Martes, 17 Septiembre 2019 08:37

De la corrupción y otros males

Carlos Lema, “Antígona”, fotografía, 2006 (Cortesía Teatro la Candelaria)

La corrupción alcanza cada día mayor alcance, permea gobiernos, bancos y empresas privadas o mixtas de todo tipo. El cohecho es internacional. Los sobornos equivalen al cinco por ciento del valor anual de la economía global. Estudios basados en el análisis de 447 casos internacionales llegados a sentencia muestran que el 30 por ciento del valor de los proyectos tiene destinación específica: sobornar funcionarios públicos en el mundo entero. El presente artículo analiza la corrupción en Colombia y establece sus relaciones con otras problemáticas socioeconómicas.

 

 

Sorprendente, por partida doble, así fueron los resultados del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc a finales del 2016 y los de la consulta anticorrupción en agosto de 2018. Nadie medianamente razonable creería que la sociedad votara a favor de proseguir la crónica destrucción generada por el conflicto armado interno y, a la vez, expresara su indiferencia ante la corrupción que corroe a las instituciones públicas y privadas.


En los dos eventos de consulta social, solo ejerció el derecho ciudadano uno de cada tres votantes potenciales. En el plebiscito triunfó el No (expreso rechazo a los acuerdos para poner fin al conflicto armado Gobierno-insurgencia) y en la consulta anticorrupción no se alcanzó el umbral que la haría vinculante.


Colombia en el contexto de la corrupción global


De acuerdo con la definición dada por Naciones Unidas, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. Más allá de ello, en la práctica, la corrupción es un proceder común del poder, por ejemplo, de los bancos, las multinacionales y otras grandes y medianas empresas que en su afán por ampliar ventas, ganar contratos o buscar mayores rendimiento en sus operaciones dentro de un país dado (determinando el código tributario del mismo, por ejemplo), incorporan entre sus gastos un porcentaje destinado a coimas o sobornos.

En diferentes contextos, el ejercicio de la corruptela, permanente o no, perjudica a las instituciones republicanas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. La corrupción destruye las bases de las instituciones democrático-formales al desalentar la participación activa de amplios grupos sociales en la orientación, decisión y control de su destino, y al distorsionar los procesos electorales, socavando el imperio de la ley y deslegitimando la burocracia. Hoy la ciudadanía del mundo contempla con ojos escépticos el complejo de estatalismo, fiscalismo e intervencionismo y supone en él, cada vez más, el teatro absurdo de una gran institución de autoservicio, controlada por la cleptocracia y que es contraproductiva (1).

El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello ya que también está presente en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales, la aprobación de leyes orientadas a servir intereses privados o corporativos y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.

La percepción de corrupción en el sector público nacional está en aumento según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional. En la más reciente edición de este índice el país cae de 37 a 36 puntos sobre 100 y desciende del puesto 96 al 99 entre 180 países cubiertos por la medición. Colombia se encuentra muy lejos de países como Canadá, que tiene un puntaje de 83; Estados Unidos, de 76; y Chile, de 70. Cuando decimos que Colombia es uno de los países más corruptos en el contexto internacional estamos en lo cierto (2).


Con los resultados de 2018, el país cierra cuatro años de estancamiento en los que mantuvo un puntaje de 37 sobre 100, para caer ahora a una calificación de 36 puntos. “En un contexto en el cual la corrupción es el tema más preocupante para los colombianos, la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra la corrupción”, según Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional.

Índice de transparencia a nivel territorial

 

Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional, calcula el Índice de transparencia de las entidades públicas (Itep) con base en tres características vitales en la administración pública para controlar los riesgos de corrupción: i) visibilidad, ii) institucionalidad, iii) control y sanción. Los factores de Visibilidad y Control y Sanción tienen un peso de 30 por ciento cada uno sobre la calificación final del Índice, mientras que el factor de Institucionalidad cuenta con un peso de 40 por ciento. Para el desarrollo del cálculo del Índice, cada unidad de medición cuenta con una calificación específica que va de cero (0) a cien (100) siendo cien (100) la mayor calificación posible. Después de obtener cada una de las calificaciones estas se clasifican en los distintos niveles de riesgo: i) bajo, de 89,5 a 100; ii) moderado, de 74,5 a 89,4; iii) medio, de 60 a 74,4; iv) alto, de 44,5 a 59,9; v) muy alto, de 0 a 44,4.

En la medición departamental, Chocó, Guainía y La Guajira clasifican en el rango “Muy alto”. En el nivel “Alto” se ubican otros diez departamentos; en “Medio” clasifican 13, y en “Moderado” los siete restantes (Antioquia, Casanare, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Tolima). Ninguna de las entidades territoriales de Colombia clasifica en “Riesgo bajo”. El promedio simple para el país registra un valor de 61,7, en consecuencia clasifica globalmente en “Riesgo medio”. Bogotá D.C.regitra un valor de 68,7 por tanto también clasifica en el nivel de riesgo medio (Gráfico 1).

Otros males

Además de este riesgo medio de la inmoralidad generada por la corruptela, otros factores adicionales complican la vida cotidiana de los colombianos, generando sufrimiento innecesario: la desesperanza aprendida ante la política y los asuntos públicos, la desigualdad económica, la violencia fratricida y la pobreza multidimensional. El cuadro 1 nos deja ver el comportamiento estadístico de estas variables en el año 2018 a nivel de todos los departamentos del país. La estadística nos permite reunir, clasificar y recontar todos los hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos investigados.


La media del potencial electoral relativo permite estimar el peso de la población mayor de 18 años en cada entidad territorial, la cual tiene un valor de 70,3 por ciento; con un mínimo de 49,7 por ciento (Vaupés) y un máximo de 87,3 por ciento (Norte de Santander). La media de participación departamental en la consulta anticorrupción (mapa 1) fue de 26,8 por ciento, con un mínimo de 12,3 (La Guajira) y un máximo de 44,6 (Bogotá). El índice de transparencia (mapa 2), variable proxy de la medición de la corrupción, registra un valor medio de 61,7 por ciento, un mínimo de 30,2 (Chocó) y un máximo de 85,6 (Antioquia). El Pib por habitante, para el año 2018 (mapa 3), fue de 15,7 millones de pesos, con un mínimo de $6,2 millones (Vaupés) y un máximo de $42 millones (Casanare). El índice de pobreza multidimensional 2018 (mapa 4) tiene un valor medio de 28,2 por ciento, con un mínimo de 4,4 (Bogotá) y un máximo de 65 por ciento (Guainía). La tasa de homicidios (mapa 5) registra en 2018 un promedio de 24,3 por cada 100.000 habitantes, con un mínimo de 4,5 (Vaupés) y un máximo de 59,1 (Arauca).

En las sociedades capitalistas, el desarrollo es desigual. Pero dentro de la desigualdad persiste también la desigualdad. Al interior de Colombia se registra una situación similar a la que coexistieran diversos países. En las variables examinadas las diferencias territoriales son significativas. La desviación estándar (De) es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media; mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. La dispersión entre departamentos es más alta en lo relacionado con las variables corrupción (De=12,8), Pib por habitante (De=$8,6 millones), pobreza (De=15,1) y violencia homicida (De=13,1). Hay menor dispersión en las variables correspondientes al peso proporcional de los mayores de edad (De=8,9) y a la exigua participación ciudadana en la consulta anticorrupción (De=8,8).

Un conjunto de variables que es necesario cruzar buscando con ello información más precisa sobre cómo se manifiesta y cuál es el impacto de la corrupción en Colombia, así como su relación con los demás males que aquejan al país. (Ver recuadro Estadística y variables).

Corrupción y potencial electoral

El peso relativo de la población mayor de 18 años es poco explicativa (R²=0,24) del comportamiento de la corrupción (Gráfico 2). No obstante, la pendiente que relaciona estas dos variables socio demográficas es positiva, esto es, al aumentar el peso relativo de la población mayor de edad respecto a la población total del departamento tiende a elevarse ligeramente el índice de transparencia (esto es, menor nivel de corrupción).

 

 


Corrupción y participación


La lucha contra la corrupción requiere de un vínculo más directo, fiscalizador, comprometido y efectivo de la ciudadanía con los asuntos públicos o de interés social. La defensa de lo público es fundamental, pero además deben protegerse, luchando por su transformación en beneficio de las mayorías, y rompiendo su funcionamiento distante y ajeno de la ciudadanía y de sus intereses, dinamizando a partir de un funcionamiento cada vez más participativo y menos delegativo, las instituciones de representación colectiva (órganos de elección popular), así como las entidades de control y supervisión social (Contraloría, Defensoría, Procuraduría y Auditoria General) pues ellas son la base de la garantía del bienestar social y económico, del respeto de los derechos humanos, y del desarrollo sostenible. El grado de participación (en el caso de la consulta anticorrupción) explica en gran medida el nivel de la corrupción (R²=0,49); la relación es positiva: a mayor participación ciudadana mejora la transparencia de las instituciones y son menos proclives al cohecho o soborno (Gráfico 3).

Corrupción e ingreso por persona

Los niveles de corrupción en un país pueden percibirse por la desigualdad económica. Los actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos, en contubernio con agentes del sector privado, dentro de los órganos e instituciones del Estado socavan aún más no solo la democracia realmente existente, sino también los sistemas educativos, de salud y la misma economía de un país o región.

 

 


El análisis departamental de la transparencia institucional en función del Pib por habitante muestra una capacidad explicativa alta (R²=0,52); las unidades territoriales de altos ingresos por personas tienden a correlacionarse con instituciones más transparentes, virtuosas o menos corruptas (Gráfico 4). El dinero de la corrupción, al funcionar como renta individual, genera poca o nula riqueza social. La corrupción constituye uno de los mayores obstáculos al progreso de los departamentos en que está territorializado el país. El economista Schumpeter afirmaba que “el desarrollo produce siempre más desarrollo” y en medio de este círculo de éxito, se genera mayor transparencia y comportamiento ético de la ciudadanía y las instituciones.


Corrupción y pobreza


Existe una estrecha relación entre la corrupción (sobornos o cohecho) y la pobreza (en términos institucionales no individuales, valga decir): en los países o regiones más pobres la corrupción encuentra condiciones más expeditas para su materialización y es, por tanto, donde alcanza mayores índices. Su materialización debilita los sistemas de una sociedad: político, judicial, cultural, económico y social. En general, la corrupción ocasiona violaciones de derechos humanos. Aunque el problema afecta a todo el país, sin embargo, tiene un mayor impacto en la población que vive bajo condiciones de pobreza.
El Índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la protección de la niñez y el nivel de vida. También refleja, tanto la prevalencia de las carencias multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas carencias sufren las personas al mismo tiempo.


El IPM registra una significativa fuerza explicativa de la corrupción (R²=0,52). La relación o pendiente es negativa entre estas dos variables, esto es, a mayor nivel de pobreza menor es la transparencia de las instituciones y, por ende, mayor es la corrupción (Gráfico 5). En estos territorios, la clase política, lumpen y corrupta, campea a sus anchas. Puede deducirse por prolongación, que los banqueros, los gremios económicos, o los empresarios, comerciantes y negociantes de todo tipo encuentran en estas circunstancias y ambientes mayor espacio para concretar sus mezquinos intereses y codicia, valiéndose para ello de todo tipo de artimañas, negociados, cohechos, sobornos y favorecimientos.


Corrupción y violencia


Tiene Colombia el triste privilegio de registrar uno de los más altos índices de violencia del mundo. Asimismo, a juzgar por reputadas calificaciones internacionales, de ubicarse entre los países más corruptos del mundo. No obstante, en el análisis territorial, corrupción y violencia no van a menudo de la mano (Gráfico 6). La fuerza explicativa de los niveles de corrupción y transparencia institucional por parte de la pandemia homicida a lo largo y ancho del territorio nacional es débil (R²=0,03).


Si bien, violencia y corrupción conforman inequívocamente el marco general sobre el cual existe todo tipo de delitos, inmoralidad y criminalidad en Colombia, son fenómenos socio-políticos y culturales con causas y dinámicas diferentes. Los une, eso sí, una historia permeada por la maldad, la ilegalidad, el atropello, la impunidad, el miedo, la anomia y la indiferencia ciudadana.


Remedios contra la corrupción y otros males


Un simpático grafiti expresaba: “no es la política la que hace a un candidato convertirse en ladrón. Es tu voto el que hace a un ladrón convertirse en político”.


El análisis realizado permite concluir que el grado de transparencia, incorruptibilidad y moralidad de las instituciones es explicado, de una parte, por el grado de desarrollo social, económico y cultural alcanzado por la sociedad; y, de otra parte, por la conciencia ciudadana, su ética política, compromiso con el bien público y participación democrática. Al contrario, las instituciones políticas y económicas extractivas asociadas al control por parte de organizaciones políticas lumpen, criminales y mafiosas, adoptan fácilmente formas corruptas y extractivas atroz y descaradas en medio de la pobreza, la exclusión, la ignorancia, la manipulación y la intimidación de la población.


Un país funciona cuando se identifican grandes objetivos nacionales asumidos de forma responsable, comprometida, democrática y colectivamente. La lucha contra la corrupción y los otros males analizados, dada su arraigo y generalización, requiere un gran pacto, un compromiso ciudadano de tolerancia cero. A la base de este pactó se requiere fortalecer y/o recuperar todo lo público, abriendo su administración y control al conjunto social, elevando su eficiencia para que la gente perciba sus beneficios y ventajas, lo asuma y defienda como propio, lo que demanda un cuestionamiento a las formas capitalistas oligárquicas y su neoliberal manifestación actual.


De su mano, transformar el sistema educativo, remplazando la promoción del individualismo y el enriquecimiento monetario como única meta de la vida, sin importar los costos y los medios (la consigna postmodernista del “todo vale”), por una educación que empiece desde la familia (los cinco primeros años de vida son el período crítico para el aprendizaje ético de todo ser humano; los ejemplos y valores aprendidos en la temprana infancia perduran a lo largo de su existencia) y se consolide en las instituciones educativas, en todos los niveles, sembrando valores éticos que fortalezcan la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la participación, defensa y respeto por lo público, así como la participación en las instituciones de representación colectiva, bregando en todo instante porque lo individual sea lo menor y lo colectivo lo más (asambleas deliberativas y decisorias, consultas populares y similares) mejorando así el ambiente para potenciar la convivencia social. Todo enmarcado en políticas de buen gobierno y responsabilidad corporativa en el sector financiero, en empresas e instituciones públicas abiertas y de democracia directa y cada vez más radical.


En últimas, de lo que se trata es de construir una sociedad cada día más abierta, ética, crítica, comprometida e incluyente, donde las mayorías deciden su rumbo en todo instante, para lo cual es fundamental cimentar una sólida cultura ciudadana convencida de la pertinencia de lo público, de la viabilidad de la redistribución cada vez más equitativa y justa de la renta nacional, y de mayor conciencia y solidaridad sobre la importancia de los derechos humanos, el bien social, la democracia participativa y la defensa de la dignidad humana. De así proceder nuestra sociedad, la corrupción no tendrá lugar.

 

1. Sloterdijk, Peter. (2018) ¿Qué sucedió en el siglo XX?, Ediciones Siruela, S.A., España, p. 16.
2. La escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 equivalente a muy corrupto y 100 a muy transparente o virtuoso. La calificación del Índice de Percepción de Corrupción 2018 se elaboró mediante datos proporcionados por ocho fuentes distintas que consultan la opinión calificada de analistas, académicos e inversionistas extranjeros respecto qué tanto afecta la corrupción al sector público en cada país incluido en la medición, con especial énfasis en la gestión de recursos públicos, trámites, permisos y contratación estatal, así como en la sanción efectiva a casos de corrupción por parte del sistema judicial.

*Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

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Martes, 17 Septiembre 2019 08:30

El aullido

Carlos Lema, “Nayra”, fotografía, 2004 (Cortesía Teatro la Candelaria)

Un solo día después de posesionado como Presidente, Iván Duque radicaba en el Congreso de la República un proyecto gubernamental de ley con el supuesto propósito de cerrar aún más los intersticios por medio de los cuales la corrupción, a través de la contratación pública, mantiene su dominio, así como para reducir los beneficios legales a que puede acudir todo aquel condenado por tal delito.

Conocedor de la perdurable desaprobación ciudadana contra políticos profesionales que gozan de apabullantes sueldos y prebendas de todo tipo, así como del reino de una ‘justicia’ que trata con paño de seda a los ricos –causantes del desfalco del erario por diversos conductos, entre ellos de manera ‘legal’ vía contratación y variedad de esguinces (otro sí) que saben hacerle a la norma– y con machete a los sectores populares causantes del robo al menudeo, de esta manera aprovechó los vientos nacionales para surfear en la ola de lo políticamente correcto.

Espectáculo, teatro, no mucho más. Zigzaguear, hacer piruetas, llamar la atención para lograr la aprobación de la tribuna… Así es el arte de la política de la exclusión: decir y fingir hacer lo que la audiencia demanda y espera, al tiempo que, por la espalda, lo privilegiado es lo contrario; ganar tiempo y dilatar; animar al adversario en público, y en privado ponerle ‘palos en la rueda’ para que tropiece. Así procedió Duque en tiempos de la consulta anticorrupción, y así continúa siendo su proceder al difundir una y otra vez que es el adalid en la lucha contra la corrupción, mientras el statu quo conserva sus dominios en el establecimiento.


Apariencia y simulación. El traje y el rostro, con buenas luces, lo pueden todo. En este tipo de circunstancias, “las buenas formas de la política” aconsejan no estar en contra de la opinión popular y hablarle al país según los deseos mayoritarios. Para el caso que nos ocupa, tocaba estar del lado de la Consulta, así el resultado final de su proceder fuera totalmente contrario a lo esperado por sus impulsores, quienes por entonces llamaban la atención sobre tal actuación y aclaraban que, sin el apoyo pleno del gobierno, difícilmente saldría avante la misma (1).

Aquella era una actitud farisaica sin esfuerzo ni riesgo, toda vez que asumir la lucha contra la corrupción, y en particular la Consulta de marras, no le obligaba a cuestionamiento ideológico ni económico alguno al nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Así era, ya que la iniciativa no establecía la base del cuestionado fenómeno en la estructura del sistema económico, político, militar, ambiental y social imperante, y el modelo de acumulación que asume desde hace algunas décadas, sino que la dejaba flotar como una circunstancia de personas y empresas.

De acuerdo a su concepción, era un problema de simple ambición, afán de lucro o viveza. Esto, a pesar de evidencias recientes como la crisis de los “títulos hipotecarios basura” en 2007 y la quiebra de Lermmas Brothers en Estados Unidos, con el salvamento del conjunto de su sistema financiero por parte del Estado, quiebra asumida por millones de ahorradores que padecieron la evaporación de sus dineros e inversiones. Lo que recordaba con total prueba lo acotado por Fernand Braudel: “El capitalismo es el antimercado” (2), razón explicativa del sometimiento del Estado ante el capital privado y especulativo, esencia de la estructura corrupta hasta hoy imperante en todo el mundo, y explicación de fondo de por qué, a pesar de leyes y regulaciones de diverso tipo para contener la corrupción, ésta mantiene sus dominios. Son esas la esencia y la inercia del establecimiento.

También enmarca(ba) la actitud presidencial la relación causa-efecto, evidente también en casos criollos como Interbolsa, Agro Ingreso Seguro, los Nule, el puente de Chirajara, la carretera al Llano, Estraval, Odebrecht, Electricaribe, el edificio Space (Medellín), para no reparar en otros muchos nombres de escándalos por corrupción, privada y pública, que han ‘conmocionado’ al país, como en las privatizaciones que tomaron curso desde los años 80 del siglo XX, multiplicadas en los 90 y en el nuevo siglo con el desmonte del pobre aparato productivo que había acumulado el país, todo a favor del capital privado. ¿Y qué decir del modelo económico, ajustado a la medida de los propietarios del capital? ¿No será la corrupción, entonces, la esencia misma del capitalismo?


Así, aunque en la Consulta se aparentaba ser detractores de un mal –reflejo de un problema estructural–, no se ahondaba ni rechazaba (el) origen del mismo. Al proceder así, ¿podría ser erradicado tal mal? La existencia de variedad de leyes y similares en el plano nacional e internacional, aprobadas para ponerle coto a la situación, indican que ciertamente el problema no recibe ataques en su raíz sino en sus ramas.


En esas condiciones, cualquier político o empresario, de los más corruptos pero nunca condenados por tal proceder, o todas aquellas empresas y personas que saben hacerle esguinces a la normatividad vigente (por ejemplo, evadir con “permiso de la ley” o crear sociedades offshore como pantalla para operaciones no siempre legales, o llevar a cabo el lobby dentro del alto gobierno para salir favorecido por el tono de ciertas leyes o por acceder a información privilegiada, etcétera) pueden fungir como activos en la lucha contra la práctica de vaciar presupuestos públicos con fines privados o para el beneficio de una estructura partidaria o militar.


Como fue vaticinado en su momento, sin el apoyo del gobierno la iniciativa no alcanzó su propósito, y sin igual apoyo tampoco consiguió que salieran a flote los 24 proyectos de ley radicados en el Congreso para materializar el anhelo de los 11.674.951 que votaron por el Sí en la consulta, por controlar e idealmente erradicar la corrupción.


Así es. De la totalidad de proyectos radicados para trámite legal, únicamente uno está pendiente de sanción presidencial (mecanismos de rendición de cuentas de congresistas, concejales, diputados e integrantes de Juntas Administradoras Locales); otros tres avanzaron con posibilidad de lograr la aprobación final de los legisladores: Publicación de las declaraciones de renta y registro de intereses privados (3); inhabilidad para los condenados por corrupción y terminación unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción (4); los pliegos tipo (5). La suerte de los demás fue la negativa –hundidos– (6) o que ni siquiera han contado con ponencia (7).


Una escena tras otra. Sin reparar y mucho menos reconocer que desde el Ejecutivo nacional y el partido al cual está adscrito el Presidente se obró por distintos conductos en vía contraria a lo anunciado, y, sopesando la popularidad de una cruzada anticorrupción en el plano nacional e internacional, ahora el Gobierno ondea tal bandera en Naciones Unidas, llamando a tramitar una corte internacional anticorrupción, una iniciativa en apariencia moralista (8) y de buen gobierno pero que en lo fundamental pretende dotar al gobierno de un discurso progresista en el concierto de naciones, fungiendo como paladín de la democracia y la legalidad. Nada más lejano de la realidad.


“El que pega primero pega dos veces”, dice el refranero popular, y así permite comprobarlo este liderazgo global que pretende el canciller Carlos Holmes Trujillo a nombre del gobierno colombiano, cabeza de un país que en el índice de corrupción global ocupa el puesto 99 entre 180. Un país acusado y condenado como violador de los más elementales Derechos Humanos en diversidad de causas, y que para vergüenza propia y ajena aparece entre los más desiguales del mundo, con una concentración descomunal de tierra, acciones y patrimonio en poquísimas personas. Como si la evidencia no fuera cierta, y sin pudor alguno, el Canciller no duda en enfatizar: “Nada es tan costoso como la corrupción […] en muchos sentidos, un impuesto a la pobreza que paga el conjunto de la sociedad” (9).


Estamos ante una iniciativa tomada por una clase dirigente sin autoridad de ningún tipo para ello; iniciativa que parece una bomba de humo para ocultar sus propósitos reales, entre ellos: avanzar como Caballo de Troya de la escalada estadounidense por recuperar el espacio y los territorios perdidos en la región, sirviéndose para ello, también, de enjuiciamientos que le permitan embargar países, encausamiento a quienes se opongan a los intereses de la potencia del Norte y otras acciones similares.


Y surge otro elemento en este cuadro. Los Estados Unidos es el abanderado de las ‘buenas prácticas’, paradójicamente el mismo Estado que desde hace años legalizó las coimas o “pagos facilitadores” por parte de sus multinacionales – “[…] que sirvan para acelerar los procedimientos, obtener una autorización o llevar un expediente al tope de la pila”–, como nos lo explican Benoît Bréville y Renaud Lambert en esta misma edición (ver págs. 18).


Es aquel el mismo país que negocia rebajas de penas con todo tipo de sindicados, siempre y cuando entreguen parte de la fortuna lograda vía desfalcos o todo tipo de saqueo de lo público, como vía narcotráfico. En la práctica, impunidad cancelada con oro, como en los tiempos medievales, lo que deja ver que la supuesta moralidad estadounidense es una simple arma en su cruzada por conservar su sitial en la geopolítica global. Lo que no puede ser de otra manera, toda vez que el único compromiso ‘moral’ del capital es con la multiplicación de sus réditos y la permanente ampliación de sus mercados, al precio que sea.


La ‘moralidad’ estadounidense es un arma afilada con nuevas máquinas, no con simple esmeril, para controlar y someter, como lo evidencia la crisis de gobierno en Brasil con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva (ver artículo Perry Anderson, pág. 20), país que paga el precio de pretender un liderazgo soberano en el mundo, potenciando su rol de primer orden en nuestro continente.


De esta manera, el yunque de la amoralidad del capital imperial –con atuendo de moral–, asentado sobre una corte internacional, servirá, en caso de ser aprobada, para cualquier cosa menos para erradicar el mal contra el que blande sus armas. ¡Toda una manipulación a la cual se presta el gobierno Duque como fiel alfil del imperio!


Así, entre apariencias y seguramente fake news, todo gobierno que se oponga a los planes de los Estados Unidos podría entrar, también por esta vía, en desgracia, pues ya le suceden cosas similares por otros conductos impuestos también por el poder hasta hoy dominante en el mundo. Embargos de cuentas, legalización de golpes de Estado suaves y similares, estarán a la orden del día.


Mientras en el tablado nacional e internacional se escenifica esta nueva obra de teatro, el mismo gobierno que se disfraza con ropas de armiño autoriza, vía la más reciente reforma tributaria, exenciones impositivas por 20 billones de pesos para las grandes empresas con presencia en el país, y, para llenar el vacío de las arcas que este favorecimiento produce, se apresta, además de cargar con más impuestos a una sociedad exhausta de ellos, a feriar los pocos bienes públicos que aún conserva el país como propios. ¿Corrupción legal?
En la escena final de esta obra de teatro su protagonista aúlla: ¡Cojan al ladrón!

 

1. “Consulta anticorrupción: mientras Duque dice sí, Uribe dice no”, https://www.semana.com/nacion/articulo/uribe-y-duque-se-bajaron-del-bus-de-la-consulta-anticorrupcion/578808.
2. “Conspiración y corrupción: una hipótesis probable”, José Luis Fiori y William Nozaki, en https://www.desdeabajo.info/economia/itemlist/tag/judicializaci%C3%B3n.html.
3. Está pendiente de su aprobación final por la plenaria de la Cámara de Representantes. De salir airoso, va a conciliación del texto en Cámara y Senado, para ser enviado luego a sanción presidencial.
4. Esta iniciativa fue aprobada a comienzos de agosto, en segundo debate de la plenaria de la Cámara.
5. La Comisión Primera de la Cámara aprobó a mediados de este mes en tercer debate, y por unanimidad la iniciativa que extiende estos pliegos a todas las contrataciones del Estado.
6. Fueron hundidos en distintas instancias de su trámite: límite a los períodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa, tope de salarios de congresistas y servidores del Estado, adopción de medidas en materia penal y administrativa contra la corrupción, reforma política, reforma a la justicia, presupuestos participativos y desvinculación de los salarios de los funcionarios con el de los congresistas.
7. Todavía no cuentan con ponencia: tope de salarios –en un primer momento fue retirado por no contar con aval jurídico, beneficio con el cual ya cuenta– y cátedra obligatoria de ética ciudadana.
8. Nada más amoral que el capital, siempre afanado por el lucro y la concreción de sus propósitos sin que lo condicionen ni limiten sus consecuencias: negación de los más elementales Derechos Humanos a inmensos grupos sociales, por países o por región; estímulo al armamentismo y desfalco del erario para garantizar el pago de tales compras, negando otras prioridades humanas en cada país; impulso de guerras y desmanes de todo tipo para la defensa de unos pocos y en contra de muchos, hasta llegar a la inaceptable ecuación 1-99 que hoy domina el mundo, sustentada en un sistema financiero que absorbe y somete al sistema productivo, y potencia el innecesario endeudamiento de millones de familias por todo el mundo, sometiéndolas a la esclavitud moderna de vivir al debe, trabajando hasta dos turnos diarios para evitar ser embargados.
9. https://www.youtube.com/watch?v=AaenxCEWM1c.

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Carlos Lema, “Antígona”, fotografía, 2006 (Cortesía Teatro la Candelaria)

La inmensa mayoría de los estudios y análisis sobre corrupción se concentran en tres aspectos: administrativos, de ética pública, y jurídicos. Ocasionalmente existen también juicios y reflexiones de tipo político. Sin la menor duda, ninguna de estas aristas es baladí. Sin embargo, lo que ninguna de ellas pone de manifiesto es que la corrupción –pública o privada, o mixta– constituye una flagrante violación a los derechos humanos.

 

Sin la menor duda, el narcotráfico –y por consiguiente, las mafias–, constituyen uno de los resultados y de los productos más acabados del capitalismo. Las mafias, por ejemplo, de narcotráfico, no son anomalías del sistema de libre mercado, sino una consecuencia, o una expresión del sistema de libre mercado. Y por tanto, del liberalismo. En consecuencia, es falsa la idea de que las mafias constituyen una enfermedad dentro de la sociedad capitalista; es una de sus consecuencias.


Pues bien, lo mismo puede y debe decirse, sin ambages, del sistema corrupción: la corrupción pertenece a la esencia misma del capitalismo y constituye uno de sus productos más acabados. Se trata, simple y llanamente, del desprecio del trabajo, y la sobrevaloración del capital; punto. Sólo que la corrupción, que responde exactamente a la lógica eficientista y eficaz de la mentalidad capitalista –por tanto, a crecimiento económico, ampliación de mercados y ganancia–, consiste en el atajo y el camino más breve, además de la búsqueda segura de réditos, al precio que sea.


El lenguaje jurídico al respecto, que habla por ejemplo de cohecho, dolo, concierto para delinquir y otras expresiones semejantes sencillamente oculta el hecho, lógicamente más elemental, de que la corrupción se caracteriza por dos rasgos determinantes: 1) es un sistema; 2) es una red. Ambos rasgos conforman una férrea e indisoluble unidad.


Las redes, particularmente las redes complejas, se caracterizan por que lo importante no son los nodos, sino los nexos entre los nodos. El derecho positivo, por el contrario, sólo sabe de los nodos; y por ello su capacidad de acción sobre las redes de impunidad es lenta y muchas veces inútil. Nodo es aquí la responsabilidad individual. En otras palabras, los nodos son las personas comprometidas en acciones y en procesos de corrupción; quien compra la conciencia, o el silencio de otro; quien ofrece la coima y quien la acepta, y demás. Los nexos, por el contrario, son mecanismos como el poder y el amedrentamiento, el dinero mismo, las prebendas monetarias y no monetarias que siempre acompañan a la corrupción, en fin, los poderes detrás de quien compra y vende. Pero ante todo, y muy determinantemente, la información que acompaña, que gatilla y que por lo demás sigue a la corrupción. Debería ser posible que el derecho positivo aprendiera de responsabilidades colectivas y no únicamente individuales. Por esta razón los tiempos para investigar e inculpar a los responsables de actos de corrupción parecen muy lentos. Por el contrario, identificar clanes, grupos familiares, empresas y demás es bastante más elemental. El derecho positivo debe poder aprender de las redes complejas y fortalecer su aparato lógico y procedimental.


Con la corrupción, el elemento clave es saber quién tiene qué debilidades, cuál es o puede ser su precio, cuáles son sus entornos sociales y familiares, cómo son los tiempos de las tomas de decisión, y cuáles son las redes de decisión y de acción determinantes sobre las que hay que actuar.


Corrupción y dinámicas de información


Existe una percepción en una buena parte de la sociedad de que los sistemas de corrupción se han extendido y han crecido ampliamente en los últimos lustros y que, entonces, sería una consecuencia creciente de defectos del neoliberalismo; hay quienes incluso llaman a una “ética de le empresa” o una “ética pública” pensando en los fundamentos originarios del pensamiento económico en sus orígenes en el siglo XVII, por ejemplo. Estos llamados están equivocados debido a una enorme miopía.


En una perspectiva histórica, manifiestamente existe una muy amplia percepción de la corrupción, pero ello se debe por lo menos a dos factores principales: de un lado, la caída del muro de Berlín, el fracaso del sistema llamado del “socialismo real” y la crisis del marxismo como fue vivida hasta 1989. De otra parte, al mismo tiempo, se debe al hecho de que entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI emergen enormes bases de datos, internet se vuelve una realidad cultural accesible para todos, emergen la web 2.0 y 3.0 y por consiguiente las redes sociales democratizan la información. Literalmente, el mundo se vuelve inmensamente más transparente (sin que esto signifique que las cosas son perfectas; en absoluto). Es lo que sociológicamente ha llegado a conocerse como la emergencia de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y la sociedad de redes.
Y entonces, claro, hay más luz cobre los corruptos y los sistemas de corrupción; tanto como sobre la impunidad y los sistemas de des-información (periodistas afines a las redes y sistemas de corrupción; fake news, y otros aspectos semejantes).


Es evidente que al desplazarse el foco de la demonización de los socialistas y comunistas se ventilan mucho mejor los problemas de corrupción al interior del propio sistema capitalista. El peligro y las amenazas ya no son externas, sino propias de la lógica del capital.


Pero es que además y fundamentalmente, gana claridad que la corrupción en el mundo de hoy es tanto el resultado de una profunda asimetría de información, como la causa de asimetrías de información profundas en el seno del Estado, del sector privado, y con respecto a la sociedad civil. En efecto, los sistemas de corrupción se caracterizan por que el agente de la misma, que generalmente representa a una empresa, a una familia, a una corporación, a un poder determinado (militar, económico o político, generalmente), ha tenido la capacidad de informarse acerca de procesos, tiempos, determinadores, precios y lugares. Sin descartar, en absoluto, que la corrupción también opera simple y llanamente porque se da la oportunidad; y es lo que en la mentalidad del capitalismo se denomina “costo-oportunidad”.


Pues bien, la era de la información ha permitido que sea posible detectar, acusar y denunciar actos de corrupción y, más significativamente, procesos de corrupción. La información es directamente proporcional a la democracia de un país o de una sociedad, de manera que a mayor información disponible y circulante cabe decir que existe una mayor democracia. La corrupción se extiende gracias a las sombras, las oscuridades, los entresijos y los espacios de reserva existentes o creados.


En otras palabras, cuanto menores sean las capacidades de información y de conocimiento en una sociedad, tanta mayor será la corrupción; y por el contrario, a mayor potenciación de procesos de información, menor será la corrupción, y más probablemente serán castigados sus actores.


En este sentido, uno de los factores más determinantes de la sociedad de la información y del conocimiento son las tecnologías convergentes; y más exactamente, la dimensión más sensible de ellas de cara a la forma de democracia que existe en un país o una sociedad. Las tecnologías convergentes son las NBIC+S; esto es, la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información, las tecnologías del conocimiento. Pero la más importante en este contexto es la S: la dimensión social de las tecnologías, lo cual apunta, de un lado a la existencia de un periodismo crítico, independiente e investigativo; y de otra parte, a las fuerzas sociales de una sociedad y su capacidad de actuar en las redes sociales.


La dimensión social de las tecnologías –la “S” en las tecnologías convergentes: NBIC+S–, constituye un fortalecimiento de la capacidad de acción por parte de la sociedad civil en condiciones en las que la información pretende ser eliminada, cooptada o editada. La “S” pone de manifiesta la reserva democrática de una sociedad, en toda la línea de la palabra: medios alternativos e independientes de información, periodismo crítico y de investigación, fuentes calificadas de información y conocimiento (como, por ejemplo, algunas organizaciones civiles y sociales y parte del sector académico), redes de apoyo, de denuncia, de acción colectiva.


Corrupción y violación a los derechos humanos


Pues bien, la corrupción existe en tres planos, perfectamente entrelazados: en el sector privado, en el Estado y los organismos de gobierno, y la corrupción en el cruce e interacción entre sector privado y sector público.
Digámoslo sin ambages: el Estado es la principal fuente de violación de los derechos humanos, por acción o por omisión. Al fin y al cabo el Estado es, debe ser, el garante de la vida y de todo aquello que la garantice, exalte, posibilite y dignifique; a la vida humana, pero en general también a la propia naturaleza. No en vano, hemos llegado a hablar, con suficientes razones de seis generaciones de derechos humanos. Veamos.


Existen los derechos humanos de primera generación, que son los derechos políticos, en toda la acepción de la palabra. Los derechos humanos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. La importancia del conocimiento, la tercera revolución industrial y en general las revoluciones tecnológicas definen a los derechos humanos de tercera generación. De manera puntual, se trata del derecho a un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado. El derecho al desarrollo y el derecho a la paz forman parte, asimismo, de esta tercera generación de derechos humanos. Por su parte, los de cuarta generación tienen que ver con la sociedad digital, la libertad de expresión en internet, y el libre acceso a la información y al conocimiento. En este sentido, el pluralismo de medios de comunicación y el rechazo a la concentración de los medios y por tanto de la información y la comunicación forman parte de esta cuarta generación. Los derechos humanos de quinta generación ya no son estrictamente antropológicos, sino, se extienden a los robots, el software inteligente y la vida inteligente. Finalmente, los derechos humanos de sexta generación cubren o cubrirán a otras formas de vida de tipo híbrido, trans-humanos, con identidad genético-cognitiva-informacional.


Pero siempre, en la base, se halla, absolutamente incuestionable, el derecho a la vida –en la acepción más amplia pero fuerte de la palabra.


Como se aprecia sin dificultades, los derechos humanos no hacen referencia inmediata o directamente al sufrimiento, la violencia, las muertes y masacres y demás formas de violencia tanto física como simbólica. Negar lo contrario sería ética y políticamente peligroso.


Pero es que, además y fundamentalmente, los derechos humanos se ocupan de las condiciones y garantías de la vida en toda la acepción de la palabra, de su exaltación, su posibilitamiento, y siempre una vida con calidad y dignidad. Reducirlos a condiciones de oprobio significa, en rigor, victimizarlos. Y entonces, políticamente, sería tanto como decir que los derechos humanos existen tan sólo en los países subdesarrollados, en medio de economías precarias, y con regímenes policiales y militares abiertamente violentos. O bien, que se necesita sangre y dolor para hablar de derechos humanos.


Pues bien, la corrupción, aquí y en cualquier parte del mundo es una violación de los derechos humanos puesto que afecta procesos de información y transparencia, afecta dineros públicos y privados que deberían redundar en desarrollo social, en fin, desvían recursos y energías para intereses privados en los que el interés privado impera sobre el bien público y general.


Lucha contra la corrupción como lucha por una nueva y mejor democracia


Estudiar y denunciar los regímenes corruptos y los actos de corrupción exige una dúplice línea de reflexión y de acción.


En el plano económico, se trata de poner directamente el dedo en la función de producción. Si no se señala y se acusa esta función, se ataca los síntomas pero no la enfermedad. Como la gripa o los resfriados: hoy podrá curarse la tos o los escalofríos, pero mañana o pasado mañana una gripa mal tratada puede desembocar en enfermedades neumológicas severas que pueden terminar por matar al paciente. La corrupción es una forma como el capitalismo desprecia el bien común y general y destaca, por vías acomodaticias, el interés privado.


De otro lado, en el plano de los derechos humanos, el estudio, investigación, denuncia, persecución y condena de la corrupción no es posible sin atender, por ejemplo, al cuidado de los derechos humanos de primera y de tercera generación. El trabajo, así, se torna más fino pero también más contundente. Los corruptos son engendros de los intereses egoístas que buscan beneficio propio, y que sacrifican el futuro por el presente inmediato; esto es, la ganancia económica sobre el bienestar de la sociedad.


Recabemos en esto: la mentalidad de la corrupción es, a todas luces, de tipo mafioso pues lo que impera en ella es la idea, los principios o las prácticas de lealtad, fidelidad, muerte a la delación, secretismo, y otros rasgos parecidos. En fin, la corrupción es una forma de mafia, muchas veces corporativa –en el sector público o privado.

Publicado enColombia
Martes, 27 Agosto 2019 20:10

¿Pagar el pasaje es lo correcto?

¿Pagar el pasaje es lo correcto?

Lo real, pero también lo irreal; el pasado, pero también el presente; lo imaginable pero también lo inimaginable; lo simple, pero también lo complejo, todo, absolutamente todo puede ser manipulado por el poder cuyos detentadores buscan por múltiples formas y mecanismos que su “verdad” sea la que prevalezca en el entorno social.

Es un afán no gratuito. Detrás del mismo está el control del poder, con todos sus beneficios derivados de su efectiva concentración en pocas manos, y con ello los negocios, de los que desprende sus dividendos económicos, además del status de clase.

Manipulación, es la sensación que trasmite la difundida cuña publicitaria pagada por Transmilenio en la cual, aprovechando el desacuerdo ciudadano con la corrupción izan tal bandera para envolver en ella el tema de los colados. La pretensión es clara: dirigir la desaprobación ciudadana contra quienes optan por no pagar el pasaje y tras ello justificar la mala calidad del transporte, falta de buses en cantidad suficiente para no ir hacinados, y otros males de un modelo de transporte que evidenció sus límites desde el mismo momento en que entró en operación. No es casual que en los portales se lean carteles que rezan: “Menos colados = más buses”, una oferta incierta toda vez que uno de los mismos límites de este modelo de transporte –de su precariedad– es que no resuelve nada con tener más buses de los que caben en las troncales, pues de circular más de los que estas soportan se generaría un gigantesco trancón. Es decir, llegaría a inoperancia por colapso.

En su afán de acomodar la realidad a sus intereses, los propietarios de Transmilenio –no olvidar que la ciudad solo posee un escaso 10 por ciento–, ahora les dio por asegurar que “Pagar el pasaje es lo correcto, colarse es lo corrupto”. 

¿Será esto cierto? Si nos guiamos por el diccionario de la RAE –jurídico–, por corrupción se entiende: “Comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos o a personas privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sea de naturaleza defraudatoria”. Estamos, por tanto, ante una evidente manipulación de la realidad para beneficiar el interés privado.

Así es, porque en el caso de los colados no estamos ante ninguna de estos procederes, pero sí ante una realidad simple: un acto individual de resistencia, un rechazo a una realidad que ofende, una desaprobación silenciosa –pero que les da donde más les duele–. Un proceder animado por necesidad económica, pues aunque para los propietarios de los buses los $ 2.400 por pagar por trayecto es poco –“[…] prefiere arriesgar la vida por no pagar dizque $ 2.400…”, dice de manera irónica la cuña oficial– la realidad dicta lo contrario: la tarifa lesiona de manera grave la economía de infinidad de hogares bogotanos. 

Hagamos cuentas: si una familia de 4 está obligada a pagar el transporte de dos personas por día, esto le implicará gastarse $ 9.600. Si tal rubro debe cubrirlo por 6 días, tenemos que por semana debe sacar de sus bolsillos $ 57.600, lo que al mes es igual a $ 230.400. 

¿Cantidad insignificante? Para una familia de 4 miembros, donde ingresan 4, 5 o más salarios mínimos (salario mínimo= 828 mil 116 pesos) tal vez lo sea, pero para una donde uno o dos mínimos es su único ingreso, la cifra es más que significativa. ¡Qué pensar de aquellas donde el ingreso depende del rebusque diario, el cual durante algunos días puede fluctuar con ingresos estimulantes y en otras ocasiones llevar a la depresión! En casi todas las circunstancias es la necesidad la que obliga a resistir, buscando así ahorrar algo para garantizar al menos que el hambre no cunda en casa.

Resistencia que también asume otras alternativas, como la proliferación de motocicletas, con su insoportable ruido, además de gases producto de su rápido deterioro y poco mantenimiento técnico. Pero también de carros, con los cuales se gana en comodidad a la vez que se rebuscan en ellos, como es el caso de conductores de taxis y otras modalidades de transporte que van ganando espacio en la ciudad, a la vez que la congestionan y empujan a la crisis ambiental. En estas condiciones, mucha gente ahorra algún dinero, a la par que gana algún ingreso, pero la ciudad pierde en calidad del aire y de la vida misma.

En estas circunstancias, la resistencia, no la corrupción, es algo que nace de las circunstancias de vida que impone el sistema, la gente no la prevé ni calcula con maldad alguna, simplemente llega como eso, como resistencia ante una realidad que le afecta, sin dejarse ahogar por la misma. 

La resistencia en este caso es individual pero por la masividad que por momentos ha adquirido parece colectiva, signo más indicativo de que hay algo que no funciona bien, de que el o los gobiernos con que cuenta y ha contado la ciudad están obrando en contra de los intereses de las mayorías. Es claro el mensaje y así mismo debería ser la respuesta institucional, pero el capital no sabe sino de ganancia no de justicia, tampoco de medio ambiente y vida saludable, y la democracia es una simple palabra para distraer incautos.

 

El reto

 

Corregir es el proceder de los buenos gobernantes, que saben tomarle el pulso a su ciudad o país. Y para que eso fuera así debería considerarse la necesidad de avanzar hacia la efectiva operación de un transporte masivo de verdad público, a su vez gratuito o por lo menos con tarifa mínima, una tarifa que no termine por erosionar más el bolsillo de las personas menos pudientes.

Medida que no es un imposible, es una simple decisión de redistribuir el ingreso nacional y municipal, procurando justicia y vida digna. Medida que tendría, en perspectiva de mejorar la calidad de vida en esta ciudad, beneficios fácilmente medibles como emisiones de gases y naturaleza del aire, reducción de las tasas de enfermedades respiratorias, muerte por igual circunstancia o por tipos de cáncer que ahora es reconocido tienen origen en circunstancias del hábitat.

Mejoras totalmente previsibles toda vez que un transporte de verdad público, pero además eficiente (que convine metro, tranvías, buses articulados –troles o movidos por energía eléctrica, como décadas atrás los tuvo Bogotá–, trenes de cercanías, articulado con una efectiva red vial para bicicletas y otros sistemas de movilidad personal) motivará el desuso de los vehículos particulares, bien carros, motos o similares. Todo un descanso para los pulmones, el conjunto de vías respiratorias, así como para los oídos y ojos.

Estamos, por tanto, ante un inmenso reto para quienes habitan Bogotá –lo cual puede extender sin dificultad alguna al conjunto urbano en todo el país–: planearlas partiendo y pensando siempre en la mayoría de sus pobladores, no en la minoría, que en este caso son sus usurpadores: ricos, políticos y comerciantes de lo público, verdaderos corruptos pues lo que debiera ser de todos termina en manos de unos pocos producto de maniobras de todo tipo que despliegan día a día, garantizando que quienes gobiernan la ciudad sean aquellos que los favorecen para hacer realidad –por vía legal, es decir, según las reglas existentes, redactadas por representantes de su misma clase y que los han antecedido al frente de la ciudad– todos aquellos negocios que los obnubilan, no importa que producto de ello millones se perjudiquen tanto en su economía diaria, así como tranquilidad, comodidad, aprovechamiento del tiempo, como en su salud fruto de la desmedida contaminación que padece la urbe*.

La resistencia de miles de pobladores de Bogotá, producto de un caro e ineficaz sistema de transporte, es la enseñanza de que las protestas y rechazo a los malos gobiernos también se expresan en el diario vivir, de manera silenciosa, protestas que retan el quehacer de un verdadero gobierno alternativo.

Evasión o pago del pasaje: la respuesta popular exaspera a la administración Distrital.

Publicado enColombia
Martes, 27 Agosto 2019 11:40

¿Pagar el pasaje es lo correcto?

¿Pagar el pasaje es lo correcto?

Lo real, pero también lo irreal; el pasado, pero también el presente; lo imaginable pero también lo inimaginable; lo simple, pero también lo complejo, todo, absolutamente todo puede ser manipulado por el poder cuyos detentadores buscan por múltiples formas y mecanismos que su “verdad” sea la que prevalezca en el entorno social.

Es un afán no gratuito. Detrás del mismo está el control del poder, con todos sus beneficios derivados de su efectiva concentración en pocas manos, y con ello los negocios, de los que desprende sus dividendos económicos, además del status de clase.

Manipulación, es la sensación que trasmite la difundida cuña publicitaria pagada por Transmilenio en la cual, aprovechando el desacuerdo ciudadano con la corrupción izan tal bandera para envolver en ella el tema de los colados. La pretensión es clara: dirigir la desaprobación ciudadana contra quienes optan por no pagar el pasaje y tras ello justificar la mala calidad del transporte, falta de buses en cantidad suficiente para no ir hacinados, y otros males de un modelo de transporte que evidenció sus límites desde el mismo momento en que entró en operación. No es casual que en los portales se lean carteles que rezan: “Menos colados = más buses”, una oferta incierta toda vez que uno de los mismos límites de este modelo de transporte –de su precariedad– es que no resuelve nada con tener más buses de los que caben en las troncales, pues de circular más de los que estas soportan se generaría un gigantesco trancón. Es decir, llegaría a inoperancia por colapso.

En su afán de acomodar la realidad a sus intereses, los propietarios de Transmilenio –no olvidar que la ciudad solo posee un escaso 10 por ciento–, ahora les dio por asegurar que “Pagar el pasaje es lo correcto, colarse es lo corrupto”. 

¿Será esto cierto? Si nos guiamos por el diccionario de la RAE –jurídico–, por corrupción se entiende: “Comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos o a personas privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sea de naturaleza defraudatoria”. Estamos, por tanto, ante una evidente manipulación de la realidad para beneficiar el interés privado.

Así es, porque en el caso de los colados no estamos ante ninguna de estos procederes, pero sí ante una realidad simple: un acto individual de resistencia, un rechazo a una realidad que ofende, una desaprobación silenciosa –pero que les da donde más les duele–. Un proceder animado por necesidad económica, pues aunque para los propietarios de los buses los $ 2.400 por pagar por trayecto es poco –“[…] prefiere arriesgar la vida por no pagar dizque $ 2.400…”, dice de manera irónica la cuña oficial– la realidad dicta lo contrario: la tarifa lesiona de manera grave la economía de infinidad de hogares bogotanos. 

Hagamos cuentas: si una familia de 4 está obligada a pagar el transporte de dos personas por día, esto le implicará gastarse $ 9.600. Si tal rubro debe cubrirlo por 6 días, tenemos que por semana debe sacar de sus bolsillos $ 57.600, lo que al mes es igual a $ 230.400. 

¿Cantidad insignificante? Para una familia de 4 miembros, donde ingresan 4, 5 o más salarios mínimos (salario mínimo= 828 mil 116 pesos) tal vez lo sea, pero para una donde uno o dos mínimos es su único ingreso, la cifra es más que significativa. ¡Qué pensar de aquellas donde el ingreso depende del rebusque diario, el cual durante algunos días puede fluctuar con ingresos estimulantes y en otras ocasiones llevar a la depresión! En casi todas las circunstancias es la necesidad la que obliga a resistir, buscando así ahorrar algo para garantizar al menos que el hambre no cunda en casa.

Resistencia que también asume otras alternativas, como la proliferación de motocicletas, con su insoportable ruido, además de gases producto de su rápido deterioro y poco mantenimiento técnico. Pero también de carros, con los cuales se gana en comodidad a la vez que se rebuscan en ellos, como es el caso de conductores de taxis y otras modalidades de transporte que van ganando espacio en la ciudad, a la vez que la congestionan y empujan a la crisis ambiental. En estas condiciones, mucha gente ahorra algún dinero, a la par que gana algún ingreso, pero la ciudad pierde en calidad del aire y de la vida misma.

En estas circunstancias, la resistencia, no la corrupción, es algo que nace de las circunstancias de vida que impone el sistema, la gente no la prevé ni calcula con maldad alguna, simplemente llega como eso, como resistencia ante una realidad que le afecta, sin dejarse ahogar por la misma. 

La resistencia en este caso es individual pero por la masividad que por momentos ha adquirido parece colectiva, signo más indicativo de que hay algo que no funciona bien, de que el o los gobiernos con que cuenta y ha contado la ciudad están obrando en contra de los intereses de las mayorías. Es claro el mensaje y así mismo debería ser la respuesta institucional, pero el capital no sabe sino de ganancia no de justicia, tampoco de medio ambiente y vida saludable, y la democracia es una simple palabra para distraer incautos.

 

El reto

 

Corregir es el proceder de los buenos gobernantes, que saben tomarle el pulso a su ciudad o país. Y para que eso fuera así debería considerarse la necesidad de avanzar hacia la efectiva operación de un transporte masivo de verdad público, a su vez gratuito o por lo menos con tarifa mínima, una tarifa que no termine por erosionar más el bolsillo de las personas menos pudientes.

Medida que no es un imposible, es una simple decisión de redistribuir el ingreso nacional y municipal, procurando justicia y vida digna. Medida que tendría, en perspectiva de mejorar la calidad de vida en esta ciudad, beneficios fácilmente medibles como emisiones de gases y naturaleza del aire, reducción de las tasas de enfermedades respiratorias, muerte por igual circunstancia o por tipos de cáncer que ahora es reconocido tienen origen en circunstancias del hábitat.

Mejoras totalmente previsibles toda vez que un transporte de verdad público, pero además eficiente (que convine metro, tranvías, buses articulados –troles o movidos por energía eléctrica, como décadas atrás los tuvo Bogotá–, trenes de cercanías, articulado con una efectiva red vial para bicicletas y otros sistemas de movilidad personal) motivará el desuso de los vehículos particulares, bien carros, motos o similares. Todo un descanso para los pulmones, el conjunto de vías respiratorias, así como para los oídos y ojos.

Estamos, por tanto, ante un inmenso reto para quienes habitan Bogotá –lo cual puede extender sin dificultad alguna al conjunto urbano en todo el país–: planearlas partiendo y pensando siempre en la mayoría de sus pobladores, no en la minoría, que en este caso son sus usurpadores: ricos, políticos y comerciantes de lo público, verdaderos corruptos pues lo que debiera ser de todos termina en manos de unos pocos producto de maniobras de todo tipo que despliegan día a día, garantizando que quienes gobiernan la ciudad sean aquellos que los favorecen para hacer realidad –por vía legal, es decir, según las reglas existentes, redactadas por representantes de su misma clase y que los han antecedido al frente de la ciudad– todos aquellos negocios que los obnubilan, no importa que producto de ello millones se perjudiquen tanto en su economía diaria, así como tranquilidad, comodidad, aprovechamiento del tiempo, como en su salud fruto de la desmedida contaminación que padece la urbe*.

La resistencia de miles de pobladores de Bogotá, producto de un caro e ineficaz sistema de transporte, es la enseñanza de que las protestas y rechazo a los malos gobiernos también se expresan en el diario vivir, de manera silenciosa, protestas que retan el quehacer de un verdadero gobierno alternativo.

Evasión o pago del pasaje: la respuesta popular exaspera a la administración Distrital.

Publicado enEdición Nº260
A Mauricio Funes Cartagena no le bastó la corrupción de un país centroamericano. Necesitó la de dos

El expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) fue el primero de izquierda en un país que padeció la ineptitud y el saqueo de la derecha democrática durante 15 años. Hartos de gobiernos que despilfarraron las arcas del Estado mientras idolatraban la figura de Roberto d’Aubuisson, el asesino de San Óscar Romero, los votantes eligieron a Funes en aquel marzo esperanzador. Era la transición democrática tan anhelada. Era la llegada al poder de los que décadas atrás combatieron fusil en mano a los militares tiranos que gobernaron a punta de tortura y represión. Y el salvadoreño Funes estuvo a la altura de la noche. “Es la noche más feliz de mi vida y quiero que sea la noche de la más grande esperanza de El Salvador”, dijo tras ganar. Dijo también que aquel era el “mismo sentimiento de esperanza que hizo posible la firma de los acuerdos de paz”. Dijo que era tiempo de reconciliarnos y que sería el presidente de todos. Lo que dijo hizo a muchos emocionarse hasta el llanto. Miles sintieron que todo lo sufrido –y fue mucho lo sufrido- valió la pena.

Aquella noche en que la democracia salvadoreña –tan peleada, tan sangrienta- llegó a la madurez, nada permitía imaginar que el saqueo ya había empezado.

Desde antes de asumir la presidencia, Funes y sus más allegados funcionarios hacían lo necesario por entender a detalle cómo funcionaba una bolsa presupuestaria que su antecesor –ahora preso por lavado de dinero- ocupó para enriquecer sus empresas y erigir su mansión. Nada tardaría el salvadoreño Funes, otrora un periodista incisivo que pagaba a plazos su carro Mazda, en entender aquel infame presupuesto y empezar a derrochar. El nombre de ese rubro, por si no fuera poco descaro que no sea auditable por la Corte de Cuentas, es partida secreta. En su quinquenio, Funes tuvo más de $300 millones en este paisito donde hay escuelas cuyo presupuesto anual es de menos de $1 000.

El salvadoreño Funes derrochó: en febrero de 2011, tras dos años de haber logrado la histórica transición, el izquierdista llevó a su familia en un jet privado a Florida. En tres días gastó $115,389, el equivalente a dos años y dos meses de su salario. El viaje quedaría retratado en una foto que subió a redes su cuñada brasileña. La familia posa feliz frente al castillo de la Cenicienta del Magic Kingdom en Disney World. El presidente Funes se volvió un hombre de gustos finos: un día, $7,372 en la tienda de cueros Salvatore Ferragamo de Miami; otro, $10,000 en la fiesta infantil de su hijo en San Salvador; o $9,840 en una compra de joyas en la capital salvadoreña; Montblanc, Chanel, Futuretronics, compras en 29 ciudades del mundo a costillas de sus gobernados. Su entonces esposa y primera dama, Vanda Pignato, no se quedó atrás: $245,537 en un jet para viajar a Brasil en 2011, por ejemplo. Cuando en mayo de este año publicamos en El Faro el reportaje del saqueo, Pignato respondió que el dinero siempre se lo daba Funes y que los vuelos y sus tarjetas las pagaba el salvadoreño, que ella nunca supo con qué dinero.

Pignato está en El Salvador, en detención domiciliaria y enfrentando cargos de lavado de dinero. Funes tiene cinco acusaciones en los juzgados salvadoreños, pero vive opulentamente en la Nicaragua de Daniel Ortega. El represor nicaragüense dio asilo al corrupto salvadoreño. El argumento del expresidente Funes es sacado del manual del corrupto latinoamericano: dice ser víctima de una persecución política. Funes, que saqueó bajo la roja bandera efemelenista, encontró otra, rojinegra esta vez, para ocultarse en Centroamérica. La más rastrera solidaridad de la izquierda latinoamericana se consumó en la región.

El caso Funes sigue destapándose. Las investigaciones fiscales están apenas en curso y una bodega llena de documentos que alguien sacó de Casa Presidencial y a la que solo El Faro ha tenido acceso parcial aún está por explorar. Todo apunta a que apenas conocemos los caprichos de un hombre más que se torció en el poder.

El pasado martes 30 de julio el Gobierno orteguista asestó otra bofetada a El Salvador: nacionalizó a Funes. Desde esa fecha, el expresidente que desvalijó a los salvadoreños es nicaragüense. Funes no puede ser extraditado.

El nicaragüense Funes, quien suele tuitear hasta altas horas de la madrugada, no tardó en echar en cara al nuevo presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien prometió en campaña traerlo al país, que su extradición ya no procede.

Quizá Funes no entiende que esto no se trata de banderas ni de promesas grandilocuentes de candidatos presidenciales. Esta no es una partida entre adversarios políticos. Esto se trata de la dignidad de un montón de gente que trabaja con sueldos de hambre para vivir en lugares de miedo. Se trata de millones con dieta de frijoles y tortilla que ven cómo ese hombre despilfarró más de $6,000 en comida y bebidas en cinco horas de vuelos en un viaje en jet por Florida. Se trata de miles de policías del país más violento que sabrán impune a un señor que gastó en globos para una fiesta infantil lo que ellos ganan en dos meses. Esto va sobre un país que se ilusionó con una transición peleada por décadas, por la que decenas de miles dejaron la vida en las montañas y las lágrimas en las tumbas de sus familiares, para luego ver todo eso resumido en la figura de un sibarita que salía de joyerías con las muñecas adornadas y se paseaba por el mundo vestido de Ermelegildo Zegna y calzado con Ferragamos.

La impunidad construye –deforma- país. Lo sabemos en Centroamérica. Lo aprendimos humillación tras humillación, empezando por uno de los cimientos de nuestras democracias, las leyes de amnistía que cobijaron –cobijan- a tantos criminales de guerra. Lo ratificamos en estas democracias tan debiluchas, soportando a corruptos que se jactan de seguir ahí después de haber sido quienes son y hecho lo que hicieron. “Si pude haber robado, robé, pero no tengo mis manos manchadas de sangre”, dijo hace décadas un político salvadoreño, construyendo ese podrido argumento en el que se cobijan tantos funcionarios de la región: fui malo, pero pude ser peor, como otros. Funes aún puede saquear más a El Salvador. Ya saqueó sus arcas, ahora va con su dignidad.

En El Salvador, el fiscal y el presidente prometen que harán todo lo posible para traerlo y juzgarlo en el país. La maraña legal deja posibilidades minúsculas, y la mayor esperanza en los corrillos políticos es otro corrupto, Daniel Ortega, ese hombre conocido por saber sentarse con dios y el diablo en la misma mesa y pactar acuerdos con el purgatorio. Que Ortega llegue a traicionar a su protegido es la esperanza de buena parte de un país.

Sentar al salvadoreño-nicaragüense Funes en un juzgado no debe ser un acto de revanchismo político, sino un ejercicio en pro de que El Salvador se desentumezca un poco y se vaya poniendo de pie.

Por Óscar Martínez

23 AGO 2019 - 19:55 COT

Publicado enPolítica
El presidente de Perú plantea un referéndum para adelantar un año las elecciones

Para Vizcarra, el Parlamento desvirtuó las leyes de la reforma política y denegó la cuestión de confianza

 

 

El presidente peruano, Martín Vizcarra, usó el mensaje anual de Fiestas Patrias para encarar al Legislativo, que lidera la oposición fujimorista, luego de que la noche del jueves terminó de aprobar seis leyes de la reforma política propuesta por el Ejecutivo, pero modificándolas sustancialmente. El mandatario ha planteado como salida a la "crisis institucional" un referendum de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 28 de julio de 2020, y recortar el mandato del Congreso y el propio. Los comicios en Perú se realizan cada cinco años y estaban previstos para marzo o abril de 2021.

De acuerdo a una encuesta de abril del Instituto de Estudios Peruanos, un 70% de ciudadanos está de acuerdo con el cierre del Parlamento y un 84% desaprueba su desempeño.

La sociedad civil peruana ve, en particular desde julio de 2018, con mayor desconfianza el sistema de justicia y el Legislativo luego de las revelaciones de corrupción de una red llamada los Cuellos Blancos del Puerto, integrada por jueces, fiscales, empresarios, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y empresarios, algunos de ellos vinculados a políticos del partido fujimorista Fuerza Popular, que posee la mayoría en el Legislativo.

La primera semana de junio, Vizcarra solicitó al Congreso una cuestión de confianza como una forma de presionar a que ponga en debate proyectos de ley para contrarrestar la corrupción en la política, ya que dos de esas iniciativas implicaban reformas constitucionales, y si no se aprobaban antes del 26 de junio, no serían aplicables en las elecciones de 2021.

El jefe de Estado reemplazó en el cargo a Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018 y durante el período de PPK, el Congreso había rechazado la confianza en una ocasión. De acuerdo a la Constitución, si por segunda vez el Parlamento la denegaba a este Gobierno, el presidente podría cerrarlo y convocar unas nuevas elecciones legislativas.

El fujimorismo bloqueó en particular una ley que planteaba que un órgano autónomo decidiera el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Un congresista sentenciado a prisión este año por delitos cometidos cuando era comandante general del Ejército está prófugo por la demora del Parlamento en el levantamiento del fuero.

Asimismo, Fuerza Popular rechazó que en las elecciones de 2021 se aplicaran los criterios de paridad y alternancia en las listas al Parlamento, y solo aprobó un 40% de candidatas mujeres en las listas para 2021, y 50% dentro de diez años.

"El problema no es solo la demora, sino que las solicitudes de levantamiento de inmunidad vienen siendo rechazadas sin ningún sustento", cuestionó el presidente peruano en el hemiciclo al final de un mensaje de más de hora y media de duración.

"No hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de 'presidente, cierre el Congreso'", expresó, mientras los congresistas protestaban y sonaba la chicharra para intentar poner orden.

"Las reglas que tenemos hoy están quebradas e infiltradas de corrupción. ¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado", reclamó el mandatario.

"El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo, con esta acción se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir", manifestó.

Por Jacqueline Fowks

Lima 29 JUL 2019 - 01:56 CO

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Miércoles, 17 Julio 2019 07:49

Arrestan a Toledo en Estados Unidos

Arrestan a Toledo en Estados Unidos

El ex presidente peruano Alejandro Toledo fue arrestado este martes en Estados Unidos. Su detención se encuadra dentro del pedido de extradición requerido para poder cumplir con su procesamiento por presuntos actos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht, según informó el Ministerio Público peruano.

"El ex mandatario se encuentra en su primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas, como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país", señaló la Fiscalía en un mensaje vía Twitter.

La fuente oficial señaló que la información fue recibida a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional que indicó que Toledo "fue arrestado esta mañana por mandato de extradición, en Estados Unidos".

Presidente de Perú entre 2001 y 2006, su detención está relacionada con el proceso de extradición que se sigue en su contra desde mayo de 2018, luego de que testigos de la empresa Odebrecht confesaran haber pagado 20 millones de dólares al ex mandatario para obtener licitaciones en obras públicas.

En febrero pasado, la Fiscalía de Perú anunció un acuerdo de colaboración eficaz (un equivalente a la figura del arrepentido) con el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien reconoció haber ayudado a Toledo a recibir esos pagos y blanquear el dinero en paraísos fiscales. Maiman sostuvo el pasado 27 de junio ante fiscales peruanos que Odebrecht depositó en sus cuentas casi 35 millones de dólares en sobornos destinados al ex presidente Toledo.

Toledo es investigado desde que el ex directivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata declarara que le fueron entregados sobornos para obtener la licitación de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur durante su gestión.

Barata, ingeniero brasileño, afirmó frente a los fiscales peruanos que el dinero fue entregado por partes entre 2004 y 2010, en cuentas de Maiman, quien en sus declaraciones a la Fiscalía peruana también señaló que los fondos procedentes de Odebrecht eran derivados a Ecoteva, una empresa creada junto a la suegra del ex presidente Toledo, Eva Fernenbug.

Ecoteva fue fundada en Costa Rica por la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug. El Poder Judicial inició un proceso penal contra él y otras cinco personas por presunto lavado de activos. Sobre su esposa, Eliane Karp, también pesa una orden de arresto por el mismo caso. Ambos se han encargado sistemáticamente de negar vínculos con la corrupción y se han esforzado en definirse como víctimas de una persecución política.

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La plata de Odebrecht-Aval a la campaña de Santos

Como lo reveló W Radio, en Declaración Jurada ante la Fiscalía, Andrés Sanmiguel confesó que su empresa firmó un contrato falso –que nunca se ejecutaría– con el Concesionario Constructor Ruta del Sol, Consol –sociedad de Odebrecht y el Grupo Aval–, fruto del cual Consol le consignó 3.894 millones de pesos para financiar la segunda vuelta de la campaña presidencial Santos-Vargas Lleras 2014. Según Sanmiguel, él le pasó 3.800 millones en efectivo a Esteban Moreno, jefe de la candidatura de Santos en el Valle del Cauca y gerente de la campaña al Senado y la Cámara del Partido Liberal en 2014. Por la confesión, la Fiscalía le compulsó copias al Consejo Electoral y citó a descargos a Moreno y a Sanmiguel y David Portilla, su compañero en estas andanzas.


Vale resaltar que las acusaciones de Andrés Sanmiguel son afirmaciones sustentadas en documentos de su empresa que él le aportó a la Fiscalía, entre los que están la copia del contrato ficticio por el que Consol le consignó los 3.894 millones de pesos, al igual que las copias de los cheques con los que él convirtió en dinero efectivo la plata que personalmente le entregó a Esteban Moreno. El relato de los detalles de cómo se desarrolló la operación, incluido que Moreno recogía la plata en una camioneta blindada y protegido por veinte guardaespaldas, pueden leerse en el siguiente enlace ( http://bit.ly/32dHbi0 ).


Estos hechos también comprueban –aunque por estas revelaciones alguien confundido pueda pensar en algo diferente– que el encubrimiento fue el aspecto fundamental de la Fiscalía de Martínez, en contra de su deber de investigar a fondo los sobornos por treinta millones de dólares con los que el Consorcio de la Ruta del Sol II –Odebrecht-Grupo Aval– se quedó con el enorme negocio de esa vía.


Porque Andrés Sanmiguel confesó el 12 de junio de 2018, pero la Fiscalía solo le compulsó copias al Consejo Electoral el 14 de marzo de 2019, ¡nueve meses después! Y apenas les imputarán cargos a Sanmiguel, Portilla y Moreno el agosto que viene, si es que ello ocurre, ¡14 meses después de conocerse en detalle de estas maniobras corruptas!, hechos sobre los que el Fiscal Martínez había recibido otras denuncias formales en agosto de 2017, por la suma mencionada y por otros 3.920 millones de pesos también entregados a Moreno con el mismo fin. Llama la atención que esta pueda ser la única pieza de este proceso filtrada tanto tiempo después de generada, y solo luego de que la lucha anticorrupción de los colombianos expulsara de su cargo al Fiscal Néstor Humberto Martínez, el famoso Rey del tapen-tapen.


De otra parte, la corrupción en la Ruta del Sol II a favor de Esteban Moreno había sido denunciada en 2015 por Jorge Enrique Pizano, quien le explicó a Rafael Neira, vicepresidente contralor del Grupo Aval, pagos irregulares a RGQ Logistics –la firma de Moreno– por 2.477 millones de pesos, hechos que también conoció Néstor Humberto Martínez, en ese momento abogado de Sarmiento Angulo. Y el senador Bernardo Noño Elías confesó: “Mi interés era ayudarles a los de Odebrecht a que sacaran rápido el otrosí Ocaña-Gamarra, para que ellos entregaran recursos con destino a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, reelección primera y segunda vuelta”, prueba que tampoco llevó al Fiscal Martínez a investigar como debiera la campaña y el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando ya estaba de sobra establecido que Odebrecht financiaba campañas –las que fuera y en cualquier país– con el propósito de recibir a cambio contratos de obras públicas con los que pagaba los costos de los sobornos y hacía grandes utilidades.


Además de otras platas de Odebrecht a la campaña de Santos que literalmente no cabe mencionar en este artículo, también está la declaración del senador Armando Benedetti en 2017, que nadie refutó, sobre unas reuniones en mayo de 2014, a una de las cuales asistió Eleuberto Martorelli –Presidente de Odebrecht–, en la que Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras y Néstor Humberto Martínez le pidieron a cada uno de los treinta invitados que respaldara con cuatro mil millones de pesos la candidatura presidencial.


Y nada indica que la Fiscalía de Martínez haya investigado en serio las acusaciones de financiación de Odebrecht a la campaña Zuluaga-Trujillo 2014, a pesar de que Duda Mendoza denunció transferencias por 1,5 millones de dólares de Odebrecht a dicha campaña y que los directivos de la trasnacional, Mameri y Martorelli, confesaron que acordaron el arreglo con Daniel García Arizabaleta, directivo de la candidatura y del Centro Democrático ( http://bit.ly/32brkkk ).

 

@JERobledo


Bogotá, 5 de julio de 2019.

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Detenido Michel Platini por la adjudicación del Mundial de 2022 a Catar

El expresidente de la UEFA ha sido detenido en París "por actos de soborno activo y pasivo".

 

 

El exfutbolista francés y expresidente de la UEFA Michel Platini ha sido detenido este martes dentro de la investigación que se sigue por corrupción en la concesión del Mundial de fútbol de 2022 a Catar, informaron medios franceses.

Platini está bajo custodia policial en los locales de la Oficina anticorrupción de la Policía Judicial en Nanterre, junto a París, según el diario digital Médiapart.

Platini, que fue presidente de la UEFA de 2007 a 2015, cumple una inhabilitación de cuatro años —que expira en octubre— por violar el código ético de la organización al aceptar en 2011 un cobro, autorizado por el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, de cerca de 1,8 millones de euros por trabajos hechos entre 1998 y 2002.

Además de quien fuera la estrella de la selección francesa ha sido detenida una antigua consejera del expresidente francés Nicolas Sarkozy, Sophie Dion, mientras que el exsecretario general del Palacio del Elíseo Claude Guéant ha prestado declaración bajo el estatus de "sospechoso libre", según el diario Le Monde.

En 2016, la Fiscalía Nacional Financiera abrió una investigación por supuesta corrupción en la atribución del Mundial 2022 a Catar, por la que el propio Platini ya declaró como testigo en diciembre de 2017.

La investigación se centra en la reunión que mantuvieron en noviembre de 2010 las autoridades cataríes con Sarkozy y Platini en el Palacio del Elíseo, a la que también asistieron Guéant y Dion.

PARÍS

18/06/2019 11:12 Actualizado: 18/06/2019 11:33

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