Sábado, 06 Octubre 2018 05:36

Desapareció un jefe de Interpol

Desapareció un jefe de Interpol

La Justicia de Francia, país sede de la institución, activó ayer una investigación luego de la denuncia de la esposa de Meng. Su rastro se perdió el 29 de septiembre. China aún no se pronunció sobre el caso.

El presidente de Interpol, Meng Hongwei, está desaparecido en China desde que llegó al país a finales de septiembre y, en consecuencia, la Justicia de Francia, país sede de la institución, activó ayer una investigación luego de la denuncia de la esposa de Meng. Hasta el momento no hay información oficial. No obstante, el diario South China Morning Post, público que Meng fue arrestado al aterrizar en China y actualmente esta bajo vigilancia de la disciplina del Partido Comunista Chino. La Comisión Central para la Vigilancia de la Disciplina es el órgano policial del partido encargado de combatir casos de corrupción, lo que podría significar que el jefe de Interpol está bajo sospecha de este delito. El rotativo no ofrece más pistas sobre los posibles motivos por los que Meng, ex miembro del Gobierno considerado un peso pesado del Partido Comunista Chino, estaría siendo investigado. El diario tampoco precisa el lugar de la detención.


El rastro de Meng se perdió el pasado 29 de septiembre, cuando embarcó en un avión con destino a su país, y su familia no tiene noticias desde entonces. Su esposa, que permanece con sus hijos en Lyon, la ciudad francesa donde tiene su sede Interpol, dejó transcurrir unos días hasta que la noche del jueves oficializó la denuncia y en ese instante las autoridades le tomaron declaración. Según la ley china, la familia y los empleadores de un sospechoso detenido deben ser notificados dentro de las 24 horas de su arresto, pero hasta el momento los familiares de Meng no recibieron información sobre su ubicación.


Por su parte, Interpol se limitó a indicar que se trata de un asunto que compete a las autoridades de Francia y China, y que la continuidad de su misión está garantizada, ya que las operaciones de Interpol recaen en el secretario general, el alemán Jürgen Stock. Además, precisó que debe respetar las normas de confidencialidad estipuladas en los estatutos. Por su parte, el Ministerio de Interior francés compartió ayer en un comunicado su preocupación por la desaparición de Meng, así como por las amenazas que recibió su esposa, y señaló que puso a disposición de la familia un dispositivo policial adaptado para garantizar su seguridad. “Francia está perpleja acerca de la situación del presidente de Interpol y está preocupada por las amenazas ejercidas contra su esposa”, indicó el ministro y agregó que la mujer fue intimidada por teléfono y a través de las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento, su contraparte china no se pronunció sobre el caso.


Medios franceses indicaron que desde la llegada al poder del presidente Xi Jinping, hace seis años, China inició una dura campaña contra la corrupción que determinó la persecución de cientos de funcionarios. Xi puso al frente de los servicios de seguridad del país a Zhao Kezhi y lanzó una purga de altos cargos procedentes de los aparatos de sus predecesores, Hu Jintao y Jiang Zemin. Entre los funcionarios detenidos se encuentran el ex ministro de Seguridad Pública y antiguo superior de Meng, y Zhou Yongkang, uno de los más hombres más poderosos del país que fue condenado a cadena perpetua por abuso de poder. En 2014, Interpol emitió “avisos rojos” de alertas internacionales para 100 personas de origen chino que viven en el extranjero. En abril del año pasado emitió una alerta dirigida a Gou Wengui, una empresario adinerado que afirmó tener evidencia de corrupción en los niveles superiores del Partido Comunista. Wengui, que fue buscado por los fiscales chinos desde 2014, tenía vínculos con Ma Jian, quien, como Hongwei, había ocupado el cargo de viceministro de seguridad y fue investigado por presunta corrupción.


Meng tiene casi 40 años de experiencia en justicia penal y vigilancia policial en este país, según indica la página web de la Interpol. Sin embargo, perdió su asiento en el comité central del Partido Comunista, el principal centro de poder de la organización, en abril de este año.


Antes de su designación como presidente de esta entidad, Meng era viceministro de la Seguridad Pública china, un departamento de enorme poder a cuyo cargo están la Policía y los servicios de espionaje. Como figura central en ese departamento, varios medios vincularon a Meng con militantes Uighurs, grupo disidente que habita las regiones del norte de China, y que el estado considera como subversivos.


El funcionario chino dejó su cargo en seguridad 2016, para entrar a Interpol en sustitución de la francesa Mireille Ballestrazzi, un cargo honorífico, pero que aun así levantó críticas en organizaciones defensoras de los derechos humanos. En este sentido, Amnistía Internacional reaccionó preocupada acusando a China de usar la Interpol para buscar disidentes y activistas de la oposición. Por su parte, Human Rights Watch consideró que China se sirve de la organización policial internacional para intimidar y detener a familiares de disidentes, y por eso le pidió una atención particular para evitar injerencias del presidente Meng. El ex ministro había desestimado los reclamos, diciendo que se adheriría a las reglas de la organización y que estaba enfocado en promover “la causa de la vigilancia policial en el mundo”. La organización restó importancia a la nacionalidad del presidente y subrayó que el mando operativo recae en el secretario general. Además, enfatizó que los estatutos de Interpol -que tiene 192 países miembros- asientan el principio la neutralidad política de sus actuaciones, como queda registrado en el artículo 3.


Interpol cuenta con siete oficinas regionales en el mundo, además de representaciones en todos los países miembros, que se suman a las que hay ante la ONU, en Nueva York, y ante la Unión Europea, en Bruselas. Al presidente de Interpol, como al resto de los miembros del Comité Ejecutivo, lo elige la Asamblea General de la organización, en la que están representados todos los Estados miembros. Las funciones de la organización responden a aplicar las orientaciones decididas por esos países y supervisar el trabajo del secretario general.

Publicado enInternacional
Viernes, 05 Octubre 2018 06:47

“El ganador ya es Bolsonaro”

“El ganador ya es Bolsonaro”

En la superficie, la elección presidencial brasileña parece compleja. A pesar del golpe y de la prisión de Lula, a diez días de los comicios, el Partido de los Trabajadores (PT) despuntaba como favorito en el segundo turno (N de E: Según la última encuesta, al cierre de esta edición de Brecha, Fernando Haddad alcanzaba al menos un empate técnico) y se enfrenta a una temible cría de la dictadura. ¿Qué está en disputa en esta elección? ¿Quién es el candidato del capital? ¿Cuál es la estrategia de la burguesía? ¿Y la respuesta de la izquierda? A continuación, abordaré estas preguntas.

1. Para la burguesía brasileña, la economía no está en juego en las elecciones: quien gane enfrentará los problemas del neoliberalismo con más neoliberalismo. Ya sea por la vía utópica de un “neoliberalismo inclusivo”, pregonado por el PT, o por el ultraneoliberalismo de los tucanos (N de E: los políticos del Psdb) o de Bolsonaro.
Lo que la burguesía disputa es la forma política de gestión de la crisis brasileña. ¿Cuál será la cara del arreglo institucional, jurídico y cultural que sustituirá a la “nueva república”, que está definitivamente condenada?


En el plano inmediato existen dos vías para esto.


Según sus propias palabras, Lula ofrece credibilidad y estabilidad. La credibilidad de la que habla no es con los de arriba –duramente afectada–, sino con los de abajo: lo que Lula diga, la sociedad aceptará. En otras palabras, el lulismo ofrece a la burguesía su capacidad de convencimiento y neutralización popular como vía para alcanzar el orden. Si Dilma fue la sombra de Lula, Haddad se proyecta como el avatar de esta política.


En el polo opuesto, complementario, se encuentra Bolsonaro. ¿Cómo comprenderlo? Bolsonaro es la respuesta más aterradora de una sociedad aterrada. Quien está sin trabajo tiene miedo del hambre, y quien trabaja tiene miedo del de-sempleo. Todos tienen miedo de la violencia y también tienen miedo de la policía.


En un contexto de desprestigio de las formas colectivas de lucha, Bolsonaro promete el orden por la truculencia. Como Trump en Estados Unidos, Erdogan en Turquía, Modi en India, el uribismo en Colombia o el fascismo en Italia, todos actualmente en el poder. Por lo tanto, Bolsonaro no está solo: representa una tendencia, no una aberración.


En síntesis, se trata de vías distintas para manejar la colosal crisis brasileña: el PT ofrece el orden a través del diálogo, mientras que Bolsonaro propone el orden a palos.


2. Dada la imposibilidad de que ganen los candidatos Geraldo Alckmin (Psdb), Henrique Meirelles (Mdb) o João Amoedo (Novo), ¿cuál de estas dos alternativas es preferible para el capital?


Si gana Haddad, gobernar será un problema. El problema del poder será cómo apaciguar la serpiente del antipetismo. ¿Cómo convencer a aquellos que se embarcaron en la corrida del impeachment y de la prisión de Lula a aceptar que todo eso desemboque en Haddad?


Si gana Bolsonaro, serán los gobernados los que tendrán un problema. Su base entre los poderosos es frágil, su rechazo popular es alto y su naturaleza, imprevisible. La pregunta es ¿quién disciplinará al disciplinador?


Tanto Haddad como Bolsonaro representan respuestas provisorias, y necesariamente inestables, de una burguesía que se reorganiza.


3. Más allá de lo inmediato, el movimiento burgués se mueve en dirección de Bolsonaro. Porque el fin de la nueva república también compromete a los tucanos. Esto es lo que explica el Partido Nuevo (creado en 2015), tan “nuevo” en la política como lo es “demócrata” el Dem (N de E: el partido Demócratas). Expresa a una burguesía que intuye que los nuevos tiempos exigen nuevas respuestas: es el Bolsonaro que aún no salió del clóset.


Porque lo que la derecha está incubando es un bolsonarismo sin Bolsonaro.


En Francia, la fascista Marine Le Pen se quejaba de aquellos que se unieron para derrotarla en el segundo turno de las presidenciales, porque después de todo, decía una Le Pen desconforme, eligieron a alguien que implementa sus políticas, pero sin jactarse de ello.


Debajo del polvo de las próximas elecciones, la burguesía brasileña forja su Macron. El cruce de Bolsonaro y Amoedo puede ser João Doria.


4. Entre el derrocamiento del lulismo, que se configuró en la rebelión de julio de 2013, y un bolsonarismo confiable, que se está cocinando, la burguesía brasileña se reorganiza. Ese reordenamiento se expresa a través de la dispersión de candidatos. Al igual que en 1989, cuando comenzaba la nueva república, la burguesía busca un camino, aunque ahora es para enterrarla.


A mediano plazo, especula cuál es el mejor esparadrapo para parar la sangría desatada por el golpe. Racionalmente, parece ser Ciro Gomes: el antipetismo se sentiría contemplado y el electorado de Ele Não respiraría aliviado.


Pero las serpientes sueltas por el golpismo desafían la razón. Cualquier gobierno que venga será necesariamente inestable, como lo fue el de Collor (N de E: presidente entre 1990 y 1992).


En este contexto, los tucanos hacen su autocrítica: mejor habría sido dejar a Dilma sangrar, que conspirar por el golpe y pactar con Temer. Fueron con mucha sed al manantial y ahora están condenados a tener paciencia.


La burguesía y los tucanos evalúan quién les sirve más para quemar y ser quemado, con la expectativa de fundar sobre esta tierra quemada el nuevo orden a su semejanza.


5. Y la izquierda, ¿qué rol ocupa en todo esto?


Paradójicamente, revela más dificultad para captar el cambio. Para la derecha está claro desde junio: incluso el tiempo del neoliberalismo pasó. Se ha transitado de la conciliación a la lucha de clases. Este es el telón de fondo de la agonía lulista.


Que el propio Lula no se dé cuenta de su anacronismo es de esperar. Que el Partido Socialismo y Libertad (Psol, a la izquierda del PT) sea tragado por este autoengaño es una trágica miopía. En lugar de diferenciarse del PT, ensayando lo nuevo por izquierda, la candidatura de Guilherme Boulos ha optado por la simbiosis, en condiciones cada vez más rebajadas.


El lulismo es una política que navega en las aguas del orden. En este momento lo único que puede resucitarlo como una alternativa para la burguesía es el ascenso de las masas. La paradoja es que las masas sólo se movilizarán si se rompen las amarras con el lulismo, como en junio pasado. Y ante la disyuntiva de movilizarse a favor del PT, los revoltosos se preguntarán: ¿vale la pena todo este esfuerzo para terminar con Lula de vuelta en la presidencia? Si la serpiente del antipetismo es difícil de manejar, las fuerzas que buscan ir más allá del petismo lo serán mucho más. Por eso no les interesa, ni a Lula, el pueblo en la calle.


Ambicionando tender un puente entre el petismo y la izquierda, la candidatura de Boulos está constreñida por la agenda del primero. En el proceso, corre el riesgo de confirmar el secuestro de la izquierda en la lámpara mágica del lulismo. Más allá de sus contradicciones internas, esta política perdió su carga histórica: por eso no se repetirá, salvo como farsa.


El lulismo no es el antídoto del fascismo, sino un obstáculo que dificulta la comprensión de lo que está ocurriendo. Sólo con lucha eludiremos a la barbarie, no con morfina.


6. Independientemente del resultado electoral, el ganador de esta elección ya es Bolsonaro. Porque fue quien pautó el debate. El eje de la discusión se corrió hacia la derecha, aislando aun más el debate estructural. Por otro lado, la izquierda ya perdió estos comicios, porque ni entró en el juego.


Para volver a la primera división de la política precisará actualizar su diagnóstico y estrategia. Mientras tanto, asistiremos a una acumulación de derrotas, sin siquiera disputar los rumbos de la historia.

Por Fabio Luis Barbosa dos Santos, profesor de la Universidad Federal de San Pablo, autor del libro Além do PT. A crise da esquerda brasileira em perspectiva latino-americana.
5 octubre, 2018

Publicado enInternacional
Sábado, 29 Septiembre 2018 10:30

De la anticorrupción a la gobernabilidad

De la anticorrupción a la gobernabilidad

Con la consulta anticorrupción y sus resultados, producto de lo cual se instaló una Comisión Técnica para negociar las leyes por redactar y tramitar en el Congreso, desde el poder ofrecen un cambio que todo parece indicar que no será. Como en toda la historia nacional, un recurrido galimatías logra lo contrario de lo que anuncia.

 

“En mis cuatro años en el Senado propusimos más de ocho veces los proyectos y siempre los negaron o no les dieron trámite. […] Por eso digo que ante la negativa del Congreso de autorreformarse y cerrar la vena rota de la corrupción, apelamos a los ciudadanos para que fueran ellos, en las urnas, quienes decidieran y ordenaran al Congreso aprobar esos mandatos en, máximo, un año” afirmaba Claudia López, refiriéndose a la necesidad de la Consulta, el pasado 22 de julio. Y agregaba, con su acostumbrada contundencia: “Si se aprueba la consulta no nos pueden hacer conejo”1. Como quien dice: el destinatario siempre fue el Congreso, lo que ha estado en juego es la naturaleza del mandato que pudiera obligarlo.

 

Hoy en día, un mes y tres semanas después, el escenario parece similar. La consulta se hizo. Con significativa votación pero sin llegar al umbral de 12.140.342, que se exigía para que fuera vinculante, en términos jurídicos. Desde entonces han argumentado, en consecuencia, que se trata, de todas maneras, de un vigoroso mandato político. Y así parecen haberlo tomado todas las vertientes políticas parlamentarias y el propio gobierno de Iván Duque, quien, inmediatamente tomó la iniciativa de convocar una espectacular “Cumbre Política” llevada a cabo tres días después de la Consulta.

 

Espectacular no sólo por la publicidad sino por el éxito de la convocatoria; no faltó ninguno, ni siquiera el odiado partido Farc; “una cumbre sin antecedentes que va a cambiar muchas cosas” tituló la prensa; la primera expresión del “pacto nacional” ofrecido por Duque, celebraron no pocos comentaristas. Allí se aprobó por unanimidad, bajo el nombre de “estrategia anticorrupción”, la creación de una “mesa técnica”, integrada por delegados de todos los partidos y presidida por la Ministra del Interior, encargada de reelaborar los siete puntos de la consulta, los cuatro proyectos que ya había presentado la Presidencia y algunos otros que estaban enredados entre las curules, para llegar, después de arduas negociaciones, a un conjunto de proyectos de ley, que, apoyados en tan amplio consenso, el Gobierno presentaría al Congreso de la República.

 

La propuesta de la Consulta Popular no fue cosa de improvisación. Era la primera de carácter nacional pero tenía el antecedente de las Consultas Populares municipales llevadas a cabo en todo el país, principalmente para rechazar los proyectos minero-energéticos y el de las Consultas Previas que, por centenares, se han adelantado con las comunidades étnicas, por obligación constitucional pero casi siempre por idénticos motivos. La misma figura de democracia participativa que ahora, simultáneamente, se intenta reglamentar –léase recortar y desnaturalizar– en favor del “desarrollo” y la “seguridad jurídica” a partir de un proyecto de ley presentado por Cambio Radical. Tenía además una larga historia. El Comité promotor se conformó en enero de 2017. Seis meses más tarde se presentaron a la Registraduría más de cuatro millones de firmas, aunque sólo al final del año se obtuvo la validación con lo cual se le daba vía libre –no sin antes pasar por el Consejo Nacional Electoral– al procedimiento que culminó el pasado junio con la aprobación por el Congreso, en plena campaña electoral. Un tortuoso procedimiento. Sin embargo, visto el desenlace, da la impresión que el Gobierno ha recuperado la iniciativa política.

 

Fuego amigo

 

El carácter jurídico vinculante de los resultados de la consulta fue objeto de numerosas disquisiciones. Para sus escasos enemigos públicos, incapaces por supuesto de rechazarla abiertamente, el contenido de las siete preguntas era redundante o inocuo. Para algunos, incluso entre sus partidarios, inconveniente. Considerado el más prestigioso jurista del campo democrático, Rodrigo Uprimny señaló el carácter inconstitucional de las preguntas sobre la remuneración de los Congresistas y la limitación del número de periodos, que son, por cierto, las más populares y de mayor aceptación en la opinión pública.

 

El argumento, de impecable exquisitez jurídica, a tono con nuestra tradición formalista y positivista que nos viene desde la Independencia, es innegable por evidente. Es claro que, tanto la remuneración como los periodos, se encuentran establecidos en la Constitución. Pero también es evidente –y cualquier ciudadano podría advertirlo– que la decisión final está en el Congreso: obteniéndose un sólido mandato jurídico y sobre todo político, no habría razón para que un Congreso se abstuviera de aprobar una reforma Constitucional en éste o en cualquier otro tema. Por supuesto que ya no tiene sentido planteárselo; el problema con estas disquisiciones, y se ve muy claro ahora, cuando nos colocamos en un escenario en el que sólo hay un mandato político y todo ha quedado sometido a las elaboraciones y negociaciones de los congresistas, consiste en que se les brindan a éstos, de manera gratuita, abundantes municiones para la justificación y legitimación de unas posibles leyes amañadas que serían, una vez más, inútiles.

 

Como si fuera poco Uprimny, ya verificada la Consulta y siendo innecesaria cualquier recomendación, reitera sus argumentaciones ahora en la forma de propuestas. Además de la sugerencia de reemplazar el umbral de participación por uno de aprobación lo cual admite discusión, propone someter cualquier iniciativa de consulta nacional a un control de constitucionalidad. ¡Como si ya no fuese tortuoso el camino! “Si la mayoría aprueba esas preguntas y el umbral es superado, estaríamos en un difícil dilema jurídico por cuanto la consulta no es un mecanismo de reforma de la Constitución, pero el pueblo habría ordenado que esa reforma se hiciera [...] Un control judicial previo como el que existe para las consultas territoriales, soluciona ese impasse, pues el tribunal competente verificaría, antes del pronunciamiento popular, si la pregunta es o no inconstitucional. Si es inconstitucional, no podría haber consulta sobre ese punto…”2. Excelente terreno de discusión para las mencionadas propuestas de Vargas Lleras encaminadas a la “reglamentación”. Recuérdese al respecto que el argumento en contra de las consultas municipales antiextractivistas ha sido que, constitucionalmente, los “recursos del subsuelo” pertenecen al Estado y por tanto la ciudadanía no puede opinar sobre tal materia.


El debate

 

Con todo, las discusiones jurídicas han sido, hasta cierto punto, lo menos importante; lo que cuenta es el significado político que ha de atribuírsele a esos 11.670.000 votos. Para muchos comentaristas se trata de un verdadero acontecimiento histórico, una pacífica insurgencia ciudadana, comparable solamente a la “séptima papeleta”, nunca escrutada, que le habría dado impulso a la realización de la Asamblea Constituyente de 1991. Una expresión de las “ciudadanías libres”, un tanto análoga a la votación por Gustavo Petro, dirían otros. Los dos principales diarios del país saludaron y valoraron también, en sus editoriales, los resultados de la consulta. Desde luego, complementándolos con la celebración de los nuevos vientos de “diálogo constructivo” que supuestamente aparecieron, con la Cumbre, después de “los aciagos años de la polarización”. En el colmo de la euforia, pontificaba El Espectador: “Por primera vez en un buen tiempo hay motivos para creer que sí es posible un cambio positivo en la política colombiana”.

 

No obstante, hay razones para dudar de este diagnóstico que pondera el resultado como avance y profundización de una renovada conciencia política de cambio. Carolina Sanín, refiriéndose no todavía a los resultados de la consulta sino a la campaña, sostenía en su columna de Vice que se trataba simplemente de un elemental expediente moralista –infalible, por lo demás– de llamar a la lucha contra la corrupción, típico del “centrismo” que ha venido predicando la “eliminación de las diferencias”. La corrupción, al convertirse en encarnación del mal, distrae y hace desaparecer del imaginario los problemas estructurales de la injusticia social.

 

Todo ello con una implicación de extrema gravedad para el quehacer político: “Uno de los problemas del furor anticorrupción es a quién se pone en el papel de ese enemigo. Los enemigos no son ya las multinacionales con sus desafueros, ni los explotadores de los trabajadores, ni los destructores del medio ambiente, ni quienes quieren continuar la guerra para que la tierra siga concentrándose en pocas manos, ni los alcaldes ineptos, ni quienes impiden el acceso de los colombianos a la salud, ni quienes entorpecen las garantías sociales, ni quienes se oponen a las libertades individuales. La ciudadanía se identifica como el conjunto de los no corruptos, los no ladrones, los no perversos: como víctimas de los otros. ¿Y quiénes son esos “otros”? Potencialmente, todo el que se encuentre en el poder (pues el enemigo inmediato de quien se siente impotente es quien ejerce un poder). Los políticos elegidos se convierten todos, merced a una consigna, en enemigos de su electorado”.3

 

Semejantes afirmaciones tenían que levantar ampolla. En una crónica celebratoria, al día siguiente de la Consulta, Camilo González, presidente de la organización Indepaz, escribía: “Carolina Sanín acepta la concepción de la corrupción como un asunto moral de individuos y en lugar de considerar la realidad actual de las instituciones de elección popular se sitúa en la abstracción del diseño liberal de la democracia representativa. […] La profesora Sanín cae en un sofisma de diversión que consiste en evitar la política concreta para hacer malabares abstractos”4.

 

Para González no es poca cosa señalar a los partidos colombianos como lo que son, como “máquinas al servicio del crimen contra lo público”; el argumento es sólido, aparte del calificativo de “ilustrada supercrítica” que le endilga a quien llama la “profesora Sanín” (trasnochado recurso polémico que hicieran popular los leninistas del siglo pasado), sin embargo, sugiere un interrogante: ¿Es Carolina Sanín quien lo reduce todo al moralismo, o es la propia campaña? La respuesta es un asunto de “política concreta”. Mejor no engañarse. Es innegable que la retórica de la “antipolítica” es bastante rentable para quien la utiliza, pero precisamente porque permanece en su abstracción. O si no ¿qué otra cosa significaba la frase que repetían alborozadas las principales promotoras: “una causa que nos permitió unirnos como país”? Por eso hasta los ladrones cerraron filas contra la corrupción. En verdad, no refleja una profundización de la conciencia política de la ciudadanía como pretende González. Sería una ingenuidad afirmar que en el imaginario social se han visibilizado las múltiples conexiones entre la maquinaria política y el funcionamiento del sistema económico y social.

 

Los datos de la consulta, tomados geográficamente, deberían llamar a la reflexión. Además de que el porcentaje global, aunque cerca del umbral, no es tampoco gran cosa, la verdad es que nuevamente Bogotá, con casi 46 por ciento para más de dos millones seiscientos mil votos es la que garantiza los resultados. Basta añadirle las grandes ciudades aunque en la mayoría, por cierto, no se llegó ni al 30 por ciento de participación. Y algunos de los departamentos más poblados como Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander, Nariño, Tolima, en la mayoría de los cuales tampoco se superó el umbral. El socorrido argumento de lo urbano vs. lo rural no es convincente. E insuficiente el de la falta de publicidad. Y resulta un tanto indigno culpabilizar de los resultados de Antioquia y de la Costa Caribe a la falta de compromiso de Fajardo y Petro respectivamente. Llama la atención la escasa participación en las regiones más afectadas por la violencia. ¿Se trata, como en el caso del pasado triunfo del uribismo, de una combinación de clientelismo y terror? O será que el pueblo colombiano odia tanto la política que no acepta votar ni siquiera contra la política.

 

¿Un punto de partida?

 

De todas maneras, parece de consenso reconocer que existe un fenómeno ciudadano, o por lo menos electoral, bastante novedoso, que algunos identifican con la “irrupción de la juventud”. Pero no parece muy claro el contenido de la novedad. Como todos los consensos termina siendo sesgado. Poco a poco los grandes medios de comunicación –y las redes sociales– han venido instalando la idea de la “superación de la polarización”, que no es la que parecería obvia, la del conflicto armado, sino la existente entre el uribismo y el santismo. Una reconciliación muy útil para el porvenir neoliberal. La verdad es que, por lo pronto, no parece tener otro contenido que el odio a la corrupción con lo cual se convierte sencillamente en un coto de caza electoral. Así se deduce de las almibaradas frases de El Tiempo que no sólo es el grupo de comunicación más poderoso sino el vocero del hegemónico capital financiero, en cabeza de Sarmiento Angulo. “No sobra anotar que este evento extraordinario (la cumbre) fue, a su vez, fruto de otro también extraordinario: los más de 11 millones y medio de colombianos que hoy hace ocho días expresaron en las urnas su rechazo a la corrupción y su deseo de que se pongan en marcha acciones efectivas para combatirla”5.

 

La famosa Comisión Técnica ya entregó un resultado parcial. Se acordó reducir la remuneración de los congresistas a 25 salarios mínimos legales; a partir de las próximas elecciones a Congreso dentro de cuatro años, claro está. Y limitar el número de periodos a tres, desde luego también a partir del próximo periodo. Lo demás, continúa en discusión. Ofrecen entregar resultados definitivos el 17 de septiembre. Sin embargo todo quedará luego en manos del actual Congreso que se ha dado un plazo hasta mediados de diciembre para aprobar los proyectos.

 

Para muchos es una gran oportunidad de autorreforma que no va a desperdiciar, pero también puede suceder que todo termine en unas leyes engañosas conforme a lo que ha sido la tradición colombiana. Es la disyuntiva. Un paso adelante en la lucha contra la corrupción o una hazaña más del gatopardo.

 

1 El Espectador, domingo 22 de julio de 2018
2 El Espectador, domingo 2 de septiembre de 2018
3 www.vice.com/es_mx/article/3kywvk/la-vacuna-anticorrupcion-consulta-carolina-sanin?utm_source=vicolinst
4 Mandato contra el régimen corrupto, Camilo González Posso, Presidente de Indepaz, Bogotá D.C. 27 de agosto de 2018
5 El Tiempo, domingo 2 de septiembre de 2018

Publicado enColombia
Miércoles, 26 Septiembre 2018 09:39

El mecanismo o la teoría de los fractales

El mecanismo o la teoría de los fractales

Ruffo (Selton Mello) no entiende. El plomero le dice que el arreglo es fácil, que en un día soluciona el problema, pero que le costará 600 reales. “Tengo que pagarle a mi nieto y la tubería” explica el trabajador. “Pero ¿cuánto cuesta la tubería?” pregunta Ruffo asombrado por la cifra astronómica. Ochenta reales, responde el plomero. Más confundido, Ruffo cuestiona que le cobre 520 por un día de trabajo. El plomero sonríe con un gesto de decepción. “Eso quisiera”, dice. Ruffo sigue sin comprender y le pide que le explique lo que sucede. El plomero se resigna y le hace un cálculo frío: “mire, cincuenta para mi nieto y ciento cincuenta para mí, serían doscientos. Los trecientos cincuenta son para quien me recomendó este trabajo”. “¿Para quién?” interrumpe Ruffo. “El que le dio mi tarjeta.” “¿Alfredo, el empleado de Cloacas?”. Sí, para él, afirma el plomero (pero ahí no acaba la cadena) y continúa diciendo que el pobre Alfredo tampoco se queda con todo el dinero. Tiene que darle una parte a su jefe.

 

Días antes, cuando el agua pútrida comenzaba a rebosar al frente de su casa, Ruffo, detective de la Policía Federal obsesionado con debelar el mecanismo de la corrupción, había llamado a la empresa del acueducto (Cloacas) para que arreglaran la tubería dañada. Alfredo, el empleado que llegó para hacer la revisión, le dijo que el trabajo demoraría un mes, que era muy difícil, pero que si tenía afán podía comunicarse con el plomero que ahora Ruffo tenía enfrente. Ya entendió. En su mente se hizo un clic, una conexión, la sinapsis que le faltaba para comprender la generalidad de la corrupción. Alterado de la emoción, llega a su estudio para retomar la investigación que había dejado a medias. A su lado, la cámara enfoca por varios segundos a la hija, quien mira atenta la pantalla de una Tablet en la cual aparecen fractales que se repiten y se repiten. Esta imagen, la de los fractales, es sin dudas la que sintetiza toda la argumentación narrativa de El mecanismo, la cautivadora serie de Netflix producida por José Padilha (Narcos, Tropa élite) que narra los inicios de la investigación Lava Jato basándose en el libro Lava Jato: El juez Sergio Moro y los bastidores de la operación que sacudió a Brasil, del periodista Vladimir Netto.

 

Fractales: el todo en la unidad y la unidad en el todo

 

Las imágenes de los fractales representan la idea de que el todo está contenido en la parte y la parte contiene el todo, en un movimiento infinito. Esto significa que, según se expresa en la serie, la corrupción del plomero es la parte de una corrupción a gran escala y a su vez el todo que la contiene y reproduce. Por eso Padihla dice que la corrupción no tiene ideología, porque permea tanto a la derecha como a la izquierda y el llamado centro. En parte tiene razón. La corrupción es inherente al sistema capitalista, sin ella no puede funcionar. La pregunta entonces es por el cómo.

 

¿Cómo funciona el mecanismo de la corrupción? Ruffo es capaz de entregar su vida con tal de encontrar la respuesta y con tal de encarcelar a los responsables. Su primer objetivo (la parte del fractal que contiene al todo) es Roberto Ibrahim (Enrique Díaz) un cínico lavador de dinero que poco caso hace a las advertencias de Ruffo, quien constantemente lo amenaza con llevarlo a la cárcel. Ibrahim sabe, cosa que en principio el detective desconocía, que tiene aliados muy poderosos que lo sacarán de la cárcel en cualquier momento, como en efecto sucede. Pero es esa confianza la que lo hace cometer errores y va dejando pistas sobre sus aliados y movimientos fraudulentos. Errores que la sagaz investigadora Verena (Carol Abras), pupila de Ruffo, y su equipo rastrean como sabuesos siguiendo el rastro.

 

Mas llega un momento en que el espectador se pregunta por qué la manía enfermiza de Ruffo contra Ibrahim. ¿Será que hay un hombre en el mundo tan entregado a cumplir su labor por los valores de la honestidad y la rectitud, la defensa de lo público? Es posible que haya otra causa que explique la conducta del investigador, la cual se encuentra en el pasado común de los dos hombres. En varias ocasiones se nos dice que el lavador y el detective se han conocido de toda la vida, es más, vivieron en el mismo barrio y estudiaron juntos. Sin dar detalles, es posible imaginar a un Ibrahim lastimando profundamente a un Ruffo y salir bien librado de la situación. Esto, claro, es información que el espectador llena con su imaginación. Pero, de ser así, se podría pensar que nuestro héroe no es más que un vengador que sólo busca la propia satisfacción. No lucha contra la corrupción por la justicia social ni el bien común. Esta interpretación, sin embargo, merece contextualización. Si el detective actuara únicamente por los deseos de venganza, le bastaría con ver encarcelado a Ibrahim. Pero este va más allá, y, junto a Verena, utilizan al lavador para llegar a los peces gordos. Así, podría decirse entonces que el daño que posiblemente Ruffo recibió de Ibrahim, esa experiencia íntima, fue la puerta de entrada que lo llevó a luchar contra la injusticia y la corrupción.

 

Tan ínfimos como la gota que va fracturando la roca

 

Una de las preguntas más interesantes sobre el caso Lava Jato es ¿cómo un pequeño grupo de investigadores policiales dieron con uno de los casos de corrupción más importantes del mundo? Es decir, si arriba preguntamos por las motivaciones aquí la pregunta es por las capacidades. La serie cautiva en este sentido. Nos muestra en principio, claro, una gran pericia por parte de los investigadores que, por una camioneta, conectan a Ibrahim con el director de Petrobras, Joao Pedro Rangel (avatar de paulo Roberto Acosta), y a este a su vez con el Club de los 13, una estructura mafiosa compuestas por grandes empresas que se rotaban los contratos públicos y cuya cabeza es Ricardo Bretch (avatar de Mario Odebrecht). Esto en cuanto a las capacidades internas. Frente a las externas la serie muestra a un país, Brasil, dividido políticamente. Al respecto, si bien Padilha pretende ser fiel a su tesis de que la corrupción no tiene ideología, es claro el sesgo con el Partido de los Trabajadores y sus representantes insignia, como Lula da Silva y Dilma Rousseff. Poner en boca de Lula “hay que parar esta sangría”, cuando fue un miembro del partido opositor quien lo dijo, y pasear a Ibrahim en la campaña de Rousseff para reelegirse, no equilibra las cargas cuando tan sólo se dice que los partidos opositores también recibieron dinero de Odebrecht. Menos aun cuando la serie se estrena en plena contienda electoral.

 

Aún así, la serie nos muestra cómo esta confrontación entre opositores les va a permitir a los investigadores continuar con la investigación. Unos a otros se delatan y poco a poco van cayendo fichas claves. Esto recuerda el cinismo con el que el centro democrático acusa de corrupto al expresidente Santos cuando el actual presidente es cuestionado por el mismo hecho.

 

Otro factor determinante fue el juez paulo Rigo (avatar de Sergio Moro). En un momento determinante de las investigaciones el juez dudo si seguir o no. En su casa, meditando, escucha consignas y gran bullicio. El pueblo brasileño se levanta contra la corrupción. El juez sale y, inspirado por el clamor de la gente, decide continuar. Si bien una motivación muy admirable, es tal vez romántica y falta observar cuáles fueron los intereses (no necesariamente personales) del juez.

 

A pesar sus intentos por impedir la continuidad de la investigación son los mismos miembros del grupo de 13 los que la permiten, en especial Ricardo. Este, seguro de que su mecanismo de corrupción es indescifrable, resta importancia a los hechos y actúa como si nada pasara. Es su arrogancia entonces lo va a traicionar más adelante.

 

Por último, a este rompecabezas, sin embargo, le hace falta una pieza. El papel de la CIA en las respectivas investigaciones. Esto no se ve en la serie. No existe. Pero ¿será posible que hayan intervenido? Mucho. Si en el contexto político los conflictos fueron el caldo de cultivo que permitieron la germinación de la investigación, los conflictos económicos internacionales son el habitad natural. Recordemos que dentro de la región Brasil quería ocupar más y más espacios de control y liderazgo para hacerle frente a los Estados Unidos. Es muy posible que los contratos otorgados a empresas de Brasil hayan afectado gravemente los intereses de los empresarios norteamericanos. Aquí es donde cabe la pregunta sobre a ¿quién le conviene que empresas poderosas como Odebrecht caigan?

 

Sin embargo, este camino está lleno de baches, de peripecias, de obstáculos y dramas propios de la realidad que la serie intenta recoger lo mejor que puede, aunque en ocasiones queda la sensación de que no lo consigue, de que la realidad los superó y esta ficción sólo rosó su verdadera complejidad.

 

‘Yo siempre estoy aquí’

 

El mecanismo, que poco a poco toma forma, dilucida un aspecto fundamental del fenómeno de la corrupción. En una escena, luego de inflar los costos en las obras de una refinería, ante el busto del noble padre fundador de la empresa Miller&Bretch (avatar del grupo Odebrecht), Ibrahim le dice a Joao Pedro: “¿sabes lo que le dijo (el noble padre) al gobernador el día de la posesión? El gobernador lo encontró en la ceremonia –narra Ibrahim– ‘Amigo qué haces aquí’. El noble padre le respondió: Gobernador, yo estoy siempre aquí, ustedes son los que cambian’”. Cuando se destapa un caso de corrupción las figuras visibles son los políticos, las invisibles, los empresarios. El verdadero poder dentro de la maquinaria de la corrupción queda desenfocado y la opinión pública se queda con las caras de sus subordinados. Es bueno que una serie les ponga un rostro a estos empresarios.

 

El final de esta, luego de ocho capítulos, se da inicio a una historia que no dejará de sorprendernos e indignarnos. En la segunda temporada, de seguro, se descubrirá el esquema de corrupción de la empresa Miller&Bretch desde Brasil para el mundo. Ojalá la narración sea capaz de ser fiel a la realidad.

Publicado enEdición Nº250
Vacío. Repercusiones de la emigración en Venezuela

La emigración masiva despoja al país petrolero de segmentos dinámicos, emprendedores y productivos de su fuerza de trabajo, miles y miles de profesionales formados o jóvenes que perciben como negados sus horizontes laborales y buscan destinos mejor remunerados, tras una crisis económica marcada por la mayor hiperinflación vivida en el hemisferio.


Naciones Unidas mostró el tamaño de la emigración venezolana cuando el portavoz de su secretaría general, Stéphane Dujarric, declaró el pasado 20 de agosto que, según reportes de distintas agencias de la organización, unos 2,3 millones de personas abandonaron el país: 7,2 por ciento de sus 31,8 millones de habitantes.


Las cifras hasta entonces aportadas por las respectivas autoridades migratorias daban cuenta de que en Colombia se habían instalado 870 mil venezolanos, 441 mil en Perú, 325 mil en Chile, 80 mil en Panamá, 70 mil en Argentina, 57 mil en Brasil y 16 mil en Uruguay, mientras que a Ecuador sólo en 2018 ingresaron 340 mil, de los cuales 116 mil permanecen en el país y el resto cruzó hacia otros destinos.


A República Dominicana fueron 26 mil venezolanos, unos 10 mil a otras islas del Caribe, según estimados de varios portavoces oficiales, y en México unos 9 mil han buscado la llamada tarjeta de visitante por razones humanitarias. Fuera de la región los mayores receptores son Estados Unidos con 290 mil y España con 208 mil.


La prensa de esos países ha enfocado sus lentes sobre la imagen e historias de los venezolanos agolpados en los puentes que cruzan el río Táchira hacia Colombia, pugnando por traspasar los controles fronterizos de Ecuador y Perú, avanzando a pie por carreteras colombianas rumbo al sur, ilegales presos en Trinidad, balseros hacia las Antillas holandesas o mendigando cobijo y empleo en el extremo norte de Brasil.


Mientras los países vecinos multiplican medidas de control o amparo, en Venezuela la migración a menudo hace crujir la unidad de las familias, despoja a empresas y servicios públicos de personal capacitado y muy probablemente forzará reacomodos en la política.

El presidente Nicolás Maduro ironizó ante la prensa el martes 18: “La última crisis que le han creado a Venezuela: ‘fuentes no identificadas de Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) dicen que se han ido 50 millones de venezolanos’. Y todos los medios repiten lo mismo, es una inquisición mediática generalizada”.

 

¿QUIÉNES SE VAN? 

 

En setiembre de 2017, la encuesta de condiciones de vida realizada por tres universidades venezolanas mostró que, desde 2012, en 616 mil hogares había migrado al menos un integrante de la familia. El 20 por ciento de los hogares más ricos había aportado 35 por ciento de los migrantes, y el quintil más pobre, 12 por ciento. Pero en el último año son cada vez más trabajadores y pobres quienes migran. “En la década pasada se iban quienes disponían de más recursos para viajar, en esta siguieron profesionales, después obreros especializados y ahora quienes se aventuran en busca de un trabajo y un ingreso para sus familias, muchos jóvenes”, observó a Brecha el experto Oscar Hernández, del Centro de Capacitación Migratoria en Caracas. Un alto directivo bancario comentó al semanario que “primero se nos fueron expertos en finanzas, después los técnicos en informática, ahora renuncian al empleo y se nos van obreros de limpieza y motoristas”.


La Federación Médica estima que desde 2004 se fueron del país 22 mil profesionales entre galenos, enfermeros y terapistas. “Es un muy grave drenaje de capacidades. Vamos a pagar muy caro que se vayan tantos talentos, tantos profesionales, maestros y estudiantes, gente en lo mejor de su edad productiva”, sostuvo Hernández.


“Al irse la clase media sufren más los pobres, porque quedan sin médicos, sin maestros, sin los profesionales que hacen funcionar los servicios”, comentó el sacerdote Alfredo Infante, fundador en el país del Servicio Jesuita a Refugiados y párroco de La Vega, un populoso barrio obrero del suroeste de Caracas donde “en zonas enteras sólo quedan ancianos y niños al cuidado de algunos parientes o vecinos, fragmentándose las familias”.

 

ECONOMÍA Y POLÍTICA

 

Manuel Fonseca, un inmigrante portugués dueño de una venta de repuestos usados en San Antonio, ciudad-dormitorio al sur de Caracas, cerró el pasado agosto su negocio y se marchó a Lisboa “a la espera de tiempos mejores”, explicó a Brecha. Se decidió después de que el 20 del mes pasado el presidente Maduro tomara medidas que apostaban por recuperar la economía: multiplicó por 35 el salario básico –que aun así es de menos de 30 dólares mensuales–, fijó los precios de artículos esenciales, devaluó 96 por ciento la moneda, le quitó cinco ceros, incrementó el Iva y otros impuestos y anunció que elevará el precio de la gasolina, la más barata del mundo, a valores internacionales.


Gremios empresariales y economistas críticos sostienen que las medidas, al carecer de financiamiento en divisas, implicarán emitir más dinero inorgánico (bolívares sin respaldo) y agravarán más los indicadores de la crisis.


Manuel Sutherland, investigador de la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista, sostiene que “Venezuela sufre la crisis más grave de su historia. Por quinto año consecutivo presenta la inflación más alta del mundo, estimada en 82.766 por ciento para el período de julio de 2017 a julio de 2018. El país lleva nueve meses consecutivos de hiperinflación, con aguda escasez de bienes y servicios esenciales (alimentos y medicinas)”.


Además Venezuela posee “un déficit fiscal que ronda el 20 por ciento del Pbi, el riesgo país más alto del mundo, las reservas internacionales se ubican en el nivel más bajo de los últimos 20 años (…) La caída en el Pbi para el período 2013 a 2018 podría rozar el 45 por ciento”, afirma Sutherland.


Ese panorama impulsa la emigración. Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, afirma que “60 por ciento de los venezolanos no tiene planes de emigrar, pero 40 por ciento sí lo ha pensado. Con la situación económica es previsible la migración de otros cientos de miles, en su mayoría menores de 40 años”, y otra encuestadora, Consultores 21, indicó que un sondeo a 2 mil potenciales migrantes mostró que 54 por ciento de quienes quieren migrar son personas de estratos socioeconómicos medios o altos, y 46 por ciento se considera de sectores populares o marginales. Un 75 por ciento declara voluntad de abandonar el país por razones económicas y el resto por la situación política.


El impacto político de la migración está por medirse. Dirigentes opositores se han autoexiliado, y varios miles de migrantes en España, Estados Unidos, México y otros países han solicitado estatuto de refugiados políticos.

Una prueba del impacto político de la migración y del deterioro de la calidad de vida de buena parte de la población podría verse en la elección de concejos municipales prevista para el venidero diciembre, en la que por cierto no se prevé la participación de la mayoría de partidos políticos opositores, porque su registro legal ha sido cancelado.


VUELTA A LA PATRIA

El gobierno rechaza que Venezuela padezca una crisis humanitaria y ha denunciado una campaña, de la que harían parte gobiernos de América y Europa, para inducir la emigración a fin de justificar agresiones contra el país y promover el derrocamiento de Maduro. Por ello lanzó a finales de agosto una contra-campaña de repatriación de venezolanos con vuelos y autobuses fletados desde naciones vecinas. La bautizó “Vuelta a la Patria” –tomando el nombre de un poema de Juan Antonio Pérez Bonalde (1846-92) que se estudia en las escuelas–, y con ella han retornado varios miles de migrantes decepcionados por la falta de oportunidades o expresiones xenófobas con las que se toparon en los países que buscaron para rehacer sus vidas.


Esas figuras e historias también pueblan el paisaje de la emigración de Venezuela, país que, por contraste, a lo largo del siglo XX acogió a cientos de miles de inmigrantes venidos principalmente del sur de Europa, Oriente Medio, los países andinos, el Cono Sur e islas del Caribe.

Publicado enInternacional
Martes, 25 Septiembre 2018 06:40

A los cuatro vientos. Emigrantes venezolanos

A los cuatro vientos. Emigrantes venezolanos

Se trata, según la Onu, de uno de los movimientos poblacionales más grandes  de la historia latinoamericana. Varios miles de venezolanos llegan cada día a países de la región en busca de un futuro mejor. Algunos viajan en avión o en ómnibus, muchos a pie. Ya son 2,3 millones que viven fuera de su país. Desde Pacaraima, en Brasil, hasta Montevideo o Bogotá –y también en la propia Venezuela–, esta migración masiva deja sus marcas.


El gobierno de Nicolás Maduro niega que se trate de una crisis migratoria, pero en pocos años se han ido de Venezuela más de un millón de personas. Alrededor de 5,6 millones de colombianos viven en Venezuela y nadie dice que Colombia haya vivido una crisis migratoria, responden las autoridades bolivarianas, y la cifra es verdadera, pero olvidan que se llegó a ella en décadas. Sólo desde 2015, según las Naciones Unidas, 1,6 millones de venezolanos se han desplazado hacia todos los puntos cardinales buscando mejores condiciones de vida. A algunos los vemos por acá. La mayoría llega a Colombia, a Brasil, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina, con sus pocos bienes a cuestas, tras caminatas a pie de miles y miles de quilómetros.


***

La crisis migratoria –que es cierta y debería romper tanto los ojos como las oleadas de migrantes que pueblan las páginas de los medios– es aprovechada por el gobierno de Estados Unidos y sus acólitos, con el secretario general de la Oea, Luis Almagro, a la cabeza, para incluir a la intervención militar en el “menú de opciones” que barajan para “atacar el gravísimo problema venezolano”, según ha venido elegantemente repitiendo en las últimas semanas la embajadora washingtoniana ante las Naciones Unidas, Nikki Haley.


El escenario en ese sentido está plantado. El sociólogo argentino radicado en Caracas Marco Teruggi recordó semanas atrás (Página 12, 1-IX-18) algunos de los hechos que lo han ido configurando. El “drama de los refugiados y la crisis humanitaria provocada en toda la región por el gobierno de Maduro” fueron, por ejemplo, la excusa esgrimida por el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, para anunciar, a fines de agosto, el envío del buque-hospital Usns a aguas colombianas cercanas a Venezuela. Nikki Haley visitó por la misma época la frontera colombo-venezolana, y desde allí dijo que “el mundo debe darse cuenta de que hay un dictador en Venezuela” y que nada de lo humanamente factible de ser empleado para sacarlo de en medio debe ser descartado. Por los mismos días, Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que “la crisis de los refugiados” justificaba que Estados Unidos considerara la opción militar como una de las posibles ante lo que calificó como una “amenaza para la seguridad de toda la región”. Casi idénticas fueron las expresiones del senador Marco Rubio, uno de los exponentes más conocidos de la extrema derecha republicana, que tras reunirse con John Bolton, integrante del Consejo de Seguridad Nacional, dijo el 29 de agosto: “Venezuela y el régimen de Maduro se han convertido en una amenaza a la región e incluso a Estados Unidos”. Y agregó: “Donald Trump no avisará si decide actuar contra Maduro” (panampost.com, 30-VIII-18). Rubio ha sido, vale recordarlo, uno de los “líderes” con los que se ha venido reuniendo Luis Almagro para analizar la crisis venezolana.


Más o menos coincidentes con todas estas declaraciones fueron las revelaciones del New York Times sobre contactos del gobierno de Trump con militares y civiles venezolanos para preparar un golpe en Venezuela pretextando, entre otros factores, la “crisis humanitaria” representada por el “drama de los migrantes y los refugiados” (véase nota de Humberto Márquez en Brecha de la semana pasada).


Y a los pronunciamientos y llamamientos de la administración Trump y su galaxia hay que sumar la actitud del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, heredero político del actual senador y ex presidente de derecha dura Álvaro Uribe, que ha multiplicado los contactos con personajes del gobierno estadounidense, incluido el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt Tidd, con quien se reunió en Washington antes de asumir el cargo.


Duque, a su vez, se puso la semana pasada aun más a la derecha que el Grupo de Lima. El domingo 16, este conglomerado, formado por 14 países de la región para aislar a Maduro y buscar su caída, rechazó expresamente las declaraciones intervencionistas de Luis Almagro. Colombia fue el único de sus integrantes que no adhirió a ese pronunciamiento.


***


Pero que la hay la hay. La crisis migratoria venezolana es real y tangible. Según la Onu, habría 2,3 millones de venezolanos viviendo actualmente fuera del país. La Universidad Central de Venezuela (Ucv) aumenta en millón y medio esa cifra (Afp, 26-VIII-18). En mayo la Organización Internacional para las Migraciones (Oim) afirmaba que el número de inmigrantes venezolanos en el resto de América Latina se había incrementado hasta entonces en un 900 por ciento en comparación con 2015, pasando de 89 mil a 900 mil personas (Efe, 4-V-18).


Hay quienes equiparan la magnitud del desplazamiento con la crisis de refugiados en Siria. Es el caso del Migration Policy Institute de Washington, o de Alfonzo Ianucci, director del proyecto Diáspora. “Lo que estamos viviendo ahora es sólo la punta del iceberg y todo va a empeorar”, dijo este último (Afp, 26-VIII-18).


Aunque los números venezolanos hablan de “una de las crisis migratorias más importantes de los últimos años en el mundo”, señaló Joel Millman, portavoz de la Oim (Efe, 4-V-18), se está lejos todavía de la dimensión de la emigración siria. No sólo en números (desde el comienzo de la guerra, en 2011, se fueron del país oriental más de 5,6 millones de personas, de acuerdo a datos de la Onu), sino también en materia de gestión de la crisis.


La emigración venezolana, comentó Millman en mayo, “está siendo bastante bien gestionada” por los países de la región, hacia donde se dirige el 90 por ciento de los migrantes, según cifras coincidentes de la Oim y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).


***


Las cosas, sin embargo, se han ido complicando en los últimos meses, en función de que el flujo de migrantes ha ido creciendo. En agosto Ecuador declaró la “emergencia migratoria” por la llegada de unos 4.200 venezolanos por día en tránsito, en su mayoría, hacia otras naciones del área. Perú, uno de los mayores receptores de venezolanos, resolvió el mes pasado imponer restricciones a los migrantes provenientes de la república bolivariana: hacia fines de mes comenzó a exigirles pasaporte, un documento muy difícil de conseguir en Venezuela, y modificó las condiciones para extender los permisos temporales de residencia. Ecuador se embarcó en el mismo camino. En ambos países se han registrado diversos incidentes xenófobos con migrantes venezolanos en las zonas de frontera. Los más graves sucedieron de todas maneras en el estado brasileño de Roraima.


A fines de agosto las Naciones Unidas matizaron su optimismo de tres meses atrás respecto a la gestión de la crisis en el área, y denunciaron las restricciones decididas por Ecuador y Perú, así como la decisión del gobierno de Brasil de militarizar la acogida de refugiados en Roraima. “Los sectores más vulnerables de la emigración, como los adolescentes, los niños no acompañados, las mujeres que llegan a los países de destino con sus hijos y sin sus parejas, o quienes buscan a sus familiares, no tienen capacidad para satisfacer las exigencias en materia de documentación y están expuestos a un riesgo mayor de explotación (véase nota de Giovanny Jaramillo Rojas, pág 14), de trata y de violencia”, declaró por entonces un alto funcionario de la Onu (Infobae, 23-VIII-18). El lunes 3, en Quito, cancilleres de 11 países de la región decidieron aceptar como válidos los documentos de migrantes venezolanos que hubieran expirado, como forma de destrabar su ingreso a países de acogida, y pidieron al gobierno de Maduro que acelerara la entrega de pasaportes y otros papeles. El miércoles 19, Acnur y Oim nombraron al ex vicepresidente y ex canciller de Guatemala Eduardo Stein como representante especial para migrantes y refugiados venezolanos. “Trabajará para promover el diálogo y el consenso necesarios para la respuesta humanitaria, incluyendo el acceso al territorio, protección de los refugiados, estatuto regular y la identificación de soluciones”, dijeron ambas agencias del sistema de la Onu al definir las funciones del nuevo funcionario. En caso de una intervención militar, afirmaron representantes de Acnur este mes, el “drama humanitario” o la “crisis migratoria” denunciados no sólo no se resolverían, sino que se agravarían.

Publicado enInternacional
Lunes, 24 Septiembre 2018 06:24

Una historia más de un hombre menos

Una historia más de un hombre menos

Los inmigrantes venezolanos le han cambiado la cara a la capital de un país que históricamente les ha cerrado las puertas a los extranjeros. El transporte público y las calles son sus principales espacios de supervivencia. En su gran mayoría no tienen más remedio que dejarse explotar.


Rodolfo Gutiérrez tiene 43 años, 19 hijos y una voz dulce que desentona con su fibrosa corpulencia. Aunque sabe que la realidad lo contradice, él asegura no ser un mujeriego. “Cuestiones del azar”, dice, mientras soba sus manos y empieza a enumerar toda su descendencia, con orgullo y con el respectivo nombre de la madre. Cuando llega a Yesica, la decimosexta, se queda en silencio, mira hacia el suelo y traga saliva. Rodolfo afirma que ningún ser humano para de morir. Que en la vida, antes del llamado definitivo de Dios, la muerte más jodida, la más fatal y dolorosa de todas, ocurre cuando le niegan la posibilidad a alguien de vivir tranquilamente en su propia tierra y cerca de los suyos. “Yo vivo una muerte de estas”.


Cuando se refiere a su país, Rodolfo siempre habla en futuro: “Yo volveré a mi patria, a ser un buen policía, actuaré en favor de la ley y jamás me saldré de ella. Mi misión en la vida es esa. Venezuela volverá a ser un país próspero y libre. Ese día celebraré al lado de mi familia, con un buen pabellón criollo (el plato nacional venezolano) y varias Polarcitas (cervezas)”. Su voz se pierde en el fastidioso silbido de una pistola de gravedad que, a dos metros de la transitoria sala de su casa, es usada para pintar un auto. Para amenizar la charla, Rodolfo ofrece el café que vende su mujer a los clientes del taller de latonería y pintura en el que trabaja y vive. Es la hora del almuerzo y su jefe le tiene la comida empaquetada. El señor mira el reloj y Rodolfo asiente. Tiene que hablar rápido y comer rápido para volver a trabajar rápido.


* * *


El caso de Rodolfo es uno más de los de tantos venezolanos que se encuentran en Colombia como resultado de un fenómeno migratorio que le ha cambiado la cara a una ciudad de 10 millones de habitantes, como Bogotá. Una ciudad que nunca recibió a inmigrantes de manera masiva, debido a las políticas de gobiernos hiperconservadores que, incluso durante la convulsa primera mitad del siglo XX, decidieron prácticamente cerrar todos los trámites de inmigración en sus consulados y embajadas en Europa. Y es que la inmigración venezolana actual ha puesto a pulso tanto la tolerancia como la solidaridad de los bogotanos. Pocos son los venezolanos que han podido insertarse formal y definitivamente en la vida económica del país, mientras los demás, en su gran mayoría, no tienen más remedio que dejarse explotar. El transporte público y las calles son los principales espacios de trabajo y supervivencia de los nuevos inmigrantes. Muchos ejercen la venta ambulante, reparan artefactos electrónicos, atienden negocios, asean viviendas, cuidan lugares, cocinan o se prostituyen. Algunos cantan y bailan, otros simplemente piden.


Al ser el país limítrofe más accesible desde Venezuela, Colombia es el destino al que llegan los emigrantes venezolanos más pobres. En 2018 se comenzó a visibilizar largas marchas de venezolanos a lo largo y ancho del territorio colombiano. Miles de personas han cruzado el país a pie, recorriendo los 1.430 quilómetros que separan la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, de Ipiales, en la frontera con Ecuador. Con el objetivo de alcanzar países como Perú, Chile y Argentina, han subido y bajado varias cordilleras y pasado por todo tipo de climas, corriendo innumerables riesgos, no sólo humanitarios, sino también de seguridad. Aun después del acuerdo de paz, Colombia sigue alojando una guerra multilateral. Una guerra taciturna pero igual de feroz y decisiva.


* * *

Mil trescientos quilómetros separan a Rodolfo de su natal Maracay, una pequeña ciudad ubicada a 120 quilómetros de Caracas. Lleva un año en Bogotá, ciudad a la que llegó por invitación de su hermano, que no era policía, sino militar. Ambos salieron de Venezuela sin pedir la baja, es decir, ilegalmente, y no podrán regresar hasta que haya un cambio de gobierno, a menos de que quieran ir presos. Ambos son desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, “sólo desertores”, recalca Rodolfo, porque le parecen muy pesadas y liosas las palabras “traición a la patria”, que titulan los expedientes que el gobierno venezolano tiene abiertos en contra de él y su hermano.


Rodolfo entró a la policía en febrero de 1999, el mismo mes que Hugo Chávez tomó posesión como presidente. Salía Carlos Andrés Pérez y todo el país sabía que las transformaciones, además de inminentes, serían estrictas y fundamentales. “En ese entonces había mucha incertidumbre, pero también expectativa, sobre todo en las clases populares se podía percibir cierto optimismo”, recuerda. En los 18 años de carrera como policía, Rodolfo llegó al rango de oficial agregado. También pudo estudiar, sin poner un solo bolívar, una licenciatura en ciencia policial y una tecnicatura media en administración policial. En total, seis años y medio de instrucción académica.


En 2014 Rodolfo empezó a hartarse de la realidad de su país. Chávez no llevaba ni un año muerto y las cosas ya comenzaban a tornarse oscuras. La policía cada vez se corrompía más, le quitaron el transporte, no le pagaban a tiempo, lo hacían trabajar más horas y el dinero percibido no le alcanzaba para cubrir las numerosas necesidades de los suyos. Sin embargo, estaban los varios subsidios estatales que recibía por su descendencia, una ayuda inconmensurable que pronto fue decreciendo, hasta desaparecer.


Una noche Rodolfo soñó que lo abandonaba todo, que tomaba el primer avión de su vida y, después de extasiarse con la sensación de volar, repentinamente se encontraba en un lugar desconocido haciendo fila en una jefatura de policía para entregar su currículo.


“Desde esa época hasta hoy, llevar comida a la casa es prácticamente imposible, no sólo porque no hay plata suficiente, sino porque no se consigue lo necesario, lo básico, y si hay, toca meterse en unas filas interminables para que al final te digan: se acabó. Todo en Venezuela es corrupción, escasez, especulación, no hay estabilidad de nada.”


Ese sueño sería la primera pulsación de una posibilidad que empezaría a gestarse lentamente en su cabeza: irse afuera, a buscar la vida, un futuro para su familia. Una posibilidad que, gracias al creciente miedo –miedo de no poder cumplir, de fracasar–, se consumaría tres años después, pero sin avión, sin éxtasis, sin nada. Nada más que una pequeña mochila llena de ropa, una bolsa plástica con billetes y una botella de agua.


Todo el asunto del viaje fue bastante engorroso. Primero la plata: endeudarse para poder salir. Después las despedidas. Silenciosas, para no despertar sospechas. Pensó en pedir la baja, pero sabía que no se la darían. Estaba al tanto de las implicaciones judiciales que tenía su decisión. Eso lo afectó mucho. Pero nada pudo detenerlo; era asumir el riesgo que toda migración “obligada” conlleva o quedarse viendo el desmoronamiento de un proyecto que él mismo, en teoría, debía defender.


Finalmente llegó el día. El primer tramo: de Maracay a San Antonio del Táchira. Diez horas de trayecto. “Fue un viaje triste pero calmo, como de reflexión”, recuerda. Rodolfo tenía su pasaporte y, una vez en la frontera, pasó tranquilamente por el puente internacional Simón Bolívar hasta llegar a la ciudad colombiana de Cúcuta. Le sellaron la salida de Venezuela pero no la entrada a Colombia, según él “por no tener pasaje de vuelta a Venezuela”. Entonces se volvió y, después de analizar la situación, decidió seguir a un grupo de caminantes que lo llevó por debajo del puente. Con ellos Rodolfo cruzó el río que allí sirve de frontera natural. “Así entré a Colombia, sin ningún tipo de control y literalmente con el agua hasta el cuello.”


Una vez en territorio colombiano, lo primero que hizo Rodolfo fue buscar una casa de cambio para convertir a la moneda local los 500 mil bolívares que llevaba. Cuando supo el cambio que recibiría se puso a llorar: 70 mil pesos colombianos (25 dólares). Ni siquiera le alcanzaba para comprar el pasaje a Bogotá, que valía 90 mil. Le faltaban cinco dólares. Nada. Mucho.


Ya en la terminal de buses de Cúcuta, una persona lo ayudó a conseguir el pasaje al precio que Rodolfo podía pagar. “Salí una noche cualquiera, porque cuando uno está en una situación de esas no hay diferencias en el tiempo, todo es igual”, comenta. Diecisiete horas después estaría en la capital de Colombia, reencontrándose con su hermano en una pequeña casa en la que paraban 23 venezolanos más.


Rodolfo recuerda que la primera plata que ganó fuera de su país fue a las pocas horas de haber llegado a Bogotá, cargando y descargando bolsas de arena. Trabajó cuatro horas y sacó 10 mil pesos (3,5 dólares). Al décimo día de estancia en la ciudad consiguió un trabajo en un lavadero de autos. Ahí duró nueve meses. Trabajó todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, hasta que llegó una nueva administración que quería reducirle el sueldo a la mitad, por no tener los papeles en regla. Rodolfo renunció y acudió a una oferta laboral que le había hecho un cliente del lavadero. Así entró al taller de latonería y pintura. Rodolfo gana 180 mil pesos por semana (60 dólares), y de ese monto su patrón le descuenta el 70 por ciento, por razón del hospedaje y el almuerzo diario. Rodolfo entiende que el pago que recibe no es justo, pero no se queja, intenta ahorrar todo lo que puede y valora el trato horizontal que su jefe le brinda. Rodolfo se refiere a él como “el ángel”. Ni el estudio universitario, ni el técnico, ni la experiencia como policía le sirven para algo. Sólo sus manos le son útiles y verdaderamente productivas en esta ciudad.


Hace nueve meses Rodolfo fue por primera vez al edificio de Migración Colombia para obtener el dichoso sello de entrada al país y, de paso, arroparse con el permiso especial de permanencia que el gobierno de Colombia instauró como una medida urgente para auxiliar a los más de 900 mil migrantes venezolanos que, sin querer, alberga el país. Una cifra que, sin embargo, no tiene en cuenta a alrededor de 200 mil migrantes venezolanos que están en situación irregular o en tránsito. El permiso de permanencia les permite practicar cualquier actividad u ocupación legal en el país; pueden trabajar, estudiar y ser cubiertos por la seguridad social, pero por un máximo de dos años.


Desde su visita a Migración, Rodolfo no ha recibido ningún tipo de respuesta, y tampoco tiene el tiempo necesario para ir a averiguar qué pasó con su solicitud.


* * *


 —¿Cuánto tiempo más cree que durará la crisis?
—La gente cree que esto va a ser rápido, pero eso es porque no saben realmente lo que está pasando.
—¿Qué es lo que está pasando?
—Que el gobierno lo tiene todo controlado, excepto lo que se dice de él en el exterior. Ojo: y cuando digo todo es todo.
—¿Considera que su país está solo en esto?
—Mira, desde que me acuerdo mi país ha ayudado a muchos países, y es triste que ahora cuando Venezuela necesita la ayuda de otros países muchos le han dado la espalda.
—¿Qué expectativas tiene?
—Que me regularicen la situación aquí para trabajar mejor y poder traer a mi familia. Y ojalá mi dios no se vaya a llevar a mi mamá antes de que la pueda volver a ver. Mi lugar ahora es acá y no quiero mirar atrás.
—¿Regresará?
—Claro, algún día, no sé si mañana o dentro de 30 años, pero seguro cuando se caiga esa dictadura y no me pongan preso y pueda volver a trabajar como cualquier cristiano.
—¿Quiere añadir algo?
—Sí, aunque no es algo importante: al principio, cuando empezamos a hablar y me puse sentimental, olvidé decirte los nombres de mis últimos tres hijos…

 

 

Publicado enInternacional
Viernes, 21 Septiembre 2018 06:32

Guatemala: presidente cuestionado

Guatemala: presidente cuestionado

Miles de guatemaltecos de todos los sectores sociales –especialmente campesinos, indígenas, universitarios y religiosos– tomaron ayer las calles de varias ciudades para exigirle al presidente, Jimmy Morales, que dé marcha atrás en su decisión de prohibir el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una medida adoptada por el mandatario el pasado 31 de agosto debido a que esa instancia de las Naciones Unidas demandó el antejuicio (desafuero) del propio Morales para que sea juzgado por financiamiento electoral ilícito. Ese día, el presidente anunció, además, que pondría fin a la presencia de la Cicig, a la que acusó de extralimitarse y violar las leyes locales.

Las determinaciones de Morales –quien las difundió en un mensaje en el que se hizo rodear de militares uniformados, al tiempo que ordenaba el desplazamiento de vehículos castrenses para rondar la sede de la comisión– fueron objeto de un inmediato repudio social que se ha sostenido hasta ahora. Y es que para la mayoría de la sociedad guatemalteca la misión judicial internacional ha significado un freno efectivo a los excesos y trapacerías de la clase política y una intervención en contra de la impunidad imperante. Ya en 2015 la actuación de la Cicig fue decisiva en el desafuero, el juicio y el encarcelamiento de Otto Pérez Molina, antecesor de Morales, por asociación ilícita, cohecho y defraudación aduanera, un caso que sentó precedente en el país.


En la situación actual, la Corte de Constitucionalidad anuló unos días más tarde la prohibición al comisionado Velásquez y avaló el trámite de antejuicio de Morales, el cual se encuentra ahora en el Congreso.


A primera vista podría parecer que el ciclo se repite y que el gobernante se acerca a un callejón sin salida, atrapado entre la determinación de la instancia internacional de justicia –cuya presencia en la nación centroamericana se basa en un acuerdo establecido hace más de 10 años entre la ONU y los poderes Ejecutivo y Legislativo guatemaltecos– y el creciente repudio popular. Pero hay una diferencia importante entre lo sucedido hace tres años y la circunstancia presente: aquella vez el gobierno de Estados Unidos respaldó con determinación la tarea de Iván Velásquez y en esta ocasión la administración de Donald Trump ha exhibido una actitud contradictoria y zigzagueante. Dada la aplastante influencia de Washington en los asuntos de Guatemala, esa diferencia podría significar para Morales una tabla de salvación.


Lo cierto es que, a año y medio de concluir su gestión, Morales debe sumar a sus problemas legales un desgaste político acelerado y un rechazo ciudadano creciente y por lo que no puede darse por descartada su eventual separación anticipada del cargo.

Publicado enInternacional
Gabriel Beltrán, Cometas, 100 x 80 x 36 cm, escultura

Lo sucedido el 26 de agosto, con sus antecedentes, no se puede dejar pasar sin sacar de ello múltiples lecciones. No es para menos: la iniciativa de las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, con el aval del Partido Verde, que por momentos reflejó claroscuros de estrategia para ampliar opinión pública y así posicionarse para las elecciones parlamentarias de marzo último, ganó el tinte de una confrontación entre política de nuevo tipo y vieja política, entre los de arriba y los de abajo, entre derecha e izquierda, así no todos los de la coordenada del statu quo hayan actuado de manera abierta y activa para hundir la consulta motivo de este escrito, y los que aspiran al cambio, parcial o total, no hayan logrado zafarse del espíritu poco transformador y sin ruptura que marcaba todas y cada una de las siete preguntas que integraron el tarjetón.


Entre lo viejo y lo nuevo


En un país donde la corrupción es norma de normas, la convocatoria a una consulta para reprobar la apropiación –el robo– de los dineros y de los recursos que supuestamente son de todos debiera contar con el ambiente necesario y el espontáneo favor ciudadano. Y así fue en una primera instancia. Con la exigencia de reunir por lo menos 1.762.080 firmas, la cosecha de éstas arrojó en pocos meses 4.236.000, suficientes para recalcar que la iniciativa tenía amplio apoyo social.


Tras los días tomados para su revisión, la Registraduría del Estado Civil avaló en septiembre de 2017 un total de 3.092.138 rúbricas, es decir, más del doble de las requeridas. ¡Todo un éxito! El mismo que arrinconó al Congreso de la República, llevándolo el pasado 5 de junio, con 84 votos a favor y 0 en contra, a la aprobación de la Consulta, reafirmando así que oponerse abiertamente a una iniciativa tan cotizada no daba cuenta de aquello que es conocido como realismo político. Así, muchos de los que son señalados por la ciudadanía como sustancia de la corrupción actuaron y opinaron como su antítesis. Ahora no quedaba faltando sino el “día de la quema”.


Para ello, se fue apilando la leña. Poco a poco, voceros del Centro Democrático, como su principal figura, dejaron deslizar de manera disfrazada su oposición a la consulta (1). Caras públicas de otras expresiones políticas, como Vivian Morales, no ocultaban su negativa a la iniciativa en curso (2). Como si fuera poco, el Presidente mismo, que como congresista siempre se mostró de acuerdo con esta iniciativa, al radicar el 8 de agosto varios proyectos de ley que supuestamente pretenden lo mismo que la consulta, dejaba en claro la disposición del establecimiento por enfriarla –mostrarla como innecesaria, pues ya están los proyectos de ley cursando en el Legislativo–, actuando ante el país como el paladín de la anticorrupción. Llegado el caso, si fuera necesario, también podía enredar la discusión sobre las reformas por aprobar en esta materia.


Se trató de una estrategia de engaño y distracción que no paró ahí. Entre los troncos y ramas reunidos con ocasión de la cita ciudadana para el 26 pasado, sobresalían los chamizos de la desinformación. Poco a poco, con mayor intensidad durante las semanas previas a esta votación, comenzaron a circular correos en los cuales aseguraban que la reducción de salarios para congresistas y otros funcionarios de primerísimo rango también afectaría a empleados medios de la Fiscalía, o que la pretensión real de esta citación era reunir una cantidad de votos para convocar a una Constituyente, y así darle paso a un gobierno de izquierda. Inculcar miedo para desmovilizar. La insistencia en que la consulta era innecesaria, pues ya existen las normas pretendidas, y en que los 300 mil millones que costaba era la mayor muestra de corrupción, llegaba a los teléfonos una y otra vez.


Tal contrainformación daba paso a algunas aclaraciones. A la manipulación de la pregunta número 1 de la consulta (reducción del salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Nacional, que son 395 funcionarios del primer orden), la exsenadora Claudia López, buscando neutralizar la campaña en contra de la consulta que podía vivirse entre los miembros de las Fuerzas Armadas, les hizo un guiño a los uniformados al proponer que el sueldo de los generales debía pasar de 15 a $ 20 millones. Los argumentos no vienen al caso pero la maniobra sí, pues ejemplifica el realismo político con que avanzaba el suceso que marca para la memoria el 26 de agosto de 2018.


Es aquél el mismo realismo político que en ocasiones se puede confundir con manipulación, igual al que –una vez conocido que el voto favorable por las siete preguntas del tarjetón había reunido 11,6 millones de sufragios– motivó que las dos personas más reconocidas por la promoción de este suceso salieran en medios de información asegurando que se había ganado, pese al resultado obtenido.


Ese es el mal llamado realismo político con el cual se trata de explotar lo mejor de cada suceso y de mermar el espacio de los contrincantes, y en esta ocasión no podía ser la excepción. En sus declaraciones, enfatizando una y otra vez en el triunfo, las voceras dejan a un lado: 1) que no se había alcanzado el umbral de los 12.140.342 votos, necesario para obligar al Congreso a legislar sobre lo consultado a la sociedad colombiana, 2) la prolongación del abstencionismo hasta un 70 por ciento, como reflejo de la triada indiferencia-incredulidad-despolitización reinante entre millones de connacionales, producto cosechado del mal endémico de la democracia formal de Colombia, pero también como clara expresión de la acción efectiva de una parte significativa del establecimiento al oponerse a esta citación electoral.


Es así como tenemos un triunfo con diversos propietarios. A las 8 de la noche del mismo 26 de agosto, el presidente Duque afirmó, en alocución al país con motivo de este suceso: “Más de 11 millones de ciudadanos votamos la Consulta Anticorrupción. […] Desafortunadamente el número de votos no alcanzó el umbral de participación que la ley estipula”. Esta última afirmación contrasta con la de las promotoras, además de recordar que no hay mandato ciudadano legal que obligue al Congreso, así lo haya en otros planos. Para recordar, pasados unos segundos: “Apoyé la Consulta durante la campaña y ya como primer mandatario invité a todos los colombianos a participar”. Es decir, este resultado también se debe a “nuestra acción”. De ahí que, momentos después, recalque: “La lucha contra la corrupción no tiene tinte ni color político. La lucha contra la corrupción no tiene partido ni ideologías”.


Seguidamente, el Primer Mandatario le hace un amarre a su mensaje, que de seguro atizará diferencias a la hora de intentar acuerdos entre los diversos partidos que reclaman la nueva legislación en cuestión: “He invitado a todos los colombianos a que hagamos un pacto por Colombia. Este acuerdo nacional no puede dejar de incluir un pacto contra la corrupción” (3).


Es así como estamos ante un hecho sui géneris: oposición y gobierno están de acuerdo sobre una misma problemática, y cada uno trata de sacarle el mejor partido. El no matizar el tema por parte de sus impulsoras, así como por parte otras expresiones de centro e izquierda, le permitió al Gobierno abanderarse de tal causa, neutralizando con ello parte de los mejores efectos que la misma pudiera desfogar en el mediano y el largo plazo.


Por demás, esta extraña coincidencia política entre fuerzas que se suponen contrarias, con una problemática que no afecta ni confronta de manera estructural al establecimiento, deja traslucir que el tema de la corrupción está lejos de ser, como dijera la exsenadora López, “[…] el reto más importante para nuestro país” (3), como lo corroboran las cifras de miseria, empobrecimiento, exclusión, desempleo, informalidad laboral, subempleo, rebusque por cuenta propia, e ingresos, hambre, desnutrición, falta de techo, inquilinatos, acceso a servicios públicos, capacidad para cancelar la factura mensual, etcétera. Sin duda, y con estos faltantes ante la vista, el reto más importante que tenemos como sociedad es lograr el imperio de la justicia, la igualdad y la felicidad, para lo cual es necesario que un buen gobierno tome asiento, por fin, entre nosotros.


Entonces, si la corrupción es una bandera que cualquiera puede blandir, es claro que la campaña por la consulta quedó en deuda con la necesidad de enfatizar que el motor de la misma no está en las personas sino que descansa en factores estructurales, entre ellos el neoliberalismo, el mismo que propagó y ahondó durante los últimos 35 años una problemática que ya estaba incubada, al legitimar cultural y socialmente en los círculos del poder unos valores ajenos al bien común, potenciando con ello la apropiación con fines privados de todo aquello que se considera del conjunto social. Por tanto, es contra tal realidad como debe dirigir su lucha la sociedad toda: los millones que respondieron al llamado el 26 de agosto, más los que en su escepticismo no dieron su brazo a torcer, más aquellos que, viviendo al margen, escuchan y asumen los intereses contrarios a su condición real.


¿Podrá existir mayor corrupción, concretada en la alianza entre políticos y capital privado, que la que facilitó la privatización de la mayoría de recursos públicos del país? ¿Ganó, efectivamente el país, como dicen algunos, feriando los ahorros de varias generaciones? ¿Se tornó más eficiente la prestación de los servicios públicos? ¿Fueron reducidas las tarifas por la prestación de los mismos, como prometieron unos y otros a la hora de la feria?


Otros muchos aspectos y argumentos de/sobre otra visión de Estado y de política pública, que pudieran hacer de la lucha contra la corrupción una bandera que queme las manos de quienes la enarbolen con fines oportunistas, sobresalieron por su nula explicación ante el concitado electorado. Entre ellos:

 

No es posible controlar de manera efectiva y prolongada, ni erradicar la corrupción, orientando la perspectiva de país dentro de lo conocido como desarrollo.
Un nuevo sentido relacional entre naturaleza y humanos, así como entre éstos, debe tomar forma. Un modelo integral de vida pudiera ser una opción por liderar, con la implementación urgente de un plan humano para los de abajo que despierte y/o recupere confianza e interés entre éstos por lo público, para que actúen como barrera para contener la usurpación de aquello que es del conjunto social.

 

Promoción de un nuevo sentido de la política, en que su actor no se sirve sino que sirve, no sube sino que baja, no decide por sí solo sino que consulta con las gentes; por tanto, en que su programa no es una invención de argumentos con afán electoral sino la síntesis de aquello a lo que aspira y debe ser un requerimiento de la sociedad que representa.


Es necesario pasar de la democracia formal –electoral– a la directa, radical y refrendataria, garantizando que decisiones como la venta de lo colectivo transitará por la consulta del constituyente primario.


Se debe avanzar hacia la superación de la política como profesión –o el asunto de unos pocos–, haciendo de ella una realidad cotidiana para todos los integrantes de una sociedad dada.


El salario de quien ocupa un cargo público no debiera ser superior al de un obrero promedio.


Es imperioso asegurar una vida digna para el conjunto social, con aumento al doble del salario mínimo.


Se debe abolir la cárcel por su fracaso como castigo supuestamente resocializador, y a cambio implementar nuevos tratamientos punitivos a través del control social colectivo.


Hay que erradicar los paraísos fiscales –en tanto agenda global, asumir tal tema como bandera de la geopolítica criolla.


No se deben despertar falsas expectativas con respecto a las sanciones en contra de multinacionales por corrupción, pues hoy su derecho prima sobre el nacional. Impulsar la reconfiguración de esta realidad, que pasa por replantear los Tratados de Libre Comercio firmados por el país, y superar el coloniaje de nuevo tipo y distintas formas, reinante en el mundo de hoy, son retos por afrontar dentro de una agenda integral en la lucha contra la corrupción.


De esta manera, hay que ser enfáticos: el reto que abre la realidad de la corrupción es mucho más que de normas y códigos, ya que trasciende hasta la visión de sociedad necesaria, y sobre tal dilema nada enunciaron quienes impulsaron la jornada del último domingo de agosto, permitiendo así que tal bandera fuera izada por limpios y enlodados. Hoy, el panorama dejado por la consulta, contrario a lo aparente, es viscoso. El triunfo numérico no se dio y el triunfo moral se puede convertir en derrota.

 

1. ¿Por qué el CD cambió su postura sobre la consulta anticorrupción?
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/centro-democratico-y-sus-cambios-de-postura-sobre-la-consulta-anticorrupcion-258528.
2. “Consulta anticorrupción es mentirosa y superficial”: Viviane Morales. http://www.elcolombiano.com/colombia/politica/entrevista-con-la-precandidata-presidencial-viviane-morales.
3. https://id.presidencia.gov.co/.

Publicado enColombia
Domingo, 16 Septiembre 2018 07:55

Cerca del golpe

Marcha organizada por el Comité de Desarrollo Campesino en Ciudad de Guatemala el 12 de setiembre exigiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales y la renovación del mandato de la misión anticorrupción de la Onu

Cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que investiga la corrupción, persisitó en sus acusaciones contra el presidente Jimmy Morales, éste llenó las calles de militares, anunció la expulsión de la agencia de la ONU y le cerró las fronteras a su jefe. Morales ya anunció un posible quiebre institucional al declarar que no respetará una decisión de la Corte de Constitucionalidad que deje sin efecto su embestida contra el comisionado.

 

Seguramente no resulte sorprendente informar que en algún país centroamericano hay señales de que podría haber un nuevo golpe de Estado. En buena medida ello es el resultado de la forma rápida y habitual con la que se asocia el acontecer político de los países del istmo al vago concepto de “repúblicas bananeras”. El término, acuñado en 1904 en una novela ambientada en Honduras, describía a un pequeño país políticamente inestable cuya economía era dominada por intereses extranjeros. Aunque los historiadores renegamos de esas simplificaciones, la crisis institucional que atraviesa Guatemala actualmente habilita interpretaciones de ese tipo.


Los hechos se desencadenaron hace dos semanas, cuando el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que investiga la corrupción en el país y que ha acusado a Morales, entre otros, de cometer ese delito.


Pero las tensiones y disputas tienen, por supuesto, una historia más larga, y en ese conflicto se enfrentan dos grandes frentes claramente divididos. De un lado están el presidente junto a sus ministros, la mayoría de los diputados del Congreso, las cámaras empresariales, los gobernadores departamentales, varios medios masivos de comunicación, buena parte del Poder Judicial, el Ejército, la Asociación de Militares en retiro y la peligrosa Fundación Contra el Terrorismo, una expresión radical del anticomunismo contrainsurgente centroamericano, que en Guatemala jugó un papel destacado durante la Guerra Fría. Del otro se encuentra la CICIG –presidida por Iván Velásquez, un abogado colombiano y duro opositor de Álvaro Uribe–, el procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, numerosos periodistas, activistas de derechos humanos y defensores del ambiente, el Comité de Desarrollo Campesino y los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

ABOGADO NO GRATO.

Un año atrás el presidente declaró persona non grata al comisionado de la CICIG y buscó su expulsión. La Corte de Constitucionalidad, la movilización popular y la embajada de Estados Unidos detuvieron en esa ocasión tal medida. Desde entonces se libra una lucha de poderes. El objetivo del gobierno y de quienes lo sostienen ha sido extremadamente claro: deshacerse de Iván Velásquez para impedir el avance de sus investigaciones. Esto forma parte de una estrategia más amplia de recomposición de la impunidad que ha sido seriamente erosionada por una CICIG que ha obligado a un sector importante del empresariado a reconocer y pedir disculpas públicas por financiar ilícitamente a los partidos políticos.


Uno de los partidos que recibieron dinero ilegalmente durante las últimas elecciones de 2015 fue el Frente de Convergencia Nacional, del actual presidente, quien como secretario general de ese frente ocultó tal información a los organismos de contralor correspondientes. Cuando se pidió una vez más su desafuero, a los efectos de continuar las investigaciones, el presidente Morales descargó una vez más su furia contra la comisión.

PUESTA EN ESCENA.


Fue el pasado viernes 31 de agosto que el presidente Morales anunció por televisión que había notificado al secretario general de la ONU que no renovaría el mandato de la CICIG en Guatemala. Sus argumentos no sorprendieron: acusó a la comisión de practicar una “persecución penal selectiva”con un “sesgo ideológico evidente” que la llevó a sembrar el “terror judicial en Guatemala”. De hecho, sostuvo que dicha “justicia selectiva” fue empleada para “intimidar y aterrorizar a la ciudadanía”. Lo que sí sorprendió fue la cuidada puesta en escena de la alocución: para su breve y por momentos mal leído discurso, el otrora actor de televisión decidió acompañarse de 60 militares y policías, además de autoridades de su gobierno. Y paralelamente, mientras el anuncio era trasmitido, tropas del Ejército guatemalteco, helicópteros y jeepsrodearon la sede de la CICIG y tomaron las calles. La detención de Velásquez parecía inminente, ya que su nombre, el del procurador de Derechos Humanos, y los de varios periodistas y profesores universitarios circularon profusamente como algunos de los instigadores del supuesto proceso de desestabilización nacional que denunciaba el gobierno. En respuesta al escenario que se instaló en las calles, comenzó a circular en las redes sociales una foto fechada en 1982, de cuando el general –y más tarde genocida– Efraín Ríos Montt se hizo con el poder en el país.


Los hechos no terminaron en eso: pocos días más tarde, aprovechando un viaje de trabajo ya planificado del jefe de la CICIG a Estados Unidos, el presidente Morales cursó una orden a los puestos fronterizos para impedir el regreso del colombiano a Guatemala.

CON EL APOYO DE WASHINGTON.

La historia de la región obliga a considerar el siempre activo y protagónico papel de Estados Unidos en Guatemala. Aquel país es uno de los garantes y promotores financieros de la labor de la CICIG, y en febrero de este año el embajador estadounidense se fotografió con Velásquez posando junto a un cartel de apoyo a la comisión. El espaldarazo era necesario y llegaba en un momento crucial: cuando Morales viajaba a Estados Unidos para reunirse con su homólogo, Donald Trump. La agenda del encuentro fue secreta, aunque sí trascendió el agradecimiento del mandatario estadounidense por el traslado a Jerusalén de la embajada de Guatemala en Israel.


La reacción del secretario de Estado, Mike Pompeo, ante la decisión de Morales de poner fin al trabajo de la comisión de la ONU en Guatemala indicaría que en ese encuentro el mandatario guatemalteco habría obtenido luz verde de la Casa Blanca para quitarse de encima al jefe de la CICIG. Pompeo coincidió con la interpretación de Morales al expresar que es necesario respetar la soberanía guatemalteca y bregar de ahora en adelante por una CICIG “reformada”.


Morales agradeció públicamente las manifestaciones de Pompeo, pero aún está pendiente de la resolución de un fallo de la Corte de Constitucionalidad sobre un recurso de amparo que busca dejar sin efecto la decisión de impedir el retorno de Velásquez al país. Y he aquí el riesgo de un inminente quiebre institucional, pues Morales ha adelantado que no respetará pronunciamientos de la Corte que él considere “ilegales”.

 

CRECIENTE HOSTILIDAD.


En Guatemala se vive un polarizado y creciente clima de hostilidad hacia el mandatario y sus funcionarios. Las movilizaciones se suceden y las expresiones de rechazo día a día se generalizan, trascendiendo ampliamente a la capital del país. Sostenidos cortes de rutas y movilizaciones de miles de personas, en su mayoría indígenas, confluyen en torno a dos objetivos: la renuncia del presidente y su gabinete; y evitar que se trabe la labor de la CICIG. En el horizonte de las reivindicaciones también aparece –aunque en un mediano plazo– la necesidad de un conjunto de reformas profundas en el sistema de partidos y una nueva Constitución en la que se vean expresados y garantizados los derechos de las grandes mayorías.


En el contexto de las movilizaciones que nutren desde hace tiempo las expresiones populares a favor de estos cambios políticos, merece destacarse la “recuperación”, el año pasado, por los jóvenes universitarios, de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tras un largo período de cooptación estatal. Desde setiembre del año pasado la secretaria general de esa asociación es la estudiante Lenina García, la primera mujer en ocupar el cargo, un hecho particularmente relevante en una sociedad que presenta números alarmantes de violencia de género. Días atrás, una multitudinaria asamblea estudiantil presidida por García exigió que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala declarase no gratos al presidente y al vicepresidente de la república, Jafeth Cabrera Franco –este último ex rector de dicha casa de estudios superiores–. El martes pasado, pese a un amenazante despliegue militar, la universidad respaldó esa exigencia estudiantil.

 

Por Roberto García
14 septiembre,

Publicado enInternacional