Sábado, 01 Septiembre 2018 14:57

La Justicia decide la candidatura de Lula

La Justicia decide la candidatura de Lula

El tribunal electoral, en una reunión de emergencia, analizaba anoche el voto del relator del caso, quien votó en contra de la habilitación del ex presidente y propuso darle diez días al PT para que elija otro candidato.

El juez Luis Roberto Barroso, relator del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil en el caso de la inscripción de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, votó que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) que encabeza las encuestas no podrá participar en las presidenciales, cuya primera vuelta se dirime el 7 de octubre. En su voto, Barroso le dio diez días al PT para elegir un nuevo candidato y le prohibió hacer propaganda a favor de Lula durante el periodo electoral en radio y televisión de tres horas diarias que empezó ayer. El tribunal se reunió ayer después de que el PT presentara el jueves un escrito de 200 páginas rebatiendo las 16 impugnaciones que había recibido Lula por haber sido condenado en segunda instancia en un caso de presunta corrupción. Según una ley brasilera llamada “ficha limpia” los condenados con sentencia firme no pueden participar en las elecciones. Sin embargo la defensa de Lula había basado su apelación en un dictamen de la comisión de Derechos Humanos de la ONU el 17 de agosto pasado, la cual señalaba que el ex ppresidente brasileño había sido condenado por razones políticas, sin pruebas claras, y ordenaba al estado brasileño a habilitar su candidatura. La cancillería brasileña contestó con un comunicado diciendo que solo justicia brasileña podía decidir la viabilidad legal de la candidatura impugnada, pese a que destacados juristas dentro y fuera de Brasil opinaron que el dictamen de la ONU era vinculante.

La decisión final estará en manos de los siete miembros del TSE y dependerá de que se forme una mayoría simple para que la candidatura sea aceptada o rechazada. Según los sondeos, Lula tiene cerca de un 40 por ciento de las intenciones de voto, seguido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, con en torno al 20 por ciento de las preferencias. En el caso de que Lula no pueda participar, Bolsonaro lidera con una tasa de apoyo también cercana al 20 por ciento, seguido por la ecologista Marina Silva, con 16, y el socialdemócrata Geraldo Alckmin y el laborista Ciro Gomes con un 9 por ciento.

Si finalmente el TSE se inclinase por vetar la candidatura del ex mandatario, éste será sustituido por el exalcalde de San Pablo y exministro de Educación, Fernando Haddad, quien integra la fórmula del PT como candidato a vicepresidente. Ayer Haddad informó que cualquiera sea el resultado de la votación del tribunal electoral, el PT no tomará decisión alguna hasta que él se reuna con Lula la semana que viene en la cárcel de Curitiba. “Además de ser vice de Lula, soy su abogado para fines de registro. Yo estaré con él el próximo lunes y voy a darle a conocer el resultado del TSE y allí vamos a discutir qué hacer”, dijo en una rueda de prensa para periodistas en Fortaleza, estado de Ceará.

Asimismo, Haddad criticó la decisión de la justicia electoral de votar en tiempo récord el registro de la candidatura de Lula. Para él, el TSE saltó una etapa del proceso, ya que no respetó los plazos para que las alegaciones finales de la defensa de Lula fueran realizadas. “Yo quería manifestar desolación con la Justicia porque considero que perjudicaron el derecho de defensa del presidente Lula a presentar las alegaciones finales. Lo que está en juego es el derecho del pueblo a elegir a su presidente. No estamos hablando de nada, estamos hablando de un elemento de la democracia atropellado sobre todo tras la manifestación de la ONU”, subrayó.

Anteayer once juristas y abogados internacionales le pedieron a Brasilia que respete la resolución de la ONU sobre los derechos políticos de Lula. El pedido se formuló en una carta firmada, entre otras personalidades del derecho, el exjuez español Baltasar Garzón, y dirigida al presidente brasileño, Michel Temer, al canciller Aloysio Nunes, al ministro de Justicia, Torquato Jardim, y a los once miembros del Supremo Tribunal Federal.

En el documento, los juristas y abogados firmantes señalan que esa decisión da crédito a todos los que han expresado “serias dudas” sobre la imparcialidad del proceso que dio origen a la condena de Lula y, “por tanto, a la propia legalidad y legitimidad de las consecuencias resultantes de las próximas elecciones”, previstas para el 7 de octubre. En la carta también se declara que Brasil, “una de la grandes naciones democráticas del mundo”, no puede incumplir sus obligaciones internacionales ignorando las decisiones del Comité de la ONU.


 

El PT apelará el fallo que le impide ser candidato
 

"Lula está por encima de la persecución"

"Vamos a presentar todos los recursos a los tribunales para que sean reconocidos los derechos políticos de Lula, previstos en la ley y en los tratados internacionales ratificados por Brasil". De esta manera, el Partido de los Trabajadores ratificó su intención de luchar para que Luiz Inacio Lula Da Silva pueda ser candidato presidencial, tras el fallo judicial adverso, que anuló la candidatura del dos veces mandatario de Brasil.

En un comunicado, el PT aseguró que el veto del Tribunal Superior Electoral es “arbitrario” y “político” y que se basa en “una mentira”, al tiempo que anunció que "continuará luchando por todos los medios" para conseguir que se avale la candidatura de Lula, preso desde el 7 de abril en la cárcel de Curitiba. Allí purga una condena a doce años de prisión por una causa derivada del escándalo Lava Jato. 

Para el partido, el fallo es una muestra de “violencia practicada” que muestra a Brasil a los ojos del mundo como un país que "que no respeta sus propias leyes, que no cumple sus compromisos internacionales y que manipula el sistema judicial, en complicidad con los medios, para hacer una persecución política". Además, el PT indicó que “es una casación política, basada en la mentira y el arbitrio, como se hacía en tiempos de la dictadura" militar, indicó.

Anoche el Tribunal decidió por seis votos contra uno que Lula no puede ser candidato en las elecciones del próximo 7 de octubre, en las que es señalado como gran favorito por las encuestras, con cerca de un 40 por ciento de intención de voto. Para los jueces, Lula está sujeto a una ley que prohíbe candidaturas de condenados en segunda instancia.

Pese al revés, que el PT tachó de “injusto”, aun quedan instancias de apelación en el Tribunal Superior de Justicia y en la Corte Suprema. De hecho, hay recursos en trámite ante ambas cortes. El PT considera que el veto electoral no puede darse ya que la ley dice que la inelegibilidad se puede suspender mientras hay recursos a analizar.

Lula fue registrado como candidato el 15 de agosto, junto al ex alcalde de San Pablo, Fernando Haddad, como candidato a vice. Si Lula, finalmente, no pudiese ser candidato, Haddad tomaría la posta.

La conducción del PT también citó en su defensa la decisión no vinculante del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que pidió garantías para que el ex presidente pueda competir aun mientras esté en prisión. "El TSE no tiene autoridad para negar lo que dice un tratado internacional que Brasil firmó soberanamente", dijo al respecto Gleissi Hofffmann, titular del PT.

En su fallo, el Tribunal Superior Electoral no solamente deja a Lula fuera de la carrera presidencial: también impide su presencia en la propaganda electoral, tanto radial como televisiva en la campaña que se inició de manera formal este sábado. No obstante, el PT ya utilizó la imagen del antiguo dirigente sindical en un video publicado en las redes sociales.

"Vamos a defender a Lula en las calles, junto con el pueblo, porque él es el candidato de la esperanza",  aseguró el partido en el comunicado, dado que “la candidatura del compañero Lula es la respuesta del pueblo brasileño a los poderosos que usurparon el poder”. Para sus seguidores, “está por encima de las casuísticas, de las maniobras judiciales, de la persecución de los poderosos. Es con el pueblo y con Lula que vamos a luchar hasta el fin”. El texto se cierra con la consigna “’¡Lula libre!".

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Alberto Acosta: “La izquierda debe hacer una profunda autocrítica”

Crítico con los gobiernos progresistas, el expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador Alberto Acosta plantea una etapa de balance para América Latina, sin desdeñar variables como la corrupción y las prácticas autoritarias. Luego avizora una izquierda con nuevos componentes en la agenda como el feminismo y el medio ambiente.

En setiembre se cumplen diez años de vigencia de la nueva Constitución de Ecuador, ¿cuál es su balance?


Tenemos diez años de una Constitución que despertó muchas expectativas, tanto por su contenido como por la forma en que fue elaborada. Desde 1830 hemos tenido 21 constituciones. Todas fueron elaboradas por el sistema tradicional: desde los asambleístas y con una muy escasa participación ciudadana. Esta Constitución de Montecristi se caracterizó por una amplísima participación. Es la Constitución más ecuatoriana de todos los tiempos. En contenido, esta es una Constitución que sintetiza una suerte de proyecto de vida en común. Es una herramienta democrática para la construcción de una sociedad democrática.


¿Y cuánto se avanzó en economía social y solidaria?


A pesar de que esta Constitución fue defendida por el entonces presidente de la República (Correa), no ha sido puesta en práctica. La Constitución decía con claridad que el ser humano está sobre el capital. Correa se llenaba la boca hablando de que el ser humano está sobre el capital, pero, en su gobierno, terminó favoreciendo a los grandes grupos económicos. A Correa no le interesó nunca la nueva Constitución de Montecristi, fue una herramienta para concentrar el poder del caudillo.


Usted hace énfasis en la condición de caudillo de Rafael Correa. ¿Cuánto de esto hay también en otros gobiernos de izquierda, como Evo Morales o Cristina Kirchner o Lula?


A mí me preocupa mucho que los procesos progresistas, que en realidad no son procesos de izquierda, hayan consolidado las viejas formas y prácticas caudillistas. Esta ha sido una historia latinoamericana. Los caudillos latinoamericanos marcan la historia de todos nuestros países, con sus matices y características. Las historias están marcadas por figuras de caudillos y con insuficientes procesos de democratización. Esto se repite con los gobiernos progresistas. Es una de las explicaciones de por qué estos progresismos no pudieron avanzar. No profundizaron la democracia. Si a los progresismos tuviéramos algo que criticarles en el ámbito político es el debilitamiento de los movimientos sociales. Eso va a permitir ahora que el neoliberalismo recupere espacios con mucha más fuerza.


Estuvimos antes en una etapa de viraje hacia la izquierda en América Latina, ¿se ha culminado esa etapa?


Yo creo que sí. Hay varias explicaciones. Una explicación de fondo es que los gobiernos progresistas no intentaron afectar la matriz de acumulación capitalista. Y, dos, tampoco afectaron la modalidad de acumulación primario exportadora de nuestras economías. Todos los países de América Latina, con gobiernos liberales o neoliberales, o los progresistas, todos sin excepción, han profundizado la dependencia de sus economías del mercado mundial. Somos cada vez más dependientes de exportaciones de recursos primarios. Sean productos agrícolas, petróleo o minerales, al final son materia prima. Ha habido un proceso de desindustrialización y de reprimarización de nuestras economías.


¿Tampoco hubo experiencias de fondo en materia de diversificación productiva?


Seguimos siendo exportadores de materia prima. Los países lo único que hacen es vender productos primarios. No hemos sido capaces de diversificar nuestras exportaciones, ni siquiera de procesar de nuestras materias primas.


¿Qué futuro ve para la izquierda en los próximos quince o veinte años?


La izquierda, inclusive los progresismos, tienen que hacer un proceso profundo de autocrítica. Hay que analizar cuáles fueron los avances, si es que lo hay y, sobre todo, cuáles fueron los graves errores. Errores económicos, errores políticos, errores sociales, que impidieron las grandes transformaciones. Había expectativa, diagnósticos, propuestas, había constituciones como la del Ecuador, que pudo haber sido el marco referencial para una gran transformación.


¿Y qué piensa sobre el régimen de Venezuela?


Venezuela parecería estar en una interminable crisis terminal en el ámbito económico y político. Hay causas internas y también las presiones imperialistas. El imperio está haciendo su tarea para debilitar cualquier proceso que sea alternativo.


Pero Maduro tampoco ha hecho mayores esfuerzos para legitimarse…


Por eso digo: causas internas. Veamos los graves errores de Venezuela: Un país con tantos recursos económicos no ha sido capaz de resolver la demanda de los servicios sociales básicos. Eso no es un tema del imperialismo. Es un mal e irresponsable manejo. La consolidación de regímenes caudillescos y autoritarios es también una de las grandes explicaciones de esta realidad. Ese es uno de los grandes mensajes para la izquierda. Por eso tenemos que ser autocríticos.


Y en la autocrítica también está el tema de la corrupción que golpeó duro a la izquierda.


A todos. Y en el caso de la izquierda eso es intolerable. Porque gobiernos como el de Correa, que levantaron la tesis de una revolución ética y de lucha frontal contra la corrupción, terminaron embarrados en corrupción por los cuatro costados. Eso es terrible.


Y Brasil…


Brasil siguió con la lógica de su subimperialismo, con Odebrecht, que es un solo ejemplo; podríamos contar situaciones de Petrobras y otras realidades, porque Odebrecht no es el único caso. Eso, en gobiernos progresistas, es intolerable. La izquierda tiene que hacer una autocrítica y tiene que buscar la verdad cueste lo que cueste. Es preferible que se repliegue, que aprenda y, de ser el caso, desaprenda. Y si realmente busca transformar la sociedad, la izquierda debe partir por nuevos planteamientos básicos.


¿Como cuáles?


Una izquierda feminista, que enfrente el patriarcado; una izquierda ecologista, que garantice los derechos de la madre tierra; una izquierda socialista, que permita la equidad social, y una izquierda decolonial, que nos permita superar todos los atisbos de racismo, de exclusión y de marginación, que son una lacra de la sociedad en América Latina.

 

Por Wilber Huacasi
La República (Lima)

 

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Domingo, 26 Agosto 2018 09:29

La ONU en Brasil, señal de alerta

La ONU en Brasil, señal de alerta

Affirmanti incumbit probatio
(El que afirma algo debe probarlo,
máxima jurídica en desuso en Brasil.)

 

El silencio del grupo Globo decide más que cualquier juez en Brasil. La táctica ahora es no informar sobre temas que sean imposibles de sostener sin apelar a la mentira. Y es por eso que no hay muchas líneas sobre la reciente decisión de la ONU reivindicando los derechos políticos de Lula. También pasaron por alto los “golpes blancos en América latina” de los que alertó el Papa Francisco durante una visita de brasileños al Vaticano. Pero, in dubio a favor del sospechoso, podría pensarse que las cámaras de la emisora contrajeron algún tipo de virus el día en que el PT registró la candidatura de Lula a la Presidencia. Lograron hermosas imágenes laterales y dejaron fuera de plano a unas 30 mil personas.

Vamos a hablar francamente: no necesitamos profesores de Derecho Internacional para explicar que la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU vincula, obliga y genera responsabilidades al Estado brasileño y sus poderes. Y para quienes sientan alergia por el Derecho Internacional, quedémonos con lo que hay en casa. Tenemos leyes de sobra para garantizar los derechos políticos del candidato, leyes constitucionales ampliamente respaldadas por la legislación de fondo. Eso sin contar con los antecedentes históricos, la jurisprudencia y la vieja y buena “prudencia” de no dejar caer derechos irrenunciables.

La decisión de la ONU refleja la legislación brasileña. Sintoniza con los derechos y garantías constitucionales y con la tradición democrática y responsable del derecho electoral que, incluso en los baches de la ley que castiga a quien no tiene “ficha limpia”, es cuidadoso con el derecho-síntesis más importante de nuestro sistema político: el derecho de votar y ser votado.

La decisión de la ONU complementa lo que ya tenemos. Pero también es una señal de alerta para el caso de que alguna autoridad haya olvidado aplicar la ley en el curso de un proceso no justo. En ese caso, que la autoridad se calme y respete esos derechos que no por casualidad se llaman “fundamentales”. ¿Esa autoridad tuvo un mal día? ¿Le agarraron ganas de llamar al carcelero de la Policía Federal de Curitiba y exigir el incumplimiento de una orden judicial? Si sufre de ese modo, recuerde que la ONU lo tiene entre ojos. Recuerde que la ONU actúa por la voluntad que expresó el Estado brasileño en 2009, cuando a través de un decreto legislativo adhirió al mecanismo de fiscalización universal de derechos civiles y políticos, Por eso la decisión de la ONU es de cumplimiento obligatorio. Se trata de un inmenso “cúmplase” que tiene jurisdicción sobre la responsabilidad de todo el Estado brasileño y no sólo sobre la de un juez que cometió un delito aunque aún no haya sido expulsado de su puesto.

Perdón si utilizo el sarcasmo cuando vivimos en el límite de lo aceptable y hasta hay gente haciendo huelga de hambre para que otros no padezcan como consecuencia de la crisis total que vive nuestro país. Pero a veces, ante altas dosis de cinismo, la ironía puede ser útil para desnudar a los principales responsables del agravamiento de la crisis democrática y soberana.

A los ojos del mundo, Brasil se transformó, entre todos los intentos en curso en América Latina, en el caso más escandaloso de persecución mediático-judicial a un líder político. Escandaloso porque se les fue la mano, exageraron y provocaron una fuerte reacción popular e internacional. El proceso de combate a la corrupción, preparado para enmascarar la trama buscando una supuesta “legitimación por el procedimiento”, fue desenmascarado desde el origen del llamado Caso Lula. Lo hicieron tanto la defensa del ex Presidente como los juristas sabios que identificaron y denunciaron lawfare y acciones de excepción en el sistema de Justicia.

Hoy es transparente el vínculo entre el golpe jurídico-mediático-parlamentario contra Dilma Rousseff y el activismo jurídico-mediático contra Lula. Ambos son procesos paralelos y complementarios que atacaron la democracia no sólo porque están en juego las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2018: también revelaron los límites dramáticos del modelo. Resulta que ahora, si se ata todo bien, incluyendo a los supremos, es posible derrocar presidentes o encarcelar candidatos para evitar la coronación de la democracia. Pero se olvidaron, entre tantas otras cosas, de una: los expertos de la ONU.

En los encuentros que hemos tenido con juristas y cientistas políticos de otros países, queda claro cuál es el mensaje que está transmitiendo el caso brasileño: un alerta para todos los países que viven la ilusión del acuerdo posible entre los valores liberales del (neo) constitucionalismo y los derechos de los pueblos históricamente despreciados. En el momento oportuno, cuando el mandamiento del (neo) contractualismo se resume en “no pactar con la democracia” –racionalidad posdemocrática– los elitismos, incluyendo el elitismo judicial, se levantan y castigan a los de abajo. Es en ese punto donde tendremos que enmarcar cualquier proyecto de reforma del Poder Judicial que se precie. Pero todavía es un asunto del futuro. Ahora, celebremos a la ONU.

La cautelar de las Naciones Unidas es muy buena para la resistencia democrática, ya que somos conscientes de que se trata de un punto de acumulación para fortalecernos y seguir. Como ya no creemos en la justicia, acompañemos así sea por diversión la decisión del ministro Luis Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal, cuando él arbitra la prohibición de los derechos inalienables de Lula a pesar de la decisión-espejo de la ONU. Barroso se va a comportar con la ONU como si fuera Cabo Daciolo, el bombero que es candidato del Partido Patriota, de ultraderecha y se tomó en serio el invento de la URSAL, una supuesta búsqueda de formar la Unión de Repúblicas Socialistas de América Latina. Podrían formar un coro con Jair Bolsonaro, que considera a la ONU una guarida de comunistas.

En tren de imaginar la embarazosa situación que viven hoy los perpetradores del golpe y los que tienen en las manos el destino futuro –el destino del reclamo de “Lula libre” y el futuro de sus propias biografías– podría pensarse qué harían si pudiesen volver atrás en el tiempo. Quizás pondrían un poco más de cuidado. Quién sabe si no hubieran elegido un juez menos inquisitorial. Un ministerio público menos basado en un Power Point. Camaristas menos apresurados. Ministros de la Corte Suprema menos vanidosos. Grandes medios que, cuando engañan, lo hacen con algo de pudor. Hubieran aplastado al pueblo hasta el punto en que lo hicieron, naturalmente. Pero con elegancia.

 

* Abogada y doctora en Derecho. Profesora de Derecho Internacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Integrante de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, ABJD.

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Viernes, 24 Agosto 2018 08:26

Una campaña por los márgenes

Una campaña por los márgenes

A una nueva consulta electoral se cita a la sociedad colombiana. En esta ocasión, el tema es el de la corrupción y la fecha el 26 de agosto.

 

La campaña por lograr la aprobación para esta consulta fue desplegada a lo largo de varios meses durante el año 2017, y tuvo como promotoras a las congresistas Angélica Lozano y Claudia López, con el apoyo del Partido Verde y la vitalidad de miles de impulsores que por las calles de todas las ciudades del país recogieron los millones de firmas necesarias para lograr su aval por parte del Congreso.

 

La firmeza, la vitalidad y el ardor reinantes en este período de la consulta no se sienten ahora. Es una convicción que ahora parece inexistente, faltante que resulta evidente para el conjunto social, sin que se vea mayor interés por lo que pueda suceder con esta citación. De parte del establecimiento, en especial del presidente Iván Duque, que en su momento avaló esta iniciativa, tampoco se siente compromiso alguno.

 

Es un aire frío, tal vez templado, el que desprenden los actores políticos, renovados o tradicionales, el cual no alcanza para inyectar en la sociedad colombiana la necesaria energía que permita propiciar su movilización, para romper la pasividad e intentar la ruptura de la desconfianza reinante frente a la política tradicional, a todo aquello que proviene del Congreso, la Presidencia y otros órganos e instancias del poder.

 

Es un aire falto de altas temperaturas, que, además, tropieza con la ausencia de una lectura y una explicación de fondo sobre la razón de la creciente corrupción, la misma que copa al establecimiento colombiano con el hurto de 50 billones de pesos anuales, como también sucede con todos los gobiernos de la región y de otras regiones, casi sin excepción, cuyo dinero rellena las cuentas bancarias –los Panama Papers y similares– de estos personajes y de sus encubridores.

 

Es una realidad de desfalco de lo público que alimentan las multinacionales, como actoras de primer orden, y los empresarios locales de distinto nivel, aceitando votos en variados espacios legislativos con millones de dólares para lograr uno u otro contrato, u ocultando los daños ambientales que causan con las materias primas que producen sus empresas (como la Volkswagen y otras fabricantes de carros, que esconden o tergiversan los reales niveles de contaminación que producen sus motores), o pagándoles a medios de comunicación globales y locales para que desinformen sobre los resultados que arrojan los estudios sobre calidad de vida, organismos genéticamente modificados, consecuencias acarreadas sobre los seres humanos, los animales y naturaleza en general por el uso de tóxicos como el glifosato. Igualmente, se velan los reales grados de desigualdad social que padecemos como nación, además del impacto y las consecuencias de la explotación diaria a que están sometidas las mayorías, como las razones y efectos de las guerras, así como el comercio con mujeres y hombres, la pedofilia, y otros muchos males y perversiones alimentadas por el poder.

 

La denuncia y la campaña en contra de la corrupción, sin explicaciones estructurales, es lo que tal vez les permite pensar a muchos que, así voten y se gane la consulta, todo seguirá igual. Razón, con razones: la sociedad colombiana está afectada, tal vez derrotada, por un sistema que le ha mentido una y otra vez, engañándola una y otra vez, con trampas una y otra vez, asesinándola una y otra vez, sembrando sobre el piso de la misma una estela de desconfianza difícil de superar. De ahí que una campaña por esta consulta, sin la energía necesaria, sin el calor para transmitir convicción y orden de ‘batalla’, con la vista puesta más allá de la propia consulta, en una disputa de mediano y largo plazo contra el motor de la multiplicación del fenómeno de la corrupción, difícilmente saldrá airosa.

 

Estamos así ante lo impensable: la pérdida de una consulta que en cualquier otro escenario internacional debiera fluir con toda fortaleza, sin necesidad de campaña alguna. Tal derrota, de suceder así, desnudará a nuestra sociedad como la más incomprensible de nuestra subregión y del mundo entero: no votar mayoritariamente contra la corrupción, como tampoco lo realizó contra la guerra. Si ocurre esto, ello significará un grande golpe para la autoestima de los movimientos sociales, con un mayor enconchamiento de los mismos.

 

Sin embargo, la campaña debiera ser espontánea, de conciencia, claro, siempre y cuando estuviéramos en una sociedad politizada, Pero una de las cosechas sembradas en el país por el sistema político durante las últimas décadas es la despolitización y el desinterés por lo público, incluso una siembra mucho más profunda, de apatía por lo público.

 

Tales consecuencias de desinterés y apatía se conjugan con el miedo, pues el mensaje cotidiano desde el poder es claro: quien crítica, quien denuncia, quien se interpone en los caminos del poder es reseñado de manera ilegal y enlistado dentro de los objetivos por ser “sacados del camino”. Es la barbaridad del poder que realmente existe en Colombia, uno que no admite razones ni abre vías para la participación libre y desprevenida de los millones que habitan este territorio.

 

Estamos ante un poder, concentrado en la Casa de Nariño y los partidos que lo sostienen, que en lo referente a esta consulta actúa como el bifronte: por un lado, le dice sí a la consulta anticorrupción –para no cargar los costos de la opinión pública al rechazarla–, pero, por el otro, de manera más o menos subrepticia actúa por vía contraria, para sabotearla, bloqueando de esta manera a los partidos que dicen ser sus impulsores pero que no actúan con agallas. Y para ganarse los aplausos por impulsar normas anticorrupción, las cuales, igual que las resumidas en las siete preguntas por las cuales los connacionales debieran votar masivamente el 26 de agosto, ya radicó como proyectos de ley en el Congreso Nacional.

 

Y así procede porque, como artistas del poder, como dice el refranero popular, “hecha la ley, hecha la trampa”. Es decir, saben, y así permite decirlo la existente Ley anticorrupción, como el Convenio firmado sobre el particular ante las Naciones Unidas, que el problema no es de normas sino estructural. El núcleo de esta realidad radica en un sistema que arrasó lo público, y el interés y el amor que pudiera sobrevivir con la existencia de bienes estratégicos al servicio de todos los retoños de un mismo territorio.

 

Es decir, sin un Estado que propicie el respeto y amor por lo público, sin un sentido de lo común, sin un referente de futuro que valga la pena –para una inmensa mayoría ya no hay utopía alguna que despierte acciones y comportamientos altruistas ni éticos–, entonces, ¿por qué y para qué defender y proteger los dineros que no son de nadie a pesar de ser de todos?

 

Es decir –y aquí hay que hacer énfasis–, la importancia de la consulta por desarrollarse el domingo 26 de agosto es que nos permite visualizar y comprender el neoliberalismo en su real dimensión y sus consecuencias, lo mismo que a sus promotores y defensores, como autores intelectuales y propiciadores de la realidad de la corrupción; como la cúspide de la misma. Éstos, con las normas tramitadas durante décadas en el Congreso colombiano, con las leyes que arrasaron el derecho a la salud, la educación y los servicios públicos para todos, y que ahondaron el despliegue de una economía que arroja beneficios cada vez para menos personas, como otras que hacen cada vez más difícil que la tierra sea “para quien la trabaja”. Son leyes y normas que cada vez ahogan con más impuestos o mayores tasas impositivas a quienes viven del trabajo diario, al tiempo que desmontan obligaciones para quienes amasan más riqueza, todo ello como parte de una realidad que ahora algunos denuncian y otros dicen también desaprobar: la corrupción.

 

Contra esa realidad neoliberal, con todos sus matices, quienes habitamos en Colombia debemos salir a votar el 26 de agosto. Claro que la consulta no pregunta por ello, y esa es una de las razones profundas de lo limitado de la misma; esa es la razón por la cual cualquiera puede aprobarla, pues en realidad no va más allá de la normatividad ya existente y que saben cómo burlar quienes hacen parte del establecimiento. La consulta, contrariamente a lo expresado en sus siete preguntas, contrariamente a su apariencia, no ataca al sistema socio-económico ni a sus defensores, dejándolos aparentar lo que no son y lograr que las cosas sigan como han sido hasta ahora.

 

Entonces, con la puja que se escenificará en tan pocos días, deberá empezar una disputa abierta y total contra el neoliberalismo, mal de males, levantando como indicador de una batalla frontal las banderas de otra sociedad posible, donde la democracia deje de ser formal y en verdad sea directa, radical, refrendataria.

 

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Consulta anticorrupción. Avancemos hacia un modelo integral de vida
[xx

4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía

¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? Sí (  ) No (  )

xx]

 

Toda participación, directa y decisiva del conjunto social sobre aspectos que competan a su vida, inmediata o mediata, es bienvenida, ese es uno de los conductos para salir de la democracia formal y transcender a la directa, radical y plebiscitaria.

 

Aquí la cuestión fundamental es que la participación sea para decidir y no solo para que escuchen la opinión de la ciudadanía, la cual finalmente queda como eso, una opinión. Es decir, llenar auditorios para que diligencien planillas de asistencia, como sucedía con los llamados Presupuestos participativos, sesiones en las cuales la gente decidía pero sobre cuestiones menores (la pavimentación de una calle, la construcción de una cancha para algún deporte, la dotación de una centro de salud de primer nivel y cosas semejantes), y cuando se quería avanzar sobre lo fundamental (el carácter del sistema de transporte de la ciudad, la construcción de un centro de salud de tercer nivel, el manejo de la Empresa de teléfonos de la ciudad –para el caso de Bogotá– o de las Empresas públicas –para el caso de Medellín), la observación era inmediata: “sobre eso no es posible discutir”, claro, mucho menos decidir.

Entonces, en esta ocasión debe avanzarse de la opinión a la decisión, y para que así sea, para que la sociedad sea quien decida, las instancias que tienen la información sobre los asuntos de Estado, sobre cada una de sus ramas, ministerios, departamentos descentralizados, institutos de diversa índole, etcétera, deberán garantizar la entrega de la información pertinente en el tiempo adecuado, de manera que quien decida concurrir a las audiencias que se abran para operativizar lo aquí votado en verdad puedan opinar, proponer y votar con real conocimiento de estos temas.

Conocer las entrañas del Estado es fundamental para poder comprender cómo funciona esta máquina, para visualizar la manera cómo absorbe el producto del trabajo de millones de personas a través de impuestos directos e indirectos, clavando a unos –a quienes menos poder tienen– y exonerando a otros –a quienes controlan las riendas del poder–, destinando finalmente lo recogido, de manera prioritaria, para todo aquello que le conviene a los grupos de poder que lo controlan, entre los cuales no están solamente los grupos nacionales sino también los internacionales.

Bien, pero una cosa es decidir sobre el presupuesto de inversión del país o de las ciudades o departamentos principales que, como es conocido, cuentan con presupuestos dignos de tal nombre, pero otra muy distinta es hacerlo en municipios quebrados, como la mayoría de los más de mil que integran el territorio nacional. En estos, que viven con pequeños tributos locales que no dan más que para garantizar el funcionamiento de una u otra dependencia municipal, así como de los aportes descentralizados provenientes de la Nación, y con los cuales opera la poca o mucha burocracia que integra cada una de estas instancias, poco, muy poco, es lo que la ciudadanía puede debatir, reflexionar, proyectar, orientar, quedando, fácilmente, sometida a un discurso de resignación o de que apruebe el pago de intereses o de los diversos empréstitos que ahogan las arcas respectivas.

En este caso, entonces, la participación sería instrumentalizada para paralizar aún más la inversión con propósito social y garantía de diversos derechos humanos, y priorizar los compromisos con el sector financiero. Toda una instrumentalización de la participación directa de la gente.

Ante esta realidad, ante la evidencia de que los municipios colombianos en su mayoría están quebrados por la ausencia de un modelo integral de vida (para no aludir al mal llamado desarrollo), los movimientos sociales colombianos deben avanzar en la vía de estimular la movilización social para construir tal modelo integral de vida, nacional y con sus particularidades departamentales y municipales, soportado sobre ejes tales como medio ambiente, soberanía alimentaria y económica, integración ciudad-campo, paz justa y derechos humanos –en toda la extensión de la palabra, no solamente vida/muerte–.

En tal perspectiva, estos movimientos sociales están ante la posibilidad de discutir y decidir un conjunto de medidas por tomar con urgencia y por decreto extraordinario en el plano nacional, un plan humano para los de abajo, a partir del cual elevar la autoestima del conjunto social, en su mayoría ajeno a los beneficios de un Estado que llegare a tener rostro humano, medidas urgentes, tales como: trabajo digno, estable y bien remunerado para todos y todas, acceso a techo para todas las familias, servicios públicos para todos y todas, con garantía de mínimos vitales, esto en una primera instancia, para avanzar de manera ininterrumpida hacia el acceso gratuito de todos y todas a los mismos, implementando a la par planes municipales y regionales para el cuidado, protección y recuperación de bosques nativos, reforestación, manejo de cuencas, etcétera, para así garantizar agua para el conjunto nacional, a la par de energía. Acceso a salud, en todos sus niveles, de manera gratuita y universal. El transporte, también, deberá ser de verdad público y colectivo, reorganizando las prioridades existentes en las ciudades para la movilidad, potenciando por esta vía el uso de lo colectivo y desestimulando el uso de los vehículos privados.

En referencia a la planeación nacional, y como avance hacia un Estado dotado de unos ingresos suficientes para poder financiar los gastos derivados de un verdadero Estado garante de los derechos humanos y que procure la felicidad de los suyos, abrir el debate sobre la privatización sufrida de todo aquello que era público y rentable, para reestatizarlo, pero más que ello, para garantizar que pase a ser común.

En fin, la opción que abre este punto de la consulta, que deberá votarse de manera positiva, es amplia, y le permitiría a la sociedad colombiana empezar a transitar el camino de lo formal a lo real. Pero esto depende de los actores sociales, que con visión propositiva y de futuro, con un pie en el presente, tienen que empezar a proponer y actuar.

 

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Consulta anticorrupción. Reducción de salarios para congresistas y…

17 de agosto de 2018

Publicado enColombia
Jueves, 23 Agosto 2018 16:27

Una campaña por los márgenes

Una campaña por los márgenes

A una nueva consulta electoral se cita a la sociedad colombiana. En esta ocasión, el tema es el de la corrupción y la fecha el 26 de agosto.

 

La campaña por lograr la aprobación para esta consulta fue desplegada a lo largo de varios meses durante el año 2017, y tuvo como promotoras a las congresistas Angélica Lozano y Claudia López, con el apoyo del Partido Verde y la vitalidad de miles de impulsores que por las calles de todas las ciudades del país recogieron los millones de firmas necesarias para lograr su aval por parte del Congreso.

 

La firmeza, la vitalidad y el ardor reinantes en este período de la consulta no se sienten ahora. Es una convicción que ahora parece inexistente, faltante que resulta evidente para el conjunto social, sin que se vea mayor interés por lo que pueda suceder con esta citación. De parte del establecimiento, en especial del presidente Iván Duque, que en su momento avaló esta iniciativa, tampoco se siente compromiso alguno.

 

Es un aire frío, tal vez templado, el que desprenden los actores políticos, renovados o tradicionales, el cual no alcanza para inyectar en la sociedad colombiana la necesaria energía que permita propiciar su movilización, para romper la pasividad e intentar la ruptura de la desconfianza reinante frente a la política tradicional, a todo aquello que proviene del Congreso, la Presidencia y otros órganos e instancias del poder.

 

Es un aire falto de altas temperaturas, que, además, tropieza con la ausencia de una lectura y una explicación de fondo sobre la razón de la creciente corrupción, la misma que copa al establecimiento colombiano con el hurto de 50 billones de pesos anuales, como también sucede con todos los gobiernos de la región y de otras regiones, casi sin excepción, cuyo dinero rellena las cuentas bancarias –los Panama Papers y similares– de estos personajes y de sus encubridores.

 

Es una realidad de desfalco de lo público que alimentan las multinacionales, como actoras de primer orden, y los empresarios locales de distinto nivel, aceitando votos en variados espacios legislativos con millones de dólares para lograr uno u otro contrato, u ocultando los daños ambientales que causan con las materias primas que producen sus empresas (como la Volkswagen y otras fabricantes de carros, que esconden o tergiversan los reales niveles de contaminación que producen sus motores), o pagándoles a medios de comunicación globales y locales para que desinformen sobre los resultados que arrojan los estudios sobre calidad de vida, organismos genéticamente modificados, consecuencias acarreadas sobre los seres humanos, los animales y naturaleza en general por el uso de tóxicos como el glifosato. Igualmente, se velan los reales grados de desigualdad social que padecemos como nación, además del impacto y las consecuencias de la explotación diaria a que están sometidas las mayorías, como las razones y efectos de las guerras, así como el comercio con mujeres y hombres, la pedofilia, y otros muchos males y perversiones alimentadas por el poder.

 

La denuncia y la campaña en contra de la corrupción, sin explicaciones estructurales, es lo que tal vez les permite pensar a muchos que, así voten y se gane la consulta, todo seguirá igual. Razón, con razones: la sociedad colombiana está afectada, tal vez derrotada, por un sistema que le ha mentido una y otra vez, engañándola una y otra vez, con trampas una y otra vez, asesinándola una y otra vez, sembrando sobre el piso de la misma una estela de desconfianza difícil de superar. De ahí que una campaña por esta consulta, sin la energía necesaria, sin el calor para transmitir convicción y orden de ‘batalla’, con la vista puesta más allá de la propia consulta, en una disputa de mediano y largo plazo contra el motor de la multiplicación del fenómeno de la corrupción, difícilmente saldrá airosa.

 

Estamos así ante lo impensable: la pérdida de una consulta que en cualquier otro escenario internacional debiera fluir con toda fortaleza, sin necesidad de campaña alguna. Tal derrota, de suceder así, desnudará a nuestra sociedad como la más incomprensible de nuestra subregión y del mundo entero: no votar mayoritariamente contra la corrupción, como tampoco lo realizó contra la guerra. Si ocurre esto, ello significará un grande golpe para la autoestima de los movimientos sociales, con un mayor enconchamiento de los mismos.

 

Sin embargo, la campaña debiera ser espontánea, de conciencia, claro, siempre y cuando estuviéramos en una sociedad politizada, Pero una de las cosechas sembradas en el país por el sistema político durante las últimas décadas es la despolitización y el desinterés por lo público, incluso una siembra mucho más profunda, de apatía por lo público.

 

Tales consecuencias de desinterés y apatía se conjugan con el miedo, pues el mensaje cotidiano desde el poder es claro: quien crítica, quien denuncia, quien se interpone en los caminos del poder es reseñado de manera ilegal y enlistado dentro de los objetivos por ser “sacados del camino”. Es la barbaridad del poder que realmente existe en Colombia, uno que no admite razones ni abre vías para la participación libre y desprevenida de los millones que habitan este territorio.

 

Estamos ante un poder, concentrado en la Casa de Nariño y los partidos que lo sostienen, que en lo referente a esta consulta actúa como el bifronte: por un lado, le dice sí a la consulta anticorrupción –para no cargar los costos de la opinión pública al rechazarla–, pero, por el otro, de manera más o menos subrepticia actúa por vía contraria, para sabotearla, bloqueando de esta manera a los partidos que dicen ser sus impulsores pero que no actúan con agallas. Y para ganarse los aplausos por impulsar normas anticorrupción, las cuales, igual que las resumidas en las siete preguntas por las cuales los connacionales debieran votar masivamente el 26 de agosto, ya radicó como proyectos de ley en el Congreso Nacional.

 

Y así procede porque, como artistas del poder, como dice el refranero popular, “hecha la ley, hecha la trampa”. Es decir, saben, y así permite decirlo la existente Ley anticorrupción, como el Convenio firmado sobre el particular ante las Naciones Unidas, que el problema no es de normas sino estructural. El núcleo de esta realidad radica en un sistema que arrasó lo público, y el interés y el amor que pudiera sobrevivir con la existencia de bienes estratégicos al servicio de todos los retoños de un mismo territorio.

 

Es decir, sin un Estado que propicie el respeto y amor por lo público, sin un sentido de lo común, sin un referente de futuro que valga la pena –para una inmensa mayoría ya no hay utopía alguna que despierte acciones y comportamientos altruistas ni éticos–, entonces, ¿por qué y para qué defender y proteger los dineros que no son de nadie a pesar de ser de todos?

 

Es decir –y aquí hay que hacer énfasis–, la importancia de la consulta por desarrollarse el domingo 26 de agosto es que nos permite visualizar y comprender el neoliberalismo en su real dimensión y sus consecuencias, lo mismo que a sus promotores y defensores, como autores intelectuales y propiciadores de la realidad de la corrupción; como la cúspide de la misma. Éstos, con las normas tramitadas durante décadas en el Congreso colombiano, con las leyes que arrasaron el derecho a la salud, la educación y los servicios públicos para todos, y que ahondaron el despliegue de una economía que arroja beneficios cada vez para menos personas, como otras que hacen cada vez más difícil que la tierra sea “para quien la trabaja”. Son leyes y normas que cada vez ahogan con más impuestos o mayores tasas impositivas a quienes viven del trabajo diario, al tiempo que desmontan obligaciones para quienes amasan más riqueza, todo ello como parte de una realidad que ahora algunos denuncian y otros dicen también desaprobar: la corrupción.

 

Contra esa realidad neoliberal, con todos sus matices, quienes habitamos en Colombia debemos salir a votar el 26 de agosto. Claro que la consulta no pregunta por ello, y esa es una de las razones profundas de lo limitado de la misma; esa es la razón por la cual cualquiera puede aprobarla, pues en realidad no va más allá de la normatividad ya existente y que saben cómo burlar quienes hacen parte del establecimiento. La consulta, contrariamente a lo expresado en sus siete preguntas, contrariamente a su apariencia, no ataca al sistema socio-económico ni a sus defensores, dejándolos aparentar lo que no son y lograr que las cosas sigan como han sido hasta ahora.

 

Entonces, con la puja que se escenificará en tan pocos días, deberá empezar una disputa abierta y total contra el neoliberalismo, mal de males, levantando como indicador de una batalla frontal las banderas de otra sociedad posible, donde la democracia deje de ser formal y en verdad sea directa, radical, refrendataria.

 

Publicado enEdición Nº249
Consulta anticorrupción:  ¿una nueva normatividad vacía?

“en mi opinión, la corrupción no es una enfermedad del capitalismo, sino un síntoma de una enfermedad: el capitalismo”. 

José María Tortosa

 

Las cifras han hecho de ella un tema diario. También su manipulación por parte del poder de todo tipo. No hay día donde no aparezca alguna noticia que la relacione. Es tal su impacto que ha terminado por traducirse en una realidad posible de ver a diario en cualquier escala de la vida social, y olerse en los pasillos de cualquier institución del Estado, como también en las grandes instituciones-empresas privadas de carácter nacional o internacional.

 

Es claro, aludimos a la corrupción.

 

Para enfrentarla, y supuestamente superarla, algunos políticos proponen realizar normas y leyes que hagan entrar en razón –por miedo a las penas– a quienes han hecho de ella vehículo de acumulación individual o grupal, y para que la ética que debe prevalecer en la defensa y cuidado de lo púbico gane el espacio que requiere la defensa y cuidado de lo público.

 

En tal ruta, el próximo 26 de agosto tendrá lugar en nuestro país un intento para enfrentar este problema a través de las urnas, para que nuestros connacionales aprueben o derogarán siete preguntas que componen la consulta anticorrupción (Ver recuadro). Algunas dudas deja este proceder: ¿la corrupción es un tema únicamente del Estado y específicamente de la rama legislativa? ¿será suficiente con una nueva ley o un nuevo decreto para enfrentar este problema?, o, simplemente ¿se están aplicando paños de agua tibia para afrontar una problemática estructural?

 

Imagen de un sistema social

 

No es nuevo, aunque con el neoliberalismo sí alcanzó niveles hasta antes desconocidos. El tema de la corrupción no es especifico de países periféricos, de “culturas o sociedades corruptas” o “proclives a corromperse”, por el contrario, es un fenómeno que podría decirse hace parte de la globalización y de la financiarización de la economía mundo, con las cuales los bienes públicos –en realidad todo el Estado– se rifan y ponen al servicio de fines privados, los mismos que utilizan diferentes estrategias para negociar, ocultar, silenciar y pasar desapercibidos, generando así una frustración generalizada para quienes intentan denunciar esta práctica*. Al funcionar dentro de esta lógica, ahora sabemos que “La base que alimenta y potencia la corrupción es la oferta y la demanda, es decir, el principio básico del mercado capitalista”1.


Un síntoma planetario que no se detiene con normas y leyes

 

No es de países “subdesarrollados”. En el 2014 el exprimer ministro de Portugal José Sócrates fue detenido por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción, de igual manera se sindicaron a los directores de múltiples bancos. En Italia, en el 2015, fue condenado Silvio Berlusconi por sobornar senadores para beneficiarse políticamente. En 2016 los casos estallaron en España, donde 37 empresarios y políticos afines al Partido Popular fueron llevados a juicio que sentenció la relación entre unos y otros para propiciar negocios individuales que también generaban comisiones para su partido. Algunos de ellos fueron condenados en el 2018 a varios años de cárcel.

 

Tampoco es de países “desarrollados”. En los últimos años diferentes escándalos estallaron en nuestra región, resaltando en todos ellos políticos de primer orden. Es paradigmático el caso de Perú, donde varios expresidentes –Fujimori, García, Humala, Toledo– terminaron vinculados a casos de corrupción hasta el punto de ser capturados y puestos tras las rejas –Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar a su cargo en marzo del presente año por corrupto–. De igual manera, están empapelados o presos, Funes en El Salvador, Martinelli en Panamá, Colom en Guatemala, Lula en Brasil; en el ojo del huracán también está Juan Manuel Santos en Colombia, cuyo tesorero durante las campañas presidenciales ha terminado por expiar culpas que no son solo suyas.

 

Pero tampoco es una problemática que solo afecta a los estados nacionales. Desde el 2016 el caso Odebrecht trasluce la corrupción existente entre empresarios y políticos de diferentes países del mundo –Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela–. Asímismo los famosos Papeles de Panamá, con los cuales queda claro que diferentes políticos empresarios y personalidades de la farándula internacional ocultaban sus fortunas, propiedades y cuentas en los llamados paraísos fiscales, para evadir impuestos. Todo esto sucede bajo la lupa y normatividad de tratados contra la corrupción.

 

Desde el 2003 las Naciones Unidas aprobaron la Convención contra la corrupción. Antes en 1997 se aprobó la Convención Interamericana contra la corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, aprobada por la Ocde. Asimismo, hay que tener en cuenta que cada país tiene diferentes normatividades para enfrentar esta práctica, por ejemplo, Colombia cuenta con la Ley 1778 de 2016 y el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/11).

 

Así las cosas, lo que queda claro es que el problema de la corrupción efectivamente no es un problema de normas o leyes, es un problema estructural que tiene que ver con el funcionamiento económico contemporáneo: el neoliberalismo, que busca a toda costa poner en venta lo público4.

 

La consulta del 26 de agosto

 

A propósito de esta realidad del capital internacional y de sus formas de dominio y control social logradas y cada vez renovadas y profundizadas, en la historia reciente del país nombres como Proceso 8.000, Dragacol, Agro Ingreso Seguros, Reficar, Interbolsa, Avenida 26, Ruta del sol II, Saludcoop, y otros muchas, han tenido su cuarto de hora. Algunos de los empresarios y políticos que los han protagonizado han terminado presos.

 

De igual manera suenan carruseles: Carrusel de la contratación, Carrusel de las cirugías plásticas. Así como también carteles: Cartel de la toga, Cartel de la paz, Cartel de los abuelos, Cartel de la chatarrización. Como comunidades de la corrupción: Comunidad del anillo. Casos que se investigan y se quedan en el olvido, pues pareciera que Colombia está condenada a la desmemoria.

 

Cansadas de esto –¿o con intenciones políticas individuales?– la senadora Angélica Lozano y Claudia López –quien para ese momento también desempeñaba igual rango–, impulsaron la consulta anticorrupción, poniendo en la palestra pública el desfalco de los recursos de los colombianos que anualmente –según la Contraloría Nacional– representa casi 50 billones de pesos, los mismos que terminan en los bolsillos de empresarios y políticos de diferentes partidos e ideologías.

 

La consulta que recogió casi 4’500.000 firmas entre enero y julio del año pasado, fue aprobada por unanimidad en la plenaria del Senado del 5 de junio de 2018. Para su realización en todo el país la Registraduría deberá disponer de $280 mil millones de pesos; para ser aprobada debe participar por lo menos el 30 por ciento del censo electoral vigente –casi 12 millones de connacionales.


Lo curioso de la consulta –que resulta grotesco– es que a ella se integrarán para su aprobación todos los partidos tradicionales del país, y también harán alarde de pulcros los grandes empresarios nacionales –los mismos que han amasado para sus particulares fines los bienes públicos, los mismos que antes era de todos y todas. Como podrá recordarse el hoy Presidente elector Iván Duque firmó en su momento a favor de tal convocatoria y, sin duda, hará de esta causa una bandera que la desnaturalizará.

 

Este es un riesgo que ahora tiene esta iniciativa política, la cual está obligada a ligarse en la lucha contra el neoliberalismo si de verdad sus impulsoras no quieren terminar por ser útiles al sistema que dicen confrontar.

 

Esta es una realidad que no puede negarse. La otra es que la misma dificultad de reunir la cantidad de votos que requiere –y el temor de cargar con el peso de una derrota, mucho más cuando falta menos de un año para las elecciones regionales– a terminado por silenciar u ocupar un lugar secundario en esta coyuntura, a diversos líderes de la amplia gama de lo comprendido como izquierda, actuación que amplía el riesgo del resultado final que obtenga la consulta.

 

El movimiento social, corrupción y consulta

 

Resulta extraño que hasta el momento los diferentes sectores progresistas y alternativos no han generado un distanciamiento que los diferencie de los partidos tradicionales que participarán en la consulta, por el contrario han tomado las banderas de votar 7 veces si en la consulta.

 

De esta manera. el papel de los movimientos sociales y sectores alternativos de nuevo queda embolsado en el marco de la agenda institucional, siguiendo sus coyunturas sin distanciarse y problematizarlas.

 

Actuando a la sombra del establecimiento, se calla o poco se enfatiza en la relación entre corrupción y la fase actual del sistema capitalista, lo que extiende una nebulosa en el conjunto social sobre el origen, razón de ser y beneficiarios de la corrupción.

 

La corrupción: un problema de democracia

 

Queda claro que todos estos casos de corrupción se presentan principalmente en un modelo “democrático” liberal, donde la participación de la gente simplemente es necesaria para las votaciones parlamentarias o presidenciales. Un modelo político donde la democracia queda enmarcada únicamente a lo político representativo, dejando de lado las discusiones que tienen que ver con lo esencial de la vida diaria, y con la misma toma de decisiones que nos afectan a todos como, por ejemplo, la venta o privatización de bienes públicos estratégicos, lo cual es esencial a la vista de Alberto Acosta, quien dice que “los estados menos proclives a la corrupción son aquellos con mayores niveles de democracia, es decir, con mayor transparencia y participación ciudadana además de una bastante adecuada distribución de la riqueza y el ingreso”5.

 

Un reto para todo el conjunto nacional que debe trascender lo formal de una consulta, pues más allá de lo formal está una nueva forma de concretar la política, una donde la gente pida cuentas públicas a quienes eligieron, donde los políticos empiecen a entender que su papel es el de servir a los demás y no servirse a sí mismo. Un reto que implica pasar de ser simples ciudadanos –un número en una tarjeta de identidad o cédula, o en el carnet del Sisben– a ser sujetos activos de nuestra vida cotidiana. Un reto donde hombres o mujeres, adultos, jóvenes, viejos, se movilicen por un país donde lo público –lo colectivo– sea sagrado, y donde la democracia gane el carisma de ser el conducto para fortalecer eso mismo que el neoliberalismo se ha esforzado por desprestigiar, hasta llevar a la gente a la total indiferencia, lo público, que en realidad es el camino para hacer efectiva la existencia de vida digna y plena para todos y todas.

 

* La corrupción no es simplemente un tema netamente económico –fiscal, comercial, financiero– es un tema político y social, ampliado a múltiples temas, como: negocios de armas, tráfico de migrantes, turismo sexual, trata de personas, deportes, obras públicas, entre otros.
1 Ver: La corrupción del poder, Le Monde diplomatique edición Colombia, número 163. https://www.desdeabajo.info/colombia/item/32424-la-corrupcion-del-poder.html
2 Tortosa, José María., Corrupción, edición corregida y aumentada. Barcelona, Icaria editorial, s.a. 2013. p. 16.
3 Ibid. p. 54.
4 Ver: Contra la corrupción: Plebiscito más condena social, Le Monde diplomatique edición Colombia, número 179.
5 Tortosa, José María., Corrupción, edición corregida y aumentada. Barcelona, Icaria editorial, s.a. 2013. pp. 9-10.

 

Artículos consultados

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/alfonso-gomez-mendez/para-que-la-consulta-anticorrupcion-238858
https://www.elespectador.com/noticias/politica/listo-el-decreto-para-la-consulta-anticorrupcion-articulo-795405
https://www.las2orillas.co/no-voto-la-consulta-anticorrupcion/

 


 

Recuadro

 

Las 7 preguntas

 

Pregunta 1. Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del estado
¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes-SMLMV, fijando un tope de 25 SMLMV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política? SI ( ) NO ( )

 

Pregunta 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el estado
¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?
SI ( ) NO ( )

 

Pregunta 3. Contratación transparente obligatoria en todo el país
¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos? SI ( ) NO ( )


Pregunta 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía
¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? SI ( ) NO( )

 

Pregunta 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión
¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos? SI ( ) NO ( )

 

Pregunta 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio
¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo; incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho? SI ( ) NO ( )

 

Pregunta 7. No más atornillados en el poder: máximo 3 períodos en corporaciones públicas
¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales? SI ( ) NO ( )

Publicado enEdición Nº249
Consulta anticorrupción: ¿una nueva normatividad vacía?

“en mi opinión, la corrupción no es una enfermedad del capitalismo, sino un síntoma de una enfermedad: el capitalismo”. 

 

José María Tortosa

 

 

Las cifras han hecho de ella un tema diario. También su manipulación por parte del poder de todo tipo. No hay día donde no aparezca alguna noticia que la relacione. Es tal su impacto que ha terminado por traducirse en una realidad posible de ver a diario en cualquier escala de la vida social, y olerse en los pasillos de cualquier institución del Estado, como también en las grandes instituciones-empresas privadas de carácter nacional o internacional.

Es claro, aludimos a la corrupción.

Para enfrentarla, y supuestamente superarla, algunos políticos proponen realizar normas y leyes que hagan entrar en razón –por miedo a las penas– a quienes han hecho de ella vehículo de acumulación individual o grupal, y para que la ética que debe prevalecer en la defensa y cuidado de lo púbico gane el espacio que requiere la defensa y cuidado de lo público.

En tal ruta, el próximo 26 de agosto tendrá lugar en nuestro país un intento para enfrentar este problema a través de las urnas, para que nuestros connacionales aprueben o derogarán siete preguntas que componen la consulta anticorrupción (Ver recuadro). Algunas dudas deja este proceder: ¿la corrupción es un tema únicamente del Estado y específicamente de la rama legislativa? ¿será suficiente con una nueva ley o un nuevo decreto para enfrentar este problema?, o, simplemente ¿se están aplicando paños de agua tibia para afrontar una problemática estructural?

 

Imagen de un sistema social

 

No es nuevo, aunque con el neoliberalismo sí alcanzó niveles hasta antes desconocidos. El tema de la corrupción no es especifico de países periféricos, de “culturas o sociedades corruptas” o “proclives a corromperse”, por el contrario, es un fenómeno que podría decirse hace parte de la globalización y de la financiarización de la economía mundo, con las cuales los bienes públicos –en realidad todo el Estado– se rifan y ponen al servicio de fines privados, los mismos que utilizan diferentes estrategias para negociar, ocultar, silenciar y pasar desapercibidos, generando así una frustración generalizada para quienes intentan denunciar esta práctica*. Al funcionar dentro de esta lógica, ahora sabemos que “La base que alimenta y potencia la corrupción es la oferta y la demanda, es decir, el principio básico del mercado capitalista”1.
Un síntoma planetario que no se detiene con normas y leyes

No es de países “subdesarrollados”. En el 2014 el exprimer ministro de Portugal José Sócrates fue detenido por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción, de igual manera se sindicaron a los directores de múltiples bancos. En Italia, en el 2015, fue condenado Silvio Berlusconi por sobornar senadores para beneficiarse políticamente. En 2016 los casos estallaron en España, donde 37 empresarios y políticos afines al Partido Popular fueron llevados a juicio que sentenció la relación entre unos y otros para propiciar negocios individuales que también generaban comisiones para su partido. Algunos de ellos fueron condenados en el 2018 a varios años de cárcel.

Tampoco es de países “desarrollados”. En los últimos años diferentes escándalos estallaron en nuestra región, resaltando en todos ellos políticos de primer orden. Es paradigmático el caso de Perú, donde varios expresidentes –Fujimori, García, Humala, Toledo– terminaron vinculados a casos de corrupción hasta el punto de ser capturados y puestos tras las rejas –Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar a su cargo en marzo del presente año por corrupto–. De igual manera, están empapelados o presos, Funes en El Salvador, Martinelli en Panamá, Colom en Guatemala, Lula en Brasil; en el ojo del huracán también está Juan Manuel Santos en Colombia, cuyo tesorero durante las campañas presidenciales ha terminado por expiar culpas que no son solo suyas.

Pero tampoco es una problemática que solo afecta a los estados nacionales. Desde el 2016 el caso Odebrecht trasluce la corrupción existente entre empresarios y políticos de diferentes países del mundo –Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela–. Asímismo los famosos Papeles de Panamá, con los cuales queda claro que diferentes políticos empresarios y personalidades de la farándula internacional ocultaban sus fortunas, propiedades y cuentas en los llamados paraísos fiscales, para evadir impuestos. Todo esto sucede bajo la lupa y normatividad de tratados contra la corrupción.

Desde el 2003 las Naciones Unidas aprobaron la Convención contra la corrupción. Antes en 1997 se aprobó la Convención Interamericana contra la corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, aprobada por la Ocde. Asimismo, hay que tener en cuenta que cada país tiene diferentes normatividades para enfrentar esta práctica, por ejemplo, Colombia cuenta con la Ley 1778 de 2016 y el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/11).

Así las cosas, lo que queda claro es que el problema de la corrupción efectivamente no es un problema de normas o leyes, es un problema estructural que tiene que ver con el funcionamiento económico contemporáneo: el neoliberalismo, que busca a toda costa poner en venta lo público4.

 

La consulta del 26 de agosto

 

A propósito de esta realidad del capital internacional y de sus formas de dominio y control social logradas y cada vez renovadas y profundizadas, en la historia reciente del país nombres como Proceso 8.000, Dragacol, Agro Ingreso Seguros, Reficar, Interbolsa, Avenida 26, Ruta del sol II, Saludcoop, y otros muchas, han tenido su cuarto de hora. Algunos de los empresarios y políticos que los han protagonizado han terminado presos.

De igual manera suenan carruseles: Carrusel de la contratación, Carrusel de las cirugías plásticas. Así como también carteles: Cartel de la toga, Cartel de la paz, Cartel de los abuelos, Cartel de la chatarrización. Como comunidades de la corrupción: Comunidad del anillo. Casos que se investigan y se quedan en el olvido, pues pareciera que Colombia está condenada a la desmemoria.

Cansadas de esto –¿o con intenciones políticas individuales?– la senadora Angélica Lozano y Claudia López –quien para ese momento también desempeñaba igual rango–, impulsaron la consulta anticorrupción, poniendo en la palestra pública el desfalco de los recursos de los colombianos que anualmente –según la Contraloría Nacional– representa casi 50 billones de pesos, los mismos que terminan en los bolsillos de empresarios y políticos de diferentes partidos e ideologías.

La consulta que recogió casi 4’500.000 firmas entre enero y julio del año pasado, fue aprobada por unanimidad en la plenaria del Senado del 5 de junio de 2018. Para su realización en todo el país la Registraduría deberá disponer de $280 mil millones de pesos; para ser aprobada debe participar por lo menos el 30 por ciento del censo electoral vigente –casi 12 millones de connacionales.
Lo curioso de la consulta –que resulta grotesco– es que a ella se integrarán para su aprobación todos los partidos tradicionales del país, y también harán alarde de pulcros los grandes empresarios nacionales –los mismos que han amasado para sus particulares fines los bienes públicos, los mismos que antes era de todos y todas. Como podrá recordarse el hoy Presidente elector Iván Duque firmó en su momento a favor de tal convocatoria y, sin duda, hará de esta causa una bandera que la desnaturalizará.

Este es un riesgo que ahora tiene esta iniciativa política, la cual está obligada a ligarse en la lucha contra el neoliberalismo si de verdad sus impulsoras no quieren terminar por ser útiles al sistema que dicen confrontar.

Esta es una realidad que no puede negarse. La otra es que la misma dificultad de reunir la cantidad de votos que requiere –y el temor de cargar con el peso de una derrota, mucho más cuando falta menos de un año para las elecciones regionales– a terminado por silenciar u ocupar un lugar secundario en esta coyuntura, a diversos líderes de la amplia gama de lo comprendido como izquierda, actuación que amplía el riesgo del resultado final que obtenga la consulta.

 

El movimiento social, corrupción y consulta

 

Resulta extraño que hasta el momento los diferentes sectores progresistas y alternativos no han generado un distanciamiento que los diferencie de los partidos tradicionales que participarán en la consulta, por el contrario han tomado las banderas de votar 7 veces si en la consulta.

De esta manera. el papel de los movimientos sociales y sectores alternativos de nuevo queda embolsado en el marco de la agenda institucional, siguiendo sus coyunturas sin distanciarse y problematizarlas.

Actuando a la sombra del establecimiento, se calla o poco se enfatiza en la relación entre corrupción y la fase actual del sistema capitalista, lo que extiende una nebulosa en el conjunto social sobre el origen, razón de ser y beneficiarios de la corrupción.

 

La corrupción: un problema de democracia

 

Queda claro que todos estos casos de corrupción se presentan principalmente en un modelo “democrático” liberal, donde la participación de la gente simplemente es necesaria para las votaciones parlamentarias o presidenciales. Un modelo político donde la democracia queda enmarcada únicamente a lo político representativo, dejando de lado las discusiones que tienen que ver con lo esencial de la vida diaria, y con la misma toma de decisiones que nos afectan a todos como, por ejemplo, la venta o privatización de bienes públicos estratégicos, lo cual es esencial a la vista de Alberto Acosta, quien dice que “los estados menos proclives a la corrupción son aquellos con mayores niveles de democracia, es decir, con mayor transparencia y participación ciudadana además de una bastante adecuada distribución de la riqueza y el ingreso”5.

Un reto para todo el conjunto nacional que debe trascender lo formal de una consulta, pues más allá de lo formal está una nueva forma de concretar la política, una donde la gente pida cuentas públicas a quienes eligieron, donde los políticos empiecen a entender que su papel es el de servir a los demás y no servirse a sí mismo. Un reto que implica pasar de ser simples ciudadanos –un número en una tarjeta de identidad o cédula, o en el carnet del Sisben– a ser sujetos activos de nuestra vida cotidiana. Un reto donde hombres o mujeres, adultos, jóvenes, viejos, se movilicen por un país donde lo público –lo colectivo– sea sagrado, y donde la democracia gane el carisma de ser el conducto para fortalecer eso mismo que el neoliberalismo se ha esforzado por desprestigiar, hasta llevar a la gente a la total indiferencia, lo público, que en realidad es el camino para hacer efectiva la existencia de vida digna y plena para todos y todas.

 

* La corrupción no es simplemente un tema netamente económico –fiscal, comercial, financiero– es un tema político y social, ampliado a múltiples temas, como: negocios de armas, tráfico de migrantes, turismo sexual, trata de personas, deportes, obras públicas, entre otros.
1 Ver: La corrupción del poder, Le Monde diplomatique edición Colombia, número 163. https://www.desdeabajo.info/colombia/item/32424-la-corrupcion-del-poder.html
2 Tortosa, José María., Corrupción, edición corregida y aumentada. Barcelona, Icaria editorial, s.a. 2013. p. 16.
3 Ibid. p. 54.
4 Ver: Contra la corrupción: Plebiscito más condena social, Le Monde diplomatique edición Colombia, número 179.
5 Tortosa, José María., Corrupción, edición corregida y aumentada. Barcelona, Icaria editorial, s.a. 2013. pp. 9-10.

Artículos consultados

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/alfonso-gomez-mendez/para-que-la-consulta-anticorrupcion-238858 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/listo-el-decreto-para-la-consulta-anticorrupcion-articulo-795405 
https://www.las2orillas.co/no-voto-la-consulta-anticorrupcion/ 


Recuadro

 

Las 7 preguntas

 

Pregunta 1. Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del estado
¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes-SMLMV, fijando un tope de 25 SMLMV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política? SI ( ) NO ( )

Pregunta 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el estado
¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?
SI ( ) NO ( )

Pregunta 3. Contratación transparente obligatoria en todo el país
¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos? SI ( ) NO ( )
Pregunta 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía
¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? SI ( ) NO( )

Pregunta 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión
¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos? SI ( ) NO ( )

Pregunta 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio
¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo; incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho? SI ( ) NO ( )

Pregunta 7. No más atornillados en el poder: máximo 3 períodos en corporaciones públicas
¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales? SI ( ) NO ( )

 

 

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Cárcel a corruptos y prohibirles a volver a contratar con el Estado
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Pregunta 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado.

¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?

xx]

 Del dicho al hecho hay mucho trecho, y este también cuenta. Es cierto que en la confrontación de la corrupción hay que echar mano de todas las herramientas posibles, pero no sin ser realistas, sobre todo con respecto a la realidad del poder global, a la incidencia que en éste tienen las multinacionales y el marco jurídico creado por estas en el mundo que hoy habitamos. Realismo que debe extender su vista hasta visualizar la real pérdida de la soberanía jurídica por parte de la mayoría de Estados.

 

¿Cómo llegamos a esta nueva realidad? A esta nueva realidad de la geopolítica global llegamos como parte de un novísimo coloniaje, revestido de nuevas prendas. Para constituirlo, el capital internacional dedicó gran cantidad de años a tejer un nuevo andamiaje jurídico al cual han quedado supeditados los códigos jurídicos locales. La pretensión del capital internacional, al así proceder, no fue ni es sana, fue y sigue siendo la de proteger sus intereses y para ello le dieron paso, incluso, a los Acuerdos internacionales de inversiones, así como a los Tratados de Libre Comercio, en los cuales, y con letra menuda, las naciones otrora invadidas hoy son controladas por esta nueva vía, sin necesidad de tropas ni violencia directa.

 

No solo esto. En la senda del control de todo tipo de negocios y los capitales de ellos desprendidos, imperios como el de los Estados Unidos urdieron todo un tramado leguleyo que les permite infringir castigos económicos a todo aquel que consideren que rompió las leyes que ellos, solo ellos, han creado. Detrás, como soporte para su “legalidad”, está la fuerza económica –bloqueos comerciales, industriales, financieros, como los que hoy están en curso contra Irán, Turquía, Venezuela y otros países– o, de ser necesario, la misma fuerza directa.

 

Entonces, conscientes de esta realidad, a la hora de proponer acciones contra la corrupción hay que ser sensatos. Así nuestros códigos Penal y Comercial estipulen una u otra cosa, si de verdad se está por confrontar y colocarle diques a la corrupción en sus diversas manifestaciones, es obligatorio reparar con mucho cuidado los acuerdos y contratos firmados con multinacionales, las que blindadas con grandes departamentos jurídicos, redactan de acuerdo con sus intereses los contratos que firman con los “países soberanos”. No es casual que multinacionales que salen sancionadas de uno y otro país por incumplimientos, mala calidad de las obras, etcétera, lleven a los estrados judiciales internacionales a los Estados obligándolos, con el paso de los años a entregarles millones de dólares como indemnización por los contratos cancelados, de acuerdo a ellos, sin causa justa. Hay que recordar que las leyes favorecen, una y otra vez, a quienes las redactan.

 

¡Claro que debe penalizarse a todo tipo de contratistas por su fechorías que terminan por dilapidar los ahorros que son de todos, pero para que así sea lo primero que debe garantizarse es la soberanía jurídica de nuestros países, soberanía que no está ajena de la soberanía política, militar, alimentaria, geoespacial, comunicativa, cultural, etcétera.

 

Es decir, aquí también estamos ante un reto inmenso para los movimientos sociales, los cuales deben alimentar el voto de todos los suyos y de quienes viven en sus territorios de influencia para que salgan a votar las siete preguntas de la consulta del 26 de agosto, pero los cuales, al mismo tiempo, tienen el reto de explicarle a la sociedad lo limitado de esta iniciativa y los retos que la misma nos abre como proyectos que estamos por la convivencia pacífica entre naciones, lo que implica la igualdad, el hermanamiento como miembros de una misma especie y habitantes de un mismo territorio global, así como la efectiva soberanía de todos los países que integran el actual orden mundial.

 

Ahora, en el plano local es más fácil operar y sancionar a los empresarios y sus razones jurídicas o empresas, y ahí no debe haber contemplaciones, impidiéndoles que vuelvan a contratar con el Estado, pero lo que no tiene procedencia es pensar que la cárcel es la solución para resarcir a la sociedad. Aquí hay un error profundo, pues como dicen los presos: “La cárcel, a quien no mata lo deforma”, es decir, la cárcel no cumple el propósito para el cual fue diseñada, la cárcel no propicia la resocialización de ninguna persona y sí, por el contrario, potencia la formación y operatividad de miles de –nuevos– delincuentes.

 

En tanto no cumple con la misión que le encargaron, la cárcel debe llegar a su fin, y como reemplazo la sociedad, si de verdad piensa en la resocialización del condenado y no en su destrucción ni muerte, debe diseñar nuevos mecanismos sancionatorios o castigos. En este caso en particular, al haber robado a un conjunto humano llamado sociedad el o los implicados deben regresar lo hurtado a ese conjunto humano, para lo cual la justicia debe investigar hasta el rincón más profundo de cada uno de los implicados, los cuales por voluntad propia ni por convicción ni por arrepentimiento devolverán todo lo hurtado. La expropiación de todos sus bienes debe evitar la burla del fallo judicial. Es por ello que a la hora de firmar todo tipo de contratos, el Estado debe exigir que el contratista –persona natural y jurídica– presente su declaración de renta como la de su familia hasta último grado de consanguineidad, con lo cual se entienda que todo aquello no declarado y que aparezca años después como “legalmente” conseguido, pero que no logre demostrar plenamente su origen lícito, podrá asumirse como parte de lo hurtado y, por tanto, objeto de expropiación.

En este mismo sentido, y para evitar la fuga de capitales, hay que avanzar más allá de lo ya propuesto, actuando sobre los paraísos fiscales, los cuales deben ser objeto de control jurídico global, impidiendo su existencia y funcionamiento. Sin duda, esta banca y todas las redes que las protegen y potencian son parte del sumo de la corrupción, como lo es el neoliberalismo.

Como penas alternativas, la sociedad puede aplicar trabajos sociales por 10 o más años para quienes sean condenados, trabajos por realizar cada día por espacio de 8 o más horas, bajo vigilancia social y policial, sin poder salir de la ciudad origen de su delito. Cualquier burla de esta condena daría paso a trabajos ya no sociales sino físicos.

Estamos en nuevos tiempos y ante nuevos retos. Para hacer efectiva la lucha contra la corrupción hay que adentrarse en lo profundo del poder global dejando a un lado lo inmediato o lo más evidente. A no ser que la bandera anticorrupción sea una simple bandera para ganar imagen.

 

 

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Pregunta 5. Los congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión.

¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos particulares e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos?

xx]

 

–Véalo, ahora sí está por aquí, con las promesas de siempre…

Este es uno de los comentarios más comunes que se escuchan en los barrios cuando está en curso alguna campaña electoral.

Y, sí, no están equivocados quienes así expresan su malestar, inconformidad y desconfianza con los políticos profesionales, con quienes sin vergüenza alguna repiten cada tantos años el rito electoral –su recorrido por barrios, centros de estudio, plazas, y otros lugares–, precisamente en época de votos. Allí, rodeados de su cohorte de aduladores, y de quienes llegan a pedir algún favor, repiten como si fueran una caja de música todo aquello que harán si son elegidos, o reelegidos, como es común entre congresistas, concejales y ediles.

–“Les aseguro, en los meses que vienen pavimentaremos estas calles, construiremos el centro de salud que ustedes están reclamando hace 20 años…”, promesas, promesas, en un decir que los hace aparecer como si ellos fueran los dueños de lo que es de todos, cuando simplemente son una circunstancia temporal dentro de la maquinaria gubernamental, la misma que debemos desmitificar hasta que todos comprendamos que nada de lo que allí hacen unos y otros es imposible de realizar por cualquiera de nosotros, eso sí, siempre y cuando lo asumamos como un ejercicio colectivo, abierto, sincero.

Estos personajes, políticos de oficio, privatizadores de lo colectivo y deformadores del mismo sentido y deber ser de la política, sin vergüenza alguna, una y otra vez, cada cuatro años, o menos, le aseguran a sus posibles electores lo que no harán, pues son tantos los compromisos que adquieren que no pueden cumplir con todos ellos, ni con la mayoría de los mismos y, claro, todo queda ahí, como un decir. Su consecuencia inmediata: potenciar el desinterés y la incredulidad de las mayorías sobre la política, mucho más cuando ésta queda reducida a un asunto formal, al procedimiento mecánico de elegir y ser elegido.

Estamos ande la democracia formal, al más liberal de los ejercicios de la representación, algo que desdibuja el sentido profundo de la democracia, un ritual trasformado en espectáculo, y en mercancía, donde unos compran votos y otros conciencia. La gente sabe esto, como sabe de promesas e incumplimientos, pese a lo cual sale a ver qué logra de uno u otro político, pues esa es su posibilidad de que algún día el Estado se deje ver con algo. Así, instrumentalizados por los políticos de oficio, tratan de vengarse utilizando a esos políticos en beneficio propio.

Al así suceder, lo que emerge es un Estado que parece distante, ajeno al común de los mortales… Por el contrario, el reto ante el cual está la humanidad toda para abrir espacio hacia una libertad a plenitud, así como una vida en justicia y felicidad, es que ese Estado sea tan cercano a la totalidad social que esa misma gente lo simplifique, develando su funcionamiento, haciéndolo cada vez más cercano a todos y cada uno, superando el funcionamiento burocrático que hoy tiene y que los oprime, llevando muchas de sus funciones, entre ellas seguridad y defensa, a las manos de todos… buscando que la máquina deje de estar al servicio de pocos y cada vez más esté al servicio de todos, por ejemplo con la garantía, de verdad verdad, de que la salud, educación, transporte, vivienda, agua, luz, sea gratuitos y universales, socializando de esta manera lo que todos aportamos a ese mismo Estado a través de nuestro trabajo, el cual él recoge a través de impuestos, hasta acercarlo a su extinción por tornarse innecesario.

 

Privatización de la política

 

Parece increíble, pero esto de las promesas dilatadas e incumplidas, es un cuadro repetido una y otra vez a lo largo y ancho de nuestros países. A propósito de esto, algún escritor tituló uno de sus libros con una sentencia: “Al pueblo nunca le toca”.

¿Por qué sucede esto? Porque el gobierno, como dice la máxima de la democracia liberal, no es del pueblo ni para el pueblo, pero también porque quienes llegan a las instancias legislativas de todo nivel no surgen producto de un ejercicio común en donde la comunidad, apropiada de su destino, controla en sus manos el devenir de lo público, delegando en algunos de los suyos las funciones de representación, delegados que tendrían, si así funcionaran las cosas, que entregar informes de su gestión de manera constante, por lo menos cada mes o menos, y no cada año como lo proponen en la consulta motivo de este escrito.

Delegados, que además, tendrían que socializar con los suyos no solo lo hecho sino además la información que permita comprender el conjunto de intereses que se mueven en la instancia a la que asiste, así como explicando a quiénes (gremio o clase) representan. Un ejercicio de información que deberá tornarse en educación constante para que todos y todas procesen y comprendan cómo está organizado el Estado a todo nivel y cómo funciona, pasando para ello por el gobierno y todas y cada una de sus instancias.

Esta debería ser una labor espontánea, sin exigencia de nadie en particular, pues el delegado, en tanto parte de la comunidad entendería que su labor es de vocería, es decir, de recoger las demandas comunes y transformarlas en proyectos de ley, además de educar para que cualquiera esté en capacidad de llevar a cabo esa misma representación. Es decir, hacer de este cargo algo temporal, y por ello mismo rotativo, así como colectivo y deliberante.

Al así proceder, su participación en alguna instancia de elección popular no sería el sueño realizado para vivir de una cuota burocrática, transformándose por ese conducto en un político profesional (un artista de la palaba y del engaño), alguien que va a una instancia pública a servirse y no a servir, sino todo lo contrario, alguien que de manera circunstancial asume una responsabilidad colectiva, sabiendo que es temporal, con obligaciones expresas hacia el conjunto humano que deposita en él/ella su confianza para que haga conocer en ciertos espacios las necesidades, deseos y sueños de todos, y no solo los de él o ella; por tanto, un funcionario que llega a un espacio de estos a bajar y no a subir, un funcionario que su función, además de otras, es la de servir.

Proceder que sería un paso necesario hacia la desprofesionalización de la política, es más, hacia su desaparición como un asunto de algunos pocos, los mismos que con su proceder niegan y excluyen a todos; al así proceder también avanzaríamos hacia la reconstrucción del prestigio de la política como un asunto del conjunto social, los que ya no delegarían sino que acogerían como parte sustancial de su vida cotidiana el diseño y control de todo aquello que compete con lo común.

Si así fuera el proceder, quedaría confrontado y superado el desinterés hoy reinante por lo público, desinterés instalado en la mente de las mayorías por parte de quienes detentan el poder. Una vez recuperado este interés, tomarían forma las esclusas para que lo que es de todos no sea privatizado, cerrando con ello el paso a todo tipo de negociados y robos que se llevan a cabo en estas instancias, precisamente por que “lo que es de todos es de nadie”. Es esta una batalla contra el neoliberalismo, que no solo toma manifestaciones económicas, sino también políticas, ideológicas, culturales.

Entonces, la exigencia no es solo para la entrega diferida de informes a doce meses, no, la exigencia y reto es para que la política sea un asunto del interés del conjunto social, que los delegados a las instancias de elección popular sean rotativos, que los programas por impulsar surjan del debate cotidiano de las gentes, que los elegidos, así deben saberlo, de no cumplir con los mandatos recibidos podrán ser revocados en cualquier tiempo, que el control efectivo de la ciudadanía sobre lo que sucede al interior de estas instancias impida todo tipo de negociado, etcétera.

De así proceder, no solo habremos recuperado el sentido original y profundo de la política sino que habremos hecho realidad el sueño de darle cuerpo a un gobierno de la gente y para la gente.

 

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Consulta anticorrupción. Reducción de salarios para congresistas y…

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/34862-consulta-anticorrupcion-reduccion-de-salarios-para-congresistas-y.html

 

26 de agosto. La corrupción, a debate y a voto

 
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