con sus bolsillos. Algo que va de la mano de nuevos paradigmas que, como señalan los científicos comprometidos, pasa por suplantar la metáfora de la guerra en la relación seres humanos-gérmenes por "una metáfora más ecológicamente fundamentada, que incluya el punto de vista de los gérmenes sobre la infección".*


No será sencillo modificar el paradigma de la guerra contra la naturaleza ni la idea de las soluciones tecnológicas a todos los problemas. Pero los paradigmas alternativos se vienen abriendo paso con notable potencia: desde los ámbitos científicos hasta los culturales, desde la experiencia histórica de los pueblos originarios hasta las comunidades religiosas. Tal vez estemos dando, como humanidad, los primeros pasos para que la sociedad vuelva a apropiarse de la ciencia y la salud; lo que pasa, de modo inevitable, por expropiársela a las grandes multinacionales.


*. La cita pertenece a Joshua Lederberg, biólogo molecular que obtuvo el premio Nobel de medicina en 1958.


Encíclica ambientalista

Alabado sea lo verde


La manía ecologista llegó al Vaticano. Para horror de desarrollistas y productivistas a ultranza, el papa Francisco difundió días atrás la encíclica "Alabado seas", en homenaje a san Francisco de Asís. A lo largo de 192 páginas y 246 apartados, el texto destaca la relación entre la degradación del ambiente y el aumento de la pobreza en el mundo, y hace un llamado para salir de la "espiral de autodestrucción".


"Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla", dice la encíclica cuando analiza la relación entre la humanidad y la naturaleza. Hace una defensa especial de los "infantiles", como definen algunos presidentes latinoamericanos a los ambientalistas: "Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo".


Colocó el dedo donde duele al denunciar a quienes despachan el debate sobre el ambiente con argumentos simplistas: "El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas".


Según frei Betto, "ninguna otra encíclica contiene tanta poesía", pero esta es además muy dura con ciertas posiciones políticas y la cultura consumista. Fiel a su propuesta de una "ecología integral" (que para Leonardo Boff es la novedad de este texto), denunció "la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la trata de personas, se desentiende de los pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada".


El texto de Francisco establece también una íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, critica "al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología", formula una invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, y formula una severa crítica a los líderes políticos internacionales como responsables y beneficiarios de este modelo.


Según el sociólogo francés Edgar Morin, esta encíclica papal es tributaria de la cultura latinoamericana, que coloca a los pobres en un lugar diferente al europeo, donde en su opinión son marginalizados: "En la encíclica el concepto de pobreza está vivo, como en las manifestaciones del Movimiento Sin Tierra o del pueblo brasileño". Sostuvo, además, que el texto se entronca con las tradiciones populares argentinas, un país que "conoció tantas privaciones y donde hay una vitalidad democrática extraordinaria" (La Croix, domingo 21).


"Este mensaje –concluyó Morin– tal vez sea la primera acción para una nueva civilización", pero no es un milagro, "porque era necesario que un papa llegara de allá, con esta experiencia humana", dijo en referencia a la relación de Francisco con las culturas indígenas, negras y populares de esta región.


Es evidente que "Alabado seas" no tendrá la menor influencia entre los poderosos, a quienes denuncia en varios pasajes, ya sean empresarios, especuladores o gobernantes. Sin embargo, este texto potente y reflexivo será bien recibido por muchos creyentes en los cinco continentes y, en particular, por los ambientalistas que vienen siendo hostigados en muchos países como "enemigos del progreso". Entre el 5 y el 8 de julio Francisco visitará Ecuador, donde Rafael Correa mantiene una dura pugna con indígenas y ambientalistas por sus emprendimientos mineros e hidrocarburíferos.

Publicado enInternacional
Martes, 23 Junio 2015 11:57

El ciego que no quería ver

El ciego que no quería ver

El pasado 14 de mayo el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) aprobó la suspensión del uso de glifosato en Colombia, un químico utilizado para la erradicación de la planta de coca en el país desde hace tres décadas y que, desde el inicio de su utilización, contó con pruebas insoslayables que requerían el cumplimiento de principio de precaución.

 

La decisión tomada, además de ser el resultado de la recomendación realizada por el Ministerio de Salud que evidenciaba la probabilidad cancerígena del glifosato, ha sido vista, por distintos creadores de opinión como una necesidad política que busca satisfacer una de las exigencias de las Farc para firmar el tratado de paz.

 

Lo que explica por qué luego de tres décadas de fumigación con agrotóxicos y de pruebas testimoniales y científicas de sus consecuencias, tanto en la salud de los seres humanos como en el medio ambiente y en el pancoger de los campesinos, se decide suspender al fin esta actividad ¿Ante cuales evidencias se tapó los ojos el Estado colombiano en todo este tiempo?

 

Evidencias como las presentadas en el año 2000 cuando la Defensoría del Pueblo encontró que durante las fumigaciones realizadas entre el 21 de diciembre de 1999 y el 25 de enero del año siguiente, en el Putumayo, fueron afectados los cultivos de plátano, maíz y pimienta de seis programas de desarrollo alternativo del Plante, dos de Corpoamazonía y tres de Naciones Unidas; sin ignorar los cargos impuestos por La Sección Tercera del Consejo de Estado en febrero del 2013 por los daños ocasionados a los cultivos de pancoger de los campesinos del municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá.

 

Por otro lado, las pruebas de los daños que este químico causa en el medio ambiente ya son conocidas en el legislativo, tanto así que en el mes de mayo de 2014 magistrados del Alto Tribunal prohibieron la aspersión aérea con este químico de cultivos ilícitos en el Sistema de Parques Nacionales Naturales, al verlo como "un riesgo potencial al medioambiente".

 

Otro aspecto, también olvidado en el proceso de erradicación de los cultivos ilícitos ha sido la problemática económica que esto conlleva, sobre todo para los campesinos cocaleros que han dedicado gran parte de su actividad económica a su siembra y que, al no tener una alternativa efectiva para la sustitución del cultivo se ven afectados no solo con el sistema de fumigación con glifosato sino también con los erradicadores de la hoja de coca.

Por todos estos procesos, que por inmediatez de la información quedan en el olvido, el periódico desdeabajo realiza una cronología que pretende ser un pequeño esbozo de la persistencia que durante más de treinta años tuvieron diferentes sectores sociales en su deseo por erradicar las fumigaciones con glifosato y de las consecuencias que este agroquímico ha causado en su supuesta pretensión por erradicar los cultivos ilícitos en el país.

 

 

 

 


Recuadro

 

Herbicidas que contienen glifosato

 

Lo que debe alertar, luego de conocer los estudios de la Iarc que demuestran la probabilidad de desarrollar cáncer por el uso del Glifosato, es que su utilización, no es en su mayoría, para la erradicación de cultivos ilícitos. Al contrario de lo que pueda pensarse, su mayor uso está en los agroquímicos de la agricultura comercial.

 

Según la Larc "Se ha hallado glifosato en el aire, en el agua y en la alimentación, que precisa que la población está expuesta cuando reside cerca de las zonas tratadas".

 

-Abraxis LLC, una compañía situada en Pennsylvania (Estados Unidos), comenta que "se han encontrado residuos de glifosato en 41 de las 69 muestras de miel recibidas y en 10 de las 28 muestras de salsa de soja analizadas. También comenta que se ha detectado la presencia de este producto químico en 3 de las 18 muestras de leche materna analizadas y en 6 de las 40 muestras de leche de fórmula infantil".

 

Otro aspecto preocupante es que según un informe de Monsanto de 2008 sobre la historia de los herbicidas a base de Glifosato; Herbicidas como AquaMaster Roundup® WeatherMax, Roundup PowerMAX™, UltraMax, Full II y otros productos de uso agrícola bajo la marca Roundup, están elaborados a partir de este agroquímico y hacen parte de los más utilizados a nivel mundial por los agricultores para controlar las malezas e, incluso, en lugares residenciales como jardines y veredas. "Los productos de glifosato de Monsanto están registrados en más de 130 países y están aprobados para el control de malezas en más de 100 cultivos", afirma la multinacional.

Publicado enEdición Nº 214