La justicia peruana dicta tres años de prisión preventiva para Kuczynski

Las sospechas de corrupción siguen sacudiendo a la política peruana. La justicia impuso este viernes tres años de prisión preventiva al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que sigue ingresado en una clínica privada tras haber sido sometido a un cateterismo el pasado miércoles. La medida, dictada por un tribunal especializado en corrupción de funcionarios, se adoptó a petición del equipo de la Fiscalía encargado de investigar las ramificaciones del caso Odebrecht en el país. Esta decisión llega apenas dos días después de que el también exmandatario Alan García se suicidara por su implicación en la gigantesca trama de pagos de sobornos a la constructora brasileña que ha hecho temblar los estamentos políticos de América Latina.

Kuczynski, que ganó las elecciones en 2016 y dimitió el año pasado por un caso de supuesta compra de votos, está investigado por la Fiscalía por el delito de lavado de activos en "las modalidades de transferencia, conversión y ocultamiento" con el agravante de "posible pertenencia a una organización criminal". El expresidente estaba bajo arresto preliminar de diez días desde el 10 de abril. Su secretaria y su chófer también fueron arrestados ese día pero quedaron libres el pasado lunes.


El político, de 81 años, fue internado en una clínica privada tras sufrir dolor en el pecho y arritmia y pasó a una unidad de cuidados intensivos luego del cateterismo. Sin embargo, la evaluación de los médicos indica que su condición no reviste gravedad. "Aún continúa en la UCI, estamos a la espera de la opinión de la junta médica", informó el congresista Gilbert Violeta a El PAÍS minutos después de que el tribunal leyera la resolución de detención preventiva. Este representante, electo por Peruanos Por el Kambio, la agrupación impulsada por Kuczynski cuya sucesora es ahora Contigo, y perteneciente a la bancada de Concertación Parlamentaria, criticó la decisión al considerar que para un hombre de esa edad "es en buena cuenta una sentencia de muerte". "La justicia peruana se desacredita a ojos del mundo en el caso PPK. Esta barbaridad tiene que parar", escribió después en su cuenta de Twitter.
La resolución del juez, Jorge Luis Chávez Tamariz, recoge, no obstante, un informe médico legal que señala que el estado del exbanquero de inversión "es inestable pero no indica que sea enfermedad grave". El principal argumento de la detención guarda relación, según el fallo, con el peligro de obstaculización de las investigaciones del equipo de fiscales encargados del caso. Además, el juez apunta que el riesgo de fuga es considerable.


La justicia ha determinado, por el momento, que Kuczynski ocultó y dio información falsa sobre la responsable de las cuentas de Westfield Capital, la empresa unipersonal de banca de inversión desde la que prestó servicios de consultoría a Odebrecht. El juzgado dispuso además orden de comparecencia para la secretaria del expresidente y su conductor.


La investigación apunta que Kuczynski y su antiguo socio Gerardo Sepúlveda recibieron más de dos millones de dólares de Odebrecht por trabajos de consultoría sobre dos obras públicas que finalmente fueron concedidas a la compañía. Se trata de la carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos, ubicado en el norte del país. Parte de esos depósitos los recibió de Odebrecht cuando era ministro durante el mandato de Alejandro Toledo. La justicia señala que en esa condición de alto funcionario del Gobierno aprobó también normas que favorecieron la concesión de dichas obras públicas a la empresa. Además, según las indagaciones de la Fiscalía y pruebas proporcionadas por la constructora, Toledo recibió unos 20 millones de dólares en sobornos por la concesión de la vía Interoceánica Sur.


La medida de prisión provisional se produce en un contexto que demuestra la voluntad del equipo encargado de investigar las ramificaciones del caso Odebrecht en Perú de llegar hasta el final a pesar de las críticas de algunos sectores políticos. Este viernes se conoció una carta que García dejó a sus hijos antes de dispararse cuando iba a ser detenido. En ella, rechaza “sufrir injusticias y circos”, asegura que “no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza” y lanza un amargo mensaje al calificar su suicidio de “muestra de desprecio” hacia sus rivales políticos.

Por Francesco Manetto / Jacqueline Fowks

Lima 19 ABR 2019 - 19:35 COT

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Viernes, 19 Abril 2019 08:20

¿Presidente peruano? ¡Al bote!

¿Presidente peruano? ¡Al bote!

Un tiro de pistola en la cabeza a los 69 años. El reciente suicidio de Alan García, dos veces presidente de Perú, mientras la policía entraba a su casa para capturarlo, ilustra trágicamente el estado agónico de la élite gobernante del país.

En desconcertante simetría, los pasados cinco presidentes –más una casi-presidenta, “dueña” del Congreso, Keiko Fujimori– tienen problemas muy graves con la justicia, en particular desde que fueron atropellados por la avalancha Odebrecht, el caso de corrupción más célebre y ruidoso de América Latina en los pasados años.

A Alberto Fujimori se le puede considerar un caso aparte, y el único realmente juzgado: por sus graves crímenes, desde el autogolpe de 1992 hasta su renuncia vía fax en 2000, está purgando una condena de 25 años, ha obtenido una amnistía ilegal de Pedro Pablo Kuczynski –quien, de paso, ha perdido la presidencia por ello– y ha regresado, pero más al hospital que a la cárcel. Fujimori, que nunca ha pedido perdón por las matanzas que ordenó ni restituyó un centavo de los millones robados, ya es un cadáver político aun con dos herederos activos.

Alejandro Toledo, el cholo de Harvard, que en su época (2001-06) fue considerado un “libertador” por haber encabezado la histórica Marcha de los Cuatro Suyos, recluido recientemente en estado de ebriedad por los policías estadunidenses, se ha reducido a un escuálido borrachín refugiado en Estados Unidos para eludir la justicia nacional. Toledo, prófugo junto con su esposa desde dos años, parece haber recibido al menos 20 milloncitos de Odebrecht.

Alan García, cuya segunda presidencia (2006-11), después de la desastrosa primera (1985-90), sólo se debió a una temporánea e inducida amnesia de los peruanos, muere así sin pagar por unas matanzas históricas que perpetró (El Frontón 1986, Bagua 2009) ni por los prolongados latrocinios que cometió en perjuicio de la nación. El bravucón que sin vergüenza sostenía que “la plata llega sola” y a quienes lo acusaban de enriquecimiento ilícito gritaba: ”¡Pruébenlo, imbéciles!”, una vez llegada la hora de las pruebas, ha preferido la fácil escapatoria de la impunidad perpetua.

Mientras sus escasos seguidores tratan de santificarlo como un “mártir acosado por malos jueces”, la mayor parte de la opinión pública lo considera un gran cobarde –especialmente después de su fallido intento, hace cuatro meses, de refugiarse en la embajada de Uruguay– y los críticos más benévolos subrayan (¿irónicamente?) su generosidad para con los suyos, a quienes deja en herencia una ingente fortuna mal habida.

Las fechorías ni tan ocultas de García, su arrogancia egocéntrica, la costumbre de sacrificar a sus subordinados para que pagaran por él, lo habían vuelto el político más impopular de Perú, blindado frente a la acción de la justicia gracias a los numerosos jueces que le debían el puesto. Sin embargo, la popular ofensiva del actual presidente Martín Vizcarra y de una nueva generación de fiscales contra la corrupción, debió hacerle escuchar pasos en la azotea, porque en los últimos tiempos manifestaba un creciente nerviosismo y ensayaba maniobras diversivas y “sicosociales”, como se les llama en Perú: que el gobierno lo estaba espiando (cuando en realidad se trataba de agentes puestos a su protección), que el verdadero problema del país era la anemia infantil y todo lo demás (o sea la lucha anticorrupción) era pura pantalla, que fue víctima de un intento de asalto (nunca comprobado).

El hombre que tenía fama de medicarse con litio, fármaco que se utiliza para curar trastornos bipolares o maníaco-depresivos, y que el embajador gringo en Lima –esto lo sabemos gracias a Wikileaks, ¡Assange libre!– definió “arrogante, desconfiado y con un ego colosal”, según un informe de 2006, no ha sabido enfrentar la posibilidad de pagar la cuenta. Lo que el entonces embajador James Curtis Struble anotaba entonces, podría sonar a epitafio: “Un aspecto en torno al cual hay casi un acuerdo universal es que García tiene un ego colosal que le puede cegar ante los méritos o las buenas ideas y alternativas que vengan de otro que no sea él. El ego de García es su talón de Aquiles y podría tener consecuencias contraproducentes para el actual gobierno, especialmente si no se vigila”.

Después de haber dedicado años a evadir la justicia –los nueve años de autoexilio en Francia, esperando que prescribieran los delitos de su primera presidencia– el último acto de Alan García ha sido justamente esto: burlarse de la ley. El APRA, un partido que ha tenido un lugar destacado en la historia del 900 peruano y ha formado parte de la Internacional Socialista, se va en el mismo entierro de Alan García, reducido a escombros por el abrazo mortal de su jefe.

¿Qué decir de los otros personajes de la lista? Ollanta Humala y su primera dama Nadine Heredia (2011-16), quien fue la verdadera presidenta del quinquenio, salieron en mayo 2018 de nueve meses de reclusión acusados de lavado de activos. La imputación de haber recibido al menos 3 millones de dólares de Odebrecht para sus campañas electorales de 2006 y 2011 le valió unos meses de prisión preventiva, una sanción que se adopta con demasiada frecuencia cuando hay riesgo de fuga o de manipulación de pruebas. No pueden dejar el país.

Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, a pesar de sus 80 años, acaba de experimentar 10 días de “prisión preliminar” –otra figura que se utiliza en espera de decidir sobre la conveniencia de la prisión preventiva, que puede llegar a tres años. Es investigado por lavado de dinero y crimen organizado por recibir pagos ilícitos de Odebrecht. PPK, que favoreció la empresa brasileña en la adjudicación de la Carretera Interoceánica, tuvo que renunciar a la presidencia hace poco más de un año. Nunca pudo ejercer realmente el poder por la furibunda oposición de Keiko Fujimori, quien está en la cárcel desde casi seis meses acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El último crimen de Keiko Fujimori –aunque no imputable legalmente– consiste en paralizar con su partido la reforma política y judicial impulsada por el presidente Vizcarra, cuya sincera disposición a combatir la impunidad se acompaña al derechismo continental del Grupo de Lima y a los intentos de reformas laborales reaccionarias. De hecho, el bipolarismo de Perú es bien visible: unos de los países más corruptos del continente es donde más se persigue a la corrupción.

Por Gianni Proiettis, periodista italiano

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PPK está acusado de haber utilizado sus cargos de ministro de Economía y primer ministro para favorecer a la constructora brasileña a cambio millonarios contratos.

PPK está acusado de haber utilizado sus cargos de ministro de Economía y primer ministro para favorecer a la constructora brasileña a cambio millonarios contratos.

Cae otro expresidente por el escándalo de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht. Ayer quedó detenido el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Contra él se ordenó detención preliminar por un plazo de diez días. Luego de este tiempo, se podría ordenar su detención preventiva hasta por 36 meses para ser investigado y procesado por los cargos de corrupción en su contra. PPK, como se le conoce al expresidente caído en desgracia, está acusado de recibir pagos a cambio de favorecer a Odebrecht cuando era ministro antes de llegar a la presidencia. La orden de detención sorprendió a Kuczynski en su casa, temprano por la mañana. Desde hace un año, cuando renunció a la presidencia, estaba con impedimento de salida del país.


“Aquí hay una persecución política”, se quejó PPK, en breves declaraciones a una radio colombiana dadas desde su casa, poco después de conocida la orden de detención. Negó los cargos en su contra, sin dar detalles. Pero los argumentos de defensa que ha dado en otras ocasiones han sido poco convincentes. En su cuenta de Twitter, el expresidente calificó su detención como “una arbitrariedad”. “He colaborado con todas las investigaciones (…) Nunca rehuí a la Justicia”, escribió. “Es un momento muy duro para mí”, señaló en otro mensaje.
Pasado el mediodía, Kuczynski, ya detenido, abandonó su vivienda en una camioneta de lunas oscuras, escoltado por la policía y la prensa. Luego de la revisión médica de rigor, PPK, de 80 años, quedó recluido en las celdas que tiene el Poder Judicial para los investigados con detención preliminar. Si en los próximos días la Justicia ordena variar la detención preliminar por la detención preventiva, Kuczynski sería internado en el mismo cuartel policial donde está recluido el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción, a quien PPK indultó pero que luego volvió a prisión al anularse ese irregular perdón. Es una cárcel VIP para ex presidentes.


Kuczynski está acusado de haber utilizado sus cargos de ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) para favorecer a la constructora brasileña a cambio de millonarios contratos de consultorías privadas a Odebrecht realizadas por las consultoras financieras Westfield Capital, de la cual PPK es accionista único, y First Capital, propiedad de un socio suyo y con la cual estaba estrechamente ligado. Toledo está acusado de recibir sobornos de Odebrecht y se encuentra en Estados Unidos sometido a un proceso de extradición.


Como ministro de Toledo, PPK firmó una serie de resoluciones que favorecieron a Odebrecht en diversos proyectos en los cuales las consultoras ligadas al entonces ministro asesoraban a la empresa brasileña. La fiscalía se ha centrado en el caso de la construcción de la ruta interoceánica que une Brasil con la costa peruana, licitación obtenida luego del pago de un soborno de 20 millones de dólares al expresidente Toledo y en la cual el entonces ministro Kuczynski tuvo un rol clave, y en el proyecto de irrigación Olmos, en el cual las empresas consultoras ligadas a PPK dieron asesoría financiera a Odebrecht y éste como ministro autorizó el aval del gobierno para préstamos a la empresa para financiar el mencionado proyecto. También se investiga el supuesto financiamiento ilegal de Odebrecht a su campaña electoral con 300 mil dólares.


Por las asesorías dadas a Odebrecht, las dos consultoras relacionadas con PPK cobraron cerca de cinco millones de dólares. Kuczynski dice que no participó en esos contratos, pero las evidencias revelan que luego de complejos movimientos financieros, que incluían traspasos de dinero de una consultora a otra y el uso de empresas offshore, más de 3,4 millones de dólares llegaron a sus cuentas personales.


Por esos cargos, en diciembre de 2017 en el Congreso se votó la destitución de PPK, quien se salvó luego de canjear con un sector del fujimorismo votos a su favor a cambio de indultar a Fujimori. En marzo de 2018 se dio otro pedido de destitución por los mismos cargos. Horas antes que el tema se vea en el Congreso, PPK renunció a la presidencia, después que se revelara el intento de comprar votos en el Congreso para salvarlo por segunda vez.


Los cuatro últimos expresidentes peruanos están involucrados en la trama de corrupción de Odebrecht, que está remeciendo la política peruana. Además de PPK y Toledo, también son investigados por la fiscalía los exmandatarios Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Y Keiko Fujimori, jefa del partido fujimorista que controla el Congreso, está en prisión preventiva desde noviembre pasado, procesada por el supuesto financiamiento ilegal de Odebrecht a su campaña electoral.


Kuczynski, veterano economista y promotor de inversiones privadas, ha ocupado diversos cargos públicos y ha sido sindicado desde hace mucho de utilizar la función pública para favorecer intereses privados. Estrechamente ligado a los grandes grupos de poder económicos, por su orientación y sus relaciones su gobierno tuvo mucho en común con el de Mauricio Macri. Pero PPK no duró mucho, por sus oscuras relaciones con intereses empresariales cayó diecinueve meses después de asumir el poder. Y hoy está en prisión por esa razón.

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Sodoma: homosexualidad e hipocresía en la Iglesia

Frederic Martel publicó un libro en que sostiene que 80 por ciento del clero de la curia romana es homosexual. Paradójicamente esta mayoría homosexual en Roma es homófoba. La utilizada como una máscara para encubrirse. El 21 de febrero en Roma, justo en el inicio de la cumbre antipederastia convocada por el papa Francisco, se presentó este libro titulado Sodoma, traducido a varias lenguas. Tuve la oportunidad de estar presente en la sala internacional de periodistas donde el autor explicó la naturaleza de su investigación. Cuatro años de trabajo, mil quinientas entrevistas, 30 países visitados, 80 investigadores de apoyo y traducción en diversos países y 14 abogados que lo defiendan de posibles demandas. Sin duda, el libro es no sólo una bomba, sino un éxito editorial por un enfoque no explorado. Su lanzamiento internacional es orquestado como un producto global. Es fruto de una paciente investigación cualitativa que despierta sorpresas en su contenido y cierto morbo, en los países católicos, como secuela de los escándalos de abuso sexual de clérigos a menores.

Sodoma, título del libro, fue una ciudad situada a orillas del mar Muerto según los textos del Antiguo Testamento. Junto a Gomorra, fue destruida por Yavhé. Sodoma, según los relatos, era lugar de perversión, vicios y perdición, castigada con violencia divina por una implacable lluvia de fuego y azufre.

La tesis central del libro es la incongruencia del discurso homófobo de los más altos jerarcas de la Iglesia católica de cara a su práctica y vida homosexual. El posicionamiento público de los jerarcas romanos contradice su comportamiento secreto y privado. Hay una suerte de hipocresía patológica, según el autor, pues existe una discordancia profunda entre su rechazo tajante y visceral ante todo lo homosexual con sus propios secretos íntimos. Mientras más críticos son con la homosexualidad, más lujuriosa es su vida oculta como gays, opina el autor. ¿Cómo explicar que cardenales homosexuales ataquen con todo al papa Francisco? Un gay friendly, es decir, tolerante y hasta condescendiente con los homosexuales. Sin embargo, el investigador francés no vincula la homosexualidad con el abuso pederasta del clero. Nos introduce a una manera alternativa para interpretar los laberintos vaticanos del poder. Martel reinterpreta a lo largo de sus más de 600 páginas la renuncia de Benedicto XVI, la crisis de Vatileaks, la lucha de poder entre camarillas y redes de clérigos homosexuales, entre otros episodios. Reinterpreta con nuevos parámetros los pontificados de Paulo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Circulan en la lectura personajes siniestros como Marcial Maciel, Fernando Karadima (Chile), Alfonso López Trujillo, cardenal colombiano que le declaró la guerra frontal a la teología de la liberación. También aparecen como cabezas de clóset homosexual los secretarios de Estado Angelo Sodano y Tarcisio Bertone. Retrata las redes de complicidades palaciegas que son consecuencia, entre la corrupción, la cobertura y el chantaje. Hay relatos abrumadores de una extraña relación de atracción-repulsión de actores eclesiásticos que se han envilecido.

En la conferencia de prensa en el centro histórico de Roma, diversos vaticanistas lo encararon, reprochando la falta de seriedad y rigor en su investigación. Es un análisis de entrevistas y hasta chismes, muchos sin posibilidad de corroborar. Con humor, Martel respondió que sólo un investigador gay como él podría hacer un trabajo de tal envergadura porque conoce los códigos de las comunidades homosexuales. Recapituló que recibió información en entrevistas de 41 cardenales, 52 obispos, 45 nuncios apostólicos, periodistas, embajadores extranjeros y más de 200 sacerdotes y seminaristas para develar el secreto mejor guardado en la Iglesia: la homosexualidad como sistema dominante. Incluso se ufanó de haber usado la seducción para adquirir información, aportación "novedosa" a la metodología científica. Y reprochó a los vaticanistas: "Ustedes no entienden nada de lo que ocurre en el Vaticano", o peor, son cómplices de los secretos de alcoba de los altos monseñores.

Bajo esta lupa, Martel analiza la crisis de vocaciones sacerdotales. Antes el sacerdocio era una salida digna para un joven homosexual. Con la apertura y mayor comprensión social a la condición, ahora la Iglesia resulta poco atractiva. Porque se ha convertido en un espacio de homosexualidad unas veces casta, otras veces, la mayoría manifiesta y promiscua, pero siempre teñida de homofobia

En el diario Francés Le Figaro, el dominico Thierry-Dominique Humbrecht ofrece una lectura crítica del libro. Reconoce revelaciones impactantes, pero ante todo increpa que es un trabajo militante. Un periodista miembro de la comunidad gay reprocha al Vaticano y a la Iglesia vivir no sólo una identidad homosexual retorcida, es decir, esquizofrénica, escondida y reprimida, sino también una sistemática agresión a las comunidades gays reales que viven con libertad su condición. El dominico reconoce que Martel pretende forzar a la Iglesia a evolucionar sobre la homosexualidad.

Martel, en Sodoma, nos introduce a las entrañas del Vaticano con diferentes claves de lectura. Ahí su originalidad. Exhibe espesuras fangosas desconocidas de la institución eclesiástica y un embarazoso sistema. Bajo una ley no escrita, lo que él llama "el código Maritain", clave que posibilita comprender los cimientos, actitudes y comportamientos de los actores no sólo del Vaticano, sino de muchas Iglesias locales. La Iglesia mexicana no escapa de esta investigación provocación. No sólo existe Maciel, no es él un accidente aislado, hay muchos otros actores agazapados en el clóset. Seguro vendrán nuevas pesquisas.

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El fantasma de Saadi Kadafi ronda tras la cabeza de Justin Trudeau en Canadá // El premier está implicado en un escándalo

Otro mandatario socio de México en el antiguo TLCAN es implicado en un grave escándalo por obstrucción de la justicia que puede costar su puesto al premier canadiense, Justin Trudeau.

Sin contar su pleito montado contra la telefónica china Huawei (https://bit.ly/2EePRtn), el otrora carismático líder de 47 años había empezado a perder la brújula con viajes estrafalarios a la isla privada del dignatario Aga Khan y a India, donde apoyó a los legendarios sijs, y su santa alianza con el atribulado presidente francés Macron contra Trump en la pasada cumbre del G-7.

Ahora, un megaescándalo, que ha sacudido las entrañas judiciales y políticas de la apacible Canadá, pone en tela de juicio su relección en los próximos comicios de otoño, en donde ya figura como perdedor con su Partido Liberal, frente al Partido Conservador que tampoco luce muy bien pero que se aprovecha de los graves errores de juicio de Trudeau.

La constructora SNC-Lavalin, con sede en Montreal (Quebec), cuenta con más de 50 mil empleados en más de 50 países y operaciones en más de 160 naciones, con ingresos de 6 mil 932 millones de dólares estadunidenses (en 2017).

Sucede que la pestilente constructora/minera/metalúrgica/ energética/hidráulica, debido a sus presuntas lubricaciones al Partido Liberal, gozó de la laxitud legal del gabinete de Trudeau, según explosivas acusaciones de la ex procuradora Jody Wilson-Raybould, quien acusó al premier y a otros 11 funcionarios de recibir "amenazas veladas" para obligarla a recusarse de la investigación (https://tgam.ca/2VH4AEv).

Las acusaciones versan sobre la conducta inapropiada de la constructora quebequense que sobornó a funcionarios de Libia, durante el mandato del luego sodomizado (literal) Muammar Kadafi, además de haber contratado hetairas al servicio de Saadi, hijo del mandatario libio, para complacerlo durante una visita a Canadá en 2008 (https://bit.ly/2IWSiqn). Ahora sí que los negocios de la constructora eran redondos e integrales.

La comparecencia de la ex procuradora –degradada a un puesto menor por desobediencia– ante el Comité de Justicia del Parlamento desencadenó una serie de renuncias que empezó con Gerald Butts, principal asesor político y amigo de adolescencia del premier.

El líder de la oposición del Partido Conservador, Andrew Scheer, conminó al premier a presentar su renuncia, quien reviró que serán las elecciones de otoño las que definan si debe continuar en su cargo.
El alegato de Trudeau para defender a la macabra constructora se centraba en la defensa de empleos y en la probable transferencia de la empresa de Montreal a otro lugar (https://bit.ly/2BSJ5cj).

Moon of Alabama diagnostica que “Trudeau está acabado (https://bit.ly/2HkXIZD)”: La matriz de la empresa y 3 mil 400 de sus empleados se encuentran en Quebec, donde el Partido Liberal "necesita colectar votos" en la elección federal de otoño "para conservar su mayoría". Un juicio contra la pestilente empresa la hubiera anatemizado de todos los contratos públicos en Canadá durante 10 años, lo cual "hubiera costado empleos y votos".

Curioso mundo neoliberal: el primer escándalo de Trudeau y está apunto de ser eyectado del poder, mientras que la putrefacta SNC-Lavalin destila desde 1995 (antes de que apareciera en el radar Trudeau) una espesa estela de azufre con una serie de escándalos: desde la presa hidroeléctrica de Kerala (India), pasando por la "reparación" del puente Jacques Cartier en Montreal (¡No perdonan ni a sus conciudadanos!), hasta su tsunami corruptógeno en Libia (por pitazo del gobierno suizo).

No podía faltar su eslabón del “México neoliberal itamita”, en la etapa aciaga de Calderón, cuya filial participó en "la trama para trasladar a México a Saadi Kadafi" mediante las tratativas bajo la mesa de los canadienses Stéphane Roy y Cynthia Vanier con la "mexicana" falsificadora de documentos Gabriela Dávila Huerta de Cueto (https://bit.ly/2SVIaxu).

El premier de Canadá niega rotundamente su injerencia legal y atribuye las renuncias a una "erosión de la comunicación" en su gabinete (https://bit.ly/2H8ZUnA). A ver qué dicen los electores.

www.alfredojalife.com

Twitter: @AlfredoJalifeR_

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El presidente de Ecuador adquirió una vivienda en España en 2016 a través de una sociedad 'offshore'

Medios ecuatorianos implican a Lenín Moreno en un escándalo de corrupción con ramificaciones en España. El diputado Ronny Aliaga, del partido Revolución Ciudadana, ha presentado una denuncia ante la fiscalía ecuatoriana


La activista con la que habla Público no puede esconder su indignación. Si se tratase de Vladímir Putin, Nicolás Maduro o Kim Jong-Un, afirma, la noticia habría salido hace tiempo en portada en todos los diarios, y a cuatro columnas. Sin embargo, la noticia ni siquiera ha sido tal. Y no porque ella y otros lo intentasen. Hasta que ha dado con Público, se puso en contacto con otros medios de comunicación, algunos de ellos importantes, pero ninguno contestó (uno de los pocos que se hizo eco del caso fue el portal kaosenlared). Para la activista, el motivo es claro: el protagonista de este escándalo no es otro que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que ha llevado al país de vuelta a la esfera de influencia estadounidense.
El escándalo, destapado por los periodistas Christian Zurita Ron y Fernando Villavicencio en el portal digital La Fuente a mediados del pasado mes de febrero en un reportaje titulado El laberinto offshore del círculo presidencial, tiene ramificaciones en España. El diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador por la provincia de Guayaquil, Ronny Aliaga, se trasladó recientemente hasta el municipio alicantino de la Vila Joyosa para denunciar que un apartamento del edificio Mirador fue adquirido presuntamente por la empresa offshore INA Investment, de cuyo accionariado forma parte el círculo íntimo de Moreno. Las propias siglas de la compañía serían una referencia al nombre de las tres hijas del presidente ecuatoriano: Irina, Karina y Cristina. La sociedad compró esta vivienda, que habría sido utilizada por la familia del presidente ecuatoriano para pasar sus vacaciones en el litoral valenciano, en el año 2016 a través de dos transferencias desde el Balboa Bank de Panamá. Txema Guijarro, diputado de Podemos por Alicante, presentó ayer martes una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados sobre la cuestión.


Los 'INA Papers'

La sociedad en el centro del escándalo estuvo domiciliada en Belice, un país centroamericano considerado paraíso fiscal. INA Investment fue constituida por el hermano del presidente ecuatoriano, Edwin Moreno Garcé, en marzo de 2012, siendo Lenín Moreno vicepresidente del país. Moreno Garcé también habría gestionado según las informaciones publicadas por La Fuente la apertura de cuentas en el Balboa Bank. Formaron parte de esta sociedad, ya disuelta, la esposa de Lenín Moreno, Rocío González, su consejero presidencial, Santiago Cuesta, y el empresario Conto Patiño, amigo personal del presidente ecuatoriano. En el escándalo también estarían implicados el empresario Xavier Macías Carmigniani y su esposa, María Auxiliadora Patiño Herdoiza, hija de Conto Patiño y administradora de la sociedad.


INA Investment compró varios inmuebles entre los años 2012 y 2016 para el uso de Lenín Moreno y su familia, además de artículos de diseño, carteras de piel de cocodrilo, automóviles de gama alta y muebles de lujo y alfombras para su residencia en Ginebra, cuando trabajaba como comisionado especial de la ONU para temas de discapacidad y accesibilidad. La trama se descubrió de hecho a raíz de que María Auxiliadora Patiño cometiese un desliz y pagase con fondos de INA Investment algunos de esos objetos para Rocío González Moreno durante los años en que el matrimonio residió en Ginebra.


En el reportaje de Christian Zurita Ron y Fernando Villavicencio se destaca una transferencia de unos 18 millones de dólares estadounidenses procedente de Sinohydro, una empresa estatal china, a la empresa Recorsa, administrada por Conto Patiño. Sinohydro recibió un contrato del gobierno ecuatoriano para la construcción de la presa de Coca Codo Sinclair, al este de Quito, la mayor obra de infraestructura pública de la historia del país. La oposición a Lenín Moreno considera que el entonces vicepresidente facilitó en 2009 a Carmigniani la obtención de contratos relacionados con este proyecto a cambio de comisiones. En su denuncia, Aliaga señala a Xavier Macías, Conto Patiño y María Auxiliadora Patiño como los testaferros que administraron y ocultaron las compras para Moreno y su familia realizadas con el dinero de los sobornos en efectivo, depositados en cuentas opacas en paraísos fiscales y administradas por INA Investment. El total superaría, de acuerdo con algunas fuentes ecuatorianas, los 65 millones de dólares.


Uno de los casos más sonados denunciados por los medios ecuatorianos ocurrió en 2016. Aquel año varias provincias del país se vieron afectadas por un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter. Lenín Moreno y Santiago Cuesta, denuncian el diputado del partido Revolución Ciudadana y otros, desviaron parte de las donaciones destinadas a ayuda humanitaria a cuentas privadas para su uso particular.


"Estamos viendo cómo la familia presidencial de Ecuador se ha dado la gran vida con dinero proveniente de las coimas de Sinohydro mientras el pueblo sufre despidos masivos, aumento de combustible, inseguridad, ineptitud e inconsecuencia de las autoridades", declaró Aliaga días atrás en una entrevista con Radio Panamericana.


Teniendo en cuenta que ni el presidente de Ecuador ni su equipo de comunicación han desmentido hasta la fecha lo publicado por La Fuente, en su denuncia ante la fiscalía, Ronny Aliaga considera plenamente justificada su denuncia, en la que solicita "la correspondiente investigación en contra del presidente Lenín Moreno, su hermano Edwin Moreno y otros" por la presunta comisión de los delitos de perjurio, falso testimonio y cohecho. Ante los medios de comunicación, el diputado ecuatoriano responsabilizó al gobierno de los riesgos que pueda haber a su seguridad e integridad.

 

Barcelona
06/03/2019 07:46 Actualizado: 06/03/2019 07:46
Àngel Ferrero

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Domingo, 03 Marzo 2019 09:40

El fiscal del diablo

El fiscal del diablo

Néstor Humberto lleva en la vida pública nacional desde finales de los años 80, en activa relación entre el sector privado bancario y la política partidista. Su relación entre el capital y el poder lo ha convertido en un alfil para tapar los torcidos. Hoy, con el escándalo de Odebrecht, su autoridad está cuestionada. Cada episodio que se conoce de esa serie, trasluce una realidad cada vez más oscura y tétrica de las “altas esferas”. Este perfil describe el sector social al que pertenece.

 

Abogado y economista, recientemente cumplió 69 otoños; proviene de una familia acomodada. Su padre, Humberto Martínez Salcedo –“El corcho”–, fue actor, periodista, humorista y director de cine. Trabajó para la emisora cultural HJCK; fundó el periódico El Pereque. Su imagen más recordada se relaciona con el maestro Salastiano Tapias, obrero de construcción en el programa “Sábados felices”, y el maestro Taverita en la serie nacional “El Chinche”. Con sus personajes se quejaba de la ineficiencia del Estado, de hecho dejó el Derecho para dedicarse al humor político; vivió entre la censura cuando le cancelaban sus programas. Su hijo seguiría sus pasos con el Derecho, pero en el otro campo quizás se convertiría en un mal chiste improvisado o muy gris. Como Heriberto de la Calle, en abril de 1998, cuando le preguntaba si con el doctor Pastrana todos eras sanos y calletanos, éste respondía que eran una gran alianza por el cambio. Como diría Garzón: quién iba a pensar que al primer maestro humorista le saliera un hijo así de cafre.

 

Trepando a la carrera

 

Nuestro bachiller salió del Colegio Mayor de San Bartolomé a comienzos de los setenta, quizás allí conoció a José Elías Melo cuando capaban clase o saltaban tapia. Posteriormente se formó en las disciplinas de economía y leyes en la Pontificia Universidad Javeriana, se especializó en derecho financiero y arbitramento comercial, conocimiento que pronto pondría en práctica al fundar el Centro de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, para escalar a continuación como funcionario de la Superintendencia de Sociedades hasta llegar a ser Superintendente delegado para instituciones financieras.

 

A finales de los 80 Virgilio Barco lo nombró Superintendente Bancario y a comienzos de los 90 asumió la primera Junta Directiva del Banco de la República; también estuvo en la Comisión de Supervisión Bancaria de América Latina y el Caribe; fue subgerente legal del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Una trayectoria como para saltar al escenario de la política nacional en el Ministerio de Justicia y Derecho en tiempos de Samper. Quizás allí aprendió cómo hacer grandes torcidos. Después viajaría como embajador en Francia, hasta que se le abrió la boca renunciando para lanzarse como precandidato liberal a la Alcaldía de Bogotá, disputa que pierde con nuestro alcalde de papel. Entonces se unió a una disidencia del partido liberal, alrededor del exfiscal Valdivieso, para aliarse con los conservadores.

 

El éxito del oportunismo lo llevó en la era Pastrana –a finales de los años 90– a ser Ministro del Interior y ejercer interinamente como Ministro de Justicia. Su renuncia se debió a un escándalo nacional, presionado para dimitir ante la amenaza de una moción de censura interpuesta por el entonces senador Amylkar Acosta –político liberal guajiro. El asunto en cuestión fue la reforma política; renunció antes que se votara la moción. Hoy tiene muchos más motivos para renunciar.

 

Una vez acumulado poder político y económico, montó su propia oficina de abogados, profesión que combinó durante toda la era de Uribe con la de profesor en distintas universidades. Hoy recibe el respaldo de quien está al frente y a la sombra de una franja importante del país en nuestro país, pues ante las denuncias de Daniel Coronel, el otrora Presidente y hoy Senador asegura que el fiscal es un hombre honesto.

 

Su relación con el capital financiero lo llevó a estar a la cabeza en el pleito más sonado en los 90, al representar a la familia Gilinski contra el Grupo Empresarial Antioqueño –el otrora “Sindicato Antioqueño”, en la fusión entre el Banco de Colombia con el Industrial Colombiano (BIC). De hecho, la firma legal Martínez Neira ha asesorado fusiones y compras bancarias como Colpatria con Corpavi, Bogotá con Megabanco y Superior con Davivienda. El éxito de la firma ha llegado a tal punto que realizó un acuerdo de asociación en Nueva York con el bufete legal DLA Piper (la mayor facturadora del mundo). Un negocio donde el bufete gringo adquirió una parte de la firma Martínez Neira, a la vez ambas se intercambian mutuamente clientes. La firma Martínez Neira ha asesorado no sólo a Luis Carlos Sarmiento sino también a Ardila Lule y al grupo Santo Domingo.

 

En el 2013, Néstor Humberto fue asesor en el proyecto de Ley de Baldíos, nada más que para beneficiar la situación jurídica de los grandes “cacaos” que habían comprado enormes extensiones de tierra en la antillanura, pasándose los topes legales de tierras dadas por la antigua reforma agraria. En el segundo periodo de Santos volvió a ser ministro, pero ahora con más poder como Ministro de Presidencia. Era conocido como el “Superministro” pues se relacionaba con todos los partidos e incluso unificó en un solo decreto cada ministerio, con especial polémica con el sector ambiental.


Unos años más, en el 2015, su poder seguía creciendo a tal punto que a finales del primer semestre protagonizó una pelea de gabinete, desautorizó de frente y en público –ante el Congreso– a Juan Fernando Cristo y Yesid Reyes, ministros del Interior y Justicia en ese momento. La coyuntura era el debate sobre el equilibrio de poderes, Humberto hizo proposiciones sin consultar nada con sus pares.

 

Con esta trayectoria logró el apoyo de los poderosos de siempre y de los advenedizos. Su amistad con Germán Vargas viene desde su disidencia liberal para fundar “Alianza por el cambio”, bautizado luego como “Cambio Radical”; no es extraño, por tanto, que Germán Vargas presionara a Santos para incluirlo en la terna de Fiscal sobre los 113 candidatos postulados, a pesar de no ser penalista. Con 17 de los 20 votos logrados en la Corte Suprema, cerraría con broche de oro una parte de su meteórica carrera. Cuando le preguntaron, como candidato, en qué casos se declaraba impedido señaló “No tengo ningún familiar y ningún cliente en causa de investigación”.

 

Amigo de Luis Carlos Sarmiento

 

El escándalo por corrupción suscitado por las contrataciones con Odebrecth tiene hasta el momento 91 personas investigadas, 18 en la cárcel, 15 fiscales rastreando coimas en 150 contratos ficticios y por 32,5 millones de dólares. De los pormenores que dejan ver la pus que cubre ese cuerpo se sabe más a partir de las declaraciones del trío brasileño de los “Luizes”, por ejemplo de los sobornos dentro de la Ruta del Sol II –Ocaña-Gamarra–, contratada durante la administración de Álvaro Uribe.

 

En ese entonces el viceministro de transporte, Gabriel García Morales, recibió sobornos que untarían a congresistas y funcionarios, el propio Gabriel sostiene que a los brasileños los conoció en Casa de Nariño. Ahora existen indicios que el 30 por ciento del soborno lo recibió Corficolombiana del grupo Aval, en manos de José Elías Melo Acosta, alto director de gerencia, que también fue ministro de trabajo en la era Gaviria y después Superintendente Bancario. Seguramente su confesión y aceptación de cargos sean favores cobrados para salvar a Luis Carlos Sarmiento Junior. El grupo Aval dice que conocieron de los sobornos en diciembre de 2016, cuando los directivos de Odebrecth declararon ante la justicia americana y brasileña. Pero el contrato de transacción es la prueba reina para demostrar un acuerdo para conciliar las partes. Varios poderosos están implicados, por ejemplo, Pedro Valencia, abogado de Corficolombiana en 2010 y hermano del actual ministro de agricultura.

 

La cercanía de Néstor Humberto con Sarmiento es tal que fue nombrado dentro de la Junta Directiva de la Casa Editorial El Tiempo, también como asesor de cabecera en la compra de El Tiempo al grupo español Planeta, y ante Securities and Exchange Commission, una especie de superintendencia en los Estados Unidos, para la entrada del Grupo Aval en la Bolsa de Nueva York. También asesoró al grupo en la compra de Promigas.

 

Caso Pizano

 

Recientemente la Fiscalía cerró el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano, exauditor de la Ruta del Sol, quien evidenció los sobornos y se los comunicó en agosto de 2015 a este paladín del derecho económico, para que se los entregara a Sarmiento. Pizano insistía que nadie le ponía cuidado por lo que llamaban chismes. En el curso de tal conversación con el hoy fiscal, la informalidad de éste, entre groserías y risas confirma la presencia del delito: “esta vaina se putió […] verifique esta mierda […] ese es un torcido […] yo tengo tantos años como profesional, yo me conozco a toda esa gente […] el único guevón que va a estar enterrado es usted (risas)”.

 

El fiscal dice que no podía como particular denunciar, además porque no se sabía para dónde iba la plata. Pero, ¿cómo no van a saber que es un delito? ¿Qué no tenía certeza que eran coima? Dice que cuando se posesionó como fiscal, Odebrecth no era todavía un escándalo. Las cosas cambian y Pizano se convirtió en testigo contra el presidente de Corficolombiana, lo que permite presumir que ya había tensión de alto calibre entre los otrora amigos.

 

En el caso Odebrecht, Néstor Humberto se declaró impedido solo hasta mayo del 2018, antes viajó internacionalmente para entrevistarse con 10 fiscales, incluyendo el de Brasil. Hay que recordar que nuestro personaje también está impedido en el caso Hyundai donde fungía de apoderado del señor Carlos Mattos, que ha querido pasar limpió y se sabe del millonario soborno a la juez Ligia del Carmen. Parece que la juez y el hoy fiscal ya se conocían en un pleito que terminó favorable a Corficolombiana.


Con esta última empresa el ahora fiscal ya había adelantado obscuras acciones como la del fraude financiero, donde se justificaban como CDTs falsos para no pagarle a Alejandro González Beltrán 3.000 millones resultado de sus inversiones, negocio en el cual la Sala penal de la Corte había fallado a favor de González. Entonces, Humberto Martínez apareció con falsas propietarias, las hermanas Jaramillo, que nunca fueron consultadas, utilizando sus firmas y cuando ellas fueron a reclamar Humberto les dijo: “¿ustedes no estaban muertas?”. Aún el señor González está esperando su plata. Todos los sucesos que circulan a su alrededor demuestran el peso de Corficolombiana, vía Humberto Martínez Neira en la rama judicial.

 

Entre coimas y algo más, hay que recordar que el señor Pizano comenzó a ser investigado en 2017 por el proyecto Tunjuelo-Canoas, contratado por la Administración Distrital de Samuel Moreno, actuando allí como gerente del Acueducto. ¿Un hombre ingenuo y utilizado por terceros? Todo puede ser, en todo caso temía ir a la cárcel, como Luis Fernando Andrade ex director de la ANI, quien pide que el fiscal declare impedimento en su caso, pues la investigación del fiscal sería sesgada.

 

Pizano se sentía decepcionado, deprimido y no quería quedar como corrupto. Se fue quedando solo; el fiscal le indicó que si tenía pruebas hiciera un memorial. Temía incluso por su propia vida. Fue el mismo Humberto quien declaró que su viejo amigo murió de una falla cardiaca, quizás un susto al corazón por el intento de suicidarse.

 

A continuación, casi de inmediato, el turno le correspondió a su hijo, “muerte accidental”, al beber, tres días después, de una botella; él era quién más sabia del asunto de su padre e incluso guardó los audios. Algunos familiares señalan que la botella no estaba ahí. Para la Fiscalía es un caso cerrado sin preguntas por resolver, como por ejemplo, frente a las presiones que padecía Pizano.

 

Por este culebrón tuvo que renunciar al Director Nacional de Medicina Legal, a cargo de la entidad desde hacía ocho años, por “confundir” un análisis de una supuesta mancha de sangre existente en una toalla usada por Pizano, que después se dijo que no era de humano y que en verdad resultó ser una muestra de saliva. El anuncio se hizo público después de la reunión con el fiscal. Pero siempre la fiscalía ha reforzado la teoría que no murió envenenado, basado para ello en una supuesta autopsia en el hospital de Facatativá. El sindicato de Medicina Legal ha denunciado que la muestra analizada no sirve para determinar la presencia de cianuro y que en este caso se han pasado por alto los protocolos internos.

 

Ante todo esto, no es casual que diferentes personas y organizaciones exijan al fiscal que se declare impedido para seguir al tanto del caso. Y tienen razón. El fiscal debe estar impedido por varias situaciones: en primer lugar, porque emitió concepto jurídico favorable en la adición Ocaña-Gamarra en septiembre de 2012 en la Ruta del Sol II. Es decir, que comprometió su criterio jurídico para adicionar los polémicos otro sí. Aunque nuestro tinterillo bursátil ha querido negar todo, como asesor apoderado del consorcio Ruta de Sol en 2012 ante el Ministerio de Comercio, el último día de la ejecución del término, presentó el contrato de estabilidad jurídica. Como superministro dio vía libre a la adición Ocaña-Gamarra considerada de importancia estratégica en el Conpes del 2014. Néstor Humberto dice que todo es una conspiración de exclientes, funcionarios de la DEA y fiscales de los Estados Unidos. En 2016 redactó el contrato de transacción para dimitir controversias entre Odebrecht y Episol –que es la firma que pertenece al grupo Aval–. Es decir, a pesar de evidenciar delitos deciden limar asperezas con una indemnización.

 

Las grabaciones demuestran de su conocimiento de las coimas en 2015. Esto quiere decir que tenía conocimiento de detalles de la corrupción y lo ocultó ante la Corte para ser elegido como fiscal. Ya en el cargo realizó toda suerte de acciones y declaraciones como ante el Capitolio el 27 de noviembre de 2018, utilizando a funcionarios y recursos de la fiscalía, junto con pruebas de procesos sin legalizar pues para su defensa obtuvo acceso al celular, computadores y tablet del difunto Pizano.

 

Todos sus actos son susceptibles de investigación. Solo hasta el pasado 24 de enero el fiscal se declaró impedido en lo relacionado con el caso Odebrecth. Con el atentado a la Escuela General Santander, los medios y el alto gobierno dejaron que proyectara su imagen de eficiencia y prontitud sin importar imprecisiones y errores. Todo con la necesidad de aparentar resultados.

 

Así las cosas, Néstor Humberto recuerda más al abogado de don Corleone, encargado de ocultar los crímenes de la mafia italiana; la diferencia es tenerlo en el ente acusador. Sin duda, es un chiste gris de la oligarquía para poderse reír de todo el país de abajo. Él representa ese sector acomodado, que enamorado de sus privilegios y de los beneficios del poder ganados, está dispuesto a conservarlos, al costo que sea, dando batalla permanente por proteger los privilegios de los más ricos y poderosos del país. No hay límite ni norma que valga para sacar limpios a esta “gente de bien”. Cómo él mismo diría, ese es el talante de nuestro fiscal.

Publicado enColombia
Jueves, 28 Febrero 2019 16:14

El fiscal del diablo

El fiscal del diablo

Néstor Humberto lleva en la vida pública nacional desde finales de los años 80, en activa relación entre el sector privado bancario y la política partidista. Su relación entre el capital y el poder lo ha convertido en un alfil para tapar los torcidos. Hoy, con el escándalo de Odebrecht, su autoridad está cuestionada. Cada episodio que se conoce de esa serie, trasluce una realidad cada vez más oscura y tétrica de las “altas esferas”. Este perfil describe el sector social al que pertenece.

 

Abogado y economista, recientemente cumplió 69 otoños; proviene de una familia acomodada. Su padre, Humberto Martínez Salcedo –“El corcho”–, fue actor, periodista, humorista y director de cine. Trabajó para la emisora cultural HJCK; fundó el periódico El Pereque. Su imagen más recordada se relaciona con el maestro Salastiano Tapias, obrero de construcción en el programa “Sábados felices”, y el maestro Taverita en la serie nacional “El Chinche”. Con sus personajes se quejaba de la ineficiencia del Estado, de hecho dejó el Derecho para dedicarse al humor político; vivió entre la censura cuando le cancelaban sus programas. Su hijo seguiría sus pasos con el Derecho, pero en el otro campo quizás se convertiría en un mal chiste improvisado o muy gris. Como Heriberto de la Calle, en abril de 1998, cuando le preguntaba si con el doctor Pastrana todos eras sanos y calletanos, éste respondía que eran una gran alianza por el cambio. Como diría Garzón: quién iba a pensar que al primer maestro humorista le saliera un hijo así de cafre.

 

Trepando a la carrera

 

Nuestro bachiller salió del Colegio Mayor de San Bartolomé a comienzos de los setenta, quizás allí conoció a José Elías Melo cuando capaban clase o saltaban tapia. Posteriormente se formó en las disciplinas de economía y leyes en la Pontificia Universidad Javeriana, se especializó en derecho financiero y arbitramento comercial, conocimiento que pronto pondría en práctica al fundar el Centro de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, para escalar a continuación como funcionario de la Superintendencia de Sociedades hasta llegar a ser Superintendente delegado para instituciones financieras.

 

A finales de los 80 Virgilio Barco lo nombró Superintendente Bancario y a comienzos de los 90 asumió la primera Junta Directiva del Banco de la República; también estuvo en la Comisión de Supervisión Bancaria de América Latina y el Caribe; fue subgerente legal del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Una trayectoria como para saltar al escenario de la política nacional en el Ministerio de Justicia y Derecho en tiempos de Samper. Quizás allí aprendió cómo hacer grandes torcidos. Después viajaría como embajador en Francia, hasta que se le abrió la boca renunciando para lanzarse como precandidato liberal a la Alcaldía de Bogotá, disputa que pierde con nuestro alcalde de papel. Entonces se unió a una disidencia del partido liberal, alrededor del exfiscal Valdivieso, para aliarse con los conservadores.

 

El éxito del oportunismo lo llevó en la era Pastrana –a finales de los años 90– a ser Ministro del Interior y ejercer interinamente como Ministro de Justicia. Su renuncia se debió a un escándalo nacional, presionado para dimitir ante la amenaza de una moción de censura interpuesta por el entonces senador Amylkar Acosta –político liberal guajiro. El asunto en cuestión fue la reforma política; renunció antes que se votara la moción. Hoy tiene muchos más motivos para renunciar.

 

Una vez acumulado poder político y económico, montó su propia oficina de abogados, profesión que combinó durante toda la era de Uribe con la de profesor en distintas universidades. Hoy recibe el respaldo de quien está al frente y a la sombra de una franja importante del país en nuestro país, pues ante las denuncias de Daniel Coronel, el otrora Presidente y hoy Senador asegura que el fiscal es un hombre honesto.

 

Su relación con el capital financiero lo llevó a estar a la cabeza en el pleito más sonado en los 90, al representar a la familia Gilinski contra el Grupo Empresarial Antioqueño –el otrora “Sindicato Antioqueño”, en la fusión entre el Banco de Colombia con el Industrial Colombiano (BIC). De hecho, la firma legal Martínez Neira ha asesorado fusiones y compras bancarias como Colpatria con Corpavi, Bogotá con Megabanco y Superior con Davivienda. El éxito de la firma ha llegado a tal punto que realizó un acuerdo de asociación en Nueva York con el bufete legal DLA Piper (la mayor facturadora del mundo). Un negocio donde el bufete gringo adquirió una parte de la firma Martínez Neira, a la vez ambas se intercambian mutuamente clientes. La firma Martínez Neira ha asesorado no sólo a Luis Carlos Sarmiento sino también a Ardila Lule y al grupo Santo Domingo.

 

En el 2013, Néstor Humberto fue asesor en el proyecto de Ley de Baldíos, nada más que para beneficiar la situación jurídica de los grandes “cacaos” que habían comprado enormes extensiones de tierra en la antillanura, pasándose los topes legales de tierras dadas por la antigua reforma agraria. En el segundo periodo de Santos volvió a ser ministro, pero ahora con más poder como Ministro de Presidencia. Era conocido como el “Superministro” pues se relacionaba con todos los partidos e incluso unificó en un solo decreto cada ministerio, con especial polémica con el sector ambiental.


Unos años más, en el 2015, su poder seguía creciendo a tal punto que a finales del primer semestre protagonizó una pelea de gabinete, desautorizó de frente y en público –ante el Congreso– a Juan Fernando Cristo y Yesid Reyes, ministros del Interior y Justicia en ese momento. La coyuntura era el debate sobre el equilibrio de poderes, Humberto hizo proposiciones sin consultar nada con sus pares.

 

Con esta trayectoria logró el apoyo de los poderosos de siempre y de los advenedizos. Su amistad con Germán Vargas viene desde su disidencia liberal para fundar “Alianza por el cambio”, bautizado luego como “Cambio Radical”; no es extraño, por tanto, que Germán Vargas presionara a Santos para incluirlo en la terna de Fiscal sobre los 113 candidatos postulados, a pesar de no ser penalista. Con 17 de los 20 votos logrados en la Corte Suprema, cerraría con broche de oro una parte de su meteórica carrera. Cuando le preguntaron, como candidato, en qué casos se declaraba impedido señaló “No tengo ningún familiar y ningún cliente en causa de investigación”.

 

Amigo de Luis Carlos Sarmiento

 

El escándalo por corrupción suscitado por las contrataciones con Odebrecth tiene hasta el momento 91 personas investigadas, 18 en la cárcel, 15 fiscales rastreando coimas en 150 contratos ficticios y por 32,5 millones de dólares. De los pormenores que dejan ver la pus que cubre ese cuerpo se sabe más a partir de las declaraciones del trío brasileño de los “Luizes”, por ejemplo de los sobornos dentro de la Ruta del Sol II –Ocaña-Gamarra–, contratada durante la administración de Álvaro Uribe.

 

En ese entonces el viceministro de transporte, Gabriel García Morales, recibió sobornos que untarían a congresistas y funcionarios, el propio Gabriel sostiene que a los brasileños los conoció en Casa de Nariño. Ahora existen indicios que el 30 por ciento del soborno lo recibió Corficolombiana del grupo Aval, en manos de José Elías Melo Acosta, alto director de gerencia, que también fue ministro de trabajo en la era Gaviria y después Superintendente Bancario. Seguramente su confesión y aceptación de cargos sean favores cobrados para salvar a Luis Carlos Sarmiento Junior. El grupo Aval dice que conocieron de los sobornos en diciembre de 2016, cuando los directivos de Odebrecth declararon ante la justicia americana y brasileña. Pero el contrato de transacción es la prueba reina para demostrar un acuerdo para conciliar las partes. Varios poderosos están implicados, por ejemplo, Pedro Valencia, abogado de Corficolombiana en 2010 y hermano del actual ministro de agricultura.

 

La cercanía de Néstor Humberto con Sarmiento es tal que fue nombrado dentro de la Junta Directiva de la Casa Editorial El Tiempo, también como asesor de cabecera en la compra de El Tiempo al grupo español Planeta, y ante Securities and Exchange Commission, una especie de superintendencia en los Estados Unidos, para la entrada del Grupo Aval en la Bolsa de Nueva York. También asesoró al grupo en la compra de Promigas.

 

Caso Pizano

 

Recientemente la Fiscalía cerró el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano, exauditor de la Ruta del Sol, quien evidenció los sobornos y se los comunicó en agosto de 2015 a este paladín del derecho económico, para que se los entregara a Sarmiento. Pizano insistía que nadie le ponía cuidado por lo que llamaban chismes. En el curso de tal conversación con el hoy fiscal, la informalidad de éste, entre groserías y risas confirma la presencia del delito: “esta vaina se putió […] verifique esta mierda […] ese es un torcido […] yo tengo tantos años como profesional, yo me conozco a toda esa gente […] el único guevón que va a estar enterrado es usted (risas)”.

 

El fiscal dice que no podía como particular denunciar, además porque no se sabía para dónde iba la plata. Pero, ¿cómo no van a saber que es un delito? ¿Qué no tenía certeza que eran coima? Dice que cuando se posesionó como fiscal, Odebrecth no era todavía un escándalo. Las cosas cambian y Pizano se convirtió en testigo contra el presidente de Corficolombiana, lo que permite presumir que ya había tensión de alto calibre entre los otrora amigos.

 

En el caso Odebrecht, Néstor Humberto se declaró impedido solo hasta mayo del 2018, antes viajó internacionalmente para entrevistarse con 10 fiscales, incluyendo el de Brasil. Hay que recordar que nuestro personaje también está impedido en el caso Hyundai donde fungía de apoderado del señor Carlos Mattos, que ha querido pasar limpió y se sabe del millonario soborno a la juez Ligia del Carmen. Parece que la juez y el hoy fiscal ya se conocían en un pleito que terminó favorable a Corficolombiana.


Con esta última empresa el ahora fiscal ya había adelantado obscuras acciones como la del fraude financiero, donde se justificaban como CDTs falsos para no pagarle a Alejandro González Beltrán 3.000 millones resultado de sus inversiones, negocio en el cual la Sala penal de la Corte había fallado a favor de González. Entonces, Humberto Martínez apareció con falsas propietarias, las hermanas Jaramillo, que nunca fueron consultadas, utilizando sus firmas y cuando ellas fueron a reclamar Humberto les dijo: “¿ustedes no estaban muertas?”. Aún el señor González está esperando su plata. Todos los sucesos que circulan a su alrededor demuestran el peso de Corficolombiana, vía Humberto Martínez Neira en la rama judicial.

 

Entre coimas y algo más, hay que recordar que el señor Pizano comenzó a ser investigado en 2017 por el proyecto Tunjuelo-Canoas, contratado por la Administración Distrital de Samuel Moreno, actuando allí como gerente del Acueducto. ¿Un hombre ingenuo y utilizado por terceros? Todo puede ser, en todo caso temía ir a la cárcel, como Luis Fernando Andrade ex director de la ANI, quien pide que el fiscal declare impedimento en su caso, pues la investigación del fiscal sería sesgada.

 

Pizano se sentía decepcionado, deprimido y no quería quedar como corrupto. Se fue quedando solo; el fiscal le indicó que si tenía pruebas hiciera un memorial. Temía incluso por su propia vida. Fue el mismo Humberto quien declaró que su viejo amigo murió de una falla cardiaca, quizás un susto al corazón por el intento de suicidarse.

 

A continuación, casi de inmediato, el turno le correspondió a su hijo, “muerte accidental”, al beber, tres días después, de una botella; él era quién más sabia del asunto de su padre e incluso guardó los audios. Algunos familiares señalan que la botella no estaba ahí. Para la Fiscalía es un caso cerrado sin preguntas por resolver, como por ejemplo, frente a las presiones que padecía Pizano.

 

Por este culebrón tuvo que renunciar al Director Nacional de Medicina Legal, a cargo de la entidad desde hacía ocho años, por “confundir” un análisis de una supuesta mancha de sangre existente en una toalla usada por Pizano, que después se dijo que no era de humano y que en verdad resultó ser una muestra de saliva. El anuncio se hizo público después de la reunión con el fiscal. Pero siempre la fiscalía ha reforzado la teoría que no murió envenenado, basado para ello en una supuesta autopsia en el hospital de Facatativá. El sindicato de Medicina Legal ha denunciado que la muestra analizada no sirve para determinar la presencia de cianuro y que en este caso se han pasado por alto los protocolos internos.

 

Ante todo esto, no es casual que diferentes personas y organizaciones exijan al fiscal que se declare impedido para seguir al tanto del caso. Y tienen razón. El fiscal debe estar impedido por varias situaciones: en primer lugar, porque emitió concepto jurídico favorable en la adición Ocaña-Gamarra en septiembre de 2012 en la Ruta del Sol II. Es decir, que comprometió su criterio jurídico para adicionar los polémicos otro sí. Aunque nuestro tinterillo bursátil ha querido negar todo, como asesor apoderado del consorcio Ruta de Sol en 2012 ante el Ministerio de Comercio, el último día de la ejecución del término, presentó el contrato de estabilidad jurídica. Como superministro dio vía libre a la adición Ocaña-Gamarra considerada de importancia estratégica en el Conpes del 2014. Néstor Humberto dice que todo es una conspiración de exclientes, funcionarios de la DEA y fiscales de los Estados Unidos. En 2016 redactó el contrato de transacción para dimitir controversias entre Odebrecht y Episol –que es la firma que pertenece al grupo Aval–. Es decir, a pesar de evidenciar delitos deciden limar asperezas con una indemnización.

 

Las grabaciones demuestran de su conocimiento de las coimas en 2015. Esto quiere decir que tenía conocimiento de detalles de la corrupción y lo ocultó ante la Corte para ser elegido como fiscal. Ya en el cargo realizó toda suerte de acciones y declaraciones como ante el Capitolio el 27 de noviembre de 2018, utilizando a funcionarios y recursos de la fiscalía, junto con pruebas de procesos sin legalizar pues para su defensa obtuvo acceso al celular, computadores y tablet del difunto Pizano.

 

Todos sus actos son susceptibles de investigación. Solo hasta el pasado 24 de enero el fiscal se declaró impedido en lo relacionado con el caso Odebrecth. Con el atentado a la Escuela General Santander, los medios y el alto gobierno dejaron que proyectara su imagen de eficiencia y prontitud sin importar imprecisiones y errores. Todo con la necesidad de aparentar resultados.

 

Así las cosas, Néstor Humberto recuerda más al abogado de don Corleone, encargado de ocultar los crímenes de la mafia italiana; la diferencia es tenerlo en el ente acusador. Sin duda, es un chiste gris de la oligarquía para poderse reír de todo el país de abajo. Él representa ese sector acomodado, que enamorado de sus privilegios y de los beneficios del poder ganados, está dispuesto a conservarlos, al costo que sea, dando batalla permanente por proteger los privilegios de los más ricos y poderosos del país. No hay límite ni norma que valga para sacar limpios a esta “gente de bien”. Cómo él mismo diría, ese es el talante de nuestro fiscal.

Publicado enEdición Nº254
Viernes, 22 Febrero 2019 06:38

Promesas rotas

Promesas rotas

Tras la debacle sufrida en El Salvador por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en las elecciones presidenciales, los 14 comandantes históricos que forman la cúpula suprema del partido, anunciaron su jubilación por medio del comandante Medardo González, secretario general, asumiendo: "la responsabilidad de los resultados electorales".

No se cuán desapercibida ha pasado esta noticia, toda una novedad en un partido que por su autoproclamada naturaleza revolucionaria, está en la lista de aquellos que conceden a sus dirigentes históricos el privilegio de la inamovilidad. Sorprendente, porque es lo que ocurre en las formaciones políticas modernas, sobre todo en Europa, donde los derrotados renuncian por regla y se van para sus casas.

Tanto el Frente Farabundo Martí como el Frente Sandinista de Nicaragua estuvieron divididos en tendencias y llegaron a alcanzar la unidad; y tras el triunfo de 1979, el sandinismo se lo jugó todo de cara a Estados Unidos para apoyar a la organización salvadoreña en armas.

La razón que la administración Reagan alegó siempre para financiar a los contras que trataban de derrocar al gobierno sandinista, fue que sólo buscaba interrumpir las líneas de apoyo logístico que iban desde Nicaragua hacia la insurgencia en El Salvador; si ese apoyo cesaba, la revolución nicaragüense sería dejada en paz.

El respaldo continuó por una década, a un costo desmesurado, pues la guerra de los contras devastó a Nicaragua; y lejos de un triunfo militar, lo que el FMLN consiguió fue un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Alfredo Cristiani, del partido Arena, firmado en México en 1992, lo que le permitió convertirse en una fuerza política legal a cambio del abandono de las armas.

Desde entonces se creó un tenso equilibrio político entre dos partidos, Arena a la derecha, y el FMLN a la izquierda, el cual duró cerca de 30 años, al viejo estilo tradicional latinoamericano donde el escenario se solía dividir entre dos fuerzas históricas de signo contrario. Hasta que, igual que en otros países, llegó la hora de las terceras fuerzas, con el triunfo aplastante de Nayib Bukele.

El FMLN llegó a conseguir un caudal de votos suficientes para emparejar a Arena como fuerza parlamentaria, y después pudo conquistar la presidencia en 2009 con Mauricio Funes, ajeno a las lides guerrilleras, y luego en 2014 con uno de sus fundadores, el comandante Salvador Sánchez Cerén.

Una guerrilla que llevó adelante una lucha sacrificada de años, y vivió los riesgos del combate en el que tantos cayeron, al convertirse en partido político, y alcanzar el poder, despierta inmensas esperanzas, sobre todo entre los más humildes.

Confían en que se cumplan las promesas heroicas que marcaron los años de combate. Esperan una forma de hacer política alejada de la demagogia, esperan la restauración de la ética.

Si advierten que quienes se han comprometido a cerrar los abismos de pobreza y acabar con la corrupción olvidan lo que ofrecieron, y todo sigue siendo lo mismo, harán lo que ha sucedido, castigar al partido de las promesas rotas.

¿Cómo es posible que un partido que se presenta como la encarnación de la guerrilla que se sacrificó por la causa de los pobres, ampare un presidente suyo, acusado de corrupción y lavado de dinero?, es una de tantas preguntas dolidas de quienes han dejado de votar al FMLN. Funes, reclamado por la justicia salvadoreña, se encuentra prófugo en Nicaragua, donde ha recibido asilo político de parte del gobierno de Daniel Ortega, sin que el gobierno de Sánchez Cerén haya reclamado su extradición.

No es de extrañarse entonces que centenares de miles de viejos simpatizantes del FMLN desertaran para ir a votar por Bukele, expulsado antes de las filas del partido por contradecir la línea ortodoxa, y que siendo tan joven haya atraído el voto de los jóvenes.

La renuncia de la cúpula histórica abre esperanzas, pero también interrogantes. La primera pregunta es si habrá de verdad una nueva dirigencia del FMLN renovada, abierta al libre debate de las ideas y a la pluralidad interna de opiniones; o si se trata sólo de instalar otras caras viejas que vengan a representar lo mismo, el rígido anillo de poder partidario que protege el pensamiento vertical y único.

Apenas en 2015, el congreso del partido estableció oficialmente que “un elemento esencial del fortalecimiento ideológico y político del FMLN es erradicar de sus filas cualquier vestigio de la ideas reformistas, derrotistas y claudicantes…”, contrarias "a los principios históricos de la izquierda". Entre quienes ahora hacen mutis, una de las altas dirigentes dijo tras conocerse los resultados electorales: "nosotros somos más que votos".

Esa no es sino la vieja idea de la vanguardia, que se sitúa por encima de la voluntad popular, y sigue teniendo la razón eterna aunque pierda. Con concepciones así, no hay renovación posible. Por eso, el FMLN sólo podrá sobrevivir si quienes asumen las riendas abren puertas y ventanas y dejan entrar la luz y el aire.

Lisboa, febrero 2019

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Publicado enPolítica
“Hay una delincuencia que capturó el Estado”

Director de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina Gallego es un observador fino de la realidad de su país y del conflicto actual en Venezuela. Mario Toer, profesor consulto de Política Latinoamericana en la UBA, accedió a anticipar un diálogo preparado para un futuro libro sobre Colombia.

 –El atentado a la escuela de policía que se ha atribuido el ELN, la parálisis que existía en las negociaciones establecidas entre esa organización y el gobierno, devenida ahora en ruptura, los centenares de asesinatos de líderes sociales y otras manifestaciones de incumplimiento de lo que había sido el acuerdo con las FARC, llevan a que se pueda esperar un viraje en la escena política colombiana, con sus repercusiones en la región y particularmente en lo referente a la tensa situación en torno a Venezuela.. ¿Qué repercusiones puede tener todo esto en el escenario político?

–A partir de la llegada del nuevo gobierno, que llega en franca confrontación con el acuerdo firmado con las Farc, hacen sus ajustes independientemente de la otra parte, lo que genera un acto de incumplimiento porque un acuerdo firmado por partes, si ha de ser modificado, debe serlo por ambas partes y no de manera unilateral. Eso hace que se comience a perder la confianza en unas condiciones en las que el proceso de diálogo se ha hecho irreversible porque se han producido los puntos que eran esenciales para generar las confianzas suficientes para saber que ya no iban a volver a la guerra, entre esos puntos estaba el de la entrega de armas. Entonces las Farc entregan las armas y comienzan a presentarse fenómenos que son propios de todos los fenómenos y que no podían dejarse de presentar en Colombia, que es el proceso de las disidencias. Pero que haya disidencias y que comiencen a producirse situaciones tan adversas, en términos de las seguridades que debía ofrecer el proceso de la implementación, que atañen a la seguridad física de los excombatientes: 85 excombatientes de las Farc han sido asesinados en los 18 meses de la implementación del acuerdo. A lo que se agregan centenares de líderes sociales.

–¿Cómo funciona la jurisdicción especial?

–La jurisdicción especial para la paz viene teniendo grandes dificultades para poder funcionar y así obstaculizar sistemáticamente, con la política de gobierno y con la corte constitucional que hizo un pronunciamiento que deja por fuera a los militares de estos tribunales y la voluntad de que los militares se adscriban a los tribunales de la jurisdicción especial para la paz, y claro, han llegado aproximadamente 1300/1850 militares todos condenados a 30, 40 o 50 años a recibir los beneficios de la jurisdicción especial para la paz.

–¿No avanza el sistema integral diseñado?

–El sistema integral de verdad, justicia, reparación y reconciliación que tiene una comisión de la memoria, ha tenido grandes dificultades para poder avanzar, como dificultades a tenido para avanzar la comisión encargada de la búsqueda de personas desaparecidas. Es decir, hay una serie de factores determinantes en ese proceso que preocupan y que sirven de espejo retrovisor al proceso que se está desarrollando con el ELN. Entonces el ELN dice, miren cómo se están comportando ante un acuerdo de paz que se ha agudizado ahora con el incumplimientos del nuevo gobierno.

–Hubo una campaña política, más allá de lo que es el actual gobierno, donde una candidatura, que fue bastante explícita con un discurso alternativo, instaló una presencia nacional como quizá nunca haya habido en toda la historia de Colombia. Es decir, que también como consecuencia de esa negociación hubo un escenario político de nuevo tipo que, cualitativamente, creo yo, es la ampliación de ese espacio, la consolidación de ese territorio donde la acumulación de fuerzas va a poder poner en cuestión todo aquello que era esperable. Existe un espacio en el cual las posibilidades de acumular fuerzas se mostraron quizá hasta mayores de lo que uno podría haber supuesto a priori. Entomces el debate es: ¿cuál es ese territorio y cómo la actuación del ELN irrumpe en ese escenario y a quién le facilita las cosas?

–Hay un proceso inédito en términos de los logros alcanzados por la izquierda democrática y eso significa que alcanzan aproximadamente 8.5 millones de votos en elecciones, que nunca en la historia habían podido alcanzar, contra 10.5 millones de votos de la candidatura ganadora, eso es claro. Pero tiene una particularidad, es que nunca en la historia del país todas las fuerzas políticas de derecha, desde la derecha de centro o la derecha tradicional hasta la extrema derecha, se habían unido bajo una misma candidatura para derrotar ese proceso específico de efervescencia política y electoral de ciudadanía, la irrupción de un modelo de ciudadanía que votó por una opción que era la de la Colombia Humana, entonces todo eso también está ahí. La Colombia Humana es el resultado de las circunstancia emocionales y políticas de una nación y no constituye una fuerza articulada, dinámica, con continuidad en el tiempo, sino que es el resultado de las circunstancias políticas. Esto en el marco de una situación política complicada con un presidente de adolescencia tardía porque es un presidente que no logra entender la dimensión del cargo y no porque no lo quiera sino porque Iván Duque no tiene la capacidad ni la experiencia acumulada de conductor y de estadista que se requiere para manejar un país.


–Por eso lo tiene a Alvaro Uribe.


–Si, lo tiene a Uribe. Que es como gobernar en cuerpo ajeno. Con un equipo de gobierno que sale de su salón de clase, de sus amigos, igualmente inexpertos, que creen que pueden pasarse la jurisdicción y el estado de derecho por encima, que pueden acomodar las leyes a su acomodo y eso me parece que es sumamente grave porque se pierde todo anclaje que posibilite a la sociedad resolver sus conflictos: “si yo tengo esta Constitución pero no me sirve, la cambio”; “si yo tengo este acuerdo pero no me sirve, lo cambio”; “si yo tengo un pacto internacional pero no me sirve, entonces no lo cumplo”... Esos elementos nos construyen una imagen de un Estado paria, que no es capaz de asumir sus obligaciones en términos de la agenda internacional. De alli que el conflicto está dado principalmente en las calles, porque la democracia se va a las calles, a la protesta social, a la marcha. Se comienza a presionar al Estado a través de la movilización social: campesinos, obreros, maestros, indígenas, afros, comienzan a presionar y van a tener resultados. La democracia en la calle va dando resultados porque las causas que se abrazan son causas justas y la ciudadanía adscribe a esas causas de manera vehemente. En realidad, el problema que tenemos nosotros es que hay una delincuencia que capturó el Estado y que está empotrada en el ejercicio del poder y que define que su forma de gobierno es la muerte de los demás en defensa de sus propios intereses. Cuando usted encuentra en los más altos cargos del Estado delincuentes articulados con la práctica de la corrupción, del caso Odebretch en adelante; cuando usted tiene los empresarios detrás de los aparatos de justicia, colocándola a su servicio, cuando usted tiene los terratenientes detrás de las reformas agrarias, evitando la distribución de las tierras. Es decir, cuando la delincuencia organizada que se mueve con un sistema mafioso de ilegalidad y legalidad, llega al poder del Estado, la situación no es fácil de resolver pese a todas las cosas grandes que usted pueda hacer.

–Este gobierno vino para eso. Esperar otra cosa conociendo, sobre todo, a un tipo tan articulado como es el líder de la fuerza política, Uribe, no es factible. Porque uno puede esperar que Jair Bolsonaro haga tonterías por sus propia limitaciones, pero Uribe está preparado, es un personaje capaz de articular ese proyecto. El proyecto es dar marcha atrás en cuanto a la capacidad de expandir un proceso de paz democrático. Lo que tenemos menos claro quizá es ¿cómo moverse para construir algo que, sabiendo frente a quien estamos, ensanche el espacio de la paz democrática como un anhelo popular? Esa tarea, yo se que es difícil, porque están actuando para que no se produzca, los medios, la justicia, provocaciones, pero aún así quedan espacios para que inventemos.

–Hay una cosa que se viene presentando al menos en el país, es que hay una emancipación de los territorios y de las comunidades en términos de la política de Estado. Es decir, la gente no cree en el Estado y cuando deja de creer en el Estado usted tiene que buscar la forma de resolver los problemas. Se manejan nuevos ordenes de institucionalidad, nuevos planes de desarrollo, nuevos proyectos e iniciativas económicas que van tratando de resolver lo que el Estado no resuelve. Y cuando usted es capaz de resolver lo que el Estado no resuelve, entonces usted adquiere independencia y entra a defender su territorio, sus proyectos, sus poblaciones. Aquí lo que está pasando es que se perdió el referente del Estado paternalista y su autoridad, y se construye una nueva legitimidad desde las comunidades en los territorios. Entonces la lucha se vuelve territorial por la supervivencia, el desarrollo y el bienestar, se construyen distintos tipos de planes en distintos territorios y la gente los defiende. En ese contexto, miremos el problema del incidente provocado por el ELN. Yo he estudiado el ELN durante 40 años, conozco al ELN, lo he vivido y lo he padecido. Se de su comportamiento y se de sus estrategias, de sus prácticas y de sus imaginarios. Y se como funcionan las estructuras del ELN. Esta es una acción realizada por una de sus estructuras y esa estructura no le va a decir a las otras estructuras ni a nadie: “vamos a hacer esto”. Ellos operan conforme a su plan estratégico y táctico de guerra. Entonces definen un objetivo militar, en este caso la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander y operan sobre ese objetivo. Operan en unas condiciones particulares que causa mucho dolor en esa población, que son jóvenes, pobres, buscando una carrera al interior de la policía, etc. con otros jóvenes de otros países que vienen a formarse a esa escuela y en un momento que, me parece a mi, que contaban con una información interna. Era el momento de clausura de cursos y de graduaciones donde se conglomeraba población lo que permitía hacer eso. Con un sistema de seguridad muy complicado porque la información que se ha mostrado, cada vez con mayor elocuencia, muestra que el que entró con el carro pudo pasearse por la escuela sin ningún tipo de dificultad. Lo que yo no entiendo es la inmolación. ¿Por qué se inmoló? Porque perfectamente podría haber estacionado el carro, bajarse del carro e irse como un funcionario o como un visitante cualquiera y nadie lo hubiera parado. El acto visto así, contra ese tipo de población, lejos del derecho internacional humanitario, es un acto terrorista. Esa gente no está en actitud de combate, se están preparando, seguramente, pero no están en actitud de combate. Es un acto terrorista. El ELN es una organización que tiene un fundamento moral y ético profundamente cristiano, si ellos hacen algo reconocen ese algo que hacen, lleguen las consecuencias a donde le lleguen, nunca han negado una acción por trágica o difícil que haya sido. Entonces se pone fin a un proceso de paz, a un proceso de diálogo, de conversaciones que no había avanzado, que estaba en estado de coma, que el gobierno no había retomado en cinco meses y que tenía las posibilidades de abandonar o las pretensiones de abandonar. Nunca aprendieron, como lo aprendimos todos los que participamos en el proceso y en las conversaciones con las Farc, que en una mesa de conversaciones, además de ser una mesa en la que se clarifican los puntos de vista, se construyen confianzas, es fundamentalmente una escuela de aprendizaje y un centro de toma de decisiones. Es en la mesa de conversaciones donde uno aprende a ver el país, a ver las circunstancias, a ver las lógicas del poder, las tensiones... y allá es donde uno aprende a tomar las decisiones.


–¿Así fue también para el ELN?


–El ELN ha hecho aprendizajes. No es que una fuerza viva que opera sobre un cuerpo inerte. Actúa sobre otra fuerza viva que es la fuerza pública. Es una fuerza viva que sabe moverse, comportarse, que ha tenido aprendizajes y que actúa. Entonces si usted los bombardea debe esperar que reaccione, y ellos reaccionaron frente a los hechos de violencia y a la sistemática persecución del Estado. De allí el atentado de la escuela de cadetes, reaccionaron ahí. No lo hicieron de la manera correcta porque colocaron las bombas en un lugar que no es un campo de batalla, no es el teatro de operaciones sino que es una escuela de formación en la que se está produciendo la formación de futuros oficiales de la policía. Eso tiene unos impactos específicos, que significa que volvemos a la guerra, esa guerra tiene actores, el Estado es uno de los actores, la fuerza pública y la fuerza militar es otro de los actores pero también tiene disidencias de las Farc que van a estar operando, reductos del EPL que están en la región del Catatumbo que están operando que han sido un poco llamados por el ELN a parar la guerra entre ellos, esa guerra entre ellos es por superposición de guerras; tiene el ELN y tiene un avance del paramilitarismo, con una dificultad, hoy en muchas partes del territorio nacional la población está llamando a la necesidad de que las Farc regresen. Porque las Farc resolvían todos los problemas que habían que resolver en términos de ley o en términos de conflicto. No había devastación de bosque ni de selva porque las Farc lo impedían. Estamos en una situación de guerra que favorece a este gobierno.

–¿Por qué?


–Es un gobierno que no le está apostando a la paz, que siente que tiene una carga que es el acuerdo de paz que le dejó el gobierno anterior a la sociedad colombiana. Pero la sociedad colombiana tiene que entender que nunca antes en la historia del país, en 60 años de guerra, había respirado tanta tranquilidad, pese a todas las dificultades, a partir del proceso de paz con las Farc.


–Es muy ilustrativo todo. De todas maneras, es de suponer, que en lo que conocemos y se ha venido constituyendo como la izquierda en Colombia, va a haber diferencias en torno a cómo pararse frente a este nuevo acontecer.


–El problema nuestro y de nuestra América Latina es que todavía no hemos sido capaces de entender que no se construye una alternativa sobre liderazgos personalizados sino sobre imaginarios colectivos que reivindican derechos fundamentales. El problema nuestro es que somos populistas en la construcción política de nuestras organizaciones, bien liderazgo de derecha o bien liderazgo de izquierda. Es que yo quiero pensar el Centro Democrático, sin Uribe, no existe; la Colombia Humana, sin Petro, tampoco… Sabe que yo descubrí, después de muchos años, qué era la revolución. La revolución era una cosa muy elemental, era que el cuerpo de una persona y de su familia pudiera satisfacer derechos elementales que convocaban sus propias necesidades biológicas, sociales, culturales y políticas


–Alvaro García Linera lo viene diciendo...


–Yo quiero que me garanticen la posibilidad de vivir, el derecho a la vida, pero no de cualquier forma, un derecho a la vida digna. El derecho a la vida digna merece que me pueda alimentar, las 5 comidas diarias, agua potable, vivienda digna, que se llene de amor de solidaridad, camaradería, afecto, que no se llene de cosas, el problema nuestro es que la sociedad de consumo hizo que nuestras casas se llenaran de cosas y no de personas, de afectos y de relaciones; que me garanticen la salud, pero la salud no es que tenga que ir a un hospital, la salud es que yo no tenga que ir a un hospital; yo quiero que me garanticen educación, que pueda trabajar para reproducir mis condiciones de vida de mi trabajo; yo quiero poder recrearme, poder salir a caminar tranquilo por los lugares que vivo sin temor a ningún tipo de agresión; y yo quiero seguridad. Nosotros le entregamos la seguridad a la derecha. La izquierda tiene que pensar que la seguridad es parte de las reivindicaciones de las condiciones básicas del ser humano.

–Las calles deberían ser nuestras.

–Si, las calles tienen que volver a ser nuestras. Miren todo lo que ha ocurrido con los centros de vivienda, nos encerramos en cárceles cuidados por vigilancia privada que nos permiten entrar o no entrar. Nos hemos encarcelado, la ciudad se volvió un panóptico con corredores de pobreza.
Yo digo, ¿qué es lo que debe pertenecer al Estado? Los recursos estratégicos de la nación: agua, huertos, escuelas, hospitales, transporte, etc. Pero la fábrica de sostenes, zapatos, pantalones déjensela a esos empresarios para que produzcan, para que inventen y para que haya trabajo. ¿Se entiende?

–Eso es lo que cuenta...

–Entonces, es un modelo de propiedades mixtas: de economía solidaria, de economía privada y de economía estatal. Pero que se sabe cuales son los roles que juegan para construir el bienestar general en el marco de las diferenciaciones que hay.

–Una última pregunta: en el marco de la tensión con Venezuela ¿cómo ve la situación?

–Primero yo veo que con las tensiones con Venezuela es que hay una alianza estratégica regional y mundial contra Venezuela. Yo particularmente pienso que Colombia es una punta de lanza en la confrontación contra Venezuela. Los medios de comunicación y el gobierno han sido feroces en relación con Venezuela. Y yo me levanto sobre el principio de la libre autodeterminación de los pueblos y el ejercicio pleno de su soberanía. El problema de los venezolanos es el problema de los venezolanos y tienen que resolverlo los venezolanos, allá ellos. Ahora, ¿habrá un conflicto armado entre Colombia y Venezuela? Sí, aumenta la tensión con la ruptura del diálogo con el ELN, porque el ELN está en toda la franja de frontera, pero no ahora, desde siempre, construyeron economía, territorialidad, han estado desde 30-40 años en ese territorio. Hacen parte de esa cartografía de la conflictividad política de frontera. Pero si ustedes me preguntan si hay una confrontación militar entre Colombia y Venezuela en una modalidad de guerra, eso duraría dos bombardeos porque si usted tiene que bombardear los recursos de Venezuela que son las refinerías y los campos petroleros y ellos te bombardearían uno solo que es el de Cartagena y acabarían con la economía de este país...

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