Viernes, 09 Marzo 2018 06:19

Arranca un nuevo juicio a PPK

Arranca un nuevo juicio a PPK

El Parlamento peruano vuelve a decidir la suerte del mandatario a menos de tres meses de que PPK zafara de ser destituido por un puñado de votos en el mismo órgano. El motivo es el mismo: la corrupción, pero las evidencias se han acumulado.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski está otra vez cerca de la destitución. Menos de tres meses después que PPK, como se le conoce al presidente, se salvara porapenas ocho votos de ser destituido por el Congreso, en el Parlamento se vuelve a presentar un pedido para sacarlo del cargo. La razón es la misma: los oscuros negocios de PPK con la cuestionada constructora brasileña Odebrecht cuando fue ministro en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), hoy prófugo tras ser sindicado de recibir sobornos de Odebrecht. Kuczynski está acusado de contratar consultorías financieras y obtener millonarias ganancias, a través de una empresa de su propiedad, con Odebrecht mientras era ministro y la empresa paralelamente contrataba con el Estado y se beneficiaba de decisiones del gobierno en las que PPK tuvo rol protagónico. También se le acusa de haber mentido al negar esas relaciones. Y hace unos días un funcionario de Odebrecht reveló que la empresa le había dado 300 mil dólares a la campaña de PPK en las elecciones de 2011. En esta ocasión, se han agregado nuevas evidencias comprometedoras para PPK sobre sus vínculos comerciales con Odebrecht, respecto a lo que se presentara en diciembre pasado, cuando se vio y rechazó el primer pedido de destitución.


Ayer, 29 congresistas, tres más del mínimo exigido, que pertenecen a cinco bancadas diferentes, presentaron una moción para destituir al presidente por “incapacidad moral permanente” por esos vínculos con Odebrecht y por haber mentido reiteradas veces, negando sus relaciones comerciales con la constructora brasileña, las que hoy han quedado en evidencia. Este es el primer paso en el proceso de destitución del jefe de Estado. El segundo paso es que el pleno del Congreso decida si acepta o no poner a debate y votación esta solicitud para separar de su cargo al presidente, lo que se daría la próxima semana. Para eso se requieren 52 votos de los 130 miembros del Congreso unicameral. Para que la destitución se haga efectiva, el tercer y definitivo paso en este proceso, se necesita el respaldo de dos tercios de la cámara, es decir 87 votos.


Las apuestas no favorecen a PPK. Pero en diciembre pasado su salida de PPK parecía casi segura y finalmente el pedido de destitución no pasó: alcanzó 79 votos y el presidente pudo mantenerse en el cargo. En esa ocasión, Kuczynski pudo zafar a último momento gracias a que diez parlamentarios de la bancada fujimorista, encabezados por el legislador Kenji Fujimori, desertaron de su agrupación y no respaldaron la salida del presidente. A cambio de ese apoyo, PPK indultó al ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000), que en 2009 había sido condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Un alto precio. Luego de este indulto, producto de un pacto político, la debilidad y el descrédito del presidente se agravaron. De acuerdo con una reciente encuesta de GFK, un 55 por ciento quiere la salida de Kuczynski de la presidencia. Su aprobación ha caído a 15 por ciento.


La moción de destitución es multipartidaria. Ha sido firmada por representantes de la izquierda y del fujimorismo, entre otros, que juntas suman 96 votos, suficientes no solamente para aprobar la aceptación a debate de esta moción de destitución, sino la destitución misma del presidente. Pero no hay un respaldo en bloque de todas estas bancadas al pedido de destitución. En más de una de ellas el voto se dividiría, como ya ocurrió en diciembre. Los únicos grupos que hasta ahora aseguran un apoyo sin fisuras a la moción de destitución son los izquierdistas Nuevo Perú y Frente Amplio, que juntos suman veinte votos. El resultado es incierto. Si Kuczynski fuera destituido, sería reemplazado por el vicepresidente Martín Vizcarra, actual embajador en Canadá.


Luego de la salida de doce de sus legisladores, que han formado rancho aparte bajo el mando de Kenji, ahora aliado del gobierno, la bancada la fujimorista Fuerza Popular, que responde a Keiko, la hermana mayor de Kenji, se ha quedado con 59 miembros. Su apoyo es clave para aprobar la destitución del presidente. La dirigencia de Fuerza Popular ha anunciado su respaldo a ese pedido, como también lo hizo en diciembre, pero no está en condiciones de asegurar que no habrá nuevas disidencias. En el gobierno esperan que se repita la historia de diciembre y que el fujimorismo se vuelva a partir y nuevos disidentes decidan no respaldar la destitución de Kuczynski. En el Ejecutivo estiman que por ahí pasa la salvación del presidente. En eso confían. Como ya ocurrió en diciembre, el destino de PPK vuelve a estar en manos de Kenji y sus disidentes, lo que significa volver a estar en manos de Alberto Fujimori.


Luego que se presentó el nuevo pedido para destituirlo, PPK reconoció que la situación de su gobierno es compleja. “Hay que pelear, hay que defenderse”, ha dicho. “Me voy a defender como gato panza arriba”, ha anunciado. Con cada vez menos respaldo y sin argumentos sólidos de defensa frente a los cargos de corrupción, Kuczynski ha intentado, sin éxito, desacreditar el pedido para destituirlo apelando al viejo fantasma del comunismo, amparándose en que su salida es respaldada por la izquierda. Ha dicho, en un intento de defensa disparatado, que su destitución es parte de un plan del comunismo para apoderarse del país

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Rechazado el primer recurso de Lula da Silva para evitar la prisión

El Tribunal Supremo, última posibilidad del ex-presidente para esquivar su encarcelamiento en las próximas semanas


El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sufrió este martes una nueva derrota en su batalla para evitar el ingreso en prisión. El Tribunal Supremo de Justicia (STJ, en sus siglas en portugués), penúltima instancia judicial del país, rechazó el recurso de habeas corpus de Lula que pretendía paralizar la ejecución inmediata de la sentencia que le condenó a 12 años de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de dinero. Al líder del Partido de los Trabajadores (PT) le queda aún el Tribunal Supremo como última posibilidad de esquivar la prisión en las próximas semanas.


La decisión del STJ, tomada por unanimidad de sus cinco miembros, no tenía como objeto examinar el fondo del asunto, la condena a Lula bajo de la acusación de haber recibido un apartamento en la playa como soborno de una constructora. Esa condena fue emitida el año pasado en primera instancia por el juez Sérgio Moro, impulsor de las mayores investigadores contra la corrupción en Brasil, y confirmada por un Tribunal de Apelación de Porto Alegre, el pasado 24 de enero. En esa última sentencia, el tribunal acordó además ordenar su ejecución inmediata.


De momento, la aplicación de la condena está paralizada porque la defensa de Lula presentó un recurso ante el propio tribunal que la dictó. Pero esa acción es apenas una maniobra para ganar tiempo, ya que se trata de un tipo de recurso que no permite cuestionar el fondo de la sentencia sino solamente pedir aclaraciones sobre los argumentos que llevaron a la condena. Todo indica que el Tribunal de Porto Alegre lo rechazará y a continuación podrá ordenar en cualquier momento la entrada del expresidente en prisión.


Para adelantarse a esa posible decisión, los abogados de Lula acudieron al STJ en solicitud de un habeas corpus que paralizase la ejecución de la condena. Pero ninguno de los cinco magistrados atendió la solicitud de la defensa. Pese a esta derrota, Lula aún tiene la posibilidad de ir al Supremo y allí todo indica que se encontrará con un panorama bastante más favorable a sus intereses. El máximo tribunal de Brasil decidió en octubre de 2016 que los condenados en segunda instancia -como es el caso del expresidente- pueden ser encarcelados de forma provisional. Pero la decisión se tomó por un estrecho margen, seis votos contra cinco. Y al menos uno de los magistrados que entonces apoyó la medida ha venido declarando en las últimas semanas que podría cambiar de opinión. Curiosamente, ese magistrado, Gilmar Mendes, mantiene una fuerte afinidad política con la derecha, aunque desde hace tiempo se ha erigido también en uno de los principales críticos de la Operación Lava Jato, la gran investigación contra la corrupción en Brasil, por entender que los jueces están vulnerando derechos de los acusados.


Aunque Lula evitase, al menos por ahora, su ingreso en prisión, mucho más difícil le sería impedir la inhabiltación política que también conlleva su condena. Pese a todo, el líder del PT continúa desarrollando una intensa actividad pública e insiste en que intentará hasta el último momento ser candidato en las elecciones del próximo octubre, para las que encabeza todas las encuestas.

 

Por Afonso Benites
Brasília 6 MAR 2018 - 22:49 COT

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Las 5 guerras simultáneas de Netanyahu: Siria, Irán, Líbano, Palestina y ... la policía de Israel

No fue una buena semana para el premier israelí Bibi Netanyahu en ninguno de sus frentes doméstico/regional/global.

A nivel interno, la policía de Israel recomienda que Netanyahu "sea enjuiciado por soborno y abuso de confianza" contra el "interés público" (https://goo.gl/98Wi1M).

Concluye así un largo año de investigación delincuencial sobre los cargos de corrupción, donde no se salva su esposa Sara, de haber recibido sobornos del multimillonario israelí Arnon Milchan, productor de Hollywood.

La estigmatizada Hollywood, uno de los principales centros de propaganda negra de Israel y el Mossad, está siendo fumigada de tanta putrefacción: desde el degenerado sexual Weinstein (https://goo.gl/EN2Rwn) hasta Milchan, donde sale infamado Sheldon Adelson, mafioso dueño de casinos en Las Vegas/Macao.

Han sido tocados dos supremos aliados de Trump y su controvertido yerno Jared Kushner: Netanyahu y Adelson.

La prensa israelí suele ser muy profesional, en flagrante contraste de las caricaturas de su diáspora, y ha dado vuelo a toda la fétida corrupción de Netanyahu.

La Casa Blanca, uno de los pocos aliados que le quedan a Israel en el mundo –descontando a Guatemala y algunas islas en el Pacífico–, se dio el lujo de desmentir a Netanyahu de que "EU e Israel discutían la anexión de los colonos en Cisjordania" (https://goo.gl/PzTVuB). El mismo Trump, connotado arabófobo/islamófobo y palestinófobo (dejo de lado su mexicanofobia), después de haber criticado a los palestinos como de costumbre, no tuvo más remedio que reconocer que "no estaba seguro de que Israel desea verdaderamente la paz" (https://goo.gl/G3TKQM): inesperada crítica de Trump contra su primer aliado en la Vía Láctea, que aisló a EU del concierto universal con su rechazado reconocimiento unilateral de Jerusalén como capital fake de Israel que levantó el coro de musulmanes y cristianos del planeta (https://goo.gl/4JXNKa).

A cada quien su enfoque. En medio del ominoso "presupuesto de guerra" enviado por Trump al Congreso por 4.4 billones de dólares –con su propuesta de inversión en infraestructura por 1.5 billones de dólares–, lo que más me impactó fue la feroz diatriba del polémico presidente No. 45 por el despilfarro de 7 billlones de dólares ( ¡mega sic!) de las guerras de EU en el Medio Oriente, que naturalmente han favorecido al complejo militar industrial de Israel: “Hemos despilfarrado 7 billones de dólares en el Medio Oriente: una estupidez ( sic). Ahora es tiempo de empezar a invertir en nuestro país” (https://goo.gl/xKxW22). ¿Presagio del repliegue de EU de la región?

Se nota la competencia en "infraestructura" tanto de EU como de China. Hoy, la geopolítica de EU, China y Rusia pasa por la infraestructura y dejan atrás las alucinaciones financieristas (https://goo.gl/ofjwek).

Chemi Shalev, del rotativo israelí Haaretz, donde escamotea la corrupción de su primer ministro, comenta “la guerra de Netanyahu en dos frentes contra Irán ( sic) y la policía israelí” (https://goo.gl/HaK323).

Lo de la policía israelí es evidente, pero lo de Irán queda en el aire después de la peligrosa escalada bélica, no vista desde 1982, donde Israel derribó un dron en las alturas del Golán –territorio sirio que ocupa Israel en forma ilegal desde 1973– y que acusa al país persa de su autoría.

Irán rechazó categóricamente la imputación y el famoso dron –que pudo ser un señuelo del ejército sirio o de la guerrilla libanesa chiíta Hezbolá o iraní o de los tres (con o sin bendición rusa)– provocó una reacción desmedida del ejército israelí que bombardeó varias instalaciones en Siria.

Netanyahu, en vísperas de ser indiciado por su policía, se jactó de los bombardeos de Israel "habían asestado un golpe severo a Irán y Siria" (https://goo.gl/gzVVrw).

Hipótesis multivariadas sobre el dron no faltan. Agrego la mía: su derribo por un helicóptero del ejército de Israel fue el pretexto para los desproporcionados bombardeos y quizá sirvió de escenario para que Netanyahu, que se pasa de perverso, desviara la atención de sus avatares domésticos, mientras el secretario de Estado, Rex Tillerson, iniciaba una gira por la región donde no venía en su lista el supuesto aliado preferido, Israel.

Más allá del dron, lo principal es que durante los bombardeos de Israel fue derribado por primera vez un avión F-16 –el portal Southfront afirma que fue dañado otro avión (https://goo.gl/aYyuzX)– y que es muy probable haya roto la invencibilidad aérea de Israel, a grado tal que el líder de Hezbola, Hasan Nasrala, alardeó el inicio de una "nueva era estratégica" (https://goo.gl/A78LJi).

Se ha recrudecido la confrontación de Israel en sus otros dos frentes: el conocido de Palestina ocupada, específicamente en Gaza, y otro con Líbano, en cuya frontera el Estado sionista ha empezado a construir su agresivo muro (https://goo.gl/2wvy7d). El presidente libanés católico-maronita Michel Aoun alertó a su país sobre una guerra de Israel que, para no variar, pretende quedarse con los yacimientos gaseros del "País de los Cedros Milenarios" en el Mar Mediterráneo.

La escalada es mucho mayor de lo que se entrevió porque Rusia y EU tienen sus propios frentes en Siria.

Tanto Bloomberg (https://goo.gl/75vD3a) como NYT (https://goo.gl/tcSgvg) dan cuenta que los bombardeos aéreos de EU cerca de Deir-el-Zor (al oriente del rio Éufrates) cobraron la vida de más de 200 ( ¡mega sic!) civiles rusos ( ¡súper sic!), cuando Turquía asedia la ciudad siria de Afrin, en manos de los kurdos, al norte.

Se trata de varias guerras dentro de las guerras conocidas de Siria con diferentes características.

A mi juicio, dejando de lado la grave matanza de 200 civiles rusos por EU, lo relevante fue el derribo del F-16 israelí que ha dado lugar a infinidad de interpretaciones.

La escalada de Israel, que quizá también cayó en la trampa del señuelo del dron, valió un severo llamado de atención de la cancillería rusa que fustigó la violación de la soberanía siria.

La llamada telefónica de Netanyahu, quien había estado previamente en Moscú,y el zar Vlady Putin ha pospuesto un enfrentamiento mayor (https://goo.gl/CKedci).

El analista británico Alexander Mercouris comenta que "varió el balance militar" con el "éxito de Siria en derribar el avión israelí" (https://goo.gl/b8fTDK).

El comentarista militar israeli, Zvi Bar, aduce en forma correcta que los "bombardeos israelíes en Siria corren el riesgo de forzar a Rusia a adoptar una postura pro-iraní" (https://goo.gl/7a2ZvL).

Israel, con la decisiva presencia rusa en Siria, no se puede dar el lujo de golpear a ciegas como en los pasados 69 años y ahora tiene que tomar en cuenta los intereses del zar Vlady Putin en Siria y en la región.

Dejando de lado conjeturas interesadas, la dinámica en Siria y sus nuevas guerras dentro de las guerras han asentado la convergencia de Rusia (con China sentada en el asiento trasero), el "Creciente Chiíta" del C4 –Irán/Iraq/Siria/Hezbolá de Líbano–, y quizá Turquía, frente a Israel y EU (https://goo.gl/MYYBmy).

La gran interrogante es si Trump, después de la ominosa escalada reciente, seguirá manifestando su iranofobia a ultranza.

AlfredoJalife.com

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Experimento monos y humanos Volkswagen trató de ocultar su experimento con monos por los "devastadores" resultados

Los resultados mostraban que las emisiones diésel de los vehículos recientes eran "más nocivas" que las de los antiguos, según publica el periódico alemán Bild

 

El fabricante de automóviles alemán Volkswagen ha tratado de ocultar los resultados de las pruebas sobre emisiones diésel en monos y humanos, que mostraban que las de los vehículos recientes eran "más nocivas" que las de los antiguos, según publica el periódico alemán Bild.

El diario ha sacado a la luz los documentos internos del laboratorio que los llevó a cabo, según los cuales estos experimentos "no debían publicarse nunca" porque podrían ser "demasiado devastadores".
Las pruebas consistían en tener a diez monos, encerrados en una pequeña jaula de cristal, respirando durante cuatro horas los gases de motores diésel. Estos experimentos fueron financiados por tres fabricantes automovilísticos alemanes, según un informe que publicado por el diario alemán Bild Zeitung.
El informe del laboratorio que realizó el experimento para la Asociación Europea de Estudios sobre la Salud y el Medio Ambiente en el Transporte (EUGT) -financiada por los fabricantes Volkswagen, BMW y Daimler- muestra que los gases de escape de la combustión de los motores diésel eran introducidos a través de unos tubos en la jaula donde se encontraban los animales.


Asimismo, se les introducía un endoscopio por la nariz o la boca hasta los bronquios y se les hacían análisis de sangre, de acuerdo con el resumen que publica el diario del informe de 58 páginas.
Los animales fueron expuestos a los gases de combustión de un Volkswagen Beetle de 2013 y de una camioneta Ford de 1997 con el objetivo de demostrar que los del primero eran más limpios, pero los resultados no fueron los esperados, según el periódico.
El pasado lunes dos diarios alemanes Süddeutsche Zeitung y Stuttgarter Zeitung destaparon el escándalo de los experimentos con animales realizados por la EUGT en Estados Unidos para demostrar supuestamente que las emisiones de los nuevos diésel no eran tan nocivas para la salud. Los diarios aseguraron además que también se habían realizado experimentos con humanos con el mismo propósito.


El entonces responsable del consejo asesor de investigación de la EUGT, Helmut Greim, declaró al semanario Der Spiegel que los fabricantes automovilísticos "naturalmente conocían los experimentos" y aseguró que "no pusieron ninguna objeción".
El presidente de Volkswagen, Matthias Müller, afirmó el lunes tras conocerse la noticia que los ensayos fueron "repugnantes y antiéticos" y consideró que demuestran que su empresa y la industria deben confrontarse de manera "más seria y sensible con las cuestiones éticas".
Müller reconoció que algunos trabajadores de Volkswagen tenían informaciones sobre los controvertidos experimentos y anunció una investigación interna.

 

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Hace un mes, por sus vínculos con Odebrecht, PPK estuvo a punto de ser destituido por el Congreso.

 

El presidente peruano queda comprometido con la trama de corrupción de Odebrecht

Cuando era un poderoso ministro de Toledo, PPK favoreció a la constructora brasileña. Pero la denuncias no se limitan a Odebrecht. Se acusa al actual mandatario de haber beneficiado al consorcio Camisea.

 

Desde Lima

Nuevas complicaciones para el agobiado presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Recientes revelaciones comprometen más su situación en la trama de corrupción de Odebrecht. La prensa local ha denunciado que cuando era un poderoso ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) –hoy prófugo acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña– y el gobierno de entonces tomó una serie de decisiones que favorecieron a Odebrecht, Kuczynski se reunió varias veces con un alto ejecutivo de la compañía encargado de negociar y repartir los sobornos en el Perú. A esto se suma nueva información comprometedora sobre las consultorías de empresas ligadas a Kuczynski dadas a la cuestionada constructora brasileña cuando el actual mandatario era ministro. Pero la denuncias no se limitan a Odebrecht. También se le acusa de haber beneficiado como ministro al consorcio Camisea, que explota y comercializa los principales yacimientos de gas del país. Estas nuevas acusaciones salen a la luz cuando el presidente camina tambaleante por la cornisa.

Hace un mes, por sus vínculos con Odebrecht, que PPK, como todos llaman a Kuczynski, había mantenido ocultos, el presidente estuvo a punto de ser destituido del cargo por el Congreso, cuando se le acusó de haber hecho negocios con la constructora brasileña cuando era ministro de Toledo a través de una empresa de consultoría financiera de su propiedad -Westfiled Capital- y de una segunda compañía -First Capital- de un socio suyo. Por esos negocios, ambas empresas ligadas al presidente peruano recibieron cerca de cinco millones de dólares. Kuczynski no pudo dar explicaciones convincentes sobre esas relaciones de negocios y el claro conflicto de intereses que representan, pero se salvó de la destitución luego de negociar el apoyo de un sector disidente de la mayoritaria bancada fujimorista, a cambio de lo cual otorgó el indulto al ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000), condenado en 2009 a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Este canje de impunidad ha gatillado una grave crisis política y social.

La situación del presidente queda más comprometida al revelarse las reuniones que siendo ministro tuvo con Jorge Barata, quien fue director de Odebrecht en el Perú y estuvo encargado de negociar y repartir sobornos en el país. Fueron cinco encuentros de Kuczynski con Barata, entre noviembre de 2004 y mayo de 2005, cuando PPK era presidente del Consejo de Ministros. La primera reunión fue el 19 de noviembre de ese año. Meses antes, Westfield Capital había firmado su primer contrato de consultoría con Odebrecht. En mayo de 2005, días después de otra reunión de Kuczynski con Barata, el gobierno aprobó avalar un préstamo de la Corporación Andina de Fomento por 77 millones de dólares para el proyecto de irrigación Olmos ejecutado por Odebrecht y para el cual Westfield Capital hacía una consultoría financiera.

En el período que se dieron estas reuniones se armó el proceso para la licitación para la carretera interoceánica que obtuvo Odebrecht, previo pago de un soborno según ha confesado la propia empresa. El Consejo de Ministros que presidía PPK dio una serie de normas para allanarle el camino a la constructora brasileña para hacerse con esa obra, la que finalmente obtuvo en agosto de 2005.

Pero los problemas para Kuczynski, quien en el pasado ha sido denunciado reiteradas veces como lobista y de utilizar sus cargos públicos para favorecer intereses privados, van más allá de Odebrecht. Siendo PPK presidente del Consejo de Ministros, el gobierno le entregó al consorcio Camisea, que explota los principales yacimientos de gas del país, sin licitación y sin costo alguno la explotación de un lote de gas que ya había sido explorado y tenía reservas probadas. Antes de ser nombrado ministro, Kuczynski había sido consultor de la petrolera Hunt Oil, integrante del consorcio Camisea.

Westfield Capital dio asesoría a Transportadora de Gas del Perú (TGP), encargada de transportar y comercializar el gas de Camisea.Y desde el gobierno, PPK tuvo un rol clave para cambiar los contratos entre el Estado y Camisea para favorecer la exportación sin necesidad de asegurar primera el abastecimiento interno, un gran negocio para la empresa comercializadora de gas. Hunt Oil también formaba parte de TGP, al igual que el grupo argentino Techint. PPK fue director de Tenaris, parte del grupo Techint y encargada de proporcionar los tubos para construir el gasoducto de Camisea.

El de Kuczynski es un típico caso de puerta giratoria entre la función pública y los negocios privados, de estar en ambos lados de la mesa para negociar, con resultados siempre favorables a los intereses privados y contrarios al Estado. Ahora, el presidente peruano está en graves problemas por esa práctica. En los próximos días será interrogado por una comisión investigadora del Congreso. Y en los pasillos del Parlamento se vuelve a escuchar la palabra destitución.

 

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Lunes, 29 Enero 2018 06:45

Carta abierta al pueblo de Venezuela

Carta abierta al pueblo de Venezuela

El pasado 25 de enero el Fiscal General, nuevamente arremetió contra mi nombre y mi reputación, acusándome y condenándome de una vez, de la comisión de supuestos delitos de corrupción durante mi gestión al frente de la industria petrolera.


El Fiscal, con amplia cobertura comunicacional, actúa con claro abuso de poder, violentando mis derechos fundamentales: a la presunción de inocencia, al debido proceso, al derecho a la defensa y anuncia, que pronto emitirá orden de captura en mi contra y solicitará la "alerta roja" en Interpol, como si se tratara de un delincuente.


El Fiscal, aunque es un personaje capaz de hacer cualquier cosa motivado por su afán de cumplir sus ideas fantasiosas, sin embargo, no tiene el valor para llevar adelante esta canallada por sí solo. El Fiscal, actúa sólo por instrucciones del Presidente y su entorno íntimo. Cual títere, hace el mandado y es capaz de prestarse a cualquier cosa por su agradecimiento de que lo sacaran del hueco donde cayó después que el Comandante Chávez le quitara su apoyo a la Gobernación de Anzoátegui. Está lleno de rencores y resentimientos, pero "es" el Fiscal y se presta para cometer esta infamia en mi contra.


¿Cómo llegamos a este punto?, ¿Por qué se arremete con tanta saña en contra de un revolucionario que ha trabajado y luchado lealmente al lado del Comandante Chávez?
¿Por qué se arremete contra una gestión, que es la gestión de Chávez, una gestión que fue fundamental para alcanzar y consolidar los extraordinarios avances políticos, sociales y económicos de nuestro país durante los años que estuvimos en revolución?


¿Por qué soy agredido?, siempre he actuado apegado a mis principios, en el marco de la Ley, nunca abusé del poder, en ejecución de las orientaciones de nuestro Comandante, a favor del Pueblo y nuestra patria.


¿Por qué atacan nuestro trabajo?, que logró enfrentar y derrotar con éxito al capital transnacional, así como, la hegemonía para el desarrollo de nuestro modelo propio, una de las gestiones más transparentes y escrutada hasta el mínimo detalle, tanto por el mismo Comandante, así como, por los mecanismos de control de la Administración Pública, del sector internacional, de nuestros socios y relacionados.


¿Por qué se arremete contra PDVSA y nuestra Política Petrolera?, una de las empresas más importantes del mundo, que la rescatamos junto a Chávez, los trabajadores y el Pueblo, del sabotaje petrolero, de la privatización, que operó como la empresa más exitosa del país, que cumplió todas las tareas asignadas para derrotar la pobreza, que se echó al hombro a todo el Estado y a la economía del país, que cumplimos con éxito todas las tareas asignadas, ayudamos a todos los sectores en el esfuerzo de la gestión de gobierno. Una empresa y una política soberana que rescató el petróleo, y cuyos resultados económicos se tradujeron en prosperidad y desarrollo sostenido del país durante el gobierno revolucionario. Una empresa, la Nueva PDVSA, "Roja Rojita", la de Chávez, profundamente nacional y popular, revolucionaria, instrumento del ejercicio pleno de nuestra soberanía.


Se nos persigue, a nosotros que nunca hicimos cálculos egoístas, ni teníamos otro plan, ni éramos de ninguno de los "grupos", que sólo éramos Chavistas y revolucionarios, que acompañamos al Comandante en su audacia, cuando se metió a lo "hondo", con el "santo y con la limosna", contra el podrido sistema capitalista y dependiente, a conquistar la independencia, lo acompañamos cuando rasgó las tinieblas, abrió las puertas a un gobierno popular y revolucionario


¿Por qué atacan al sector petrolero, a PDVSA, uno de los pilares del Legado del Comandante Chávez?, ¿por qué me atacan, al rostro y nombre emblemático de Chávez y su Política Petrolera, uno de su cuadros históricos?


La respuesta es dura, pero cada vez más evidente, aunque se niegue y no se quiera reconocer o decir: este gobierno hace tiempo que está lejos de ser, lo que nuestro Comandante Chávez quería para su pueblo y para el país, lejos de su Legado y de su Plan de La Patria, mucho menos, es un gobierno socialista.


Desde el inicio de este gobierno, el Presidente fue rodeado por un grupo extraño, además de su entorno íntimo, un grupo empresarial y político, que siempre estuvo allí, agazapado y que fueron actuando de manera persistente, convenciendo al Presidente que "él" debía tener su propio liderazgo, perfil, que "él" era el líder, el nuevo "jefe". Obviaron estos personajes que Nicolás Maduro llegó allí, por el Chavismo, porque Chávez lo pidió el 8 de diciembre, por una posibilidad de continuidad del gobierno de Chávez, de su política, de su Legado, para evitar el asalto de la derecha que se sentía victoriosa después del fallecimiento del Comandante.


Pero, el Comandante en su última alocución del 8 de diciembre, nunca dijo que cambiara a su gobierno, sus políticas, se trataba de poder asumir una nueva elección, si él no estuviese en condiciones de ejercer la Presidencia. Pero él no pensaba morir, siempre pensó estar allí, entre nosotros, creo que así lo entendimos todos, nadie pensó en el escenario de su desaparición física. Es en ese contexto que hay que entender el mensaje del 8 de diciembre.


Creo que, sobreviniendo el fallecimiento del Comandante, el actual Presidente ha debido entender que había sucedido algo fuera de lo previsto por el Presidente Chávez y por tanto se imponía un gobierno, donde, aunque él sería el Presidente tendría que trabajar con la Dirección del equipo de Chávez, y muy cuidadoso de gobernar todos juntos, para enfrentar la tormenta, su elección implicaba el ejercicio de una voluntad colegiada, no individual o personal.


No lo entendió así el nuevo Presidente, ni su papel, ni su responsabilidad. No entendió que no se trataba de sustituir a Chávez, sino de continuarlo. El pueblo nunca quiso cambiar a Chávez, lo perdimos en batalla. El nuevo Presidente se ha debido imponer él mismo la mayor rigurosidad y disciplina, para enfrentar y derrotar la tentación del poder, la ambición de los nuevos grupos, que tratarían de crear círculos de poder, de influencia, para hacer otro gobierno.


Inmediatamente, comenzaron a actuar estos grupos, oportunistas, primero se fue apartando a los Ministros de Chávez. Cualquiera diría, "está en su derecho, es el Presidente", no es verdad, éste era el equipo de Chávez en un gobierno Chavista, pero digamos que sucede, sin embargo, a lo que no tenía derecho, es a apartarse de las políticas del Comandante, de su forma de gobernar y sus principios de actuación. Comenzaron a aparecer personajes a los que justamente el Comandante Chávez había puesto de lado durante su gobierno.


Empezaron los afiches con el nuevo Presidente en posición de "bateo", el ensalzamiento a su personalidad, los aduladores de oficio, el ego, y comenzó un control milimétrico de los medios del Estado, las adquisiciones de medios privados, las alianzas y acuerdos, por lo menos, extraños. Una insistencia del nuevo Presidente de que reconociéramos que "él" era el nuevo "jefe", "él" era el Presidente. Y es verdad, es el Presidente y eso hay que respetarlo, yo lo respeto, pero para ser el nuevo jefe o siquiera acercarse a la estatura de Chávez, hay un trecho insalvable.


No se entendió que, para llegar a acercarse a Chávez, tiene que trabajarse de manera extraordinaria y en equipo. En cuanto a la autoridad sobre un movimiento político o sobre un colectivo, ésta no se decreta, se conquista, con trabajo, estudio, disciplina, ejemplo, decisiones acertadas, actuaciones justas, sin parcialidades, ni grupos, por encima de los intereses mezquinos. Es lo que se llama la "autorictas", pero cuando no se tiene, se recurre al autoritarismo para imponerla.


Igualmente se insistió en hacer un gobierno diferente, dejando languidecer o desaparecer las estructuras, equipos y fórmulas creadas por el Comandante, en un empeño por crear nuevas y distintas iniciativas, una tras otra, sin continuidad y consistencia. Todos estos últimos cinco años están llenos de iniciativas fallidas e improvisadas, con la subsecuente ineficacia o incapacidad del gobierno en la gestión de soluciones a los problemas del pueblo.


En paralelo, se impuso la tesis de controlar, todos los puestos del Estado, del gobierno, con personas "suyas", familiares, amigos, incondicionales. Que no tuviesen capacidad, conocimiento, ni convicciones revolucionarias, ni éticas, no era un problema, lo importante es que eran de los "suyos" y de allí para abajo un desmantelamiento de todos los equipos del gobierno revolucionario del Comandante Chávez, siempre con el argumento de la "corrupción". Qué insensatez y daño tan grande le han hecho a la Revolución Bolivariana y a las instituciones del Estado.


Para ello, se impusieron tesis extrañas como aquella del "sacudón", con alta rotación de cuadros, cambios sucesivos, todo orientado a desmantelar los equipos de trabajo, como si el Gobierno de Chávez hubiese sido malo. No importaba que los ministros o viceministros no tuviesen experiencia, hasta se argumentaba que quien había sido Ministro con Chávez para una cosa, seguro sería buen Ministro para otra. Al final imperó la improvisación, falta de continuidad y ahora el equipo de gobierno es desconocido por su alta rotación, no tiene peso político, nuevamente dentro de la conseja de que "nadie te haga sombra"


El tema económico ha sido el "talón de Aquiles" de este gobierno. Hacía mucho, pero mucho tiempo que todos los grupos políticos, económicos, de poder querían controlar PDVSA y la política petrolera. El Comandante Chávez lo sabía, probablemente encontró en nuestro equipo, un grupo humano comprometido con la transformación del país, como seguramente encontró en los distintos grupos humanos con los cuales fue haciendo sus equipos de gobierno, aupándolos, estimulándolos.


Pero en el caso de PDVSA, la capacidad, conocimiento, honestidad y probidad fueron determinantes para estar el manejo de un sector tan complejo como el petrolero, el corazón de la economía, conformado por un entramado de relaciones internacionales, comerciales y de negocios, con tantos riesgos tentaciones en cuanto en convertirse en un agente de las transnacionales o sencillamente, en un corrupto, un sector creado y estimulado por más de cien años desde la aparición del petróleo en nuestro país, era, o es, el sector vaso comunicante por excelencia con las transnacionales, la única empresa del país en disputa y competencia a nivel internacional.


A los inicios del gobierno del Comandante Chávez, me antecedieron otros presidentes de PDVSA, ajenos a nuestro programa nacional, incluyendo un general activo que terminó de golpista. Esa fue la experiencia del Comandante con el sector petrolero, hasta que llegamos al Sabotaje y la "toma de la Colina". A partir de allí, con un equipo de extraordinarios compañeros, incluyendo a Ali Rodríguez Araque, mi respetado amigo y amigo de mi casa, quien me conoce desde niño y sabe quiénes somos nosotros, comenzamos a trabajar en una Nueva PDVSA, nacional, popular, revolucionaria, la "Roja Rojita". Era la PDVSA de Chávez.


El Comandante, precisamente por las experiencias del Golpe de Estado y del Sabotaje, entendió lo importante de nuestro sector, que era capaz de derrocar gobiernos, por lo que, se dedicó personalmente a trabajar en su refundación, lo hicimos juntos, para mí fue un gran honor.


El que diga que el Comandante era un descuidado, o dejaba hacer, que tuviese "preferidos" por razones distintas al trabajo y las convicciones revolucionarias, está mintiendo. Al contrario, él era extremadamente exigente con los suyos, muy duro. En mi caso, era una revisión permanente, un escrutinio a mi conducta, accionar, gestión, con su mirada fija, penetrante, su intuición, todos sus mecanismos de control, toda la inteligencia y el poder político, popular, se hacía una idea de quién era quién, conocía muy bien a su equipo de hombres y mujeres. Su ingenuidad política quedó atrás con el Golpe de Estado.


Si el Comandante Chávez hubiese tenido alguna duda respecto a mi conducta, honestidad, lealtad o convicciones revolucionarias, me hubiese sacado del gobierno, no hubiese durado ni un año en tan altas responsabilidades. Todos los ayudantes militares, civiles y compañeros que compartimos esta etapa, saben que fue así.


Pues bien, fueron 12 años como Ministro de Petróleo y 10 como Presidente de PDVSA. No sólo estuve en esos cargos, sino que desempeñé innumerables tareas y responsabilidades de la más alta complejidad y compromiso. Ya la historia pondrá las cosas en su justo lugar.


Desde el primer año de gobierno el Presidente Maduro me pidió que le entregara el cargo de Ministro de Petróleo y Presidente de PDVSA, él quería "refrescar" el sector. Ya tenía sus candidatos, uno de ellos está preso y el otro, responsable por cierto de la venta de petróleo Sr Fiscal, goza de protección presidencial que por lo menos es inconsistente con su discurso. No había argumentos, razones. Querían PDVSA y por supuesto, la tuvieron. Yo hice mi entrega de manera escrupulosa, más de 24 cajas de documentos y mantuve copias digitales, de las cuales he hecho varias de respaldo, de toda la información de nuestras operaciones porque ya algo me olía mal en todo ésto.
Eran momentos terribles. Fue la primera andanada de ataques personales, como nunca antes. Sólo le dije en aquel momento al Presidente, que estaba haciendo lo que había prometido hacer Capriles si ganaba las elecciones: removerme e intervenir PDVSA, cosa que el Comandante Chávez en su discurso en La Guaira durante las últimas elecciones, dijo que no sucedería, y explicaba por qué la derecha me profesaba esas amenazas y tanto odio. ¿Quién sospecharía que después el nuevo gobierno, que se proclama Chavista, haría exactamente lo contrario a lo que Chávez dijo?.


Yo acepté ir a Cancillería por mantener la disciplina y manejarme en esta nueva situación, con la esperanza de que fuese sólo un hecho aislado y no un cambio cualitativo. De inmediato me desplegué por el mundo, me recibieron varios presidentes de países petroleros, puesto que yo estaba convencido que el precio del petróleo se desplomaría, no por el petróleo de esquistos norteamericano, sino por las razones geopolíticas que afectaban al norte de África, Siria y Medio Oriente. Fueron desestimadas mis advertencias. Se han debido tomar, en ese momento, las medidas económicas que propuse ante todas las instancias, incluyendo el Congreso del Partido, para enfrentar esta situación que ya estaba advertida. No se tomaron las medidas, se impusieron los intereses de los grupos económicos que se han hecho mil millonarios con el diferencial cambiario.
Al contrario, en vez de atender mis advertencias, algo, que todavía no sé qué fue, molestó mucho al Presidente, cuando intenté ayudar a los trabajadores de Cancillería y hacer algo por la institución, que luego de doce años de Revolución, estaba en una situación deplorable. Salí a las Naciones Unidas.


Nuevamente acepté por disciplina y para representar a mi país ante el máximo organismo de la política mundial y ante el Consejo de Seguridad. Lo hice de inmediato, disciplinado, ya muy preocupado, pero dando todavía espacio al tiempo y a la rectificación. Lo confieso, dentro del chantaje de "no afectar a la revolución", "la unidad", etc.
A PDVSA se entró a "saco roto". Se persiguieron a los llamados "ramiristas", es decir, los equipos formados después de la derrota del sabotaje petrolero, el equipo de Chávez.

Comenzó un proceso de remoción, acusaciones, persecuciones, detenciones, se metió al SEBIN a determinar si las operaciones eran correctas o nó, imperó un profundo desconocimiento. Se removieron a los miembros de la Junta Directiva, técnicos-políticos, con una dilatada experiencia y conocimiento del sector y de los antecedentes de la empresa, con liderazgo y prestigio entre los trabajadores. La nueva Junta Directiva, respondía y responde a distintos grupos de poder, económicos y políticos que conforman los nuevos círculos alrededor del Presidente.


Se está abandonando paulatinamente nuestra Política Petrolera, la Faja Petrolífera del Orinoco, ahora se entrega al mejor postor, los campos petroleros a familiares y personas vinculadas a la derecha y la oposición venezolana. Con el petróleo se han sellado acuerdos y compromisos con un sector de la oposición, se intenta congraciarse con las transnacionales para que vuelvan al país, pero ahora será al saqueo.


Se decía que nuestros problemas económicos se debían a la caída del precio del petróleo, pero el petróleo ya ha subido hasta niveles por encima de un 50% respecto al año pasado, entonces, ahora, es la corrupción, ¡sólo PDVSA es corrupta!, pero después de llevarse presos a quienes han querido, que todavía no saben de qué se les acusa, incluyendo dos ex ministros y presidentes de la empresa, que se prestaron a toda esta mala gestión en estos últimos tres años y medio, ahora resulta que se trata de una conspiración, donde hay un "paro silencioso", dirigido por "mafias corruptas".


Nó. Son mentiras, patrañas. La realidad es que luego de improvisar hasta mas no poder, de fracturar la moral, unidad y disciplina de los trabajadores de PDVSA, luego de maltratarlos y hostigarlos, de remover a los cuadros técnico políticos de experiencia y conocimiento y de una abierta y grosera persecución, luego de restringir los recursos de inversión y mantenimiento, la producción de petróleo ha caído en más de un millón de barriles día, y las refinerías no pueden abastecer el mercado interno.


Un desastre, que está dirigido a entregar PDVSA y nuestra política petrolera a las transnacionales y los nuevos grupos económicos como sucedió tras la caída de la Unión Soviética. Es la esencia del nuevo pacto, no el que se discute en República Dominicana, el que ya se ha cerrado con factores de la oposición.


Este factor, aunado a una permanente improvisación, inacción y falta de capacidad en la conducción de los asuntos del Estado, además de una prepotencia y desconexión de la realidad, nos ha conducido a una terrible crisis económica y social, con unos efectos devastadores contra nuestro pueblo, que ha generado un éxodo y una paralización de nuestras capacidades productivas, con fenómenos de hambre, desnutrición y pobreza que no se pueden ocultar, aunque nada se publique ni se diga al pueblo. Es evidente la compleja y difícil situación que enfrenta el país, el deterioro de la calidad de vida de nuestro pueblo. Se va a requerir de un gran esfuerzo colectivo para superarla.


Todo este deterioro ha venido acompañado del surgimiento de las peores conductas sociales, o más bien, asociales en el seno de nuestro pueblo, a todos los niveles: la corrupción, el "bachaqueo", la falta de compromiso con un programa de transformación, las prebendas de hambre administradas para mantener el control social, la trampa y la mentira como una conducta extendida, la desesperanza, la frustración, la violencia, el incubo del fascismo, estimulado en las redes sociales. Es un gobierno que no emociona a nadie, que vive de la etiqueta, de las conspiraciones y de un escándalo tras otro, del miedo, de la manipulación emocional a nuestro pueblo, abusan de la esperanza Chavista.


Estas opiniones y alertas las he venido expresando de manera privada y luego pública. Tengo la información, el conocimiento, la moral para advertir esta grave y difícil situación, del peligro que acecha a la patria.


Ante la debilidad de nuestras instituciones y nuestra revolución, nuestros enemigos acechan, nos agreden desde el exterior, amenazan, sancionan, prometen invasión, revancha.


El gobierno, de manera secreta, ha tratado de establecer algún tipo de pacto con el imperio, pero éste quiere la entrega de todo. Emisarios especiales y ministros, han ido al norte a ofrecer acuerdos, se ofrecen oportunidades petroleras, contribuciones a la toma de posesión del Presidente, han hecho de todo. En Nueva York era conocido que dos ministros fueron a hablar con la Exxon Mobil a ofrecer arreglos, volver a la Faja Petrolífera, incluso explotar de conjunto las áreas limítrofes del país usurpadas por ellos de facto. Ni siquiera los recibió el presidente de la empresa. Las transnacionales lo quieren todo.


Se ha argumentado que cualquier crítica que se haga dentro del Chavismo sólo contribuye a fortalecer a la derecha, mientras, se negocia con AD, con UNT y otros factores para acordar una convivencia de intereses. Triste que se reflote a la derecha para mantenerse en el poder, a costa de lo que sea. Se ha sido muy habilidoso, no se puede negar, en los pactos, acuerdos, manejo de la oposición, sus contradicciones, pero debe hablársele claro al pueblo, al Chavismo, al país. No manipular sus sentimientos, se promete castigo a los culpables de la violencia, resarcir a las víctimas, sancionar a los que han traicionado la patria, mientras se hacen acuerdos secretos con ellos. Se crean nuevas alianzas, mientras se persigue a los revolucionarios.


Yo he asumido la responsabilidad de hacer estas advertencias, no sólo competen al Chavismo, competen a todo el país honesto, trabajador. Nadie me puede "etiquetar", con los "bots" de las redes sociales, nadie me puede descalificar. Podrían no estar de acuerdo con mis opiniones, mi punto de vista o los tiempos y circunstancias políticas, pero nadie me puede acusar de trabajar con la derecha, contra el país y sus más altos intereses. No he sido quien ha pactado con la derecha, ni ha traicionado a Chávez. Jamás me verán con la contrarrevolución, con su discurso, en pactos secretos. Si alguien me pregunta qué hacer, les diría: retomar el camino de Chávez, seguir su palabra, su ejemplo, su Plan de la Patria.


El Presidente arremete en mi contra, utilizando al Fiscal y todo el poder que tiene como jefe de Estado y de gobierno, me trata como al peor enemigo de la revolución, por mis opiniones políticas, por exigir una rectificación a favor del Pueblo. Se me quiere escarmentar, sentar un precedente, quien se atreva a disentir, será condenado al ostracismo y se arriesga a cualquier cosa. Grave error, están matando a la revolución, su moral, su ética, su irreverencia, lo que constituye su fuerza.


Sé que con cada artículo que escribo, le estoy dando otra vuelta a la soga que han puesto alrededor de mi cuello. Si ese es el precio que debo pagar por mi lealtad al Comandante Chávez, al pueblo y a todo el país, lo asumiré. Veo al mundo, con sus problemas, algunos avanzando a una velocidad inimaginable para nosotros, otros sumidos en el caos, la violencia y descuajados, desarticulados. Yo quiero y creo que el país aún esta en posibilidades de resolver sus problemas y salir de esta crisis sin más violencia, en el marco de nuestra Constitución.


He pedido públicamente la realización de primarias en el seno del Chavismo para escoger, por el voto popular, secreto, en ejercicio de la democracia protagónica y participativa, que consagran los estatutos de nuestro partido, a un candidato que sea capaz de conducir al país en este laberinto infernal, donde ya todo se ha convertido en una tragedia para amplios sectores de nuestro pueblo. Esta intención de ejercer mi derecho a la participación política dentro del Chavismo, del PSUV, ha sido respondida con saña, violencia, desproporción, odio.


Jamás me pasó por la mente que, a pesar de las diferencias que pudiese tener con el Presidente, este diera la orden de que me trataran como al peor de los enemigos, incluso, al solicitar la captura de Interpol, me están entregando a cualquiera de los gobiernos hostiles a nuestra revolución. Me hostigan, hasta el punto que no puedo ni siquiera ejercer mi defensa. El Presidente será responsable de lo que me pueda pasar a mi o a mi familia, cuando se desatan los demonios, cualquier cosa puede suceder.
Yo creo en el Chavismo, en que el Comandante Chávez no haya arado en el mar, creo en el pueblo humilde, ese que se mueve con el corazón, con la pasión del instinto redentor, creo en la juventud, en la honestidad, en el trabajo, en que un futuro mejor es posible. Creo en la dirigencia que se ha fogueado y combatido al lado de Chávez, creo en nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas, en la conciencia del país, en las Fuerzas Morales, como decía José Ingenieros.


Cada quien que asuma sus responsabilidades ante la historia, los que me ofenden y persiguen, los que dan la orden para el linchamiento, los que guardan silencio, los que son indiferentes. Deberán rendir cuentas a la historia y a la memoria de nuestro Comandante Chávez.


Hoy día, soy un perseguido político. Sigo firmemente convencido que nuestro país y nuestro pueblo merecen un destino mejor, y por ello lucharé asumiendo las consecuencias de cualquier agresión en ese pacto tácito con nuestros enemigos, en destruir mi nombre y horadar mi honor, en hacerme daño. Seguiré leal a mis principios y convicciones, honrando la obra, el ejemplo y memoria de nuestro Comandante. Con Chávez siempre, ¡Venceremos!

Por: Rafael Ramírez Carreño | Domingo, 28/01/2018 09:28 AM |

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Sábado, 06 Enero 2018 09:02

La corrupción, por las nubes

Jorge Glas / Foto: Afp

 

El devenir informativo de los últimos meses ha hecho que los ecuatorianos vayan acostumbrándose, día tras día, a despertar con la difusión de un nuevo escándalo de corrupción a través de sus medios de comunicación.

 

Si bien este asunto no es nuevo, pues la corrupción lleva décadas enraizada en la política nacional, las dimensiones actuales lo han convertido en el segundo problema más preocupante para la sociedad ecuatoriana, después del desempleo.

El vicepresidente, Jorge Glas, cesado en la actualidad de sus funciones, lleva tres meses encerrado en la Cárcel 4 de Quito. El número dos del antiguo gobierno, impuesto por el ex presidente Rafael Correa como número dos también del actual, fue condenado el 13 de diciembre a cumplir una sentencia de seis años de prisión como autor del delito de asociación ilícita dentro de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador, y está obligado a devolver –junto a sus cómplices– 33,4 millones de dólares como afectación dolosa al patrimonio del Estado ecuatoriano.

Glas no sólo es el primer vicepresidente del país encarcelado mientras estaba desempeñando de su cargo, sino el funcionario de más alto rango, en ejercicio, de América Latina detenido a consecuencia de la Operación Lava Jato.

Lo anterior propiciará que en los próximos días el presidente, Lenín Moreno, proponga formalmente una terna al Legislativo para sustituir al vicepresidente encarcelado, el cual desde el 3 de enero cumple los 90 días máximos permitidos de ausencia temporal para el cargo. Los medios de comunicación han filtrado en los últimos días los nombres de tres ministras del actual Ejecutivo como posibles sucesoras del ex vice.

La situación de Glas es extremadamente compleja, pues todo apunta a que las investigaciones judiciales a las que está sometido desencadenarán nuevos procesos en su contra. Si su condena actual es por asociación ilícita, aún está por determinarse con qué finalidad cometió este acto delictivo.

Pero los casos de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, lavado de activos y testaferrismo abundan en Ecuador. Durante este año 2018 deberán resolverse otros tantos casos más de corrupción que implican a ex ministros del gobierno de Correa –algunos de ellos fugados–, su ex contralor general –también escondido en Miami– y altos funcionarios responsables de megaproyectos construidos durante esta última década.

El propio Correa, que vuelve al país esta semana para hacer campaña en contra de la consulta popular impulsada desde el actual Ejecutivo y que según su resultado puede impedir su presentación como candidato presidencial en las próximas elecciones, ya ha anunciado que teme ser vinculado a las tramas de corrupción que paulatinamente van destapándose.


POR QUÉ.


Entender las causas por las cuales durante el mandato de Correa esta pequeña nación andina ha pasado a ser considerada como una de las que tienen los más altos índices de corrupción implica entender un entramado de leyes desarrollado durante los últimos diez años que hicieron que fuera más fácil delinquir en la gestión pública y más improbable que antes que dicha corrupción saliera a la luz.

El primer error es constitucional, pues la actual carta magna –aprobada en setiembre de 2008–,que pretendió ser la más garantista del mundo, creó la Función de Transparencia y Control Social. Con ello se buscó superar el histórico reparto de instituciones públicas y organismos de control que había sufrido Ecuador durante los tiempos de la vieja partidocracia, conformando a través de la nueva estructura de un “supuesto” Estado moderno un organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A ese consejo de siete miembros se lo dotó de las siguientes competencias: promover e incentivar el ejercicio de los derechos relacionados con la participación ciudadana, establecer mecanismos de control social para asuntos públicos, elegir a los titulares de la Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y la Corte Constitucional, entre otros.

Sin embargo, este llamado “quinto poder” se construye a partir de una Constitución que concentra una gran parte de éste en el presidente de la República, una imposición de Rafael Correa a la que la bancada mayoritaria de su partido durante la Asamblea Constituyente (2007-2008) no tuvo el valor de enfrentarse, permitiéndole influir decisivamente en la conformación de un organismo que, a través de un concurso de méritos, pretendía ser representante de la sociedad civil.

El resultado es evidente: todos los organismos de control del sistema democrático quedaron en manos de personas afines al partido de gobierno. De igual manera, el Ejecutivo impulsó una nueva “ley de servicio de contratación pública” que teóricamente pretendía transparentar esta función del Estado. Derivado de dicha ley se creó la figura del “régimen especial”, lo cual permitió al Estado contratar a empresas sin licitaciones públicas, bastando una selección directa del proveedor avalada tan sólo por el visto bueno del ministro del área. Esa misma ley incorpora la opción de que entidades estatales y empresas públicas puedan contratar obras, bienes, servicios y consultorías –incluso con empresas extranjeras– sin requerir garantía alguna y también mediante selección directa.

En estos últimos diez años Correa dictó 16 decretos de emergencia tan sólo en el sector petróleo, lo que abrió las puertas a la corrupción en los sectores estratégicos, sin contar con otras áreas de intervención del Estado que también se vieron afectadas por dicha reglamentación.

Por último, cabe reseñar que entre 2005 y 2015 la Contraloría ha enviado a la Fiscalía General del Estado más de 2 mil informes por mal uso de fondos públicos. El anterior fiscal, Galo Chiriboga, tío de Rafael Correa, reconoció la falta de respuesta por “falta de registros” de la institución que dirigía, anunciando la pronta implementación de un sistema para hacer un seguimiento en “tiempo real” que nunca llegó a ponerse en marcha. Hasta el cierre de 2016 tan sólo hubo 245 sentencias, que básicamente hacían referencia a pequeños casos vinculados a municipios que desviaron recursos. Los procesos hoy en marcha contra altos funcionarios públicos vinculados al gobierno nacional devienen de investigaciones internacionales, como la Operación Lava Jato, en Brasil, y nunca son fruto de acciones iniciadas judicialmente en el país.

 

 

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Lafarge Daesh Lafarge, la mayor cementera del mundo, investigada por financiar el Estado Islámico

La justicia francesa imputa a seis antiguos dirigentes de esta compañía. La multinacional abonó 13 millones de euros a grupos salafistas para mantener en funcionamiento una fábrica en el norte de Siria


La justicia francesa acentúa su presión sobre la multinacional francosuiza Lafarge-Holcim, el mayor fabricante de cemento del mundo. Seis antiguos dirigentes de esta compañía han sido imputados en diciembre por financiamiento “indirecto” de grupos yihadistas en Siria. Entre ellos, el expresidente de Lafarge, Bruno Lafont, y el antiguo director general, Éric Olsen. A todos ellos les acusan, en concreto, de haber pagado varios millones de euros al Daesh, con el objetivo garantizar el abastecimiento y la libre circulación de los empleados de la fábrica de cemento de Lafarge en Jalabiya.


Situada en el nordeste de Siria, a unos 90 kilómetros de Raqqa, la antigua capital del autoproclamado Estado Islámico en este país, la fábrica de Lafarge siguió en funcionamiento hasta el 19 de septiembre de 2014, cuando fue asaltada por grupos yihadistas. Pese a la cruenta guerra civil que estalló en Siria a finales de 2011, los dirigentes del gigante del cemento prefirieron no cerrar este complejo industrial, a diferencia de las otras multinacionales francesas, como la petrolera Total o el fabricante de quesos Bel, que abandonaron el país tras el inicio del conflicto.


Según reveló el diario Le Monde en junio del año pasado, la obstinación de los dirigentes de Lafarge hizo que estos pagaran a grupos del Estado Islámico, pero también del Frente Al Nusra (la antigua rama de Al-Qaeda en Siria) y de Ahrar al-Sham, un influyente grupo salafista de los rebeldes sirios.


En un principio, los responsables de Lafarge confesaron a la justicia aduanera, que investiga este caso desde junio de 2017, que pagaron unos 20.000 euros mensuales al Daesh. Pero, según ha anunciado la ONG Sherpa, que actúa como acusación particular, la cifra que manejan ahora los tres jueces de instrucción encargados de la investigación es bastante superior: unos 15,2 millones de dólares (13 millones de euros ). “La mayor parte de los cuales fueron abonados al Estado Islámico”, afirmó William Bourdon, el abogado de Sherpa en una rueda de prensa en París el 12 de diciembre.


Lafarge pagó presuntamente esta cifra a grupos yihadista entre 2011 y 2015 para mantener en funcionamiento su joya industrial en Oriente Próximo. Esta multinacional francesa invirtió 600 millones de euros en 2007 para adquirir y renovar este complejo industrial, una de las fábricas de cemento más modernas del Próximo Oriente. Inaugurada con gran pomposidad en 2010, esta representó la mayor inversión extranjera en Siria fuera del sector petrolero.


Sin embargo, el estallido de la rebelión democrática en Siria en la primavera de 2011, que degeneró en guerra civil a finales de ese año, alteró el funcionamiento de la fábrica de Jalabiya. “Los grupos armados presentes en el norte de Siria se interesaron rápidamente por la fábrica. Elaboraron distintas estrategias para aprovecharse de ella”, asegura en declaraciones a Público Dorothée Myriam Kellou, la periodista independiente que reveló este escándalo.


Mirada hacia el negocio de la reconstrucción de Siria


Mientras las otras multinacionales francesas abandonaron Siria, Lafarge prefirió mantener abierto su complejo industrial. ¿Por qué? “La versión oficial del grupo era mantener el aprovisionamiento de cemento en Siria. Pero, según me confirmó el antiguo responsable de seguridad de la fábrica, Jacob Waerness, el verdadero objetivo era proteger la inversión”, explica Myriam Kellou. Así posicionarse como uno de los mayores fabricantes de cemento en Siria con la mirada puesta en la reconstrucción del país después de la guerra.


La codicia de los dirigentes de Lafarge hizo que estos vulneraran el embargo comercial a Siria que la Unión Europea estableció en 2012. “Tanto el aprovisionamiento de petróleo y de puzolana se hizo a través de las reservas de Raqqa (una ciudad controlada por el Estado Islámico desde junio de 2013)”, afirma Myriam Kellou. Hasta 5,6 millones de dólares fueron abonados a los proveedores de la fábrica, siete de los cuales se encontraban en Raqqa y solían estar vinculados al Daesh.


Según un informe interno que la dirección de la multinacional encargó a las consultoras norteamericanas Baker y McKenzie, que ha sido revelado parcialmente por Sherpa, la dirección de la filial siria de Lafarge abonó 5,3 millones de dólares —la mayoría de ellos al Estado Islámico— como “pagos de seguridad” y 4,4 millones para remunerar a los intermediarios que negociaron con el Daesh y otras facciones terroristas. Para disimular estos gastos en su contabilidad, la multinacional producía facturas falsas, justificadas como “costes de representación”.


Estos inquietantes acuerdos con grupos yihadistas se hicieron a través de un entramado de hombres de negocios sirios. La mano derecha de Lafarge en Siria era el millonario sunita Fira Tlass, hijo de un exministro de Defensa sirio y hermano de un general del Ejército sirio, que se exilió en París en 2012 tras haber tomado distancias con el régimen de Bashar al Asad. Desde Dubai (Emiratos árabes), Fira Tlass, que financió a grupos rebeldes, facilitaba los contactos, negociaba y pagaba a las brigadas rebeldes y salafistas, a cambio de que estos garantizaran la seguridad y la libre circulación de los empleados y los proveedores de la fábrica. A cambio de esta tarea, cobró unos 100.000 dólares mensuales entre 2012 y 2014.


Lafarge también contó con Amro Taleb, un hombre de negocios, de 28 años, licenciado en Harvard y al que se hizo un astronómico contrato por trabajos de consultoría. “Este contrato sirvió para justificar su trabajo como intermediario entre Lafarge y el Estado Islámico”, afirma Myriam Kellou. Según esta periodista independiente, “Amro Taleb no era ningún desconocido de la dirección de Lafarge. Se trataba supuestamente de una persona próxima al hijo de Bruno Lafont (el antiguo PDG de la compañía), con quien coincidió en la universidad”.


Balones fuera de la multinacional


Aunque la dirección de la compañía ha reconocido que han cometido “errores inaceptables”, esta se excusa haciendo responsables de manera exclusiva a los dirigentes de su filial en Siria. No obstante, ¿la dirección de Lafarge estaba al corriente de los pagos al Estado Islámico? “Es difícil de creer que esto se hiciera sólo con el consentimiento de la dirección de la filial. Había reuniones semanales por Skype entre los dirigentes de París y los de la filial en Siria”, explica Myriam Kellou.


De hecho, el director de seguridad de Lafarge, Jean-Claude Veillard, que también ha sido imputado, “seguía de manera casi diaria la situación de la fábrica en Siria”, afirma Myriam Kellou. Veillard, que milita y ha sido candidato por el ultraderechista Frente Nacional, mantuvo contactos directos con responsables del Estado Islámico, según reveló en mayo de este año el diario digital Mediapart, “Acabo de llegar a Manbij (norte de Siria). El Estado Islámico quiere una lista de nuestros empleados con sus carnets de identidad para darles una autorización para que circulen por sus puntos de control”, escribía Veillard en uno de los correos electrónicos a los que tuvo acceso Mediapart.


“Los empleados fueron usados para proteger la fábrica”


“El caso de Lafarge no sólo es polémico por el supuesto financiamiento del Estado Islámico, sino por las violaciones de los derechos humanos que comportó”, asegura a Público Claire Tixeire, consejera legal del ECCHR (European center for constitutional and human rights). Junto a Sherpa, esta ONG representa a 11 antiguos empleados que han denunciado a la multinacional por “crímenes contra la humanidad”. La decisión de mantener en funcionamiento la fábrica puso en peligro la vida de sus trabajadores. Nueve empleados fueron raptados en 2012 por grupos rebeldes sirios y la compañía abonó 220.000 euros para liberarlos. Otros secuestros se repitieron entre 2012 y 2014. Y en algunos casos Lafarge prefirió no ayudarles en el pago del rescate.


“La fábrica se encontraba en una zona llena de puntos de control, donde se producían a menudo atentados”, denuncia Tixeire. Según la responsable del dosier de Lafarge para la ONG ECCHR, “los responsables de la fábrica amenazaban a sus empleados con despedirles o suspenderles el salario, cuando estos decían que no podían acudir a su puesto de trabajo porque temían por su seguridad”. Unas presiones que hicieron que el director del complejo industrial, Mamdouh Al-Khaled, recibiera el apodo de “dictador”. Mientras que este lo dirigía desde Damasco y el presidente de la filial siria de Lafarge vivía en el Cairo (Egipto), los trabajadores fueron obligados a alojarse en Manbij, uno de los primeros feudos del Estado Islámico en Siria.


Aunque en el verano de 2014 se multiplicaron los combates entre el Estado Islámico y las brigadas kurdas del PYG, la fábrica continuó funcionando hasta el 19 de septiembre. Cuando esta fue asaltada ese mismo día por miembros del Daesh, los empleados no sólo no fueron advertidos de la inminencia del ataque, sino que tuvieron que escapar por sus propios medios. Cuatro de ellos fueron detenidos y retenidos como rehenes durante diez días. “No hubo ningún plan de evacuación”, denuncia Tixeire, quien considera que “utilizaron los trabajadores como soldados para proteger la fábrica”.


La “complicidad” de las autoridades francesas


“Las multinacionales siempre se inventan cualquier excusa para no respetar los derechos humanos. Esperamos que Lafarge sea condenada y que este caso represente un precedente”, afirma Tixeire. Según han denunciado los responsables de Sherpa, que pretenden que también sea imputada la multinacional como persona jurídica, los actuales dirigentes del fabricante de cemento obstaculizan la investigación judicial. “Han intentado comprar el silencio de algunas de las personas imputadas”, denuncian los letrados de esta ONG. Unas acusaciones negadas por Lafarge.


Los letrados de Sherpa también lamentan la “cautela” y la “complicidad” que las autoridades francesas han mostrado respecto a este caso. Antiguos dirigentes de Lafarge han confesado a los investigadores judiciales que el Ministerio de Exteriores francés avaló la decisión de permanecer en Siria. Interrogado por la justicia aduanera, el antiguo embajador de Francia en Siria, lo ha desmentido: “Pedirles que se quedaran era contrario a nuestras consignas, nunca les hubiera pedido esto”.
Sin embargo, las embajadas francesas en Turquía y Jordania emitieron cables diplomáticos en 2014 en los que hablaban de reuniones entre los diplomáticos franceses y el director de la filial siria de Lafarge. En uno de estos cables, revelado por Mediapart, se habla de “la continuidad de la actividad del grupo Lafarge en Siria, al precio de un juego de equilibrios entre el régimen de Damasco, las fuerzas kurdas y el Estado Islámico”.


Según el medio de investigación Intelligence Online, la Dirección general de la Seguridad exterior (la CIA francesa) siguió de cerca los acuerdos entre la multinacional y el Daesh. Incluso el intermediario Amro Taleb se reunió en París en enero de 2015 con dirigentes de Lafarge para transmitirles una propuesta de “los hombres de negocios de Raqqa”, que consistía en volver a poner en funcionamiento la fábrica de Jalabiya. Pero los responsables de la multinacional rechazaron esta propuesta durante una reunión vigilada por los servicios de inteligencia franceses.


A pesar de todos estos indicios, la Asamblea Nacional publicó en julio de 2016 un informe en el que defendía de manera categórica que Lafarge no había financiado el Estado Islámico. Las pruebas apuntan que la indulgencia de la clase política francesa favoreció la irresponsable aventura de Lafarge en Siria. Un ejemplo más de la connivencia entre las élites económicas y políticas en un capítulo oscuro del capitalismo global.

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Lunes, 01 Enero 2018 07:13

Abuso de fuerza en Honduras

Abuso de fuerza en Honduras

La elección presidencial hondureña del pasado 26 de noviembre se vio ensombrecida por serias denuncias de fraude. El presidente saliente, Juan Orlando Hernández, fue reelegido en detrimento del centrista Salvador Nasralla, adalid de la lucha contra la corrupción. Con el beneplácito de Estados Unidos, omnipresente en la vida política y militar del país centroamericano desde principios de los años 80. 

 

Un grupo de soldados con el dedo en el gatillo en medio de la ruta, manifestantes corriendo a buscar refugio en medio de nubes de gas lacrimógeno... A principios de diciembre, las calles de Tegucigalpa, la capital hondureña, presentaban toda la apariencia de un golpe de Estado militar, reminiscencia del clima de junio de 2009, cuando el presidente de izquierda Manuel Zelaya fue secuestrado por el ejército y embarcado a la fuerza en un avión con destino a Costa Rica.

Esta vez fueron las sospechas de fraude electoral las que provocaron el incendio. La elección presidencial del 26 de noviembre pasado se realizó en un clima de extrema tensión, marcado por el temor de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), adicto al Partido Nacional de Honduras (PNH) en el poder, estuviera dispuesto a todo con tal de garantizar un segundo mandato al presidente saliente, Juan Orlando Hernández, cuestionado por sus derivas autoritarios y su implicación en casos de corrupción. Este temor se fundaba además en una certeza: Washington no se mostraría indiferente al resultado de su protegido, garante del mantenimiento de una política ultraliberal y de la militarización del país.

Resulta difícil determinar en qué preciso momento de la historia de Honduras surgió la expresión “procónsul” para designar al embajador de Estados Unidos. El término ya era muy popular a principios de los años 1980, cuando la embajada estadounidense en Tegucigalpa acompañó –por no decir orquestó– la frágil transición de la dictadura militar hondureña a un régimen de democracia condicional y militarizada. La misión encomendada al “procónsul” en funciones en ese momento, John Negroponte, era perfectamente clara: asegurar que Honduras sirviera de plataforma de coordinación para la guerra clandestina de la administración Reagan contra el gobierno sandinista en Nicaragua y los movimientos de izquierda en El Salvador o Guatemala. Esto implicaba no sólo una fuerte presencia militar estadounidense en Honduras, sino también el control de la vida política interna del país.

Bajo el mando de Negroponte, las tropas estadounidenses reforzaron su ocupación de la base aérea Soto Cano, percibida por muchos hondureños como un enclave “yanqui”. La asistencia militar estadounidense a Honduras pasó de 4 millones de dólares en 1981 a 77.400.000 en 1984. Al tiempo que reconocía internamente que las fuerzas armadas hondureñas cometían “cientos de violaciones a los Derechos Humanos (...), la mayoría motivada por razones políticas” (1), la Central Intelligence Agency (CIA) apoyó a los escuadrones de la muerte que, a semejanza del siniestro Batallón 3-16, torturaron, asesinaron o hicieron desaparecer a decenas de sindicalistas, universitarios, campesinos y estudiantes. La embajada estadounidense mantenía estrechos vínculos con los comandantes de estas falanges. Como revelan los documentos desclasificados, Negroponte se ocupó personalmente de obstaculizar cualquier divulgación de estas atrocidades estatales para evitar, decía, “crear problemas de derechos humanos en Honduras” (1).

Recién en 2006 el sistema elaborado por Negroponte –más tarde promovido al cargo de embajador ante las Naciones Unidas y luego a secretario de Estado adjunto por el presidente George W. Bush– comenzó a desmoronarse. Electo presidente ese año, Manuel Zelaya, un rico terrateniente que se había postulado candidato como representante de los liberales, de manera inesperada y ante la sorpresa general se comprometió en una política de izquierda. En una espectacular ruptura con sus predecesores, Zelaya se acercó al presidente venezolano Hugo Chávez, el espantapájaros de Washington, y declaró la adhesión de Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que Chávez había instaurado para contrarrestar la influencia de Estados Unidos. Como suprema audacia, Zelaya estableció contactos con los movimientos sociales opuestos a la presencia militar estadounidense y convocó a la creación de una Asamblea Constituyente que sustituyera la Ley Fundamental de 1982, adoptada bajo la tutela de Washington, por una nueva Constitución de inspiración progresista.

Cuando el Presidente anunció su intención de consultar a los hondureños para saber si la convocatoria a una Asamblea Constituyente tenía que ser objeto de un referéndum antes de fin de año, los generales y el establishment del país decidieron actuar de inmediato. Con el pretexto, carente de prueba alguna, de que Zelaya buscaba modificar la Constitución para aferrarse indefinidamente al poder, los principales dirigentes de los dos partidos dominantes acogieron con inmensa alegría el golpe de Estado militar del 28 de junio de 2009.
Aunque después de algunas dilaciones la administración Obama terminó condenando el golpe en Honduras, no dejó de utilizar todo su poder para impedir que Zelaya regresara a su país. Además, bajo la dirección de Hillary Clinton, el Departamento de Estado expresó su apoyo a las elecciones que organizó el gobierno surgido del golpe de Estado, absteniéndose de reclamar que se restableciera previamente a Zelaya en sus funciones.


Para muchos hondureños, el orden establecido desde el golpe de Estado de 2009 recuerda a más de un título los siniestros años 80. El país vive nuevamente al ritmo de los cuarteles. Las tropas desplegadas en todo el país tras la expulsión de Zelaya recibieron carta blanca para reprimir las protestas casi diarias de los opositores al golpe de Estado. Controlados por el PNH, los gobiernos surgidos de las criticadas elecciones de 2009 y 2013 institucionalizaron la tarea policial confiada a los militares, en violación de la Constitución hondureña. Como presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández movió los hilos para validar en la legislatura a la nueva guardia pretoriana del régimen, la Policía Militar del Orden Público (PMOP). A punto de asumir la presidencia en 2014, creó los “Tigres”, unidades de policía militarizada formadas por Estados Unidos y comandadas por oficiales notoriamente implicados en escándalos de corrupción.


La remilitarización de Honduras coincidió con la restauración de un clima altamente favorable para las familias ricas y los inversionistas internacionales, para quienes el gobierno lanzó la campaña “Honduras is Open for Business” (“Honduras está abierta a los negocios”). Para hacer frente a los riesgos de conflictos sociales, el gobierno tuvo la precaución de concentrar las fuerzas de seguridad en las áreas destinadas a la industria minera, las represas hidroeléctricas, el sector agroalimentario y el turismo, es decir los intereses potencialmente más perjudiciales para las poblaciones circundantes. Muchos proyectos industriales se implementaron ilegalmente, ya que la ley exige la previa consulta a las comunidades indígenas afectadas. Según las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, es frecuente que los militares aúnen fuerzas con las empresas de seguridad privada para quebrar la resistencia local mediante la intimidación y el terror, y a veces incluso campañas de asesinatos selectivos, como el de la dirigente indígena ecologista Berta Cáceres (2).


No obstante, el sistema político que Estados Unidos ha ayudado a instaurar en Honduras, mezcla de autoritarismo militar y malversación de fondos, muestra signos de desgaste. El movimiento de resistencia al putsch de 2009 dio origen a un nueva formación política, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que desafía el statu quo del bipartidismo. En los comicios de 2013, a pesar de los masivos fraudes electorales que modificaron el escrutinio y de una sangrienta campaña intimidatoria marcada por el asesinato de al menos dieciocho candidatos y militantes del partido, LIBRE quedó en segundo lugar en el Congreso con treinta y siete escaños.


Además. el régimen se vio debilitado por los casos de prevaricación al más alto nivel y la participación de varios dignatarios en los circuitos de narcotráfico, entre ellos el hermano del presidente Hernández y el ex presidente Porfirio Lobo. En 2015, una ola de rebelión recorrió el país después de que se descubriera que los fondos recaudados a través de una red de corrupción se habían utilizado para financiar la campaña electoral de Hernández en 2013. Gracias a la rápida mediación de Washington y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se encontró una solución política que, excluyendo a los grupos opositores, permitió al Presidente hondureño escapar al destino de su homólogo guatemalteco, Otto Pérez Molina, encarcelado en 2015 a la espera de un juicio por malversación de fondos.


Como para minar un poco más la legitimidad del gobierno, en 2016 la Corte Suprema de Honduras –también controlada por el PNH– dictaminó que el artículo de la Constitución que prohíbe al presidente presentarse a un segundo mandato podía ser ignorado en nombre de... los derechos humanos. La ironía de esta decisión, tomada siete años después de que Zelaya fuera destituido por haber presuntamente pretendido volver a presentarse, no escapó a los hondureños, quienes protestaron en forma masiva en la calle contra este nuevo abuso de fuerza.


Con los comicios de noviembre de 2017 en la mira, LIBRE formó una coalición con otros dos pequeños partidos: la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Con la esperanza de reunir al electorado moderado a favor de su causa, la Alianza convino en la candidatura del centrista Salvador Nasralla, un hombre de negocios dedicado a luchar contra la corrupción, quien también es un conocido periodista y presentador de la televisión hondureña. Junto a él se presentaba como candidata a la vicepresidencia Xiomara Castro de Zelaya, esposa del presidente depuesto.


El día de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral anunció que estaba en condiciones de proporcionar resultados provisionales a primera hora de la noche. Sin embargo, a medianoche, mientras que tanto Hernández como Nasralla se proclamaban vencedores, el TSE seguía sin brindar datos. Según el testimonio que con posterioridad dio a la prensa un miembro disidente de ese órgano, Marco Ramiro Lobo, poco después de la clausura de los colegios electorales el equipo técnico del TSE informó internamente que el recuento del 57% de los votos mostraba una tendencia clara e irreversible a favor de Nasralla. Durante varias horas, el presidente del TSE, David Matamoros –un ex congresista del PNH– se negó a informar esos resultados parciales, hasta que bajo la presión de los observadores internacionales y del propio Lobo, terminó por cumplir su promesa, pero se abstuvo de pronunciar la palabra “irreversible” en relación con la tendencia emergente.


En ese momento se interrumpió bruscamente el recuento de los votos, que antes se transmitía en directo a través de la página web del TSE. La misteriosa avería duró unas treinta horas. Según Lobo, fue Matamoros quien, sin una palabra de explicación, habría dado la orden de detener el proceso de conteo. Cuando se lo retomó, a la velocidad de un caracol, la ventaja de cinco puntos que al inicio se le había otorgado a Nasralla comenzó a disminuir inexorablemente. Finalmente, el 30 de noviembre el presidente Hernández fue declarado definitivamente vencedor, con un punto y medio por sobre su rival.


Ante la presión de la calle y de los observadores internacionales, Matamoros terminó efectuando un recuento parcial de los votos. Unos días más tarde, acompañado por la encargada de Negocios estadounidense Heide Fulton, afirmó: “Lo que encontramos en las urnas confirma lo que contamos el día de las elecciones”. Para luego anunciar, el 17 de diciembre, que “el presidente elegido para el período 2018-2022 es el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado”. Las elecciones fueron “de una transparencia nunca vista en Honduras”, concluyó.


Decenas de miles de hondureños descontentos salieron a las calles. En respuesta, el gobierno declaró el toque de queda y desplegó el ejército y la policía por todo el país. La ola de represión fue mortífera. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “preocupadas”, contaron doce manifestantes asesinados, decenas de heridos y cientos de detenidos durante la primera quincena de diciembre. En la tarde del 9 de diciembre, mientras las fuerzas de seguridad seguían sembrando el terror bajo sus ventanas, el TSE se reunió en un ambiente relajado en su sede del centro de la capital. Su presidente estaba a punto de hacer una declaración cuando la encargada de negocios estadounidense tomó el micrófono para saludar el trabajo de la autoridad electoral y hacer un llamado al pueblo hondureño para que respete los resultados oficiales de la elección. Qué importan las cientos cincuenta demandas por fraude presentadas por los partidos de oposición: el apoyo de Washington parecía garantizar que el presidente Hernández se mantendría en el poder, con total libertad para continuar, por lo menos hasta el año 2021, su política ultraliberal y la militarización del país.


Ante la sorpresa general, la misión de observación de la OEA –que había brillado por su apatía ante el fraude electoral de 2013– se negó a apoyar los resultados. Presentó un informe demoledor sobre las irregularidades en el proceso electoral y concluyó que persistían dudas con respecto a los resultados de la elección. Todas las miradas apuntaron a Washington. Si la OEA, instrumento clave de la hegemonía estadounidense en la región, estaba dispuesta a cuestionar la victoria de Hernández, entonces todo parecía posible, incluso un viraje de la política hacia Honduras. Pasaron veinticuatro horas sin la menor reacción por parte del gobierno estadounidense. Finalmente, en la tarde del 18 de diciembre, el Departamento de Estado saluda la victoria de Hernández. Ninguna mención al informe de la OEA.


En las horas que siguieron, los gobiernos de derecha cercanos a Washington felicitaron, uno por uno, a Hernández: Guatemala, Colombia, México... Mientras tanto, una nueva ola de protestas paraliza las principales arterias de las grandes ciudades de Honduras.

 

1. David Corn, “Negroponte: unfit to lead, The Nation, Nueva York, 24-2-05.
2. Véase Ignacio Ramonet, “Berta Cáceres. Un crímen político” y Cécile Raimbeau, “¿Quién mató a Berta Cáceres?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, abril y octubre de 2016 respectivamente.

*Analista político en el Center for Economic and Policy Research (CEPR), Washington, DC.


Traducción: Teresa Garufi

Publicado enInternacional
Martes, 26 Diciembre 2017 07:53

Estrategias y estratagemas

Estrategias y estratagemas

En el desordenado escenario actual de Perú, con su decisión indultar a Fujimori, PPK ha perdido su credibilidad y ha conseguido el desprecio de la mayoría antifujimorista


Fue una semana navideña que tardará en olvidarse, de vertiginosa sucesión de sorpresas; de estratagemas que derriban estrategias. Ni Sun Tzu ni Maquiavelo sino Juego de Tronos: sin dragones, sin sangre, sin sexo, pero con todo lo demás, que no es poco.


Durante la semana, el conflicto se desarrolló así: En el Congreso, la mayoría neofujimorista que obedece a Keiko Fujimori planeó derrocar al débil presidente Pedro Pablo Kuczynski a través de un sumarísimo proceso de destitución acusándolo de “incapacidad moral permanente”. Era una blitz que debía resolverse el jueves 21 gracias al sorprendente apoyo del izquierdista Frente Amplio y el menos sorprendente del partido aprista del ex presidente Alan García.


Parecía un resultado inevitable. El presidente fue abandonado por la mayoría de sus ministros, que lo instó a renunciar. Apenas un par de ministros permanecieron a su lado en la desbandada. Desesperado, Kunczynski buscó la ayuda de las personas que le dieron asesoramiento de emergencia en la segunda vuelta presidencial de 2016 (todas opositoras a la autocracia fujimorista), cuando parecía encaminado a una segura derrota. La periodista Rosa María Palacios, el expremier Pedro Cateriano y el exsenador Alberto Borea estuvieron, sin ser los únicos, entre los principales. En esas horas, cuando Kuczynski quiso contactar a la OEA para poner en juego la Carta Democrática, el canciller Ricardo Luna (uno de quienes abogó por la renuncia), se negó a hacerlo. PPK tuvo que remitir personalmente una carta redactada por Cateriano al secretario general de la OEA Luis Almagro. La experiencia, dijo entonces el presidente, le dejaba enseñanzas imborrables sobre lealtades, traiciones y errores propios.


Gracias a esa asesoría de emergencia, el confuso y errático PPK de días anteriores sonó convincente y digno en su mensaje a la nación el miércoles 20 y en su defensa en el Congreso el jueves 21. Durante el largo debate parlamentario, detrás de los esperpentos retóricos vociferados en el hemiciclo, la batalla real se dio en la pugna por los votos. Cuando el Frente Amplio persistió en su alianza con el fujimorismo, pareció que la suerte estaba echada.


Pero en la votación reventó la sorpresa: 10 congresistas fujimoristas, entre los cuales Kenji Fujimori, se abstuvieron y anularon el efecto del cambio de bando del Frente Amplio. Dos de cinco apristas se abstuvieron también y la presumida victoria y cambio de régimen que coronaría la blitz fujimorista se trocó en derrota.


El viernes 22, el triunfante Kuczynski agradeció, entre otros, a Cateriano, Borea, Palacios. Les aseguró un cambio de estrategia orientada a un vigoroso esfuerzo democrático. Sobre los rumores de un posible indulto a Alberto Fujimori (este había presentado una petición), PPK sostuvo enfáticamente que eso no ocurriría, y que ni se discutiría durante las fiestas. Que las lecciones aprendidas eran claras. Yo hablé con él también y me dijo lo mismo.


El sábado 23 y domingo 24, PPK recibió a varias personas, entre los cuales algunos de los ministros que le habían pedido renunciar. Hacia el mediodía del 24 se disparó el rumor de que iba a indultar a Fujimori, lo que ocurrió horas después.


La reacción de la gente que lo defendió en días previos, fue instantánea: Cateriano condenó “el acto de traición a la democracia y los derechos humanos, cometido por [PPK].[...] ha sido un pacto político infame”. “El presidente me mintió” escribió Palacios “[...] perdió todo el respeto que le tenía”. Borea, su abogado defensor, expresó, “de manera categórica mi total desacuerdo. He sido sorprendido con el indulto a Alberto Fujimori”. Poco después empezaban las protestas en la calle contra el “indulto express” y la “traición de Kuczynski”.


¿La estratagema de Kenji Fujimori llevó a la que perpetró PPK y predice, luego de la sorpresa y las rupturas internas, una nueva alianza? Puede que en parte sí.


¿A qué precio? En el desordenado escenario actual, PPK perdió su credibilidad, demostró que su palabra vale menos que un billete de 13 soles, consiguió el desprecio de la mayoría antifujimorista que se supo traicionada y perdió a integrantes de su bancada que renunciaron; sin conseguir el apoyo de Keiko Fujimori, cuya fuerza es aún considerable.


Un cambio así, de un día al otro, ¿obedece a la estrategia o a la neurología, a la astucia o la disonancia cognitiva? Quizá no importe tanto. Uno se dispara a los pies por muchas razones, pero lo que queda al final, junto a los casquillos, es la pata agujereada.

25 DIC 2017 - 21:15 COT

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