Jueves, 07 Junio 2018 17:33

Y adentro, la caldera

Y adentro, la caldera

…el balón que va y que viene.

El ritmo irracional que nunca se interrumpe.

El frío afuera. Y un puñado de gente. Y adentro, la caldera”.

Osvaldo Ardizzone.


El que quiera aprender de fútbol debe leer las crónicas de Ardizzone; terminará eso sí, amando más la poesía que el fútbol… Ardizzone fue el último poeta del fútbol, Petrarca el del amor.

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"Es una reivindicación y una reparación"

El ex juez español Baltasar Garzón, quien inició las investigaciones del caso Gürtel por el que finalmente cayó el presidente español Mariano Rajoy, señaló que toma la resolución de la moción de censura contra el líder conservador como “una reivindicación y una reparación” dado que muchos intentaron impedir que siguiera el caso en su momento e incluso lo inhabilitaron del Tribunal Supremo cuando empezó a seguir las denuncias de corrupción en el Partido Popular (PP). "Había indicios de delito y trataron de impedir la investigación y a mí me costó el puesto como juez", recordó esta mañana el ex magistrado.


A dos días de que el Congreso confirmara la moción de censura contra Rajoy y que asumiera en su lugar el líder de los socialistas Pedro Sánchez, Garzón celebró que el fallo de la Audiencia Nacional contra el PP respaldara su pesquisa. “Lo importante es que la Justicia ha funcionado, funcionó con grandes presiones al comienzo de la investigación con una persecución atroz sobre mi persona", subrayó el ex juez especialista en derechos humanos, quien agregó: llevo 8 años suspendido por esto y ahora el tribunal dice que hice estuvo bien. Es una reivindicación y una reparación".


La investigación por la cual la Justicia española condenó el pasado 24 de mayo al Partido Popular por una enorme trama de corrupción- que incluyó coimas, desvío de fondos y adjudicaciones ilícitas de obra pública- se inició hace una década. A raíz del aporte del ex concejal del PP José Luis Peñas de material incriminatorio, y luego de casi un año de investigación, el 6 de febrero de 2009 Garzón sacó a la luz la trama de corrupción que se venía arrastrando desde los noventa.


Fue en ese momento que lo apartaron de la Asamblea por ordenar escuchas telefónicas en prisión entre los principales miembros del PP implicados en la trama y sus abogados, y ya en 2012 lo expulsaron finalmente de la Justicia. "Tras algunas denuncias el Tribunal consideró que no se podían interceptar unas comunicaciones de los máximos responsables y ahora dice que mi actuación fue correcta", señaló al ratificar que la investigación la había iniciado porque “la ciudadanía está harta de tanta corrupción y de que no hubiere respuestas firmes”.


También reconoció que lo sucedido “habla de una gran independencia del poder judicial” aunque aclaró que “eso no quiere decir que no haya ejemplos negativos”. En esa línea, dijo estar preocupado por “el papel del poder judicial en Argentina con dinámicas que parecen más ajustes de cuentas que otra cosa".


El ex magistrado, quien investigó los crímenes del franquismo y de la dictadura argentina, advirtió en una entrevista a Radio 10 que es “peligroso” lo que está sucediendo con el giro a la derecha a nivel regional. "En todo el mundo se está viviendo un giro hacia lo conservador y la derecha, es muy peligroso. La brecha entre los que más tienen y los que menos se está agrandando y eso se ve en Latinoamérica", afirmó y luego se refirió en particular al caso argentino: “Hay noticias permanente sobre la realidad social de la Argentina y de un gobierno que incumplió las cosas que prometió".

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El gobierno de facto de Brasil pierde una pieza vital. Cae el CEO de Petrobras

Parente presentó su renuncia luego de diez días de paro de camioneros contra el aumento del diésel, que llegó al 50 por ciento desde julio contra un cuatro por ciento de inflación.

Cayó el presidente de  Petrobras, Pedro Parente, pieza central del gobierno de Michel Temer, hundido en una crisis  de desenlace incierto. El ahora ex titular de Petrobras presentó su renuncia luego de diez días de paro de los camioneros en demanda de la baja del diesel, cuyo preció subió el 50 por ciento desde julio del año pasado, período en el cual la inflación rozó el 4 por ciento .Ligado políticamente al ex mandatario Fernando Henrique Cardoso, de quien fue ministro, Parente gestionó la petrolera estatal como si fuera privada. Optimizó las ganancias de los accionistas nacionales y extranjeros, incrementó la importación de diesel, redujo la actividad de las refinerías y cedió plataformas a las multinacionales en licitaciones controvertidas. 


Parente además estableció una política de precios sujeta al aumento del barril en el mercado internacional, cuando el grueso del gasoil y la nafta brasileños se producen con petróleo nacional. Esta fórmula hizo que el diesel aumentara, casi a diario, siguiendo las oscilaciones externas.


En los dos años de gestión Temer-Perente fue revertida la política petrolera implementada en los 13 años de gobierno del PT, durante los cuales se reforzó la presencia del Estado, hubo regulación de precios para impedir el contagio de las oscilaciones internacionales del petróleo y se construyeron plataformas y refinerías, con el propósito de alcanzar el pleno autoabastecimiento. El fin de la era Parente debilita aún más a Temer y acota la influencia de Fernando Henrique Cardoso y los neoliberales del Partido de la Socialdemocracia Brasileña.


La noticia  se conoció poco antes del mediodía, tras lo cual la Bolsa de Valores de San Pablo (Bovespa) suspendió durante media hora la oferta de papeles de Petrobras. Al reabrirse la ronda de negocios, las acciones de la compañía se hundieron hasta el 20 por ciento, una baja similar a la sufrida en Wall Street.


La permanencia de Parente se tornó inviable luego del paro de los transportistas que hizo colapsar al país dejándolo sin suministros esenciales. Según dos encuestas de esta semana, la mayoría de los brasileños apoyó los piquetes y rechazó una eventual privatización de Petrobras. El miércoles, la Federación Única de los Petroleros realizó una huelga nacional contra la política de precios abusiva y reclamando la renuncia del titular de Petrobras. 
“Está claro que ante este cuadro, mi permanencia (en el cargo) dejó de ser positiva”, escribió Parente en la carta de dimisión “irrevocable” dirigida a Temer. En su despedida recomendó que se escoja un sucesor inmune a las injerencias “políticas”. Su labor al frente de Petrobras fue desastrosa dijo Luiz Inácio Lula da Silva durante el encuentro que mantuvo ayer con Dilma Rousseff en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, conmemoró hoy la despedida de un  “entreguista” responsable de la “ofensiva privatista” que buscaba quedarse con las reservas gigantescas de los campos de “pre-sal”, en aguas ultraprofundas del mar brasileño.

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Hasta nunca. El caso de corrupción Gürtel hace caer a Rajoy

La corrupción devora al gobierno de Mariano Rajoy, el primer presidente de España obligado a marcharse por una moción de censura. El país se sumerge en un escenario hasta ahora desconocido. Pedro Sánchez, líder del Psoe, se preparaba al cierre de esta edición para tomar el timón.


Se cayó de un helicóptero. Salió ileso. Se dedicó a salvar a banqueros mientras miles de personas eran expulsadas de sus viviendas por no poder pagar sus hipotecas. Tampoco le pasó nada. Recortó libertades y ahogó derechos laborales. Volvió a ganar las elecciones, aunque con dificultades para formar gobierno. Hasta este mes de mayo, Mariano Rajoy parecía un líder indestructible. Nada, absolutamente nada, parecía hacerle daño. Sin embargo, la armadura del líder político acabó quebrándose por culpa de una sentencia judicial. La corrupción, ese mal que aquejaba desde hacía ya tiempo a su partido, ha terminado por arruinar su carrera política. Rajoy, el guerrero que no se rompía, se quebró.


La desgracia del presidente español se escribe en alemán: Gürtel. Que significa “correa” en castellano, porque Correa es el apellido del empresario que tejió una gigantesca red corrupta que conseguía contratos públicos para sus empresas en municipios de Madrid y Valencia. A cambio, Francisco Correa pagaba comisiones y repartía regalos entre los generosos políticos del Partido Popular (PP) que aceptaban ayudarlo. La cosa funcionó muy bien, hasta que un concejal de esa misma trama corrupta, José Luis Peñas, se compró una grabadora. Fue, básicamente, el comienzo del fin.


ON THE RECORDER

En la España de 2007, en Majadahonda, una ciudad de 70 mil habitantes situada a 20 quilómetros de Madrid, Peñas era uno de los representantes de la derecha en el ayuntamiento. Aunque hoy parezca lo contrario, no tenía vocación de superhéroe. Tampoco de adalid contra la corrupción, porque él también era parte de ese juego. Pero un día, por alguna razón que sólo él sabrá, fue a una tienda y se hizo con la grabadora más famosa de la historia de este país. Una pequeñita, de esas que entran en un bolsillo de la chaqueta y te permiten grabar las conversaciones sobre dinero negro, comisiones irregulares y tráfico de influencias que se dan a tu alrededor. Cosas extrañas para el común de los mortales, pero preocupantemente habituales para los dirigentes del Partido Popular, primero de España y único de Europa condenado por una trama corrupta.


El primero que le hincó el diente al caso y llevó adelante la “operación Gürtel” fue el ex juez Baltasar Garzón, quien en febrero de 2009 abrió un sumario con la información que le había trasladado la Fiscalía Anticorrupción. Incluso se animó a imputar a una treintena de políticos del PP y empresarios afines, algunos de los cuales acabaron en la cárcel. Todo esto le costaría muy caro al magistrado: tres años después, el Tribunal Supremo expulsó a Garzón de la carrera judicial bajo la excusa de que había ordenado realizar grabaciones de las conversaciones que mantenían en la cárcel los cabecillas de la red corrupta y sus abogados. La denuncia contra el magistrado había sido presentada por el partido de Mariano Rajoy, quien había llegado a afirmar categóricamente: “No hay una trama del PP; hay una trama contra el PP”.


Más allá de las presiones y de las amenazas –el concejal Peñas llegó a denunciar coacciones contra él y su mujer, incluso aseguró que le escupieron en la calle cuando iba con su hija pequeña en brazos–, las investigaciones continuaron. Gürtel dio lugar a varias “gürteles”, con distintos sumarios y un amplio número de imputados. Entre todos ellos destacó el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, quien estuvo a cargo de la Caja B del partido y cobró una indescriptible cantidad de dinero que fue a parar a una cuenta personal en Suiza.


LA CONEXIÓN URUGUAYA

Pero la corrupción supera hoy con creces esa trama. El PP es Gürtel, pero también es “Púnica” o “Lezo”, otros dos casos que sacuden igualmente al partido de Rajoy. Hace algunos días estalló el enésimo escándalo: Javier Zaplana, ex presidente de la Comunidad de Valencia y ex ministro de Trabajo en el gobierno de José María Aznar, era detenido al salir de su casa tras descubrirse que pretendía blanquear las millonarias “mordidas” que había cobrado durante su etapa al frente de la Generalitat valenciana. La cifra astronómica se situaba en los 10,5 millones de euros.


Curiosamente, este caso puso a Uruguay en el mapa informativo español: según señalaron varios medios, Zaplana había escondido en este país una cantidad ingente de dinero, fruto de comisiones ilegales. En Uruguay habría contado con el apoyo y asesoramiento del abogado Fernando Belhot, responsable del bufete South Capital Partners. Su nombre ya había aparecido vinculado al caso Lezo –en el que se investigan distintas irregularidades por parte de cargos públicos del PP en el gobierno autonómico de Madrid– y también se lo relacionó con los denominados Panama Papers.


Zaplana se encuentra desde el pasado jueves 24 en la prisión valenciana de Picassent. El mismo día en el que una jueza ordenaba su encarcelamiento preventivo por riesgo de fuga, la Audiencia Nacional de Madrid (un tribunal especial con jurisdicción en todo el territorio español) daba a conocer otra noticia que golpeaba de manera aun más contundente al PP: nueve años después de las primeras investigaciones realizadas por Garzón, el tribunal condenaba a 29 empresarios y políticos del PP por su participación en esa trama corrupta.


La condena más alta cayó sobre el empresario Correa, quien ya se encontraba en la cárcel por otro caso de corrupción registrado en la Comunidad Valenciana. Su nueva pena es de 51 años y 11 meses de prisión por los delitos de prevaricación, cohecho o malversación de caudales, entre otros. En el segundo puesto de este ranking delictivo aparece Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, quien ha sido condenado a 38 años y tres meses de cárcel. Le siguen Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia, con una condena de 37 años y seis meses de cárcel; y Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP, con 33 años y cuatro meses de cárcel y más de 44 millones de euros de multa.


YA NADA SERÁ IGUAL

No obstante, la sentencia de Gürtel ha servido para marcar un antes y un después en la política española. No sólo por los graves hechos de corrupción probados, cuyos detalles los españoles han ido descubriendo a lo largo de una década, sino también porque la Audiencia Nacional ha condenado al PP como responsable lucrativo de esta trama, por lo que deberá pagar 245 mil euros. En otras palabras, desde el mismo instante del 24 de mayo en el que los jueces firmaron su sentencia, España pasó a estar gobernada por un partido condenado por su responsabilidad en la mayor trama de corrupción de la historia de este país.


Las reacciones no se hicieron esperar. ¿Qué haría usted si fuese el jefe de la oposición y su rival número uno (el presidente del país) acaba de recibir un tortazo judicial de tales proporciones? Pedro Sánchez, el líder del Psoe, lo tuvo claro: había que presentar una moción de censura a Rajoy. O lo que es lo mismo, había que echar al hasta ahora mandatario y poner en su lugar un gobierno nuevo, liderado por Sánchez y conformado y apoyado por aquellos que quisieran sumarse a tal tarea. Sánchez, que acababa de cumplir un año desde su regreso a la Secretaría General del Psoe, tras la traumática salida experimentada en octubre de 2016 –motivada, precisamente, por su negativa a respaldar la investidura de Rajoy–, necesitaba un golpe de efecto que lo volviese a situar como un referente político. Era, básicamente, la hora de arriesgar. Todo o nada.


Fue entonces cuando hubo que sacar la calculadora, y no precisamente para sumar los años de cárcel de los condenados por el caso Gürtel, ni tampoco para saber cuánto dinero se llevaron Bárcenas y su mujer a Suiza. Esta vez la aritmética apuntaba al hemiciclo del Congreso, donde empezaron a buscarse fórmulas que permitiesen conseguir la mayoría calificada (de 176 votos) necesaria para aprobar la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez.


El primero en autodescartarse fue Ciudadanos, la formación de derecha que busca arrebatarle al PP su electorado y que, según las encuestas, lo estaría consiguiendo; hoy la mayoría de los sondeos sitúa al partido dirigido por el catalán (y nacionalista español) Albert Rivera como uno de los favoritos de los votantes. Aunque abogaba por una salida en la que el presidente convocara rápidamente a elecciones anticipadas –que le permitiesen aprovechar el hastío de la gente conservadora e intentar así conquistar el gobierno de España–, Ciudadanos no tenía ningún interés en aprobar una moción que cambiase a Rajoy por su más peligroso enemigo ideológico, Sánchez.


Rajoy empezó a verse acorralado. Mientras Sánchez buscaba apoyos para sacar adelante su moción de censura –que contó desde el inicio con el apoyo de Unidos Podemos, la coalición de izquierdas liderada por Pablo Iglesias–, el conservador Rivera le exigía al presidente que dimitiese o, de lo contrario, realizaría sus propias gestiones para obligarlo a marcharse –mediante otra iniciativa parlamentaria– y convocar elecciones.


EN MANOS DE VASCOS Y CATALANES

La pelota quedó entonces en el tejado de los nacionalistas catalanes y vascos. Los primeros, representados en el parlamento por Erc (izquierda) y Pdecat (derecha), se mostraron dispuestos a apoyar el derrocamiento constitucional de Rajoy, con quien se enfrentan desde hace más de medio año en una dura batalla contra el centralismo español en torno a la soberanía de Cataluña.


En plena crisis política en Madrid, el independentista presidente catalán, Quim Torra, había aceptado retirar de su futuro gabinete a los consejeros que estaban presos o en el exilio por su vinculación con el referéndum del pasado 1 de octubre, algo que el gobierno del PP –con el apoyo del Psoe– ponía como condición ineludible para reconocer oficialmente a las nuevas autoridades catalanas y rubricar sus nombramientos. Estas concesiones del nuevo president de Cataluña implican la desactivación del artículo 155 de la Constitución, en virtud del cual el poder central español ha mantenido una intervención fáctica de la autonomía catalana. Esto descomprimió la oposición entre Barcelona y Madrid, y permitió a los simpatizantes del independentismo catalán ver con otros ojos una moción del Psoe, que ya no insistiría en la intervención de su comunidad autónoma. Por su parte, Carles Puigdemont, el ex presidente catalán exiliado en Alemania, se opuso en un principio a apoyar la moción de censura. Prefería que Rajoy conservara su poder para mantener la tensión entre Cataluña y Madrid.


El otro gran protagonista de la semana ha sido el Partido Nacionalista Vasco (Pnv), una formación católica y de centroderecha que gobierna en Euskadi. Sus cinco diputados en Madrid se convirtieron en esenciales para alcanzar la mayoría absoluta necesaria para sacar a Rajoy. Si los peneuvistas le daban al botón del sí, Rajoy caía. Paradójicamente, esos mismos diputados del Pnv habían permitido una semana antes que el gobierno aprobase el presupuesto del Estado nacional, lo que garantizaba (si no hubiese sido por la sentencia del caso Gürtel) cierta tranquilidad a Rajoy para llegar al fin de su legislatura en 2020.


A cambio de votar a favor del presupuesto del gobierno del PP, los nacionalistas vascos obtuvieron 540 millones de euros en concepto de inversiones para su territorio, así como un acuerdo sobre uno de los temas que más reacción social ha despertado en lo que va del año: las jubilaciones de miseria que cobran miles y miles de personas en España. De acuerdo con lo pactado entre el Pnv y Rajoy, las pensiones tendrían un aumento sensiblemente mayor al que inicialmente estaba previsto. En cualquier caso, esas promesas no han valido para desactivar las movilizaciones históricas protagonizadas en las últimas semanas por el movimiento de pensionistas.


Pocas veces el Pnv había tenido un protagonismo tan esencial en la vida política española. “Sí, es verdad. Pero no porque lo elijamos nosotros”, dijeron a Brecha fuentes de la dirección nacionalista. A lo largo de la semana hubo permanentes comunicaciones telefónicas entre el presidente de ese partido, el ex periodista Andoni Ortuzar, y los principales portavoces del gobierno, del PP y del Psoe. Como si de un casting se tratase, tanto Sánchez como Rajoy buscaban conquistar al jefe peneuvista, ya fuese para convencerlo de que votase la moción de censura como para persuadirlo de que no lo hiciera.


El pleno extraordinario del Congreso para tratar la moción de censura arrancó este jueves 31 a primera hora de la mañana y tenía previsto prolongarse hasta el viernes al mediodía con la votación de la moción. En principio, iba a ser en ese preciso instante cuando se conociese el futuro de Rajoy. Sin embargo, el Pnv decidió terminar de deshojar la margarita el mismo jueves por la tarde: el portavoz nacionalista en el Congreso, Aitor Esteban, fue el encargado de confirmar que su partido apoyaría la moción de censura, de manera que Sánchez tendría los votos necesarios para desbancar a Rajoy y convertirse en el nuevo presidente de España.


Entre otras razones para fundamentar su voto, el Pnv habló de “la gravedad de la sentencia por el llamado ‘caso Gürtel’ y la inad-
misible ausencia de asunción de responsabilidades políticas por parte del Partido Popular”. En efecto, ni el PP ni Rajoy se sintieron lo suficientemente aludidos por la histórica sentencia contra la trama corrupta. La cosa llegó a tal punto que dos días antes de que el Congreso comenzara a tratar la moción de censura, la ministra de Defensa y secretaria general de la formación conservadora, María Dolores de Cospedal, cuestionó abiertamente el fallo judicial y rechazó que su partido estuviese involucrado en caso de corrupción alguno.


Mientras Esteban daba a conocer el sentido de su voto ayer, el presidente Rajoy se recluyó durante ocho horas en un restaurante cercano al parlamento. El mandatario que se había presentado ante el Congreso en la mañana al comenzar la sesión, se ausentó y optó por no estar presente durante el resto de ella, lo que hizo aumentar las sospechas sobre cuál sería su respuesta ante el más que probable triunfo de la moción de censura. “No va a dimitir”, aseguraban desde el cuartel general del PP. En otras palabras, aceptaba convertirse en el primer presidente de la historia de España en ser expulsado por la oposición.


DESGASTE FINAL

La situación política ha cambiado radicalmente respecto a hace un año, cuando Unidos Podemos formuló su propia moción de censura contra Rajoy. La iniciativa fue presentada por el líder de esa formación de izquierdas, Pablo Iglesias, tras el dictamen del Tribunal Constitucional que había anulado la amnistía fiscal otorgada por el gobierno a 30 mil grandes defraudadores, evasores de impuestos. Iglesias también motivó su moción de censura con los casos numerosos de corrupción –Gürtel incluido– que ya golpeaban al PP. Sin embargo, el Psoe se rehusó a apoyar la moción, lo que la condenó al fracaso. Los socialistas entendían entonces que no era el momento, tampoco estaban dispuestos a permitir que un dirigente a su izquierda pasara a gobernar el país, en cambio hoy es el Psoe el que tiene el protagonismo político.


Ahora todo es diferente, al menos desde la óptica de Sánchez. En efecto, el desgaste social y político del PP ya es imposible de ocultar. La sentencia de Gürtel confirmó lo que la gente hablaba en la calle y los partidos de la oposición denunciaban en el parlamento: el partido de Rajoy se encuentra en un auténtico lodazal de corrupción que podría crecer en los próximos meses, cuando se conozcan los fallos judiciales que aún faltan en torno a otros casos pendientes de juicio. Las cosas sólo pueden empeorar.


En ese contexto, las redes sociales y los periódicos digitales se apresuraban el jueves a mover una fotografía en la que se veía a Rajoy mano en alto, despidiéndose del Congreso. Era una imagen cargada de simbolismo: el presidente indestructible ya no lo era tanto. En el ambiente se presagiaba el fin de su etapa al frente del gobierno, donde estuvo seis años y medio: su primera elección se produjo en diciembre de 2011. Volvió a quedar primero en los comicios de diciembre de 2015, pero la imposibilidad de conquistar algún tipo de apoyo extrapartidario condujo a España a un inédito panorama que acabó con la repetición de las elecciones en junio de 2016. Rajoy volvió a quedar primero y entonces sí, gracias a la abstención del Psoe, logró ser nuevamente investido.


A lo largo de su período como presidente ocurrió de todo. Entre otras cosas, el gobierno del PP endureció las leyes represivas, criminalizó la protesta social y persiguió a músicos por el contenido de sus letras. También tuvo que lidiar con la crisis económica, y lo hizo apostando por los de arriba en detrimento de los de abajo: su gobierno aprobó el rescate bancario, que costó 54.353 millones de euros, al tiempo que aplicó salvajes recortes en materias como sanidad, pensiones o educación.


El hasta ahora presidente podría haberse apuntado al menos el gol de haber propiciado el final del último grupo armado de Europa, pero ni siquiera eso: en lugar de implicarse en el proceso que condujo a la disolución de Eta, el Ejecutivo optó por mantener la política antiterrorista en los mismos niveles que existían cuando la organización vasca cometía atentados. Su actitud le valió la crítica de los mediadores y observadores internacionales que seguían este asunto, pero Rajoy tampoco se sintió interpelado: desde su sillón en La Moncloa, creía que nada ni nadie podría perjudicarlo. Hasta que llegó Gürtel y acabó con todo.

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Presidenciales 2018: conciencia política, condiciones materiales de vida e intereses de clase

La marca del sistema político colombiano está grabada a fuego sobre el cuerpo de la historia nacional. La impronta está conformada por un conjunto de factores complementarios, esenciales e interrelacionados que se retroalimentan y reproducen en un círculo conservador, tradicional y vicioso. Sus distintivos son: caudillismo, fanatismo y sectarismo, jerarquía y autoritarismo, racismo y exclusión, clientela y corrupción, captura de rentas y corporativismo, individualismo e informalidad, iniquidad y miseria, sin visión alguna de futuro.

 

El impacto de su sello no es menor. Durante el último medio siglo Colombia transformó la matriz económica, tecnológica e institucional, adoptó una nueva Constitución, se urbanizó, integró y abrió al mundo. Sin embargo, la estructura política y las mentalidades que dominan en el conjunto social continúan siendo conservadoras, tradicionales, “godas”, coloniales, dominadas por ideologías religiosas y de extrema derecha. La tradición centenaria familiar y la localización espacial, municipal o regional, son las características de la afiliación partidista, pero también del gamonalismo o caciquismo.

 

Los partidos políticos se organizan como carteles mafiosos, controlan el Estado, el presupuesto y el empleo público, ejercen el poder a través de la “clase política”, la parasitaria e inmensa maquinaria burocrático-militar y grupos paramilitares, en medio de la competencia y la batalla entre las distintas facciones. El pueblo cooptado por las variopintas ideologías hegemónicas, las que transmite de generación en generación, no milita formalmente en las organizaciones pero sigue “ciegamente” al caudillo, tiene “fe” en el partido que lidera y permanece alejado del ejercicio real de la política, es decir, del seguimiento y control del gobierno y con esto, del diseño e implementación de todos aquellos programas y acciones que tienen que ver con las condiciones de vida, para garantizar que sea digna.


Los diferentes partidos políticos tienen geográficamente repartidas sus fuerzas, en estructuras multiclasistas. Las raíces de la formación de las identidades y las lealtades partidistas en la construcción de la nación colombiana amalgaman las clases sociales con factores étnicos, religiosos, geográficos y productivos. La simpatía por el caudillo y su partido es parte de la herencia cultural. Corrupción, violencia, clientelismo, tradición y fanatismo constituyen el cemento que une al sistema político.

 

A propósito de la elección del Presidente, para el período 2018-2022, a continuación intento dar forma más precisa a una idea de Karl Marx (1818-1883): la superestructura de opinión pública, creencias y prácticas, leyes e ideologías, no es configurada por sutiles análisis lógicos o diálogos racionales, sino que refleja las condiciones materiales de vida y los intereses de clase1. La tesis a sustentar consiste en demostrar que la estructura del capitalismo periférico y del sistema político colombiano constituye un mecanismo homeostático que funciona mediante variaciones o cambios en la superestructura pero lo hace de tal manera que a largo plazo el núcleo esencial y las relaciones sociales permanecen constantes y se reproducen en los espacios y tiempos históricos. En resumen, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política, cultural, ambiental y espiritual

 

Marx afirmó que los mecanismos ideológicos son parte del funcionamiento de una sociedad de clases, ya que contribuyen a ocultar a sus miembros cuáles son sus “verdaderos” intereses y necesidades. La sentencia “es el ser social el que determina la conciencia, no la conciencia la que determina el ser social” permite comprender el papel mistificador de las formas mentales de las clases dominantes que se imponen como “sentido común” a través del ejercicio del poder, las instituciones familiar y de trabajo, los medios de manipulación de masas y el aparato educativo. Con esta afirmación Marx desnudó la relación existente entre las formas sociales y materiales de vida (es decir, las relaciones de clase) y sus formas mentales y culturales (la “conciencia”).

 

Fuerzas políticas, abstención e izquierda, breve historia

 

Los partidos políticos constituyen organizaciones que congregan sectores de la población y clases sociales alrededor de la representación y defensa de cosmovisiones, intereses y necesidades comunes en el ámbito del poder político.

 

En Colombia los electores son fieles a su opción partidista. Por la configuración multiclasista, la dirigencia de arriba no toma en cuenta las inquietudes políticas, intereses o necesidades de los de abajo. Sin embargo, los votantes de los partidos les son leales pese a que sus intereses estén o no representados por los programas diseñados desde quienes controlan el poder. Los partidos políticos parecen ser entidades independientes de sus votantes: sus proyectos poco o nada tienen que ver con sus votantes ni con el interés público.

 

La base electoral de cada partido está ahí, localizada siempre, diferenciada geográficamente. La mayoría de los municipios son tradicionales. Los partidos adaptan sus programas y caudillos al cambio del tiempo, a la evolución social, económica e institucional, mientras su cuerpo de militantes tiene una composición local independiente y una estratificación socio-económica inamovible. La localización del voto es factor determinante de las fuerzas de los partidos, a su vez, el gamonal o cacique, maneja la clientela, distribuye subsidios, controla el gasto público y los puestos de trabajo, acumula los votos y domina la estructura local de poder2. A la base material de producción y las relaciones sociales a que da lugar ésta, se imbrica como un factor importante en la tradición de las identidades políticas municipales los patrones familiares como una de las fuentes donde los individuos adquieren sus primeras actitudes políticas. Por la herencia familiar se realiza la transmisión de las afiliaciones partidistas, sobre las condiciones materiales de vida, las necesidades y los intereses, ocupacional y de clase social.

 

Son muchas décadas de esta constante, fracturada en parte en las grandes ciudades, pero no así en los municipios intermedios o pequeños. De manera equivoca se relaciona el origen de los partidos políticos en Colombia a partir de la configuración de los caudillos en la época de la independencia (guerra en la cual los ejércitos españoles asesinaron a 200.000 patriotas, del millón de pobladores en aquella época) y de los primeros años de la independencia, en particular con las fuerzas acaudilladas y las doctrinas antagónicas entre Bolívar y Santander. Contrario a ello, la formación de los partidos políticos, con sus caudillos, plataformas y programas, tiene como fecha de inicio los mediados del siglo XIX.

 

La década de 1849 a 1860 fue decisiva en la conformación del sistema político colombiano. Durante estos años, en un momento de crisis mundial, cuando se luchaba contra la esclavitud y la eliminación definitiva de las estructuras socio-económicas legadas por la Colonia, y en medio de un ambiente de caudillismo, regionalismo, guerras civiles y anarquía, violenta lucha de clases e ideologías, surgieron el partido liberal y el conservador. La oligarquía se asentó desde entonces en el poder como su propiedad privada y exclusiva.

 

El enfrentamiento entre las clases sociales y la lucha violenta de las organizaciones por el poder muestra, de una parte, al Partido Conservador defendiendo y representando los intereses de terratenientes y del clero, es decir, los sectores más tradicionales y de clase dominante. De otra, el Partido Liberal, identificado con los sectores e ideas modernizantes; partido conformado por dos facciones definidas también por las identidades e intereses de clase que representaban: gólgotas que congregaban a comerciantes y clase media profesional, y draconianos que se apoyaban en simpatizantes del socialismo útopico y del radicalismo, defendían intereses de sectores populares como los artesanos, pequeños propietarios, pobladores de las barriadas pobres urbanas y pueblos originarios: campesinos, indios y negros.

 

En sus comienzos la base del movimiento social draconiano representaba las sociedades democráticas del artesanado que constituyen el embrión de las organizaciones obreras de tipo sindical. Los movimientos socialistas y las identidades de clase popular y trabajadora emergen en paralelo con los partidos tradicionales del establecimiento, pero sólo hasta las primeras décadas del siglo XX tendrán presencia en el campo de batalla de la política y en los circuitos económicos.

 

La historia política del siglo XIX se caracterizó por la lucha civil. Las guerras civiles fueron consecuencia del partidismo, las clases propietarias y de la influencia del clero (y no viceversa); estas, además, afianzaron el sentimiento partidista. Entre 1824 y 1908, en el territorio nacional se registraron ocho guerras civiles generales, dos internacionales y tres cuartelazos. En 1854 se registró la derrota sangrienta, ocasionada por la oligarquía nacional que contó con el apoyo de los gobiernos estadounidense e inglés, del experimento democrático-artesanal y único gobierno popular (José María Melo) que ha existido en la historia republicana de Colombia. Durante el cambio del siglo XIX al XX, la Guerra de los Mil Días, enfrentamiento por el poder entre los partidos políticos hegemónicos, ocasionó la muerte a 180.000 residentes colombianos (la población alcanzaba la cifra de cuatro millones en todo el país). En resumen, las guerras civiles, expresión de la crónica y violenta lucha de clases y de partidos, prolongada hasta la actualidad, no actuaron como agentes en la conformación del partidismo en Colombia, sino que fueron, más bien, su manifestación.

 

El 4 de agosto de 1914 inició al primer conflicto bélico mundial que concluyó a finales de 1918. En 1914 tuvieron lugar las primeras elecciones directas en Colombia. Ganó el candidato conservador y oficialista, José Vicente Concha. La abstención fue 57 por ciento, en una época donde solamente podían votar los varones mayores de 21 años (las mujeres adquirieron el derecho al voto en 1957) que supieran leer y escribir (el 87% de la población era analfabeta) y con un ingreso superior a 300 pesos (95% de los habitantes vivía en condiciones de miseria). El número total de votos fue de 331.410, el candidato ganador obtuvo 89 por ciento de estos. El mismo año fue asesinado el general Rafael Uribe Uribe (1859-1914), ideólogo y luchador a favor de la instauración de un socialismo de carácter corporativo y sindicalista en Colombia. Durante el cuatrienio de Concha, los sucesos más comunes de violencia se produjeron al reavivar los odios partidistas y al florecer el sectarismo clerical de una iglesia profundamente unida al partido conservador en el poder. Durante estos años, el gobierno colombiano entregó sin pudor alguno las riquezas del país a la expoliación y saqueo por parte de las transnacionales estadounidenses, también dio inicio al tutelaje político por parte de la “estrella del norte”. El censo realizado en octubre de 1918 registró 5,9 millones de habitantes; el 75 por ciento era población rural.

 

En Colombia las ideas socialistas arraigaron tempranamente, en paralelo a su surgimiento europeo durante el siglo XIX. Estas encontraron el terreno abonado en los sectores populares excluidos urgidos de atención gubernativa, de planes colectivos de trabajo y de requerimientos de derechos sociales para todos. Durante las tres primeras décadas del siglo XX, las ideas socialistas mantuvieron un importante activismo, impulsadas por el movimiento obrero, campesino, indígena, los primeros trabajadores públicos y las primeras organizaciones sindicales, junto a una minoría intelectual comprometida. En 1919 lanzaron el “Manifiesto Comunista” y crearon el primer partido orientado por ese ideario. En 1922 apoyaron la candidatura del liberal Benjamín Herrera, quien obtuvo 256.000 votos, esto es, 38,2 por ciento del total. El candidato conservador, Pedro Nel Ospina, ganó al obtener el 61,8 por ciento de la votación, esto es, 409.131 votos. La abstención fue del 25 por ciento.

 

La década de los años 1920 fue candente en cuanto a la agitación del movimiento izquierdista. En 1925 la difusión de las ideas socialistas se convirtió en delito y el Gobierno presentó al parlamento el proyecto de pena de muerte para quien las divulgara. En la celebración del 1 de Mayo de 1928 el Gobierno encarceló a 8.000 dirigentes obreros, campesinos e intelectuales de izquierda, ante el temor de una conspiración armada para derrotar el gobierno del Conservador Miguel Abadía Gómez (1926-1930). En 1929 el Gobierno ordenó apresar a todos los dirigentes socialistas, expirando de este modo la “década de oro” del socialismo, en medio de la tortura y el asesinato de sus militantes. La historia se repite obsesivamente a lo largo del siglo XX y no afloja en lo corrido del siglo XXI: una oligarquía que concentra el poder, lumpeniza a la sociedad, conforma bandas criminales, excluye con violencia las mayorías populares y persigue de manera homicida cualquier pensamiento que exprese y defienda los principios de igualdad, democracia, justicia o dignidad humana.

 

La Hegemonía Liberal se dio entre 1930 y 1946. Inició en 1930 cuando fue elegido un presidente Liberal: Enrique Olaya Herrera, luego de 46 años de Hegemonía Conservadora. Durante la Hegemonía Liberal Colombia se modernizó, hubo logros sociales, pero también inició de nuevo la violencia entre liberales y conservadores. Al calor de las huelgas y las luchas populares, en 1930 se constituyó el Partido Comunista (PC), el cual fue declarado ilegal durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera (1930-1934). El gobierno de Alfonso López Pumarejo lo legalizó y pactó alianzas con los dirigentes comunistas para impulsar las reformas liberales y cambiar la Constitución en 1936.

 

La lentitud de los cambios sociales del presidente Olaya Herrera hizo que un grupo de políticos liberales le retiraran su apoyo en octubre de 1933. De esta manera nació la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (Unir), liderada por Jorge Eliécer Gaitán y Carlos Arango Vélez. En 1934 se efectuaron elecciones para Presidente para el periodo 1934-1938; el número de votantes fue de 942.209. El Partido Conservador decidió no participar en la elección. El candidato liberal obtuvo el 99,6 por ciento del voto a su favor; el Partido Liberal se encontraba en una cómoda situación desde el gobierno nacional y con mayorías en el Congreso, lo cual le permitió emprender una fuerte campaña en favor del empresario y su Jefe único Alfonso López Pumarejo. El marginal y recientemente fundado Partido Comunista presentó la candidatura simbólica del líder indígena Eutiquio Timoté, sólo obtuvo el 0,4 por ciento del total de votos.

 

En 1934 la candidatura de izquierda liderada por Jorge Eliécer Gaitán apenas alcanzó 0,5 por ciento del total; en tanto, la abstención fue de 39 por ciento respecto al potencial de votantes. El intento de quebrar el bipartidismo fracasó, a pesar de los esfuerzos en la búsqueda del apoyo obrero y campesino adelantado por Gaitán, quien mantuvo una posición de respaldo y asesoría a estos grupos en sus huelgas y luchas por la tierra. Gaitán liquidó su movimiento hacia 1935, luego del fracaso electoral, reincorporándose a las huestes del partido liberal.

 

El asesinato de Gaitán, en 1948, como medida preventiva ante su posible conquista de la Presidencia de la República, marcó el inicio de la reedición de la barbarie de la oligarquía nacional en contra de los sectores populares que se prolongó hasta la década de 1960: 300.000 asesinatos políticos y cerca de dos millones de campesinos desplazados por la violencia, en un país con una población ligeramente superior a los 11 millones de habitantes. Liberales y conservadores apoyaron el golpe militar que el 13 de junio de 1953 llevó al poder al general Rojas Pinilla. En menos de un año se desmontó la guerrilla liberal y el Partido Comunista, la única fuerza de izquierda con alguna organización, fue de nuevo declarado ilegal. Tras el derrocamiento de Rojas, en 1957, la oligarquía instaló el Frente Nacional que excluía del gobierno a quien no fuera liberal o conservador, institución que permaneció hasta 1974.

 

El desmonte del Frente Nacional favoreció a la izquierda con vocación electoral. Sólo a partir de 1972 el establecimiento permitió la participación de terceros partidos, diferentes al liberal y al conservador. A partir de este año es que puede hablarse de un sistema político de competencia abierta entre partidos; no obstante, estas organizaciones poco difieren en sus ideologías, intereses de clase y plataformas políticas, al igual que por sus raíces históricas.

 

En los años 1970, las localidades territoriales donde la votación comenzó a favorecer a los grupos radicales tenían lugar en zonas periféricas, en regiones de colonización, en los antiguos territorios nacionales y en los viejos baluartes comunistas. En respuesta, dentro de la cultura política colombiana, los grupos hegemónicos desataron una ideología anticomunista que legitima su asesinato y exclusión; a esta campaña sistémica de intolerancia y autoritarismo, han contribuido la jerarquía de la iglesia católica, los nuevos movimientos evangelistas y cristianos que florecen silvestremente en las zonas de control paramilitar, los medios de comunicación y la propaganda estatal. La última etapa del conflicto social colombiano, entre 1964 y 2016, dejó como saldo 8,5 millones de víctimas y el despojo de la propiedad y usufructo de más de 6 millones de hectáreas a familias rurales campesinas.

 

El contubernio entre espada y cruz, esto es, grandes empresarios, el partido del clero, los diversos grupos religiosos e iglesias evangélicas, paramilitares y partidos de la extrema derecha, se mantiene indisoluble desde la invasión española y la Colonia. Esta asociación fue definitiva en el triunfo del No en el plebiscito de octubre de 20163. Ahora, en 2018, las iglesias protestantes y cristianas han dado su apoyo irrestricto al candidato presidencial de la extrema derecha Iván Duque, del Centro democrático. La candidata Viviane Morales, proveniente de la Iglesia Casa sobre la Roca, arrió sus banderas y se adhirió al proyecto de la extrema derecha4. El candidato del Centro Democrático también recibió el respaldo del movimiento político de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, la cual es considerada una de las más poderosas del país; con esta adhesión y su organización política “Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira)”, que en las pasadas elecciones a Congreso logró más de 500.000 votos, la campaña a la presidencia de Iván Duque ya tiene la mayoría de votos de las comunidades cristianas del país (pues, también se sumó Colombia Justa-Libres, el naciente partido que en las pasadas elecciones sorprendió con poco más de 400.000 votos).

 

Los ligeros avances modernizantes (derechos humanos, como por ejemplo el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y de igualdad de géneros e identidad sexual), democráticos y de paz están en riesgo. Los tiempos oscurantistas y de lucha violenta de clases, partidista y religiosa renacen con furia. Frente a estas mentalidades tradicionales, las políticas públicas de ciencia y la tecnología moderna agonizan, antes de haber arraigado en el país. Estas iglesias cristianas y la extrema derecha prometen “trabajar por la restauración moral de Colombia”.

 

El informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudah), presentado en marzo de 2018, señala que en 2017 se registraron 441 ataques en contra de organizaciones sociales defensoras del proceso de paz y de los derechos humanos, incluyendo 121 asesinatos. Las regiones con mayor número de asesinatos fueron Antioquia (13) y Cauca (11). El 62 por ciento de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales, el 24 por ciento en ciudades cercanas a las anteriores zonas de conflicto y el 14 por ciento en las ciudades principales. Adicionalmente, en 2017, 1.500 campesinos fueron desplazados forzosamente. Un nuevo ciclo político de conflicto armado, violencia y exclusión alza su tenebroso vuelo sobre la historia del país. Así lo prometen los dos candidatos de la extrema derecha, Duque y Vargas Lleras: “hacer trizas los acuerdos de paz entre el Gobierno y la insurgencia”.

 

El pasado 10 de mayo de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó la evaluación de derechos humanos a Colombia (la tercera que enfrenta el Estado colombiano en su historia). En total, intervinieron 95 países de los 193 que hacen parte del Comité de Derechos Humanos. Cada interviniente hizo sus recomendaciones sobre cuáles son los temas que, en su opinión, deben mejorar. Sin duda alguna, el más mencionado fue el que tiene que ver con las amenazas y asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras. Pero también fue usual escuchar discursos sobre la importancia de que el país refuerce sus políticas para eliminar el reclutamiento infantil; proteger los derechos de los niños y mujeres, garantizar que los altos niveles de impunidad disminuyan de inmediato; y la necesidad, casi urgente, de que se firme el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

 

En 2017 fueron asesinadas en todo el país 10.870 personas, 9.929 fueron hombres y 941 mujeres. En 2018 caen asesinadas mil personas en promedio cada mes, el departamento más violento es el Valle del Cauca, seguido de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander y Cauca; entre las ciudades, las más violentas, en lo que va de 2018, son Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Montería, Santa Marta, Valledupar y Sincelejo. Colombia sigue siendo uno de los países más violentos del mundo debido al conflicto armado interno, a las bandas criminales, el narcotráfico y a casos asociados con la violencia intrafamiliar y la intolerancia interpersonal.

 

El gráfico 1 ilustra los ciclos de violencia en la historia nacional durante el último siglo, acompañado de los porcentajes de votación por la izquierda y del abstencionismo. Pese a todo, durante el último medio siglo los movimientos y partidos de izquierda ganan presencia en las principales ciudades y se constituyen como fuerza política alternativa. Sin embargo, no han podido romper el techo de cristal del 25 por ciento de cooptación de la votación efectiva, ni derrotar la abstención que en promedio representa un 54 por ciento durante la historia de las elecciones directas en el país. La violencia de clases, partidista y religiosa, afecta principalmente a los proyectos democráticos de las organizaciones de izquierda.

 

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La abstención es, sin embargo estructural, se mantiene incólume a pesar de los vaivenes temporales de la política y los indicadores socioeconómicos, fenómeno no sólo explicable por la apatía o la ignorancia política, sino también por el histórico monopolio de los partidos del establecimiento, la corrupción en el sistema electoral (“el pueblo vota hasta las cinco de la tarde, después lo hacen los grupos de poder que controlan la Registraduría”); también es cierto que la clase trabajadora y las comunidades populares odian al Estado o éste le resulta indiferente, ya que física, financiera y por voluntad política, intereses y corrupción, es incapaz de satisfacer las necesidades y las demandas participativas, económicas, sociales y ambientales de dichas clases y grupos.

 

En efecto, para las elecciones presidenciales del año 2006, dos fuerzas de izquierda se unieron, el PDI y la Alianza Democrática (AD), dando nacimiento al Polo Democrático Alternativo (PDA). El candidato de la izquierda, Carlos Gaviria Díaz (1937-2015), alcanzó más de 2,6 millones de votos, esto es, 22,5 por ciento del total. La abstención, por su parte, se mantuvo en 55 por ciento; por tanto, el triunfo del candidato de la extrema derecha, Álvaro Uribe, fue precario, no llegó al 30 por ciento del censo electoral. En las elecciones presidenciales de 2010, el candidato del Polo Democrático concentró el 9,2 de la votación en la primera vuelta; la abstención alcanzó el 51 por ciento. En 2014, la izquierda, con Clara López Obregón como candidata del Polo Democrático, obtuvo en la primera vuelta el 15,3 por ciento del caudal electoral; la abstención fue del 52 por ciento. Para las elecciones del Congreso de 2018, los partidos de izquierda obtuvieron el 7,1 por ciento del total de votos y la abstención promedio (entre Senado y Cámara) representó 52,7.

 

La historia política y económica del país muestra que las tres últimas generaciones no han conocido modificación alguna de las condiciones de desigualdad o iniquidad socioeconómica (Gráfico 2).

 

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El modelo rentista y extractivo no genera empleo ni en la cantidad requerida ni con la calidad que dignifique el trabajo humano. La pobreza por ingresos disminuyó en 50 puntos porcentuales entre 1960 y 2018, sustentado en el sistema político asistencialista y de control clientelista, con privilegio de subsidiar el consumo de masas improductivo en lugar de fortalecer la autonomía, autogestión, capacidad productiva y sustentable de la población.

 

Ante esta realidad, los partidos de izquierda tienen el reto de convertirse en una verdadera fuerza política, económica y social de nuevo tipo, defensora de los derechos humanos y representante de los intereses y necesidades de la clase trabajadora y demás sectores excluidos, en promover el poder popular y aupar de manera sinérgica, consciente y democrática el movimiento y las luchas sociales; de lo contrario, se reduce a una simple maquinaria parlamentaria y electoral, símil de los tradicionales partidos del establecimiento

 

Potencial electoral 2018

 

La población habilitada para los comicios electorales 2018 suma 36,2 millones de connacionales: 51,7 por ciento mujeres y 48,3 hombres. Representan el 75 por ciento de la población total del país. El Distrito Capital de Bogotá y dos regiones (Central y Caribe) concentran el 61,55 del potencial electoral (ver Mapa 1).

 

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Por rangos de edad, el potencial de población votante se concentra en el intervalo de 26 a 64 años, representa el 71 por ciento del total. En el rango de 18 a 25 años se ubica el 17 por ciento de los posibles votantes (Gráfico 3). Para las elecciones presidenciales de 2018, 1,3 millones ‘primivotantes’ están habilitados para acudir a las urnas, representan 3,6 del potencial electoral. Estos jóvenes que por primera vez podrán votar en las presidenciales, subconjunto de los menores de 25 años, quienes en su mayoría no pertenecen a un partido político y se mueven por el voto de opinión, constituyen un sector poblacional decisivo para elegir la fórmula ganadora. Si bien los jóvenes son prolíficos al momento de opinar en las redes sociales, su respaldo no se traduce necesariamente en votos. Éstos poco ejercen su derecho al voto; son los colombianos mayores de 40 años quienes más lo hacen.

 

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Siguiendo la tradición política nacional, la masa de votantes y las maquinarias políticas se manifestaron en los comicios de marzo de 2018 para elegir las 102 curules para Senado y los 166 escaños para la Cámara de Representantes. La hegemonía de los partidos tradicionales no se modificó (los triunfadores fueron los partidos: Centro Democrático y Cambio Radical –expresión de la extrema derecha–, el conservador y el liberal); sumado a las expresiones políticas de los grupos e iglesias cristianas y evangélicas, concentran tres cuartas partes de las curules. La persistencia de la distribución geográfica del voto tradicional también quedó bien demostrado. En efecto, el carácter local o regional de la distribución de los fortines partidistas se refleja en los resultados de las elecciones de Congreso en marzo de 2018 (Mapa 2).

 

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Condiciones materiales de vida y relaciones sociales de producción

El orden lógico de las clases de derechos humanos difiere del orden histórico de la conquista por la humanidad de las condiciones indispensables para garantizar la dignidad humana y hacer posible que las personas vivan en un entorno de libertad, democracia, justicia y paz. Sin garantizar los derechos sociales, económicos y culturales, difícilmente pueden ejercerse con independencia, madurez y conciencia los derechos civiles y políticos.

 

En Colombia, la población en edad de trabajar (PET) está constituida por las personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rurales. La PET se divide en población económicamente activa y población económicamente inactiva. De los 48,3 millones de nacionales en 2018, el 80,2 por ciento se encuentra en edad de trabajar. De los 38,7 millones de personas que conforman la PET (2,5 millones más que la cifra del potencial electoral), el 37,1 por ciento es población económicamente inactiva (14,4 millones) y 62,9 es población económicamente activa (24,4 millones). La población económicamente inactiva (PEI) comprende a todas las personas en edad de trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios (ver infograma).

 

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La población económicamente activa (PEA), también llamada fuerza laboral, está conformada por las personas en edad de trabajar que laboran o están buscando empleo. En 2018, la PEA se divide en 90,6 por ciento ocupados (22,1 millones) y 9,4 desempleados (2,3 millones). En consecuencia, por cada ocupado se encuentra en condición de dependencia económica 1,2 personas.

 

En Colombia la mayoría de la fuerza de trabajo tiene un nivel educativo bajo. Tener un buen nivel educativo y de competencias es un requisito importante para encontrar empleo digno y contribuye al bienestar del trabajador y su familia. En Corea del Sur, por ejemplo, el 87 por ciento de los adultos de 25 a 64 años han terminado la educación media superior. El promedio de los países que pertenecen a la Ocde es de 74 por ciento. En Colombia, el 45,4 por ciento de la fuerza de trabajo no ha llegado a la educación media superior: 16 por ciento del total no cuenta con ningún nivel educativo; 33,7 por ciento solo ha cursado la primaria y 5,7 por ciento abandonó el sistema educativo en el grado de educación básica secundaria. Del total de la fuerza de trabajo en 2017, solo un poco más de una quinta parte había cursado la educación técnica o tecnológica (10,7%), universitaria (8%) o postgrado (3,6%).

 

A causa del atraso del aparato productivo colombiano y del bajo nivel educativo o pertinencia del conocimiento de la fuerza de trabajo se registra un desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Educarse no es garantía de encontrar un trabajo digno. El desajuste es un hecho que se manifiesta a través del desempleo y el subempleo. Este problema de desajuste tiene un carácter estructural que difícilmente puede ser resuelto únicamente por el sistema educativo; su solución involucra necesariamente la participación de otros sectores sociales (familias, empresas y gobierno). En Colombia, el 67,5 por ciento de los desempleados ha alcanzado los niveles de educación media superior (43,6%), técnica o tecnológica (13,8%), universitaria (8,4%) o postgrado (1,7%).

 

La mayoría de los trabajadores y empresas informales no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal, y por carecer de otros medios de sustento. El empleo informal es más común entre los más vulnerables de la sociedad. En Colombia, la mitad de la clase trabajadora genera sus ingresos para vivir –él y su familia– bajo condiciones de informalidad (Gráfico 4).

 

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Esto es, uno de cada dos trabajadores vive del “rebusque diario”, por tanto difícilmente puede mejorar su nivel educativo o competencias y contar con oportunidades o tiempo para participar en organizaciones de la clase trabajadora o realizar actividades políticas. Para el Dane, las características que permiten precisar la definición de empleo informal son:

 

• Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio;
• Los trabajadores familiares sin remuneración;
• Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares;
• Los empleados domésticos;
• Los jornaleros o peones;
• Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales;
• Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos;
• Quienes no cuentan con contrato laboral ni están afiliados al sistema de seguridad social.



En el total nacional, el obrero, el empleado particular y el trabajador por cuenta propia son las posiciones ocupacionales que tienen mayor participación en la estructura ocupacional: 82,6 por ciento. La posición ocupacional es la ubicación que la persona adquiere en el ejercicio de su trabajo (Gráfico 5).

 

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Durante el último siglo, la matriz productiva colombiana ha registrado profundos cambios estructurales. En particular, el sector real de la economía (agropecuario e industrial perdió participación significativa en el PIB: a principios del siglo XX contribuía con el 70 por ciento de la producción nacional, en la década de 1960 se redujo al 50 y en los años 1990 cae por debajo del 30 y en 2017 sólo contribuyó con el 17,2 por ciento. La crisis del sector agropecuario y la desindustrialización que registra el país desde la década de 1970 ha dado paso a un modelo de desarrollo extractivo (principalmente en la explotación minera y de hidrocarburos), rentista, tercerizado, con una participación mayor del Estado en actividades improductivas, burocráticas, militaristas y con monopolio en la generación de servicios domiciliares, con amplia incidencia del comercio, el transporte y la especulación inmobiliaria. En particular, en los últimos 50 años la matriz productiva colombiana entró de lleno en el proceso de financiariación del capitalismo mundial, esto es, el control del trabajo productivo y el comando de la economía por parte del capital especulativo financiero (Gráfico 6).

 

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El desplome del sector productivo real en la última centuria ha ido en paralelo del descontrolado y caótico proceso de urbanización, de grandes ciudades con amplios cinturones de miseria, en unión de las profundas transformaciones en la estructura laboral. Cuatro de cada cinco personas habitan en centros urbanos. Dos terceras partes de la población ocupada labora en las ramas económicas de la construcción, el comercio, hoteles y restaurantes, el transporte y los servicios comunales, sociales y personales; en su mayoría actividades de alta informalidad, inestabilidad y precariedad laboral, caracterizadas por insuficientes ingresos, ausencia de conciencia de clase, individualismo y baja iniciativa organizativa (sólo el 4% de la clase trabajadora hace parte de una organización sindical). En la rama de la “agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” labora el 17,1 por ciento de la fuerza laboral ocupada. La “explotación de Minas y canteras” ocupa únicamente el 0,9 por ciento de los trabajadores, similar a la intermediación financiera que genera solamente el 1,3 por ciento de los puestos de trabajo en el país. El rentismo generado por la explotación de los recursos naturales y energéticos, más la especulación financiera, soportan la economía nacional pero son poco generadoras de empleo (Gráfico 7).

 

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El desarrollo desigual y combinado que caracteriza a Colombia se refleja en una dinámica regional, poblacional y cultural determinada por tres condiciones históricas y velocidades temporales: premoderna, moderna y post-moderna globalizada. Esta última se concentra principalmente en los grandes centros regionales y en el Distrito Capital de Bogotá. En particular, las principales empresas, centros de negocios, decisiones financieras y poder político se encuentran fusionadas en la Región Central y en Bogotá, Distrito Capital; en estas dos unidades geográficas y político administrativas se genera las dos terceras partes de la producción nacional (Mapa 3).

 

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En 2018, las zonas rurales del país todavía están habitadas por el 20 por ciento de la población. A partir de la década de 1980, la estructura agraria se ordenó de manera cuatrimodal por los siguientes modos de producción y tipos de fincas: i) latifundios ganaderos, ii) agro-comerciales, iii) cafeteras, iv) minifundio. A esta estructura le corresponden las siguientes clases sociales y fracciones de clase: i) oligarquía terrateniente, ii) burguesía agro comercial, iii) clase media rural cafetera, iv) campesinado pobre, semiproletario y étnico (indígenas y afros). Esta estructura tiene una relación directa con el carácter geográfico de la distribución de los fortines partidistas.

 

La base material de vida y el poder político se retroalimentan por dos condiciones específicas: la concentración del poder económico y político, de una parte, y por la precariedad, estratificación, informalidad, desorganización y exclusión del mundo laboral. Estas condiciones de vida material y de relaciones sociales de producción condicionan, a la vez, la cultura política del pueblo colombiano.

Cultura política

 

La cultura política se define como el patrón de actitudes y orientaciones individuales predominantes frente a la política y acerca del papel de las personas en el sistema político.

 

La Encuesta de cultura política que realiza el Dane desde el 2007, indaga sobre la percepción que tienen los connacionales sobre su entorno político. Explora el conocimiento frente al concepto de democracia, los mecanismos y espacios de participación ciudadana y la percepción de utilidad que estos representan. También se exploran temas relacionados con el comportamiento electoral, la percepción frente a los partidos políticos y la confianza en las instituciones.

 

La Encuesta de cultura política busca generar información estadística estratégica que permite caracterizar aspectos de la cultura política colombiana, basados en las percepciones y prácticas que sobre el entorno político tienen las personas de 18 años y más que residen en las cabeceras municipales del territorio nacional. La encuesta tiene una periodicidad bienal y una cobertura nacional; cuenta con representatividad geográfica para cinco regiones: Bogotá, Caribe, Oriental, Central y Pacífica. El periodo de recolección fue abril-mayo de 2017. El tamaño de la muestra es el siguiente: 104 cabeceras municipales, 1.286 segmentos; 27.841 personas de 18 años y más; 12.387 hogares.

 

En 2017, el 74,5 por ciento de las personas de 18 años y más afirmó asistir a reuniones de iglesias, organizaciones o grupos religiosos, el 13,5 a Juntas de Acción Comunal y demás organismos de acción comunal y el 11,7 a reuniones de Asociaciones, grupos, clubes o colectivos recreativos, deportivos, artísticos o culturales.

 

El mecanismo de participación más conocido, o del cual las personas de 18 años y más han oído hablar mayormente en 2017, es el plebiscito (80,0%); en segundo lugar el referendo aprobatorio o derogatorio (63,1%); seguido por la revocatoria de mandato (55,8%) y la consulta popular (48,7%).

 

Con relación a los espacios de participación ciudadana, en 2017 las personas de 18 años y más afirmaron conocer o haber escuchado hablar de las veedurías ciudadanas (36,6%), audiencias y consultas públicas (32,6%), los comités de desarrollo y control social en salud y servicios públicos (25,4%) y Comités de participación comunitaria en salud (24,0%).

 

En 2017, el instrumento de protección de derechos que más conocen o del que más han escuchado hablar las personas de 18 años y más, es la acción de tutela (87,4%), el segundo es el derecho de petición (81,7%), el tercero la acción popular (44,4%) y el cuarto es la acción de cumplimiento (26,0%).

 

Con respecto a lo que las personas de 18 años y más consideran que un país debe tener para que sea democrático, en 2017 el 82,6 por ciento respondió que deben existir autoridades locales, municipales y departamentales elegidas por voto popular, elecciones periódicas de los gobernantes (81,9%), mecanismos para que los ciudadanos participen en la gestión pública (80,4%) y sistema judicial (77,6%).

 

Al preguntarle a estas personas qué tan democrática consideran que es Colombia, en 2017 el 29,3 por ciento considera que es un país democrático; medianamente democrático el 55,6 y no democrático el 15,1 restante. Por regiones, se observa que el 40,3 por ciento de las personas de 18 años y más de la región Caribe consideran que este es un país democrático, en la región Central el 34,2, en la Oriental el 29,1, en la Pacífica el 26,0 y en Bogotá el 16,3 por ciento. Al indagar por la satisfacción con la forma en que la democracia funciona en Colombia, el 11,5 por ciento de las personas de 18 años y más afirma estar muy satisfecho y el 49,9 muy insatisfecho. Al revisar por regiones se observa que el 18,0 por ciento de las personas de 18 años y más de la región Caribe están muy satisfechos con la forma en que funciona la democracia en Colombia, seguida por la Oriental 12,2, Central 10,1, Región Pacífica 10,0 y Bogotá 7,9 por ciento.

 

De las instituciones o actores en las que los encuestados no confían, se encuentran los partidos o movimientos políticos 61,6 por ciento, el Congreso de la República 51,7, Jueces y Magistrados 45,8, la Presidencia de la República 45,0, la Policía 44,3, la Asamblea departamental 43,2, los Concejos municipales/distritales 43,0, la Contraloría (nacional, departamental y municipal) 39,8, la Procuraduría General de la Nación 39,6, la Alcaldía Municipal/Distrital 35,0, la Fiscalía General de la Nación 34,1, la Gobernación 30,1, la Defensoría del Pueblo 28,6, las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) 26,2 y la Registraduría Nacional del Estado Civil 25,9 por ciento.

 

Sobre la intención de voto, en 2017 el 59,2 por ciento de las personas de 18 años y más afirmó que siempre vota cuando hay elecciones en el país, el 24,7 a veces vota y el 16,1 nunca vota. Las mujeres votan más que los hombres: 60 por ciento y 58,3, respectivamente (Gráfico 8).

 

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Por rangos de edad, los que más votan son las personas de 41 a 64 años (57,6%), siempre votan cuando hay elecciones (Gráfico 9).

 

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Por regiones, las grandes metrópolis como Bogotá registran menor intención de voto (20% nunca vota cuando hay elecciones). Las regiones Caribe y Oriental sobresalen porque dos de cada tres ciudadanos siempre vota (Gráfico 10).

 

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Únicamente el 28,7 por ciento afirmó no haber votado en las elecciones para alcaldes, gobernadores, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales de octubre de 2015. Las principales razones para tal comportamiento es porque consideran que los políticos son corruptos (46,2%), porque los candidatos prometen y no cumplen (44,6%) y por desinterés (43,3%).

 

El 64,9 por ciento de personas de 18 años y más, según el grado de importancia que tienen la elección de Presidencia de la República, expresó que “es muy importante”. En Bogotá, esta elección sólo es importante para el 56,1 por ciento de la población mayor de 18 años; la valoración más alta corresponde a la región Caribe con el 76,4 por ciento.

 

Para 2017, sólo el 15,7 por ciento de las personas de 18 años y más consideró que el proceso de conteo de votos es transparente. Por regiones, el Caribe registra el mayor nivel de confianza en el sistema electoral. Bogotá, Distrito Capital y las regiones Central y Oriental son más escépticas, están por debajo del promedio nacional en la valoración positiva del proceso de conteo de votos (Gráfico 11).

 

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Únicamente uno de cada diez colombianos se identifica con alguno de los partidos políticos activos en el país. Si bien, el 82,4 por ciento de las personas de 18 años y más está totalmente de acuerdo con la afirmación “a los políticos les interesan los votos y no las necesidades de la gente”; el 57,8 por ciento está totalmente de acuerdo con la afirmación “votar en las elecciones es útil para generar cambios positivos en el futuro del país” y el 44,1 por ciento está totalmente de acuerdo con la afirmación “votar es la única forma de influir en el gobierno”.

 

Por debajo de los 40 años, los connacionales no tienen simpatías o identificaciones con alguno de los partidos políticos. La mayor identificación con algún partido o movimiento político se registra en los mayores de 64 años. Esta situación refleja un cambio en las tradiciones partidistas entre generaciones (Gráfico 12).

 

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Por regiones, la población de la capital del país es la que menos se identifica con un partido o movimiento político. A mayor tamaño de las ciudades el voto independiente es más importante. La región con mayor adscripción a partidos o movimientos políticos es la Oriental, con el 14 por ciento (Gráfico 13).

 

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Con relación a la posición ideológica, se les solicitó a los encuestados ubicarse en una escala ideológica de 1 a 10, de izquierda a derecha. Agrupando la escala, el 12,0 por ciento de las personas de 18 años y más afirma ser de izquierda (1-4), el 42,6 de centro (5-6) y el 20,7 de derecha (7-10). Los hombres tienden a ser más de izquierda que las mujeres; estas simpatizan más con las ideas de derecha. Por el centro, que es la mayoría, comparten por igual hombres y mujeres en su posición ideológica (43%). Uno de cada cuatro, hombre o mujer, no tiene posición política alguna (Gráfico 14).

 

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Por rangos de edad, la simpatía con las plataformas o programas de la izquierda registra un valor mayor al promedio nacional en las personas con edades entre 18 y 40 años. La posición ideológica de derecha presenta un grado superior en los mayores de 64 años (Gráfico 15).

 

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Finalmente, por regiones es Bogotá Distrito Capital la que más concentra ciudadanos con clara simpatía por las ideas de izquierda. De hecho, durante varios períodos ha elegido candidatos de los partidos de tal perfil. La región Oriental es lo opuesto a la capital del país, allí se concentra la mayoría relativa que mantienen una identificación ideológica con las doctrinas políticas de la derecha (Gráfico 16).

 

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2018: ¿Continuidad o cambio?

 

El reto que tienen ante sí las fuerzas que sueñan con un cambio estructural en el país no es menor: romper la historia –lo cual demanda más que voluntad– y, en contra de las circunstancias materiales de vida, económicas, productivas y sociales que caracterizan al país, lograr que las mayorías sociales de apáticos, indecisos, indiferentes, godos, conformistas, prevenidos, desinformados, opten por todo aquello que hasta ahora han desechado.

 

La información relacionada permite proyectar que la continuidad tiene todo a su favor para seguir al frente de la sociedad colombiana: la estructura económica, laboral, política y social en general, con su expresión en la conciencia política de la población, así permite preverlo. Pero, asimismo, se debe tomar en cuenta a la maquinaria estatal, con su gran engranaje clientelista de cientos de miles de empleados y trabajadores amarrados al poder del jefe –trabajadores, miles de ellos contratados a término definido–, temerosos de que los desbanquen en cualquier momento, además de otros muchos, estos sí contratados a término indefinido, que por obra de la rutina y la comodidad terminan sellando su mente con un pensamiento de mejor así…, mejor malo conocido que bueno por conocer.

 

Estamos ante un reto nada sencillo, mucho más cuando factores como el trabajo informal, el rebusque por cuenta propia, el desempleo, el narcotráfico y toda su mentalidad de individualismo consumista, han terminado por consolidar entre nosotros una estructura social que está altamente atomizada en lo organizativo, sin confianza en los procesos colectivos, incrédula ante la capacidad de los procesos sociales.

 

En medio de todo ello, son positivas las energías que va despertando la campaña liderada por Petro, pues, en medio de ello, puede leerse que la masacre de varias décadas consumada por el poder no logró arrasar con la esperanza.

 

Pero para que la misma sea efectiva, para que este momento de reencuentros no se pierda en la adoración de un caudillo –aprendiendo de la historia nuestra e internacional–, hay que pasar a darle cuerpo a un proceso colectivo donde todos aquellos sectores que ahora depositan su anhelo en un tercero encuentren un espacio y unos procesos para delinear entre el conjunto los objetivos por disputar, las formas de hacerlo, los territorios por enraizar, etcétera.

 

Sólo así, en medio de una coyuntura colectiva, podrá (re)iniciarse el recorrido de un camino transitado en distintos momentos de nuestra historia reciente, recorrido que en este caso tiene que ver con recuperar para la política a las mayorías de abstencionistas, incrédulos, indiferentes, indecisos, confundidos, godos. La encuesta del Dane permite ratificarlo: en Colombia, para sus pobladores, existe una democracia maltrecha, deforme, donde ni partidos ni instituciones son de fiar.

 

Bueno, avanzar hacia esa otra democracia, que sí es posible, requiere mucho más que participación electoral, y mucho más que caudillos. Construir, abrir, potenciar, fortalecer cientos, miles de espacios para la participación directa y decisiva de las mayorías, para que ellas mismas construyan sus plataformas de lucha y vayan concretándolas en el día día. Hay que abrir espacios de todo tipo para compartir entre todos/as, para politizar, para que perdamos el miedo ante la violenta criminalidad del establecimiento, pero también ante lo que habremos de cimentar y levantar, como nueva posibilidad para la vida, en justicia y dignidad. Esto es parte del reto que ahora se ve más viable y necesario de encarar.

 

No es sencillo pero tampoco imposible. Es necesario, como lo es que tengamos en mente la necesidad de otra economía, otro Estado y otros relacionamientos sociales y políticos para –por esa vía– quebrar parte de la estructura de dominación reinante entre nosotros; como es necesario, también, erradicar los carteles políticos, las mafias y sus mecanismos de control y sometimiento social, de los cuales también se vale el establecimiento para profundizar su dominio y su sometimiento.

 

¿Sencillo? ¿Obra de un gobierno? ¿Realización posible sin revolución? La trilogía de estas preguntas tiene un mismo no como respuesta y un triple sí como quimera, pues no es sencillo ni será obra de un solo gobierno ni será factible sin revolución. Todo un cambio estructural, de base, cultural, tenemos ante nosotros, con otra democracia, que sí es posible para que surja otra cultura de la política, vía indispensable para que los gobiernos del futuro sí sean de la gente y para la gente.

 

Para orientarnos hacia estas metas, nos sirve la lectura histórica aquí realizada, cruzada con la información procesada por el Dane y la misma lectura de la realidad que hoy estamos viviendo.

 

 

1. Sarmiento, Libardo. Ontología Humana Crítica. Ediciones Desde Abajo, Bogotá, 2016, capítulo IV.

2.  Pinzón de Lewin, Patricia. Pueblos, regiones y partidos. Ediciones Uniandes-Cerec, Bogotá, 1989.

3. El objetivo de esta consulta era que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo a los acuerdos que se firmaron entre el gobierno y las FARC en La Habana.

4.   Esta iglesia afirma poseer en privilegio “la mente de Cristo” y proclama entre sus fundamentos: “Creemos en el mundo espiritual formado por el cielo y el infierno; en la existencia de los ángeles buenos y malos, y en la de Satanás como jefe de los últimos”.

El exgerente de campaña de Santos ingresa en prisión provisional por el caso Odebrecht

Roberto Prieto está acusado de recibir sobornos de la constructura brasileña que le habrían servido para "tapar huecos" durante la carrera presidencial

El que fuera gerente de las dos últimas campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, ha sido enviado a prisión provisional la mañana del martes por el escándalo de los sobornos de Odebrecht. El juez acepta las acusaciones de la Fiscalía de Colombia por falso testimonio, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, por los contratos que firmó con la constructora brasileña. "Se torna necesario disponer una medida de aseguramiento para salvaguardar el proceso en su contra", dijo el magistrado en la audiencia.


“El indiciado tenía como modus operandi pedir dinero a empresas y personas diciendo que era requerido para ‘tapar huecos’ de las campañas políticas de Juan Manuel Santos”, ha declarado la fiscal del caso. Prieto, según la sentencia, recibió dinero (unos 230.000 dólares) de una de las empresas con las que Odebrecht hizo negocios en Colombia para construir la Ruta del Sol III, una de las mayores infraestructuras viales del país.


Parte de los sobornos que recibía el acusado los consiguió con contratos falsos y gracias a la posición de poder que ejercía alegando que era el responsable de las campañas electorales con las que el actual mandatario colombiano llegó al poder en 2010 y fue reelegido en 2014, según el juez.


En julio de 2017, la Fiscalía confirmó pagos de Odebrecht a las campañas tanto de Santos como de Óscar Iván Zuluaga, su adversario electoral. La investigación ya comprobó en marzo de ese año que la constructora había firmado un contrato en febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO, por un millón de dólares, para realizar una encuesta de opinión en las principales ciudades de Colombia. “Esta contribución habría sido efectuada, según los directivos de Odebrecht, con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del presidente Santos”, aseguró entonces este organismo.


El propio Prieto, en una entrevista con Blu Radio reconoció esta financiación ilegal. Ocurrió en la primera campaña, en 2010, cuando la compañía brasileña, investigada por tejer una amplia red de sobornos en América Latina, pagó los carteles del actual presidente de Colombia. “Yo ordené los afiches operativamente con plata de Odebrecht. Es una realidad. Eso fue una operación irregular”, aseguró. La ley electoral colombiana prohíbe aceptar fondos de una empresa extranjera.
En aquel momento, el exgerente exculpó a Santos. Tras las declaraciones de Prieto, el presidente colombiano difundió una declaración institucional a través de Twitter en la que condenó esa financiación, pero no la negó. El mandatario aseguró que no estaba al tanto de los pagos y pidió que se investigara y sancionara a los responsables de esas irregularidades. “Frente a la valoración de que hubo recursos no registrados en mi campaña de 2010, quiero expresar mi absoluto rechazo y condena frente a ese hecho”.


“Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso, que nunca, nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña”, concluyó.

Bogotá 29 MAY 2018 - 13:29 COT

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Lunes, 28 Mayo 2018 06:47

Parece de novela

Parece de novela

Que exista la corrupción no es novedad. Que emane del gobierno tampoco. Que la haya en el sector privado es también sabido. Igual lo es que en muchas ocasiones se combinen.


Sin embargo, todo esto no tiene por qué obviarse. No tendría que volverse un asunto de costumbre. No debería considerarse como un hecho determinado culturalmente, o bien, un rasgo propio de la naturaleza humana como los filósofos consideraron alguna vez a la división del trabajo. Y aun no hay una secuencia genética que demuestre que tiene ese origen.


No es un mero inconveniente con el que hay que convivir y también callar. Considerarlo no es un síntoma de un moralismo trasnochado y, entonces, relegarlo a las notas de las páginas financieras o a las reseñas de sociedad de los periódicos o noticiarios.


En España explotó finalmente la investigación judicial de la extendida corrupción practicada por el Partido Popular, el que hoy gobierna ese país. La trama Gürtel tiene antecedentes en la administración de ese partido entre 1996-2004 y se volvió explosiva en la actual que empezó en 2011.


La corrupción no está sólo asociada con ese partido, y los casos judiciales son conocidos. Pero la envergadura de lo que hoy ocurre puede medirse por las penas impuestas a los participantes por la Audiencia Nacional. Las condenas a los 29 procesados suman 351 años de cárcel.


La mayor de ellas fue de 51 años para el empresario que armó la red de operaciones ilícitas; un ex alcalde recibió 38 años, un ex secretario de organización en una de las comunidades, 37, y el poderoso ex tesorero del partido, 31 años. De ahí para atrás.


El diario El País reportó hace unos días una investigación realizada con un grupo de expertos sobre los principales escándalos de corrupción en España. Afirma que desde el inicio de este siglo ha habido más de 2 mil casos, entre ellos, unos son paradigmáticos por la complejidad de las componendas y la participación de altos responsables del gobierno.


El llamado caso Gürtel es el que ha sido recientemente juzgado y sentenciado, fue considerado por ese grupo conforme a cuatro criterios básicos: el grado de sofisticación, que incluye la creación de un sistema para replicar las operaciones, la cantidad de dinero involucrada, el nivel de responsabilidad política de los participantes y el perjuicio político provocado.


El entramado de este caso de corrupción es realmente llamativo y los es, igualmente, su duración y la forma en la que penetró la estructura del Partido Popular. Se antojaría leerlo en una reseña novelada a la manera de escritores como Petros Márkaris, Phillip Kerr o bien el mismo Le Carré. Pero el hecho es que no se trata de la promoción de alguna editorial ni de éxitos de ventas en la librerías. Aquí la realidad, como se dice, va más allá de la ficción.


La corrupción es actualmente una manera primordial de la actividad política y de un sistema de transacciones entre empresas reales o fantasmas, bancos y otras entidades financieras con mecanismos altamente sofisticados.


Es un fenómeno social que claramente no es nuevo, pero sí cada vez más extendido, facilitado por la expansión de las relaciones globales de los movimientos de capitales. Las autoridades responsables de la vigilancia y control de tales operaciones van a la zaga. Se necesitan los medios para identificar la corrupción y combatirla, pero, sin duda, se requiere también de voluntad política y, sobre todo, legal para hacerlo.


Esto último es, tal vez, lo que llama la atención del caso Gürtel luego de años de investigaciones y procesos judiciales con muchas aristas que ya se han desvelado y otras que seguramente aparecerán después.


El caso Gürtel, así conocido por ser la traducción al alemán del apellido de quien armó la trama, Rafael Correa –otro elemento apto para una novela negra– involucra, según la información de 16 casos de corrupción preparada por El Periódico de Cataluña, unos 860 millones de euros que al tipo de cambio actual son casi 23 mil millones de pesos o mil 150 millones de dólares, en un periodo de 21 años, es decir, alrededor de 55 millones de dólares en promedio anual.
Aún falta la conclusión de la Operación Púnica, otra trama multimillonaria así conocida por estar centrada en el expolítico del PP de Madrid, Francisco Granados, cuyo nombre se asocia al árbol del granado que en latín es púnica granatum; otro elemento con sabor literario.


Es mucho dinero y sirve como rasero para calibrar los montos asociados con la corrupción en otras partes del mundo. Uno es muy sabido, se estima que la empresa constructora Odebrecht gasto 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África. Las repercusiones del caso ya provocaron reacciones relevantes en algunos de esos países.


Hay pues, un entramado de corrupción que parece ser connatural al sistema económico y político de alcance global. La caída del comunismo en Europa oriental provocó un estallido de corrupción y la generación de los ya famosos oligarcas de esa región que se apropiaron como ladrones en despoblado de los activos públicos.


El menú de formas de corrupción es grande y sigue ampliándose; es una actividad altamente productiva y la verdad es que para muchos sigue siendo poco riesgosa. Está a la vista de todos, pero no siempre de quienes tienen que aplicar la ley.

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Lenín Moreno purga de correístas su Gobierno en su primer año al frente de Ecuador

El sucesor de Rafael Correa corrige las decisiones heredadas más conflictivas y apuesta por el liberalismo para enderezar la economía

Rafael Correa entregó la banda presidencial hace este jueves un año y se retiró del acto de investidura para no eclipsar a su sucesor y hasta entonces aliado, Lenín Moreno. En la fotografía política actual de Ecuador ya no hay espacio para el exmandatario ni para sus socios. En su primer año de Gobierno, Moreno ha depurado su Gabinete de correístas, ha dado marcha atrás en aspectos conflictivos de la anterior Administración —como la política económica o los ataques a la prensa— y ha dado vía libre para perseguir la corrupción del Ejecutivo de Correa. En el camino, su gestión ha sufrido un abultado desgaste perdiendo más de 30 puntos de aprobación al pasar de un 77% en agosto pasado a un 46% el presente mes.


Cuando el partido de Correa revalidó su victoria electoral con unos resultados muy ajustados y controvertidos favorables a Moreno, nadie imaginaba que el exmandatario tardaría solo un par de meses en censurar a su sucesor en redes sociales y en llamarle “traidor”. La delicada situación económica del país fue el detonante de la fricción. Correa había prometido dejar “la mesa servida” tras lidiar con dos años de caída de ingresos por el bajo precio del petróleo, pero Moreno descubrió que en realidad había heredado una deuda de más de 50.000 millones de dólares. Los libros habían sido maquillados por fuera de los límites legales y las cuentas reales dificultaban la ejecución del programa de Gobierno. El jefe de Estado, vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, había prometido construir 325.000 viviendas y subir el bono de Desarrollo Humano —un programa de asistencia estatal— hasta los 150 dólares para los más necesitados.


Tras confiar la gestión económica en Carlos de la Torre y, después, en María Elsa Viteri, dos nombres cercanos al correísmo, el mandatario cambió de rumbo antes de iniciar su segundo año de gestión. Richard Martínez, líder de los empresarios y defensor de una receta económica liberal, asumió en un sorpresivo nombramiento la cartera de Economía y Finanzas hace una semana.


La designación de un empresario para dirigir la política económica reveló definitivamente la estrategia de depuración de rostros correístas, forzada por la corrupción y la ruptura dentro del partido que representaba hasta hace no mucho a Moreno y Correa, Alianza PAIS, de la que este último es fundador. Antes de los dos ministros de Economía, fueron destituidos o sustituidos aliados muy cercanos al expresidente por diferencias políticas o por investigaciones de corrupción.


El vicepresidente Jorge Glas fue el primero en dejar el cargo, al ser condenado a seis años de cárcel por el caso Odebrecht. El presidente del Parlamento, José Serrano, que fue ministro de Interior con Correa, también fue destituido, así como el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, exasesor presidencial del exmandatario. El ministro de Interior, César Navas, y el de Defensa, Patricio Zambrano, dejaron sus carteras por su fallida gestión del secuestro de tres trabajadores del diario El Comercio a manos de disidencias de la antigua guerrilla colombiana de las FARC. Finalmente, la canciller María Fernanda Espinosa, que ocupó varios cargos con Correa y que ha sido duramente criticada por sus tibios pronunciamientos sobre Julian Assange —recluido en la Embajada de Ecuador en Londres— y Venezuela, ha aparcado su responsabilidad esta semana para enfocarse durante un mes en su candidatura a la Asamblea General de la ONU. Si se hace con el puesto, no regresará al Gobierno de Moreno.


La separación entre morenistas y correístas se agudizó a finales de 2017, tras medio año del nuevo Gobierno, coincidiendo con la campaña por la consulta popular que ganó Lenín Moreno y que cerró las puertas a un eventual regreso de Correa como candidato a la presidencia. La disputa facilitó la salida de las autoridades de control cuestionadas por su subordinación al expresidente.


Ley de Comunicación


La consulta separó además a los disidentes del bloque de Alianza PAIS en la Asamblea Nacional. Los más fieles a Correa se desafiliaron del partido e iniciaron los trámites para fundar un nuevo movimiento. Aunque en teoría la bancada del partido y sus disidentes votan de forma independiente, en la práctica han apoyado los mismos proyectos. Sobre todo los más polémicos, como el rechazo de la propuesta de crear una comisión que investigase la presunta financiación de las FARC a Rafael Correa en su primera elección.


Para culminar el desmarque de Moreno, esta semana llegó al Parlamento la reforma a una de las leyes icónicas de la Administración de Correa, la de Comunicación. En la nueva redacción de la norma, se elimina la Superintendencia de Comunicación, criticada por los medios al ejercer de juez y parte en las sanciones a la prensa. Aunque la propuesta legislativa mantiene el espíritu regulador sobre el periodismo, se han suprimido los límites a la publicación de información controvertida o la obligación de difundir datos de “interés público”.


La factura de la corrupción y los problemas económicos


En menos de un año, Lenín Moreno ha dilapidado la buena imagen que cosechó con sus primeros gestos de desmarque de Correa. Los avances en la investigación de la corrupción y la denuncia sobre la mala gestión económica de su predecesor le generaron una aprobación del 77% en agosto, según la firma Cedatos. Hoy no llega al aprobado (46%), pues las principales preocupaciones ciudadanas siguen siendo la crisis económica (27,3%), el desempleo (25,5%) y la corrupción (15,2%). Incluso, pese a que los ecuatorianos colocan en quinto lugar (con un 33%) el combate a la corrupción como una de las tareas en las que la Administración actual ha sido más eficiente. Lo que más inquieta al país respecto del panorama económico es la abultada deuda, que excede de los 50.000 millones de dólares, y la falta de transparencia a la hora de presentar las cifras oficiales. Tampoco ha sido suficiente el cambio en las formas y el tono conciliador con el que quiso, ya desde la campaña, distinguir su gestión como presidente. Aunque los ciudadanos creen que Moreno ha sido eficiente en defender la libertad de expresión (66%) y generar diálogo (57%), el descrédito (53,7%) supera, ahora, a quienes sí confían en el mensaje presidencial (42,3%).

Guayaquil 23 MAY 2018 - 18:14 COT

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¿Qué tan exitoso fue el golpe de Estado?

El 7 de abril de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva fue arrestado en Brasil y llevado a la prisión en Curitiba para comenzar una sentencia por dos años. Fue presidente de Brasil de enero de 2003 a enero de 2011. Era tan popular que cuando dejó el cargo en 2011, tenía una tasa de aprobación de 90 por ciento.


Casi de inmediato fue acusado de incurrir en corrupción mientras estaba en su puesto. Él negó los cargos. Sin embargo, fue condenado, y la condena la sostuvo la corte de apelaciones. Ahora sigue apelando su sentencia ante la Suprema Corte.


No obstante, de acuerdo con una interpretación de la ley brasileña, él puede ser encarcelado una vez que la corte de apelaciones afirme su sentencia sin esperar al juicio ante la Suprema Corte. Pero él exigió un habeas corpus, que lo habría podido mantener fuera de la cárcel hasta agotar todas las posibles apelaciones. La demanda fue rechazada en una votación de 6-5. De ahí en adelante, el juez que lo acusó desde el inicio y que ha sido particularmente hostil hacia Lula, Sergio Moro, se movió con rapidez para ponerlo tras de las rejas.


¿Cuál fue la razón para este rudo trato que no se le ha aplicado a otros que enfrentan cargos más graves? Para entender eso, debemos revisar la historia reciente de Brasil y el papel de Lula.


Lula era un líder sindical que fundó un partido obrero, el Partido dos Trabajadores (PT). Éste era el partido de los desclasados y uno que representaba un cambio fundamental en Brasil y en América Latina como un todo.


Lula contendió para presidente en varias elecciones sucesivas. Tal vez le robaron la elección en por lo menos una ocasión. Finalmente ganó en octubre de 2002.


El sistema electoral brasileño conduce a una profusión de partidos, ninguno de los cuales ha sido nunca capaz de ganar una pluralidad mayor que 20 por ciento de los escaños en la legislatura, mucho menos la mayoría. Por tanto, para gobernar, el partido con una pluralidad debe hacer arreglos con otros partidos de inclinaciones bastante diferentes en lo ideológico.


Pese a esta limitación, Lula fue capaz de formar un gobierno y obtener respaldo legislativo para realizar significativas transferencias de recursos al tercio más pobre de la población, lo que explica su popularidad. Fue también capaz de conducir a los estados americanos a forjar nuevas estructuras interestatales que no incluyeran ni a Estados Unidos ni a Canadá.


Las redistribuciones internas y los realineamientos geopolíticos desagradaron muchísimo tanto a EU como a las fuerzas de la derecha brasileña. Una cuestión que hizo difícil para ellos contrarrestar a Lula fue el hecho de que el estado de la economía-mundo en la primera década del siglo XXI era muy favorable a las llamadas nuevas economías emergentes, también conocidas como BRICS (la B siendo de Brasil).


Pero los vientos de la economía-mundo dieron un viraje y, repentinamente, los ingresos para el Estado brasileño (y por supuesto el de muchos países) se hicieron más escasos.
La derecha encontró una renovada abertura en el apretón financiero que siguió. Culparon a la corrupción de las dificultades económicas y alimentaron un impulso judicial al que llamaron lava jato (o autolavado, literalmente lavado a presión en portugués), que evocaba el lavado de dinero, algo que de hecho era algo generalizado.


En 2011, Lula fue sucedido en la presidencia por Dilma Rousseff, una líder más conservadora en el PT brasileño. Cuando algunos miembros del PTB dentro del gabinete fueron condenados por corrupción, la derecha lanzó una jugada para enjuiciar a Dilma. No se le acusó de corrupción a ella pero sí de una inadecuada supervisión de sus subordinados en posiciones de liderazgo.


Ésta era una excusa muy frágil. Como Boaventura de Sousa Santos lo puso: la única política impecablemente honesta en Brasil era acusada de corrupción por los votos de los más corruptos funcionarios de la tierra.


La razón para que la derecha se involucrara en esta farsa fue que el vicepresidente –que sucedería a Dilma tras su enjuiciamiento– era Michel Temer, quien había puesto a Dilma en la plataforma que era parte de una coalición electoral.


Temer asumió el cargo de inmediato y rechazó la idea de unas prontas elecciones que casi con toda seguridad habría perdido. En cambio, una de las primeras cosas que emprendió fue arreglar que los cargos sustanciales contra sí mismo por corrupción fueran retirados.


El motivo para enjuiciar a Dilma parece claro. Se trataba de evitar que Lula contendiera en la próxima elección para presidente. El punto de vista de consenso es que Lula habría vuelto a ganar. La única manera de pararlo era acusarlo a él de corrupción. La fuerza del PT estaba vinculada cercanamente al carisma de Lula. Cualquier otro candidato hubiera sido incapaz de obtener el respaldo en todas partes que Lula habría obtenido.


Una vez que Lula fue amenazado con el inmediato encarcelamiento, las dos principales fuerzas populares expresaron su fuerte oposición a lo que afirmaron era un golpe de Estado. Una de tales fuerzas fue la Central Única de Trabajadores (CUT), que alguna vez encabezó Lula, y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), la organización rural más grande de Brasil.


El dirigente del MST, João Pedro Stedile, explicó las razones de su respaldo. El MST había tenido muchos desacuerdos con Lula y se había desencantado con su rechazo a romper con las políticas neoliberales. Pero aquellos que intentaban evitar que Lula contendiera eran en verdad antagonistas de todas las cosas positivas que Lula había logrado e instaurarían severas medidas retrógradas.


El MST y la CUT organizaron significativas movilizaciones contra el encarcelamiento, pero enfrentados con la amenaza de la intervención de las fuerzas armadas (y la posible restauración de un régimen militar), Lula decidió presentarse a su arresto. Él está ahora encarcelado.


La cuestión ahora es si este golpe de Estado de la derecha puede tener éxito. Esto ya no depende de Lula personalmente. La historia puede absolverlo pero la lucha actual en Brasil y en América Latina como un todo depende de la organización política en la base.


El gobierno de Temer proseguirá con fiereza sus políticas neoliberales. Y sin duda Temer se presentará como candidato para las elecciones. Temer no tiene vergüenza ni conoce límites por lo que arriesga ir demasiado lejos muy aprisa.


Una de las principales características estructurales del moderno sistema-mundo en el que nos encontramos es la gran volatilidad de la economía-mundo. Si llegara a hundirse más de lo que está al presente, puede muy bien haber un repunte del sentimiento popular hacia el régimen. Si comenzara a incluir a grandes segmentos de los estratos profesionales, sería bastante posible una alianza con los desclasados.


Aun entonces no será fácil cambiar las realidades políticas de Brasil. Es probable que el ejército esté pronto a evitar que un gobierno de izquierda llegue al poder. Sin embargo, no debemos desesperar. El ejército ya fue derrotado una vez antes y fue expulsado del poder. Puede ocurrir de nuevo.


En resumen, el panorama para Brasil y América Latina como un todo es altamente incierto. Dado su tamaño y su historia, Brasil es una zona clave en la lucha a mediano plazo, en favor de un resultado progresista en la contienda entre la izquierda y la derecha globales que resuelva en su favor la crisis estructural.


Brasil amerita nuestra cercana atención colectiva y nuestra activa participación solidaria.


Traducción: Ramón Vera-Herrera

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“El fútbol, en su obscenidad, es pornográfico, por eso envicia” dice Yesid Llerena

El reputado cronista deportivo Yesid Llerena, considerado uno de los mejores conocedores del balompié en la actualidad, accedió a hablar con desdeabajo en torno a sus revelaciones sobre la descomposición que vive el fútbol nacional y que ha denunciado recientemente en la obra Y adentro, la caldera. El periodista Llerena, accedió a entrar en contacto con nuestro equipo de redacción “desde algún lugar de las montañas de Colombia” en donde se ha refugiado tras la persecución que él alega ser víctima por parte de las autoridades y otros oscuros personajes.

 

da: ¿Qué opina del escándalo más reciente sobre el pago de coimas a dirigentes del fútbol nacional?

YLl: El fútbol nació corrupto, vive corrupto y morirá corrupto; es un espejo del hombre. Uno y otro terminarán por extinguirse.

 

da: Pero, entonces, ¿por qué cree usted que el fútbol sigue siendo tan popular?

YLl: El fútbol es popular porque la estupidez es popular. Eso lo dijo Borges, hace muchísimos años.

 

da: La paradoja es que ustedes los periodistas son los encargados de engrandecer el fútbol y darle visos de legitimidad…

YLl: Sin el periodismo deportivo el fútbol no existiría; sería una entelequia, un juego de abalorios entre iniciados en la utópica república de Castalia. Nosotros los periodistas, vivimos de él y para él; por eso miramos a un lado para no estropear el espectáculo. Es uno de los mayores engaños que viven hoy los pueblos –ayer fue la religión–. Las masas necesitan el fanatismo para respirar y sobrevivir. El fútbol es a las masas lo que el circo era a la antigua Roma; entre más ídolos caen destrozados por las fieras, mejor el espectáculo.

 

da: Y con todo, ha habido grandes periodistas especializados en fútbol. ¿A quién admira usted sobre todos los demás?

YLl: El que quiera aprender de fútbol debe leer las crónicas del desaparecido Osvaldo Ardizzone; terminará eso sí, amando más la poesía que el fútbol… Ardizzone fue el último poeta del fútbol, Petrarca el del amor.

 

da: Pero la corrupción en el fútbol no es exclusiva a Colombia, en todas partes se cuecen habas…

YLl: Yo sé cómo es este mundo. Trabajo en eso. El fútbol, el deporte, está podrido, te digo. En Colombia como en España, en Inglaterra, en Australia y Alemania.

 

da: Lo cierto es que la gente necesita ídolos, por eso hay Cristiano Ronaldos, Messis, James, Falcaos.

YLl: Los ídolos del fútbol hoy son más populares que los del cine y la televisión; eso habla bien del cine y la televisión.

 

da: ¿Y usted qué opina de las apuestas en el fútbol?

YLl: No vaya usted a ser nunca tan ingenuo de apostar. Es imposible vencer el cerebro que está en el bunker de las casas de apuestas. Lo sabe todo. Ese cerebro está conectado con otros en Singapur, Varsovia y Mendoza. El fútbol de todo el mundo está interconectado por esa central de minería de datos. A las casas de apuestas es difícil ganarles.

 

da: Pero existen porque hay gente que gana con las apuestas. Si nadie ganara, desaparecerían.

YLl. Allí está el truco. Hay que saber a quién se deja ganar, qué tanto puede ganar y con qué frecuencia.

 

da: Hábleme más sobre las casas de apuestas…

YLl: Vea, el gobierno les tiene el ojo puesto; los gringos, los europeos, la Fifa, la Federación. La Fifa dice que son un cáncer en el fútbol. Son gente no grata para muchos, a pesar de prestar una función muy importante. La sociedad necesita catalizar una pasión irrefrenable como es ganar en el juego; todos quieren jugar para ganar; y no hay mayor satisfacción que ganarle al azar. Por eso existen.

 

da: Y del otro lado hay redes de apostadores que quieren sacarle a esas casas una tajada.

YLl: Son los más peligrosos. Ellos y las casas de apuestas ilegales. Ese es el verdadero cáncer del fútbol.

 

da: ¿Conoce apostadores profesionales, de esos que sistemáticamente ganan a las casas de apuestas?

YLl: Sí, claro, tengo una amiga, a quien no puedo citar por nombre, ella una vez me dijo: “Para ser exitosa, debes dejar a un lado el equipo de tu alma, yo era de los verdes, pero ya no voy al estadio; y, además, desde que se popularizó que las mujeres asistan a los estadios, el fútbol se tornó más violento, los machos necesitan exhibirse más ante las hembras; ahora mi oficio se reduce a ciencia y matemática. Hay que crear tablas estadísticas; hacer ranquin de datos. Nada es fácil; si lo fuera todo el mundo ganaría en las apuestas y no es así. Somos muy pocos los que tenemos la paciencia, la disciplina y la cabeza fría para hacerlo”. ¿Se fija? Esa gente sábelo qué hace y en lo que se mete…

 

da: ¿Y qué más le dijo su amiga?

YLl. Lo que yo presentía, de esas cosas del fútbol que nadie se atreve a hablar, pero que adentro sabemos y callamos para no hacer añicos la ilusión, esa ilusión, ese pacto de creer que hay fair-play para no tirar por la borda la magia del juego.

 

da: Entonces, ¿el fútbol no es más que una ilusión?

YLl: El deporte, y el fútbol, como rey de todos los deportes, es la caverna de Platón, donde se ven solo sombras y todos niegan la realidad que las proyecta.

 

da: ¿Por qué el fútbol mueve pasiones?

YLl. Porque la humanidad se hastió del sexo, sobre todo de su faceta más artística, más estética, el erotismo; ahora solo queda la obscenidad de la pornografía; el fútbol, en su obscenidad, es pornográfico, por eso envicia.

 

da: ¿Y por qué es cada vez más popular el fútbol?

YLl. La respuesta no podía ser más sencilla: porque no ha aparecido un sustituto más corrupto.

 

da: ¿Cuál es entonces el lado oscuro del fútbol?

YLl: Conozco ese mundo, te lo he dicho; y ahí nadie se salva.

 

da: Hablemos de su gran amigo, el también periodista deportivo Arturo Camacho, que por cierto se encuentra desaparecido hace varias semanas. Hay mucho ruido en el ambiente sobre lo que él hacía….

YLl: De él se dicen muchas cosas. No me consta nada.

 

da: Pero dicen que él incubaba el ambiente, que normalizaba cualquier resultado y dejaba a todos convencidos de que así es el fútbol, que toda probabilidad cabe en él; que no hay nada extraño, que todo es fruto de las malas o buenas decisiones de los jugadores, de los técnicos, de los árbitros; pero que en ningún momento dejaba entrever que puede haber una sombra de manipulación.

YLl: Arturo es mi amigo, mi gran amigo y no voy a dar opiniones sobre él. Siguiente pregunta…

 

 

da: ¿Cree que el fútbol mide la cultura de un pueblo?

YLl: Sí, definitivamente sí. El fútbol y el dinero miden la cultura de un pueblo; entre más dinero mueve más es su incultura.

 

da: Pero, no entiendo, siendo usted periodista deportivo y especializado en fútbol, parecería no gustar de su oficio.

YLl. Amo y odio el fútbol; ¿acaso no es lo mismo amar que odiar, como decía Catulo?

 

da: Y esa pasión, bien sea de amor o de odio, ¿no tiene límites?

YLl: La imbecilidad humana no tiene límites; el fútbol tampoco.

 

da: ¿Qué quiere decirnos para concluir?

YLL. Que aquí, en este lugar donde me he refugiado, en donde creo estar a salvo de las persecuciones de las que soy víctima, he pensado cuál es el futuro del fútbol. Concluí que es el mismo que hace doscientos años tenían los coches de caballo, las novelas realistas y el ajenjo entre los románticos.

 

da: Por último, hábleme de libro en el que usted hace todas estas denuncias.

YLl: Se llama Y adentro, la caldera. Sale próximamente a librerías, justo antes del Mundial, para revelarle al país la otra cara del fútbol, la más sombría.

 

da: Pero ¿usted escribió el libro? Porqué aparece otro autor atribuyéndose la obra.

YLl: Por supuesto que soy el autor, solo que, por razones personales, y que prefiero no discutir en este momento, he pedido a un conocido escritor que aparezca él como autor; y él ha aceptado generosamente, cosa que le agradezco.

 

da: ¿Lo que llaman un escritor fantasma?

YLl: Sí, algo así.

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