Varias imágenes de un cuerpo humano completo obtenidas por el nuevo escáner Explorer./UCDAVIS/UNITED IMAGING

Una máquina permite obtener imágenes en 3D de una vez y en segundos y un láser detecta y destruye las células cancerosas errantes.

 

 

Imágenes de todo el cuerpo humano de una vez y en pocos segundos, con una dosis mínima de radiación, es lo que consigue un nuevo escáner médico cuyo uso se acaba de aprobar en Estados Unidos. Es el primer aparato que puede formar una imagen en tres dimensiones de un cuerpo humano de una vez.

La nueva máquina, denominada Explorer, se ha librado, por ahora al menos, de la guerra comercial de Estados Unidos con China, ya que es el fruto de la colaboración de un equipo científico de la Universidad de California en Davis y la empresa china United Imaging, con base en Shanghai, que acaba de presentarse en el mercado estadounidense.

Combina dos técnicas, la tomografía por emisión de positrones (PET) y la tomografía por rayos X y sus creadores creen que abre todo un abanico de nuevas aplicaciones en medicina. Las impresionantes imágenes que consigue se pueden utilizar, esperan, para medir flujos de sangre o el metabolismo de la glucosa, la acumulación de placas en las arterias o la concentración de bacterias en caso de infección, además de comprobar cómo funcionan los nuevos medicamentos o terapias.

Este avance tecnológico, como otros en técnicas de diagnóstico por imagen, no se añadirá automáticamente a la cartera de servicios sanitarios, debido a su previsible muy elevado precio, al menos al principio, pero eso no impedirá que tenga un mercado en los países más ricos, en parte para cuestiones de investigación. En aplicaciones clínicas será especialmente útil para imágenes de niños, que no se están quietos durante los 20 minutos que tardan los actuales PET, y en investigación para ver cómo se disemina una sustancia por el cuerpo o detectar las células cancerosas que se extienden a partir del tumor original.

Simon Cherry y Ramsey Badawi, investigadores de la Universidad de California, llevaban 13 años desarrollando la idea de un escáner de cuerpo completo que obtuviera imágenes en una fracción de tiempo del que tardan los actuales.

Obtuvieron financiación de 15,5 millones de dólares de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) para conseguirlo, uniendo ocho escáneres PET convencionales (que tienen forma de anillo) en un tubo de dos metros de longitud. El aparato obtiene la imagen de todo el cuerpo en 40 veces menos tiempo que los originales y con 40 veces menos dosis de radiación inyectada al paciente.

La ciencia que hay detrás de un PET es un modelo estupendo de cómo se aplica la investigación básica, en este caso a través de marcadores radiactivos inyectados en la persona. “Es un bello ejemplo de la famosa ecuación de Einstein”, recuerda Cherry.

Perseguir por todo el cuerpo el virus del sida (para saber dónde se oculta cuando no da síntomas por la terapia antirretroviral) o las células que causan metástasis en los cánceres es uno de los campos de aplicación de la nueva máquina. Para esto último se acaba de presentar otra técnica, basada en el láser, que se ha probado en pacientes de melanoma, un cáncer muy agresivo. En este caso es una técnica no invasiva, porque el láser analiza desde fuera el flujo sanguíneo, detecta las células cancerosas circulantes y las destruye, según explican los investigadores de la Universidad de Arkansas, liderados por Vladimir Zharov, en la revista Science Translational Medicine.

Es la primera vez que se demuestra esta posible terapia, que denominan biopsia líquida in vivo, en humanos, aseguran estos científicos. La plataforma láser Cytophone, explican, es una técnica fotoacústica rápida y muy sensible que detectó las muy escasas células cancerosas presentes en las venas de los brazos en 27 de los 28 pacientes con melanoma estudiados, sin generar falsos positivos en otros 19 sujetos de control. La técnica da sus primeros pasos pero promete, señalan los expertos.

madrid

18/06/2019 07:36 Actualizado: 18/06/2019 07:36

Ingenio y tecnología: las tácticas de los jóvenes en las protestas de Hong Kong

Los manifestantes se inspiran en el Movimiento de los Paraguas de 2014, pero son más conscientes de los riesgos que hoy implica una movilización a cara descubierta

 

 

“Dame tu teléfono. ¿Tienes Telegram? Cambia esto en los ajustes de privacidad. Elimina las conversaciones. Quita estos símbolos”, recomienda Rick, uno de los miles de jóvenes que el miércoles pasado rodeó el Parlamento de Hong Kong para protestar contra el proyecto de ley de extradición. Hace cinco años, los estudiantes hongkoneses que rodearon la sede de su parlamento autónomo durante tres meses en el llamado Movimiento de los Paraguas, no tenían ningún problema en divulgar su cara y sus datos personales. Hoy, ellos y sus hermanos menores, protagonistas del nuevo movimiento de protesta contra la creciente influencia de China en el territorio autónomo, son mucho más cautos. Son mucho más conscientes de los beneficios, pero también los riesgos, del uso de la tecnología. Pero tan ingeniosos como entonces, o más, a la hora de movilizarse.

“No nos ha quedado otro remedio”, explica “Yip”, un veterano del Movimiento de los Paraguas que hoy es profesor auxiliar en una de las mejores universidades de Hong Kong, y que el miércoles estuvo entre las primeras líneas de manifestantes. “No podemos votar. El gobierno no nos escucha, aunque salgamos a la calle un millón de personas como el domingo pasado, porque está más pendiente de lo que digan en Pekín. Solo nos queda organizar protestas, y en esto nos hemos convertido en expertos. Los jóvenes de Hong Kong, quizá, no saben mucho de cosas como Historia y Literatura, porque nuestro sistema educativo no lo considera importante. Pero pregunta a cualquier chico de 18, 20, 25 años: todos tienen nociones de guerrilla urbana”.

La experiencia acumulada en los casi tres meses en que el Movimiento de los Paraguas ocupó las calles del centro de Hong Kong les sirvió para aprender de logística: en las concentraciones del miércoles era notable la coordinación entre líneas, la rapidez con la que se establecieron puestos de avituallamiento y la eficacia en el abastecimiento. Simplemente moviendo los brazos, los chicos de delante podían hacer saber a la retaguardia si necesitaban comida, agua o material de protección. Un sistema de relevos encadenados se lo proporcionaba en cuestión de segundos. Los desechos volvían de la misma manera a la base para ir a la basura, o al reciclaje.

A diferencia de la de 2014, esta movilización carecía de líderes. Simplemente, los participantes se fueron poniendo de acuerdo a través de la aplicación de mensajería encriptada Telegram, que permite crear canales y grupos que fueron coordinando y comunicando información en tiempo récord. “Todo se organizó en unas pocas horas”, recuerda “Yip”. “No había unos líderes que se tuvieran que poner de acuerdo entre ellos sobre lo que queríamos. Eso estaba claro: la retirada del proyecto de ley de extradición. Además, las redes de mensajería nos permitieron compartir información y consejos de manera mucho más eficaz que hace cinco años”.

“Lo llamamos la estrategia de las arañas, tendiendo redes en Internet para envolver al tigre”, en este caso el gobierno autónomo de Hong Kong o incluso la propia China, apunta este manifestante. Como muchos de ellos, no quiere facilitar más que un apodo y se niega a difundir su imagen, para evitar represalias.

En cuestión de apenas unas horas, desde la medianoche a primeras horas de la mañana del miércoles, decenas de miles de jóvenes -muchos muy jóvenes, aún en edad escolar- habían rodeado el Parlamento, pertrechados con cascos contra las porras, plásticos contra la humedad, y gafas de buceo contra los gases lacrimógenos.

Pero, además, esta vez, la gran mayoría llevaba mascarillas y evitaba dar su nombre, para evitar ser reconocidos. Para llegar y marcharse de la zona de las manifestaciones, en lugar de la tarjeta de metro -la omnipresente Octopus, con la que se puede pagar en muchos otros comercios, pero que revela en qué estación se utilizó-, compraban billetes individuales. Después de la disolución por la fuerza por parte de la Policía, comenzaba un apagón digital: unos a otros se recomendaban cómo eliminar cualquier rastro en el teléfono o en internet, qué decir para justificar visitas a Urgencias, o cómo obtener asesoría legal en caso de ser detenidos.

Es algo, alegan “Yip” y otros varios manifestantes, que aprendieron del Movimiento de los Paraguas. Entonces, aunque los juicios no llegaron hasta años después, los líderes de aquella protesta quedaron todos fichados y muchos cumplen hoy penas de cárcel. Un destino que no quieren imitar. Especialmente, puntualizan, si se acaba aprobando la ley de extradición contra la que protestan. En ese caso, China podrá pedir la entrega de cualquier crítico, con la excusa de una acusación cualquiera. Y si Hong Kong la concede -afirman-, quién sabe qué pasaría del otro lado de la frontera, bajo un sistema legal supeditado al poder del Partido Comunista.

Entre sus motivos para la sospecha, alegan, el hecho de que la propia aplicación de mensajería encriptada Telegram, la preferida en estas protestas, denunciara que el miércoles sufrió un “potente ataque” desde ordenadores en China para interrumpir su servicio. Dos de los 81 heridos en las cargas policiales del miércoles fueron detenidos en el hospital.

Para este domingo está convocada una nueva gran manifestación de protesta para exigir la retirada del proyecto de ley de extradición, que por primera vez permitirá entregar sospechosos a China. Pese a las negativas del gobierno local, muchos hongkoneses temen que se emplee por motivos políticos y que acabe diluyendo la libertad de asociación o de expresión que representan una de las marcas de identidad de Hong Kong frente al resto de la China continental. Los participantes en la movilización del miércoles aseguran que asistirán.

Por Macarena Vidal Liy

Hong Kong 14 JUN 2019 - 14:51 COT

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Viernes, 14 Junio 2019 06:17

Assange periodista

Assange periodista

El gobierno británico acaba de dar curso al pedido de extradición de Julian Assange para enfrentar cargos de espionaje en Estados Unidos y una posible sentencia de hasta 170 años de cárcel. Se trata de una medida de rutina al cumplirse dos meses desde el pedido inicial, el plazo legal para que Estados Unidos termine de presentar su caso, según el tratado de extradición entre ambos países. La justicia británica no está atada a la decisión de su gobierno pero es muy probable que termine por ordenar el traslado del fundador de WikiLeaks al país requiriente, más allá de la férrea defensa que interpondrá el equipo de abogados de Assange encabezado por Baltazar Garzón. Así parecen indicarlo la estrechísima e histórica alianza de seguridad entre los dos países, la coincidencia de gobiernos conservadores a ambos lados del Atlántico y sobre todo un tratado de extradición tan favorable a Estados Unidos que el año pasado el gobierno británico creó una comisión bicameral en el Parlamento para estudiar formas de reformarlo, cuestión que no terminó ocurriendo.

La firma del pedido de extradición, entonces, era esperable y de rutina, y no debería afectar el juicio en curso, que indefectiblemente tardará al menos varios meses, incluyendo una audiencia programada para mañana. Pero las declaraciones de hoy del ministro de Interior británico, Sajid Javid, anunciando la firma y agregando que está “muy satisfecho” con la detención de Assange, no dejan de ser llamativas al menos por dos razones. Por un lado, envía un mensaje (o una presión) al juez del caso, remarcándole los intereses geopolíticos en juego y el deseo (o compromiso) ya indisimulable del gobierno británico. Por otro lado, las palabras de Javid demostrarían que Assange tenía razón al sospechar que Gran Bretaña lo entregaría a Estados Unidos apenas pudiera, razón por la cual se asiló durante siete años en la embajada ecuatoriana en Londres. Recordemos que el 11 de abril el editor de megafiltraciones fue enviado a una prisión de máxima seguridad por un crimen menor, violar su libertad condicional, mientras la cancillería británica anunciaba que él estaba detenido también a pedido de Washington por un delito informático también menor. Al mes siguiente el gobierno de Trump amplió su acusación a espionaje, publicación de documentos secretos y poner en riesgo a colaboradores encubiertos. A su vez WikiLeaks denunció al gobierno de Theresa May de colaborar abiertamente con la investigación del FBI estadounidense que derivó en la acusación, al punto de entregarle las pertenencias y archivos de Assange, incluyendo su defensa legal, después de que autoridades ecuatorianas permitieran el allanamiento de su sede diplomática y la detención del ciberactivista, que en sus últimas semanas en la embajada lucía un collar de pent drives precisamente por esa razón.

Más allá del carácter rutinario, casi burocrático, de la medida anunciada ayer por el gobierno británico, es casi imposible sobreestimar la importancia de este caso para el futuro del periodismo a nivel global. Ya se han pronunciado al respecto diversos organismos de la ONU y las principales ONG que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos. Incluso los grandes medios que en su momento contribuyeron a la demonización de Assange, por celos, competencia, o diferencias de estilos y relaciones, como el New York Times, The Guardian o El País, han cambiado de postura tras la violenta e irregular detención de Assange, y ahora publican todo tipo de editoriales y comentarios en favor de su colega y en contra del proceso al que está sometido.

El problema se hace evidente al leer el pedido de extradición. Assange está siendo acusado de hacer lo que hacen todos los periodistas de investigación: buscar, curar y publicar información secreta. No sólo eso: lo acusan de hacerlo con los mismos documentos que fueron publicados por los grandes medios del mundo. De ahí a enjuiciar a cualquier periodista que quiera publicar un documento secreto de Estados Unidos hay solo un pasito. Y de ahí a enjuiciar a cualquier medio que publique información sensible para el gobierno de turno, llámese Panamá Papers o Moroleaks, también. El gobierno de Trump eligió anunciar la acusación de espionaje en contra de Assange el mes pasado a través del jefe de seguridad nacional del Departamento de Justicia, John Demers, en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas. Allí argumentó: “El Departamento toma en serio el papel de los periodistas en nuestra democracia, pero Julian Assange no es un periodista”. O sea, el problema no es qué hizo, sino quién lo hizo. Pero si aceptamos esta insólita, llamémosla “doctrina Demers”, entonces será el gobierno el que decida quién es periodista y quién no. Y no hace falta ser un genio para intuir que el gobierno elegirá a damas y caballeros de su círculo social, comunicadores corporativos que lo último que buscan es revelar secretos que pongan nerviosas a sus fuentes.

La democracia, decía mi padre, Guillermo O´Donnell, puede morir de a poco. No hace falta un golpe. Las libertades y los derechos se pueden ir perdiendo de a poco. En este caso, el caso Assange, urge decir que no es la primera vez que los derechos a la información y a la libre expresión entran en conflicto con otros, como el derecho a la privacidad, a la propiedad o a la seguridad nacional. No será la primera vez pero podría ser la última, si perdemos la posibilidad de decirnos y enterarnos lo que está pasando en los centros de poder donde se toman las grandes decisiones.

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Un nuevo informe expone la enorme contribución del Pentágono a la crisis climática posterior al 11 de septiembre

Al no frenar el uso de combustibles fósiles de los militares estadounidenses, el codirector del proyecto Costs of War advierte que Estados Unidos “ayudará a garantizar los escenarios de pesadilla” que pronostican los científicos.

Desde el lanzamiento en 2001 de la llamada Guerra contra el Terror hasta 2017, el Pentágono generó al menos 1.200 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero, con tasas anuales que superan las emisiones de calentamiento global de países industrializados como Portugal o Suecia, según una nueva investigación.

La profesora de la Universidad de Boston Neta C. Crawford detalla las contribuciones masivas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos a la emergencia climática global en un documento publicado el pasado miércoles por el proyecto Costs of War (costes de la guerra), del Instituto Watson para Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Brown.

“El consumo de energía de los militares estadounidenses impulsa el consumo total de energía del Gobierno de los Estados Unidos”, se lee en el documento. “El DOD [Departamento de Defensa] es el mayor consumidor de energía en los EE. UU. Y, de hecho, el mayor consumidor institucional de petróleo del mundo”.

“A falta de un cambio en la política de uso de combustible de los militares de EE UU, el consumo de combustible de sus militares necesariamente continuará generando altos niveles de gases de efecto invernadero”, advierte el informe. “Estos gases de efecto invernadero, combinados con otras emisiones de EE UU, ayudarán a garantizar los escenarios de pesadilla que el ejército predice y que muchos científicos del clima dicen que son posibles”.

Crawford, codirector del proyecto Costs of War, señala que las emisiones militares de los EE UU, que provienen en gran parte de las armas y equipos, y de uso de más de 560.000 edificios en todo el mundo, se basaron en datos del Departamento de Energía porque el Pentágono no informa de sus cifras de consumo de combustible al Congreso.

El documento también examina los patrones de uso de combustible militar desde 2001 en relación con las emisiones y las opiniones del Pentágono sobre “el cambio climático como una amenaza para las instalaciones y operaciones militares, así como para la seguridad nacional, cuando y si el cambio climático genera una migración masiva, conflicto y guerra”.

Al escribir sobre su investigación para The Conversation Wednesday, Crawford apuntó que las emisiones anuales del Departamento de Defensa han disminuido desde que alcanzó su punto máximo en 2004, ya que el Pentágono ha reducido su consumo de combustibles fósiles a través de acciones que incluyen el uso de energía renovable y la climatización de edificios durante la última década, y reduciendo el tiempo de inactividad de las aeronaves en las pistas”.

El resumen del documento describe cuatro beneficios principales de una mayor disminución del uso de combustibles fósiles por parte del Departamento de Defensa.

Primero, los EE UU reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto mitigaría el cambio climático y sus amenazas asociadas a la seguridad nacional.

En segundo lugar, reducir el consumo de combustibles fósiles tendría importantes beneficios políticos y de seguridad, incluida la reducción de la dependencia de las tropas en el campo del petróleo, que el ejército reconoce que las hace vulnerables a los ataques enemigos. Si los militares de Estados Unidos disminuyeran significativamente su dependencia del petróleo, Estados Unidos podría reducir los recursos políticos y de combustible que utiliza para defender el acceso al petróleo, en particular en el Golfo Pérsico, donde concentra estos esfuerzos.

Tercero, al disminuir la dependencia de Estados Unidos respecto a Estados ricos en petróleo, Estados Unidos podría revaluar el tamaño de su presencia militar en el Golfo Pérsico y revaluar su relación con Arabia Saudita y otros aliados en la región.

Finalmente, al gastar menos dinero en combustible y operaciones para proporcionar acceso seguro al petróleo, EE UU podría disminuir sus gastos militares y reorientar recursos hacia actividades económicamente más productivas.

Crawford, en su artículo para The Conversation, concluyó que “el cambio climático debería estar en el centro de los debates de seguridad nacional de los Estados Unidos. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del Pentágono ayudará a salvar vidas en Estados Unidos y podría disminuir el riesgo de conflicto climático”.

Está lejos de ser la primera institución en destacar cómo el Pentágono está alimentando la crisis climática mundial y pedir reformas urgentes. El mes pasado, la senadora Elizabeth Warren lanzó un plan de “resistencia y preparación” climáticos para los militares de Estados Unidos como parte de su campaña de 2020 para la Presidencia. Sin embargo, como Common Dreams informó en ese momento, los críticos antibélicos del plan de Warren acusaron de que “tratar de ‘ecologizar’ al Pentágono sin abordar los efectos destructivos de su presupuesto inflado y el imperialismo estadounidense es una forma equivocada de combatir la emergencia del calentamiento global”. 

La autora y abogada Stacy Bannerman, en un artículo de opinión para Common Dreams el año pasado advirtió que “si no nos tomamos en serio la posibilidad de detener la Máquina de Guerra de Estados Unidos, podríamos perder la batalla más grande de nuestras vidas”.

“Para lograr las masivas transformaciones sistémicas y culturales necesarias para mitigar el cambio climático y promover la justicia climática —escribió Bannerman— vamos a tener que lidiar con la violencia institucionalizada y socialmente sancionada perpetrada por la política exterior de EE UU sobre el fuego del calentamiento global”.

Por Jessica Corbett

Common Dreams


publicado

2019-06-14 05:52:00

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Concentración industrial y poder de mercado

Hasta la década de los años 1970 los estudios sobre organización industrial cubrían temas como la concentración y el poder de mercado, los canales de competencia, escalas de producción, integración vertical y horizontal, las empresas multiproducto y sus economías de alcance. Quizás faltaba en el paisaje el vínculo con el sistema financiero, pero por lo menos el poder que viene asociado a la concentración industrial era una parte clave de la preocupación de los economistas. Pero en los años de 1970 ese tipo de estudios se fue eclipsando y en la investigación sólo quedó espacio para los estudios que glorificaban las virtudes del libre mercado. La nomenclatura misma de "organización industrial" se fue utilizando cada vez más para referirse a un campo de estudios que mostraban que los principales postulados de la teoría neoclásica seguían siendo válidos.

Hoy, las cosas están cambiando. Muchos economistas se han dado cuenta de que no pueden tapar el sol de la evidencia con el frágil dedo de la teoría neoclásica. Los estudios sobre estructuras y dinámicas industriales toman nuevos bríos y muestran, sin lugar a dudas, que ha incrementado la concentración industrial y que el poder de mercado de las empresas dominantes también ha crecido. Las fuerzas que explican este aumento de la concentración industrial son variadas y muchas tienen que ver con fenómenos bien conocidos en la historia del capitalismo industrial. (Por cierto, la concentración industrial es un fenómeno que se presenta también, y con gran intensidad, en los servicios: la terminología de ‘concentración industrial’ no es la mejor).

Pero muchos organismos vinculados con el mundo de la política económica se resisten a encarar la realidad. El informe sobre la economía mundial de este año del Fondo Monetario Internacional dedica un capítulo al tema de la concentración y el aumento del poder de mercado de las grandes corporaciones. Desgraciadamente, el FMI encuentra que el incremento de la concentración es moderado, lo que no concuerda con la mayoría de las investigaciones en el mundo académico. Además, para el FMI las fuerzas que explican la concentración industrial tienen más que ver con el buen desempeño de algunas corporaciones y menos con fenómenos perversos como la construcción de barreras a la entrada o con el mundo de las prácticas desleales en el comercio. Para el FMI la introducción de tecnologías de la información ha sido un fuerte estímulo para el aumento de la concentración industrial. Según el organismo, ese resultado se encuentra respaldado por un interesante estudio de Mordecai Kurz, de la Universidad de Stanford. Sin embargo, esa investigación presenta un cuadro más alarmante de lo que quiere reconocer la lectura del FMI. Finalmente, a pesar de dedicarle un capítulo en su informe sobre la economía del planeta, el FMI encuentra que el aumento de la concentración industrial ha tenido un efecto "modesto" a escala macroeconómica.

La realidad contrasta con el informe del FMI. La vinculación malsana con fuentes de crédito, así como la fusión y la adquisición de empresas para incrementar sus economías de escala y de las llamadas economías de alcance, son dos procesos típicos que promueven la concentración y no son precisamente buenos para la salud macroeconómica. Ambos están relacionados con el poderío del sector financiero y contribuyen a cambiar el modus operandi de las grandes corporaciones que terminan por privilegiar las ganancias de muy corto plazo, abandonar los proyectos de largo aliento y, por supuesto, sacrificando el medio ambiente. Las oleadas de fusiones y adquisiciones de los años anteriores a la crisis de 2008 son claro testimonio de esto.

Lo más importante en este tema es que la concentración industrial está íntimamente vinculada con la creciente desigualdad y con el desempeño de la economía mundial. La evidencia de numerosos estudios revela que las grandes corporaciones utilizan su poder de mercado para manipular precios, incrementar sus márgenes de ganancias sobre los costos y para imponer menores salarios y prestaciones en mercados laborales cada vez más fragmentados. El golpe a las clases trabajadoras es una exacción doble que pasa por los precios y los salarios.

Otros instrumentos que han contribuido a incrementar la concentración industrial incluyen la larga duración de las patentes y los contratos de licencias que involucran todo tipo de restricciones para los licenciatarios. El cambio en la legislación que permitió ampliar la duración de las patentes refleja el poder que han tenido las grandes corporaciones para moldear la agenda del Poder Legislativo.

La interpretación de las leyes antimonopolio se ha ido debilitando desde hace mucho. Algunos casos connotados, en los que se involucran unas pocas corporaciones gigantes, no deben engañar: las leyes antimonopolio son, en la actualidad, una caricatura de lo que fueron hace cuatro décadas. Todo esto sirve para recordar que, en su evolución, el capitalismo va modificando la estructura del Estado.

Twitter: @anadaloficial

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Cerebro de un adicto a las metanfetaminas, que recibe la terapia en el hospital Ruijin. Abajo, los médicos observan el órgano en una computadora.Foto Ap

Shanghái. Un equipo de médicos en China ensaya un tratamiento innovador que involucra la inserción de electrodos en el cerebro a fin de curar a los drogadictos. La esperanza es que con esa tecnología la adicción quede, literalmente, "apagada" mediante un interruptor.

El tratamiento, llamado estimulación cerebral profunda, se ha usado desde hace años para curar males neurológicos como el de Parkinson. Ahora, los primeros ensayos del tratamiento contra la adicción a las metanfetaminas se realizan en el Hospital Ruijin de Shanghái, junto con experimentos paralelos contra la dependencia a los opioides.

El tratamiento involucra una operación en que se implantan electrodos en el cerebro al paciente, los cuales actúan como una especie de marcapasos que estimulan las áreas señaladas.

El uso de la estimulación cerebral para combatir la drogadicción ha tropezado con obstáculos en Occidente, pero China parece estar perfilándose como el nuevo centro mundial para esos tratamientos.

Los científicos en Europa han tenido problemas en reclutar a drogadictos para sus experimentos, y en Estados Unidos los dilemas éticos, sociales y científicos han entorpecido la introducción del procedimiento, más aun cuando allí los implantes cuestan 100 mil dólares cada uno.

China tiene un largo historial de aplicar la cirugía cerebral para curar la drogadicción, pero a la vez ello le ha valido controversias costosas. Incluso hoy día, el país asiático tiene leyes contra el uso de drogas que obligan al acusado a pasar años bajo tratamiento forzado o lo sentencian a campamentos de trabajo para su "rehabilitación".

Sin embargo, lo cierto es que China tiene gran cantidad de pacientes, un financiamiento público abundante y ambiciosas empresas médicas dispuestas a pagar por estudios sobre estimulación cerebral.

En el mundo hay ocho sitios oficialmente registrados para combatir la drogadicción con la estimulación cerebral, según los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. Seis están en China.

Sin embargo, la magnitud y el sufrimiento humano provocado por la epidemia de los opioides podría llevar a las autoridades de salud estadunidenses a cambiar de opinión y la cirugía experimental que se practica en China está en camino en Norteamérica: en febrero la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó un experimento en Virginia Occidental.

Tratamientos riesgosos

En China antes se hacían extirpaciones cerebrales. Las familias de adictos a la heroína estaban tan desesperadas que pagaban miles de dólares por cirugías riesgosas y dudosas en las que los médicos perforaban el cerebro y extirpaban o malograban tejidos cerebrales. Tales operaciones beneficiaron económicamente a algunos hospitales, pero también dejaron un sinnúmero de personas con trastornos emocionales, memorias atrofiadas y erráticos impulsos sexuales.

En 2004, el Ministerio de Salud de China ordenó cesar esas cirugías. Nueve años después, expertos en el hospital militar de Xi’an reportaron que la mitad de los mil 167 pacientes que se habían sometido a la extirpación cerebral habían durado cinco años o más libres de drogas.

La estimulación cerebral tiene sus raíces en esas experiencias, pero a diferencia de la extirpación, que atrofia irreversiblemente algunas células, los electrodos causan efectos que son, al menos en teoría, reversibles. La tecnología ha despertado una nueva ola de experimentación a escala global.

"Como médicos, siempre tenemos que pensar en el paciente", declaró Sun Bomin, director del departamento de neurocirugía del Hospital de Ruijin. “Son seres humanos. Uno no puede decirles: ‘véte, aquí no tenemos nada para ayudarte’”.

 

Alcántara, una base en medio de los “quilombos”

Maranhao es un estado del nordeste brasileño donde se combinan ingredientes que parecen sacados de la Guerra Fría. Generoso en diversidad de paisajes y ecosistemas, lo gobierna Flavio Dino, un militante del Partido Comunista (PCdoB) que fue juez federal. En ese territorio se levanta la base aeroespacial de Alcántara, que Jair Bolsonaro le cedió para su uso a Estados Unidos. La decisión que ya provocaba tensiones antes de la firma del acuerdo con Donald Trump, ahora las agudizó más. El 25 de abril, Dino tuiteó: “Un tal Bannon (por Steve, el asesor del presidente de EE.UU) dirige ideológicamente al actual gobierno brasileño”. Aunque aún resta que el Congreso nacional ratifique el convenio, las críticas que levantó aumentan a medida que pasan los días. Sus consecuencias geopolíticas, económicas, militares y sociales se anticipan en actividades que ya se organizan en Maranhao como un foro que se convocó bajo la consigna “Alcántara, Quilombos y Base Espacial”. Quilombos no son lo que entendemos en la Argentina y sí las comunidades negras que podrían ser afectadas y viven hace siglos en la zona. Esa sería una de las tantas consecuencias locales entre varias más para Brasil y toda América del Sur.

Aunque el gobierno de Bolsonaro no dio a conocer los puntos del acuerdo, algunos especialistas lo cuestionan dentro y fuera del estado que conduce Dino, el único gobernador comunista del país y quien más cumplió sus promesas de campaña antes de los últimos comicios. Globo, a través de su portal G1, señaló en julio de 2018 que su índice de compromisos asumidos con el electorado llegaba al 94,59 %. Él fue crítico sobre el uso de Alcántara: “No estoy de acuerdo con ninguna ampliación de área de la base o con la remoción de más personas”. También señaló lo que trasciende a las fronteras de su estado: “El acuerdo no puede ser abusivo y contener cláusulas que violen la soberanía nacional”.


En el foro convocado el 30 de abril pasado se escucharon voces críticas sobre las consecuencias que podrían tener la cesión y la utilización de la base que se extiende por 620 kilómetros cuadrados. Francisco Gonçalves, secretario de Derechos Humanos y Participación Popular de Maranhao, comentó: “Es importante que quede claro para la sociedad brasileña y para la población de Alcántara cuál es el impacto social, económico y territorial de la Base”. Gerson Pinheiro, secretario de Igualdad Racial del estado, recordó: “Las poblaciones quilombolas residen desde hace siglos en el territorio de Alcántara y necesitan ser reconocidas. Cualquier acuerdo debe involucrar a esas comunidades”. Dino cerró con palabras parecidas: “Necesitamos definir ahora los avances sociales y contrapartidas que queremos en el acuerdo, defendiendo la lógica de desarrollo social para todos, en especial las poblaciones tradicionales de Alcántara”.


Más allá del estado nordestino –el octavo en tamaño de Brasil– los ataques al convenio firmado con EE.UU. se extienden por todo el país. Uno de los más duros partió de Samuel Pinheiro Guimarães Neto, ex ministro de Asuntos Estratégicos (2009-2010) y ex secretario general de Relaciones Exteriores (2003-2009): “El principal objetivo norteamericano es tener una base militar en territorio brasileño en la cual ejerzan su soberanía fuera del alcance de las leyes y de la vigilancia de las autoridades brasileñas, inclusive militares”. Para este ex funcionario “si los Estados Unidos logran instalarse en Alcántara, de allí no saldrán”.


La base tiene una ubicación ideal para el lanzamiento de cohetes y satélites. Se encuentra muy próxima a la línea del Ecuador (a 2°18’ de latitud sur), lo que a Estados Unidos le permitiría economizar hasta el 30% del combustible o llevar más carga en sus proyectos aeroespaciales. En toda América del sur solo hay otra base semejante. La de Kourou en la Guayana francesa que controla la Agencia Espacial Europea.


Claudio Olany Alencar de Oliveira, ex jefe de la base y docente del Instituto Tecnológico de Aeronáutica la definió hace un tiempo como “el mayor centro de lanzamiento del hemisferio sur” aunque agregaba que “desgraciadamente no todos tienen esa visión, pero su ubicación es estratégica, con una importancia enorme”. La chance de que prosperara el acuerdo con EE.UU. estaba vinculada a la suerte que tuviera un convenio anterior con Ucrania que había firmado el gobierno de Lula en 2003. En abril pasado ese camino se abrió cuando quedó extinguida la empresa binacional Alcántara Cyclone Space (ACS) que tenía en sus manos el negocio del lanzamiento de satélites comerciales.


Ahora el gobierno de Estados Unidos podrá enviar satélites al espacio, pero además cohetes y misiles - que se utilizan para destruir otros satélites que orbitan a la tierra-, según informa un artículo reproducido por la Cámara de Diputados brasileña. En ese ámbito la oposición del gobierno intentó sin éxito incluir una medida provisoria (MP) en el acuerdo con EE.UU. Era para preservar las tierras de las comunidades negras vecinas a la base y una garantía de que no se lesionará la soberanía nacional con el usufructo de Alcántara.


El convenio que firmaron Trump y Bolsonaro tiene diputados en la vereda opuesta, que lo consideran ventajoso. Aluisio Mendes, del pequeño partido Podemos (ex Laborista Nacional) y aliado del PSL que gobierna Brasil, declaró que “no debemos privar a Maranhao de ese gran avance que es el centro de lanzamientos aeroespaciales”. Otros diputados por el estado donde gobierna el PCdoB también lo apoyan, aunque detractores y facilitadores del acuerdo todavía no conocen su contenido.


La historia se repite. A fines de su gobierno en 2002, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso firmó un convenio con Estados Unidos por el uso de Alcántara con su colega George W. Bush. El Congreso brasileño se lo bloqueó porque consideraba que amenazaba la soberanía nacional. Pasaron diecisiete años y EE.UU. podrá usar la base espacial más importante de América Latina en el único estado gobernado por el Partido Comunista de Brasil. Las ideas sobre el mundo que comparten el ultraderechista Bolsonaro y el magnate Trump que gobierna la principal potencia militar del planeta lo hicieron posible.
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Todo al mejor postor: el nuevo plan del Banco Mundial para privatizar tierras en el sur global

«Para el Banco Mundial, un promotor clave de la agricultura industrial en el Sur Global, esta resistencia es un problema, ya que los derechos tradicionales sobre la tierra se interponen en el modelo de desarrollo económico propuesto por el Banco. Según la institución, «los derechos de los indocumentados (sobre la tierra) plantean desafíos y riesgos para los inversionistas» y, en el caso de África, el desarrollo del continente está «frenado por la confusión con la propiedad de la tierra».


Los efectos de la rápida expansión de la agricultura industrial a gran escala para producir aceite de palma y otros productos agrícolas básicos han sido devastadores en todo el Sur Global en los últimos años. Está obligando a las personas a abandonar sus tierras y destruyendo los medios de subsistencia de millones de personas, al tiempo que contribuye al cambio climático a través de la deforestación y la destrucción del medio ambiente. La tendencia se ha intensificado desde la crisis alimentaria y financiera de 2008, cuando los altos precios de los productos básicos provocaron un aumento del interés en la agricultura a gran escala por los cultivos de alimentos y biocombustibles. Hoy continúa con millones de hectáreas de bosques, áreas de pastoreo y tierras de cultivo convertidas en plantaciones cada año.


El papel central del Banco Mundial en la expansión de plantaciones agrícolas a gran escala


El Banco Mundial ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de estos acuerdos de tierras a gran escala. Durante años, a través de diferentes mecanismos que incluyen asistencia técnica y servicios de asesoría a gobiernos, condicionalidad de la ayuda y clasificaciones de negocios, el Banco ha alentado reformas regulatorias dirigidas a atraer la inversión privada extranjera para el crecimiento económico y el desarrollo. Para el 2014, la Corporación Financiera Internacional (CFI), la rama del sector privado del Banco Mundial, estaba administrando 156 proyectos en 34 países por un valor de $ 260 millones para servicios de asesoría para promover el desarrollo del sector privado.


Entre estos esfuerzos, el Banco lanzó en 2013 el proyecto Facilitando los Negocios en la Agricultura (EBA, por sus siglas en inglés) a solicitud del G8, como una de las llamadas “acciones facilitadoras” para la nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición que se formó en ese momento. El objetivo de la EBA es ayudar a crear “políticas que faciliten el hacer negocios en la agricultura y aumente el atractivo de las inversiones y la competitividad de los países”. Para lograr esto, la EBA identifica las “barreras legales” para los agronegocios y prescribe reformas de políticas para eliminarlos. Bajo la guía del Banco Mundial, los gobiernos deberían, por ejemplo, reducir las regulaciones sobre semillas y productos fitosanitarios, es decir, fertilizantes y pesticidas. Inicialmente centrado en 12 áreas temáticas, incluidas semillas, fertilizantes, comercio y maquinaria, el último informe de la EBA, publicado en 2017, presentó un nuevo indicador: la tierra.


Más de 3.000 millones de personas en todo el mundo, la mitad de la humanidad, dependen de la tierra para su sustento, la mayoría en los países en desarrollo. La mayoría de ellos no tienen títulos de propiedad sobre esta tierra; legalmente esa tierra es generalmente propiedad estatal o tierra consuetudinaria. En el Sur Global, los recursos naturales como el agua, los bosques, las sabanas, las tierras agrícolas y de pastoreo se utilizan y gestionan a nivel comunitario bajo leyes consuetudinarias. Las empresas de agronegocios a veces han tenido éxito en apropiarse de tierras consuetudinarias utilizando liderazgos tradicionales, como en el caso de SOCFIN en Sierra Leona. Sin embargo, la tierra consuetudinaria generalmente no se considera como una propiedad individual que se puede comprar o vender, sino que se valora como un bien común, un activo ancestral con un profundo significado social y cultural, que debe preservarse para las generaciones futuras.


Esta es la razón por la cual los agricultores, los pastores y los pueblos indígenas de todo el mundo han estado resistiendo la apropiación de sus tierras, protegiendo sus medios de vida y su identidad cultural y social. La resistencia a menudo se ha encontrado con represión y violencia por parte de milicias privadas o fuerzas de seguridad del gobierno, cobrándose la vida de cientos de defensores de tierras cada año. Sin embargo, con protestas y bloqueos, peticiones, recursos administrativos o acciones legales, muchas de estas luchas han tenido éxito en retrasar, interrumpir o paralizar el avance de plantaciones.


El indicador de tierras de la EBA: un ataque sin precedentes a los derechos sobre la tierra


Para el Banco Mundial, un promotor clave de la agricultura industrial en el Sur Global, esta resistencia es un problema, ya que los derechos tradicionales sobre la tierra se interponen en el modelo de desarrollo económico propuesto por el Banco. Según la institución, «los derechos de los indocumentados (sobre la tierra) plantean desafíos y riesgos para los inversionistas» y, en el caso de África, el desarrollo del continente está «frenado por la confusión con la propiedad de la tierra».


Esto puede explicar por qué el Banco, con fondos de los gobiernos de EE. UU., el Reino Unido y la Fundación Bill y Melinda Gates, todos firmes defensores de la agricultura corporativa, se ha embarcado en un esfuerzo nuevo y sin precedentes para abordar el «problema de la tierra» en los países en desarrollo. Al introducir un indicador de tierra en el proyecto EBA, el Banco ha creado un instrumento para prescribir reformas de políticas que facilitarán el acceso a la tierra para la agroindustria. Introducido como plan piloto en 38 países en el año 2017, se espera que el indicador de tierras se amplíe a 80 países en el informe de la EBA de 2019. Como se detalla en el informe del Instituto Oakland de 2019, «Todo al mejor postor: el nuevo plan del Banco Mundial para privatizar tierras en el sur global», este indicador clasifica a los países según sus “leyes y regulaciones que afectan el acceso a los mercados de tierras para productores y agronegocios”. La EBA identifica y evalúa las «cargas reglamentarias» que afectan el acceso privado a la tierra. Los puntajes que obtienen los países están destinados a condicionar la ayuda y el dinero de inversión.


Si bien el Banco afirma que su intención es proteger los derechos sobre la tierra y otorgar libertad y equidad en el acceso a la tierra, sus recetas se centran en una agenda totalmente diferente centrada en la promoción de la agricultura industrial a gran escala a expensas de los agricultores familiares, los pastores y los pueblos indígenas. Para regular los acuerdos de tenencia de la tierra de los países y «mejorar la productividad del uso de la tierra», el Banco solicita a los gobiernos que formalicen los derechos de propiedad privada, faciliten la venta y el arrendamiento de tierras para uso comercial, sistematicen la venta de tierras públicas mediante subasta al mejor postor, y mejoren los procedimientos de expropiación.


Al sugerir que los países de bajos ingresos no gestionan las tierras públicas de manera efectiva, el Banco recomienda la privatización de las tierras públicas como un camino a seguir: los gobiernos deben convertirse en corredores de tierras y ofrecer tierras públicas con «valor económico potencial» a los intereses privados, de modo que la tierra puede ser ofrecida a su «mejor uso». El enfoque del Banco, por lo tanto, proporciona una vía legal para aumentar el despojo de tierras, la concentración de tierras y su apropiación.


Esta agenda es evidente ya que el Banco alienta a los gobiernos a priorizar la formalización de los derechos a la tierra privada en “áreas agrícolas de alto potencial”. El Banco solo considera otras formas de acuerdos de tenencia de la tierra, como la tenencia de tierras comunales o consuetudinarias, «en áreas rurales con niveles más bajos de potencial agrícola». Sin embargo, los recursos naturales administrados por la comunidad tales como tierras de cultivo, agua, bosques y sabanas son esenciales para el sustento de millones de agricultores familiares, pastores y pueblos indígenas. En África, en general son las zonas donde se organiza el cultivo y el pastoreo, así como los barbechos y las reservas, la recolección de alimentos silvestres, la madera, la pesca y la caza.

Traducción Acción por la Biodiversidad

4 mayo 2019 

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Sometimiento y silencio:  Crónica sobre el código de policía

Es un día cualquiera, policivo como todos, ya tan común. Un día en el cual un ser humano termina pisoteado, avergonzado, denigrado, humillado, mortificado, vilipendiado y además golpeado por un proceder de la “autoridad” que viola sus derechos. Por un momento su vida no le fue propia. Uno de tantos casos en donde quienes deben garantizar el cumplimiento de “la ley y de la convivencia”, paradójicamente son los agresores de quién se les antoja y por la razón que mejor les convenga, amparados para ello en lo que entienden como súper poderes.

6:15 pm. El ambiente es el mismo de todos los días: igual de lleno en el sistema Transmilenio, un mar de gente tratando de embutirse a un bus que lo lleve hacia su destino. –“Manos arriba de la cabeza”, se escucha. Quien recibe la orden policiva no ha hecho nada, simplemente su cabello largo y enredado lo convierte en el sospechoso habitual entre el mar de gente que abarrota la estación. Un grupo de policías prácticamente como hienas buscan a quien violentar. La orden la recibe al momento de cruzar el torniquete, momento en el cual los “agentes del orden” buscan completar sus comparendos diarios y se lanzan sobre su víctima.

 

Sus voces de “autoridad” caen en cascada y no cesan: –“Deje las manos arriba...”. –“Voltéese y abra su maleta...”. –“Apúrese...”. –“Abra las piernas”. Luego de la esculcada y la manoseada, al terminar la requisa, le quitan una pipa. “Ya me tocó comprar otra” pensó, como la mayoría de consumidores en tal situación. Sin embargo, en su maleta por omisión cargaba una trilladora (para triturar cogollos), lo recordó en el momento exacto en el cual uno de los patrulleros decide requisar la maleta por segunda vez.

6:20 pm. El requerido, sometido a sospecha pública, para sorpresa de los policías tiene conocimiento del procedimiento legal que debe seguirse según el Código de Policía, en aplicación del artículo 13 de la Constitución Política. Sabe, por tanto, que lo que porta es un objeto que no debería incautarse pues no está establecido en el decreto 1801, por lo cual pide de manera respetuosa que desistan de incautarla. 6:22 pm. –”No me la quite, este objeto me ha costado dinero, no tiene ganja, revisen y la votan si no me creen, soy estudiante no un ladrón y usted no puede hacer esto”, dice el joven. Envalentonado y con actitud retadora el “agente del orden” responde: –“Usted podrá estar estudiando, yo también y le puedo hacer lo que yo quiera, váyase mejor”. Sin atender a esa voz de mando, el inculpado les da la razón y decide reclamar una orden de incautación, ante lo cual el policía al mando actúa con lo que entiende como el superpoder (el comparendo) y le pone una multa tipo 2 –equivalente a $213.700.

6:25 pm. Lo arrinconan en la entrada por donde personas en silla de ruedas y padres con sus coches ingresan a la estación. Ya estaba entre arrepentido y molesto, más bien frustrado, era objeto de una multa que pasaba sobre su derecho a la libre expresión, además de estar arrinconado como un delincuente pisoteaban sus argumentos. Quienes ejercen la “autoridad” no responden, solo intimidan, amenazan y violentan.

El ciudadano sigue allí tratando de rescatar sus cosas y la policía, para no escuchar, al tiempo que para demostrar quien tiene el poder, retoma la requisa del inculpado. De nuevo lo requisan de cabeza a piernas, y ahora encuentran unos tres gramos de ganja, que quien realizó la primera revisión por alguna extraña razón no había encontrado. Allí, de nuevo, es necesario para los agentes del “orden”, entre ellos una patrullera, revisar la maleta a fondo y mientras el joven discute con uno por el motivo del comparendo, otro misteriosamente encuentra una nueva bolsa hermética, también con ganja. El joven, sin creerlo, mientras recoge sus cosas tiradas al piso por uno de los uniformados sin ningún cuidado, es abordado una vez más por los seis patrulleros y requerido para entregar la cédula; bajo presión, entrega la licencia de conducir, un documento que es válido para identificarse, pero para los uniformados está negándose a identificarse debidamente y ahora lo amenazan con un nuevo comparendo.

6:30 pm. La única patrullera de los seis que lo intimidan, golpea al joven porque se sintió “irrespetada”. Segundos antes el joven les dio a entender que eran unos delincuentes uniformados (ladrones). 6:35 pm. El procedimiento de control y violencia toma nuevo rumbo; –“¿por qué me pega?” dice el agredido. –“¿Quién le pegó?, ¿dónde está la sangre?” responde la patrullera. Varios de los que se encontraban en el vagón de Transmilenio gritan ante los abusos de la policía, sin embargo no pasan de los reclamamos, pues aun teniendo la razón ninguno se arriesga a meterse ya que saben que podrían ser las futuras víctimas de abuso de autoridad.

6:40 pm. El estudiante, molesto con su agresora, cuestiona su labor y el resto de uniformados se van sobre él porque debía respetar a la dama que estaba con ellos, sin embargo, él no la había golpeado, simplemente reclama por haberle golpeado. Ordenan su traslado a una estación de policía en el Portal de la 80 donde se encuentra con un barrista detenido por el mismo “delito”: portar marihuana. Al final dejan ir al estudiante, no sin antes ponerle un nuevo comparendo por irrespeto a la autoridad.

 

Cada día trae sus sorpresas

 

9:30 am. Con tan sólo un día hábil para apelar el comparendo y dirigiéndose a la estación de policía de la localidad de Engativá, donde el policía le indicó debía dirigirse, el joven llega corriendo al punto indicado para exponer el caso. La voz del policía de turno es poco amistosa: –“déjeme ver los comparendos, no los han subido a la página y es que se equivocó de dependencia, esta es de Transmilenio, no es con nosotros”. El día apremia, no hay más tiempo que perder, la única opción que queda es acercarse a una “Casa de justicia” para hacer un curso “pedagógico” que le derogue la multa.

 

El curso


6:00 am. Se alista para salir y llegar a tiempo al primer curso, que había leído era a las 8:50 am. –“Buen día, quisiera saber…” no alcanza terminar de hablar cuando escucha –“Présteme la copia del comparendo”. El policía anota un número y le dice –“esté atento al llamado o le toca pedir un nuevo turno”.

Han transcurrido 4 días y máximo son 5 los días hábiles para hacer el curso, de lo contrario tendrá que pagar la multa en su totalidad. –“¡Turno 31!”, escucha. Se acerca al cuarto que servia de recepción, tienda y sala de espera al mismo tiempo. A su lado esperan aproximadamente 15 personas de pie, entre ellos una mujer con un bebe en brazos junto con su esposo notablemente cansado, dos venezolanos que tampoco se salvaron de recibir comparendos.

9:54 am. Empieza el curso. –“Buenos días. Los que vengan al curso pedagógico hagan una fila. Por favor bolsos abiertos”. Todas las personas entran al salón que tiene por nombre “mediación y conciliación”. Un promedio de 30 personas escuchan las instrucciones. Inicia el vídeo “Claves para ser un buen ciudadano”. Al fondo se empiezan a escuchar murmullos y algunas risas por lo que se ve en el vídeo. La escena de un joven atropellado por un Transmilenio hace que cesen las risas y en coro se escucha ‘ushhh’. El vídeo induce a la obediencia, incluso cuando se tiene la razón puesto que “hay procedimientos legales para interponer quejas y demandas”.

10:28 am. Al terminar el video entra una persona y pregunta –“¿Qué les dejó el vídeo?” y recomienda no hacer críticas, pues solo quiere escuchar lo “aprendido”. Un hombre levanta la mano y dice apresurado: –“debemos conocer la ley, es importante”. Otro dice: –“los policías también infringen la ley” y al mismo tiempo una mujer lo interrumpe para decir: –“yo no quiero llevar la contraria, así como no quería pelear con el policía, pero luego de que me dice que soy una negra y que por eso soy ladrona o venezolana, pues yo me tengo que ir contra él, me ofendió, y los cuatrocientos mil que debo pagar es por la educación que ese policía no recibió”. El instructor dice con premura, que legalmente ya sabe que hacer para tratar de buscar justicia sin morir en el intento.

10:35 am El instructor sigue con su cátedra y sostiene: –“contrario a lo que dicen muchos este código no es para reprimir, el código a nadie reprime. En todo lado hay reglas, y para la ciudad está este librito. Algunos que no han entendido el mensaje, esto (señala el libro) le evita malos comportamientos, y aunque creamos como individuos que algún comportamiento está bien ante la sociedad, la cultura y la ley, pues no lo está, no podemos pasar sobre el otro. De pronto muchos se sienten atropellados por los policías, pero pues aquí no vamos a solucionar eso, le explicamos solamente el por qué. Tenemos en nuestra cabeza la idea de que el policía es malo, pero a ¿quién no le gustaría tener al lado uno cuando nos están robando? Yo no soy policía pa’ que guarden las piedras, pero debo ser objetivo con mi tema y los policías deben hacer cumplir la ley, además si usted desafía a la policía ¿quién tiene las de ganar?”.

Tras cinco días de ires y venires, con rabias contenidas y silencios que ahogan, el curso fue superado y ahorrado un dinero con el cual el joven no cuenta. Meditabundo, camina hacia su casa, cargado de interrogantes que le deja este episodio.


Obedecer y no cuestionar

 

“Código nacional de policía y convivencia para vivir en paz”, es el título de la norma de normas que pretende el disciplinamiento de la sociedad a punta de multas y el otorgamiento de exceso de poder a los “agentes del orden” que desean una ciudadanía que obedezca y no cuestione nada. Ante esto cabe preguntarnos: ¿Qué tipo de ciudadano es el que sólo obedece? ¿Qué tipo de Estado es aquel que pretende regir sobre una población dócil, sometida, conforme con todo, impasible? ¿Será posible lograr la anhelada paz a partir de una norma que se coloca por sobre la realidad? ¿Cómo vivir en paz cuando quienes aplican la norma la interpretan como medio para darse poderes que no deberían tener? ¿Para dónde se enruta nuestro país, cuya dirigencia está convencida que la gente aprende a fuete? ¿Acaso este proceder no es lo conocido como autoritarismo?

Finalmente, para la policía la clave para ser un buen ciudadano es: obedecer y no cuestionar.

 

Publicado enEdición Nº256
Sindicato de millonarios, huelga de capitales

Es mil veces más fácil y más efectivo creer que los pueblos le deben la justicia social y el progreso material a un puñado de multimillonarios que creer que el calentamiento global y la desaparición de los insectos les deben algo a los humanos.


Es mil veces más fácil y más efectivo organizar una huelga de capitales que una huelga de trabajadores. Es mil veces más fácil organizar un sindicato de millonarios para presionar, a su antojo, a los pueblos y a sus gobiernos, que un sindicato de maestros, de obreros, de empleados de un supermercado o de peones rurales. Cuando a un trabajador no le gusta su trabajo o su salario tiene la libertad de irse sin su trabajo y sin su salario a otra parte. Cuando a un inversor no le gusta el trabajo ajeno o los salarios ajenos, tiene la libertad de irse con su dinero a otra parte.


En los países donde es al revés, es porque la huelga de capitales ya ha ocurrido de una forma masiva y el país se encuentra quebrado o acosado por quienes gobiernan el sistema económico que nos gobierna a todos los demás.


En los países donde es al revés, las inundaciones son responsables de la lluvia y los trabajadores son responsables de la miseria y de las crisis sociales.


Ningún gobierno del mundo que promueva el interés general, la solidaridad social de programas de educación, de salud o de desarrollo equitativo puede tener alguna chance de continuidad y de crecimiento económico si antes no deja claro que reconoce la sacralidad de las transnacionales y sus escribas.


Ningún gobierno del mundo que promueva el interés general puede tener alguna chance de continuidad y de crecimiento económico si antes no se inclina ante aquellos inversores que juegan con miles de millones (de dólares y de personas) con la misma responsabilidad con la que beben whisky y le tocan el culo a una empleada de hotel.


Ningún gobierno que reconozca que todo el progreso social y económico del mundo presente no es el producto de un puñado de exitosos millonarios sino de siglos de luchas sociales y de miles de contribuciones de pensadores y de modestos genios de las ciencias y la tecnología, casi siempre asalariados, tiene posibilidades de continuidad.


Todos los gobiernos del mundo, sean de derecha o de izquierda, de arriba o de abajo, deben proteger, como perros rabiosos, la libertad absoluta de los capitales para aterrizar en sus países y para volar a sus paraísos seguros (safe havens) cuando se les plazca, que es siempre cuando a las sociedades se les ocurre realizar algún reclamo sobre su contribución a la riqueza. Es ahí cuando las sociedades quiebran y los pueblos entienden que con las limosnas vivían mejor.


Es decir, a los grandes capitales no sólo se los debe adular, en la práctica y en los cuentos de hadas, sino que también se les debe garantizar el derecho privado a la extorsión universal.
Está de más decir que este sistema, organizado y gobernado por un puñado de multimillonarios, padres fundadores y protectores de todo el progreso de cada país (desarrollado o subdesarrollado, exitoso o arruinado), padres sacrificados e incomprendidos protectores de la humanidad, de una humanidad irresponsable, no tiene un ápice de democrático.
Razón por la cual la Libertad y la Democracia son sus banderas, esas mismas que ondean como péndulos ante los ojos de los pueblos que luego irán a linchar a quienes no están de acuerdo con este estado de hipnosis colectiva.


* Escritor uruguayo-estadounidense.
Profesor en la Jacksonville University.

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