Extractivismos y Corrupción. Anatomía de una íntima relación

Los extractivismos, como las explotaciones mineras, petroleras o agrícolas, aparecen afectados por la corrupción con creciente frecuencia. No son hechos aislados, sino que sea asociación se repite en toda América del Sur, bajo distintos tipos de gobiernos, involucrando a empresas privadas como estatales, hasta afectar a toda la sociedad. A partir de casos a emblemáticos se analiza la anatomía de esa íntima vinculación, describiendo la estructura de las redes de corrupción, sus flujos de dinero, información y poder y las instituciones comprometidas. La corrupción refieras varias consecuencias negativas sociales y ambientales de los extractivismo, desembocando en erosionar la democracia.

La muerte fulminante de un testigo clave del ‘caso Odebrecht’ y el envenenamiento de su hijo sacuden a Colombia

Medicina Legal asegura que Alejandro Pizano murió por intoxicación de cianuro tras beber de una botella que estaba en el escritorio de su padre, fallecido tres días antes

 

La investigación del caso Odebrecht en Colombia se asoma desde este martes al abismo de una red criminal que va más allá de los sobornos pagados por la constructora brasileña a cambio de concesiones. La muerte fulminante de un testigo clave y, al cabo de tres días, la de su hijo, envenenado, ensombrecen las indagaciones de un escándalo que se remonta a la financiación de las campañas presidenciales de 2010 y 2014.


Este nuevo capítulo comenzó el pasado jueves, cuando el ingeniero Jorge Enrique Pizano, interventor de la Concesionaria Ruta del Sol, un proyecto en el que participó la compañía, falleció en su finca de Subachoque, a unos 40 kilómetros de Bogotá. Pizano, cuya muerte se atribuyó desde el principio a un infarto, era una de las piezas más importantes para recomponer el caso. Detectó varias irregularidades relacionadas con la obra, en la que trabajó desde 2010, y en 2015 informó al actual fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aunque este asegura que no tenía la certeza, según el propio relato del testigo, de que se tratara de sobornos. Martínez era entonces abogado del Grupo Aval, conglomerado bancario que controlaba la mayoría de las acciones de Corficolombiana, una empresa de soluciones financieras.


El hijo de Pizano, el arquitecto Alejandro Pizano Ponce de León, se enteró el viernes por la mañana del fallecimiento de su padre y de inmediato viajó a Bogotá desde Barcelona, donde se encontraba. El pasado domingo, según ha adelantado este martes Caracol Radio, fue hasta la finca familiar y, en presencia de su hermana Juanita, se desmayó repentinamente. ¿Qué sucedió? Según ha confirmado el Instituto de Medicina Legal, "la causa del deceso fue envenenamiento por ingesta de cianuro".


"Las pruebas recaudadas en la residencia de sus padres indican que la víctima habría encontrado el cianuro en una botella de agua saborizada que se hallaba en el escritorio de su padre, de la cual ingirió un sorbo", señala el informe. "Según personas cercanas a la familia, después de la ingesta del agua, la víctima advirtió un mal sabor e intentó expulsar el líquido; pocos minutos después presentó fuertes molestias estomacales y falleció de camino al hospital". Así lo determinan las pesquisas. La hermana relató que "dijo que sabía inmundo y se desmayó".


"Los investigadores", continúan las conclusiones de Medicina Legal, "recibieron por parte del personal médico la botella de agua saborizada a la cual se le realizan los análisis correspondientes". La Fiscalía General de la Nación ha informado de que también ha abierto una investigación penal para determinar las causas por las cuales se encontraba esa sustancia en la casa del padre de la víctima. De momento, la evolución de este caso, que siembra dudas también sobre las circunstancias de la muerte de Jorge Enrique Pizano, ha conmocionado al país y amenaza con provocar un terremoto político.


Los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia garantizaron, por ejemplo, que el gigante brasileño de la construcción fuera la única firma habilitada para la licitación de un tramo de la Ruta del Sol. Esa cantidad asciende a 84.000 millones de pesos, más de 28,5 millones de dólares. El escándalo, que estalló a principios de 2017, salpicó a las campañas de los principales candidatos en dos elecciones presidenciales y hasta la Administración de Álvaro Uribe. Cuando se empezaba a conocer la magnitud de lo sucedido, el exmandatario Juan Manuel Santos solicitó a la Fiscalía una investigación de los contratos correspondientes a esos comicios. Meses después se produjo la primera detención. Las autoridades capturaron a Gabriel García Morales, antiguo viceministro de Transporte de Uribe, en los años 2009 y 2010. El político recibió, según la investigación, 6,5 millones de dólares de Odebrecht por la concesión de esa obra.


Más tarde llegó la captura del excongresista Otto Bula debido a su presunta participación en el millonario caso de corrupción. Es acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. La Fiscalía estableció también que la constructora contribuyó a la financiación de las campañas del propio Santos y de su principal rival en las urnas, el uribista Óscar Iván Zuluaga.


A pesar de las ramificaciones del caso, Odebrecht lleva meses intentando llegar a un acuerdo económico con el Estado colombiano para volver a operar con normalidad como ha ocurrido en otros países. El 6 de noviembre, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, los organismos representados en el juicio, rechazaron una oferta que superaba los 33 millones de dólares y que la constructora consideraba suficiente para dejar atrás el perjuicio causado al país.

POr Francesco Manetto
Bogotá 14 NOV 2018 - 03:45 COT

 

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Viernes, 26 Octubre 2018 05:25

Mientras los de abajo soñaban...

Mientras los de abajo soñaban...

Cuando los partidos progresistas llegaron al poder a principios del siglo, estaban demasiado ocupados en revertir una situación económica y social de plena y brutal catástrofe. A pesar de que América latina estaba acostumbrada a las desigualdades obscenas, a las hambrunas, a la corrupción masiva, al robo de guante blanco, y a todo tipo de injusticia, los gobiernos progresistas no se centraron en promover el brazo judicial para poner en la cárcel a una plétora de políticos que no sólo habían sido culpables de fundir países enteros sino de corrupción tradicional.


La izquierda fue terriblemente ingenua asumiendo que todas aquellas fuerzas reaccionarias, formadas en una mentalidad de siglos, iba a rendirse a la popularidad de los nuevos gobiernos. ¿Acaso los asesinatos de Martin Luther King y Bob Kennedy no fueron una jugada maestra de las fuerzas conservadoras que de esa y otras formas aniquilaron la rebelión de los sin poder en los sesenta y aún hoy gobiernan en Estados Unidos? El modus operandi es el mismo, pero por alguna razón no se alcanza a visualizarlo.


La ingenuidad de la izquierda en América latina, salvo poquísimas excepciones, no hizo lo que están haciendo las fuerzas conservadoras: estimulando y aprovechándose del brazo judicial como antes lo hacían del ejército, para acusar y promover procesos y juicios a los presidentes progresistas como Rousseff, Lula, Correa, Cristina Fernández, como si todos necesariamente fuesen corruptos por su ideología, como si no existieran corruptos del otro lado, como si los poderosos hombres de negocios, aquella micro minoría que posee la mayor parte de los beneficios de cualquier economía de esas todavía repúblicas bananeras, fuesen miembros de las carmelitas descalzas.


El ex presidente brasileño Collor de Mello fue retirado de su puesto en 1993 por acusaciones de corrupción. Nunca fue condenado por tribunal de justicia alguno y nunca pagó con un día de presión. En ese vasto continente, hubo un solo antecedente, en 1931, de un presidente paraguayo que también fue acusado de corrupción, pero tampoco nunca fue a la cárcel.
En la región de la megacorrucpión latinoamericana, nunca hubo presidentes presos por corrupción.


Hasta que llegaron los presidentes progresistas, electos por el pueblo y con un abrumador apoyo popular.


La lección es clara: nunca subestimes a las fuerzas conservadoras, a los asumidos dueños de los países, por moralina y por poder económico, por la simple razón que es esa facción de la sociedad la que tiene el poder económico y mediático. Y no van a renunciar a él tan fácilmente.


Por Jorge Majfud, escritor uruguayo-estadounidense, autor de Crisis y otras novelas.

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“Brasil se juega el destino de la democracia”

El experto analiza la contundente victoria en primera vuelta del ultraderechista Jair Bolsonaro. Por qué el 28 de octubre se juega la continuidad del régimen democrático. La embestida de la derecha contra el PT, el “fascismo financiero”, los medios y las iglesias evangélicas.

Boaventura de Sousa Santos (Coímbra, Portugal, 1940) es una de las voces más autorizadas dentro de la sociología jurídica y un referente indiscutido en el pensamiento político y social contemporáneo. Entrevistado por PáginaI12, el investigador sostiene que la segunda vuelta representa en Brasil “un auténtico plebiscito sobre si (ese país) debe seguir siendo una democracia o pasar a ser una dictadura de nuevo tipo”. A continuación, explica por qué trabajadores, jóvenes, sectores medios, afroamericanos, marginados, hombres y mujeres del pueblo dieron su voto a un candidato que grita a cuatro vientos y con orgullo que, de ser presidente, sus políticas no estarán justamente a favor de ellos.


–¿Cuáles son para usted las razones del triunfo del candidato de la ultraderecha Jair Bolsonaro en primera vuelta?


–Es una situación muy compleja porque Brasil, en este momento, es casi un laboratorio de transformación política conservadora en el continente. No solamente en el continente, en el mundo. Pienso que en la primera década del milenio Brasil fue, junto con otros países de América Latina, el país que más mostró las potencialidades de una transformación progresiva de las sociedades altamente desiguales, altamente discriminatorias, como son todas las sociedades que salieron del colonialismo europeo. Los avances fueron notables, por ejemplo, en términos de hambre. Durante estos períodos la gente ya no se iba a dormir hambrienta. Como decía Lula, “mi ambición es que la gente coma tres veces al día”. Y muchas otras políticas que intentaron disminuir la pobreza, ampliar el acceso a los bienes públicos, mejorar los bienes públicos de educación, de salud, de acceso a la universidad, y también medidas antidiscriminatorias contra la población negra, que es la mayoría, pero que ha sido siempre una minoría política. También se consiguieron avances notables con políticas afirmativas, de cuotas, para las mujeres. Fue un progreso notable. Y entonces, casi repentinamente, todo se derrumba, todo colapsa. Luego de esto los elementos antidemocráticos de la sociedad brasileña tomaron el liderazgo. Podríamos decir que en el tiempo anterior la lógica democratizante de la sociedad brasileña tenía predominio sobre la lógica antidemocrática, que es típica de una sociedad oligárquica, colonial, muy desigual y discriminatoria. Este desequilibrio se transforma rápidamente como si fuera un péndulo, donde las fuerzas antidemocráticas toman el liderazgo.


–¿De qué manera lo hicieron?


–Primero, esas fuerzas antidemocráticas de inmediato cuestionan los resultados electorales de 2014 de la ex presidenta Dilma, y empiezan de inmediato un impeachment y una guerra total contra el PT. Esta guerra va a ser realmente muy agresiva porque busca eliminar rápidamente de la memoria del pueblo los beneficios del período anterior, al transformar al PT en un grupo de bandidos corruptos que desgraciaran el país. Se llevó adelante una demonización del PT terrible en los medios tradicionales, convencionales, sobre todo desde la TV Globo, y también en los periódicos oligopólicos. Fueron todos unánimes en demonizar al PT. Por eso, la narrativa que se impuso fue la narrativa de la corrupción. A partir de aquí, la narrativa políticamente correcta es una narrativa antipolítica, en contra de la corrupción, una política despolitizada. Tenemos que luchar contra la corrupción y para eso es necesario que la policía y el sistema judicial actúen, y la operación Lava Jato es el mejor ejemplo de todo este movimiento. Una primera observación es que se dio una especie de reversión muy rápida y muy sorprendente para mucha gente. Brasil, el país del Foro Social Mundial (FSM), el país del Movimiento de los Sin Tierra (MST), considerado el más importante del continente y del mundo, repentinamente ve atacadas todas estas conquistas y no reacciona de manera rápida. Y esto va a durar hasta la prisión de Lula. Hasta que Lula fue a prisión no vimos un movimiento social muy organizado de resistencia a este golpe institucional, y cuando la resistencia surge es casi una resistencia negativa, es decir, una resistencia para pedir por la libertad de Lula, pero ya no por las políticas de aquel otro período, sino por la injusticia de su condena. Esto ha sido una primera fase; después entran en juego otros factores.


–¿Cuáles, por ejemplo?


–Creo que entraron otros factores que de alguna manera desbordaron las intenciones de las oligarquías que organizaron el golpe. Yo creo que muchas de ellas organizaron el golpe con el intento de restaurar la democracia; una democracia que no amenace sus ganancias. Porque la resistencia contra el PT empieza cuando hay una crisis del capitalismo global, una crisis financiera después de 2008, una crisis que venía también de una cierta atenuación del ritmo de desarrollo de China. Hay una crisis de ganancias del capital y una amenaza al capital financiero; entonces de inmediato intentan reaccionar. No fueron los empresarios los primeros en reaccionar sino el capital financiero, que va a tomar el liderazgo. Va a abrir espacios para fuerzas que estaban latentes en una sociedad colonial, desigual, donde los cambios son recientes. Una sociedad que empezó a luchar contra el racismo apenas diez años antes; el racismo estaba en la cabeza de la gente, incluso de aquella que ha sido beneficiada por Lula.

–¿Esos avances y esas reivindicaciones no lograron construir una nueva cultura política?

–Creo que las políticas no fueron sostenibles durante mucho tiempo para crear otra cultura. El mismo PT no intentó crear otra cultura ciudadana; intentó crear más consumidores, pero no una cultura ciudadana, o una cultura campesina de comer cosas saludables, por ejemplo. Era plata para ir a comer comida basura de los fast food y las comidas todas procesadas en detrimento de la agricultura campesina. Entonces, esos demonios que fueron sueltos, y que vienen de un pasado de grandes desigualdades, surgieron exactamente en la persona de Bolsonaro. Esta corriente está en todo el continente. Vemos de alguna manera lo que ocurre en la Argentina, y muy claramente lo que pasa en Colombia, que es muy grave, y de alguna manera en Ecuador también. El avance de las fuerzas democráticas va a ser rápidamente neutralizada por fuerzas antidemocráticas que estaban dormidas.

–¿Pero cómo se explica que un sector tan amplio de las clases populares haya apoyado a un candidato que se presenta abiertamente en contra de las políticas que los beneficiaron?

–Primero, las medidas antipopulares del gobierno después del golpe, que son muy claras, no tienen un impacto inmediato en la vida de la gente, como habíamos visto en Portugal y en Europa con las llamadas políticas de austeridad. Algunas medidas no entran en el bolsillo de las familias de un día para el otro. Por ejemplo, Temer quiere privatizar y eliminar el sistema de salud, pero todavía no lo hizo, no tuvo la oportunidad todavía. Lo que quiero decir es que los impactos en las familias, en los bolsillos de la gente, tardan dos o tres años en repercutir. Por eso en una parte inicial es fácil para los medios de comunicación convencer a la gente. Los medios fueron muy agresivos y llevaron la situación de la política para la ética. No son las medidas que interesan. Y todavía hoy vemos que Bolsonaro no habla de su política económica. Es la ética contra la corrupción; los honestos contra los corruptos. Ahora, toda la gente está a favor de los honestos, entonces si los medios bombardean todos los días con la lucha contra la corrupción... El segundo factor que entra aquí es la dimensión internacional. En Brasil, y no solamente, actúan los medios oligopólicos y las oligarquías locales. No se han dado cuenta de que el imperialismo norteamericano estaba buscando una oportunidad para revertir todas estas políticas progresistas que amenazaban su dominio, que se atenuó un poco cuando Estados Unidos estuvo muy preocupado por Irak y abandonó un poco el continente. Pero el golpe de Honduras fue la primera señal de que Estados Unidos estaba volviendo al continente; desde entonces, en 2012 Fernando Lugo en Paraguay, y después Dilma. Aquí se puede ver que hay otra dimensión imperial muy fuerte, que no es la dimensión de la imposición militar de la dictadura, sino la transformación de una democracia nacionalista y desarrollista, pero nacionalista, por la sustitución de una “nueva” democracia, como la llaman ahora los militares en Brasil.

–¿En qué consiste esa “nueva” democracia?

–Es una democracia sin Partido de los Trabajadores, una democracia amiga de los mercados, y una democracia que abre toda la economía a la ganancia del capital internacional. Bolsonaro es el símbolo de todo esto. Y ahora se hace claro todo el apoyo internacional, del mercado digital, la propagando digital, a Bolsonaro. Es una conjunción de trabajo militar y económico internacional, dos nuevas fuerzas que actúan en el continente. Los militares con políticas de contrainsurgencia psi-sociales: no son armas, son fake news, herramientas bien entrenadas por servicios de inteligencia de Inglaterra y Estados Unidos a lo largo de los tiempos. También están los think tanks de Estados Unidos, que hablan de privatización, de liberalización. Hay aquí una estrategia del continente global del imperio en cuanto a que Brasil era particularmente importante de neutralizar por los BRICS. Una política fundamental.

–De ahí que usted hable de Brasil como un laboratorio...

–Si gana la extrema de Bolsonaro esta corriente va a ganar un poder enorme, no solamente en el continente, sino también en Europa. Italia será el primer blanco de esta política de extrema derecha, que sigue también con Hungría y con Polonia. Si los demócratas brasileños logran vencer esta corriente antidemocrática de extrema derecha, será una señal muy poderosa para todo el continente de que esta gente no es invencible, y de que internet no hace todo. En esto es en lo que estamos. Es una situación muy dramática, porque en este momento en Brasil se juega el destino de la democracia en el continente, y en el mundo de alguna manera.

–¿Cree que Bolsonaro realmente llevaría a la práctica lo que sostiene su discurso radical?

–Pienso que si Bolsonaro gana va a ser todavía peor de lo que dice, porque las medidas van a ser brutales y va a haber resistencia popular. Y como va a existir resistencia, los militares ya están diciendo que hay que mantener la paz en el país, y mantener la paz para ellos es reprimir. Bueno, de hecho, la represión ya está en las calles. Los grafitis que aparecen en los baños de las universidades dicen que, si Bolsonaro gana, la universidad va a ser Columbine (en alusión a la masacre de la Escuela Secundaria de Columbine), es decir, una masacre en la universidad. Es muy preocupante porque para los mercados financieros no interesa que Bolsonaro sea racista, sexista u homofóbico, porque lo que quieren es ver cómo va a arreglar la economía. Siempre con la idea de que cuando empiece a crecer la economía todo va a ser mejor. Como hicieron de hecho con la Argentina, que ahora está bajo el comando del Fondo Monetario Internacional (FMI). Intentaron hacerle lo mismo a los portugueses y no funcionó. Sabemos que es una ilusión, como lo sabemos en Europa; intentaron decirles lo mismo a los portugueses y no funcionó, pero Grecia está todavía luchando. Realmente creo que con Bolsonaro vamos a pasar un momento muy difícil, y no sé si la democracia sobrevive en Brasil. Con Haddad no sería fácil tampoco, porque los fascistas están sueltos en las calles en este momento, y no va a tener a los militares de su lado, que están del lado de Bolsonaro. Por otra parte, si algo fatal pasara con Bolsonaro, su vicepresidente es general. Es decir, los militares están seguros. No se habla de la enfermedad de Bolsonaro, hay un misterio enorme. Si algo le pasara, tiene un vice que es aún más agresivo en su discurso. Esta lógica de los militares, de regresar a la política por vía democrática, es lo que me preocupa. La Argentina, de alguna manera, eliminó esa posibilidad a través de una transición en que los militares fueron a prisión. En Brasil no; en Brasil los militares condicionaron la transición hasta hoy. Ahora dicen que no son ciudadanos de segunda clase y que quieren intervenir en la política. Y lo están haciendo a través de Bolsonaro y su vice.

–¿Qué sucede con los partidos de izquierda brasileños?

–Creo que en Brasil la unidad de las izquierdas podría haber sido distinta de lo que fue, y tal vez un candidato como Ciro Gómez podría ser mejor candidato que Haddad, porque la demonización del PT fue muy fuerte. Ciro Gómez fue ministro de Lula pero no era del PT. Por la situación, creo que en este momento la lucha no es “izquierdas del mundo, unidos”, sino “demócratas del mundo, unidos”. Si la extrema derecha llega a la presidencia, lo que va a crear no es un fascismo de tipo antiguo, sino un fascismo de tipo nuevo, esto es, reducir la democracia a lo mínimo, con mucha exclusión social y mucha represión. Es por eso que hay dos cosas en Bolsonaro muy importantes: el terror y la ideología. Las dos son fuertes. El régimen puede ser formalmente democrático, pero la sociedad es cada vez más fascista. Se disemina un fascismo social y se impulsa la lógica de la guerra civil.

–Sostiene que “la tragedia de nuestro tiempo es que la dominación está unida y la resistencia está fragmentada”. ¿Le parece que esto explica, en parte, el presente de Brasil?

–El drama es que el caso brasileño muestra muy claramente que la derecha se sirve de la democracia pero no quiere servir a la democracia. Si le es útil bien, sino demonizan, hacen golpes y pueden destruirla. Por eso he dicho que las izquierdas en su pluralidad son las que pueden garantizar, en este siglo reaccionario que tenemos, la defensa de las democracias. Pero la fuerza de las fuerzas de derecha es tan grande que las izquierdas tienen una dificultad enorme para discutir sus diferencias y buscar una alternativa. En este momento vemos en Brasil que todos se juntan a defender a Haddad, que es correcto, pero hay que hacerlo sin condiciones. No es de esperar que haya una renovación o repensar las izquierdas en este contexto, porque hay que defender lo mínimo, que es la democracia. Necesitamos que la izquierda defienda la democracia, y para defenderla eficazmente, la izquierda tiene que transformarse. Tiene que articularse con los movimientos sociales antisexistas y antirracistas, los sindicatos tienen que estar unidos con los otros movimientos, y los partidos tienen que convertirse en movimientos con democracia participativa interna, que es la única que nos puede defender de la corrupción, porque la corrupción fue muy grande dentro del PT. Una cosa es la corrupción para hacer campaña política y otra cosa para tener un departamento, como se dice del caso de Lula, que se tiene que probar judicialmente. Ahora, que hubo corrupción, hubo corrupción. La izquierda debe que decir “corrupción cero”; no puede haber un gobierno de izquierda con un mínimo de corrupción. Y aquí hay una esperanza porque Haddad es dentro del PT el político que representa lo más honesto. En esta renovación de la que hablo hay que discutir las diferencias y unirnos las izquierdas y lo que es común sin dejar de tener las identidades, como estamos haciendo en Portugal. Se está intentado la unión de las izquierdas, pero sabemos que las condiciones defensivas lo hacen muy difícil. Ahora en Chile hay un Frente Amplio (FA); es interesante. Es decir, se están intentando unir en otra base. Es un proceso histórico largo. Nosotros estamos impacientes, pero la historia tiene mucha paciencia.


–Se dice que en Brasil la iglesia evangélica salió a apoyar abiertamente a Bolsonaro. ¿Se la puede considerar un actor con capacidad de movilizar masas?

–La iglesia evangélica en la Argentina y Brasil son dos fases del mismo proceso. Avanza siempre por cuestiones que tienen que ver con la familia, la sexualidad, el aborto, etc. Pero cuando tiene bastante poder, toma una posición política global, ya no es el aborto, es el candidato más fascista y más reaccionario que puedan imaginar. Y lo vemos ahora en su fase más avanzada de las iglesias evangélicas en Brasil, que han dicho muy claramente que están detrás de Bolsonaro y lo financian, lo promueven. O sea ya no es una política de orientación sexual, de derechos de las mujeres, o derechos reproductivos, ahora es la política global que pone en claro su blanco fundamental: una economía neoliberal, abierta y a la disposición de los Estados Unidos. Las iglesias evangélicas están muy conectadas con las iglesias evangélicas de los Estados Unidos, como en África, son ellas las misioneras del neoliberalismo global y obviamente, por implicación, del imperialismo norteamericano. Empiezan por cuestiones no políticas, la familia, la concepción, por ejemplo, hasta que llega un momento en el que adquieren fuerza, y dicen “este es el candidato”, y entonces entran directamente a la política.

–¿Qué sucede con la Iglesia Católica?

–La Iglesia Católica se quedó paralizada en todo este proceso. Muy tardíamente, ahora con el papa Francisco, intenta animar a decir, por lo menos, que no se debe votar por Bolsonaro, o que se debe votar para defender la democracia. Pero la iglesia católica está desarmada. Esto fue un proceso histórico que viene desde el papa Juan Pablo II de desarmar la Teología de la Liberación y armar la Teología de la Prosperidad. La primera era católica, la segunda es evangélica. Cayó la primera, subió la segunda. La gente necesita de religión, la católica se debilitó en los barrios y la periferia, y las evangélicas entraron.

–A pocos días de la segunda vuelta en Brasil, ¿más esperanza que miedo, o más miedo que esperanza?

–Más miedo que esperanza. Lo que hay que notar es que Brasil está testeando instrumentos que pueden ser útiles al mundo en general. Por ejemplo, acaban de hacer una petición internacional a Google y Facebook sobre el WhatsApp. Se mostró claramente que solamente el ocho por ciento de la red de Whatsapp que fue por Bolsonaro vehiculó verdades, ocho por ciento, probado por análisis de técnicas bien hechas en Brasil. Entonces solicitaron a Facebook y a Zuckerberg que limiten las posibilidades de extensión de esto, pero Facebook y Whatsapp están diciendo que es demasiado tarde, que no se puede; no quieren hacerlo. En India, cuando sucedió la ola de masacres por culpa de noticias falsas que corrieron por WhatsApp, éste pudo limitar la divulgación de las noticias falsas. Brasil es una prueba fabulosa para esto, y muy inquietante. Como diría el gran poeta portugués Fernando Pessoa, es un tiempo de inquietud, que va a pasar. Pero hay que decirle a la gente que está en la lucha, luchen. Hay energías de la sociedad brasileña que están emergiendo ahora. Me dirán, ¿demasiado tarde? No sé... Vamos a ver.

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Sábado, 06 Octubre 2018 05:36

Desapareció un jefe de Interpol

Desapareció un jefe de Interpol

La Justicia de Francia, país sede de la institución, activó ayer una investigación luego de la denuncia de la esposa de Meng. Su rastro se perdió el 29 de septiembre. China aún no se pronunció sobre el caso.

El presidente de Interpol, Meng Hongwei, está desaparecido en China desde que llegó al país a finales de septiembre y, en consecuencia, la Justicia de Francia, país sede de la institución, activó ayer una investigación luego de la denuncia de la esposa de Meng. Hasta el momento no hay información oficial. No obstante, el diario South China Morning Post, público que Meng fue arrestado al aterrizar en China y actualmente esta bajo vigilancia de la disciplina del Partido Comunista Chino. La Comisión Central para la Vigilancia de la Disciplina es el órgano policial del partido encargado de combatir casos de corrupción, lo que podría significar que el jefe de Interpol está bajo sospecha de este delito. El rotativo no ofrece más pistas sobre los posibles motivos por los que Meng, ex miembro del Gobierno considerado un peso pesado del Partido Comunista Chino, estaría siendo investigado. El diario tampoco precisa el lugar de la detención.


El rastro de Meng se perdió el pasado 29 de septiembre, cuando embarcó en un avión con destino a su país, y su familia no tiene noticias desde entonces. Su esposa, que permanece con sus hijos en Lyon, la ciudad francesa donde tiene su sede Interpol, dejó transcurrir unos días hasta que la noche del jueves oficializó la denuncia y en ese instante las autoridades le tomaron declaración. Según la ley china, la familia y los empleadores de un sospechoso detenido deben ser notificados dentro de las 24 horas de su arresto, pero hasta el momento los familiares de Meng no recibieron información sobre su ubicación.


Por su parte, Interpol se limitó a indicar que se trata de un asunto que compete a las autoridades de Francia y China, y que la continuidad de su misión está garantizada, ya que las operaciones de Interpol recaen en el secretario general, el alemán Jürgen Stock. Además, precisó que debe respetar las normas de confidencialidad estipuladas en los estatutos. Por su parte, el Ministerio de Interior francés compartió ayer en un comunicado su preocupación por la desaparición de Meng, así como por las amenazas que recibió su esposa, y señaló que puso a disposición de la familia un dispositivo policial adaptado para garantizar su seguridad. “Francia está perpleja acerca de la situación del presidente de Interpol y está preocupada por las amenazas ejercidas contra su esposa”, indicó el ministro y agregó que la mujer fue intimidada por teléfono y a través de las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento, su contraparte china no se pronunció sobre el caso.


Medios franceses indicaron que desde la llegada al poder del presidente Xi Jinping, hace seis años, China inició una dura campaña contra la corrupción que determinó la persecución de cientos de funcionarios. Xi puso al frente de los servicios de seguridad del país a Zhao Kezhi y lanzó una purga de altos cargos procedentes de los aparatos de sus predecesores, Hu Jintao y Jiang Zemin. Entre los funcionarios detenidos se encuentran el ex ministro de Seguridad Pública y antiguo superior de Meng, y Zhou Yongkang, uno de los más hombres más poderosos del país que fue condenado a cadena perpetua por abuso de poder. En 2014, Interpol emitió “avisos rojos” de alertas internacionales para 100 personas de origen chino que viven en el extranjero. En abril del año pasado emitió una alerta dirigida a Gou Wengui, una empresario adinerado que afirmó tener evidencia de corrupción en los niveles superiores del Partido Comunista. Wengui, que fue buscado por los fiscales chinos desde 2014, tenía vínculos con Ma Jian, quien, como Hongwei, había ocupado el cargo de viceministro de seguridad y fue investigado por presunta corrupción.


Meng tiene casi 40 años de experiencia en justicia penal y vigilancia policial en este país, según indica la página web de la Interpol. Sin embargo, perdió su asiento en el comité central del Partido Comunista, el principal centro de poder de la organización, en abril de este año.


Antes de su designación como presidente de esta entidad, Meng era viceministro de la Seguridad Pública china, un departamento de enorme poder a cuyo cargo están la Policía y los servicios de espionaje. Como figura central en ese departamento, varios medios vincularon a Meng con militantes Uighurs, grupo disidente que habita las regiones del norte de China, y que el estado considera como subversivos.


El funcionario chino dejó su cargo en seguridad 2016, para entrar a Interpol en sustitución de la francesa Mireille Ballestrazzi, un cargo honorífico, pero que aun así levantó críticas en organizaciones defensoras de los derechos humanos. En este sentido, Amnistía Internacional reaccionó preocupada acusando a China de usar la Interpol para buscar disidentes y activistas de la oposición. Por su parte, Human Rights Watch consideró que China se sirve de la organización policial internacional para intimidar y detener a familiares de disidentes, y por eso le pidió una atención particular para evitar injerencias del presidente Meng. El ex ministro había desestimado los reclamos, diciendo que se adheriría a las reglas de la organización y que estaba enfocado en promover “la causa de la vigilancia policial en el mundo”. La organización restó importancia a la nacionalidad del presidente y subrayó que el mando operativo recae en el secretario general. Además, enfatizó que los estatutos de Interpol -que tiene 192 países miembros- asientan el principio la neutralidad política de sus actuaciones, como queda registrado en el artículo 3.


Interpol cuenta con siete oficinas regionales en el mundo, además de representaciones en todos los países miembros, que se suman a las que hay ante la ONU, en Nueva York, y ante la Unión Europea, en Bruselas. Al presidente de Interpol, como al resto de los miembros del Comité Ejecutivo, lo elige la Asamblea General de la organización, en la que están representados todos los Estados miembros. Las funciones de la organización responden a aplicar las orientaciones decididas por esos países y supervisar el trabajo del secretario general.

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Viernes, 05 Octubre 2018 06:47

“El ganador ya es Bolsonaro”

“El ganador ya es Bolsonaro”

En la superficie, la elección presidencial brasileña parece compleja. A pesar del golpe y de la prisión de Lula, a diez días de los comicios, el Partido de los Trabajadores (PT) despuntaba como favorito en el segundo turno (N de E: Según la última encuesta, al cierre de esta edición de Brecha, Fernando Haddad alcanzaba al menos un empate técnico) y se enfrenta a una temible cría de la dictadura. ¿Qué está en disputa en esta elección? ¿Quién es el candidato del capital? ¿Cuál es la estrategia de la burguesía? ¿Y la respuesta de la izquierda? A continuación, abordaré estas preguntas.

1. Para la burguesía brasileña, la economía no está en juego en las elecciones: quien gane enfrentará los problemas del neoliberalismo con más neoliberalismo. Ya sea por la vía utópica de un “neoliberalismo inclusivo”, pregonado por el PT, o por el ultraneoliberalismo de los tucanos (N de E: los políticos del Psdb) o de Bolsonaro.
Lo que la burguesía disputa es la forma política de gestión de la crisis brasileña. ¿Cuál será la cara del arreglo institucional, jurídico y cultural que sustituirá a la “nueva república”, que está definitivamente condenada?


En el plano inmediato existen dos vías para esto.


Según sus propias palabras, Lula ofrece credibilidad y estabilidad. La credibilidad de la que habla no es con los de arriba –duramente afectada–, sino con los de abajo: lo que Lula diga, la sociedad aceptará. En otras palabras, el lulismo ofrece a la burguesía su capacidad de convencimiento y neutralización popular como vía para alcanzar el orden. Si Dilma fue la sombra de Lula, Haddad se proyecta como el avatar de esta política.


En el polo opuesto, complementario, se encuentra Bolsonaro. ¿Cómo comprenderlo? Bolsonaro es la respuesta más aterradora de una sociedad aterrada. Quien está sin trabajo tiene miedo del hambre, y quien trabaja tiene miedo del de-sempleo. Todos tienen miedo de la violencia y también tienen miedo de la policía.


En un contexto de desprestigio de las formas colectivas de lucha, Bolsonaro promete el orden por la truculencia. Como Trump en Estados Unidos, Erdogan en Turquía, Modi en India, el uribismo en Colombia o el fascismo en Italia, todos actualmente en el poder. Por lo tanto, Bolsonaro no está solo: representa una tendencia, no una aberración.


En síntesis, se trata de vías distintas para manejar la colosal crisis brasileña: el PT ofrece el orden a través del diálogo, mientras que Bolsonaro propone el orden a palos.


2. Dada la imposibilidad de que ganen los candidatos Geraldo Alckmin (Psdb), Henrique Meirelles (Mdb) o João Amoedo (Novo), ¿cuál de estas dos alternativas es preferible para el capital?


Si gana Haddad, gobernar será un problema. El problema del poder será cómo apaciguar la serpiente del antipetismo. ¿Cómo convencer a aquellos que se embarcaron en la corrida del impeachment y de la prisión de Lula a aceptar que todo eso desemboque en Haddad?


Si gana Bolsonaro, serán los gobernados los que tendrán un problema. Su base entre los poderosos es frágil, su rechazo popular es alto y su naturaleza, imprevisible. La pregunta es ¿quién disciplinará al disciplinador?


Tanto Haddad como Bolsonaro representan respuestas provisorias, y necesariamente inestables, de una burguesía que se reorganiza.


3. Más allá de lo inmediato, el movimiento burgués se mueve en dirección de Bolsonaro. Porque el fin de la nueva república también compromete a los tucanos. Esto es lo que explica el Partido Nuevo (creado en 2015), tan “nuevo” en la política como lo es “demócrata” el Dem (N de E: el partido Demócratas). Expresa a una burguesía que intuye que los nuevos tiempos exigen nuevas respuestas: es el Bolsonaro que aún no salió del clóset.


Porque lo que la derecha está incubando es un bolsonarismo sin Bolsonaro.


En Francia, la fascista Marine Le Pen se quejaba de aquellos que se unieron para derrotarla en el segundo turno de las presidenciales, porque después de todo, decía una Le Pen desconforme, eligieron a alguien que implementa sus políticas, pero sin jactarse de ello.


Debajo del polvo de las próximas elecciones, la burguesía brasileña forja su Macron. El cruce de Bolsonaro y Amoedo puede ser João Doria.


4. Entre el derrocamiento del lulismo, que se configuró en la rebelión de julio de 2013, y un bolsonarismo confiable, que se está cocinando, la burguesía brasileña se reorganiza. Ese reordenamiento se expresa a través de la dispersión de candidatos. Al igual que en 1989, cuando comenzaba la nueva república, la burguesía busca un camino, aunque ahora es para enterrarla.


A mediano plazo, especula cuál es el mejor esparadrapo para parar la sangría desatada por el golpe. Racionalmente, parece ser Ciro Gomes: el antipetismo se sentiría contemplado y el electorado de Ele Não respiraría aliviado.


Pero las serpientes sueltas por el golpismo desafían la razón. Cualquier gobierno que venga será necesariamente inestable, como lo fue el de Collor (N de E: presidente entre 1990 y 1992).


En este contexto, los tucanos hacen su autocrítica: mejor habría sido dejar a Dilma sangrar, que conspirar por el golpe y pactar con Temer. Fueron con mucha sed al manantial y ahora están condenados a tener paciencia.


La burguesía y los tucanos evalúan quién les sirve más para quemar y ser quemado, con la expectativa de fundar sobre esta tierra quemada el nuevo orden a su semejanza.


5. Y la izquierda, ¿qué rol ocupa en todo esto?


Paradójicamente, revela más dificultad para captar el cambio. Para la derecha está claro desde junio: incluso el tiempo del neoliberalismo pasó. Se ha transitado de la conciliación a la lucha de clases. Este es el telón de fondo de la agonía lulista.


Que el propio Lula no se dé cuenta de su anacronismo es de esperar. Que el Partido Socialismo y Libertad (Psol, a la izquierda del PT) sea tragado por este autoengaño es una trágica miopía. En lugar de diferenciarse del PT, ensayando lo nuevo por izquierda, la candidatura de Guilherme Boulos ha optado por la simbiosis, en condiciones cada vez más rebajadas.


El lulismo es una política que navega en las aguas del orden. En este momento lo único que puede resucitarlo como una alternativa para la burguesía es el ascenso de las masas. La paradoja es que las masas sólo se movilizarán si se rompen las amarras con el lulismo, como en junio pasado. Y ante la disyuntiva de movilizarse a favor del PT, los revoltosos se preguntarán: ¿vale la pena todo este esfuerzo para terminar con Lula de vuelta en la presidencia? Si la serpiente del antipetismo es difícil de manejar, las fuerzas que buscan ir más allá del petismo lo serán mucho más. Por eso no les interesa, ni a Lula, el pueblo en la calle.


Ambicionando tender un puente entre el petismo y la izquierda, la candidatura de Boulos está constreñida por la agenda del primero. En el proceso, corre el riesgo de confirmar el secuestro de la izquierda en la lámpara mágica del lulismo. Más allá de sus contradicciones internas, esta política perdió su carga histórica: por eso no se repetirá, salvo como farsa.


El lulismo no es el antídoto del fascismo, sino un obstáculo que dificulta la comprensión de lo que está ocurriendo. Sólo con lucha eludiremos a la barbarie, no con morfina.


6. Independientemente del resultado electoral, el ganador de esta elección ya es Bolsonaro. Porque fue quien pautó el debate. El eje de la discusión se corrió hacia la derecha, aislando aun más el debate estructural. Por otro lado, la izquierda ya perdió estos comicios, porque ni entró en el juego.


Para volver a la primera división de la política precisará actualizar su diagnóstico y estrategia. Mientras tanto, asistiremos a una acumulación de derrotas, sin siquiera disputar los rumbos de la historia.

Por Fabio Luis Barbosa dos Santos, profesor de la Universidad Federal de San Pablo, autor del libro Além do PT. A crise da esquerda brasileira em perspectiva latino-americana.
5 octubre, 2018

Publicado enInternacional
Sábado, 29 Septiembre 2018 10:30

De la anticorrupción a la gobernabilidad

De la anticorrupción a la gobernabilidad

Con la consulta anticorrupción y sus resultados, producto de lo cual se instaló una Comisión Técnica para negociar las leyes por redactar y tramitar en el Congreso, desde el poder ofrecen un cambio que todo parece indicar que no será. Como en toda la historia nacional, un recurrido galimatías logra lo contrario de lo que anuncia.

 

“En mis cuatro años en el Senado propusimos más de ocho veces los proyectos y siempre los negaron o no les dieron trámite. […] Por eso digo que ante la negativa del Congreso de autorreformarse y cerrar la vena rota de la corrupción, apelamos a los ciudadanos para que fueran ellos, en las urnas, quienes decidieran y ordenaran al Congreso aprobar esos mandatos en, máximo, un año” afirmaba Claudia López, refiriéndose a la necesidad de la Consulta, el pasado 22 de julio. Y agregaba, con su acostumbrada contundencia: “Si se aprueba la consulta no nos pueden hacer conejo”1. Como quien dice: el destinatario siempre fue el Congreso, lo que ha estado en juego es la naturaleza del mandato que pudiera obligarlo.

 

Hoy en día, un mes y tres semanas después, el escenario parece similar. La consulta se hizo. Con significativa votación pero sin llegar al umbral de 12.140.342, que se exigía para que fuera vinculante, en términos jurídicos. Desde entonces han argumentado, en consecuencia, que se trata, de todas maneras, de un vigoroso mandato político. Y así parecen haberlo tomado todas las vertientes políticas parlamentarias y el propio gobierno de Iván Duque, quien, inmediatamente tomó la iniciativa de convocar una espectacular “Cumbre Política” llevada a cabo tres días después de la Consulta.

 

Espectacular no sólo por la publicidad sino por el éxito de la convocatoria; no faltó ninguno, ni siquiera el odiado partido Farc; “una cumbre sin antecedentes que va a cambiar muchas cosas” tituló la prensa; la primera expresión del “pacto nacional” ofrecido por Duque, celebraron no pocos comentaristas. Allí se aprobó por unanimidad, bajo el nombre de “estrategia anticorrupción”, la creación de una “mesa técnica”, integrada por delegados de todos los partidos y presidida por la Ministra del Interior, encargada de reelaborar los siete puntos de la consulta, los cuatro proyectos que ya había presentado la Presidencia y algunos otros que estaban enredados entre las curules, para llegar, después de arduas negociaciones, a un conjunto de proyectos de ley, que, apoyados en tan amplio consenso, el Gobierno presentaría al Congreso de la República.

 

La propuesta de la Consulta Popular no fue cosa de improvisación. Era la primera de carácter nacional pero tenía el antecedente de las Consultas Populares municipales llevadas a cabo en todo el país, principalmente para rechazar los proyectos minero-energéticos y el de las Consultas Previas que, por centenares, se han adelantado con las comunidades étnicas, por obligación constitucional pero casi siempre por idénticos motivos. La misma figura de democracia participativa que ahora, simultáneamente, se intenta reglamentar –léase recortar y desnaturalizar– en favor del “desarrollo” y la “seguridad jurídica” a partir de un proyecto de ley presentado por Cambio Radical. Tenía además una larga historia. El Comité promotor se conformó en enero de 2017. Seis meses más tarde se presentaron a la Registraduría más de cuatro millones de firmas, aunque sólo al final del año se obtuvo la validación con lo cual se le daba vía libre –no sin antes pasar por el Consejo Nacional Electoral– al procedimiento que culminó el pasado junio con la aprobación por el Congreso, en plena campaña electoral. Un tortuoso procedimiento. Sin embargo, visto el desenlace, da la impresión que el Gobierno ha recuperado la iniciativa política.

 

Fuego amigo

 

El carácter jurídico vinculante de los resultados de la consulta fue objeto de numerosas disquisiciones. Para sus escasos enemigos públicos, incapaces por supuesto de rechazarla abiertamente, el contenido de las siete preguntas era redundante o inocuo. Para algunos, incluso entre sus partidarios, inconveniente. Considerado el más prestigioso jurista del campo democrático, Rodrigo Uprimny señaló el carácter inconstitucional de las preguntas sobre la remuneración de los Congresistas y la limitación del número de periodos, que son, por cierto, las más populares y de mayor aceptación en la opinión pública.

 

El argumento, de impecable exquisitez jurídica, a tono con nuestra tradición formalista y positivista que nos viene desde la Independencia, es innegable por evidente. Es claro que, tanto la remuneración como los periodos, se encuentran establecidos en la Constitución. Pero también es evidente –y cualquier ciudadano podría advertirlo– que la decisión final está en el Congreso: obteniéndose un sólido mandato jurídico y sobre todo político, no habría razón para que un Congreso se abstuviera de aprobar una reforma Constitucional en éste o en cualquier otro tema. Por supuesto que ya no tiene sentido planteárselo; el problema con estas disquisiciones, y se ve muy claro ahora, cuando nos colocamos en un escenario en el que sólo hay un mandato político y todo ha quedado sometido a las elaboraciones y negociaciones de los congresistas, consiste en que se les brindan a éstos, de manera gratuita, abundantes municiones para la justificación y legitimación de unas posibles leyes amañadas que serían, una vez más, inútiles.

 

Como si fuera poco Uprimny, ya verificada la Consulta y siendo innecesaria cualquier recomendación, reitera sus argumentaciones ahora en la forma de propuestas. Además de la sugerencia de reemplazar el umbral de participación por uno de aprobación lo cual admite discusión, propone someter cualquier iniciativa de consulta nacional a un control de constitucionalidad. ¡Como si ya no fuese tortuoso el camino! “Si la mayoría aprueba esas preguntas y el umbral es superado, estaríamos en un difícil dilema jurídico por cuanto la consulta no es un mecanismo de reforma de la Constitución, pero el pueblo habría ordenado que esa reforma se hiciera [...] Un control judicial previo como el que existe para las consultas territoriales, soluciona ese impasse, pues el tribunal competente verificaría, antes del pronunciamiento popular, si la pregunta es o no inconstitucional. Si es inconstitucional, no podría haber consulta sobre ese punto…”2. Excelente terreno de discusión para las mencionadas propuestas de Vargas Lleras encaminadas a la “reglamentación”. Recuérdese al respecto que el argumento en contra de las consultas municipales antiextractivistas ha sido que, constitucionalmente, los “recursos del subsuelo” pertenecen al Estado y por tanto la ciudadanía no puede opinar sobre tal materia.


El debate

 

Con todo, las discusiones jurídicas han sido, hasta cierto punto, lo menos importante; lo que cuenta es el significado político que ha de atribuírsele a esos 11.670.000 votos. Para muchos comentaristas se trata de un verdadero acontecimiento histórico, una pacífica insurgencia ciudadana, comparable solamente a la “séptima papeleta”, nunca escrutada, que le habría dado impulso a la realización de la Asamblea Constituyente de 1991. Una expresión de las “ciudadanías libres”, un tanto análoga a la votación por Gustavo Petro, dirían otros. Los dos principales diarios del país saludaron y valoraron también, en sus editoriales, los resultados de la consulta. Desde luego, complementándolos con la celebración de los nuevos vientos de “diálogo constructivo” que supuestamente aparecieron, con la Cumbre, después de “los aciagos años de la polarización”. En el colmo de la euforia, pontificaba El Espectador: “Por primera vez en un buen tiempo hay motivos para creer que sí es posible un cambio positivo en la política colombiana”.

 

No obstante, hay razones para dudar de este diagnóstico que pondera el resultado como avance y profundización de una renovada conciencia política de cambio. Carolina Sanín, refiriéndose no todavía a los resultados de la consulta sino a la campaña, sostenía en su columna de Vice que se trataba simplemente de un elemental expediente moralista –infalible, por lo demás– de llamar a la lucha contra la corrupción, típico del “centrismo” que ha venido predicando la “eliminación de las diferencias”. La corrupción, al convertirse en encarnación del mal, distrae y hace desaparecer del imaginario los problemas estructurales de la injusticia social.

 

Todo ello con una implicación de extrema gravedad para el quehacer político: “Uno de los problemas del furor anticorrupción es a quién se pone en el papel de ese enemigo. Los enemigos no son ya las multinacionales con sus desafueros, ni los explotadores de los trabajadores, ni los destructores del medio ambiente, ni quienes quieren continuar la guerra para que la tierra siga concentrándose en pocas manos, ni los alcaldes ineptos, ni quienes impiden el acceso de los colombianos a la salud, ni quienes entorpecen las garantías sociales, ni quienes se oponen a las libertades individuales. La ciudadanía se identifica como el conjunto de los no corruptos, los no ladrones, los no perversos: como víctimas de los otros. ¿Y quiénes son esos “otros”? Potencialmente, todo el que se encuentre en el poder (pues el enemigo inmediato de quien se siente impotente es quien ejerce un poder). Los políticos elegidos se convierten todos, merced a una consigna, en enemigos de su electorado”.3

 

Semejantes afirmaciones tenían que levantar ampolla. En una crónica celebratoria, al día siguiente de la Consulta, Camilo González, presidente de la organización Indepaz, escribía: “Carolina Sanín acepta la concepción de la corrupción como un asunto moral de individuos y en lugar de considerar la realidad actual de las instituciones de elección popular se sitúa en la abstracción del diseño liberal de la democracia representativa. […] La profesora Sanín cae en un sofisma de diversión que consiste en evitar la política concreta para hacer malabares abstractos”4.

 

Para González no es poca cosa señalar a los partidos colombianos como lo que son, como “máquinas al servicio del crimen contra lo público”; el argumento es sólido, aparte del calificativo de “ilustrada supercrítica” que le endilga a quien llama la “profesora Sanín” (trasnochado recurso polémico que hicieran popular los leninistas del siglo pasado), sin embargo, sugiere un interrogante: ¿Es Carolina Sanín quien lo reduce todo al moralismo, o es la propia campaña? La respuesta es un asunto de “política concreta”. Mejor no engañarse. Es innegable que la retórica de la “antipolítica” es bastante rentable para quien la utiliza, pero precisamente porque permanece en su abstracción. O si no ¿qué otra cosa significaba la frase que repetían alborozadas las principales promotoras: “una causa que nos permitió unirnos como país”? Por eso hasta los ladrones cerraron filas contra la corrupción. En verdad, no refleja una profundización de la conciencia política de la ciudadanía como pretende González. Sería una ingenuidad afirmar que en el imaginario social se han visibilizado las múltiples conexiones entre la maquinaria política y el funcionamiento del sistema económico y social.

 

Los datos de la consulta, tomados geográficamente, deberían llamar a la reflexión. Además de que el porcentaje global, aunque cerca del umbral, no es tampoco gran cosa, la verdad es que nuevamente Bogotá, con casi 46 por ciento para más de dos millones seiscientos mil votos es la que garantiza los resultados. Basta añadirle las grandes ciudades aunque en la mayoría, por cierto, no se llegó ni al 30 por ciento de participación. Y algunos de los departamentos más poblados como Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander, Nariño, Tolima, en la mayoría de los cuales tampoco se superó el umbral. El socorrido argumento de lo urbano vs. lo rural no es convincente. E insuficiente el de la falta de publicidad. Y resulta un tanto indigno culpabilizar de los resultados de Antioquia y de la Costa Caribe a la falta de compromiso de Fajardo y Petro respectivamente. Llama la atención la escasa participación en las regiones más afectadas por la violencia. ¿Se trata, como en el caso del pasado triunfo del uribismo, de una combinación de clientelismo y terror? O será que el pueblo colombiano odia tanto la política que no acepta votar ni siquiera contra la política.

 

¿Un punto de partida?

 

De todas maneras, parece de consenso reconocer que existe un fenómeno ciudadano, o por lo menos electoral, bastante novedoso, que algunos identifican con la “irrupción de la juventud”. Pero no parece muy claro el contenido de la novedad. Como todos los consensos termina siendo sesgado. Poco a poco los grandes medios de comunicación –y las redes sociales– han venido instalando la idea de la “superación de la polarización”, que no es la que parecería obvia, la del conflicto armado, sino la existente entre el uribismo y el santismo. Una reconciliación muy útil para el porvenir neoliberal. La verdad es que, por lo pronto, no parece tener otro contenido que el odio a la corrupción con lo cual se convierte sencillamente en un coto de caza electoral. Así se deduce de las almibaradas frases de El Tiempo que no sólo es el grupo de comunicación más poderoso sino el vocero del hegemónico capital financiero, en cabeza de Sarmiento Angulo. “No sobra anotar que este evento extraordinario (la cumbre) fue, a su vez, fruto de otro también extraordinario: los más de 11 millones y medio de colombianos que hoy hace ocho días expresaron en las urnas su rechazo a la corrupción y su deseo de que se pongan en marcha acciones efectivas para combatirla”5.

 

La famosa Comisión Técnica ya entregó un resultado parcial. Se acordó reducir la remuneración de los congresistas a 25 salarios mínimos legales; a partir de las próximas elecciones a Congreso dentro de cuatro años, claro está. Y limitar el número de periodos a tres, desde luego también a partir del próximo periodo. Lo demás, continúa en discusión. Ofrecen entregar resultados definitivos el 17 de septiembre. Sin embargo todo quedará luego en manos del actual Congreso que se ha dado un plazo hasta mediados de diciembre para aprobar los proyectos.

 

Para muchos es una gran oportunidad de autorreforma que no va a desperdiciar, pero también puede suceder que todo termine en unas leyes engañosas conforme a lo que ha sido la tradición colombiana. Es la disyuntiva. Un paso adelante en la lucha contra la corrupción o una hazaña más del gatopardo.

 

1 El Espectador, domingo 22 de julio de 2018
2 El Espectador, domingo 2 de septiembre de 2018
3 www.vice.com/es_mx/article/3kywvk/la-vacuna-anticorrupcion-consulta-carolina-sanin?utm_source=vicolinst
4 Mandato contra el régimen corrupto, Camilo González Posso, Presidente de Indepaz, Bogotá D.C. 27 de agosto de 2018
5 El Tiempo, domingo 2 de septiembre de 2018

Publicado enColombia
Miércoles, 26 Septiembre 2018 09:39

El mecanismo o la teoría de los fractales

El mecanismo o la teoría de los fractales

Ruffo (Selton Mello) no entiende. El plomero le dice que el arreglo es fácil, que en un día soluciona el problema, pero que le costará 600 reales. “Tengo que pagarle a mi nieto y la tubería” explica el trabajador. “Pero ¿cuánto cuesta la tubería?” pregunta Ruffo asombrado por la cifra astronómica. Ochenta reales, responde el plomero. Más confundido, Ruffo cuestiona que le cobre 520 por un día de trabajo. El plomero sonríe con un gesto de decepción. “Eso quisiera”, dice. Ruffo sigue sin comprender y le pide que le explique lo que sucede. El plomero se resigna y le hace un cálculo frío: “mire, cincuenta para mi nieto y ciento cincuenta para mí, serían doscientos. Los trecientos cincuenta son para quien me recomendó este trabajo”. “¿Para quién?” interrumpe Ruffo. “El que le dio mi tarjeta.” “¿Alfredo, el empleado de Cloacas?”. Sí, para él, afirma el plomero (pero ahí no acaba la cadena) y continúa diciendo que el pobre Alfredo tampoco se queda con todo el dinero. Tiene que darle una parte a su jefe.

 

Días antes, cuando el agua pútrida comenzaba a rebosar al frente de su casa, Ruffo, detective de la Policía Federal obsesionado con debelar el mecanismo de la corrupción, había llamado a la empresa del acueducto (Cloacas) para que arreglaran la tubería dañada. Alfredo, el empleado que llegó para hacer la revisión, le dijo que el trabajo demoraría un mes, que era muy difícil, pero que si tenía afán podía comunicarse con el plomero que ahora Ruffo tenía enfrente. Ya entendió. En su mente se hizo un clic, una conexión, la sinapsis que le faltaba para comprender la generalidad de la corrupción. Alterado de la emoción, llega a su estudio para retomar la investigación que había dejado a medias. A su lado, la cámara enfoca por varios segundos a la hija, quien mira atenta la pantalla de una Tablet en la cual aparecen fractales que se repiten y se repiten. Esta imagen, la de los fractales, es sin dudas la que sintetiza toda la argumentación narrativa de El mecanismo, la cautivadora serie de Netflix producida por José Padilha (Narcos, Tropa élite) que narra los inicios de la investigación Lava Jato basándose en el libro Lava Jato: El juez Sergio Moro y los bastidores de la operación que sacudió a Brasil, del periodista Vladimir Netto.

 

Fractales: el todo en la unidad y la unidad en el todo

 

Las imágenes de los fractales representan la idea de que el todo está contenido en la parte y la parte contiene el todo, en un movimiento infinito. Esto significa que, según se expresa en la serie, la corrupción del plomero es la parte de una corrupción a gran escala y a su vez el todo que la contiene y reproduce. Por eso Padihla dice que la corrupción no tiene ideología, porque permea tanto a la derecha como a la izquierda y el llamado centro. En parte tiene razón. La corrupción es inherente al sistema capitalista, sin ella no puede funcionar. La pregunta entonces es por el cómo.

 

¿Cómo funciona el mecanismo de la corrupción? Ruffo es capaz de entregar su vida con tal de encontrar la respuesta y con tal de encarcelar a los responsables. Su primer objetivo (la parte del fractal que contiene al todo) es Roberto Ibrahim (Enrique Díaz) un cínico lavador de dinero que poco caso hace a las advertencias de Ruffo, quien constantemente lo amenaza con llevarlo a la cárcel. Ibrahim sabe, cosa que en principio el detective desconocía, que tiene aliados muy poderosos que lo sacarán de la cárcel en cualquier momento, como en efecto sucede. Pero es esa confianza la que lo hace cometer errores y va dejando pistas sobre sus aliados y movimientos fraudulentos. Errores que la sagaz investigadora Verena (Carol Abras), pupila de Ruffo, y su equipo rastrean como sabuesos siguiendo el rastro.

 

Mas llega un momento en que el espectador se pregunta por qué la manía enfermiza de Ruffo contra Ibrahim. ¿Será que hay un hombre en el mundo tan entregado a cumplir su labor por los valores de la honestidad y la rectitud, la defensa de lo público? Es posible que haya otra causa que explique la conducta del investigador, la cual se encuentra en el pasado común de los dos hombres. En varias ocasiones se nos dice que el lavador y el detective se han conocido de toda la vida, es más, vivieron en el mismo barrio y estudiaron juntos. Sin dar detalles, es posible imaginar a un Ibrahim lastimando profundamente a un Ruffo y salir bien librado de la situación. Esto, claro, es información que el espectador llena con su imaginación. Pero, de ser así, se podría pensar que nuestro héroe no es más que un vengador que sólo busca la propia satisfacción. No lucha contra la corrupción por la justicia social ni el bien común. Esta interpretación, sin embargo, merece contextualización. Si el detective actuara únicamente por los deseos de venganza, le bastaría con ver encarcelado a Ibrahim. Pero este va más allá, y, junto a Verena, utilizan al lavador para llegar a los peces gordos. Así, podría decirse entonces que el daño que posiblemente Ruffo recibió de Ibrahim, esa experiencia íntima, fue la puerta de entrada que lo llevó a luchar contra la injusticia y la corrupción.

 

Tan ínfimos como la gota que va fracturando la roca

 

Una de las preguntas más interesantes sobre el caso Lava Jato es ¿cómo un pequeño grupo de investigadores policiales dieron con uno de los casos de corrupción más importantes del mundo? Es decir, si arriba preguntamos por las motivaciones aquí la pregunta es por las capacidades. La serie cautiva en este sentido. Nos muestra en principio, claro, una gran pericia por parte de los investigadores que, por una camioneta, conectan a Ibrahim con el director de Petrobras, Joao Pedro Rangel (avatar de paulo Roberto Acosta), y a este a su vez con el Club de los 13, una estructura mafiosa compuestas por grandes empresas que se rotaban los contratos públicos y cuya cabeza es Ricardo Bretch (avatar de Mario Odebrecht). Esto en cuanto a las capacidades internas. Frente a las externas la serie muestra a un país, Brasil, dividido políticamente. Al respecto, si bien Padilha pretende ser fiel a su tesis de que la corrupción no tiene ideología, es claro el sesgo con el Partido de los Trabajadores y sus representantes insignia, como Lula da Silva y Dilma Rousseff. Poner en boca de Lula “hay que parar esta sangría”, cuando fue un miembro del partido opositor quien lo dijo, y pasear a Ibrahim en la campaña de Rousseff para reelegirse, no equilibra las cargas cuando tan sólo se dice que los partidos opositores también recibieron dinero de Odebrecht. Menos aun cuando la serie se estrena en plena contienda electoral.

 

Aún así, la serie nos muestra cómo esta confrontación entre opositores les va a permitir a los investigadores continuar con la investigación. Unos a otros se delatan y poco a poco van cayendo fichas claves. Esto recuerda el cinismo con el que el centro democrático acusa de corrupto al expresidente Santos cuando el actual presidente es cuestionado por el mismo hecho.

 

Otro factor determinante fue el juez paulo Rigo (avatar de Sergio Moro). En un momento determinante de las investigaciones el juez dudo si seguir o no. En su casa, meditando, escucha consignas y gran bullicio. El pueblo brasileño se levanta contra la corrupción. El juez sale y, inspirado por el clamor de la gente, decide continuar. Si bien una motivación muy admirable, es tal vez romántica y falta observar cuáles fueron los intereses (no necesariamente personales) del juez.

 

A pesar sus intentos por impedir la continuidad de la investigación son los mismos miembros del grupo de 13 los que la permiten, en especial Ricardo. Este, seguro de que su mecanismo de corrupción es indescifrable, resta importancia a los hechos y actúa como si nada pasara. Es su arrogancia entonces lo va a traicionar más adelante.

 

Por último, a este rompecabezas, sin embargo, le hace falta una pieza. El papel de la CIA en las respectivas investigaciones. Esto no se ve en la serie. No existe. Pero ¿será posible que hayan intervenido? Mucho. Si en el contexto político los conflictos fueron el caldo de cultivo que permitieron la germinación de la investigación, los conflictos económicos internacionales son el habitad natural. Recordemos que dentro de la región Brasil quería ocupar más y más espacios de control y liderazgo para hacerle frente a los Estados Unidos. Es muy posible que los contratos otorgados a empresas de Brasil hayan afectado gravemente los intereses de los empresarios norteamericanos. Aquí es donde cabe la pregunta sobre a ¿quién le conviene que empresas poderosas como Odebrecht caigan?

 

Sin embargo, este camino está lleno de baches, de peripecias, de obstáculos y dramas propios de la realidad que la serie intenta recoger lo mejor que puede, aunque en ocasiones queda la sensación de que no lo consigue, de que la realidad los superó y esta ficción sólo rosó su verdadera complejidad.

 

‘Yo siempre estoy aquí’

 

El mecanismo, que poco a poco toma forma, dilucida un aspecto fundamental del fenómeno de la corrupción. En una escena, luego de inflar los costos en las obras de una refinería, ante el busto del noble padre fundador de la empresa Miller&Bretch (avatar del grupo Odebrecht), Ibrahim le dice a Joao Pedro: “¿sabes lo que le dijo (el noble padre) al gobernador el día de la posesión? El gobernador lo encontró en la ceremonia –narra Ibrahim– ‘Amigo qué haces aquí’. El noble padre le respondió: Gobernador, yo estoy siempre aquí, ustedes son los que cambian’”. Cuando se destapa un caso de corrupción las figuras visibles son los políticos, las invisibles, los empresarios. El verdadero poder dentro de la maquinaria de la corrupción queda desenfocado y la opinión pública se queda con las caras de sus subordinados. Es bueno que una serie les ponga un rostro a estos empresarios.

 

El final de esta, luego de ocho capítulos, se da inicio a una historia que no dejará de sorprendernos e indignarnos. En la segunda temporada, de seguro, se descubrirá el esquema de corrupción de la empresa Miller&Bretch desde Brasil para el mundo. Ojalá la narración sea capaz de ser fiel a la realidad.

Publicado enEdición Nº250
Vacío. Repercusiones de la emigración en Venezuela

La emigración masiva despoja al país petrolero de segmentos dinámicos, emprendedores y productivos de su fuerza de trabajo, miles y miles de profesionales formados o jóvenes que perciben como negados sus horizontes laborales y buscan destinos mejor remunerados, tras una crisis económica marcada por la mayor hiperinflación vivida en el hemisferio.


Naciones Unidas mostró el tamaño de la emigración venezolana cuando el portavoz de su secretaría general, Stéphane Dujarric, declaró el pasado 20 de agosto que, según reportes de distintas agencias de la organización, unos 2,3 millones de personas abandonaron el país: 7,2 por ciento de sus 31,8 millones de habitantes.


Las cifras hasta entonces aportadas por las respectivas autoridades migratorias daban cuenta de que en Colombia se habían instalado 870 mil venezolanos, 441 mil en Perú, 325 mil en Chile, 80 mil en Panamá, 70 mil en Argentina, 57 mil en Brasil y 16 mil en Uruguay, mientras que a Ecuador sólo en 2018 ingresaron 340 mil, de los cuales 116 mil permanecen en el país y el resto cruzó hacia otros destinos.


A República Dominicana fueron 26 mil venezolanos, unos 10 mil a otras islas del Caribe, según estimados de varios portavoces oficiales, y en México unos 9 mil han buscado la llamada tarjeta de visitante por razones humanitarias. Fuera de la región los mayores receptores son Estados Unidos con 290 mil y España con 208 mil.


La prensa de esos países ha enfocado sus lentes sobre la imagen e historias de los venezolanos agolpados en los puentes que cruzan el río Táchira hacia Colombia, pugnando por traspasar los controles fronterizos de Ecuador y Perú, avanzando a pie por carreteras colombianas rumbo al sur, ilegales presos en Trinidad, balseros hacia las Antillas holandesas o mendigando cobijo y empleo en el extremo norte de Brasil.


Mientras los países vecinos multiplican medidas de control o amparo, en Venezuela la migración a menudo hace crujir la unidad de las familias, despoja a empresas y servicios públicos de personal capacitado y muy probablemente forzará reacomodos en la política.

El presidente Nicolás Maduro ironizó ante la prensa el martes 18: “La última crisis que le han creado a Venezuela: ‘fuentes no identificadas de Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) dicen que se han ido 50 millones de venezolanos’. Y todos los medios repiten lo mismo, es una inquisición mediática generalizada”.

 

¿QUIÉNES SE VAN? 

 

En setiembre de 2017, la encuesta de condiciones de vida realizada por tres universidades venezolanas mostró que, desde 2012, en 616 mil hogares había migrado al menos un integrante de la familia. El 20 por ciento de los hogares más ricos había aportado 35 por ciento de los migrantes, y el quintil más pobre, 12 por ciento. Pero en el último año son cada vez más trabajadores y pobres quienes migran. “En la década pasada se iban quienes disponían de más recursos para viajar, en esta siguieron profesionales, después obreros especializados y ahora quienes se aventuran en busca de un trabajo y un ingreso para sus familias, muchos jóvenes”, observó a Brecha el experto Oscar Hernández, del Centro de Capacitación Migratoria en Caracas. Un alto directivo bancario comentó al semanario que “primero se nos fueron expertos en finanzas, después los técnicos en informática, ahora renuncian al empleo y se nos van obreros de limpieza y motoristas”.


La Federación Médica estima que desde 2004 se fueron del país 22 mil profesionales entre galenos, enfermeros y terapistas. “Es un muy grave drenaje de capacidades. Vamos a pagar muy caro que se vayan tantos talentos, tantos profesionales, maestros y estudiantes, gente en lo mejor de su edad productiva”, sostuvo Hernández.


“Al irse la clase media sufren más los pobres, porque quedan sin médicos, sin maestros, sin los profesionales que hacen funcionar los servicios”, comentó el sacerdote Alfredo Infante, fundador en el país del Servicio Jesuita a Refugiados y párroco de La Vega, un populoso barrio obrero del suroeste de Caracas donde “en zonas enteras sólo quedan ancianos y niños al cuidado de algunos parientes o vecinos, fragmentándose las familias”.

 

ECONOMÍA Y POLÍTICA

 

Manuel Fonseca, un inmigrante portugués dueño de una venta de repuestos usados en San Antonio, ciudad-dormitorio al sur de Caracas, cerró el pasado agosto su negocio y se marchó a Lisboa “a la espera de tiempos mejores”, explicó a Brecha. Se decidió después de que el 20 del mes pasado el presidente Maduro tomara medidas que apostaban por recuperar la economía: multiplicó por 35 el salario básico –que aun así es de menos de 30 dólares mensuales–, fijó los precios de artículos esenciales, devaluó 96 por ciento la moneda, le quitó cinco ceros, incrementó el Iva y otros impuestos y anunció que elevará el precio de la gasolina, la más barata del mundo, a valores internacionales.


Gremios empresariales y economistas críticos sostienen que las medidas, al carecer de financiamiento en divisas, implicarán emitir más dinero inorgánico (bolívares sin respaldo) y agravarán más los indicadores de la crisis.


Manuel Sutherland, investigador de la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista, sostiene que “Venezuela sufre la crisis más grave de su historia. Por quinto año consecutivo presenta la inflación más alta del mundo, estimada en 82.766 por ciento para el período de julio de 2017 a julio de 2018. El país lleva nueve meses consecutivos de hiperinflación, con aguda escasez de bienes y servicios esenciales (alimentos y medicinas)”.


Además Venezuela posee “un déficit fiscal que ronda el 20 por ciento del Pbi, el riesgo país más alto del mundo, las reservas internacionales se ubican en el nivel más bajo de los últimos 20 años (…) La caída en el Pbi para el período 2013 a 2018 podría rozar el 45 por ciento”, afirma Sutherland.


Ese panorama impulsa la emigración. Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, afirma que “60 por ciento de los venezolanos no tiene planes de emigrar, pero 40 por ciento sí lo ha pensado. Con la situación económica es previsible la migración de otros cientos de miles, en su mayoría menores de 40 años”, y otra encuestadora, Consultores 21, indicó que un sondeo a 2 mil potenciales migrantes mostró que 54 por ciento de quienes quieren migrar son personas de estratos socioeconómicos medios o altos, y 46 por ciento se considera de sectores populares o marginales. Un 75 por ciento declara voluntad de abandonar el país por razones económicas y el resto por la situación política.


El impacto político de la migración está por medirse. Dirigentes opositores se han autoexiliado, y varios miles de migrantes en España, Estados Unidos, México y otros países han solicitado estatuto de refugiados políticos.

Una prueba del impacto político de la migración y del deterioro de la calidad de vida de buena parte de la población podría verse en la elección de concejos municipales prevista para el venidero diciembre, en la que por cierto no se prevé la participación de la mayoría de partidos políticos opositores, porque su registro legal ha sido cancelado.


VUELTA A LA PATRIA

El gobierno rechaza que Venezuela padezca una crisis humanitaria y ha denunciado una campaña, de la que harían parte gobiernos de América y Europa, para inducir la emigración a fin de justificar agresiones contra el país y promover el derrocamiento de Maduro. Por ello lanzó a finales de agosto una contra-campaña de repatriación de venezolanos con vuelos y autobuses fletados desde naciones vecinas. La bautizó “Vuelta a la Patria” –tomando el nombre de un poema de Juan Antonio Pérez Bonalde (1846-92) que se estudia en las escuelas–, y con ella han retornado varios miles de migrantes decepcionados por la falta de oportunidades o expresiones xenófobas con las que se toparon en los países que buscaron para rehacer sus vidas.


Esas figuras e historias también pueblan el paisaje de la emigración de Venezuela, país que, por contraste, a lo largo del siglo XX acogió a cientos de miles de inmigrantes venidos principalmente del sur de Europa, Oriente Medio, los países andinos, el Cono Sur e islas del Caribe.

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Martes, 25 Septiembre 2018 06:40

A los cuatro vientos. Emigrantes venezolanos

A los cuatro vientos. Emigrantes venezolanos

Se trata, según la Onu, de uno de los movimientos poblacionales más grandes  de la historia latinoamericana. Varios miles de venezolanos llegan cada día a países de la región en busca de un futuro mejor. Algunos viajan en avión o en ómnibus, muchos a pie. Ya son 2,3 millones que viven fuera de su país. Desde Pacaraima, en Brasil, hasta Montevideo o Bogotá –y también en la propia Venezuela–, esta migración masiva deja sus marcas.


El gobierno de Nicolás Maduro niega que se trate de una crisis migratoria, pero en pocos años se han ido de Venezuela más de un millón de personas. Alrededor de 5,6 millones de colombianos viven en Venezuela y nadie dice que Colombia haya vivido una crisis migratoria, responden las autoridades bolivarianas, y la cifra es verdadera, pero olvidan que se llegó a ella en décadas. Sólo desde 2015, según las Naciones Unidas, 1,6 millones de venezolanos se han desplazado hacia todos los puntos cardinales buscando mejores condiciones de vida. A algunos los vemos por acá. La mayoría llega a Colombia, a Brasil, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina, con sus pocos bienes a cuestas, tras caminatas a pie de miles y miles de quilómetros.


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La crisis migratoria –que es cierta y debería romper tanto los ojos como las oleadas de migrantes que pueblan las páginas de los medios– es aprovechada por el gobierno de Estados Unidos y sus acólitos, con el secretario general de la Oea, Luis Almagro, a la cabeza, para incluir a la intervención militar en el “menú de opciones” que barajan para “atacar el gravísimo problema venezolano”, según ha venido elegantemente repitiendo en las últimas semanas la embajadora washingtoniana ante las Naciones Unidas, Nikki Haley.


El escenario en ese sentido está plantado. El sociólogo argentino radicado en Caracas Marco Teruggi recordó semanas atrás (Página 12, 1-IX-18) algunos de los hechos que lo han ido configurando. El “drama de los refugiados y la crisis humanitaria provocada en toda la región por el gobierno de Maduro” fueron, por ejemplo, la excusa esgrimida por el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, para anunciar, a fines de agosto, el envío del buque-hospital Usns a aguas colombianas cercanas a Venezuela. Nikki Haley visitó por la misma época la frontera colombo-venezolana, y desde allí dijo que “el mundo debe darse cuenta de que hay un dictador en Venezuela” y que nada de lo humanamente factible de ser empleado para sacarlo de en medio debe ser descartado. Por los mismos días, Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que “la crisis de los refugiados” justificaba que Estados Unidos considerara la opción militar como una de las posibles ante lo que calificó como una “amenaza para la seguridad de toda la región”. Casi idénticas fueron las expresiones del senador Marco Rubio, uno de los exponentes más conocidos de la extrema derecha republicana, que tras reunirse con John Bolton, integrante del Consejo de Seguridad Nacional, dijo el 29 de agosto: “Venezuela y el régimen de Maduro se han convertido en una amenaza a la región e incluso a Estados Unidos”. Y agregó: “Donald Trump no avisará si decide actuar contra Maduro” (panampost.com, 30-VIII-18). Rubio ha sido, vale recordarlo, uno de los “líderes” con los que se ha venido reuniendo Luis Almagro para analizar la crisis venezolana.


Más o menos coincidentes con todas estas declaraciones fueron las revelaciones del New York Times sobre contactos del gobierno de Trump con militares y civiles venezolanos para preparar un golpe en Venezuela pretextando, entre otros factores, la “crisis humanitaria” representada por el “drama de los migrantes y los refugiados” (véase nota de Humberto Márquez en Brecha de la semana pasada).


Y a los pronunciamientos y llamamientos de la administración Trump y su galaxia hay que sumar la actitud del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, heredero político del actual senador y ex presidente de derecha dura Álvaro Uribe, que ha multiplicado los contactos con personajes del gobierno estadounidense, incluido el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt Tidd, con quien se reunió en Washington antes de asumir el cargo.


Duque, a su vez, se puso la semana pasada aun más a la derecha que el Grupo de Lima. El domingo 16, este conglomerado, formado por 14 países de la región para aislar a Maduro y buscar su caída, rechazó expresamente las declaraciones intervencionistas de Luis Almagro. Colombia fue el único de sus integrantes que no adhirió a ese pronunciamiento.


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Pero que la hay la hay. La crisis migratoria venezolana es real y tangible. Según la Onu, habría 2,3 millones de venezolanos viviendo actualmente fuera del país. La Universidad Central de Venezuela (Ucv) aumenta en millón y medio esa cifra (Afp, 26-VIII-18). En mayo la Organización Internacional para las Migraciones (Oim) afirmaba que el número de inmigrantes venezolanos en el resto de América Latina se había incrementado hasta entonces en un 900 por ciento en comparación con 2015, pasando de 89 mil a 900 mil personas (Efe, 4-V-18).


Hay quienes equiparan la magnitud del desplazamiento con la crisis de refugiados en Siria. Es el caso del Migration Policy Institute de Washington, o de Alfonzo Ianucci, director del proyecto Diáspora. “Lo que estamos viviendo ahora es sólo la punta del iceberg y todo va a empeorar”, dijo este último (Afp, 26-VIII-18).


Aunque los números venezolanos hablan de “una de las crisis migratorias más importantes de los últimos años en el mundo”, señaló Joel Millman, portavoz de la Oim (Efe, 4-V-18), se está lejos todavía de la dimensión de la emigración siria. No sólo en números (desde el comienzo de la guerra, en 2011, se fueron del país oriental más de 5,6 millones de personas, de acuerdo a datos de la Onu), sino también en materia de gestión de la crisis.


La emigración venezolana, comentó Millman en mayo, “está siendo bastante bien gestionada” por los países de la región, hacia donde se dirige el 90 por ciento de los migrantes, según cifras coincidentes de la Oim y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).


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Las cosas, sin embargo, se han ido complicando en los últimos meses, en función de que el flujo de migrantes ha ido creciendo. En agosto Ecuador declaró la “emergencia migratoria” por la llegada de unos 4.200 venezolanos por día en tránsito, en su mayoría, hacia otras naciones del área. Perú, uno de los mayores receptores de venezolanos, resolvió el mes pasado imponer restricciones a los migrantes provenientes de la república bolivariana: hacia fines de mes comenzó a exigirles pasaporte, un documento muy difícil de conseguir en Venezuela, y modificó las condiciones para extender los permisos temporales de residencia. Ecuador se embarcó en el mismo camino. En ambos países se han registrado diversos incidentes xenófobos con migrantes venezolanos en las zonas de frontera. Los más graves sucedieron de todas maneras en el estado brasileño de Roraima.


A fines de agosto las Naciones Unidas matizaron su optimismo de tres meses atrás respecto a la gestión de la crisis en el área, y denunciaron las restricciones decididas por Ecuador y Perú, así como la decisión del gobierno de Brasil de militarizar la acogida de refugiados en Roraima. “Los sectores más vulnerables de la emigración, como los adolescentes, los niños no acompañados, las mujeres que llegan a los países de destino con sus hijos y sin sus parejas, o quienes buscan a sus familiares, no tienen capacidad para satisfacer las exigencias en materia de documentación y están expuestos a un riesgo mayor de explotación (véase nota de Giovanny Jaramillo Rojas, pág 14), de trata y de violencia”, declaró por entonces un alto funcionario de la Onu (Infobae, 23-VIII-18). El lunes 3, en Quito, cancilleres de 11 países de la región decidieron aceptar como válidos los documentos de migrantes venezolanos que hubieran expirado, como forma de destrabar su ingreso a países de acogida, y pidieron al gobierno de Maduro que acelerara la entrega de pasaportes y otros papeles. El miércoles 19, Acnur y Oim nombraron al ex vicepresidente y ex canciller de Guatemala Eduardo Stein como representante especial para migrantes y refugiados venezolanos. “Trabajará para promover el diálogo y el consenso necesarios para la respuesta humanitaria, incluyendo el acceso al territorio, protección de los refugiados, estatuto regular y la identificación de soluciones”, dijeron ambas agencias del sistema de la Onu al definir las funciones del nuevo funcionario. En caso de una intervención militar, afirmaron representantes de Acnur este mes, el “drama humanitario” o la “crisis migratoria” denunciados no sólo no se resolverían, sino que se agravarían.

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