Se cae la acusación de que Lula es dueño de una propiedad en Sao Paulo entregada como soborno

Brasilia. La aceptación de solicitud de venta de una propiedad atribuida a Luiz Inácio Lula da Silva en el municipio Atibaia, en Sao Paulo, como pago por presuntos favores políticos, echó por tierra ayer acusaciones contra el ex presidente brasileño.

El ministerio público federal fue favorable a la solicitud de autorización del empresario Fernando Bittar, quien es el dueño del inmueble, para venderlo.

Tal aprobación refuerza los argumentos presentados por la defensa del ex mandatario de que no tiene nada que ver con la posesión, como argumentan los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato.

El portal Brasil 247 indica que el proceso contra el ex dirigente izquierdista, "sin pruebas y sin crimen, produce anomalías jurídicas".

Lula fue condenado a 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción pasiva, activa y lavado de dinero, sin haber probado ninguna acusación. El proceso ahora está en el tribunal federal de la cuarta región para juicio en segunda instancia.

El sitio de noticia señala que la condena fue dictada por la juez Gabriela Hardt, en una "sentencia inmoral por ser una literal copia y pega" de las acusaciones del caso del departamento de Guarujá, con extractos del fallo emitido por el cuestionado ex juez Sérgio Moro, incluidas las inconsistencias.

Durante el juicio, Lula nunca negó que frecuentaba el inmueble de sus amigos.

Pero los fiscales alegan que el ex gobernante era el dueño oficial y fue beneficiado por supuestas reparaciones realizadas por la empresa Odebrecht en el inmueble.

Dicha constructora brasileña está envuelta en una ola de escándalos por corrupción en casi toda América Latina.

La anomalía está justamente en el hecho de que Lula no es el dueño de la propiedad, sino Bittar, conforme el ministerio público reconoce al aceptar su pedido de venta.

Por otra parte, Lula, quien ayer cumplio 416 días en prisión, envió una carta al Salón del Libro Político en Sao Paulo. "Leer es un acto político. No es casualidad que nuestros adversarios, al mismo tiempo que intentan criminalizar la política e impedir toda forma de activismo, atacan con tanto odio el saber, el conocimiento. Quieren más armas y menos libros", escribió Lula en la misiva leída por el actor Sérgio Mamberti.

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Carta desde... Finlandia, la paradoja de la felicidad

Cada mañana, en la pequeña calle en la que vivo a las afueras de Helsinki, se repite la misma escena adorable. Los niños caminan al colegio, algunos solos, otros en grupos de dos o tres, con las mochilas balanceándose en sus espaldas. Los más pequeños tienen siete años y su mochila es casi tan grande como ellos mismos.


Camino a la escuela, hay un paso de peatones. Los conductores reducen la velocidad y, cuando ven a los niños, se detienen para cederles el paso. Quien no se detiene para dejar pasar a un niño es considerado maleducado. Pero en la mayoría de los casos, el niño cruza, saluda con la mano al conductor y sigue caminando hacia uno de los mejores sistemas de escuelas primarias del mundo.


El área metropolitana de Helsinki tiene una población de más de un millón de personas. Pero los niños de siete años van solos a la escuela. Por segundo año consecutivo, Finlandia ha sido elegido el país más feliz del mundo y todo se reduce a esto: lo segura que es aquí la vida.


La sociedad también es segura y, sobre todo, estable. En general, la gente es honesta. Si se te cae la cartera en la calle, es bastante probable que la recuperes con todo lo que tenías dentro. En cuanto a la corrupción, Finlandia también encabeza el ránking de honestidad. El campo no está contaminado y es muy sencillo estar en contacto con la naturaleza. La mayoría de finlandeses viven a no más de 30 minutos del bosque.


La riqueza está distribuida de forma muy equitativa, en términos globales, aunque entre los finlandeses no exista esta percepción. Cada año se publican las declaraciones de la renta del ejercicio anterior y, entonces, los medios de comunicación arden y la gente se horroriza de la cantidad de gente rica que hay en el país. Los finlandeses más listos simplemente se ríen y lo llaman el Día de la Envidia Nacional. Todo el mundo saca el móvil y lee artículos sobre declaraciones de la renta de otras personas.


Las declaraciones de la renta son públicas porque la población cree de verdad que el acceso abierto a la información da buenos resultados. Cualquiera que lo considere importante, puede averiguar cuánto dinero gana su vecino, su primo o sus colegas. Sin embargo, nadie cree que, en comparación con otros países, los finlandeses ganen mucho dinero. Por lo menos, no tanto como los suecos o los daneses, y ni hablar de los noruegos. Nos va bien y ya está.


Finlandia es una sorprendente historia de éxito en la periferia norte de Europa, y es sorprendente porque no había mucho con lo que empezar. La segunda estrofa de nuestro himno nacional, escrito en los años 1840, comienza así: "nuestra patria es pobre y así permanecerá". Aunque no se suele cantar esta segunda estrofa.


En la década de 1860, Finlandia sufrió la última hambruna europea debida a causas naturales. Cuando Finlandia se independizó en 1917, la consecuencia inmediata fue una guerra civil, que resultó una de las más sangrientas y crueles. Hace cien años Finlandia tenía casi todas las características de un país abocado al fracaso. Pero muchas cosas han mejorado desde el entonces hasta hoy, que somos la nación más feliz del mundo.


Pero, ¿realmente lo somos?


Finlandia también sufre de un extraño conflicto que le es familiar a muchos otros países europeos. Algo que podría llamarse la paradoja de la felicidad.
La gran mayoría de los habitantes, en términos objetivos, tiene una calidad de vida mejor que la de casi todo el resto del mundo, de cualquier época de la historia. Década tras década, el nivel educativo de la población ha progresado y la gente es más sana y vive más tiempo.


Sin embargo, existe también un perturbador clima de insatisfacción.


Finlandia es un país basado en una democracia progresista y una economía de mercado. Todo país pequeño debe tener apertura y una estrategia internacional.


Puede que a las personas que han nacido en países grandes les cueste comprender esto. Quizá Alemania o Francia se las puedan arreglar solos, y el Reino Unido está planeando intentarlo, pero Finlandia, con su población de 5,5 millones de habitantes, no puede darse ese lujo.


Sin influencias foráneas, nuestro país se pudriría en su propia excelencia imaginada, y sin una industria de exportación todavía estaríamos tejiendo calcetines en la oscuridad de los inviernos sin luz eléctrica. Finlandia es uno de los campeones de la democracia progresista, la economía de mercado, la globalización y la integración europea. Y sin embargo, hay algo que cruje: la paradoja de la felicidad.


El escritor indio Pankaj Mishra llamó a nuestra época la Era de la Furia. En su libro de 2007 con el mismo título, utilizó la palabra francesa ressentiment. Quizá un término demasiado sofisticado que proviene de los textos del propio Friedrich Nietzsche. El filósofo alemán hablaba de "hombres de resentimiento" que operaban en "el tembloroso imperio terreno de la venganza subterránea, inagotable e insaciable en estallidos".


Casi parece que Nietzsche hubiera predicho el surgimiento de las redes sociales donde, desde ahora, los estallidos de furia podrían considerarse como un acompañamiento constante. La gran pregunta es cuán a menudo irrumpen en la vida real.


Se ha dicho y escrito mucho sobre la turbulencia en Europa. Los principios esenciales son los mismos en todos lados, pero en cada país esta turbulencia se manifiesta de forma diferente. El resentimiento finlandés se expresa prominentemente en forma de xenofobia. Proporcionalmente, Finlandia tiene menos inmigrantes que, por ejemplo, Suecia, Reino Unido o Alemania, y aún así los finlandeses se han colado entre los más xenófobos de Europa.


Hace poco, tras la celebración de las elecciones en Finlandia, el paisaje político comenzó a fragmentarse de una forma que recuerda a Holanda. El Partidos de los Finlandeses, la formación nacionalista en contra de la inmigración, obtuvo el 17,5% de los votos. Su consigna electoral podría traducirse como "Recuperemos Finlandia".


También se espera que a este partido le vaya bien en las elecciones europeas de mayo. Así que así es como Finlandia, el país más feliz del mundo, hará su pequeña contribución al fenómeno que Matteo Salvini espera que se traduzca en una "primavera europea".


Sería engañoso y simplista decir que sólo las formaciones populistas desahogan sus frustraciones, aunque sea una característica que se atribuyen de buen grado. Sin embargo, estos resultados ni siquiera tienen en cuenta el hecho de que un cuarto de los finlandeses no se molesta en ir a votar. Y esa cifra es de las elecciones nacionales: en las elecciones europeas, la participación es aún menor.


En general, los finlandeses parecen tener una insatisfacción mística hacia todo. Cada vez que se producen cambios de gran magnitud (como la reforma del sistema de sanidad), tienden a pensar que el resultado será un problema, no una solución.


Y esta actitud no se limita a soluciones que cuestan decenas de miles de millones de euros. Incluso el más insignificante problema puede convertirse en una batalla apocalíptica, como las comidas escolares. En Finlandia, hace décadas las escuelas ofrecen comida gratuita y ahora, con los cambios en las preferencias, se ha abierto un debate feroz en los Ayuntamientos sobre la proporción correcta de carne, pescado, comidas vegetarianas o veganas.


En medio de estas discusiones, es fácil olvidar qué gran logro es que una sociedad se haga cargo de las comidas escolares. La tragedia del país más feliz del mundo puede ser su incapacidad de recordar que es feliz.


Un abrazo,


Heikki.

Heikki Aittokoski, periodista del diario Helsingin Sanomat

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 Rafael Vela, en una imagen de archivo. Agencia Andina

El fiscal que investiga las ramificaciones del 'caso Odebrecht' defiende las medidas preventivas para asegurar la acción de la justicia

 La corrupción ya ha hecho temblar los cimientos del poder político en Perú, pero los responsables de las principales investigaciones están determinados a llegar hasta el final para garantizar la acción de la justicia. Las repercusiones del caso Odebrecht, una gigantesca trama de sobornos millonarios tejida en América Latina por la constructora brasileña durante dos décadas, han sacudido al país y han reavivado la conciencia crítica de la sociedad. El escándalo llegó a acorralar a cuatro expresidentes. Alan García se suicidó el pasado miércoles minutos antes de ser detenido. La justicia impuso el viernes tres años de prisión preventiva a Pedro Pablo Kuczynski. Alejandro Toledo huyó hace dos años. Ollanta Humala también ha pisado la cárcel. En este contexto trabaja el fiscal superior Rafael Vela Barba (Lima, 45 años). Desde agosto de 2018 es el coordinador del denominado Equipo Especial Lava Jato, el grupo de investigadores encargado de esclarecer las circunstancias de las contrataciones de Odebrecht en Perú.


Vela conversó con EL PAÍS por teléfono poco después de que el juez dictara la medida cautelar contra Kuczynski, quien está acusado de lavado de dinero. Fue juez de lo penal entre 2003 y 2011, consultor y profesor de Derecho Procesal. Habla con serenidad de las dificultades a las que se enfrentan las investigaciones y defiende la necesidad de las detenciones durante la fase de instrucción para facilitar las indagaciones de un caso. La próxima semana interrogará a Jorge Barata, antiguo director ejecutivo de la compañía brasileña en Perú.


- ¿Qué está pasando en Perú con el caso Odebrecht? ¿En qué fase está?


- Estamos en una fase ya de mayor madurez procesal, buscando medidas que aseguren que los fines de la investigación sean los que correspondan al procesamiento de la información que estamos recibiendo. A través de la actividad investigativa de los fiscales soportada y tal vez potenciada por herramientas procesales como la colaboración eficaz. Son mecanismos en los que a partir de asumir culpabilidad se acercan a la Administración de justicia para brindar toda la información que tienen sobre los delitos que puedan haber cometido y reciben en contraprestaciones beneficios premiales, o sea, premios por esa información. Hemos culminado ya un convenio de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. Con esa información entramos a esa mayor agresividad procesal. Porque ya tenemos información que puede superar los altos estándares que hay para las medidas coercitivas y que nos permite asegurar a los investigados lo necesario y hacer nuestro trabajo ya con una planificación estratégica.


El fiscal se refiere a la fuga de algunos investigados. "Hemos tenido experiencias acá en el país, hay varios casos, el de Alejandro Toledo, el de Hinostroza Pariachi, el caso del señor Félix Moreno... Hay muchos casos en los que, por diferentes razones, generalmente vinculadas a esta campaña agresiva que tenemos en contra de hacer un presunto mal uso de las herramientas procesales de aseguramiento como es la prisión preventiva o la detención preliminar, no puedan permitir que esa flexibilidad genere impunidad. Y eso es contra lo que nos encontramos".


Estas medidas, defiende, responden a los métodos de consecución de la información. "Estos casos son muy complejos y la información no es de fácil acceso, sino es completamente más bien clandestina u oculta, por eso necesitamos muchas veces negociar acuerdos de colaboración eficaz porque de otra manera no podríamos acceder a la prueba y eso significaría más bien por el contrario las defensas que son muy activas".


Vela hace hincapié en un paréntesis que considera clave, esto es, el pulso con los abogados. "No se olvide usted que estamos enfrentando no solamente a toda la clase política del país que está involucrada en hechos de lavado de activos y corrupción sino también propiamente a un fenómeno de espaldas financieras muy grandes en donde también las personas de alto perfil tienen mucho dinero para pagar defensas técnicas muy calificadas", sostiene. "Nos estamos enfrentando sin excepción a todos los grandes estudios de abogados de Lima en materia penal. Es una pelea con todo lo que el dinero puede pagar, dinero que además muchas veces tiene una condición ilimitada en la medida de que la corrupción tiene grandes fondos. La abogacía es siempre una profesión que está vinculada al ejercicio del derecho, todos tienen derecho a la defensa y todos en este caso tienen defensa muy calificada", continúa.


A eso se añade el clima político. "Nosotros tenemos investigada a la lideresa de la mayor fuerza del Congreso, que es la señora [Keiko] Fujimori, teníamos investigado al señor García. Tenemos investigado al señor Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, al señor Ollanta Humala Tasso, expresidente de la República, al señor Alejandro Toledo, expresidente de la República, tenemos también a personas vinculadas a la política que están siendo también objeto de investigación. Es decir, la señora Susana Villarán, el señor Luis Castañeda Lossio [exalcaldes de Lima]. Para nosotros es un fenómeno muy complejo porque no solamente nos enfrentamos al poder del dinero para contratar defensas técnicas muy calificadas, sino también a la clase política del país que en este momento está presente".


- ¿Y estas circunstancias generan presiones?


- Absolutamente. Con un ejemplo se puede tratar de establecer una fotografía de lo que nosotros pasamos. El día 31 de diciembre, cerca de las nueve de la noche, la cabeza de nuestra institución, que es la Fiscalía de la Nación, dejó sin efecto nuestras designaciones en el equipo especial, tanto a mí, que soy el jefe del equipo, fiscal superior, como el doctor José Domingo Pérez, que es un componente muy representativo del equipo especial, fiscal provincial. A partir de lo que entendemos era una injerencia de la política dentro de la institución. Dejaron sin efecto nuestras designaciones luego de una permanente hostilización que se desató a partir de que tomamos la decisión primero de detener preliminarmente y no solicitar una prisión preventiva, que no se suele conseguir por el poder judicial, contra la señora Fujimori. Tenemos presiones de ese tipo, presiones parlamentarias permanentes, porque los parlamentarios son los primeros que siempre nos atacan.


Vela admite que la resolución sobre el arresto de Kuczynski, ingresado en una clínica, puede ser "controvertida". "Sin embargo", prosigue, "es un asunto judicial que tiene que resolverse a partir de la defensa técnica que tiene el señor Kuczynski". "Vamos a una doble instancia, una instancia plural, donde hay un derecho de apelación y eso se resolverá ahí. Nosotros podemos ganar o perder, pero nos sometemos a la ley. Sin embargo, si usted ve la televisión yo he contado hasta siete congresistas criticando la resolución judicial y más bien cuestionándola fuera del contexto de respeto de lo que es poder del Estado y una institución autónoma como es el Ministerio Público y muchas veces generando un comentario sin conocer el caso. Entonces vemos que es más una consigna política".


El equipo de investigadores, que lidia con 36 carpetas, está integrado por cuatro fiscales provinciales y un fiscal superior, apoyados por algunos adjuntos. El coordinador asegura que no hacen nada extraordinario más allá de su propio trabajo y lamenta la falta de recursos, aunque asegura que cuenta con el apoyo "en todos los sentidos" de la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. "Tal vez sí somos un grupo especializado, pero bastante corto. Cuando hemos pedido más dinero por ejemplo para crecer porque tenemos un caso sumamente complejo nos han dicho que no hay dinero".


- Perú ha sido el país donde las investigaciones de Odebrecht han avanzado más. ¿Por qué?


- Tiene que haber gente calificada, pero fundamentalmente tiene que haber gente que tenga la mística para hacer un trabajo por el cual uno no gana más dinero que el que corresponde a su salario. Ha sido bien complejo el proceso de selección de las personas del equipo especial. También es verdad que, dentro de la propia institución, al tratarse de un caso de gran envergadura sometido a mucha presión y a muchas circunstancias y vicisitudes complejas, de interferencia política, muchos fiscales no se quieren comprometer. Tiene que haber una tecnificación propia de enfrentarte a los mejores abogados que el dinero puede pagar. No sería tampoco una igualdad de armas si no tienes un fiscal que pueda enfrentarse con eficiencia y con preparación académica a un abogado que seguramente es muy bien calificado porque es el dinero el que puede pagar. En esa medida, a partir del factor humano que es un hecho básico, viene la estrategia procesal y creo que es lo que define finalmente también el avance de la investigación, que es una apertura a mecanismos alternativos como las colaboraciones eficaces.


- Parece, además, que existe una mayoría social que apoya una regeneración de la vida pública en Perú. ¿Es así?


- Quisiera añadir un aspecto medible. Cuando fuimos cesados por el doctor Chávarry, que era el fiscal de la Nación de ese momento que luego dio marcha atrás, la única razón más allá de la discusión legal de esto creo que fue por la fuerza de la presión pública respecto de la legitimidad del trabajo que nosotros hacemos. Por eso retrocedió.


- Anunció en marzo que estaba cerca la acusación del expresidente Humala, pero aún no la presentaron. ¿Por qué?


- Venimos pretendiendo acusar a Ollanta Humala desde octubre 2017, pero su defensa ha presentado muchos recursos que nos han obligado a litigar. En ese momento teníamos una estrategia y habíamos logrado hablar con Marcelo Bahía Odebrecht [antiguo responsable de la constructora], algo que ninguna fiscalía del mundo lo había podido hacer. Sucedió que contábamos que íbamos a tener la ayuda del anterior fiscal, Hamilton Castro, para obtener testimonios de otros tres ejecutivos, pero se empezaron a enrarecer las relaciones entre el fiscal Castro y el señor Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, y otros se negaron a declarar. Entonces hubo que renegociar con ellos en un nuevo acercamiento para que pudieran declarar.

 

Por, Francesco Manetto / Jacqueline Fowks

Lima 20 ABR 2019 - 22:04 COT

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La justicia peruana dicta tres años de prisión preventiva para Kuczynski

Las sospechas de corrupción siguen sacudiendo a la política peruana. La justicia impuso este viernes tres años de prisión preventiva al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que sigue ingresado en una clínica privada tras haber sido sometido a un cateterismo el pasado miércoles. La medida, dictada por un tribunal especializado en corrupción de funcionarios, se adoptó a petición del equipo de la Fiscalía encargado de investigar las ramificaciones del caso Odebrecht en el país. Esta decisión llega apenas dos días después de que el también exmandatario Alan García se suicidara por su implicación en la gigantesca trama de pagos de sobornos a la constructora brasileña que ha hecho temblar los estamentos políticos de América Latina.

Kuczynski, que ganó las elecciones en 2016 y dimitió el año pasado por un caso de supuesta compra de votos, está investigado por la Fiscalía por el delito de lavado de activos en "las modalidades de transferencia, conversión y ocultamiento" con el agravante de "posible pertenencia a una organización criminal". El expresidente estaba bajo arresto preliminar de diez días desde el 10 de abril. Su secretaria y su chófer también fueron arrestados ese día pero quedaron libres el pasado lunes.


El político, de 81 años, fue internado en una clínica privada tras sufrir dolor en el pecho y arritmia y pasó a una unidad de cuidados intensivos luego del cateterismo. Sin embargo, la evaluación de los médicos indica que su condición no reviste gravedad. "Aún continúa en la UCI, estamos a la espera de la opinión de la junta médica", informó el congresista Gilbert Violeta a El PAÍS minutos después de que el tribunal leyera la resolución de detención preventiva. Este representante, electo por Peruanos Por el Kambio, la agrupación impulsada por Kuczynski cuya sucesora es ahora Contigo, y perteneciente a la bancada de Concertación Parlamentaria, criticó la decisión al considerar que para un hombre de esa edad "es en buena cuenta una sentencia de muerte". "La justicia peruana se desacredita a ojos del mundo en el caso PPK. Esta barbaridad tiene que parar", escribió después en su cuenta de Twitter.
La resolución del juez, Jorge Luis Chávez Tamariz, recoge, no obstante, un informe médico legal que señala que el estado del exbanquero de inversión "es inestable pero no indica que sea enfermedad grave". El principal argumento de la detención guarda relación, según el fallo, con el peligro de obstaculización de las investigaciones del equipo de fiscales encargados del caso. Además, el juez apunta que el riesgo de fuga es considerable.


La justicia ha determinado, por el momento, que Kuczynski ocultó y dio información falsa sobre la responsable de las cuentas de Westfield Capital, la empresa unipersonal de banca de inversión desde la que prestó servicios de consultoría a Odebrecht. El juzgado dispuso además orden de comparecencia para la secretaria del expresidente y su conductor.


La investigación apunta que Kuczynski y su antiguo socio Gerardo Sepúlveda recibieron más de dos millones de dólares de Odebrecht por trabajos de consultoría sobre dos obras públicas que finalmente fueron concedidas a la compañía. Se trata de la carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos, ubicado en el norte del país. Parte de esos depósitos los recibió de Odebrecht cuando era ministro durante el mandato de Alejandro Toledo. La justicia señala que en esa condición de alto funcionario del Gobierno aprobó también normas que favorecieron la concesión de dichas obras públicas a la empresa. Además, según las indagaciones de la Fiscalía y pruebas proporcionadas por la constructora, Toledo recibió unos 20 millones de dólares en sobornos por la concesión de la vía Interoceánica Sur.


La medida de prisión provisional se produce en un contexto que demuestra la voluntad del equipo encargado de investigar las ramificaciones del caso Odebrecht en Perú de llegar hasta el final a pesar de las críticas de algunos sectores políticos. Este viernes se conoció una carta que García dejó a sus hijos antes de dispararse cuando iba a ser detenido. En ella, rechaza “sufrir injusticias y circos”, asegura que “no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza” y lanza un amargo mensaje al calificar su suicidio de “muestra de desprecio” hacia sus rivales políticos.

Por Francesco Manetto / Jacqueline Fowks

Lima 19 ABR 2019 - 19:35 COT

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Viernes, 19 Abril 2019 08:20

¿Presidente peruano? ¡Al bote!

¿Presidente peruano? ¡Al bote!

Un tiro de pistola en la cabeza a los 69 años. El reciente suicidio de Alan García, dos veces presidente de Perú, mientras la policía entraba a su casa para capturarlo, ilustra trágicamente el estado agónico de la élite gobernante del país.

En desconcertante simetría, los pasados cinco presidentes –más una casi-presidenta, “dueña” del Congreso, Keiko Fujimori– tienen problemas muy graves con la justicia, en particular desde que fueron atropellados por la avalancha Odebrecht, el caso de corrupción más célebre y ruidoso de América Latina en los pasados años.

A Alberto Fujimori se le puede considerar un caso aparte, y el único realmente juzgado: por sus graves crímenes, desde el autogolpe de 1992 hasta su renuncia vía fax en 2000, está purgando una condena de 25 años, ha obtenido una amnistía ilegal de Pedro Pablo Kuczynski –quien, de paso, ha perdido la presidencia por ello– y ha regresado, pero más al hospital que a la cárcel. Fujimori, que nunca ha pedido perdón por las matanzas que ordenó ni restituyó un centavo de los millones robados, ya es un cadáver político aun con dos herederos activos.

Alejandro Toledo, el cholo de Harvard, que en su época (2001-06) fue considerado un “libertador” por haber encabezado la histórica Marcha de los Cuatro Suyos, recluido recientemente en estado de ebriedad por los policías estadunidenses, se ha reducido a un escuálido borrachín refugiado en Estados Unidos para eludir la justicia nacional. Toledo, prófugo junto con su esposa desde dos años, parece haber recibido al menos 20 milloncitos de Odebrecht.

Alan García, cuya segunda presidencia (2006-11), después de la desastrosa primera (1985-90), sólo se debió a una temporánea e inducida amnesia de los peruanos, muere así sin pagar por unas matanzas históricas que perpetró (El Frontón 1986, Bagua 2009) ni por los prolongados latrocinios que cometió en perjuicio de la nación. El bravucón que sin vergüenza sostenía que “la plata llega sola” y a quienes lo acusaban de enriquecimiento ilícito gritaba: ”¡Pruébenlo, imbéciles!”, una vez llegada la hora de las pruebas, ha preferido la fácil escapatoria de la impunidad perpetua.

Mientras sus escasos seguidores tratan de santificarlo como un “mártir acosado por malos jueces”, la mayor parte de la opinión pública lo considera un gran cobarde –especialmente después de su fallido intento, hace cuatro meses, de refugiarse en la embajada de Uruguay– y los críticos más benévolos subrayan (¿irónicamente?) su generosidad para con los suyos, a quienes deja en herencia una ingente fortuna mal habida.

Las fechorías ni tan ocultas de García, su arrogancia egocéntrica, la costumbre de sacrificar a sus subordinados para que pagaran por él, lo habían vuelto el político más impopular de Perú, blindado frente a la acción de la justicia gracias a los numerosos jueces que le debían el puesto. Sin embargo, la popular ofensiva del actual presidente Martín Vizcarra y de una nueva generación de fiscales contra la corrupción, debió hacerle escuchar pasos en la azotea, porque en los últimos tiempos manifestaba un creciente nerviosismo y ensayaba maniobras diversivas y “sicosociales”, como se les llama en Perú: que el gobierno lo estaba espiando (cuando en realidad se trataba de agentes puestos a su protección), que el verdadero problema del país era la anemia infantil y todo lo demás (o sea la lucha anticorrupción) era pura pantalla, que fue víctima de un intento de asalto (nunca comprobado).

El hombre que tenía fama de medicarse con litio, fármaco que se utiliza para curar trastornos bipolares o maníaco-depresivos, y que el embajador gringo en Lima –esto lo sabemos gracias a Wikileaks, ¡Assange libre!– definió “arrogante, desconfiado y con un ego colosal”, según un informe de 2006, no ha sabido enfrentar la posibilidad de pagar la cuenta. Lo que el entonces embajador James Curtis Struble anotaba entonces, podría sonar a epitafio: “Un aspecto en torno al cual hay casi un acuerdo universal es que García tiene un ego colosal que le puede cegar ante los méritos o las buenas ideas y alternativas que vengan de otro que no sea él. El ego de García es su talón de Aquiles y podría tener consecuencias contraproducentes para el actual gobierno, especialmente si no se vigila”.

Después de haber dedicado años a evadir la justicia –los nueve años de autoexilio en Francia, esperando que prescribieran los delitos de su primera presidencia– el último acto de Alan García ha sido justamente esto: burlarse de la ley. El APRA, un partido que ha tenido un lugar destacado en la historia del 900 peruano y ha formado parte de la Internacional Socialista, se va en el mismo entierro de Alan García, reducido a escombros por el abrazo mortal de su jefe.

¿Qué decir de los otros personajes de la lista? Ollanta Humala y su primera dama Nadine Heredia (2011-16), quien fue la verdadera presidenta del quinquenio, salieron en mayo 2018 de nueve meses de reclusión acusados de lavado de activos. La imputación de haber recibido al menos 3 millones de dólares de Odebrecht para sus campañas electorales de 2006 y 2011 le valió unos meses de prisión preventiva, una sanción que se adopta con demasiada frecuencia cuando hay riesgo de fuga o de manipulación de pruebas. No pueden dejar el país.

Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, a pesar de sus 80 años, acaba de experimentar 10 días de “prisión preliminar” –otra figura que se utiliza en espera de decidir sobre la conveniencia de la prisión preventiva, que puede llegar a tres años. Es investigado por lavado de dinero y crimen organizado por recibir pagos ilícitos de Odebrecht. PPK, que favoreció la empresa brasileña en la adjudicación de la Carretera Interoceánica, tuvo que renunciar a la presidencia hace poco más de un año. Nunca pudo ejercer realmente el poder por la furibunda oposición de Keiko Fujimori, quien está en la cárcel desde casi seis meses acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El último crimen de Keiko Fujimori –aunque no imputable legalmente– consiste en paralizar con su partido la reforma política y judicial impulsada por el presidente Vizcarra, cuya sincera disposición a combatir la impunidad se acompaña al derechismo continental del Grupo de Lima y a los intentos de reformas laborales reaccionarias. De hecho, el bipolarismo de Perú es bien visible: unos de los países más corruptos del continente es donde más se persigue a la corrupción.

Por Gianni Proiettis, periodista italiano

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PPK está acusado de haber utilizado sus cargos de ministro de Economía y primer ministro para favorecer a la constructora brasileña a cambio millonarios contratos.

PPK está acusado de haber utilizado sus cargos de ministro de Economía y primer ministro para favorecer a la constructora brasileña a cambio millonarios contratos.

Cae otro expresidente por el escándalo de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht. Ayer quedó detenido el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Contra él se ordenó detención preliminar por un plazo de diez días. Luego de este tiempo, se podría ordenar su detención preventiva hasta por 36 meses para ser investigado y procesado por los cargos de corrupción en su contra. PPK, como se le conoce al expresidente caído en desgracia, está acusado de recibir pagos a cambio de favorecer a Odebrecht cuando era ministro antes de llegar a la presidencia. La orden de detención sorprendió a Kuczynski en su casa, temprano por la mañana. Desde hace un año, cuando renunció a la presidencia, estaba con impedimento de salida del país.


“Aquí hay una persecución política”, se quejó PPK, en breves declaraciones a una radio colombiana dadas desde su casa, poco después de conocida la orden de detención. Negó los cargos en su contra, sin dar detalles. Pero los argumentos de defensa que ha dado en otras ocasiones han sido poco convincentes. En su cuenta de Twitter, el expresidente calificó su detención como “una arbitrariedad”. “He colaborado con todas las investigaciones (…) Nunca rehuí a la Justicia”, escribió. “Es un momento muy duro para mí”, señaló en otro mensaje.
Pasado el mediodía, Kuczynski, ya detenido, abandonó su vivienda en una camioneta de lunas oscuras, escoltado por la policía y la prensa. Luego de la revisión médica de rigor, PPK, de 80 años, quedó recluido en las celdas que tiene el Poder Judicial para los investigados con detención preliminar. Si en los próximos días la Justicia ordena variar la detención preliminar por la detención preventiva, Kuczynski sería internado en el mismo cuartel policial donde está recluido el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción, a quien PPK indultó pero que luego volvió a prisión al anularse ese irregular perdón. Es una cárcel VIP para ex presidentes.


Kuczynski está acusado de haber utilizado sus cargos de ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) para favorecer a la constructora brasileña a cambio de millonarios contratos de consultorías privadas a Odebrecht realizadas por las consultoras financieras Westfield Capital, de la cual PPK es accionista único, y First Capital, propiedad de un socio suyo y con la cual estaba estrechamente ligado. Toledo está acusado de recibir sobornos de Odebrecht y se encuentra en Estados Unidos sometido a un proceso de extradición.


Como ministro de Toledo, PPK firmó una serie de resoluciones que favorecieron a Odebrecht en diversos proyectos en los cuales las consultoras ligadas al entonces ministro asesoraban a la empresa brasileña. La fiscalía se ha centrado en el caso de la construcción de la ruta interoceánica que une Brasil con la costa peruana, licitación obtenida luego del pago de un soborno de 20 millones de dólares al expresidente Toledo y en la cual el entonces ministro Kuczynski tuvo un rol clave, y en el proyecto de irrigación Olmos, en el cual las empresas consultoras ligadas a PPK dieron asesoría financiera a Odebrecht y éste como ministro autorizó el aval del gobierno para préstamos a la empresa para financiar el mencionado proyecto. También se investiga el supuesto financiamiento ilegal de Odebrecht a su campaña electoral con 300 mil dólares.


Por las asesorías dadas a Odebrecht, las dos consultoras relacionadas con PPK cobraron cerca de cinco millones de dólares. Kuczynski dice que no participó en esos contratos, pero las evidencias revelan que luego de complejos movimientos financieros, que incluían traspasos de dinero de una consultora a otra y el uso de empresas offshore, más de 3,4 millones de dólares llegaron a sus cuentas personales.


Por esos cargos, en diciembre de 2017 en el Congreso se votó la destitución de PPK, quien se salvó luego de canjear con un sector del fujimorismo votos a su favor a cambio de indultar a Fujimori. En marzo de 2018 se dio otro pedido de destitución por los mismos cargos. Horas antes que el tema se vea en el Congreso, PPK renunció a la presidencia, después que se revelara el intento de comprar votos en el Congreso para salvarlo por segunda vez.


Los cuatro últimos expresidentes peruanos están involucrados en la trama de corrupción de Odebrecht, que está remeciendo la política peruana. Además de PPK y Toledo, también son investigados por la fiscalía los exmandatarios Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Y Keiko Fujimori, jefa del partido fujimorista que controla el Congreso, está en prisión preventiva desde noviembre pasado, procesada por el supuesto financiamiento ilegal de Odebrecht a su campaña electoral.


Kuczynski, veterano economista y promotor de inversiones privadas, ha ocupado diversos cargos públicos y ha sido sindicado desde hace mucho de utilizar la función pública para favorecer intereses privados. Estrechamente ligado a los grandes grupos de poder económicos, por su orientación y sus relaciones su gobierno tuvo mucho en común con el de Mauricio Macri. Pero PPK no duró mucho, por sus oscuras relaciones con intereses empresariales cayó diecinueve meses después de asumir el poder. Y hoy está en prisión por esa razón.

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Sodoma: homosexualidad e hipocresía en la Iglesia

Frederic Martel publicó un libro en que sostiene que 80 por ciento del clero de la curia romana es homosexual. Paradójicamente esta mayoría homosexual en Roma es homófoba. La utilizada como una máscara para encubrirse. El 21 de febrero en Roma, justo en el inicio de la cumbre antipederastia convocada por el papa Francisco, se presentó este libro titulado Sodoma, traducido a varias lenguas. Tuve la oportunidad de estar presente en la sala internacional de periodistas donde el autor explicó la naturaleza de su investigación. Cuatro años de trabajo, mil quinientas entrevistas, 30 países visitados, 80 investigadores de apoyo y traducción en diversos países y 14 abogados que lo defiendan de posibles demandas. Sin duda, el libro es no sólo una bomba, sino un éxito editorial por un enfoque no explorado. Su lanzamiento internacional es orquestado como un producto global. Es fruto de una paciente investigación cualitativa que despierta sorpresas en su contenido y cierto morbo, en los países católicos, como secuela de los escándalos de abuso sexual de clérigos a menores.

Sodoma, título del libro, fue una ciudad situada a orillas del mar Muerto según los textos del Antiguo Testamento. Junto a Gomorra, fue destruida por Yavhé. Sodoma, según los relatos, era lugar de perversión, vicios y perdición, castigada con violencia divina por una implacable lluvia de fuego y azufre.

La tesis central del libro es la incongruencia del discurso homófobo de los más altos jerarcas de la Iglesia católica de cara a su práctica y vida homosexual. El posicionamiento público de los jerarcas romanos contradice su comportamiento secreto y privado. Hay una suerte de hipocresía patológica, según el autor, pues existe una discordancia profunda entre su rechazo tajante y visceral ante todo lo homosexual con sus propios secretos íntimos. Mientras más críticos son con la homosexualidad, más lujuriosa es su vida oculta como gays, opina el autor. ¿Cómo explicar que cardenales homosexuales ataquen con todo al papa Francisco? Un gay friendly, es decir, tolerante y hasta condescendiente con los homosexuales. Sin embargo, el investigador francés no vincula la homosexualidad con el abuso pederasta del clero. Nos introduce a una manera alternativa para interpretar los laberintos vaticanos del poder. Martel reinterpreta a lo largo de sus más de 600 páginas la renuncia de Benedicto XVI, la crisis de Vatileaks, la lucha de poder entre camarillas y redes de clérigos homosexuales, entre otros episodios. Reinterpreta con nuevos parámetros los pontificados de Paulo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Circulan en la lectura personajes siniestros como Marcial Maciel, Fernando Karadima (Chile), Alfonso López Trujillo, cardenal colombiano que le declaró la guerra frontal a la teología de la liberación. También aparecen como cabezas de clóset homosexual los secretarios de Estado Angelo Sodano y Tarcisio Bertone. Retrata las redes de complicidades palaciegas que son consecuencia, entre la corrupción, la cobertura y el chantaje. Hay relatos abrumadores de una extraña relación de atracción-repulsión de actores eclesiásticos que se han envilecido.

En la conferencia de prensa en el centro histórico de Roma, diversos vaticanistas lo encararon, reprochando la falta de seriedad y rigor en su investigación. Es un análisis de entrevistas y hasta chismes, muchos sin posibilidad de corroborar. Con humor, Martel respondió que sólo un investigador gay como él podría hacer un trabajo de tal envergadura porque conoce los códigos de las comunidades homosexuales. Recapituló que recibió información en entrevistas de 41 cardenales, 52 obispos, 45 nuncios apostólicos, periodistas, embajadores extranjeros y más de 200 sacerdotes y seminaristas para develar el secreto mejor guardado en la Iglesia: la homosexualidad como sistema dominante. Incluso se ufanó de haber usado la seducción para adquirir información, aportación "novedosa" a la metodología científica. Y reprochó a los vaticanistas: "Ustedes no entienden nada de lo que ocurre en el Vaticano", o peor, son cómplices de los secretos de alcoba de los altos monseñores.

Bajo esta lupa, Martel analiza la crisis de vocaciones sacerdotales. Antes el sacerdocio era una salida digna para un joven homosexual. Con la apertura y mayor comprensión social a la condición, ahora la Iglesia resulta poco atractiva. Porque se ha convertido en un espacio de homosexualidad unas veces casta, otras veces, la mayoría manifiesta y promiscua, pero siempre teñida de homofobia

En el diario Francés Le Figaro, el dominico Thierry-Dominique Humbrecht ofrece una lectura crítica del libro. Reconoce revelaciones impactantes, pero ante todo increpa que es un trabajo militante. Un periodista miembro de la comunidad gay reprocha al Vaticano y a la Iglesia vivir no sólo una identidad homosexual retorcida, es decir, esquizofrénica, escondida y reprimida, sino también una sistemática agresión a las comunidades gays reales que viven con libertad su condición. El dominico reconoce que Martel pretende forzar a la Iglesia a evolucionar sobre la homosexualidad.

Martel, en Sodoma, nos introduce a las entrañas del Vaticano con diferentes claves de lectura. Ahí su originalidad. Exhibe espesuras fangosas desconocidas de la institución eclesiástica y un embarazoso sistema. Bajo una ley no escrita, lo que él llama "el código Maritain", clave que posibilita comprender los cimientos, actitudes y comportamientos de los actores no sólo del Vaticano, sino de muchas Iglesias locales. La Iglesia mexicana no escapa de esta investigación provocación. No sólo existe Maciel, no es él un accidente aislado, hay muchos otros actores agazapados en el clóset. Seguro vendrán nuevas pesquisas.

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El fantasma de Saadi Kadafi ronda tras la cabeza de Justin Trudeau en Canadá // El premier está implicado en un escándalo

Otro mandatario socio de México en el antiguo TLCAN es implicado en un grave escándalo por obstrucción de la justicia que puede costar su puesto al premier canadiense, Justin Trudeau.

Sin contar su pleito montado contra la telefónica china Huawei (https://bit.ly/2EePRtn), el otrora carismático líder de 47 años había empezado a perder la brújula con viajes estrafalarios a la isla privada del dignatario Aga Khan y a India, donde apoyó a los legendarios sijs, y su santa alianza con el atribulado presidente francés Macron contra Trump en la pasada cumbre del G-7.

Ahora, un megaescándalo, que ha sacudido las entrañas judiciales y políticas de la apacible Canadá, pone en tela de juicio su relección en los próximos comicios de otoño, en donde ya figura como perdedor con su Partido Liberal, frente al Partido Conservador que tampoco luce muy bien pero que se aprovecha de los graves errores de juicio de Trudeau.

La constructora SNC-Lavalin, con sede en Montreal (Quebec), cuenta con más de 50 mil empleados en más de 50 países y operaciones en más de 160 naciones, con ingresos de 6 mil 932 millones de dólares estadunidenses (en 2017).

Sucede que la pestilente constructora/minera/metalúrgica/ energética/hidráulica, debido a sus presuntas lubricaciones al Partido Liberal, gozó de la laxitud legal del gabinete de Trudeau, según explosivas acusaciones de la ex procuradora Jody Wilson-Raybould, quien acusó al premier y a otros 11 funcionarios de recibir "amenazas veladas" para obligarla a recusarse de la investigación (https://tgam.ca/2VH4AEv).

Las acusaciones versan sobre la conducta inapropiada de la constructora quebequense que sobornó a funcionarios de Libia, durante el mandato del luego sodomizado (literal) Muammar Kadafi, además de haber contratado hetairas al servicio de Saadi, hijo del mandatario libio, para complacerlo durante una visita a Canadá en 2008 (https://bit.ly/2IWSiqn). Ahora sí que los negocios de la constructora eran redondos e integrales.

La comparecencia de la ex procuradora –degradada a un puesto menor por desobediencia– ante el Comité de Justicia del Parlamento desencadenó una serie de renuncias que empezó con Gerald Butts, principal asesor político y amigo de adolescencia del premier.

El líder de la oposición del Partido Conservador, Andrew Scheer, conminó al premier a presentar su renuncia, quien reviró que serán las elecciones de otoño las que definan si debe continuar en su cargo.
El alegato de Trudeau para defender a la macabra constructora se centraba en la defensa de empleos y en la probable transferencia de la empresa de Montreal a otro lugar (https://bit.ly/2BSJ5cj).

Moon of Alabama diagnostica que “Trudeau está acabado (https://bit.ly/2HkXIZD)”: La matriz de la empresa y 3 mil 400 de sus empleados se encuentran en Quebec, donde el Partido Liberal "necesita colectar votos" en la elección federal de otoño "para conservar su mayoría". Un juicio contra la pestilente empresa la hubiera anatemizado de todos los contratos públicos en Canadá durante 10 años, lo cual "hubiera costado empleos y votos".

Curioso mundo neoliberal: el primer escándalo de Trudeau y está apunto de ser eyectado del poder, mientras que la putrefacta SNC-Lavalin destila desde 1995 (antes de que apareciera en el radar Trudeau) una espesa estela de azufre con una serie de escándalos: desde la presa hidroeléctrica de Kerala (India), pasando por la "reparación" del puente Jacques Cartier en Montreal (¡No perdonan ni a sus conciudadanos!), hasta su tsunami corruptógeno en Libia (por pitazo del gobierno suizo).

No podía faltar su eslabón del “México neoliberal itamita”, en la etapa aciaga de Calderón, cuya filial participó en "la trama para trasladar a México a Saadi Kadafi" mediante las tratativas bajo la mesa de los canadienses Stéphane Roy y Cynthia Vanier con la "mexicana" falsificadora de documentos Gabriela Dávila Huerta de Cueto (https://bit.ly/2SVIaxu).

El premier de Canadá niega rotundamente su injerencia legal y atribuye las renuncias a una "erosión de la comunicación" en su gabinete (https://bit.ly/2H8ZUnA). A ver qué dicen los electores.

www.alfredojalife.com

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El presidente de Ecuador adquirió una vivienda en España en 2016 a través de una sociedad 'offshore'

Medios ecuatorianos implican a Lenín Moreno en un escándalo de corrupción con ramificaciones en España. El diputado Ronny Aliaga, del partido Revolución Ciudadana, ha presentado una denuncia ante la fiscalía ecuatoriana


La activista con la que habla Público no puede esconder su indignación. Si se tratase de Vladímir Putin, Nicolás Maduro o Kim Jong-Un, afirma, la noticia habría salido hace tiempo en portada en todos los diarios, y a cuatro columnas. Sin embargo, la noticia ni siquiera ha sido tal. Y no porque ella y otros lo intentasen. Hasta que ha dado con Público, se puso en contacto con otros medios de comunicación, algunos de ellos importantes, pero ninguno contestó (uno de los pocos que se hizo eco del caso fue el portal kaosenlared). Para la activista, el motivo es claro: el protagonista de este escándalo no es otro que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que ha llevado al país de vuelta a la esfera de influencia estadounidense.
El escándalo, destapado por los periodistas Christian Zurita Ron y Fernando Villavicencio en el portal digital La Fuente a mediados del pasado mes de febrero en un reportaje titulado El laberinto offshore del círculo presidencial, tiene ramificaciones en España. El diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador por la provincia de Guayaquil, Ronny Aliaga, se trasladó recientemente hasta el municipio alicantino de la Vila Joyosa para denunciar que un apartamento del edificio Mirador fue adquirido presuntamente por la empresa offshore INA Investment, de cuyo accionariado forma parte el círculo íntimo de Moreno. Las propias siglas de la compañía serían una referencia al nombre de las tres hijas del presidente ecuatoriano: Irina, Karina y Cristina. La sociedad compró esta vivienda, que habría sido utilizada por la familia del presidente ecuatoriano para pasar sus vacaciones en el litoral valenciano, en el año 2016 a través de dos transferencias desde el Balboa Bank de Panamá. Txema Guijarro, diputado de Podemos por Alicante, presentó ayer martes una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados sobre la cuestión.


Los 'INA Papers'

La sociedad en el centro del escándalo estuvo domiciliada en Belice, un país centroamericano considerado paraíso fiscal. INA Investment fue constituida por el hermano del presidente ecuatoriano, Edwin Moreno Garcé, en marzo de 2012, siendo Lenín Moreno vicepresidente del país. Moreno Garcé también habría gestionado según las informaciones publicadas por La Fuente la apertura de cuentas en el Balboa Bank. Formaron parte de esta sociedad, ya disuelta, la esposa de Lenín Moreno, Rocío González, su consejero presidencial, Santiago Cuesta, y el empresario Conto Patiño, amigo personal del presidente ecuatoriano. En el escándalo también estarían implicados el empresario Xavier Macías Carmigniani y su esposa, María Auxiliadora Patiño Herdoiza, hija de Conto Patiño y administradora de la sociedad.


INA Investment compró varios inmuebles entre los años 2012 y 2016 para el uso de Lenín Moreno y su familia, además de artículos de diseño, carteras de piel de cocodrilo, automóviles de gama alta y muebles de lujo y alfombras para su residencia en Ginebra, cuando trabajaba como comisionado especial de la ONU para temas de discapacidad y accesibilidad. La trama se descubrió de hecho a raíz de que María Auxiliadora Patiño cometiese un desliz y pagase con fondos de INA Investment algunos de esos objetos para Rocío González Moreno durante los años en que el matrimonio residió en Ginebra.


En el reportaje de Christian Zurita Ron y Fernando Villavicencio se destaca una transferencia de unos 18 millones de dólares estadounidenses procedente de Sinohydro, una empresa estatal china, a la empresa Recorsa, administrada por Conto Patiño. Sinohydro recibió un contrato del gobierno ecuatoriano para la construcción de la presa de Coca Codo Sinclair, al este de Quito, la mayor obra de infraestructura pública de la historia del país. La oposición a Lenín Moreno considera que el entonces vicepresidente facilitó en 2009 a Carmigniani la obtención de contratos relacionados con este proyecto a cambio de comisiones. En su denuncia, Aliaga señala a Xavier Macías, Conto Patiño y María Auxiliadora Patiño como los testaferros que administraron y ocultaron las compras para Moreno y su familia realizadas con el dinero de los sobornos en efectivo, depositados en cuentas opacas en paraísos fiscales y administradas por INA Investment. El total superaría, de acuerdo con algunas fuentes ecuatorianas, los 65 millones de dólares.


Uno de los casos más sonados denunciados por los medios ecuatorianos ocurrió en 2016. Aquel año varias provincias del país se vieron afectadas por un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter. Lenín Moreno y Santiago Cuesta, denuncian el diputado del partido Revolución Ciudadana y otros, desviaron parte de las donaciones destinadas a ayuda humanitaria a cuentas privadas para su uso particular.


"Estamos viendo cómo la familia presidencial de Ecuador se ha dado la gran vida con dinero proveniente de las coimas de Sinohydro mientras el pueblo sufre despidos masivos, aumento de combustible, inseguridad, ineptitud e inconsecuencia de las autoridades", declaró Aliaga días atrás en una entrevista con Radio Panamericana.


Teniendo en cuenta que ni el presidente de Ecuador ni su equipo de comunicación han desmentido hasta la fecha lo publicado por La Fuente, en su denuncia ante la fiscalía, Ronny Aliaga considera plenamente justificada su denuncia, en la que solicita "la correspondiente investigación en contra del presidente Lenín Moreno, su hermano Edwin Moreno y otros" por la presunta comisión de los delitos de perjurio, falso testimonio y cohecho. Ante los medios de comunicación, el diputado ecuatoriano responsabilizó al gobierno de los riesgos que pueda haber a su seguridad e integridad.

 

Barcelona
06/03/2019 07:46 Actualizado: 06/03/2019 07:46
Àngel Ferrero

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Domingo, 03 Marzo 2019 09:40

El fiscal del diablo

El fiscal del diablo

Néstor Humberto lleva en la vida pública nacional desde finales de los años 80, en activa relación entre el sector privado bancario y la política partidista. Su relación entre el capital y el poder lo ha convertido en un alfil para tapar los torcidos. Hoy, con el escándalo de Odebrecht, su autoridad está cuestionada. Cada episodio que se conoce de esa serie, trasluce una realidad cada vez más oscura y tétrica de las “altas esferas”. Este perfil describe el sector social al que pertenece.

 

Abogado y economista, recientemente cumplió 69 otoños; proviene de una familia acomodada. Su padre, Humberto Martínez Salcedo –“El corcho”–, fue actor, periodista, humorista y director de cine. Trabajó para la emisora cultural HJCK; fundó el periódico El Pereque. Su imagen más recordada se relaciona con el maestro Salastiano Tapias, obrero de construcción en el programa “Sábados felices”, y el maestro Taverita en la serie nacional “El Chinche”. Con sus personajes se quejaba de la ineficiencia del Estado, de hecho dejó el Derecho para dedicarse al humor político; vivió entre la censura cuando le cancelaban sus programas. Su hijo seguiría sus pasos con el Derecho, pero en el otro campo quizás se convertiría en un mal chiste improvisado o muy gris. Como Heriberto de la Calle, en abril de 1998, cuando le preguntaba si con el doctor Pastrana todos eras sanos y calletanos, éste respondía que eran una gran alianza por el cambio. Como diría Garzón: quién iba a pensar que al primer maestro humorista le saliera un hijo así de cafre.

 

Trepando a la carrera

 

Nuestro bachiller salió del Colegio Mayor de San Bartolomé a comienzos de los setenta, quizás allí conoció a José Elías Melo cuando capaban clase o saltaban tapia. Posteriormente se formó en las disciplinas de economía y leyes en la Pontificia Universidad Javeriana, se especializó en derecho financiero y arbitramento comercial, conocimiento que pronto pondría en práctica al fundar el Centro de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, para escalar a continuación como funcionario de la Superintendencia de Sociedades hasta llegar a ser Superintendente delegado para instituciones financieras.

 

A finales de los 80 Virgilio Barco lo nombró Superintendente Bancario y a comienzos de los 90 asumió la primera Junta Directiva del Banco de la República; también estuvo en la Comisión de Supervisión Bancaria de América Latina y el Caribe; fue subgerente legal del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Una trayectoria como para saltar al escenario de la política nacional en el Ministerio de Justicia y Derecho en tiempos de Samper. Quizás allí aprendió cómo hacer grandes torcidos. Después viajaría como embajador en Francia, hasta que se le abrió la boca renunciando para lanzarse como precandidato liberal a la Alcaldía de Bogotá, disputa que pierde con nuestro alcalde de papel. Entonces se unió a una disidencia del partido liberal, alrededor del exfiscal Valdivieso, para aliarse con los conservadores.

 

El éxito del oportunismo lo llevó en la era Pastrana –a finales de los años 90– a ser Ministro del Interior y ejercer interinamente como Ministro de Justicia. Su renuncia se debió a un escándalo nacional, presionado para dimitir ante la amenaza de una moción de censura interpuesta por el entonces senador Amylkar Acosta –político liberal guajiro. El asunto en cuestión fue la reforma política; renunció antes que se votara la moción. Hoy tiene muchos más motivos para renunciar.

 

Una vez acumulado poder político y económico, montó su propia oficina de abogados, profesión que combinó durante toda la era de Uribe con la de profesor en distintas universidades. Hoy recibe el respaldo de quien está al frente y a la sombra de una franja importante del país en nuestro país, pues ante las denuncias de Daniel Coronel, el otrora Presidente y hoy Senador asegura que el fiscal es un hombre honesto.

 

Su relación con el capital financiero lo llevó a estar a la cabeza en el pleito más sonado en los 90, al representar a la familia Gilinski contra el Grupo Empresarial Antioqueño –el otrora “Sindicato Antioqueño”, en la fusión entre el Banco de Colombia con el Industrial Colombiano (BIC). De hecho, la firma legal Martínez Neira ha asesorado fusiones y compras bancarias como Colpatria con Corpavi, Bogotá con Megabanco y Superior con Davivienda. El éxito de la firma ha llegado a tal punto que realizó un acuerdo de asociación en Nueva York con el bufete legal DLA Piper (la mayor facturadora del mundo). Un negocio donde el bufete gringo adquirió una parte de la firma Martínez Neira, a la vez ambas se intercambian mutuamente clientes. La firma Martínez Neira ha asesorado no sólo a Luis Carlos Sarmiento sino también a Ardila Lule y al grupo Santo Domingo.

 

En el 2013, Néstor Humberto fue asesor en el proyecto de Ley de Baldíos, nada más que para beneficiar la situación jurídica de los grandes “cacaos” que habían comprado enormes extensiones de tierra en la antillanura, pasándose los topes legales de tierras dadas por la antigua reforma agraria. En el segundo periodo de Santos volvió a ser ministro, pero ahora con más poder como Ministro de Presidencia. Era conocido como el “Superministro” pues se relacionaba con todos los partidos e incluso unificó en un solo decreto cada ministerio, con especial polémica con el sector ambiental.


Unos años más, en el 2015, su poder seguía creciendo a tal punto que a finales del primer semestre protagonizó una pelea de gabinete, desautorizó de frente y en público –ante el Congreso– a Juan Fernando Cristo y Yesid Reyes, ministros del Interior y Justicia en ese momento. La coyuntura era el debate sobre el equilibrio de poderes, Humberto hizo proposiciones sin consultar nada con sus pares.

 

Con esta trayectoria logró el apoyo de los poderosos de siempre y de los advenedizos. Su amistad con Germán Vargas viene desde su disidencia liberal para fundar “Alianza por el cambio”, bautizado luego como “Cambio Radical”; no es extraño, por tanto, que Germán Vargas presionara a Santos para incluirlo en la terna de Fiscal sobre los 113 candidatos postulados, a pesar de no ser penalista. Con 17 de los 20 votos logrados en la Corte Suprema, cerraría con broche de oro una parte de su meteórica carrera. Cuando le preguntaron, como candidato, en qué casos se declaraba impedido señaló “No tengo ningún familiar y ningún cliente en causa de investigación”.

 

Amigo de Luis Carlos Sarmiento

 

El escándalo por corrupción suscitado por las contrataciones con Odebrecth tiene hasta el momento 91 personas investigadas, 18 en la cárcel, 15 fiscales rastreando coimas en 150 contratos ficticios y por 32,5 millones de dólares. De los pormenores que dejan ver la pus que cubre ese cuerpo se sabe más a partir de las declaraciones del trío brasileño de los “Luizes”, por ejemplo de los sobornos dentro de la Ruta del Sol II –Ocaña-Gamarra–, contratada durante la administración de Álvaro Uribe.

 

En ese entonces el viceministro de transporte, Gabriel García Morales, recibió sobornos que untarían a congresistas y funcionarios, el propio Gabriel sostiene que a los brasileños los conoció en Casa de Nariño. Ahora existen indicios que el 30 por ciento del soborno lo recibió Corficolombiana del grupo Aval, en manos de José Elías Melo Acosta, alto director de gerencia, que también fue ministro de trabajo en la era Gaviria y después Superintendente Bancario. Seguramente su confesión y aceptación de cargos sean favores cobrados para salvar a Luis Carlos Sarmiento Junior. El grupo Aval dice que conocieron de los sobornos en diciembre de 2016, cuando los directivos de Odebrecth declararon ante la justicia americana y brasileña. Pero el contrato de transacción es la prueba reina para demostrar un acuerdo para conciliar las partes. Varios poderosos están implicados, por ejemplo, Pedro Valencia, abogado de Corficolombiana en 2010 y hermano del actual ministro de agricultura.

 

La cercanía de Néstor Humberto con Sarmiento es tal que fue nombrado dentro de la Junta Directiva de la Casa Editorial El Tiempo, también como asesor de cabecera en la compra de El Tiempo al grupo español Planeta, y ante Securities and Exchange Commission, una especie de superintendencia en los Estados Unidos, para la entrada del Grupo Aval en la Bolsa de Nueva York. También asesoró al grupo en la compra de Promigas.

 

Caso Pizano

 

Recientemente la Fiscalía cerró el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano, exauditor de la Ruta del Sol, quien evidenció los sobornos y se los comunicó en agosto de 2015 a este paladín del derecho económico, para que se los entregara a Sarmiento. Pizano insistía que nadie le ponía cuidado por lo que llamaban chismes. En el curso de tal conversación con el hoy fiscal, la informalidad de éste, entre groserías y risas confirma la presencia del delito: “esta vaina se putió […] verifique esta mierda […] ese es un torcido […] yo tengo tantos años como profesional, yo me conozco a toda esa gente […] el único guevón que va a estar enterrado es usted (risas)”.

 

El fiscal dice que no podía como particular denunciar, además porque no se sabía para dónde iba la plata. Pero, ¿cómo no van a saber que es un delito? ¿Qué no tenía certeza que eran coima? Dice que cuando se posesionó como fiscal, Odebrecth no era todavía un escándalo. Las cosas cambian y Pizano se convirtió en testigo contra el presidente de Corficolombiana, lo que permite presumir que ya había tensión de alto calibre entre los otrora amigos.

 

En el caso Odebrecht, Néstor Humberto se declaró impedido solo hasta mayo del 2018, antes viajó internacionalmente para entrevistarse con 10 fiscales, incluyendo el de Brasil. Hay que recordar que nuestro personaje también está impedido en el caso Hyundai donde fungía de apoderado del señor Carlos Mattos, que ha querido pasar limpió y se sabe del millonario soborno a la juez Ligia del Carmen. Parece que la juez y el hoy fiscal ya se conocían en un pleito que terminó favorable a Corficolombiana.


Con esta última empresa el ahora fiscal ya había adelantado obscuras acciones como la del fraude financiero, donde se justificaban como CDTs falsos para no pagarle a Alejandro González Beltrán 3.000 millones resultado de sus inversiones, negocio en el cual la Sala penal de la Corte había fallado a favor de González. Entonces, Humberto Martínez apareció con falsas propietarias, las hermanas Jaramillo, que nunca fueron consultadas, utilizando sus firmas y cuando ellas fueron a reclamar Humberto les dijo: “¿ustedes no estaban muertas?”. Aún el señor González está esperando su plata. Todos los sucesos que circulan a su alrededor demuestran el peso de Corficolombiana, vía Humberto Martínez Neira en la rama judicial.

 

Entre coimas y algo más, hay que recordar que el señor Pizano comenzó a ser investigado en 2017 por el proyecto Tunjuelo-Canoas, contratado por la Administración Distrital de Samuel Moreno, actuando allí como gerente del Acueducto. ¿Un hombre ingenuo y utilizado por terceros? Todo puede ser, en todo caso temía ir a la cárcel, como Luis Fernando Andrade ex director de la ANI, quien pide que el fiscal declare impedimento en su caso, pues la investigación del fiscal sería sesgada.

 

Pizano se sentía decepcionado, deprimido y no quería quedar como corrupto. Se fue quedando solo; el fiscal le indicó que si tenía pruebas hiciera un memorial. Temía incluso por su propia vida. Fue el mismo Humberto quien declaró que su viejo amigo murió de una falla cardiaca, quizás un susto al corazón por el intento de suicidarse.

 

A continuación, casi de inmediato, el turno le correspondió a su hijo, “muerte accidental”, al beber, tres días después, de una botella; él era quién más sabia del asunto de su padre e incluso guardó los audios. Algunos familiares señalan que la botella no estaba ahí. Para la Fiscalía es un caso cerrado sin preguntas por resolver, como por ejemplo, frente a las presiones que padecía Pizano.

 

Por este culebrón tuvo que renunciar al Director Nacional de Medicina Legal, a cargo de la entidad desde hacía ocho años, por “confundir” un análisis de una supuesta mancha de sangre existente en una toalla usada por Pizano, que después se dijo que no era de humano y que en verdad resultó ser una muestra de saliva. El anuncio se hizo público después de la reunión con el fiscal. Pero siempre la fiscalía ha reforzado la teoría que no murió envenenado, basado para ello en una supuesta autopsia en el hospital de Facatativá. El sindicato de Medicina Legal ha denunciado que la muestra analizada no sirve para determinar la presencia de cianuro y que en este caso se han pasado por alto los protocolos internos.

 

Ante todo esto, no es casual que diferentes personas y organizaciones exijan al fiscal que se declare impedido para seguir al tanto del caso. Y tienen razón. El fiscal debe estar impedido por varias situaciones: en primer lugar, porque emitió concepto jurídico favorable en la adición Ocaña-Gamarra en septiembre de 2012 en la Ruta del Sol II. Es decir, que comprometió su criterio jurídico para adicionar los polémicos otro sí. Aunque nuestro tinterillo bursátil ha querido negar todo, como asesor apoderado del consorcio Ruta de Sol en 2012 ante el Ministerio de Comercio, el último día de la ejecución del término, presentó el contrato de estabilidad jurídica. Como superministro dio vía libre a la adición Ocaña-Gamarra considerada de importancia estratégica en el Conpes del 2014. Néstor Humberto dice que todo es una conspiración de exclientes, funcionarios de la DEA y fiscales de los Estados Unidos. En 2016 redactó el contrato de transacción para dimitir controversias entre Odebrecht y Episol –que es la firma que pertenece al grupo Aval–. Es decir, a pesar de evidenciar delitos deciden limar asperezas con una indemnización.

 

Las grabaciones demuestran de su conocimiento de las coimas en 2015. Esto quiere decir que tenía conocimiento de detalles de la corrupción y lo ocultó ante la Corte para ser elegido como fiscal. Ya en el cargo realizó toda suerte de acciones y declaraciones como ante el Capitolio el 27 de noviembre de 2018, utilizando a funcionarios y recursos de la fiscalía, junto con pruebas de procesos sin legalizar pues para su defensa obtuvo acceso al celular, computadores y tablet del difunto Pizano.

 

Todos sus actos son susceptibles de investigación. Solo hasta el pasado 24 de enero el fiscal se declaró impedido en lo relacionado con el caso Odebrecth. Con el atentado a la Escuela General Santander, los medios y el alto gobierno dejaron que proyectara su imagen de eficiencia y prontitud sin importar imprecisiones y errores. Todo con la necesidad de aparentar resultados.

 

Así las cosas, Néstor Humberto recuerda más al abogado de don Corleone, encargado de ocultar los crímenes de la mafia italiana; la diferencia es tenerlo en el ente acusador. Sin duda, es un chiste gris de la oligarquía para poderse reír de todo el país de abajo. Él representa ese sector acomodado, que enamorado de sus privilegios y de los beneficios del poder ganados, está dispuesto a conservarlos, al costo que sea, dando batalla permanente por proteger los privilegios de los más ricos y poderosos del país. No hay límite ni norma que valga para sacar limpios a esta “gente de bien”. Cómo él mismo diría, ese es el talante de nuestro fiscal.

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