Miércoles, 09 Enero 2019 06:10

Cae el fiscal general de Perú

Cae el fiscal general de Perú

Chávarry renunció seis meses después de haber asumido en medio de duros cuestionamientos por denuncias de tener vínculos con una mafia judicial. Su gestión estuvo marcada por sus acciones para bloquear investigaciones contra Keiko y García.

 

Cayó el fiscal general acusado de utilizar su cargo para proteger a Keiko Fujimori, excandidata presidencial y jefa de la oposición que controla el Congreso, y al expresidente Alan García, ambos investigados por corrupción vinculada a la constructora brasileña Odebrecht. Acorralado por las denuncias en su contra, el fiscal general Pedro Gonzalo Chávarry renunció ayer. Deja el cargo seis meses después de haber asumido en medio de duros cuestionamientos por denuncias de tener vínculos con una mafia judicial. Su gestión estuvo marcada por sus acciones para obstruir las investigaciones fiscales a Keiko y García. Su salida era exigida por el gobierno, diversos sectores políticos, organizaciones sociales y protestas ciudadanas que tomaron las calles bajo el grito: Fuera Chávarry.


El renunciante fiscal general ha sido reemplazado por la fiscal suprema Zoraida Avalos, una crítica de la gestión de Chávarry. En sus primeras medidas, Avalos declaró en emergencia la Fiscalía de la Nación y anunció su total apoyo al equipo fiscal que investiga el caso Odebrecht, que Chávarry intentó descabezar. También señaló que fortalecerá las investigaciones fiscales sobre una mafia judicial, con la que han sido involucrados Chávarry y otros dos fiscales supremos.


Las horas finales de Chávarry comenzaron a correr con el nuevo año, luego que la noche del 31 de diciembre, a solo cuatro horas del cambio de año, destituyó a los dos fiscales más importantes en el caso Odebrecht, Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes han puesto en prisión preventiva a Keiko y han obtenido una orden de impedimento de salida del país para García. Esa medida, interpretada como parte de un pacto de impunidad de Chávarry con Keiko y García, cuyos partidos en el Congreso han venido bloqueando las acusaciones en su contra por sus vínculos con una red de corrupción judicial, gatilló protestas en las calles y un rechazo generalizado, con las excepciones del fujimorismo y del partido de García.
En medio de las movilizaciones ciudadanas exigiendo la salida del fiscal general, el presidente Martín Vizcarra cuestionó duramente la destitución de los dos fiscales del caso Odebrecht y en una rápida respuesta a esa medida presentó al Congreso un proyecto de ley para declarar en emergencia la Fiscalía de la Nación, lo que llevaría a la destitución del fiscal general. La presión hizo retroceder a Chávarry, que dos días después de haberlos destituido repuso a los fiscales Vela y Pérez. Pero eso no bajó el tono a las críticas en su contra. Continuaron las movilizaciones ciudadanas exigiendo que deje el cargo. La crisis escaló rápidamente, desde todos los sectores, incluidos sus colegas de la fiscalía, le pedían su renuncia. Su permanencia en el cargo, al que se aferraba desesperadamente, se volvió insostenible.


El ahora exfiscal general ha tenido una oscura trayectoria. Tuvo un cargo clave en la fiscalía durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de Keiko, cuando la fiscalía se dedicada a encubrir los crímenes de ese régimen, envuelto en escándalos de corrupción y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Luego de la caída de la dictadura fue separado de la fiscalía, pero regresó a ella durante el gobierno de García. En el tiempo que estuvo lejos de la fiscalía, ejerció como abogado. Su cliente más notorio fue un traficante de armas procesado por pagar más de diez millones de dólares en sobornos al gobierno de Fujimori. Escuchas telefónicas reveladas en julio pasado lo involucran con una mafia judicial que negociaba sentencias y nombramientos de jueces y fiscales. Como fiscal general, se concentró en hostilizar a los fiscales que investigan por corrupción a Keiko y García, y en tratar de entorpecer ambos casos.


Keiko Fujimori y Alan García son los grandes perdedores con la caída del fiscal general al que tenían como aliado para intentar salir de sus graves problemas judiciales. Keiko está acusada de lavar un millón de dólares recibidos ilegalmente de Odebrecht para su campaña de 2011. García es investigado por el pago de sobornos par parte de la constructora brasileña por la construcción del Metro de Lima, por documentos que revelan que recibió en forma oculta 100 mil dólares desde las cuentas para pagos ilícitos de Odebrecht y por un aporte ilegal de 200 mil dólares a su campaña de 2006.


La permanencia de Chávarry como cabeza de la Fiscalía de la Nación había generado una grave crisis y puesto en riesgo el proceso anticorrupción que investiga el caso Odebrecht. El fiscal Pérez denunció que con Chávarry la Fiscalía de la Nación había sido “tomada por una organización criminal”. El exfiscal general intentó tumbar un acuerdo de cooperación judicial con Odebrecht que está pendiente de ser firmado y ratificado, sacando a los dos fiscales que lo negociaron, pero debió reponerlos y fracasó. Ahora el tema ha sido retomado. Este acuerdo, que permitirá que la empresa entregue información y evidencias de la corrupción que compromete a cuatro ex presidentes –Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990, 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)– a Keiko Fujimori, a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y a otros funcionarios públicos y empresarios, es considerado clave para avanzar en el caso y tiene muy nerviosos a muchos, uno de ellos el expresidente García, que en noviembre fracasó en un intento de fugar pidiendo asilo al Uruguay.


La salida de Chávarry es considerada fundamental para el avance del caso Odebrecht. Ya no es fiscal general, pero continúa como fiscal supremo, con lo que mantiene una cuota de poder en la fiscalía, situación que preocupa y es muy cuestionada. A Chávarry le esperan cinco acusaciones constitucionales en el Congreso y enfrentar investigaciones por sus vínculos con una mafia judicial y por obstrucción a la Justicia y encubrimiento.

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Lunes, 07 Enero 2019 06:51

Ausentes en el juicio del Chapo

Ausentes en el juicio del Chapo

En el juicio en curso contra el Chapo en Nueva York hay un notable ausente. El desfile de testigos cooperantes, hasta ahora exclusivamente narcotraficantes mexicanos y colombianos, junto con un amplio reparto de policías estadunidenses que divulgan detalles sobre su lucha contra estos malos son el elenco de esta obra que los medios nacionales y locales aquí resumen con títulos como México es aún más corrupto de lo que se suponía.


Mexico, a través del prisma de este juicio, se ve como un país no sólo violento y corrupto, sino uno que aparentemente ya se rindió ante ello. No se mencionan la ira, las protestas masivas, los movimientos nacionales y locales, la valentía de periodistas en respuesta a lo que ocurre, ni la elección nacional que en parte fue un Ya basta masivo a todo esto.
Todos saben que el negocio de los empresarios de droga ilícita bajo juicio aquí depende de una sola cosa: el apetito aparentemente insaciable de estadunidenses por la cocaína y la heroína, entre otras. Se sabe que este negocio depende de canales financieros, incluyendo bancos y empresas de traslado y/o blanqueo de dinero de este lado de la frontera; y, se sabe que este negocio requiere de armas, las cuales se fabrican y compran –legalmente– en Estados Unidos.


También se sabe que, a pesar de que la política antinarcóticos es un fracaso espectacular tanto aquí como allá, políticos de ambos lados de la frontera curiosamente están de acuerdo con narcotraficantes en una cosa: apoyan la política antinarcóticos (por diversas razones).


Pero en el tribunal en Nueva York no están presentes representantes del mercado de consumo de estas drogas, no está ningún profesional rico, ni un niño bien, ni una estrella u otros a quienes les encanta compartir coca sin importarle su costo real, ni participar en ninguna lucha por su derecho a su droga (o sea, su legalización).


También están ausentes los banqueros. Ya se ha comprobado anteriormente que varios de los bancos más grandes –Citibank, HSBC (el cual lavó casi mil millones para el cártel de Sinaloa), Wachovia, Bank of America y tantos más– han violado sistemáticamente leyes antilavado. Pero ni un solo ejecutivo ha sido encarcelado por ello (los bancos sólo han pagado multas cuando estos crímenes han sido detectados, y en el caso de HSBC, fue el procurador general de Barack Obama quien decidió no levantar cargos contra sus directivos).
Tampoco están presentes en este tribunal los políticos que impulsan la llamada guerra contra las drogas, quienes rehúsan rendir cuentas o aceptar responsabilidad por las consecuencias de sus políticas para comunidades pobres en América Latina y para sectores marginados dentro de Estados Unidos, los cuaes son quienes pagan la cuenta en sangre, sufrimiento y vidas devastadas.


De hecho, aun después de que ElChapo y tantos otros capos del narcotráfico fueron arrestados o aniquilados –y cientos de miles de pobres asesinados o encarcelados– bajo las políticas antinarcóticos diseñadas, impulsadas y financiadas por Washington en México, Colombia y este mismo país, el hecho es que hoy día, según las cifras más recientes de la Oficina de Drogas de la ONU, se registra un récord histórico en la oferta de cocaína y opio en el mundo. Estados Unidos es el principal consumidor mundial de cocaína (aproximadamente un tercio), con 90 por ciento del producto llegando aquí desde Colombia a través de Centroamérica y México e ingresando por las entradas fronterizas legales a este país (contrario a la versión actual que maneja Trump para justificar su muro), según la propia Casa Blanca.


Tal vez se podría hacer un juicio, o varios, en México, paralelos al del Chapo aquí, convocando o solicitando la extradición de consumidores, banqueros, comerciantes de armas y políticos estadunidenses para que sean interrogados y compartan todos sus secretos sobre la corrupción oficial y empresarial en Estados Unidos, como el manejo de presupuestos, operaciones encubiertas de inteligencia con narcos, y otros detalles sobre el gran negocio ilícito de drogas de este lado de la frontera.
A eso se le podría llamar responsabilidad compartida.

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Hallado muerto un testigo del ‘caso Odebrecht’ en Colombia



El ex secretario de Transparencia, Rafael Merchán, ha sido encontrado sin vida en su casa

 

Rafael Merchán, ex secretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia que estaba próximo a convertirse en testigo del caso Odebrecht, ha sido hallado muerto este jueves en su casa de Bogotá. Las autoridades están investigando las causas de su fallecimiento.

Tanto el presidente Iván Duque como su predecesor, Juan Manuel Santos, lamentaron la muerte de Merchán, de 43 años, y transmitieron sus condolencias a la familia. Duque lo calificó como “buen amigo y joven funcionario”, y Santos lo consideró una “gran persona y excelente funcionario”. A las condolencias se sumaron otras importantes figuras del mundo político colombiano.

Abogado y politólogo de la Universidad de Los Andes, Merchán fue secretario de Transparencia —una suerte de zar anticorrupción— y cónsul durante el Gobierno de Santos (2010-2018). El exfuncionario iba a rendir su testimonio en una de las investigaciones sobre los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Colombia. En concreto, en el proceso penal contra el ex presidente de la Asociación Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, en el que se anticipaba que iba a declarar en su favor.

Andrade, que también es ciudadano estadounidense y asegura ser víctima de una persecución, está acusado de los delitos de "interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de autor; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, como coautor; y falso testimonio". A principios de este mes, un juez avaló el testimonio de Merchán en el caso Odebrecht a petición de la defensa de Andrade. El juzgado también aceptó acoger las versiones de otros funcionarios, como el propio Juan Manuel Santos, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el fiscal Néstor Humberto Martínez.

 

Un caso turbulento

Merchán es el segundo testigo del caso Odebrecht que aparece muerto, tras Jorge Enrique Pizano, interventor de una concesionaria de la constructora brasileña. La muerte repentina tras sufrir un infarto de Pizano, principal testigo del caso en Colombia, vino acompañada esa misma semana de noviembre del envenenamiento de su hijo Alejandro Ponce de León, que falleció tras beber de una botella que encontró en el escritorio de su padre y que contenía cianuro.

Esas muertes ensombrecieron las pesquisas de un escándalo que se remonta a la financiación de las campañas presidenciales de 2010 y 2014, y sometieron a una enorme presión al fiscal Martínez, al que diversas voces han pedido su renuncia por los conflictos de interés que se le pueden presentar en el caso Odebrecht.

Tras la muerte de Pizano se conocieron grabaciones de 2015 en las que le transmitía al fiscal Martínez sus sospechas sobre posibles irregularidades. Martínez, para entonces abogado del conglomerado bancario Grupo Aval, que intervino en ese proyecto, se limitó a cumplir, según sus palabras, una función de "mensajería". Después, como fiscal, optó por inhibirse en algunas de las líneas de investigación del caso Odebrecht.

Varios desarrollos del caso Odebrecht se han precipitado en diciembre. La inhibición de Martínez llevó al nombramiento de un fiscal ad hoc para tres de las múltiples líneas de investigación. Leonardo Espinosa, decano de Derecho de la universidad Sergio Arboleda de Bogotá, fue elegido hace dos semanas de una terna que el presidente Duque envió a la Corte Suprema de Justicia.

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“No imaginaba que Guatemala estaba tan podrida ni el nivel en que se apoderaron del Estado”

El fiscal colombiano que lucha contra la corrupción concede a EL PAÍS una de las pocas entrevistas desde que fue expulsado de Guatemala. Reconoce que enfrenta a un grupo de militares, diputados y empresarios y ha sido ingenuo al no medir el tamaño de las fuerzas que enfrenta. Sostiene que intentará volver en enero


 Unas horas después de la entrevista en un hotel de San Salvador, el jueves por la noche, a 250 kilómetros de ahí, se produce una escena: en un edificio gris de Ciudad de Guatemala protegido por altos muros y alambrada, un grupo de jóvenes fiscales celebran el éxito de una operación contra el financiamiento ilegal de los partidos que ha permitido emitir una orden de detención contra el excandidato presidencial Manuel Baldizón y nueve personas más por lavado de dinero y asociación ilícita. La operación incluyó registros en domicilios, detenciones, interrogatorios y muchos meses rastreando cuentas, depósitos y facturas.

La CICIG (Comisión contra la Impunidad) una especie de Audiencia Nacional creada por la ONU para casos de corrupción y alto impacto —en el país 143 más corrupto del planeta sobre de una lista de 180— considera que el empresario de autobuses que estuvo a punto de convertirse en presidente de Guatemala, desvió fondos para financiar sus campañas de 2011 y 2015. Un secreto a voces que la CICIG lleva al banquillo.


El magistrado que encabeza la investigación es un colombiano de 63 años, barba cana y maneras de viejo profesor de Derecho, que no puede intercambiar una palmada en la espalda con sus colaboradores, porque el presidente de Guatemala, Jimmy Morales impide su entrada al país y lo ha declarado persona ‘non grata’. Antes de esto metió en la cárcel al expresidente, Otto Pérez Molina, a su exvicepresidenta, a siete ministros y decenas de diputados y empresarios.


La Corte Constitucional de Guatemala ha dicho que prohibir su entrada al país es ilegal, pero el mandatario se niega y Velásquez lleva tres meses viviendo entre El Salvador y Estados Unidos desde donde dirige la CICIG, con la misma maleta con un puñado de camisas con las que salió del país. "Sabía que podía pasar, pero no me esperaba que no me dejaran regresar. Me llevé muda para una semana", bromea.


En una de las primeras entrevistas que concede desde el 3 de septiembre, Velásquez reconoce que la condena por fraude al hijo del presidente Jimmy Morales (por un delito de facturas falsas que no llegaba a los 10.000 dólares) fue el punto de quiebre en la relación con el mandatario. Poco después llegó la investigación contra su padre y la embestida político-empresarial, que incluyó las maniobras de un lobby en Estados Unidos, para que retirara su aportación económica.


Morales, investigado por financiación ilegal, tomó la decisión de prohibir su entrada y anunció que, en 2019, terminará la misión de las Naciones Unidas tras 11 años de trabajo en el país.


Para el jurista, la explicación a una reacción tan "poderosa y financiada", se debe a que estaban llegando al núcleo del problema. "En 2014 (cuando llegó el cargo) teníamos la hipótesis de que la corrupción anidaba en muchas dependencias del estado, lo que les permitía un accionar fácil e impune. Pero, tras el caso de La Línea (que en 2015 condenó al expresidente, la vicepresidenta y siete ministros) nos damos cuenta de que Guatemala es un Estado capturado", resume.


Velásquez admite que enfrenta una red "que durante décadas ha puesto al Estado al servicio de intereses particulares". En este frente proimpunidad Velásquez coloca a "empresarios procesados, exmilitares, miembros del gobierno, diputados y altos cargos del Partido Patriota con el respaldo de algunos jueces y abogados". "Todo está diseñado para mantener y no perder ese control. Y un poder que se siente amenazado responde ferozmente", señala.


Creada en 2006, la CICIG fue un novedoso invento de las Naciones Unidas que se puso en marcha cuando Guatemala, con unos 18 millones de habitantes, pidió ayuda ante la posibilidad de convertirse en un Estado fallido, controlado por un puñado de empresarios, militares y políticos. La respuesta fue la creación de una superfiscalía dotada de investigadores de primer nivel, financiada por la cooperación internacional y blindada del exterior, lejos de las tentaciones de soborno. Desde su aparición, ha estado dirigida por combativos fiscales como el español Carlos Castresana o el actual Iván Velásquez. Durante los últimos cinco años de trabajo de la CICIG, 60 grupos criminales, muchos de ellos con vínculos con el Gobierno, han sido desarticulados y 680 personas han sido procesadas por corrupción.


— ¿Intuía que la putrefacción en Guatemala era tan grande?


— No, no. Pensaba que la corrupción estaba focalizada y que se trataba solo de "manzanas podridas" pero nunca pensé que fuera de estas proporciones ni el nivel de apoderamiento del aparato del Estado, responde.


— Si la CICIG se va, ¿habrán ganado los malos?


— Depende de la sociedad guatemalteca si quieren seguir construyendo o admiten la regresión.


— ¿Intentará regresar?


— Tengo el propósito de regresar y probablemente en enero eso sería posible, responde


Iván Velásquez, comenzó su carrera judicial en el Medellín de Pablo Escobar. Posteriormente, fue el fiscal estrella que desmontó la estructura de la parapolítica en Colombia cuando Álvaro Uribe era presidente. Con esos antecedentes, que el gobierno de Guatemala le haya declarado "un peligro para la seguridad nacional", le provoca más indignación que temor.
Durante los cuatro años que lleva al frente de la CICIG ha sido criticado por hacer "show mediático", abusar de la prisión preventiva —156 personas llevan años a la espera de juicio— o su poca habilidad a la hora de elegir sus enemigos, como fue hijo del presidente por un caso aparentemente "menor".


Velásquez, sin embargo, cree que cada condena "contribuye a fortalecer la democracia", en un país que vive en un delicado equilibrio social, solo 22 años después de una guerra civil que dejó 200.000 muertos. "El delito del hijo del presidente apareció de forma no buscada. Y entonces, ¿qué debíamos hacer, mirar para otro lado? ¿O no actuar contra las televisiones que financiaron ilegalmente a los partidos porque nos echamos en contra a medios muy poderosos?", se pregunta. "Mostrar públicamente los casos es una forma de demostrar que las instituciones están trabajando. La construcción de una cultura de la legalidad implica una cultura de las consecuencias, que también alcanza a hombres poderosos". "Es probable que fuera ingenuo, al no tomar precauciones, pero creo que se trata de una virtud de la justicia para no parcializarse".


Sobre la lentitud en las condenas, el fiscal lo atribuye a un deliberado abandono de la justicia, con muchas décadas de vida. "Guatemala tiene seis jueces por cada 100.000 habitantes, la mitad de la media latinoamericana porque creían que era solo para perseguir a ladrones de bolsos y celulares". "Hemos demostrado que es posible la lucha contra la corrupción y la impunidad y ahí están las pruebas, pero en el Estado actual del país y del sistema de justicia, es imposible ganar esta guerra contra la impunidad".


Velásquez celebra que las condiciones de vida en las cárceles o la dureza de las penas se ha convertido en un tema de debate público, desde que presidentes, ministros o empresarios han comenzado a desfilar por prisión. "Nunca les interesó el estado de las cárceles o las leyes que regulan la privación de libertad, porque eran un invento de los defensores de Derechos Humanos que son todos comunistas", ironiza el jurista.


Para Iván Velásquez hay una evidente relación entre corrupción y pobreza y no le han sorprendido las caravanas de migrantes. "La lucha contra la corrupción es una lucha por la vida digna de las personas también en lo material". "Hay ayuntamientos donde se roban dos y tres millones de dólares en un país donde el 46% de los niños de menos de cinco años tienen desnutrición crónica. O zonas, como Alta Verapaz, con municipios donde la desnutrición llega al 85% (…) El Estado no puede ser el botín de unos pocos y que lo llamen democracia".


Durante los cuatro años en el cargo Velásquez le han llamado "extranjero y comunista". Durante este tiempo ha vivido en el búnker de cemento gris sede de la CICIG y una de las pocas salidas que hacía era ir a misa cada domingo. El Falcone de Guatemala levanta odios y pasiones como si fuera un futbolista, pero los guatemaltecos lo tienen claro; el 70% apoya su permanencia en el país frente al 15% de popularidad del mandatario. Desde que Morales anunció que la CICIG saldrá del país el próximo año, una sensación de horfandad se ha instalado entre los que aspiran a una Guatemala distinta.

Por Jacobo García
San Salvador 15 DIC 2018 - 20:44 COT

 

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“No se trata de sobrevivir en el sistema capitalista, sino de minar sus bases”

Amigo personal de Lula, el veterano fraile dominico brasileño y teólogo de la liberación es sin embargo crítico con algunas de las políticas aplicadas por los gobiernos del PT, de los que se distanció hace más de una década.


—¿Cómo explica el triunfo de Jair Bolsonaro?


—El PT realizó las conquistas más importantes de la historia reciente de Brasil, sobre todo en el área social, pero el último mandato de Dilma Rousseff no fue muy positivo, más bien lo contrario. Llevó a cabo políticas de corte neoliberal, aliándose con sectores de derecha, que alejaron al PT de lo que habían sido sus principios históricos. A eso hay que sumarle la desestabilización política conducida desde dentro del propio gobierno, por el vicepresidente Michel Temer, y desde fuera. Eso fue creando las condiciones para lo que siguió después.


Al mismo tiempo, el PT, en sus 13 años de gobierno, dejó en el tintero muchos temas. Uno de ellos fue la alfabetización política del pueblo, otro la democratización de los medios de comunicación. Y tuvo la “mala suerte” de que varios de sus líderes estuvieran envueltos en redes de corrupción.


—¿Mala suerte? ¿Esos casos de corrupción no fueron consecuencia de aceptar unas reglas del juego que se suponía se iban a combatir?


—Fue un error pensar que para asegurar la gobernabilidad había que hacer alianzas con determinados partidos. Pienso que lo más importante para asegurar esa gobernabilidad era favorecer la movilización de los movimientos sociales, que fueron la base histórica del PT, surgido precisamente como un “partido de los trabajadores”, de los más pobres.


Otro factor que jugó mucho en la llegada al poder de Bolsonaro fue la manipulación de los medios de comunicación. En eso hubo una incidencia de gente como el estadounidense Steve Bannon, que ya había tenido éxito en la promoción de Donald Trump y en la fabricación de “noticias falsas”. Bannon asesoró a Jair Bolsonaro y lo está haciendo en decenas de países (se habla de unos 50), con dirigentes de extrema derecha. Es gente que contribuye a una degradación extrema de la democracia.


El encarcelamiento de Lula contribuyó en mucho también, sin duda, a la victoria de Bolsonaro. Ahora ha quedado clarísimo que se trató de una conspiración en su contra: quien lo acusó, sin pruebas serias, consistentes, fue el juez Sergio Moro, a quien Bolsonaro designó como su futuro ministro de Justicia. Lula molestaba, y era muy probable que pudiera ganar fácilmente las elecciones. Ahora, con este panorama, no sé si no va a terminar sus días en la cárcel.


—¿Usted piensa que las denuncias de corrupción que pesan sobre una cantidad de dirigentes de gobiernos progresistas latinoamericanos obedecen a una campaña global orquestada?


—Es muy posible, pero eso no excluye que haya habido hechos de corrupción concretos, probados. En el caso de Brasil, ha habido incluso muchas confesiones. Antonio Palocci, ex ministro de Hacienda de Lula, admitió haber sido corrompido y haber sido corruptor. Y así otros dirigentes del PT.


Hay que tener en cuenta que este tema de la corrupción es muy sensible sobre todo para la gente pobre, que admite cada vez menos que las elites roben, se enriquezcan, cuando ellos la pasan mal, siguen pasando mal. Hay una exigencia ética muy fuerte en ese sentido, sobre la cual por supuesto se monta la derecha intentando explotarla sin legitimidad.
El PT, en este como en otros temas, no ha hecho autocrítica alguna al respecto.


—¿Cómo son actualmente sus relaciones con el PT?


—Nunca fui militante de ningún partido. Tenía y tengo relaciones personales con algunos de sus dirigentes, especialmente con Lula, con quien mantengo vínculos fraternales. Lo he ido a ver a la cárcel, y pienso ir a verlo, si me autorizan, antes de Navidad. Eso no implica que no pueda criticarlo, y mucho, siempre dentro de la izquierda.


—Usted ha sido muy duro con los gobiernos del PT, por ejemplo en su libro La mosca azul, de 2006.


—Y también en Calendario del poder (publicado en 2007), que no está traducido, y que es una suerte de diario de trabajo de cuando estaba en el gobierno y me decepcioné de sus políticas. Yo había sido parte del programa Hambre Cero, concebido como un plan monitoreado por los movimientos sociales a través de comités de gestores. Pero el propio gobierno lo remplazó con Bolsa Familia. Hambre Cero era un programa emancipatorio, Bolsa Familia fue un programa compensatorio. No es que dar dinero, subvenciones, a los más pobres, esté mal en sí mismo, pero no se les permitió a las familias marchar hacia su emancipación financiera y sustentable.


—Es una concepción con la que se manejaron casi todos, si no todos, los gobiernos progresistas de la región.


—Exactamente. No dieron a la gente condiciones para que saliera durablemente de la miseria, a través del acceso a la vivienda, a la tierra, al trabajo.


En Brasil se priorizó el acceso a los bienes personales. Vas a una favela y adentro hay smartphones, tevé plana y a color, heladera, computadora, pero la casilla en la que viven es la misma casilla miserable de antes. La gente no tiene vivienda digna, no tiene saneamiento, no tiene trabajo, los niños no van a la escuela. Se debería haber priorizado el acceso a los bienes sociales y crear una sociedad diferente, basada en una cultura en la que los bienes sociales fueran los más importantes. Eso no se hizo. Tampoco se puso énfasis en un tipo distinto de educación. Ahora Bolsonaro propone volver a una educación aun más retrógrada, en la que a los niños se les enseñe que la teoría de la evolución es falsa, y lo va a poder hacer, porque no se trabajó para consolidar una base impermeable a ese tipo de barbaridades.


Lo que quiero decir es que no se trata de apuntar, como se hizo bajo los gobiernos del PT, a sobrevivir en la sociedad capitalista, sino a minar las bases de la sociedad capitalista, a darle nuevo sentido a la vida, fomentar un sentido de comunidad. La gente que entraba a los partidos comunistas en los años veinte, treinta, cuarenta, en sociedades capitalistas, sentía que vivía un mundo solidario, fraterno. Con las diferencias claras del caso, hay que volver a ese espíritu.


—Los partidos progresistas afirman que una cosa es la “cultura de oposición” y otra la “cultura de gobierno”, y que una vez que llegan al poder se encuentran con problemas que no preveían. En Brasil, el PT dice que tuvo que operar en un sistema político atomizado y corrupto, y con ese argumento justifica las alianzas que hizo o el mensalão…


—Son excusas. Se podría perfectamente haber hecho de todas maneras cosas que no se hicieron: implementar la alfabetización política de la gente; lo que hablaba antes, de los programas emancipatorios y no asistencialistas; apoyar a los medios de comunicación alternativos, en vez de a los medios grandes; tomar medidas redistributivas más fuertes, y muchas otras cosas que se optó por no hacer a pesar de que se contaba con el apoyo de los movimientos sociales.

Daniel Gatti
30 noviembre, 2018

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Empresas chinas pagaron 176 millones en sobornos para lograr contratos en Venezuela

Directivos próximos a Hugo Chávez y ejecutivos de PDVSA ocultaron su botín en Andorra

El Gran Volumen, un mega contrato de 20.000 millones de dólares (17.600 de euros) sellado en 2010 entre Venezuela y China, devino en un nido de corrupción. La construcción de infraestructuras energéticas en el país sudamericano amagó un fabuloso negocio de comisiones ilegales. Una investigación de la Justicia de Andorra ha destapado que el empresario de los seguros venezolano Diego Salazar y sus colaboradores cobraron 200 millones de dólares (176,5 millones de euros) de cinco compañías chinas. La red de Salazar escondió su botín en la Banca Privada d'Andorra (BPA). Un banco que fue cerrado en 2015 por las autoridades de este pequeño Principado pirenaico por blanqueo de capitales.


Al gigantesco pastel de obra pública que ofrecía el Gran Volumen solo concurrían empresas chinas. Firmas que acudían a las licitaciones del Gobierno de Venezuela. El desarrollo se enmarcó en un plan concebido en 2007. Los dos países firmaron entonces el acuerdo Fondo de Cooperación Binacional. China otorgaba un préstamo a Venezuela a través del Banco de Desarrollo de China (BDC) y aportaba las dos terceras partes. El Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) fue el encargado de administrar los fondos. Un gran plan para modernizar Venezuela. Y una suculenta oportunidad para tipos como Salazar.


Y es que Salazar no era un empresario más. El ejecutivo de los seguros es primo de Rafael Ramírez, que fue ministro de Energía y Petróleo del país sudamericano entre 2004 y 2012 y presidió Petróleos de Venezuela (PDVSA), la mayor compañía pública del país. Y la jueza andorrana Canòlic Mingorance acaba de desvelar que Salazar contactó con empresas chinas para facilitarles adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales. Se sirvió del primer secretario de la embajada de Venezuela en Pekín, Luis Enrique Tenorio. Para ocultar sus beneficios, Tenorio creó una sociedad panameña, Phomphien Corporation, y abrió una cuenta en la BPA de Andorra.
Salazar fue detenido hace un año y se encuentra preso en Caracas.


El circuito Venezuela-China-Andorra funcionó a la perfección. Highland Assets, la sociedad tras la que se ocultaba Salazar y un colaborador, firmó un acuerdo con la compañía china Camc Engineering por el que la asesoraba en la obtención de los contratos millonarios que licitaba el Ministerio de Petróleo y Energía, especialmente de PDVSA y Corpoelec, en el marco de la ola de obras que se ofrecían en el Gran Volumen.


El contrato era confidencial hasta que cayó en manos de la juez Mingorance. La magistrada ha empleado el texto para sustentar parte de su acusación y procesar a Salazar por blanqueo de capitales. El documento establecía que si los chinos conseguían obras por valor de 176 millones de euros, Highland Assets recibiría un 10 por ciento neto del volumen de negocio de Camc Engineering. “Se trata de un contrato de resultados totalmente anormal en el sector de la consultoría, donde el hecho generador de la contraprestación no es la elaboración de informes ni la asistencia, sino resultar adjudicatario”, señala un reciente auto de la juez andorrana.


Tras la firma del acuerdo, la empresa china comenzó a recibir adjudicaciones. La primera, la construcción de la planta de generación eléctrica de El Vigía que sacó a concurso la eléctrica pública venezolana Corpoelec. Y la cuenta andorrana de Salazar con su sociedad panameña Highland Assets recibió el primer pago de 31 millones de euros como “asesoría integral para la ejecución del proyecto de construcción de la planta termoeléctrica El Vigía”


Por cada obra adjudicaba, llegaba a la cuenta andorrana un nuevo pago. Un millón de dólares (882.591 euros) por el proyecto del delta del Orinoco; 400.000 dólares (353.072 euros) por el del río Guarico; 600.000 (529.610 euros) y un millón de dólares (882.591 euros) por el del rio Orinoco; tres millones (2,6 euros) por los proyectos de Fábrica, Tiznado, Piritu Becerrra, Delta Orinoco y Guarico. Entre 2011 y 2012, el chorreo de millones no paró. Y sumó 106 millones de dólares (93,5 de euros)


Al tiempo que las 11 cuentas de Salazar en Andorra engordaban con cifras millonarias, desde las mismas comenzó el riego de sobornos a altos funcionarios venezolanos. Todo, ante los ojos de los directivos de la BPA. Los ejecutivos del banco andorrano no se hicieron preguntas sobre la suculenta actividad del empresario venezolano al que ayudaron a constituir su red de sociedades panameñas.


El negocio del Gran Volumen se repartió entre varias empresas chinas con las que Salazar y su colaborador Luis Mariano Rodríguez firmaron contratos similares. China Machinery Engineering Corporation (CMEC) se llevó la construcción de la estación eléctrica de emergencia del estado de Zulia y recompensó a Salazar con un pago de 55 millones de dólares (48,5 de euros). Rodríguez percibió 9,5 millones dólares (8,3 de euros). El dinero fue a parar a la cuenta andorrana de la sociedad holandesa Investments and Consulting.


La firma Sinohydro Corp. Ltd selló con PDVSA la construcción por 315 millones de la central de La Cabrera. Cinco días antes, la sociedad panameña de Salazar había firmado un contrato con Francisco Jiménez Villaroel, gerente de la oficina de PDVSA en China, para ayudar a las empresas asiáticas a entrar en el mercado venezolano. La juez resalta que Jiménez carecía entonces de ninguna estructura para prestar esos supuestos servicios. La empresa china no tardó en transferir 50 millones de dólares (44,1 de euros) a la cuenta de Salazar y Eudomario Carruyo, entonces director financiero de PDVSA, recibió en su cuenta de la BPA 7 millones de dólares (6,1 millones de euros)


El caudal de pagos millonarios del Gran Volumen no se detuvo. Nuevas comisiones por La Cabrera, por el proyecto Agrícola Integral Pajuey y Santo Domingo Llano Alto. Y nuevas empresas chinas que colmaron de millones las cuentas andorranas de Salazar y sus colaboradores. Como la firma de fabricación de autobuses Yutong Hongkong Ltd., que le transfirió 11 millones de dólares (9,7 de euros); la petrolera Shandong Kerui Petroleum, que le envíó 17 millones (15 de euros).


Salazar declaró en 2015 en Andorra ante la juez que ahora ha descubierto sus secretos más ocultos. Afirmó que eran las autoridades chinas las que tenían “el poder de decidir que empresas hacían los proyectos”. Sus argumentos no impidieron que fuera procesado el pasado septiembre junto a otras 27 personas acusadas de expoliar 2.000 millones de euros de PDVSA, la joya de la corona del país latinoamericano. Entre los encausados figuran Nervis Villalobos y Javier Alvarado, exministros de Energía de Hugo Chávez.


 Pagos millonarios a ejecutivos de la petrolera estatal venezolana

J. M. I. / J. G.


La investigación de la juez andorrana Canòlic Mingorance ha destapado los sospechosos pagos que recibieron algunos de los principales responsables de la compañía pública Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y sus filiales. Es el caso de Ramón Arias Lanz, expresidente de PDVSA Ingeniería y Construcción que tenía una cuenta en la Banca Privada d'Andorra (BPA) a nombre de la sociedad instrumental White Snake Properties.


Entre 2011 y 2012, la cuenta de Arias se nutrió de tres traspasos. Uno de 300.000 dólares (265.545 euros) y dos de cinco millones de dólares cada uno (8,8 de euros). Todos procedieron de la cuenta de la sociedad High Advisory and Consulting Ltd, de Luis Mariano Rodríguez, director financiero de Diego Salazar y para los investigadores su supuesto testaferro.


Luis Abraham Bastidas Ramírez, primo de Rafael Ramírez Carreño, y gerente del departamento de logística y servicios generales de la petrolera pública venezolana, abrió su cuenta en la BPA. Con la ayuda de los gestores del banco, creó una sociedad panameña, Tellancourt S. A. En la cuenta asociada a la misma recibió dos transferencias desde la mercantil de Luis Mariano Rodríguez de 600.000 dólares (531.057 euros) y 2.800.000 dólares (2,4 millones de euros).


Tanto Arias como Bastidas justificaron sus ingresos con supuestos contratos de asesoramiento con la sociedad de Rodríguez. Contratos que para los investigadores son ficticios.

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Viernes, 23 Noviembre 2018 06:19

Un salto cualitativo en las tormentas

Un salto cualitativo en las tormentas

"Estamos entrando en una nueva normalidad. Las cosas no son como eran hace 10 años". Las frases no pertenecen a ningún intelectual sino a alguien realmente importante: el jefe de bomberos de un condado de California. Integran el reportaje del periodista hispano-estadunidense Gustavo Arellano sobre los más recientes y devastadores incendios, que pueden servir como introducción al mundo caótico en el que estamos ingresando (goo.gl/pVezzc).

Los bomberos más experimentados de ese estado aseguran que nunca habían visto algo igual. En la pequeña ciudad de Paradise ardieron 10 mil edificios, hubo cerca de mil desparecidos y los muertos se acercan al centenar. Especialistas aseguran que ya no hay temporada de incendios, como había hasta ahora, porque suceden a lo largo de todo el año.

Al cambio climático se suma la desastrosa urbanización de áreas rurales. Cien millones de árboles muertos en California en sólo cuatro años de sequía (2011-2015), a lo que se suma la brutal especulación inmobiliaria que ha urbanizado las zonas rurales, una impresionante "colonización del campo" (goo.gl/DneeTq).

¿Podemos imaginarnos lo que sería si los huracanes y los tsunamis dejaran de ser algo excepcional o temporal para convertirse en "una nueva normalidad"? Agréguese que la mayoría de las grandes ciudades del sur del mundo no tienen más agua potable y sus habitantes deben comprarla, cuando pueden, para no enfermar. Los 20 millones de habitantes de Delhi viven 10 años menos por la contaminación del aire, 11 veces superior a lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (goo.gl/v7KNKH).

Estamos ingresando en el momento en cual la tormenta se torna lo cotidiano, agravada por una nueva coyuntura política en la cual los Trump y los Bolsonaro forman parte del nuevo decorado. Hasta el mediocre presidente francés Emmanuel Macron, declaró que el mundo se verá "abocado al caos" si la decadente Unión Europea no encuentra un rumbo propio (goo.gl/YjBqTH).

Si es cierto, como dice el filósofo brasileño Marcos Nobre, que Bolsonaro fue el candidato del colapso y "necesita del colapso para mantenerse", debemos reflexionar sobre este argumento (goo.gl/tSkZaF). A mi modo de ver, tanto el nuevo conservadurismo ("fascismo" dicen algunos) como el progresismo, son el fruto amargo del colapso y tienen un amplio futuro por delante. Como resultó evidente en Brasil, Lula y Bolsonaro son complementarios y cada quien podrá llegar a conclusiones similares en su propio país.

Creo necesario reflexionar sobre qué entendemos por colapso, a quiénes afectará y cómo podríamos salir del mismo.

En primer lugar, dejar en claro que el colapso en curso es una creación de los de arriba, la clase dominante o el uno por ciento más rico, para superar una situación de extrema debilidad por falta de legitimidad respecto al resto de la humanidad. El colapso es una política de arriba para controlar y disciplinar a los de abajo y, eventualmente, encerrarlos en campos de concentración reales, sin alambradas pero rodeados por campos con glifosato, monocultivos, mega-obras y mineras a cielo abierto.

Rechazo con vehemencia la idea de que el colapso sea un proceso natural o de la naturaleza, e insisto en su carácter de proyecto político que reducir la población del planeta para estabilizar la dominación. Este plan se exterioriza también en los fenómenos naturales, pero su punto de partida es la clase dominante.

La segunda cuestión es que afecta principalmente a los sectores populares, pueblos originarios, africanos liberados de la esclavitud, familias rurales y de las periferias urbanas. Las y los de abajo sobramos en este mundo de acumulación por robo, porque como ya se ha dicho somos el mayor obstáculo para convertir la naturaleza en mercancías.

Los de arriba nos atacan, pero no por razones ideológicas, por racismo o machismo feminicida, sino que utilizan estos instrumentos de dominación y control para lubricar su enriquecimiento ilegítimo y a menudo ilegal. Se volvieron violentos para acumular.

La tercera es que no tiene mayor importancia si estos procesos se producen bajo gobiernos conservadores o progresistas, ya que no pueden controlar la acumulación por robo, lo que no los convierte en inocentes por cierto. El progresismo sudamericano se ha hundido por la violencia y la corrupción que generaron las grandes obras, más que por las acciones de la derecha.

Como señala el periodista de izquierda Leonardo Sakamoto, la aberración de construir una hidroeléctrica como Belo Monte (en plena Amazonia), con su inevitable secuela de "violencia contra las poblaciones indígenas, trabajo esclavo y tráfico de personas", fue el fruto de la arrogancia desarrollista del lulismo (goo.gl/44bkpg). Las mega-obras no son "errores" sino el meollo del progresismo.

Por último, esta nueva realidad inutiliza nuestras viejas estrategias y nos fuerza a construir "arcas" (o como cada quien quiera llamarle a los espacios de autonomía y autodefensa) que necesitamos para no naufragar y morir en la tormenta.

 

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Fiscalía venezolana ordena arresto de un ex funcionario de Chávez

Caracas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ordenó este jueves investigar y confiscar los bienes de Alejandro Andrade Cedeño, ex funcionario del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) quien recientemente se declaró culpable en Estados Unidos de asociación ilícita por lavar más de mil millones de dólares en sobornos.

Saab indicó en conferencia de prensa que también se ordenó el arresto de Andrade y explicó que es investigado por la venta irregular de bonos de la nación y el desvío de fondos del estatal Banco de Fomento Regional Los Andes a la banca privada, por lo que podría ser acusado de los delitos de peculado doloso propio, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista.

Además, ordenó congelar las cuentas bancarias del ex funcionario en Venezuela ante la gravedad de los cargos.

"Esperamos que Estados Unidos entregue al Estado venezolano a este delincuente internacional", comentó el fiscal, y añadió que pidió a la Interpol la captura del acusado, “porque este ciudadano vive en otro país dándose la dolce vita (dulce vida) de una manera brutal, grotesca y repugnante”.

Andrade ascendió de guardaespaldas de Chávez a jefe de la Oficina Nacional del Tesoro, y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, donde se desempeñó hasta 2010. Antes de dejar su cargo empezó a visitar Estados Unidos, donde compró una lujosa hacienda de caballos en el área de Wellington, Florida, y en 2013 comenzó a colaborar con las autoridades estadunidenses para destapar una trama de corrupción y lavado de dinero que supuestamente involucra a altos funcionarios y empresarios venezolanos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el martes pasado que Andrade admitió su culpabilidad en este esquema el 22 de diciembre de 2017 ante la corte federal del distrito sur de Florida.

Los documentos judiciales publicados indicaron que al acusado se le decomisaron mil millones de dólares y se le confiscaron todos los activos involucrados en el plan, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones, además de cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza.

También reveló que el banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray, ex propietario del disuelto Banco Peravia, de República Dominicana, participó en esta trama y se declaró culpable el 20 de marzo pasado por el mismo cargo.

Los testimonios de ambos involucraron al multimillonario venezolano Raul Gorrín Belisario, dueño de la televisora privada Globovisión. El empresario, con residencia en Miami, fue acusado el 16 de agosto de 2017 por la misma corte federal de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, una norma estadunidense con disposiciones antisoborno, y de otros 10 cargos.

Andrade y Jiménez se comprometieron con las autoridades estadunidenses a colaborar con la finalidad de intentar reducir sus condenas, de acuerdo con la nota. La audiencia de la sentencia contra el ex funcionario chavista será este 27 de noviembre, y la del banquero el 29; cada uno podría alcanzar hasta 10 años de prisión.

En otro orden, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) acusó a varios de sus ex directores de robar un equivalente a 500 millones de dólares en contratos de compra de material a sus propias sociedades, reportó el diario español El País.

De 48 mil contratos examinados entre 2009 y 2015, un total de 2 mil 562 fueron a empresas de Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, quienes fueron acusados en Estados Unidos de sobornar a funcionarios venezolanos para obtener acuerdos lucrativos.

El dinero fue malversado en las sucursales de la petrolera venezolana y lavado en España, detalló el rotativo. La información fue citada por varios medios periodísticos venezolanos, entre ellos El Nacional; PDVSA no comentó el reporte del diario madrileño.

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Nicmer Evans: El desfalco a la Nación sería de 500 mil millones de dólares

Nicmer Evans, integrante del chavismo disidente, anunció que durante la enfermedad y posterior muerte de Hugo Chávez hasta la elección de Nicolás Maduro como presidente, en el año 2013, Venezuela contó con una fuga de capitales del 259 mil millones de dólares.

Desde la fecha hasta hoy, indicó que al menos 500 mil millones de dólares ha sido el desfalco por parte del Gobierno venezolano.

Hasta el año 2012, “la gente se veía verdaderamente beneficiada” con la distribución de medicamentos por parte del Gobierno Nacional, así como contaba con el poder de adquisición de diferentes productos, aún existiendo “corrupción” interna en el Ejecutivo, situación “que no es justificable”, expresó Evans.

La escasez en los anaqueles venezolanos, empieza a notarse para el 2013 con el declive de la producción petrolera de PDVSA y los conflictos en las inversiones de importación. Aunado a la “nueva casta” de políticos que empezaron a profundizar aún más el desfalco de nación, acotó.

El politólogo puntualizó que en Venezuela “hubo fuga de capitales controladas por el Gobierno”, porque políticamente “se ponían en riesgo, sino lo sacaban” de la dirigencia. La trama de corrupción es lo que ha llevado al país a la actual situación que vive.

Evans invitó a la Comisión de Contraloría, investigar también a todos los subtesoreros durante el mandando de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que son los que firmaban las ordenes de pago.

“El nivel tan abrupto de comportamiento y deformación llega al punto” de que tenemos a un extesorero fuera del país, que es el señor Alejandro Andrade, dueño de grandes propiedades en Estados Unidos.

“Él nunca podrá comprobar cuánto trabajó para tener esas propiedades”, expresó Evans e instó al gobierno norteamericano a que “le meta el ojo a personalidades como estas que son pública y notoriamente hijos del desfalco de la nación”.

Por: Aporrea-Agencias | Viernes, 16/11/2018 04:31 PM |

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Sábado, 17 Noviembre 2018 05:44

La dictadura de Amazon

La dictadura de Amazon

“Me produce una gran indignación que Nueva York, bajo el gobierno de Cuomo, esté dispuesto a conceder hasta 3.000 millones de dólares del dinero de los contribuyentes sin consultar a nadie. ¿Cuál es el punto de tener un Senado con mayoría demócrata progresista, por el que trabajamos tan duro en el estado de Nueva York, si no podemos evitar que un hombre transfiera 3.000 millones de dólares del dinero de los contribuyentes al hombre más rico de este planeta?”, dijo Ron Kim, miembro de la Asamblea Legislativa del estado de Nueva York

 Amazon emitió esta semana su tan esperado anuncio: la revelación de dónde estará ubicada su segunda sede central, llamada HQ2 (por su sigla en inglés). El proceso de selección enfrentó a más de 200 ciudades que compitieron por la posibilidad de albergar el nuevo campus de la empresa, que traía de la mano la promesa de crear 50.000 empleos bien remunerados. En su competencia para ofrecerle a la empresa el mayor número posible de tentadores subsidios públicos y atractivas exenciones tributarias, los políticos se postraron ante el gigante de la venta por Internet y su fundador y director ejecutivo, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo. Cada una de estas autoridades locales tenía la esperanza de que la ciudad ganadora prosperara con el aumento de los ingresos fiscales y el surgimiento de un pujante polo tecnológico que podría competir con el mismísimo Silicon Valley. Finalmente, Amazon anunció que la nueva sede se iba a dividir en dos ubicaciones más pequeñas: una en Queens, Nueva York y la otra en Crystal City, Virginia. Si bien los detalles de los subsidios financiados con fondos públicos que se le otorgarán a Amazon siguen sin revelarse, lo que se sabe hasta ahora es suficiente para confirmar los peores temores de los numerosos críticos de Amazon: la licitación de la HQ2 fue, en el mejor de los casos, un derroche. Otro ejemplo más de bienestar corporativo, donde se transfiere el dinero de los contribuyentes de la clase trabajadora a un gigante empresarial y su dueño multimillonario.


Al día siguiente de que el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dieran a conocer los detalles de la oferta ganadora de la ciudad para la sede reducida de Amazon, Ron Kim, miembro de la Asamblea Legislativa del estado de Nueva York y un demócrata progresista, dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Me produce una gran indignación que Nueva York, bajo el gobierno de Cuomo, esté dispuesto a conceder hasta 3.000 millones de dólares del dinero de los contribuyentes sin consultar a nadie. ¿Cuál es el punto de tener un Senado con mayoría demócrata progresista, por el que trabajamos tan duro en el estado de Nueva York, si no podemos evitar que un hombre transfiera 3.000 millones de dólares del dinero de los contribuyentes al hombre más rico de este planeta?”. El representante Kim está haciendo referencia a la victoria del Partido Demócrata en el estado de Nueva York en las elecciones de la semana pasada, que le han permitido tomar el control del Senado del estado por tercera vez en los últimos 50 años. Kim se muestra optimista y considera que, entre la nueva composición del Senado y la Asamblea estatal —de la que él forma parte y que es ampliamente controlada por los demócratas—, los generosos subsidios se podrán rescindir.


La revista Time calculó que a Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, le lleva solo nueve segundos ganar 28.000 dólares, lo que el trabajador promedio de Amazon gana en un año. Greg LeRoy, de la organización defensora de la responsabilidad empresarial y gubernamental en el desarrollo económico de las familias trabajadoras, “Good Jobs First” (“Buenos empleos primero”, en español), ha monitoreado durante mucho tiempo lo que él llama “megatransacciones persistentes”, como el cortejo que le hicieron Nueva York y Virginia a la sede HQ2 de Amazon. En una entrevista para Democracy Now!, LeRoy explicó: “Este es un nuevo ejemplo de Amazon recibiendo un pago por hacer lo que hubiera hecho de todos modos. Quería estar en la capital financiera del mundo, del país y en la capital política del país, por lo que no hay ninguna sorpresa en la ubicación elegida. Una vez más, estamos subsidiando enormemente a una empresa para que haga lo que de todos modos quería hacer”.


El alcalde Bill de Blasio celebró la decisión de Amazon de ubicar la sede en Long Island City, Queens: “Aquí vamos a tener una oportunidad para decenas de miles de neoyorquinos de a pie, niños que asisten a nuestras escuelas públicas, jóvenes que asisten a nuestras universidades comunitarias y las de cuatro años”. Ante estos dichos, Greg LeRoy respondió: “Sabemos que, por lo general, cuatro de cada cinco de los nuevos trabajadores en un proyecto como este no serán residentes actuales de Nueva York o Arlington [Virginia]. Serán personas que se trasladen al área desde afuera. Y eso significa que se produce una gran expansión, que se deben ampliar muchas escuelas y construir infraestructura y servicios públicos”. Todo esto lo pagan los contribuyentes, no Amazon.


LeRoy también sostuvo: “La mayoría de las ganancias, lo que incluye todas las ganancias durante algunos años, vienen de sus servicios informáticos en la nube, de los servicios en internet de Amazon. Es la mayor empresa informática de servicios en línea del mundo. Su cuota de mercado es de aproximadamente un 40%. Y entre sus clientes más lucrativos en ese espacio se encuentran el Pentágono, la CIA y otras agencias federales estadounidenses. Amazon está ejerciendo presión agresivamente para obtener un mayor control sobre las líneas de adquisiciones federales y las líneas de adquisiciones estatales y locales. La gente no se da cuenta de que la ubicación de la sede HQ2 en Crystal City, Virginia está muy cerca, literalmente, a unos metros, del Pentágono”.


“Amazon no solo quiere dominar el mercado; quiere convertirse en el mercado”, reza el titular de un artículo del semanario The Nation escrito por Stacy Mitchell, del Instituto para la Autosuficiencia Local. En una entrevista para Democracy Now!, Mitchell expresó: “En la actualidad, Amazon está capturando uno de cada dos dólares que los estadounidenses gastan en internet”. Además, elimina a los pequeños comercios. “Estamos perdiendo alrededor de dos trabajos minoristas por cada trabajo generado en un depósito de Amazon. Pero yo pienso que, en lugar de considerar a Amazon como el actor predominante en estos mercados, la forma de comprender qué implica realmente esta empresa es que Amazon procura el control de la infraestructura esencial que otras empresas necesitan usar para llegar al mercado. Con su plataforma en línea, más de la mitad de todas las búsquedas de productos en internet ahora comienzan en el sitio web de Amazon. Y lo que eso implica es que para una empresa que produce o vende al por menor, si desea poder llegar a los consumidores deberá cada vez más recurrir a vender en la plataforma de Amazon. Y eso significa que Amazon pasa a controlar esos negocios”.


En un principio, Jeff Bezos había llamado a su empresa “Cadabra”, como en “abracadabra”. Sin embargo, según la leyenda, su abogado le dijo que sonaba muy parecido a “cadáver”. Está por verse si este nuevo cuartel general de Amazon va a desatar una mágica era de alta tecnología en Queens, o si va a eliminar a los pequeños comercios, disparar los alquileres por las nubes y no dejar más nada que el cadáver de este vecindario de clase trabajadora.
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Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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