Martes, 17 Septiembre 2019 09:29

El aullido

Carlos Lema, “Nayra”, fotografía, 2004 (Cortesía Teatro la Candelaria)

Un solo día después de posesionado como Presidente, Iván Duque radicaba en el Congreso de la República un proyecto gubernamental de ley con el supuesto propósito de cerrar aún más los intersticios por medio de los cuales la corrupción, a través de la contratación pública, mantiene su dominio, así como para reducir los beneficios legales a que puede acudir todo aquel condenado por tal delito.

Conocedor de la perdurable desaprobación ciudadana contra políticos profesionales que gozan de apabullantes sueldos y prebendas de todo tipo, así como del reino de una ‘justicia’ que trata con paño de seda a los ricos –causantes del desfalco del erario por diversos conductos, entre ellos de manera ‘legal’ vía contratación y variedad de esguinces (otro sí) que saben hacerle a la norma– y con machete a los sectores populares causantes del robo al menudeo, de esta manera aprovechó los vientos nacionales para surfear en la ola de lo políticamente correcto.

Espectáculo, teatro, no mucho más. Zigzaguear, hacer piruetas, llamar la atención para lograr la aprobación de la tribuna… Así es el arte de la política de la exclusión: decir y fingir hacer lo que la audiencia demanda y espera, al tiempo que, por la espalda, lo privilegiado es lo contrario; ganar tiempo y dilatar; animar al adversario en público, y en privado ponerle ‘palos en la rueda’ para que tropiece. Así procedió Duque en tiempos de la consulta anticorrupción, y así continúa siendo su proceder al difundir una y otra vez que es el adalid en la lucha contra la corrupción, mientras el statu quo conserva sus dominios en el establecimiento.


Apariencia y simulación. El traje y el rostro, con buenas luces, lo pueden todo. En este tipo de circunstancias, “las buenas formas de la política” aconsejan no estar en contra de la opinión popular y hablarle al país según los deseos mayoritarios. Para el caso que nos ocupa, tocaba estar del lado de la Consulta, así el resultado final de su proceder fuera totalmente contrario a lo esperado por sus impulsores, quienes por entonces llamaban la atención sobre tal actuación y aclaraban que, sin el apoyo pleno del gobierno, difícilmente saldría avante la misma (1).

Aquella era una actitud farisaica sin esfuerzo ni riesgo, toda vez que asumir la lucha contra la corrupción, y en particular la Consulta de marras, no le obligaba a cuestionamiento ideológico ni económico alguno al nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Así era, ya que la iniciativa no establecía la base del cuestionado fenómeno en la estructura del sistema económico, político, militar, ambiental y social imperante, y el modelo de acumulación que asume desde hace algunas décadas, sino que la dejaba flotar como una circunstancia de personas y empresas.

De acuerdo a su concepción, era un problema de simple ambición, afán de lucro o viveza. Esto, a pesar de evidencias recientes como la crisis de los “títulos hipotecarios basura” en 2007 y la quiebra de Lermmas Brothers en Estados Unidos, con el salvamento del conjunto de su sistema financiero por parte del Estado, quiebra asumida por millones de ahorradores que padecieron la evaporación de sus dineros e inversiones. Lo que recordaba con total prueba lo acotado por Fernand Braudel: “El capitalismo es el antimercado” (2), razón explicativa del sometimiento del Estado ante el capital privado y especulativo, esencia de la estructura corrupta hasta hoy imperante en todo el mundo, y explicación de fondo de por qué, a pesar de leyes y regulaciones de diverso tipo para contener la corrupción, ésta mantiene sus dominios. Son esas la esencia y la inercia del establecimiento.

También enmarca(ba) la actitud presidencial la relación causa-efecto, evidente también en casos criollos como Interbolsa, Agro Ingreso Seguro, los Nule, el puente de Chirajara, la carretera al Llano, Estraval, Odebrecht, Electricaribe, el edificio Space (Medellín), para no reparar en otros muchos nombres de escándalos por corrupción, privada y pública, que han ‘conmocionado’ al país, como en las privatizaciones que tomaron curso desde los años 80 del siglo XX, multiplicadas en los 90 y en el nuevo siglo con el desmonte del pobre aparato productivo que había acumulado el país, todo a favor del capital privado. ¿Y qué decir del modelo económico, ajustado a la medida de los propietarios del capital? ¿No será la corrupción, entonces, la esencia misma del capitalismo?


Así, aunque en la Consulta se aparentaba ser detractores de un mal –reflejo de un problema estructural–, no se ahondaba ni rechazaba (el) origen del mismo. Al proceder así, ¿podría ser erradicado tal mal? La existencia de variedad de leyes y similares en el plano nacional e internacional, aprobadas para ponerle coto a la situación, indican que ciertamente el problema no recibe ataques en su raíz sino en sus ramas.


En esas condiciones, cualquier político o empresario, de los más corruptos pero nunca condenados por tal proceder, o todas aquellas empresas y personas que saben hacerle esguinces a la normatividad vigente (por ejemplo, evadir con “permiso de la ley” o crear sociedades offshore como pantalla para operaciones no siempre legales, o llevar a cabo el lobby dentro del alto gobierno para salir favorecido por el tono de ciertas leyes o por acceder a información privilegiada, etcétera) pueden fungir como activos en la lucha contra la práctica de vaciar presupuestos públicos con fines privados o para el beneficio de una estructura partidaria o militar.


Como fue vaticinado en su momento, sin el apoyo del gobierno la iniciativa no alcanzó su propósito, y sin igual apoyo tampoco consiguió que salieran a flote los 24 proyectos de ley radicados en el Congreso para materializar el anhelo de los 11.674.951 que votaron por el Sí en la consulta, por controlar e idealmente erradicar la corrupción.


Así es. De la totalidad de proyectos radicados para trámite legal, únicamente uno está pendiente de sanción presidencial (mecanismos de rendición de cuentas de congresistas, concejales, diputados e integrantes de Juntas Administradoras Locales); otros tres avanzaron con posibilidad de lograr la aprobación final de los legisladores: Publicación de las declaraciones de renta y registro de intereses privados (3); inhabilidad para los condenados por corrupción y terminación unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción (4); los pliegos tipo (5). La suerte de los demás fue la negativa –hundidos– (6) o que ni siquiera han contado con ponencia (7).


Una escena tras otra. Sin reparar y mucho menos reconocer que desde el Ejecutivo nacional y el partido al cual está adscrito el Presidente se obró por distintos conductos en vía contraria a lo anunciado, y, sopesando la popularidad de una cruzada anticorrupción en el plano nacional e internacional, ahora el Gobierno ondea tal bandera en Naciones Unidas, llamando a tramitar una corte internacional anticorrupción, una iniciativa en apariencia moralista (8) y de buen gobierno pero que en lo fundamental pretende dotar al gobierno de un discurso progresista en el concierto de naciones, fungiendo como paladín de la democracia y la legalidad. Nada más lejano de la realidad.


“El que pega primero pega dos veces”, dice el refranero popular, y así permite comprobarlo este liderazgo global que pretende el canciller Carlos Holmes Trujillo a nombre del gobierno colombiano, cabeza de un país que en el índice de corrupción global ocupa el puesto 99 entre 180. Un país acusado y condenado como violador de los más elementales Derechos Humanos en diversidad de causas, y que para vergüenza propia y ajena aparece entre los más desiguales del mundo, con una concentración descomunal de tierra, acciones y patrimonio en poquísimas personas. Como si la evidencia no fuera cierta, y sin pudor alguno, el Canciller no duda en enfatizar: “Nada es tan costoso como la corrupción […] en muchos sentidos, un impuesto a la pobreza que paga el conjunto de la sociedad” (9).


Estamos ante una iniciativa tomada por una clase dirigente sin autoridad de ningún tipo para ello; iniciativa que parece una bomba de humo para ocultar sus propósitos reales, entre ellos: avanzar como Caballo de Troya de la escalada estadounidense por recuperar el espacio y los territorios perdidos en la región, sirviéndose para ello, también, de enjuiciamientos que le permitan embargar países, encausamiento a quienes se opongan a los intereses de la potencia del Norte y otras acciones similares.


Y surge otro elemento en este cuadro. Los Estados Unidos es el abanderado de las ‘buenas prácticas’, paradójicamente el mismo Estado que desde hace años legalizó las coimas o “pagos facilitadores” por parte de sus multinacionales – “[…] que sirvan para acelerar los procedimientos, obtener una autorización o llevar un expediente al tope de la pila”–, como nos lo explican Benoît Bréville y Renaud Lambert en esta misma edición (ver págs. 18).


Es aquel el mismo país que negocia rebajas de penas con todo tipo de sindicados, siempre y cuando entreguen parte de la fortuna lograda vía desfalcos o todo tipo de saqueo de lo público, como vía narcotráfico. En la práctica, impunidad cancelada con oro, como en los tiempos medievales, lo que deja ver que la supuesta moralidad estadounidense es una simple arma en su cruzada por conservar su sitial en la geopolítica global. Lo que no puede ser de otra manera, toda vez que el único compromiso ‘moral’ del capital es con la multiplicación de sus réditos y la permanente ampliación de sus mercados, al precio que sea.


La ‘moralidad’ estadounidense es un arma afilada con nuevas máquinas, no con simple esmeril, para controlar y someter, como lo evidencia la crisis de gobierno en Brasil con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva (ver artículo Perry Anderson, pág. 20), país que paga el precio de pretender un liderazgo soberano en el mundo, potenciando su rol de primer orden en nuestro continente.


De esta manera, el yunque de la amoralidad del capital imperial –con atuendo de moral–, asentado sobre una corte internacional, servirá, en caso de ser aprobada, para cualquier cosa menos para erradicar el mal contra el que blande sus armas. ¡Toda una manipulación a la cual se presta el gobierno Duque como fiel alfil del imperio!


Así, entre apariencias y seguramente fake news, todo gobierno que se oponga a los planes de los Estados Unidos podría entrar, también por esta vía, en desgracia, pues ya le suceden cosas similares por otros conductos impuestos también por el poder hasta hoy dominante en el mundo. Embargos de cuentas, legalización de golpes de Estado suaves y similares, estarán a la orden del día.


Mientras en el tablado nacional e internacional se escenifica esta nueva obra de teatro, el mismo gobierno que se disfraza con ropas de armiño autoriza, vía la más reciente reforma tributaria, exenciones impositivas por 20 billones de pesos para las grandes empresas con presencia en el país, y, para llenar el vacío de las arcas que este favorecimiento produce, se apresta, además de cargar con más impuestos a una sociedad exhausta de ellos, a feriar los pocos bienes públicos que aún conserva el país como propios. ¿Corrupción legal?
En la escena final de esta obra de teatro su protagonista aúlla: ¡Cojan al ladrón!

 

1. “Consulta anticorrupción: mientras Duque dice sí, Uribe dice no”, https://www.semana.com/nacion/articulo/uribe-y-duque-se-bajaron-del-bus-de-la-consulta-anticorrupcion/578808.
2. “Conspiración y corrupción: una hipótesis probable”, José Luis Fiori y William Nozaki, en https://www.desdeabajo.info/economia/itemlist/tag/judicializaci%C3%B3n.html.
3. Está pendiente de su aprobación final por la plenaria de la Cámara de Representantes. De salir airoso, va a conciliación del texto en Cámara y Senado, para ser enviado luego a sanción presidencial.
4. Esta iniciativa fue aprobada a comienzos de agosto, en segundo debate de la plenaria de la Cámara.
5. La Comisión Primera de la Cámara aprobó a mediados de este mes en tercer debate, y por unanimidad la iniciativa que extiende estos pliegos a todas las contrataciones del Estado.
6. Fueron hundidos en distintas instancias de su trámite: límite a los períodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa, tope de salarios de congresistas y servidores del Estado, adopción de medidas en materia penal y administrativa contra la corrupción, reforma política, reforma a la justicia, presupuestos participativos y desvinculación de los salarios de los funcionarios con el de los congresistas.
7. Todavía no cuentan con ponencia: tope de salarios –en un primer momento fue retirado por no contar con aval jurídico, beneficio con el cual ya cuenta– y cátedra obligatoria de ética ciudadana.
8. Nada más amoral que el capital, siempre afanado por el lucro y la concreción de sus propósitos sin que lo condicionen ni limiten sus consecuencias: negación de los más elementales Derechos Humanos a inmensos grupos sociales, por países o por región; estímulo al armamentismo y desfalco del erario para garantizar el pago de tales compras, negando otras prioridades humanas en cada país; impulso de guerras y desmanes de todo tipo para la defensa de unos pocos y en contra de muchos, hasta llegar a la inaceptable ecuación 1-99 que hoy domina el mundo, sustentada en un sistema financiero que absorbe y somete al sistema productivo, y potencia el innecesario endeudamiento de millones de familias por todo el mundo, sometiéndolas a la esclavitud moderna de vivir al debe, trabajando hasta dos turnos diarios para evitar ser embargados.
9. https://www.youtube.com/watch?v=AaenxCEWM1c.

Martes, 17 Septiembre 2019 09:27

De la corrupción y otros males

Carlos Lema, “Antígona”, fotografía, 2006 (Cortesía Teatro la Candelaria)

La corrupción alcanza cada día mayor alcance, permea gobiernos, bancos y empresas privadas o mixtas de todo tipo. El cohecho es internacional. Los sobornos equivalen al cinco por ciento del valor anual de la economía global. Estudios basados en el análisis de 447 casos internacionales llegados a sentencia muestran que el 30 por ciento del valor de los proyectos tiene destinación específica: sobornar funcionarios públicos en el mundo entero. El presente artículo analiza la corrupción en Colombia y establece sus relaciones con otras problemáticas socioeconómicas.

 

 

Sorprendente, por partida doble, así fueron los resultados del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc a finales del 2016 y los de la consulta anticorrupción en agosto de 2018. Nadie medianamente razonable creería que la sociedad votara a favor de proseguir la crónica destrucción generada por el conflicto armado interno y, a la vez, expresara su indiferencia ante la corrupción que corroe a las instituciones públicas y privadas.


En los dos eventos de consulta social, solo ejerció el derecho ciudadano uno de cada tres votantes potenciales. En el plebiscito triunfó el No (expreso rechazo a los acuerdos para poner fin al conflicto armado Gobierno-insurgencia) y en la consulta anticorrupción no se alcanzó el umbral que la haría vinculante.


Colombia en el contexto de la corrupción global


De acuerdo con la definición dada por Naciones Unidas, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. Más allá de ello, en la práctica, la corrupción es un proceder común del poder, por ejemplo, de los bancos, las multinacionales y otras grandes y medianas empresas que en su afán por ampliar ventas, ganar contratos o buscar mayores rendimiento en sus operaciones dentro de un país dado (determinando el código tributario del mismo, por ejemplo), incorporan entre sus gastos un porcentaje destinado a coimas o sobornos.

En diferentes contextos, el ejercicio de la corruptela, permanente o no, perjudica a las instituciones republicanas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. La corrupción destruye las bases de las instituciones democrático-formales al desalentar la participación activa de amplios grupos sociales en la orientación, decisión y control de su destino, y al distorsionar los procesos electorales, socavando el imperio de la ley y deslegitimando la burocracia. Hoy la ciudadanía del mundo contempla con ojos escépticos el complejo de estatalismo, fiscalismo e intervencionismo y supone en él, cada vez más, el teatro absurdo de una gran institución de autoservicio, controlada por la cleptocracia y que es contraproductiva (1).

El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello ya que también está presente en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales, la aprobación de leyes orientadas a servir intereses privados o corporativos y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.

La percepción de corrupción en el sector público nacional está en aumento según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional. En la más reciente edición de este índice el país cae de 37 a 36 puntos sobre 100 y desciende del puesto 96 al 99 entre 180 países cubiertos por la medición. Colombia se encuentra muy lejos de países como Canadá, que tiene un puntaje de 83; Estados Unidos, de 76; y Chile, de 70. Cuando decimos que Colombia es uno de los países más corruptos en el contexto internacional estamos en lo cierto (2).


Con los resultados de 2018, el país cierra cuatro años de estancamiento en los que mantuvo un puntaje de 37 sobre 100, para caer ahora a una calificación de 36 puntos. “En un contexto en el cual la corrupción es el tema más preocupante para los colombianos, la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra la corrupción”, según Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional.

Índice de transparencia a nivel territorial

 

Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional, calcula el Índice de transparencia de las entidades públicas (Itep) con base en tres características vitales en la administración pública para controlar los riesgos de corrupción: i) visibilidad, ii) institucionalidad, iii) control y sanción. Los factores de Visibilidad y Control y Sanción tienen un peso de 30 por ciento cada uno sobre la calificación final del Índice, mientras que el factor de Institucionalidad cuenta con un peso de 40 por ciento. Para el desarrollo del cálculo del Índice, cada unidad de medición cuenta con una calificación específica que va de cero (0) a cien (100) siendo cien (100) la mayor calificación posible. Después de obtener cada una de las calificaciones estas se clasifican en los distintos niveles de riesgo: i) bajo, de 89,5 a 100; ii) moderado, de 74,5 a 89,4; iii) medio, de 60 a 74,4; iv) alto, de 44,5 a 59,9; v) muy alto, de 0 a 44,4.

En la medición departamental, Chocó, Guainía y La Guajira clasifican en el rango “Muy alto”. En el nivel “Alto” se ubican otros diez departamentos; en “Medio” clasifican 13, y en “Moderado” los siete restantes (Antioquia, Casanare, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Tolima). Ninguna de las entidades territoriales de Colombia clasifica en “Riesgo bajo”. El promedio simple para el país registra un valor de 61,7, en consecuencia clasifica globalmente en “Riesgo medio”. Bogotá D.C.regitra un valor de 68,7 por tanto también clasifica en el nivel de riesgo medio (Gráfico 1).

Otros males

Además de este riesgo medio de la inmoralidad generada por la corruptela, otros factores adicionales complican la vida cotidiana de los colombianos, generando sufrimiento innecesario: la desesperanza aprendida ante la política y los asuntos públicos, la desigualdad económica, la violencia fratricida y la pobreza multidimensional. El cuadro 1 nos deja ver el comportamiento estadístico de estas variables en el año 2018 a nivel de todos los departamentos del país. La estadística nos permite reunir, clasificar y recontar todos los hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos investigados.


La media del potencial electoral relativo permite estimar el peso de la población mayor de 18 años en cada entidad territorial, la cual tiene un valor de 70,3 por ciento; con un mínimo de 49,7 por ciento (Vaupés) y un máximo de 87,3 por ciento (Norte de Santander). La media de participación departamental en la consulta anticorrupción (mapa 1) fue de 26,8 por ciento, con un mínimo de 12,3 (La Guajira) y un máximo de 44,6 (Bogotá). El índice de transparencia (mapa 2), variable proxy de la medición de la corrupción, registra un valor medio de 61,7 por ciento, un mínimo de 30,2 (Chocó) y un máximo de 85,6 (Antioquia). El Pib por habitante, para el año 2018 (mapa 3), fue de 15,7 millones de pesos, con un mínimo de $6,2 millones (Vaupés) y un máximo de $42 millones (Casanare). El índice de pobreza multidimensional 2018 (mapa 4) tiene un valor medio de 28,2 por ciento, con un mínimo de 4,4 (Bogotá) y un máximo de 65 por ciento (Guainía). La tasa de homicidios (mapa 5) registra en 2018 un promedio de 24,3 por cada 100.000 habitantes, con un mínimo de 4,5 (Vaupés) y un máximo de 59,1 (Arauca).

En las sociedades capitalistas, el desarrollo es desigual. Pero dentro de la desigualdad persiste también la desigualdad. Al interior de Colombia se registra una situación similar a la que coexistieran diversos países. En las variables examinadas las diferencias territoriales son significativas. La desviación estándar (De) es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media; mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. La dispersión entre departamentos es más alta en lo relacionado con las variables corrupción (De=12,8), Pib por habitante (De=$8,6 millones), pobreza (De=15,1) y violencia homicida (De=13,1). Hay menor dispersión en las variables correspondientes al peso proporcional de los mayores de edad (De=8,9) y a la exigua participación ciudadana en la consulta anticorrupción (De=8,8).

Un conjunto de variables que es necesario cruzar buscando con ello información más precisa sobre cómo se manifiesta y cuál es el impacto de la corrupción en Colombia, así como su relación con los demás males que aquejan al país. (Ver recuadro Estadística y variables).

Corrupción y potencial electoral

El peso relativo de la población mayor de 18 años es poco explicativa (R²=0,24) del comportamiento de la corrupción (Gráfico 2). No obstante, la pendiente que relaciona estas dos variables socio demográficas es positiva, esto es, al aumentar el peso relativo de la población mayor de edad respecto a la población total del departamento tiende a elevarse ligeramente el índice de transparencia (esto es, menor nivel de corrupción).

 

 


Corrupción y participación


La lucha contra la corrupción requiere de un vínculo más directo, fiscalizador, comprometido y efectivo de la ciudadanía con los asuntos públicos o de interés social. La defensa de lo público es fundamental, pero además deben protegerse, luchando por su transformación en beneficio de las mayorías, y rompiendo su funcionamiento distante y ajeno de la ciudadanía y de sus intereses, dinamizando a partir de un funcionamiento cada vez más participativo y menos delegativo, las instituciones de representación colectiva (órganos de elección popular), así como las entidades de control y supervisión social (Contraloría, Defensoría, Procuraduría y Auditoria General) pues ellas son la base de la garantía del bienestar social y económico, del respeto de los derechos humanos, y del desarrollo sostenible. El grado de participación (en el caso de la consulta anticorrupción) explica en gran medida el nivel de la corrupción (R²=0,49); la relación es positiva: a mayor participación ciudadana mejora la transparencia de las instituciones y son menos proclives al cohecho o soborno (Gráfico 3).

Corrupción e ingreso por persona

Los niveles de corrupción en un país pueden percibirse por la desigualdad económica. Los actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos, en contubernio con agentes del sector privado, dentro de los órganos e instituciones del Estado socavan aún más no solo la democracia realmente existente, sino también los sistemas educativos, de salud y la misma economía de un país o región.

 

 


El análisis departamental de la transparencia institucional en función del Pib por habitante muestra una capacidad explicativa alta (R²=0,52); las unidades territoriales de altos ingresos por personas tienden a correlacionarse con instituciones más transparentes, virtuosas o menos corruptas (Gráfico 4). El dinero de la corrupción, al funcionar como renta individual, genera poca o nula riqueza social. La corrupción constituye uno de los mayores obstáculos al progreso de los departamentos en que está territorializado el país. El economista Schumpeter afirmaba que “el desarrollo produce siempre más desarrollo” y en medio de este círculo de éxito, se genera mayor transparencia y comportamiento ético de la ciudadanía y las instituciones.


Corrupción y pobreza


Existe una estrecha relación entre la corrupción (sobornos o cohecho) y la pobreza (en términos institucionales no individuales, valga decir): en los países o regiones más pobres la corrupción encuentra condiciones más expeditas para su materialización y es, por tanto, donde alcanza mayores índices. Su materialización debilita los sistemas de una sociedad: político, judicial, cultural, económico y social. En general, la corrupción ocasiona violaciones de derechos humanos. Aunque el problema afecta a todo el país, sin embargo, tiene un mayor impacto en la población que vive bajo condiciones de pobreza.
El Índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la protección de la niñez y el nivel de vida. También refleja, tanto la prevalencia de las carencias multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas carencias sufren las personas al mismo tiempo.


El IPM registra una significativa fuerza explicativa de la corrupción (R²=0,52). La relación o pendiente es negativa entre estas dos variables, esto es, a mayor nivel de pobreza menor es la transparencia de las instituciones y, por ende, mayor es la corrupción (Gráfico 5). En estos territorios, la clase política, lumpen y corrupta, campea a sus anchas. Puede deducirse por prolongación, que los banqueros, los gremios económicos, o los empresarios, comerciantes y negociantes de todo tipo encuentran en estas circunstancias y ambientes mayor espacio para concretar sus mezquinos intereses y codicia, valiéndose para ello de todo tipo de artimañas, negociados, cohechos, sobornos y favorecimientos.


Corrupción y violencia


Tiene Colombia el triste privilegio de registrar uno de los más altos índices de violencia del mundo. Asimismo, a juzgar por reputadas calificaciones internacionales, de ubicarse entre los países más corruptos del mundo. No obstante, en el análisis territorial, corrupción y violencia no van a menudo de la mano (Gráfico 6). La fuerza explicativa de los niveles de corrupción y transparencia institucional por parte de la pandemia homicida a lo largo y ancho del territorio nacional es débil (R²=0,03).


Si bien, violencia y corrupción conforman inequívocamente el marco general sobre el cual existe todo tipo de delitos, inmoralidad y criminalidad en Colombia, son fenómenos socio-políticos y culturales con causas y dinámicas diferentes. Los une, eso sí, una historia permeada por la maldad, la ilegalidad, el atropello, la impunidad, el miedo, la anomia y la indiferencia ciudadana.


Remedios contra la corrupción y otros males


Un simpático grafiti expresaba: “no es la política la que hace a un candidato convertirse en ladrón. Es tu voto el que hace a un ladrón convertirse en político”.


El análisis realizado permite concluir que el grado de transparencia, incorruptibilidad y moralidad de las instituciones es explicado, de una parte, por el grado de desarrollo social, económico y cultural alcanzado por la sociedad; y, de otra parte, por la conciencia ciudadana, su ética política, compromiso con el bien público y participación democrática. Al contrario, las instituciones políticas y económicas extractivas asociadas al control por parte de organizaciones políticas lumpen, criminales y mafiosas, adoptan fácilmente formas corruptas y extractivas atroz y descaradas en medio de la pobreza, la exclusión, la ignorancia, la manipulación y la intimidación de la población.


Un país funciona cuando se identifican grandes objetivos nacionales asumidos de forma responsable, comprometida, democrática y colectivamente. La lucha contra la corrupción y los otros males analizados, dada su arraigo y generalización, requiere un gran pacto, un compromiso ciudadano de tolerancia cero. A la base de este pactó se requiere fortalecer y/o recuperar todo lo público, abriendo su administración y control al conjunto social, elevando su eficiencia para que la gente perciba sus beneficios y ventajas, lo asuma y defienda como propio, lo que demanda un cuestionamiento a las formas capitalistas oligárquicas y su neoliberal manifestación actual.


De su mano, transformar el sistema educativo, remplazando la promoción del individualismo y el enriquecimiento monetario como única meta de la vida, sin importar los costos y los medios (la consigna postmodernista del “todo vale”), por una educación que empiece desde la familia (los cinco primeros años de vida son el período crítico para el aprendizaje ético de todo ser humano; los ejemplos y valores aprendidos en la temprana infancia perduran a lo largo de su existencia) y se consolide en las instituciones educativas, en todos los niveles, sembrando valores éticos que fortalezcan la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la participación, defensa y respeto por lo público, así como la participación en las instituciones de representación colectiva, bregando en todo instante porque lo individual sea lo menor y lo colectivo lo más (asambleas deliberativas y decisorias, consultas populares y similares) mejorando así el ambiente para potenciar la convivencia social. Todo enmarcado en políticas de buen gobierno y responsabilidad corporativa en el sector financiero, en empresas e instituciones públicas abiertas y de democracia directa y cada vez más radical.


En últimas, de lo que se trata es de construir una sociedad cada día más abierta, ética, crítica, comprometida e incluyente, donde las mayorías deciden su rumbo en todo instante, para lo cual es fundamental cimentar una sólida cultura ciudadana convencida de la pertinencia de lo público, de la viabilidad de la redistribución cada vez más equitativa y justa de la renta nacional, y de mayor conciencia y solidaridad sobre la importancia de los derechos humanos, el bien social, la democracia participativa y la defensa de la dignidad humana. De así proceder nuestra sociedad, la corrupción no tendrá lugar.

 

1. Sloterdijk, Peter. (2018) ¿Qué sucedió en el siglo XX?, Ediciones Siruela, S.A., España, p. 16.
2. La escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 equivalente a muy corrupto y 100 a muy transparente o virtuoso. La calificación del Índice de Percepción de Corrupción 2018 se elaboró mediante datos proporcionados por ocho fuentes distintas que consultan la opinión calificada de analistas, académicos e inversionistas extranjeros respecto qué tanto afecta la corrupción al sector público en cada país incluido en la medición, con especial énfasis en la gestión de recursos públicos, trámites, permisos y contratación estatal, así como en la sanción efectiva a casos de corrupción por parte del sistema judicial.

*Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

Martes, 17 Septiembre 2019 09:26

Corrupción y elecciones territoriales

Carlos Lema, “Nayra”, fotografía, 2004 (Cortesía Teatro la Candelaria)

“Durante las elecciones municipales, la mayoría de sus habitantes decide ejercer su derecho al voto de una manera inesperada […] A las diez de la noche el presidente de la república, dijo por televisión, el resultado de las elecciones de hoy es el siguiente: partido de la derecha, ocho por ciento; partido del medio, ocho por ciento; partido de la izquierda, uno por ciento; abstenciones, cero; votos nulos, cero; votos en blanco, ochenta y tres por ciento […] Le doy la palabra al ministro de defensa […] Este, un civil que no había prestado el servicio militar, dijo: aquí lo que necesitamos es un estado de sitio serio, de los auténticos, un estado en la más exacta acepción de la palabra, duro, sin fallas de ningún tipo, como una muralla en movimiento capaz de aislar la sedición para luego derrotarla con un fulminante contraataque” (1).

 

Todos los estudios de corrupción en Colombia indican que durante el siglo xx hubo cuatro grandes sistemas de defraudación a la sociedad: la contratación estatal, la conciliación entre el Estado y los particulares, las campañas electorales y la expedición de la ley por encargo. A estos cuatro mecanismos de corrupción, hay que agregar muchos otros en el siglo xxi. La venta de las decisiones judiciales, la contratación interinstitucional en los entes territoriales, y la múltiples modalidades de corrupción en los distintos organismos del Estado: fuerza pública, ministerios, sistema de salud, Dian, cárceles, etcétera. En este artículo el énfasis estará centrado en la corrupción electoral.


Corrupción: realidad y ficción


Aparte de la mención al Nobel de literatura 1998, José Saramago, que es un ícono de la anticorrupción, con la venia de los lectores, como introito a esta nota, cito La vida ejemplar de Constantina (2). Constantina, una mujer de origen campesino, muy ambiciosa, empieza una carrera de ascenso en la administración pública que la llevará desde un modesto cargo en la alcaldía de Carrizal del Viento, su pueblo, hasta el Tribunal Supremo de Justicia en Santa Cruz de los Cerros, capital del país. Logra ese ascenso gracias a su inteligencia, a sus encantos personales, a su disposición sexual con los poderosos y a su falta de escrúpulos para corromper y corromperse. En su trayectoria pública y privada, Constantina mostrará que vive en un país proclive a la corrupción en todas las instancias del poder y del Estado, incluida la presidencia y el propio presidente de la república. Una de las escenas de La vida ejemplar de Constantina, es el desempate por la curul número nueve del cabildo de Carrizal del Viento, entre el partido de la seguridad y el orden, pso, y el partido de las libertades públicas, plp, al que pertenecía el tío de Constantina, alfarero de profesión, y suplente de la mujer del panadero del municipio.


«Terminado el reconteo de votos de la mesa siete, sin que se hubiera detectado ningún voto de trashumancia electoral, se pasó a la mesa ocho con los mismos resultados de transparencia. No sucedió lo mismo con la mesa nueve, porque en la dinámica electoral, así sea en las comunidades locales más pequeñas, es imposible controlar hasta el último desliz. Efectivamente, la esposa del panadero había convencido a dos antiguas compañeras de colegio que vivían en la capital de otra región, para que vinieran a darle su voto, previa la inscripción de su documento de identidad, y aunque no eran tan jóvenes como Constantina, les correspondió sufragar en la mesa nueve, destinada a las generaciones de relevo. Esos fueron los únicos dos votos que correspondían a trashumancia electoral en las tres mesas que habían sido impugnadas. Sin embargo, ninguna de las autoridades, ni los testigos pudieron descifrar ese secreto, pues la esposa del panadero había obrado de la manera más subrepticia.


«Terminada la diligencia, firmada el acta, no faltaba sino la resolución de la directora municipal de asuntos electorales que decidiera el desempate y ordenara la expedición de la credencial de cabildantes a la mujer del panadero, como principal, y al alfarero como suplente, en representación del plp. La funcionaria electoral agradeció a todo el personal de la diligencia la colaboración prestada y anunció que en acto público a las dos de la tarde de ese mismo día, tendría el fallo, y como era un asunto público, podían asistir, además de los cuatro interesados, todas las personas que quisieran. La decisión, con todo rigor, se cumplió a la hora anunciada.


«Con múltiples acuerdos a sus espaldas, el alfarero podría abrirle el camino a Constantina, para que ella diera el primer paso en una exitosa carrera como empleada pública, pero tendría que vencer muchos otros escollos. En la fecha de instalación del cabildo municipal, la mujer del panadero tomó posesión del cargo, y de inmediato solicitó una licencia para que entrara el alfarero en la forma convenida. La primera actuación del cabildante alfarero fue presentarle al alcalde la solicitud de un cargo, aclarándole que se trataba de una sobrina. Hace bien, dijo el alcalde, en hablarme con sinceridad, aunque no hay ninguna vacante, miraremos qué se puede hacer, pero en todo caso no podrá estar adscrita al personal auxiliar del cabildo, sino a mi despacho, porque no pueden trabajar tío y sobrina en la misma corporación, ya que estaríamos en presencia de un descarado caso de nepotismo municipal. Pero, antes de seguir adelante en esta conversación, ¿qué estudios tiene Constantina, su sobrina? Si usted no lo sabe, le aclaro que se necesita haber cursado y aprobado, al menos hasta tercer año de estudios secundarios, concluyó el alcalde.


«Esa exigencia académica, que era un principio de buena administración pública, se convertía en un choque emocional para Constantina, en una crisis, en la ira violenta, tal como lo había demostrado en el momento en que se produjo el empate por la novena curul del cabildo municipal entre los partidos plp y pso, en que había estado en juego su tío. Ella nunca admitía como algo natural. Por el contrario, consideraba que las normas legales habían sido escritas en contra de ella. Siempre se hacía las mismas preguntas: ¿Por qué me sucede esto precisamente a mí?, ¿por qué me persiguen?, ¿por qué me atropellan?, ¿por qué se confabulan todos contra mí? Y esa terquedad y esos estados emocionales borrascosos ya se los había insuflado a su tío el alfarero, así que ya no era una sino dos personas que se trenzaban en una lucha por lograr a toda costa lo que querían, así fuese contra la ley o contra el sentido común.


«¿Qué había que hacer?, se preguntaban tío y sobrina. Proveerse de un certificado en que se hiciera constar que Constantina había cursado y aprobado tercer año de estudios secundarios, era la solución. ¿Quién nos puede conseguir ese certificado?, era la segunda pregunta. El presidente del directorio regional del plp, fue la respuesta de Constantina. Todo salió como ella lo había imaginado: el certificado fue expedido por el colegio oficial de la capital de la región.


«A primera hora del miércoles de esa misma semana, el alfarero estaba en la oficina del alcalde con la partida de nacimiento de Constantina, su hoja de vida, fotocopia del documento de identidad y el certificado de estudios. El alcalde los recibió, los revisó y le dijo al cabildante lo importante que era mantenerse muy integrado a la coalición del gobierno municipal, advirtiéndole que en el momento en que quebrantara ese principio, concluía la vinculación laboral de Constantina, pues así como era de libre para hacer su nombramiento, lo sería para realizar su remoción. Cumplida esa ritualidad, se produjo el nombramiento de Constantina, y su posesión coincidió con la presentación del proyecto de presupuesto municipal por el alcalde al cabildo, en cuyo proceso de asignación de recursos, ella jugaría su primer gran papel» (3).


Algo de historia legislativa


En Colombia, buena parte de las guerras civiles del siglo xix, incluyendo la de los Mil Días, así como las controversias políticas del siglo xx tuvieron como causas el corrupto régimen electoral: censos poblacionales amañados, falsificación de cédulas, votación de los muertos, injusto constreñimiento a los liberales para que se voltearan y eligieran a los conservadores, manipulación de escrutinios, falta de recursos tecnológicos, en fin. Por esas causas, fueron tantas las normas que sobre el proceso electoral se expidieron, que bien podría decirse que la historia del control judicial de la administración pública durante el silo xx es la historia de los sistemas y de los procesos electorales.


En 1916 se expidió la ley 85, que era un verdadero código electoral. Muchos eran los temas que abordaba, pero, en cuanto tenía que ver con las atribuciones de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, la ley establecía los Consejos Electorales y el Gran Consejo Electoral, cuyas actas eran anulables.


De acuerdo con lo prescrito por esta ley, era función de los Consejos Electorales hacer el escrutinio parcial de los votos emitidos para presidente de la república en todos los municipios de la circunscripción electoral, tomando como base las actas o los registros válidos de acuerdo con los escrutinios parciales verificados por los jurados electorales. Y correspondía al Gran Consejo Electoral hacer el escrutinio general de los votos emitidos en las circunscripciones electorales, tomando como base las actas o los registros válidos de acuerdo con los escrutinios parciales verificados por los Consejos Electorales, así como declarar y comunicar la elección respectiva.
La declaratoria de nulidad del escrutinio o de la elección de senadores o representantes hecha por las corporaciones electorales era revisable, conforme a las causales establecidas en la propia ley 85 de 1916, por el tribunal de lo contencioso-administrativo, con apelación ante el Consejo de Estado en pleno, a petición del agente del ministerio público o de los particulares (4).


Mediante sentencia del 18 de enero de 1921 el Consejo de Estado reforma un fallo del Tribunal Administrativo Seccional de Cartagena, a propósito de la elección de concejales del municipio de Chimá, departamento de Bolívar. En su providencia el Consejo de Estado le llama la atención al tribunal por haber hecho declaraciones para las cuales no tenía competencia: “Porque a los tribunales seccionales de lo contencioso-administrativo y al Consejo de Estado en esta clase de juicios, solo les corresponde resolver si es nulo o no el acto acusado, pero sin entrar en declaraciones como lo hizo el tribunal a quo (5).


La ley 85 de 1916 fue reformada por la ley 70 de 1917 en todo lo relacionado con los procesos electorales, cuya competencia correspondía a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. También prescribía que de las demandas sobre nulidad, tanto de las elecciones como de los escrutinios y registros verificados por los jurados de votación y los jurados electorales en la elección de presidente de la república, conocerían los mismos funcionarios que conocían de las demandas de la misma naturaleza en la elección para representantes a la Cámara, siguiendo los mismos trámites (6).


En 1920 se expidió la ley 96, que también era reformatoria de la ley 85 de 1916. Esta norma, en primer lugar, se refería a los procesos administrativos que se tramitaran ante las autoridades electorales: pruebas sobre censos de población con capacidad de votar, fijación de jurados de votación, exclusión de personas de las listas de candidatos por no reunir los requisitos constitucionales y legales, reclamaciones durante el proceso de escrutinio, causales de nulidad de los registros electorales y la obligación que tenían todas las corporaciones electorales de expedir hasta cinco copias de las actas de escrutinios que realizaran a los ciudadanos que así lo hubieran solicitado. Estas copias se admitían como pruebas en los juicios de nulidad que se instauraran. En segundo lugar, la ley se refería a los procesos electorales ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Las demandas podían presentarse ante un juez ordinario, autoridad que inmediatamente debía remitirlas al respectivo tribunal seccional (7).


La ley 25 de 1928 también sumó más reglamentación, pues determinó que de los juicios de nulidad a que se refería la ley 85 de 1916 tendría conocimiento el superior, bien por apelación o por consulta, en virtud de expresa disposición legal. Los juicios de nulidad en la elección de diputados a las asambleas departamentales tendrían segunda instancia, por apelación o por consulta, ante la sala plena del Consejo de Estado (8).
Como eran tantas las irregularidades del corrupto sistema electoral, durante los decenios veinte y treinta del siglo xx, los procesos electorales fueron aumentando de manera tan acelerada que el legislador se vio obligado a crear en el Consejo de Estado una sala dedicada exclusivamente a tramitar esos asuntos. Lo hizo mediante la ley 7ª de 1932, la cual contenía dos temas: la estructura del régimen electoral y la creación de la nueva unidad especializada.


En el transcurso del debate del proyecto, que luego se convertiría en la ley 7ª, la comisión de la Cámara de Representantes, para sustentar su contenido, dijo que la propuesta de creación de la Sala de Asuntos Electorales en el Consejo de Estado y todo aquello que el mismo proyecto contemplaba para los tribunales seccionales de lo contencioso-administrativo no era sino el complemento de las normas anteriores. Aclaró la comisión que, después del largo estudio y de discusiones prolongadas y amistosas, se había llegado a decantar las diferencias que en principio existían entre sus miembros: “De ningún modo buscamos –decía el informe– la ventaja sino la buena fe; no quisimos el predominio partidista sino el imperio de la equidad, sin el cual las admoniciones patrióticas son propósitos inútiles”.


En la parte final, el informe pretendía dejar atrás las huellas de los conflictos partidistas por causas electorales: “Como pensamos que sobre las formas adoptadas para estas materias no haya dificultad alguna, nos limitamos a consignar aquí el móvil a que obedecieron y el significado de pacificación que ella representa”. La conclusión del informe, no era más que el testimonio vivo de sus autores, que no desconocían el contexto social y político donde actuaban (9).


De esta ley 7ª, en lo que respecta al régimen electoral, llaman la atención dos cosas: las reglas para elegir los miembros de las corporaciones públicas y la estructura del organismo administrativo que debía desempeñar la función. En relación con la estructura del régimen electoral, la ley decía: “Para el desempeño de las funciones oficiales del ramo electoral, se crean las siguientes corporaciones”. Y a continuación establecía, en la capital de la república, el Gran Consejo Electoral, en la capital de cada departamento, un Consejo Electoral; en cada municipio, un Jurado Electoral y en cada localidad municipal, un jurado de votación. Sobre el segundo tema decía que la Sala de Negocios electorales del Consejo de Estado estaría formada por cuatro magistrados, elegidos por la misma corporación, dos por cada partido, sugeridos por la respectiva agrupación política (10).


Paramilitarismo y corrupción política


A partir del 7 de agosto de 1946, todos los vicios del régimen electoral colombiano se envilecieron con la creación de las bandas paramilitares. En efecto, poco tiempo después de posesionado el nuevo gobierno se crearon las primeras agrupaciones paramilitares, que recibieron el nombre de pájaros y chulavitas: fue esta la primera versión paramilitar. Tres lustros más tarde, en 1961, Álvaro Gómez Hurtado, en varios debates en el Senado contra la Reforma Agraria, instigó la creación de la segunda versión paramilitar, al señalar que los colectivos de producción campesina eran “repúblicas independientes”. Esta segunda fase paramilitar contó con el apoyo y la asesoría militar de Estados Unidos, en cabeza del general William Yarborough, quien estuvo durante dos semanas en cuatro de las ocho brigadas del ejército explicando los procedimientos para crear cuerpos mixtos de población civil y unidades militares. Dos años después vino a operación Marquetalia. La tercera versión paramilitar ocurrió veinte años después de la segunda. Su fecha inaugural fue un 3 de diciembre de 1981, y los socios de esa empresa criminal fueron las mafias del narcotráfico, los caballistas, los ganaderos, los políticos y los organismos del Estado. En esa fecha, una avioneta sobrevoló Cali y lanzó miles de panfletos que anunciaban que con una tropa de dos mil trescientas cuarenta y cinco unidades se conformaba el ejército denominado Muerte a Secuestradores (Mas).


La tercera versión paramilitar dio origen a la parapolítica. Más de cien legisladores y cuatrocientos treinta alcaldes y gobernadores, fueron juzgados, por apoyar o hacer parte de esas bandas criminales. Más de veinte ministros, altos funcionarios y generales del gobierno de Álvaro Uribe Vélez fueron condenados. La parapolítica fue la culminación de la crisis de los dos partidos políticos históricos –el liberal y el conservador–, iniciada con la creación del Frente Nacional (1958-1974), pues las controversias de los años cuarenta y cincuenta, permitía que el partido de oposición hiciera control político al que gobernaba. Pactada esa coalición –que el pueblo llama “maguala” (11) –, al desaparecer las rivalidades políticas, los partidos perdieron identidad y dejaron de hacer control a los gobiernos de ese período de dieciséis años.


En consecuencia, la corrupción política tenía el camino despejado, y era aceptada por un segmento de la población, a tal punto que Julio Cesar Turbay Ayala, siendo candidato a la presidencia de la República (1978-1982), propuso como tema central de su programa de gobierno –como un asunto normal–, “reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Insuflado el fenómeno dentro de los organismos del Estado, se extendió por todo el país, bajo la influencia del narcotráfico y del paramilitarismo, a cuyos pies se postraron las débiles colectividades políticas. En efecto, los partidos, agotados en su identidad programática y estructural, salieron en procura de las organizaciones paramilitares, para que estas les dieran el dinero y la protección militar para las campañas electorales. Así, se consolidó la parapolítica durante la última década del silo xx. Y, entre 2002-2010 se institucionalizó, echó raíces profundas, y hoy es el poder real en muchos departamentos y municipios.


Mi propia experiencia contra la corrupción


No sustento esta nota en la simple especulación, sino en mi propia experiencia. Es tan azaroso el régimen electoral, que en uno de esos ejercicio que a manera de testimonio he realizado a lo largo de mi vida, en una ocasión me gané la curul al concejo de Ubaté en un carisellazo. No recurro a una figura literaria, sino de la realidad. Peleando voto a voto en las calles y en las veredas, empaté con una señora de la aristocracia de ese municipio, porque en los pueblos también hay aristocracia. A la señora le di la ventaja de que pidiera: pidió sello y perdió. Años más tarde, en condición de candidato a la Asamblea de Cundinamarca gané mi curul de diputado el día de las elecciones. Estaba muy feliz el domingo en la noche, pero tres días después la había perdido. Sin embargo, me instalé en la Registraduría durante las dos semanas siguientes y la recuperé.


El mensaje socrático de Camilo Torres, es irrefutable: “Cuando vamos a la base de nuestro pueblo es mucho más para aprender que para enseñar”. Todas las elecciones en las que participé como candidato, antes de 2015, fueron un posgrado de ciencia política aplicada. La campaña a la gobernación de Cundinamarca en las elecciones de 2015, fue un curso doctoral. Siendo un ejercicio departamental, tuve una visión fresca y real de los problemas de Colombia. Además de lo mucho que me enseñaron los simpatizantes, la redacción del programa, los debates en televisión, los problemas de cada provincia y municipio, su relación con el Plan Nacional de Desarrollo, los recursos naturales, las regalías y los páramos me impusieron la obligación de estudiar y de volver a revisar temas que ya había dejado de lado.


A pesar de lo mucho que había investigado, estudiado y escrito con sumo cuidado sobre la corrupción, antes de las elecciones territoriales de 2015, aquello había sido un juego de niños (12). Corrupción a lo grande fue la que trajo el neoliberalismo, corruptor por excelencia, porque al potenciar el vaciamiento de lo público, estimula su robo en todas las instancias, con los métodos que encuentre a su paso. Durante los últimos años, la corrupción se salió de madre y todo lo contaminó. La privatización de los servicios públicos y la locomotora extractiva le ha generado al Estado una voluminosa liquidez. Como consecuencia del crecimiento de las cifras, la burocracia oficial “se enloqueció al ver tanta plata junta” (13), y se le abrió el apetito de robar. Mucho alcaldes de La Sabana de Bogotá están investigados porque siguieron el ejemplo del de Mosquera: cambiar el uso del suelo para enriquecer a los hijos de Álvaro Uribe Vélez.


De las enseñanzas de la campaña de 2015, en materia de corrupción, puedo sacar varias conclusiones. Solo quien tenga dinero y medios gana. Hoy la política, la plata y los medios hacen de la democracia un aviso: un aviso tras el cual se esconde la tiranía del dinero y de las comunicaciones. El aparato electoral es inepto, obsoleto y corrupto en su principal expresión: las elecciones. El régimen electoral colombiano ha degradado y empequeñecido tanto al ciudadano del común, que lo ha convertido en un pordiosero, que espera como una bendición que llegue el día de las elecciones para encontrar algo tangible y concreto: desde un tamal, una lata de zinc, un bulto de cemento, hasta una suma de dinero por su voto. Pero están también los medianos y grandes empresarios de los votos, que no se benefician de pequeñas prebendas sino de gruesas sumas de dinero. En Colombia, salvo contadas excepciones, solo votan las personas que de algún modo reciben favores personales del Estado: la burocracia, los contratistas y los ciudadanos que venden su voto a esas burocracias y contratistas. Semana sintetizó muy bien esa realidad, en dos líneas: “Esas victorias se basaron en uno que otro aval cuestionable y algunas transacciones poco éticas. Pero en el mundo de la política las cosas funcionan así” (14).


La versión electoral de 2019


En el punto 2 del Acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón, las partes pactaron una “apertura democrática para construir la paz”, y dentro de este marco, una “reforma del régimen de la organización electoral”, y otro conjunto de mecanismos que garantizaran una verdadera democracia (15). Sin embargo, los Acuerdos se convirtieron en letra muerta, porque el gobierno Duque ha torpedeado todo lo que tenga que ver con el proceso de paz, suscrito por Juan Manuel Santos. Por lo tanto, las elecciones a realizarse el 27 de octubre será un ejercicio antidemocrático, en medio de los vicios y la corrupción de más de un siglo. ¡Cómo se atreven a hacer esos señalamientos, dirán las voces oficiales, si la izquierda obtuvo más de ocho millones de votos en las elecciones presidenciales de 2018, y gobernó durante tres períodos la capital del país!


A pesar del régimen electoral corrupto, no obstante el sartal de mentiras y las toneladas de dinero que se mueve en la compra de votos, y por encima de los contratos pactados durante el proceso electoral, los sectores alternativos han tenido un gran respaldo en Bogotá y en otras ciudades y regiones del país. Pero este respaldo no obedece a la transparencia del régimen electoral, sino a la lucha obstinada de la izquierda contra esos vicios inocultables. Dar una mirada panorámica a los hechos de corrupción que se mueven en estos meses de campaña, exigiría muchas páginas. Cito tan solo dos ejemplos: la Procuraduría ha identificado 694 candidatos que estaban inhabilitados, pero los partidos les dieron el aval y la Registraduría les aceptó la inscripción. Muchos partidos y movimientos, que se reclaman alternativos y guiados por principios éticos, han hecho coaliciones con agrupaciones políticas cuestionadas. Pese al horizonte nublado, “así como el año pasado se vio una participación electoral esperanzadora, lo mismo debería repetirse” (16), el próximo domingo 27 de octubre.

 

1. Saramago, José, Ensayo sobre la lucidez, Bogotá, Alfaguara, 2004, pp. 45-51. (Cualquier parecido con la realidad de Colombia, octubre de 2019, es pura coincidencia).
2. Novela de la cual soy autor.
3. Ballén, Rafael, La vida ejemplar de Constantina. Bogotá, Aurora, 2017, pp. 271-275.
4. Congreso de la República, “Ley 85 de 1916”, en Leyes de Colombia, Bogotá, 1916, pp. 191-262.
5. Consejo de Estado de Colombia, “Sentencia por la cual se reforma una dictada por el Tribunal Seccional de lo Contencioso-Administrativo de Cartagena, sobre elecciones para Concejeros Municipales”, en Anales del Consejo de Estado, Bogotá, 1921, t. 11, pp. 136-151.
6. Congreso de la República de Colombia, “Ley 70 de 1917”, en Leyes de Colombia, Bogotá, 1917, pp. 134-137.
7. Congreso de la República de Colombia, “Ley 96 de 1920”, en Leyes de Colombia, Bogotá, 1920, pp. 149- 155.
8. Congreso de la República de Colombia, “Ley 25 de 1928”, en Leyes de Colombia, Bogotá, 1928, pp. 112-119.
9. Gómez Naranjo, Pedro A. El Consejo de Estado. Estudio sobre su organización en Colombia, Bogotá, Imprenta Nacional, 1934, pp. 80-81.
10. Congreso de la República de Colombia, “Ley 7ª. de 1931”, en Leyes de Colombia, Bogotá, 1932, pp. 12-16.
11. Palabra aceptada por el Diccionario de colombianismos.
12. Ballén, Rafael, Corrupción. Los otros bandidos, Bogotá, Ibáñez, 2ª. ed., 2003.
13. Caballero A., Carlos, “De la corrupción mundial… y la nacional”, en El Tiempo, Bogotá, sábado 16 de abril de 2016, p.25.
14. “Germán es el man”, en Semana, Bogotá. Número 1748, 1-6 de noviembre de 2015, p. 26.
15. Acuerdo Final, Gobierno de Colombia-Farc-Ep. Bogotá, Ediciones desde abajo, 2016, pp. 61-94.
16. “¿Qué tan madura está nuestra democracia?”, El Espectador, Bogotá, domingo 24 de julio de 2019.

 

*Profesor investigador y escritor. Ph.D en derecho público por la Universidad de Zaragoza. Autor —en no ficción— de más de dos docenas de libros y numerosos artículos científicos y de divulgación sobre ciencia política, sociología jurídica y filosofía. En ficción autor de las novelas Cenizas, La vida ejemplar de Constantina y de una trilogía sobre el conflicto armado colombiano, en proceso de publicación. Exmagistrado, Exprocurador Delegado para Fuerzas Militares e investigador de la fuga de Pablo Escobar de La Catedral.

Carlos Lema, “Antígona”, fotografía, 2006 (Cortesía Teatro la Candelaria)

La inmensa mayoría de los estudios y análisis sobre corrupción se concentran en tres aspectos: administrativos, de ética pública, y jurídicos. Ocasionalmente existen también juicios y reflexiones de tipo político. Sin la menor duda, ninguna de estas aristas es baladí. Sin embargo, lo que ninguna de ellas pone de manifiesto es que la corrupción –pública o privada, o mixta– constituye una flagrante violación a los derechos humanos.

 

Sin la menor duda, el narcotráfico –y por consiguiente, las mafias–, constituyen uno de los resultados y de los productos más acabados del capitalismo. Las mafias, por ejemplo, de narcotráfico, no son anomalías del sistema de libre mercado, sino una consecuencia, o una expresión del sistema de libre mercado. Y por tanto, del liberalismo. En consecuencia, es falsa la idea de que las mafias constituyen una enfermedad dentro de la sociedad capitalista; es una de sus consecuencias.


Pues bien, lo mismo puede y debe decirse, sin ambages, del sistema corrupción: la corrupción pertenece a la esencia misma del capitalismo y constituye uno de sus productos más acabados. Se trata, simple y llanamente, del desprecio del trabajo, y la sobrevaloración del capital; punto. Sólo que la corrupción, que responde exactamente a la lógica eficientista y eficaz de la mentalidad capitalista –por tanto, a crecimiento económico, ampliación de mercados y ganancia–, consiste en el atajo y el camino más breve, además de la búsqueda segura de réditos, al precio que sea.


El lenguaje jurídico al respecto, que habla por ejemplo de cohecho, dolo, concierto para delinquir y otras expresiones semejantes sencillamente oculta el hecho, lógicamente más elemental, de que la corrupción se caracteriza por dos rasgos determinantes: 1) es un sistema; 2) es una red. Ambos rasgos conforman una férrea e indisoluble unidad.


Las redes, particularmente las redes complejas, se caracterizan por que lo importante no son los nodos, sino los nexos entre los nodos. El derecho positivo, por el contrario, sólo sabe de los nodos; y por ello su capacidad de acción sobre las redes de impunidad es lenta y muchas veces inútil. Nodo es aquí la responsabilidad individual. En otras palabras, los nodos son las personas comprometidas en acciones y en procesos de corrupción; quien compra la conciencia, o el silencio de otro; quien ofrece la coima y quien la acepta, y demás. Los nexos, por el contrario, son mecanismos como el poder y el amedrentamiento, el dinero mismo, las prebendas monetarias y no monetarias que siempre acompañan a la corrupción, en fin, los poderes detrás de quien compra y vende. Pero ante todo, y muy determinantemente, la información que acompaña, que gatilla y que por lo demás sigue a la corrupción. Debería ser posible que el derecho positivo aprendiera de responsabilidades colectivas y no únicamente individuales. Por esta razón los tiempos para investigar e inculpar a los responsables de actos de corrupción parecen muy lentos. Por el contrario, identificar clanes, grupos familiares, empresas y demás es bastante más elemental. El derecho positivo debe poder aprender de las redes complejas y fortalecer su aparato lógico y procedimental.


Con la corrupción, el elemento clave es saber quién tiene qué debilidades, cuál es o puede ser su precio, cuáles son sus entornos sociales y familiares, cómo son los tiempos de las tomas de decisión, y cuáles son las redes de decisión y de acción determinantes sobre las que hay que actuar.


Corrupción y dinámicas de información


Existe una percepción en una buena parte de la sociedad de que los sistemas de corrupción se han extendido y han crecido ampliamente en los últimos lustros y que, entonces, sería una consecuencia creciente de defectos del neoliberalismo; hay quienes incluso llaman a una “ética de le empresa” o una “ética pública” pensando en los fundamentos originarios del pensamiento económico en sus orígenes en el siglo XVII, por ejemplo. Estos llamados están equivocados debido a una enorme miopía.


En una perspectiva histórica, manifiestamente existe una muy amplia percepción de la corrupción, pero ello se debe por lo menos a dos factores principales: de un lado, la caída del muro de Berlín, el fracaso del sistema llamado del “socialismo real” y la crisis del marxismo como fue vivida hasta 1989. De otra parte, al mismo tiempo, se debe al hecho de que entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI emergen enormes bases de datos, internet se vuelve una realidad cultural accesible para todos, emergen la web 2.0 y 3.0 y por consiguiente las redes sociales democratizan la información. Literalmente, el mundo se vuelve inmensamente más transparente (sin que esto signifique que las cosas son perfectas; en absoluto). Es lo que sociológicamente ha llegado a conocerse como la emergencia de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y la sociedad de redes.
Y entonces, claro, hay más luz cobre los corruptos y los sistemas de corrupción; tanto como sobre la impunidad y los sistemas de des-información (periodistas afines a las redes y sistemas de corrupción; fake news, y otros aspectos semejantes).


Es evidente que al desplazarse el foco de la demonización de los socialistas y comunistas se ventilan mucho mejor los problemas de corrupción al interior del propio sistema capitalista. El peligro y las amenazas ya no son externas, sino propias de la lógica del capital.


Pero es que además y fundamentalmente, gana claridad que la corrupción en el mundo de hoy es tanto el resultado de una profunda asimetría de información, como la causa de asimetrías de información profundas en el seno del Estado, del sector privado, y con respecto a la sociedad civil. En efecto, los sistemas de corrupción se caracterizan por que el agente de la misma, que generalmente representa a una empresa, a una familia, a una corporación, a un poder determinado (militar, económico o político, generalmente), ha tenido la capacidad de informarse acerca de procesos, tiempos, determinadores, precios y lugares. Sin descartar, en absoluto, que la corrupción también opera simple y llanamente porque se da la oportunidad; y es lo que en la mentalidad del capitalismo se denomina “costo-oportunidad”.


Pues bien, la era de la información ha permitido que sea posible detectar, acusar y denunciar actos de corrupción y, más significativamente, procesos de corrupción. La información es directamente proporcional a la democracia de un país o de una sociedad, de manera que a mayor información disponible y circulante cabe decir que existe una mayor democracia. La corrupción se extiende gracias a las sombras, las oscuridades, los entresijos y los espacios de reserva existentes o creados.


En otras palabras, cuanto menores sean las capacidades de información y de conocimiento en una sociedad, tanta mayor será la corrupción; y por el contrario, a mayor potenciación de procesos de información, menor será la corrupción, y más probablemente serán castigados sus actores.


En este sentido, uno de los factores más determinantes de la sociedad de la información y del conocimiento son las tecnologías convergentes; y más exactamente, la dimensión más sensible de ellas de cara a la forma de democracia que existe en un país o una sociedad. Las tecnologías convergentes son las NBIC+S; esto es, la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información, las tecnologías del conocimiento. Pero la más importante en este contexto es la S: la dimensión social de las tecnologías, lo cual apunta, de un lado a la existencia de un periodismo crítico, independiente e investigativo; y de otra parte, a las fuerzas sociales de una sociedad y su capacidad de actuar en las redes sociales.


La dimensión social de las tecnologías –la “S” en las tecnologías convergentes: NBIC+S–, constituye un fortalecimiento de la capacidad de acción por parte de la sociedad civil en condiciones en las que la información pretende ser eliminada, cooptada o editada. La “S” pone de manifiesta la reserva democrática de una sociedad, en toda la línea de la palabra: medios alternativos e independientes de información, periodismo crítico y de investigación, fuentes calificadas de información y conocimiento (como, por ejemplo, algunas organizaciones civiles y sociales y parte del sector académico), redes de apoyo, de denuncia, de acción colectiva.


Corrupción y violación a los derechos humanos


Pues bien, la corrupción existe en tres planos, perfectamente entrelazados: en el sector privado, en el Estado y los organismos de gobierno, y la corrupción en el cruce e interacción entre sector privado y sector público.
Digámoslo sin ambages: el Estado es la principal fuente de violación de los derechos humanos, por acción o por omisión. Al fin y al cabo el Estado es, debe ser, el garante de la vida y de todo aquello que la garantice, exalte, posibilite y dignifique; a la vida humana, pero en general también a la propia naturaleza. No en vano, hemos llegado a hablar, con suficientes razones de seis generaciones de derechos humanos. Veamos.


Existen los derechos humanos de primera generación, que son los derechos políticos, en toda la acepción de la palabra. Los derechos humanos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. La importancia del conocimiento, la tercera revolución industrial y en general las revoluciones tecnológicas definen a los derechos humanos de tercera generación. De manera puntual, se trata del derecho a un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado. El derecho al desarrollo y el derecho a la paz forman parte, asimismo, de esta tercera generación de derechos humanos. Por su parte, los de cuarta generación tienen que ver con la sociedad digital, la libertad de expresión en internet, y el libre acceso a la información y al conocimiento. En este sentido, el pluralismo de medios de comunicación y el rechazo a la concentración de los medios y por tanto de la información y la comunicación forman parte de esta cuarta generación. Los derechos humanos de quinta generación ya no son estrictamente antropológicos, sino, se extienden a los robots, el software inteligente y la vida inteligente. Finalmente, los derechos humanos de sexta generación cubren o cubrirán a otras formas de vida de tipo híbrido, trans-humanos, con identidad genético-cognitiva-informacional.


Pero siempre, en la base, se halla, absolutamente incuestionable, el derecho a la vida –en la acepción más amplia pero fuerte de la palabra.


Como se aprecia sin dificultades, los derechos humanos no hacen referencia inmediata o directamente al sufrimiento, la violencia, las muertes y masacres y demás formas de violencia tanto física como simbólica. Negar lo contrario sería ética y políticamente peligroso.


Pero es que, además y fundamentalmente, los derechos humanos se ocupan de las condiciones y garantías de la vida en toda la acepción de la palabra, de su exaltación, su posibilitamiento, y siempre una vida con calidad y dignidad. Reducirlos a condiciones de oprobio significa, en rigor, victimizarlos. Y entonces, políticamente, sería tanto como decir que los derechos humanos existen tan sólo en los países subdesarrollados, en medio de economías precarias, y con regímenes policiales y militares abiertamente violentos. O bien, que se necesita sangre y dolor para hablar de derechos humanos.


Pues bien, la corrupción, aquí y en cualquier parte del mundo es una violación de los derechos humanos puesto que afecta procesos de información y transparencia, afecta dineros públicos y privados que deberían redundar en desarrollo social, en fin, desvían recursos y energías para intereses privados en los que el interés privado impera sobre el bien público y general.


Lucha contra la corrupción como lucha por una nueva y mejor democracia


Estudiar y denunciar los regímenes corruptos y los actos de corrupción exige una dúplice línea de reflexión y de acción.


En el plano económico, se trata de poner directamente el dedo en la función de producción. Si no se señala y se acusa esta función, se ataca los síntomas pero no la enfermedad. Como la gripa o los resfriados: hoy podrá curarse la tos o los escalofríos, pero mañana o pasado mañana una gripa mal tratada puede desembocar en enfermedades neumológicas severas que pueden terminar por matar al paciente. La corrupción es una forma como el capitalismo desprecia el bien común y general y destaca, por vías acomodaticias, el interés privado.


De otro lado, en el plano de los derechos humanos, el estudio, investigación, denuncia, persecución y condena de la corrupción no es posible sin atender, por ejemplo, al cuidado de los derechos humanos de primera y de tercera generación. El trabajo, así, se torna más fino pero también más contundente. Los corruptos son engendros de los intereses egoístas que buscan beneficio propio, y que sacrifican el futuro por el presente inmediato; esto es, la ganancia económica sobre el bienestar de la sociedad.


Recabemos en esto: la mentalidad de la corrupción es, a todas luces, de tipo mafioso pues lo que impera en ella es la idea, los principios o las prácticas de lealtad, fidelidad, muerte a la delación, secretismo, y otros rasgos parecidos. En fin, la corrupción es una forma de mafia, muchas veces corporativa –en el sector público o privado.

Martes, 17 Septiembre 2019 08:37

De la corrupción y otros males

Carlos Lema, “Antígona”, fotografía, 2006 (Cortesía Teatro la Candelaria)

La corrupción alcanza cada día mayor alcance, permea gobiernos, bancos y empresas privadas o mixtas de todo tipo. El cohecho es internacional. Los sobornos equivalen al cinco por ciento del valor anual de la economía global. Estudios basados en el análisis de 447 casos internacionales llegados a sentencia muestran que el 30 por ciento del valor de los proyectos tiene destinación específica: sobornar funcionarios públicos en el mundo entero. El presente artículo analiza la corrupción en Colombia y establece sus relaciones con otras problemáticas socioeconómicas.

 

 

Sorprendente, por partida doble, así fueron los resultados del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc a finales del 2016 y los de la consulta anticorrupción en agosto de 2018. Nadie medianamente razonable creería que la sociedad votara a favor de proseguir la crónica destrucción generada por el conflicto armado interno y, a la vez, expresara su indiferencia ante la corrupción que corroe a las instituciones públicas y privadas.


En los dos eventos de consulta social, solo ejerció el derecho ciudadano uno de cada tres votantes potenciales. En el plebiscito triunfó el No (expreso rechazo a los acuerdos para poner fin al conflicto armado Gobierno-insurgencia) y en la consulta anticorrupción no se alcanzó el umbral que la haría vinculante.


Colombia en el contexto de la corrupción global


De acuerdo con la definición dada por Naciones Unidas, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. Más allá de ello, en la práctica, la corrupción es un proceder común del poder, por ejemplo, de los bancos, las multinacionales y otras grandes y medianas empresas que en su afán por ampliar ventas, ganar contratos o buscar mayores rendimiento en sus operaciones dentro de un país dado (determinando el código tributario del mismo, por ejemplo), incorporan entre sus gastos un porcentaje destinado a coimas o sobornos.

En diferentes contextos, el ejercicio de la corruptela, permanente o no, perjudica a las instituciones republicanas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. La corrupción destruye las bases de las instituciones democrático-formales al desalentar la participación activa de amplios grupos sociales en la orientación, decisión y control de su destino, y al distorsionar los procesos electorales, socavando el imperio de la ley y deslegitimando la burocracia. Hoy la ciudadanía del mundo contempla con ojos escépticos el complejo de estatalismo, fiscalismo e intervencionismo y supone en él, cada vez más, el teatro absurdo de una gran institución de autoservicio, controlada por la cleptocracia y que es contraproductiva (1).

El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello ya que también está presente en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales, la aprobación de leyes orientadas a servir intereses privados o corporativos y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.

La percepción de corrupción en el sector público nacional está en aumento según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional. En la más reciente edición de este índice el país cae de 37 a 36 puntos sobre 100 y desciende del puesto 96 al 99 entre 180 países cubiertos por la medición. Colombia se encuentra muy lejos de países como Canadá, que tiene un puntaje de 83; Estados Unidos, de 76; y Chile, de 70. Cuando decimos que Colombia es uno de los países más corruptos en el contexto internacional estamos en lo cierto (2).


Con los resultados de 2018, el país cierra cuatro años de estancamiento en los que mantuvo un puntaje de 37 sobre 100, para caer ahora a una calificación de 36 puntos. “En un contexto en el cual la corrupción es el tema más preocupante para los colombianos, la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra la corrupción”, según Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional.

Índice de transparencia a nivel territorial

 

Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional, calcula el Índice de transparencia de las entidades públicas (Itep) con base en tres características vitales en la administración pública para controlar los riesgos de corrupción: i) visibilidad, ii) institucionalidad, iii) control y sanción. Los factores de Visibilidad y Control y Sanción tienen un peso de 30 por ciento cada uno sobre la calificación final del Índice, mientras que el factor de Institucionalidad cuenta con un peso de 40 por ciento. Para el desarrollo del cálculo del Índice, cada unidad de medición cuenta con una calificación específica que va de cero (0) a cien (100) siendo cien (100) la mayor calificación posible. Después de obtener cada una de las calificaciones estas se clasifican en los distintos niveles de riesgo: i) bajo, de 89,5 a 100; ii) moderado, de 74,5 a 89,4; iii) medio, de 60 a 74,4; iv) alto, de 44,5 a 59,9; v) muy alto, de 0 a 44,4.

En la medición departamental, Chocó, Guainía y La Guajira clasifican en el rango “Muy alto”. En el nivel “Alto” se ubican otros diez departamentos; en “Medio” clasifican 13, y en “Moderado” los siete restantes (Antioquia, Casanare, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Tolima). Ninguna de las entidades territoriales de Colombia clasifica en “Riesgo bajo”. El promedio simple para el país registra un valor de 61,7, en consecuencia clasifica globalmente en “Riesgo medio”. Bogotá D.C.regitra un valor de 68,7 por tanto también clasifica en el nivel de riesgo medio (Gráfico 1).

Otros males

Además de este riesgo medio de la inmoralidad generada por la corruptela, otros factores adicionales complican la vida cotidiana de los colombianos, generando sufrimiento innecesario: la desesperanza aprendida ante la política y los asuntos públicos, la desigualdad económica, la violencia fratricida y la pobreza multidimensional. El cuadro 1 nos deja ver el comportamiento estadístico de estas variables en el año 2018 a nivel de todos los departamentos del país. La estadística nos permite reunir, clasificar y recontar todos los hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos investigados.


La media del potencial electoral relativo permite estimar el peso de la población mayor de 18 años en cada entidad territorial, la cual tiene un valor de 70,3 por ciento; con un mínimo de 49,7 por ciento (Vaupés) y un máximo de 87,3 por ciento (Norte de Santander). La media de participación departamental en la consulta anticorrupción (mapa 1) fue de 26,8 por ciento, con un mínimo de 12,3 (La Guajira) y un máximo de 44,6 (Bogotá). El índice de transparencia (mapa 2), variable proxy de la medición de la corrupción, registra un valor medio de 61,7 por ciento, un mínimo de 30,2 (Chocó) y un máximo de 85,6 (Antioquia). El Pib por habitante, para el año 2018 (mapa 3), fue de 15,7 millones de pesos, con un mínimo de $6,2 millones (Vaupés) y un máximo de $42 millones (Casanare). El índice de pobreza multidimensional 2018 (mapa 4) tiene un valor medio de 28,2 por ciento, con un mínimo de 4,4 (Bogotá) y un máximo de 65 por ciento (Guainía). La tasa de homicidios (mapa 5) registra en 2018 un promedio de 24,3 por cada 100.000 habitantes, con un mínimo de 4,5 (Vaupés) y un máximo de 59,1 (Arauca).

En las sociedades capitalistas, el desarrollo es desigual. Pero dentro de la desigualdad persiste también la desigualdad. Al interior de Colombia se registra una situación similar a la que coexistieran diversos países. En las variables examinadas las diferencias territoriales son significativas. La desviación estándar (De) es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media; mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. La dispersión entre departamentos es más alta en lo relacionado con las variables corrupción (De=12,8), Pib por habitante (De=$8,6 millones), pobreza (De=15,1) y violencia homicida (De=13,1). Hay menor dispersión en las variables correspondientes al peso proporcional de los mayores de edad (De=8,9) y a la exigua participación ciudadana en la consulta anticorrupción (De=8,8).

Un conjunto de variables que es necesario cruzar buscando con ello información más precisa sobre cómo se manifiesta y cuál es el impacto de la corrupción en Colombia, así como su relación con los demás males que aquejan al país. (Ver recuadro Estadística y variables).

Corrupción y potencial electoral

El peso relativo de la población mayor de 18 años es poco explicativa (R²=0,24) del comportamiento de la corrupción (Gráfico 2). No obstante, la pendiente que relaciona estas dos variables socio demográficas es positiva, esto es, al aumentar el peso relativo de la población mayor de edad respecto a la población total del departamento tiende a elevarse ligeramente el índice de transparencia (esto es, menor nivel de corrupción).

 

 


Corrupción y participación


La lucha contra la corrupción requiere de un vínculo más directo, fiscalizador, comprometido y efectivo de la ciudadanía con los asuntos públicos o de interés social. La defensa de lo público es fundamental, pero además deben protegerse, luchando por su transformación en beneficio de las mayorías, y rompiendo su funcionamiento distante y ajeno de la ciudadanía y de sus intereses, dinamizando a partir de un funcionamiento cada vez más participativo y menos delegativo, las instituciones de representación colectiva (órganos de elección popular), así como las entidades de control y supervisión social (Contraloría, Defensoría, Procuraduría y Auditoria General) pues ellas son la base de la garantía del bienestar social y económico, del respeto de los derechos humanos, y del desarrollo sostenible. El grado de participación (en el caso de la consulta anticorrupción) explica en gran medida el nivel de la corrupción (R²=0,49); la relación es positiva: a mayor participación ciudadana mejora la transparencia de las instituciones y son menos proclives al cohecho o soborno (Gráfico 3).

Corrupción e ingreso por persona

Los niveles de corrupción en un país pueden percibirse por la desigualdad económica. Los actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos, en contubernio con agentes del sector privado, dentro de los órganos e instituciones del Estado socavan aún más no solo la democracia realmente existente, sino también los sistemas educativos, de salud y la misma economía de un país o región.

 

 


El análisis departamental de la transparencia institucional en función del Pib por habitante muestra una capacidad explicativa alta (R²=0,52); las unidades territoriales de altos ingresos por personas tienden a correlacionarse con instituciones más transparentes, virtuosas o menos corruptas (Gráfico 4). El dinero de la corrupción, al funcionar como renta individual, genera poca o nula riqueza social. La corrupción constituye uno de los mayores obstáculos al progreso de los departamentos en que está territorializado el país. El economista Schumpeter afirmaba que “el desarrollo produce siempre más desarrollo” y en medio de este círculo de éxito, se genera mayor transparencia y comportamiento ético de la ciudadanía y las instituciones.


Corrupción y pobreza


Existe una estrecha relación entre la corrupción (sobornos o cohecho) y la pobreza (en términos institucionales no individuales, valga decir): en los países o regiones más pobres la corrupción encuentra condiciones más expeditas para su materialización y es, por tanto, donde alcanza mayores índices. Su materialización debilita los sistemas de una sociedad: político, judicial, cultural, económico y social. En general, la corrupción ocasiona violaciones de derechos humanos. Aunque el problema afecta a todo el país, sin embargo, tiene un mayor impacto en la población que vive bajo condiciones de pobreza.
El Índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la protección de la niñez y el nivel de vida. También refleja, tanto la prevalencia de las carencias multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas carencias sufren las personas al mismo tiempo.


El IPM registra una significativa fuerza explicativa de la corrupción (R²=0,52). La relación o pendiente es negativa entre estas dos variables, esto es, a mayor nivel de pobreza menor es la transparencia de las instituciones y, por ende, mayor es la corrupción (Gráfico 5). En estos territorios, la clase política, lumpen y corrupta, campea a sus anchas. Puede deducirse por prolongación, que los banqueros, los gremios económicos, o los empresarios, comerciantes y negociantes de todo tipo encuentran en estas circunstancias y ambientes mayor espacio para concretar sus mezquinos intereses y codicia, valiéndose para ello de todo tipo de artimañas, negociados, cohechos, sobornos y favorecimientos.


Corrupción y violencia


Tiene Colombia el triste privilegio de registrar uno de los más altos índices de violencia del mundo. Asimismo, a juzgar por reputadas calificaciones internacionales, de ubicarse entre los países más corruptos del mundo. No obstante, en el análisis territorial, corrupción y violencia no van a menudo de la mano (Gráfico 6). La fuerza explicativa de los niveles de corrupción y transparencia institucional por parte de la pandemia homicida a lo largo y ancho del territorio nacional es débil (R²=0,03).


Si bien, violencia y corrupción conforman inequívocamente el marco general sobre el cual existe todo tipo de delitos, inmoralidad y criminalidad en Colombia, son fenómenos socio-políticos y culturales con causas y dinámicas diferentes. Los une, eso sí, una historia permeada por la maldad, la ilegalidad, el atropello, la impunidad, el miedo, la anomia y la indiferencia ciudadana.


Remedios contra la corrupción y otros males


Un simpático grafiti expresaba: “no es la política la que hace a un candidato convertirse en ladrón. Es tu voto el que hace a un ladrón convertirse en político”.


El análisis realizado permite concluir que el grado de transparencia, incorruptibilidad y moralidad de las instituciones es explicado, de una parte, por el grado de desarrollo social, económico y cultural alcanzado por la sociedad; y, de otra parte, por la conciencia ciudadana, su ética política, compromiso con el bien público y participación democrática. Al contrario, las instituciones políticas y económicas extractivas asociadas al control por parte de organizaciones políticas lumpen, criminales y mafiosas, adoptan fácilmente formas corruptas y extractivas atroz y descaradas en medio de la pobreza, la exclusión, la ignorancia, la manipulación y la intimidación de la población.


Un país funciona cuando se identifican grandes objetivos nacionales asumidos de forma responsable, comprometida, democrática y colectivamente. La lucha contra la corrupción y los otros males analizados, dada su arraigo y generalización, requiere un gran pacto, un compromiso ciudadano de tolerancia cero. A la base de este pactó se requiere fortalecer y/o recuperar todo lo público, abriendo su administración y control al conjunto social, elevando su eficiencia para que la gente perciba sus beneficios y ventajas, lo asuma y defienda como propio, lo que demanda un cuestionamiento a las formas capitalistas oligárquicas y su neoliberal manifestación actual.


De su mano, transformar el sistema educativo, remplazando la promoción del individualismo y el enriquecimiento monetario como única meta de la vida, sin importar los costos y los medios (la consigna postmodernista del “todo vale”), por una educación que empiece desde la familia (los cinco primeros años de vida son el período crítico para el aprendizaje ético de todo ser humano; los ejemplos y valores aprendidos en la temprana infancia perduran a lo largo de su existencia) y se consolide en las instituciones educativas, en todos los niveles, sembrando valores éticos que fortalezcan la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la participación, defensa y respeto por lo público, así como la participación en las instituciones de representación colectiva, bregando en todo instante porque lo individual sea lo menor y lo colectivo lo más (asambleas deliberativas y decisorias, consultas populares y similares) mejorando así el ambiente para potenciar la convivencia social. Todo enmarcado en políticas de buen gobierno y responsabilidad corporativa en el sector financiero, en empresas e instituciones públicas abiertas y de democracia directa y cada vez más radical.


En últimas, de lo que se trata es de construir una sociedad cada día más abierta, ética, crítica, comprometida e incluyente, donde las mayorías deciden su rumbo en todo instante, para lo cual es fundamental cimentar una sólida cultura ciudadana convencida de la pertinencia de lo público, de la viabilidad de la redistribución cada vez más equitativa y justa de la renta nacional, y de mayor conciencia y solidaridad sobre la importancia de los derechos humanos, el bien social, la democracia participativa y la defensa de la dignidad humana. De así proceder nuestra sociedad, la corrupción no tendrá lugar.

 

1. Sloterdijk, Peter. (2018) ¿Qué sucedió en el siglo XX?, Ediciones Siruela, S.A., España, p. 16.
2. La escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 equivalente a muy corrupto y 100 a muy transparente o virtuoso. La calificación del Índice de Percepción de Corrupción 2018 se elaboró mediante datos proporcionados por ocho fuentes distintas que consultan la opinión calificada de analistas, académicos e inversionistas extranjeros respecto qué tanto afecta la corrupción al sector público en cada país incluido en la medición, con especial énfasis en la gestión de recursos públicos, trámites, permisos y contratación estatal, así como en la sanción efectiva a casos de corrupción por parte del sistema judicial.

*Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

Publicado enColombia
Martes, 17 Septiembre 2019 08:30

El aullido

Carlos Lema, “Nayra”, fotografía, 2004 (Cortesía Teatro la Candelaria)

Un solo día después de posesionado como Presidente, Iván Duque radicaba en el Congreso de la República un proyecto gubernamental de ley con el supuesto propósito de cerrar aún más los intersticios por medio de los cuales la corrupción, a través de la contratación pública, mantiene su dominio, así como para reducir los beneficios legales a que puede acudir todo aquel condenado por tal delito.

Conocedor de la perdurable desaprobación ciudadana contra políticos profesionales que gozan de apabullantes sueldos y prebendas de todo tipo, así como del reino de una ‘justicia’ que trata con paño de seda a los ricos –causantes del desfalco del erario por diversos conductos, entre ellos de manera ‘legal’ vía contratación y variedad de esguinces (otro sí) que saben hacerle a la norma– y con machete a los sectores populares causantes del robo al menudeo, de esta manera aprovechó los vientos nacionales para surfear en la ola de lo políticamente correcto.

Espectáculo, teatro, no mucho más. Zigzaguear, hacer piruetas, llamar la atención para lograr la aprobación de la tribuna… Así es el arte de la política de la exclusión: decir y fingir hacer lo que la audiencia demanda y espera, al tiempo que, por la espalda, lo privilegiado es lo contrario; ganar tiempo y dilatar; animar al adversario en público, y en privado ponerle ‘palos en la rueda’ para que tropiece. Así procedió Duque en tiempos de la consulta anticorrupción, y así continúa siendo su proceder al difundir una y otra vez que es el adalid en la lucha contra la corrupción, mientras el statu quo conserva sus dominios en el establecimiento.


Apariencia y simulación. El traje y el rostro, con buenas luces, lo pueden todo. En este tipo de circunstancias, “las buenas formas de la política” aconsejan no estar en contra de la opinión popular y hablarle al país según los deseos mayoritarios. Para el caso que nos ocupa, tocaba estar del lado de la Consulta, así el resultado final de su proceder fuera totalmente contrario a lo esperado por sus impulsores, quienes por entonces llamaban la atención sobre tal actuación y aclaraban que, sin el apoyo pleno del gobierno, difícilmente saldría avante la misma (1).

Aquella era una actitud farisaica sin esfuerzo ni riesgo, toda vez que asumir la lucha contra la corrupción, y en particular la Consulta de marras, no le obligaba a cuestionamiento ideológico ni económico alguno al nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Así era, ya que la iniciativa no establecía la base del cuestionado fenómeno en la estructura del sistema económico, político, militar, ambiental y social imperante, y el modelo de acumulación que asume desde hace algunas décadas, sino que la dejaba flotar como una circunstancia de personas y empresas.

De acuerdo a su concepción, era un problema de simple ambición, afán de lucro o viveza. Esto, a pesar de evidencias recientes como la crisis de los “títulos hipotecarios basura” en 2007 y la quiebra de Lermmas Brothers en Estados Unidos, con el salvamento del conjunto de su sistema financiero por parte del Estado, quiebra asumida por millones de ahorradores que padecieron la evaporación de sus dineros e inversiones. Lo que recordaba con total prueba lo acotado por Fernand Braudel: “El capitalismo es el antimercado” (2), razón explicativa del sometimiento del Estado ante el capital privado y especulativo, esencia de la estructura corrupta hasta hoy imperante en todo el mundo, y explicación de fondo de por qué, a pesar de leyes y regulaciones de diverso tipo para contener la corrupción, ésta mantiene sus dominios. Son esas la esencia y la inercia del establecimiento.

También enmarca(ba) la actitud presidencial la relación causa-efecto, evidente también en casos criollos como Interbolsa, Agro Ingreso Seguro, los Nule, el puente de Chirajara, la carretera al Llano, Estraval, Odebrecht, Electricaribe, el edificio Space (Medellín), para no reparar en otros muchos nombres de escándalos por corrupción, privada y pública, que han ‘conmocionado’ al país, como en las privatizaciones que tomaron curso desde los años 80 del siglo XX, multiplicadas en los 90 y en el nuevo siglo con el desmonte del pobre aparato productivo que había acumulado el país, todo a favor del capital privado. ¿Y qué decir del modelo económico, ajustado a la medida de los propietarios del capital? ¿No será la corrupción, entonces, la esencia misma del capitalismo?


Así, aunque en la Consulta se aparentaba ser detractores de un mal –reflejo de un problema estructural–, no se ahondaba ni rechazaba (el) origen del mismo. Al proceder así, ¿podría ser erradicado tal mal? La existencia de variedad de leyes y similares en el plano nacional e internacional, aprobadas para ponerle coto a la situación, indican que ciertamente el problema no recibe ataques en su raíz sino en sus ramas.


En esas condiciones, cualquier político o empresario, de los más corruptos pero nunca condenados por tal proceder, o todas aquellas empresas y personas que saben hacerle esguinces a la normatividad vigente (por ejemplo, evadir con “permiso de la ley” o crear sociedades offshore como pantalla para operaciones no siempre legales, o llevar a cabo el lobby dentro del alto gobierno para salir favorecido por el tono de ciertas leyes o por acceder a información privilegiada, etcétera) pueden fungir como activos en la lucha contra la práctica de vaciar presupuestos públicos con fines privados o para el beneficio de una estructura partidaria o militar.


Como fue vaticinado en su momento, sin el apoyo del gobierno la iniciativa no alcanzó su propósito, y sin igual apoyo tampoco consiguió que salieran a flote los 24 proyectos de ley radicados en el Congreso para materializar el anhelo de los 11.674.951 que votaron por el Sí en la consulta, por controlar e idealmente erradicar la corrupción.


Así es. De la totalidad de proyectos radicados para trámite legal, únicamente uno está pendiente de sanción presidencial (mecanismos de rendición de cuentas de congresistas, concejales, diputados e integrantes de Juntas Administradoras Locales); otros tres avanzaron con posibilidad de lograr la aprobación final de los legisladores: Publicación de las declaraciones de renta y registro de intereses privados (3); inhabilidad para los condenados por corrupción y terminación unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción (4); los pliegos tipo (5). La suerte de los demás fue la negativa –hundidos– (6) o que ni siquiera han contado con ponencia (7).


Una escena tras otra. Sin reparar y mucho menos reconocer que desde el Ejecutivo nacional y el partido al cual está adscrito el Presidente se obró por distintos conductos en vía contraria a lo anunciado, y, sopesando la popularidad de una cruzada anticorrupción en el plano nacional e internacional, ahora el Gobierno ondea tal bandera en Naciones Unidas, llamando a tramitar una corte internacional anticorrupción, una iniciativa en apariencia moralista (8) y de buen gobierno pero que en lo fundamental pretende dotar al gobierno de un discurso progresista en el concierto de naciones, fungiendo como paladín de la democracia y la legalidad. Nada más lejano de la realidad.


“El que pega primero pega dos veces”, dice el refranero popular, y así permite comprobarlo este liderazgo global que pretende el canciller Carlos Holmes Trujillo a nombre del gobierno colombiano, cabeza de un país que en el índice de corrupción global ocupa el puesto 99 entre 180. Un país acusado y condenado como violador de los más elementales Derechos Humanos en diversidad de causas, y que para vergüenza propia y ajena aparece entre los más desiguales del mundo, con una concentración descomunal de tierra, acciones y patrimonio en poquísimas personas. Como si la evidencia no fuera cierta, y sin pudor alguno, el Canciller no duda en enfatizar: “Nada es tan costoso como la corrupción […] en muchos sentidos, un impuesto a la pobreza que paga el conjunto de la sociedad” (9).


Estamos ante una iniciativa tomada por una clase dirigente sin autoridad de ningún tipo para ello; iniciativa que parece una bomba de humo para ocultar sus propósitos reales, entre ellos: avanzar como Caballo de Troya de la escalada estadounidense por recuperar el espacio y los territorios perdidos en la región, sirviéndose para ello, también, de enjuiciamientos que le permitan embargar países, encausamiento a quienes se opongan a los intereses de la potencia del Norte y otras acciones similares.


Y surge otro elemento en este cuadro. Los Estados Unidos es el abanderado de las ‘buenas prácticas’, paradójicamente el mismo Estado que desde hace años legalizó las coimas o “pagos facilitadores” por parte de sus multinacionales – “[…] que sirvan para acelerar los procedimientos, obtener una autorización o llevar un expediente al tope de la pila”–, como nos lo explican Benoît Bréville y Renaud Lambert en esta misma edición (ver págs. 18).


Es aquel el mismo país que negocia rebajas de penas con todo tipo de sindicados, siempre y cuando entreguen parte de la fortuna lograda vía desfalcos o todo tipo de saqueo de lo público, como vía narcotráfico. En la práctica, impunidad cancelada con oro, como en los tiempos medievales, lo que deja ver que la supuesta moralidad estadounidense es una simple arma en su cruzada por conservar su sitial en la geopolítica global. Lo que no puede ser de otra manera, toda vez que el único compromiso ‘moral’ del capital es con la multiplicación de sus réditos y la permanente ampliación de sus mercados, al precio que sea.


La ‘moralidad’ estadounidense es un arma afilada con nuevas máquinas, no con simple esmeril, para controlar y someter, como lo evidencia la crisis de gobierno en Brasil con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva (ver artículo Perry Anderson, pág. 20), país que paga el precio de pretender un liderazgo soberano en el mundo, potenciando su rol de primer orden en nuestro continente.


De esta manera, el yunque de la amoralidad del capital imperial –con atuendo de moral–, asentado sobre una corte internacional, servirá, en caso de ser aprobada, para cualquier cosa menos para erradicar el mal contra el que blande sus armas. ¡Toda una manipulación a la cual se presta el gobierno Duque como fiel alfil del imperio!


Así, entre apariencias y seguramente fake news, todo gobierno que se oponga a los planes de los Estados Unidos podría entrar, también por esta vía, en desgracia, pues ya le suceden cosas similares por otros conductos impuestos también por el poder hasta hoy dominante en el mundo. Embargos de cuentas, legalización de golpes de Estado suaves y similares, estarán a la orden del día.


Mientras en el tablado nacional e internacional se escenifica esta nueva obra de teatro, el mismo gobierno que se disfraza con ropas de armiño autoriza, vía la más reciente reforma tributaria, exenciones impositivas por 20 billones de pesos para las grandes empresas con presencia en el país, y, para llenar el vacío de las arcas que este favorecimiento produce, se apresta, además de cargar con más impuestos a una sociedad exhausta de ellos, a feriar los pocos bienes públicos que aún conserva el país como propios. ¿Corrupción legal?
En la escena final de esta obra de teatro su protagonista aúlla: ¡Cojan al ladrón!

 

1. “Consulta anticorrupción: mientras Duque dice sí, Uribe dice no”, https://www.semana.com/nacion/articulo/uribe-y-duque-se-bajaron-del-bus-de-la-consulta-anticorrupcion/578808.
2. “Conspiración y corrupción: una hipótesis probable”, José Luis Fiori y William Nozaki, en https://www.desdeabajo.info/economia/itemlist/tag/judicializaci%C3%B3n.html.
3. Está pendiente de su aprobación final por la plenaria de la Cámara de Representantes. De salir airoso, va a conciliación del texto en Cámara y Senado, para ser enviado luego a sanción presidencial.
4. Esta iniciativa fue aprobada a comienzos de agosto, en segundo debate de la plenaria de la Cámara.
5. La Comisión Primera de la Cámara aprobó a mediados de este mes en tercer debate, y por unanimidad la iniciativa que extiende estos pliegos a todas las contrataciones del Estado.
6. Fueron hundidos en distintas instancias de su trámite: límite a los períodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa, tope de salarios de congresistas y servidores del Estado, adopción de medidas en materia penal y administrativa contra la corrupción, reforma política, reforma a la justicia, presupuestos participativos y desvinculación de los salarios de los funcionarios con el de los congresistas.
7. Todavía no cuentan con ponencia: tope de salarios –en un primer momento fue retirado por no contar con aval jurídico, beneficio con el cual ya cuenta– y cátedra obligatoria de ética ciudadana.
8. Nada más amoral que el capital, siempre afanado por el lucro y la concreción de sus propósitos sin que lo condicionen ni limiten sus consecuencias: negación de los más elementales Derechos Humanos a inmensos grupos sociales, por países o por región; estímulo al armamentismo y desfalco del erario para garantizar el pago de tales compras, negando otras prioridades humanas en cada país; impulso de guerras y desmanes de todo tipo para la defensa de unos pocos y en contra de muchos, hasta llegar a la inaceptable ecuación 1-99 que hoy domina el mundo, sustentada en un sistema financiero que absorbe y somete al sistema productivo, y potencia el innecesario endeudamiento de millones de familias por todo el mundo, sometiéndolas a la esclavitud moderna de vivir al debe, trabajando hasta dos turnos diarios para evitar ser embargados.
9. https://www.youtube.com/watch?v=AaenxCEWM1c.

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Carlos Lema, “Antígona”, fotografía, 2006 (Cortesía Teatro la Candelaria)

La inmensa mayoría de los estudios y análisis sobre corrupción se concentran en tres aspectos: administrativos, de ética pública, y jurídicos. Ocasionalmente existen también juicios y reflexiones de tipo político. Sin la menor duda, ninguna de estas aristas es baladí. Sin embargo, lo que ninguna de ellas pone de manifiesto es que la corrupción –pública o privada, o mixta– constituye una flagrante violación a los derechos humanos.

 

Sin la menor duda, el narcotráfico –y por consiguiente, las mafias–, constituyen uno de los resultados y de los productos más acabados del capitalismo. Las mafias, por ejemplo, de narcotráfico, no son anomalías del sistema de libre mercado, sino una consecuencia, o una expresión del sistema de libre mercado. Y por tanto, del liberalismo. En consecuencia, es falsa la idea de que las mafias constituyen una enfermedad dentro de la sociedad capitalista; es una de sus consecuencias.


Pues bien, lo mismo puede y debe decirse, sin ambages, del sistema corrupción: la corrupción pertenece a la esencia misma del capitalismo y constituye uno de sus productos más acabados. Se trata, simple y llanamente, del desprecio del trabajo, y la sobrevaloración del capital; punto. Sólo que la corrupción, que responde exactamente a la lógica eficientista y eficaz de la mentalidad capitalista –por tanto, a crecimiento económico, ampliación de mercados y ganancia–, consiste en el atajo y el camino más breve, además de la búsqueda segura de réditos, al precio que sea.


El lenguaje jurídico al respecto, que habla por ejemplo de cohecho, dolo, concierto para delinquir y otras expresiones semejantes sencillamente oculta el hecho, lógicamente más elemental, de que la corrupción se caracteriza por dos rasgos determinantes: 1) es un sistema; 2) es una red. Ambos rasgos conforman una férrea e indisoluble unidad.


Las redes, particularmente las redes complejas, se caracterizan por que lo importante no son los nodos, sino los nexos entre los nodos. El derecho positivo, por el contrario, sólo sabe de los nodos; y por ello su capacidad de acción sobre las redes de impunidad es lenta y muchas veces inútil. Nodo es aquí la responsabilidad individual. En otras palabras, los nodos son las personas comprometidas en acciones y en procesos de corrupción; quien compra la conciencia, o el silencio de otro; quien ofrece la coima y quien la acepta, y demás. Los nexos, por el contrario, son mecanismos como el poder y el amedrentamiento, el dinero mismo, las prebendas monetarias y no monetarias que siempre acompañan a la corrupción, en fin, los poderes detrás de quien compra y vende. Pero ante todo, y muy determinantemente, la información que acompaña, que gatilla y que por lo demás sigue a la corrupción. Debería ser posible que el derecho positivo aprendiera de responsabilidades colectivas y no únicamente individuales. Por esta razón los tiempos para investigar e inculpar a los responsables de actos de corrupción parecen muy lentos. Por el contrario, identificar clanes, grupos familiares, empresas y demás es bastante más elemental. El derecho positivo debe poder aprender de las redes complejas y fortalecer su aparato lógico y procedimental.


Con la corrupción, el elemento clave es saber quién tiene qué debilidades, cuál es o puede ser su precio, cuáles son sus entornos sociales y familiares, cómo son los tiempos de las tomas de decisión, y cuáles son las redes de decisión y de acción determinantes sobre las que hay que actuar.


Corrupción y dinámicas de información


Existe una percepción en una buena parte de la sociedad de que los sistemas de corrupción se han extendido y han crecido ampliamente en los últimos lustros y que, entonces, sería una consecuencia creciente de defectos del neoliberalismo; hay quienes incluso llaman a una “ética de le empresa” o una “ética pública” pensando en los fundamentos originarios del pensamiento económico en sus orígenes en el siglo XVII, por ejemplo. Estos llamados están equivocados debido a una enorme miopía.


En una perspectiva histórica, manifiestamente existe una muy amplia percepción de la corrupción, pero ello se debe por lo menos a dos factores principales: de un lado, la caída del muro de Berlín, el fracaso del sistema llamado del “socialismo real” y la crisis del marxismo como fue vivida hasta 1989. De otra parte, al mismo tiempo, se debe al hecho de que entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI emergen enormes bases de datos, internet se vuelve una realidad cultural accesible para todos, emergen la web 2.0 y 3.0 y por consiguiente las redes sociales democratizan la información. Literalmente, el mundo se vuelve inmensamente más transparente (sin que esto signifique que las cosas son perfectas; en absoluto). Es lo que sociológicamente ha llegado a conocerse como la emergencia de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y la sociedad de redes.
Y entonces, claro, hay más luz cobre los corruptos y los sistemas de corrupción; tanto como sobre la impunidad y los sistemas de des-información (periodistas afines a las redes y sistemas de corrupción; fake news, y otros aspectos semejantes).


Es evidente que al desplazarse el foco de la demonización de los socialistas y comunistas se ventilan mucho mejor los problemas de corrupción al interior del propio sistema capitalista. El peligro y las amenazas ya no son externas, sino propias de la lógica del capital.


Pero es que además y fundamentalmente, gana claridad que la corrupción en el mundo de hoy es tanto el resultado de una profunda asimetría de información, como la causa de asimetrías de información profundas en el seno del Estado, del sector privado, y con respecto a la sociedad civil. En efecto, los sistemas de corrupción se caracterizan por que el agente de la misma, que generalmente representa a una empresa, a una familia, a una corporación, a un poder determinado (militar, económico o político, generalmente), ha tenido la capacidad de informarse acerca de procesos, tiempos, determinadores, precios y lugares. Sin descartar, en absoluto, que la corrupción también opera simple y llanamente porque se da la oportunidad; y es lo que en la mentalidad del capitalismo se denomina “costo-oportunidad”.


Pues bien, la era de la información ha permitido que sea posible detectar, acusar y denunciar actos de corrupción y, más significativamente, procesos de corrupción. La información es directamente proporcional a la democracia de un país o de una sociedad, de manera que a mayor información disponible y circulante cabe decir que existe una mayor democracia. La corrupción se extiende gracias a las sombras, las oscuridades, los entresijos y los espacios de reserva existentes o creados.


En otras palabras, cuanto menores sean las capacidades de información y de conocimiento en una sociedad, tanta mayor será la corrupción; y por el contrario, a mayor potenciación de procesos de información, menor será la corrupción, y más probablemente serán castigados sus actores.


En este sentido, uno de los factores más determinantes de la sociedad de la información y del conocimiento son las tecnologías convergentes; y más exactamente, la dimensión más sensible de ellas de cara a la forma de democracia que existe en un país o una sociedad. Las tecnologías convergentes son las NBIC+S; esto es, la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información, las tecnologías del conocimiento. Pero la más importante en este contexto es la S: la dimensión social de las tecnologías, lo cual apunta, de un lado a la existencia de un periodismo crítico, independiente e investigativo; y de otra parte, a las fuerzas sociales de una sociedad y su capacidad de actuar en las redes sociales.


La dimensión social de las tecnologías –la “S” en las tecnologías convergentes: NBIC+S–, constituye un fortalecimiento de la capacidad de acción por parte de la sociedad civil en condiciones en las que la información pretende ser eliminada, cooptada o editada. La “S” pone de manifiesta la reserva democrática de una sociedad, en toda la línea de la palabra: medios alternativos e independientes de información, periodismo crítico y de investigación, fuentes calificadas de información y conocimiento (como, por ejemplo, algunas organizaciones civiles y sociales y parte del sector académico), redes de apoyo, de denuncia, de acción colectiva.


Corrupción y violación a los derechos humanos


Pues bien, la corrupción existe en tres planos, perfectamente entrelazados: en el sector privado, en el Estado y los organismos de gobierno, y la corrupción en el cruce e interacción entre sector privado y sector público.
Digámoslo sin ambages: el Estado es la principal fuente de violación de los derechos humanos, por acción o por omisión. Al fin y al cabo el Estado es, debe ser, el garante de la vida y de todo aquello que la garantice, exalte, posibilite y dignifique; a la vida humana, pero en general también a la propia naturaleza. No en vano, hemos llegado a hablar, con suficientes razones de seis generaciones de derechos humanos. Veamos.


Existen los derechos humanos de primera generación, que son los derechos políticos, en toda la acepción de la palabra. Los derechos humanos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. La importancia del conocimiento, la tercera revolución industrial y en general las revoluciones tecnológicas definen a los derechos humanos de tercera generación. De manera puntual, se trata del derecho a un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado. El derecho al desarrollo y el derecho a la paz forman parte, asimismo, de esta tercera generación de derechos humanos. Por su parte, los de cuarta generación tienen que ver con la sociedad digital, la libertad de expresión en internet, y el libre acceso a la información y al conocimiento. En este sentido, el pluralismo de medios de comunicación y el rechazo a la concentración de los medios y por tanto de la información y la comunicación forman parte de esta cuarta generación. Los derechos humanos de quinta generación ya no son estrictamente antropológicos, sino, se extienden a los robots, el software inteligente y la vida inteligente. Finalmente, los derechos humanos de sexta generación cubren o cubrirán a otras formas de vida de tipo híbrido, trans-humanos, con identidad genético-cognitiva-informacional.


Pero siempre, en la base, se halla, absolutamente incuestionable, el derecho a la vida –en la acepción más amplia pero fuerte de la palabra.


Como se aprecia sin dificultades, los derechos humanos no hacen referencia inmediata o directamente al sufrimiento, la violencia, las muertes y masacres y demás formas de violencia tanto física como simbólica. Negar lo contrario sería ética y políticamente peligroso.


Pero es que, además y fundamentalmente, los derechos humanos se ocupan de las condiciones y garantías de la vida en toda la acepción de la palabra, de su exaltación, su posibilitamiento, y siempre una vida con calidad y dignidad. Reducirlos a condiciones de oprobio significa, en rigor, victimizarlos. Y entonces, políticamente, sería tanto como decir que los derechos humanos existen tan sólo en los países subdesarrollados, en medio de economías precarias, y con regímenes policiales y militares abiertamente violentos. O bien, que se necesita sangre y dolor para hablar de derechos humanos.


Pues bien, la corrupción, aquí y en cualquier parte del mundo es una violación de los derechos humanos puesto que afecta procesos de información y transparencia, afecta dineros públicos y privados que deberían redundar en desarrollo social, en fin, desvían recursos y energías para intereses privados en los que el interés privado impera sobre el bien público y general.


Lucha contra la corrupción como lucha por una nueva y mejor democracia


Estudiar y denunciar los regímenes corruptos y los actos de corrupción exige una dúplice línea de reflexión y de acción.


En el plano económico, se trata de poner directamente el dedo en la función de producción. Si no se señala y se acusa esta función, se ataca los síntomas pero no la enfermedad. Como la gripa o los resfriados: hoy podrá curarse la tos o los escalofríos, pero mañana o pasado mañana una gripa mal tratada puede desembocar en enfermedades neumológicas severas que pueden terminar por matar al paciente. La corrupción es una forma como el capitalismo desprecia el bien común y general y destaca, por vías acomodaticias, el interés privado.


De otro lado, en el plano de los derechos humanos, el estudio, investigación, denuncia, persecución y condena de la corrupción no es posible sin atender, por ejemplo, al cuidado de los derechos humanos de primera y de tercera generación. El trabajo, así, se torna más fino pero también más contundente. Los corruptos son engendros de los intereses egoístas que buscan beneficio propio, y que sacrifican el futuro por el presente inmediato; esto es, la ganancia económica sobre el bienestar de la sociedad.


Recabemos en esto: la mentalidad de la corrupción es, a todas luces, de tipo mafioso pues lo que impera en ella es la idea, los principios o las prácticas de lealtad, fidelidad, muerte a la delación, secretismo, y otros rasgos parecidos. En fin, la corrupción es una forma de mafia, muchas veces corporativa –en el sector público o privado.

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Martes, 27 Agosto 2019 20:10

¿Pagar el pasaje es lo correcto?

¿Pagar el pasaje es lo correcto?

Lo real, pero también lo irreal; el pasado, pero también el presente; lo imaginable pero también lo inimaginable; lo simple, pero también lo complejo, todo, absolutamente todo puede ser manipulado por el poder cuyos detentadores buscan por múltiples formas y mecanismos que su “verdad” sea la que prevalezca en el entorno social.

Es un afán no gratuito. Detrás del mismo está el control del poder, con todos sus beneficios derivados de su efectiva concentración en pocas manos, y con ello los negocios, de los que desprende sus dividendos económicos, además del status de clase.

Manipulación, es la sensación que trasmite la difundida cuña publicitaria pagada por Transmilenio en la cual, aprovechando el desacuerdo ciudadano con la corrupción izan tal bandera para envolver en ella el tema de los colados. La pretensión es clara: dirigir la desaprobación ciudadana contra quienes optan por no pagar el pasaje y tras ello justificar la mala calidad del transporte, falta de buses en cantidad suficiente para no ir hacinados, y otros males de un modelo de transporte que evidenció sus límites desde el mismo momento en que entró en operación. No es casual que en los portales se lean carteles que rezan: “Menos colados = más buses”, una oferta incierta toda vez que uno de los mismos límites de este modelo de transporte –de su precariedad– es que no resuelve nada con tener más buses de los que caben en las troncales, pues de circular más de los que estas soportan se generaría un gigantesco trancón. Es decir, llegaría a inoperancia por colapso.

En su afán de acomodar la realidad a sus intereses, los propietarios de Transmilenio –no olvidar que la ciudad solo posee un escaso 10 por ciento–, ahora les dio por asegurar que “Pagar el pasaje es lo correcto, colarse es lo corrupto”. 

¿Será esto cierto? Si nos guiamos por el diccionario de la RAE –jurídico–, por corrupción se entiende: “Comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos o a personas privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sea de naturaleza defraudatoria”. Estamos, por tanto, ante una evidente manipulación de la realidad para beneficiar el interés privado.

Así es, porque en el caso de los colados no estamos ante ninguna de estos procederes, pero sí ante una realidad simple: un acto individual de resistencia, un rechazo a una realidad que ofende, una desaprobación silenciosa –pero que les da donde más les duele–. Un proceder animado por necesidad económica, pues aunque para los propietarios de los buses los $ 2.400 por pagar por trayecto es poco –“[…] prefiere arriesgar la vida por no pagar dizque $ 2.400…”, dice de manera irónica la cuña oficial– la realidad dicta lo contrario: la tarifa lesiona de manera grave la economía de infinidad de hogares bogotanos. 

Hagamos cuentas: si una familia de 4 está obligada a pagar el transporte de dos personas por día, esto le implicará gastarse $ 9.600. Si tal rubro debe cubrirlo por 6 días, tenemos que por semana debe sacar de sus bolsillos $ 57.600, lo que al mes es igual a $ 230.400. 

¿Cantidad insignificante? Para una familia de 4 miembros, donde ingresan 4, 5 o más salarios mínimos (salario mínimo= 828 mil 116 pesos) tal vez lo sea, pero para una donde uno o dos mínimos es su único ingreso, la cifra es más que significativa. ¡Qué pensar de aquellas donde el ingreso depende del rebusque diario, el cual durante algunos días puede fluctuar con ingresos estimulantes y en otras ocasiones llevar a la depresión! En casi todas las circunstancias es la necesidad la que obliga a resistir, buscando así ahorrar algo para garantizar al menos que el hambre no cunda en casa.

Resistencia que también asume otras alternativas, como la proliferación de motocicletas, con su insoportable ruido, además de gases producto de su rápido deterioro y poco mantenimiento técnico. Pero también de carros, con los cuales se gana en comodidad a la vez que se rebuscan en ellos, como es el caso de conductores de taxis y otras modalidades de transporte que van ganando espacio en la ciudad, a la vez que la congestionan y empujan a la crisis ambiental. En estas condiciones, mucha gente ahorra algún dinero, a la par que gana algún ingreso, pero la ciudad pierde en calidad del aire y de la vida misma.

En estas circunstancias, la resistencia, no la corrupción, es algo que nace de las circunstancias de vida que impone el sistema, la gente no la prevé ni calcula con maldad alguna, simplemente llega como eso, como resistencia ante una realidad que le afecta, sin dejarse ahogar por la misma. 

La resistencia en este caso es individual pero por la masividad que por momentos ha adquirido parece colectiva, signo más indicativo de que hay algo que no funciona bien, de que el o los gobiernos con que cuenta y ha contado la ciudad están obrando en contra de los intereses de las mayorías. Es claro el mensaje y así mismo debería ser la respuesta institucional, pero el capital no sabe sino de ganancia no de justicia, tampoco de medio ambiente y vida saludable, y la democracia es una simple palabra para distraer incautos.

 

El reto

 

Corregir es el proceder de los buenos gobernantes, que saben tomarle el pulso a su ciudad o país. Y para que eso fuera así debería considerarse la necesidad de avanzar hacia la efectiva operación de un transporte masivo de verdad público, a su vez gratuito o por lo menos con tarifa mínima, una tarifa que no termine por erosionar más el bolsillo de las personas menos pudientes.

Medida que no es un imposible, es una simple decisión de redistribuir el ingreso nacional y municipal, procurando justicia y vida digna. Medida que tendría, en perspectiva de mejorar la calidad de vida en esta ciudad, beneficios fácilmente medibles como emisiones de gases y naturaleza del aire, reducción de las tasas de enfermedades respiratorias, muerte por igual circunstancia o por tipos de cáncer que ahora es reconocido tienen origen en circunstancias del hábitat.

Mejoras totalmente previsibles toda vez que un transporte de verdad público, pero además eficiente (que convine metro, tranvías, buses articulados –troles o movidos por energía eléctrica, como décadas atrás los tuvo Bogotá–, trenes de cercanías, articulado con una efectiva red vial para bicicletas y otros sistemas de movilidad personal) motivará el desuso de los vehículos particulares, bien carros, motos o similares. Todo un descanso para los pulmones, el conjunto de vías respiratorias, así como para los oídos y ojos.

Estamos, por tanto, ante un inmenso reto para quienes habitan Bogotá –lo cual puede extender sin dificultad alguna al conjunto urbano en todo el país–: planearlas partiendo y pensando siempre en la mayoría de sus pobladores, no en la minoría, que en este caso son sus usurpadores: ricos, políticos y comerciantes de lo público, verdaderos corruptos pues lo que debiera ser de todos termina en manos de unos pocos producto de maniobras de todo tipo que despliegan día a día, garantizando que quienes gobiernan la ciudad sean aquellos que los favorecen para hacer realidad –por vía legal, es decir, según las reglas existentes, redactadas por representantes de su misma clase y que los han antecedido al frente de la ciudad– todos aquellos negocios que los obnubilan, no importa que producto de ello millones se perjudiquen tanto en su economía diaria, así como tranquilidad, comodidad, aprovechamiento del tiempo, como en su salud fruto de la desmedida contaminación que padece la urbe*.

La resistencia de miles de pobladores de Bogotá, producto de un caro e ineficaz sistema de transporte, es la enseñanza de que las protestas y rechazo a los malos gobiernos también se expresan en el diario vivir, de manera silenciosa, protestas que retan el quehacer de un verdadero gobierno alternativo.

Evasión o pago del pasaje: la respuesta popular exaspera a la administración Distrital.

Publicado enColombia
Martes, 27 Agosto 2019 11:40

¿Pagar el pasaje es lo correcto?

¿Pagar el pasaje es lo correcto?

Lo real, pero también lo irreal; el pasado, pero también el presente; lo imaginable pero también lo inimaginable; lo simple, pero también lo complejo, todo, absolutamente todo puede ser manipulado por el poder cuyos detentadores buscan por múltiples formas y mecanismos que su “verdad” sea la que prevalezca en el entorno social.

Es un afán no gratuito. Detrás del mismo está el control del poder, con todos sus beneficios derivados de su efectiva concentración en pocas manos, y con ello los negocios, de los que desprende sus dividendos económicos, además del status de clase.

Manipulación, es la sensación que trasmite la difundida cuña publicitaria pagada por Transmilenio en la cual, aprovechando el desacuerdo ciudadano con la corrupción izan tal bandera para envolver en ella el tema de los colados. La pretensión es clara: dirigir la desaprobación ciudadana contra quienes optan por no pagar el pasaje y tras ello justificar la mala calidad del transporte, falta de buses en cantidad suficiente para no ir hacinados, y otros males de un modelo de transporte que evidenció sus límites desde el mismo momento en que entró en operación. No es casual que en los portales se lean carteles que rezan: “Menos colados = más buses”, una oferta incierta toda vez que uno de los mismos límites de este modelo de transporte –de su precariedad– es que no resuelve nada con tener más buses de los que caben en las troncales, pues de circular más de los que estas soportan se generaría un gigantesco trancón. Es decir, llegaría a inoperancia por colapso.

En su afán de acomodar la realidad a sus intereses, los propietarios de Transmilenio –no olvidar que la ciudad solo posee un escaso 10 por ciento–, ahora les dio por asegurar que “Pagar el pasaje es lo correcto, colarse es lo corrupto”. 

¿Será esto cierto? Si nos guiamos por el diccionario de la RAE –jurídico–, por corrupción se entiende: “Comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos o a personas privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sea de naturaleza defraudatoria”. Estamos, por tanto, ante una evidente manipulación de la realidad para beneficiar el interés privado.

Así es, porque en el caso de los colados no estamos ante ninguna de estos procederes, pero sí ante una realidad simple: un acto individual de resistencia, un rechazo a una realidad que ofende, una desaprobación silenciosa –pero que les da donde más les duele–. Un proceder animado por necesidad económica, pues aunque para los propietarios de los buses los $ 2.400 por pagar por trayecto es poco –“[…] prefiere arriesgar la vida por no pagar dizque $ 2.400…”, dice de manera irónica la cuña oficial– la realidad dicta lo contrario: la tarifa lesiona de manera grave la economía de infinidad de hogares bogotanos. 

Hagamos cuentas: si una familia de 4 está obligada a pagar el transporte de dos personas por día, esto le implicará gastarse $ 9.600. Si tal rubro debe cubrirlo por 6 días, tenemos que por semana debe sacar de sus bolsillos $ 57.600, lo que al mes es igual a $ 230.400. 

¿Cantidad insignificante? Para una familia de 4 miembros, donde ingresan 4, 5 o más salarios mínimos (salario mínimo= 828 mil 116 pesos) tal vez lo sea, pero para una donde uno o dos mínimos es su único ingreso, la cifra es más que significativa. ¡Qué pensar de aquellas donde el ingreso depende del rebusque diario, el cual durante algunos días puede fluctuar con ingresos estimulantes y en otras ocasiones llevar a la depresión! En casi todas las circunstancias es la necesidad la que obliga a resistir, buscando así ahorrar algo para garantizar al menos que el hambre no cunda en casa.

Resistencia que también asume otras alternativas, como la proliferación de motocicletas, con su insoportable ruido, además de gases producto de su rápido deterioro y poco mantenimiento técnico. Pero también de carros, con los cuales se gana en comodidad a la vez que se rebuscan en ellos, como es el caso de conductores de taxis y otras modalidades de transporte que van ganando espacio en la ciudad, a la vez que la congestionan y empujan a la crisis ambiental. En estas condiciones, mucha gente ahorra algún dinero, a la par que gana algún ingreso, pero la ciudad pierde en calidad del aire y de la vida misma.

En estas circunstancias, la resistencia, no la corrupción, es algo que nace de las circunstancias de vida que impone el sistema, la gente no la prevé ni calcula con maldad alguna, simplemente llega como eso, como resistencia ante una realidad que le afecta, sin dejarse ahogar por la misma. 

La resistencia en este caso es individual pero por la masividad que por momentos ha adquirido parece colectiva, signo más indicativo de que hay algo que no funciona bien, de que el o los gobiernos con que cuenta y ha contado la ciudad están obrando en contra de los intereses de las mayorías. Es claro el mensaje y así mismo debería ser la respuesta institucional, pero el capital no sabe sino de ganancia no de justicia, tampoco de medio ambiente y vida saludable, y la democracia es una simple palabra para distraer incautos.

 

El reto

 

Corregir es el proceder de los buenos gobernantes, que saben tomarle el pulso a su ciudad o país. Y para que eso fuera así debería considerarse la necesidad de avanzar hacia la efectiva operación de un transporte masivo de verdad público, a su vez gratuito o por lo menos con tarifa mínima, una tarifa que no termine por erosionar más el bolsillo de las personas menos pudientes.

Medida que no es un imposible, es una simple decisión de redistribuir el ingreso nacional y municipal, procurando justicia y vida digna. Medida que tendría, en perspectiva de mejorar la calidad de vida en esta ciudad, beneficios fácilmente medibles como emisiones de gases y naturaleza del aire, reducción de las tasas de enfermedades respiratorias, muerte por igual circunstancia o por tipos de cáncer que ahora es reconocido tienen origen en circunstancias del hábitat.

Mejoras totalmente previsibles toda vez que un transporte de verdad público, pero además eficiente (que convine metro, tranvías, buses articulados –troles o movidos por energía eléctrica, como décadas atrás los tuvo Bogotá–, trenes de cercanías, articulado con una efectiva red vial para bicicletas y otros sistemas de movilidad personal) motivará el desuso de los vehículos particulares, bien carros, motos o similares. Todo un descanso para los pulmones, el conjunto de vías respiratorias, así como para los oídos y ojos.

Estamos, por tanto, ante un inmenso reto para quienes habitan Bogotá –lo cual puede extender sin dificultad alguna al conjunto urbano en todo el país–: planearlas partiendo y pensando siempre en la mayoría de sus pobladores, no en la minoría, que en este caso son sus usurpadores: ricos, políticos y comerciantes de lo público, verdaderos corruptos pues lo que debiera ser de todos termina en manos de unos pocos producto de maniobras de todo tipo que despliegan día a día, garantizando que quienes gobiernan la ciudad sean aquellos que los favorecen para hacer realidad –por vía legal, es decir, según las reglas existentes, redactadas por representantes de su misma clase y que los han antecedido al frente de la ciudad– todos aquellos negocios que los obnubilan, no importa que producto de ello millones se perjudiquen tanto en su economía diaria, así como tranquilidad, comodidad, aprovechamiento del tiempo, como en su salud fruto de la desmedida contaminación que padece la urbe*.

La resistencia de miles de pobladores de Bogotá, producto de un caro e ineficaz sistema de transporte, es la enseñanza de que las protestas y rechazo a los malos gobiernos también se expresan en el diario vivir, de manera silenciosa, protestas que retan el quehacer de un verdadero gobierno alternativo.

Evasión o pago del pasaje: la respuesta popular exaspera a la administración Distrital.

Publicado enEdición Nº260
A Mauricio Funes Cartagena no le bastó la corrupción de un país centroamericano. Necesitó la de dos

El expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) fue el primero de izquierda en un país que padeció la ineptitud y el saqueo de la derecha democrática durante 15 años. Hartos de gobiernos que despilfarraron las arcas del Estado mientras idolatraban la figura de Roberto d’Aubuisson, el asesino de San Óscar Romero, los votantes eligieron a Funes en aquel marzo esperanzador. Era la transición democrática tan anhelada. Era la llegada al poder de los que décadas atrás combatieron fusil en mano a los militares tiranos que gobernaron a punta de tortura y represión. Y el salvadoreño Funes estuvo a la altura de la noche. “Es la noche más feliz de mi vida y quiero que sea la noche de la más grande esperanza de El Salvador”, dijo tras ganar. Dijo también que aquel era el “mismo sentimiento de esperanza que hizo posible la firma de los acuerdos de paz”. Dijo que era tiempo de reconciliarnos y que sería el presidente de todos. Lo que dijo hizo a muchos emocionarse hasta el llanto. Miles sintieron que todo lo sufrido –y fue mucho lo sufrido- valió la pena.

Aquella noche en que la democracia salvadoreña –tan peleada, tan sangrienta- llegó a la madurez, nada permitía imaginar que el saqueo ya había empezado.

Desde antes de asumir la presidencia, Funes y sus más allegados funcionarios hacían lo necesario por entender a detalle cómo funcionaba una bolsa presupuestaria que su antecesor –ahora preso por lavado de dinero- ocupó para enriquecer sus empresas y erigir su mansión. Nada tardaría el salvadoreño Funes, otrora un periodista incisivo que pagaba a plazos su carro Mazda, en entender aquel infame presupuesto y empezar a derrochar. El nombre de ese rubro, por si no fuera poco descaro que no sea auditable por la Corte de Cuentas, es partida secreta. En su quinquenio, Funes tuvo más de $300 millones en este paisito donde hay escuelas cuyo presupuesto anual es de menos de $1 000.

El salvadoreño Funes derrochó: en febrero de 2011, tras dos años de haber logrado la histórica transición, el izquierdista llevó a su familia en un jet privado a Florida. En tres días gastó $115,389, el equivalente a dos años y dos meses de su salario. El viaje quedaría retratado en una foto que subió a redes su cuñada brasileña. La familia posa feliz frente al castillo de la Cenicienta del Magic Kingdom en Disney World. El presidente Funes se volvió un hombre de gustos finos: un día, $7,372 en la tienda de cueros Salvatore Ferragamo de Miami; otro, $10,000 en la fiesta infantil de su hijo en San Salvador; o $9,840 en una compra de joyas en la capital salvadoreña; Montblanc, Chanel, Futuretronics, compras en 29 ciudades del mundo a costillas de sus gobernados. Su entonces esposa y primera dama, Vanda Pignato, no se quedó atrás: $245,537 en un jet para viajar a Brasil en 2011, por ejemplo. Cuando en mayo de este año publicamos en El Faro el reportaje del saqueo, Pignato respondió que el dinero siempre se lo daba Funes y que los vuelos y sus tarjetas las pagaba el salvadoreño, que ella nunca supo con qué dinero.

Pignato está en El Salvador, en detención domiciliaria y enfrentando cargos de lavado de dinero. Funes tiene cinco acusaciones en los juzgados salvadoreños, pero vive opulentamente en la Nicaragua de Daniel Ortega. El represor nicaragüense dio asilo al corrupto salvadoreño. El argumento del expresidente Funes es sacado del manual del corrupto latinoamericano: dice ser víctima de una persecución política. Funes, que saqueó bajo la roja bandera efemelenista, encontró otra, rojinegra esta vez, para ocultarse en Centroamérica. La más rastrera solidaridad de la izquierda latinoamericana se consumó en la región.

El caso Funes sigue destapándose. Las investigaciones fiscales están apenas en curso y una bodega llena de documentos que alguien sacó de Casa Presidencial y a la que solo El Faro ha tenido acceso parcial aún está por explorar. Todo apunta a que apenas conocemos los caprichos de un hombre más que se torció en el poder.

El pasado martes 30 de julio el Gobierno orteguista asestó otra bofetada a El Salvador: nacionalizó a Funes. Desde esa fecha, el expresidente que desvalijó a los salvadoreños es nicaragüense. Funes no puede ser extraditado.

El nicaragüense Funes, quien suele tuitear hasta altas horas de la madrugada, no tardó en echar en cara al nuevo presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien prometió en campaña traerlo al país, que su extradición ya no procede.

Quizá Funes no entiende que esto no se trata de banderas ni de promesas grandilocuentes de candidatos presidenciales. Esta no es una partida entre adversarios políticos. Esto se trata de la dignidad de un montón de gente que trabaja con sueldos de hambre para vivir en lugares de miedo. Se trata de millones con dieta de frijoles y tortilla que ven cómo ese hombre despilfarró más de $6,000 en comida y bebidas en cinco horas de vuelos en un viaje en jet por Florida. Se trata de miles de policías del país más violento que sabrán impune a un señor que gastó en globos para una fiesta infantil lo que ellos ganan en dos meses. Esto va sobre un país que se ilusionó con una transición peleada por décadas, por la que decenas de miles dejaron la vida en las montañas y las lágrimas en las tumbas de sus familiares, para luego ver todo eso resumido en la figura de un sibarita que salía de joyerías con las muñecas adornadas y se paseaba por el mundo vestido de Ermelegildo Zegna y calzado con Ferragamos.

La impunidad construye –deforma- país. Lo sabemos en Centroamérica. Lo aprendimos humillación tras humillación, empezando por uno de los cimientos de nuestras democracias, las leyes de amnistía que cobijaron –cobijan- a tantos criminales de guerra. Lo ratificamos en estas democracias tan debiluchas, soportando a corruptos que se jactan de seguir ahí después de haber sido quienes son y hecho lo que hicieron. “Si pude haber robado, robé, pero no tengo mis manos manchadas de sangre”, dijo hace décadas un político salvadoreño, construyendo ese podrido argumento en el que se cobijan tantos funcionarios de la región: fui malo, pero pude ser peor, como otros. Funes aún puede saquear más a El Salvador. Ya saqueó sus arcas, ahora va con su dignidad.

En El Salvador, el fiscal y el presidente prometen que harán todo lo posible para traerlo y juzgarlo en el país. La maraña legal deja posibilidades minúsculas, y la mayor esperanza en los corrillos políticos es otro corrupto, Daniel Ortega, ese hombre conocido por saber sentarse con dios y el diablo en la misma mesa y pactar acuerdos con el purgatorio. Que Ortega llegue a traicionar a su protegido es la esperanza de buena parte de un país.

Sentar al salvadoreño-nicaragüense Funes en un juzgado no debe ser un acto de revanchismo político, sino un ejercicio en pro de que El Salvador se desentumezca un poco y se vaya poniendo de pie.

Por Óscar Martínez

23 AGO 2019 - 19:55 COT

Publicado enPolítica
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