“Minimizar el conflicto de clases despolitiza la sociedad”

Es dirigente del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo y candidato del Partido Socialismo y Libertad, la formación más a la izquierda del espectro político brasileño nacional. A pesar de no poder aspirar al cargo de presidente (tiene una intención de votos en torno al 1 por ciento), Guilherme Boulos prometió que un gobierno suyo indultaría al encarcelado ex presidente Lula. Respondió a preguntas de Brecha1 sobre su respaldo y críticas al PT.

 

A los 20 años comenzó su militancia en el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (Mtst). Es miembro de la Coordinación Nacional de dicha organización, pero sobre todo se habla hoy de Guilherme Boulos en Brasil como el candidato presidencial más joven de las próximas elecciones, el 7 de octubre. En ellas representará al Partido Socialismo y Libertad (Psol), que fue creado por una escisión del Partido de los Trabajadores, y al que pertenecía la concejala y militante feminista asesinada Marielle Franco.


Además de ser activista, Boulos es profesor y escritor, graduado en filosofía, especializado en psicología clínica y tiene una maestría en psiquiatría. Es la primera vez que se presenta a un cargo electivo y lo hace en fórmula con la activista indígena Sônia Bone Guajajara.


—¿Cuál es su lectura del actual mapa político-electoral de Brasil?


—La elección se produce dos años después de que Michel Temer y sus aliados empujaron al país a una profunda crisis económica, social y de esperanza. Este grupo, cuya agenda no fue refrendada por la población en las elecciones de 2014, se metió con el derecho de los trabajadores, congeló las inversiones en educación y salud por 20 años, y generó 14 millones de desempleados. Con estas y otras medidas desastrosas contribuyeron a la profundización de la incredulidad popular en la política y en los políticos. En este escenario de inestabilidad, reforzaron la persecución al ex presidente Lula pues sabían de la dificultad que tendrían para vencerlo en las urnas. El proceso que lo condenó, según observó incluso la Onu, está lleno de ilegalidades, empezando por el simple hecho de que no existen pruebas concretas. El caso del tríplex (en el que Lula fue condenado por haber recibido de la constructora Oas un apartamento de lujo en el balneario brasileño de Guarujá) es extremadamente frágil y no cumple con los mínimos requisitos jurídicos, al punto de que los fiscales, al presentar el caso, destacaron su “convicción”, en detrimento de las pruebas que no presentaron. Lamentablemente, lo que estamos viendo es un Poder Judicial partidario. Esto quedó más que patente en el apuro que tuvo en condenar a Lula para impedir su candidatura, más aun si lo comparamos con el trato que se le dio a políticos de otros partidos que, incluso con muchas pruebas en su contra, no fueron ni acusados. Perdieron tanto la democracia como el pueblo brasileño.


—¿Cuál ha sido la relación de los movimientos sociales brasileños, de los que usted proviene, con los gobiernos del PT?


—Hubo mayor apertura que con otros gobiernos, pero también límites. El principal fue la insistencia en la “política de consenso”, que evitó la ruptura con las estructuras tradicionales. Los avances, desde el punto de vista de los programas sociales, de acceso al consumo de los más pobres, de reorientación del presupuesto con mayor inversión social, son innegables y los defendimos antes y ahora en la elección. Pero también fueron insuficientes, porque no alteraron la relación de fuerzas. Esconder o minimizar el conflicto de clases despolitiza la sociedad y crea la idea de que todo ascenso es individual, y no fruto de un proceso de disputa política. Es tarea de los movimientos sociales exponer y combatir esa lógica.


—Usted es el candidato presidencial del Psol, un partido creado por desencantados del PT. Por otro lado, Lula expresó públicamente el apoyo a su candidatura. ¿Cuál es su opinión sobre el PT y el manejo del Lava Jato? ¿Cuál es la relación del Psol con el PT?


—Tengo mucha admiración por la trayectoria del ex presidente Lula y es innegable que Brasil avanzó mucho durante los años de gobierno del PT. Sin embargo, tanto mi partido como yo tenemos críticas hacia la política conciliadora de alianzas que el PT promueve hasta hoy, asociándose a sectores ultraconservadores y partidos “fisiológicos” (expresión brasileña para referirse a los partidos que sólo buscan cargos políticos), como el Movimiento Democrático Brasileño (Mdb, el partido del presidente Michel Temer) y los de “centro”. Incluso después del golpe (N de E: se refiere al juicio político con el que el Congreso depuso a la presidenta petista Dilma Rousseff y le entregó la presidencia a Temer), el ahora candidato del PT, Fernando Haddad, subió a un escenario con miembros del Mdb. Para nosotros, esto es inadmisible. Demuestra que no aprendieron nada con el golpe de 2016. El PT, a pesar de haber tenido la oportunidad, no enfrentó temas esenciales como la reforma política, la democratización de los medios de comunicación, la reforma tributaria y el combate a los privilegios. Son críticas que yo, como miembro del Mtst, así como el Psol, hemos hecho públicamente desde hace algún tiempo. Es, incluso, con base en esa insatisfacción que el Psol se creó y consolidó.


—Usted ha afirmado que la desigualdad social es el principal problema en Brasil. ¿Cómo se visibiliza como un problema y cómo se enfrenta?


—Es necesario, por encima de todo, voluntad política. Brasil es el país con la mayor concentración de ingresos en el mundo: el 30 por ciento está en manos de sólo el 1 por ciento, según la encuesta Desigualdad Mundial 2018. La riqueza de los seis principales multimillonarios brasileños equivale a la de los 100 millones más pobres. La renta mensual del 0,1 por ciento más rico equivale a 19 años de trabajo para un trabajador con salario mínimo. Todos estos datos alarmantes demuestran que el abismo social es profundo en nuestras ciudades y en el campo. Lo vemos también cuando analizamos la falta de acceso a derechos básicos como vivienda, educación, salud y saneamiento. El Estado no puede seguir manteniendo los privilegios de esa elite y hay varias tareas por cumplir. Una es acabar con la “bolsa (subvención)empresarial” que representan las exoneraciones fiscales a las grandes empresas y que sólo este año ascendieron a 288.000 millones de reales (69.000 millones de dólares). Nuestro programa también prevé el fin a la “fiesta de los bancos”, reduciendo los intereses y promoviendo la regulación del flujo de capitales especulativos. Proponemos también una reforma tributaria progresiva, con aumentos de los impuestos a la renta, al patrimonio, las ganancias y los dividendos.


—¿Es posible hacer una reforma tributaria en Brasil? ¿Cuáles serían sus principales elementos?


—El sistema tributario brasileño es una de las principales expresiones de la desigualdad social brasileña. Para dar algunos ejemplos: quien tiene un automóvil debe pagar un impuesto anual (el Ipva), mientras que los dueños de yates y jets no pagan ni un real. Puede parecer improbable, pero hoy un profesor universitario paga la misma parte alícuota que Neymar. Esta tasa, extremadamente asimétrica, hace que las clases baja y media sostengan el aparato estatal, mientras que los súper ricos no pagan o pagan muy poco en impuestos. Es posible hacer una reforma tributaria progresiva, con un aumento de la imposición sobre la renta, el patrimonio, las ganancias y los dividendos. Nuestro objetivo es simple: hacer que quien tenga más, pague más, y quien tenga menos, pague menos. Tenemos que gravar la renta y el patrimonio para crear condiciones con el fin de reducir gradualmente la tributación sobre el consumo y la producción. Vamos a aplicar el impuesto sobre las grandes fortunas (Igf), un tributo ya previsto en la Constitución brasileña. También, crear una nueva franja de impuesto a la renta. Finalmente, volveríamos a introducir el impuesto a las ganancias y los dividendos, que se dejó de cobrar bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.


—Usted es uno de los dirigentes del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, ¿cómo describe el problema de la vivienda en Brasil?


—El problema de la vivienda en Brasil está atravesado por la enorme concentración de riquezas en manos de unos pocos, y se manifiesta tanto en las ciudades como en el campo. Los datos del último censo agropecuario mostraron el aumento de la concentración de tierras rurales; la mitad de la tierra agrícola son latifundios. No es diferente en las ciudades: en San Pablo, por ejemplo, el 25 por ciento de los inmuebles está en manos del 1 por ciento de los propietarios. Hay más de seis millones de familias sin hogar en Brasil y más de siete millones de inmuebles ociosos. Es decir que hay más casas sin gente que gente sin hogar. Si además se toma en cuenta la falta de infraestructura y de servicios en los barrios, la situación resulta peor. La Constitución brasileña asegura tanto el derecho a la vivienda como la función social de la propiedad, e ilegaliza todas aquellas que estén ociosas, vacías o abandonadas. Los mecanismos para expropiar y recalificar esos inmuebles ya están previstos en el Estatuto de la Ciudad, de 2001. Pero en Brasil las leyes que no se cumplen son aquellas que favorecen a la mayor parte del pueblo.


—Existe una gran dispersión en la oferta electoral y ningún candidato tendría mayorías para gobernar. ¿Cómo se asegura la gobernabilidad del que resulte electo? ¿Con quiénes podrían establecer alianzas poselectorales?


—No podemos seguir apostando al modelo de gobernabilidad de canje de votos en el Congreso por cargos en el Ejecutivo o favores. La política no puede ser un mostrador de negocios. El Mdb es uno de los principales ejemplos de esa forma de hacer política, pues estuvo en todos los gobiernos sin haber sido nunca elegido. Vamos a construir nuestra gobernabilidad con la población, haciendo consultas populares, como plebiscitos y referendos, y alentando la formación de consejos comunitarios para aproximar las decisiones nacionales a los ciudadanos. Esta herramienta está prevista en la Constitución, pero desgraciadamente se utilizó sólo dos veces desde 1988.


1. Esta entrevista fue hecha por email.

 

Por Alejandro Ferrari
14 septiembre,

 

 

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Gabriel Beltrán, Cometas, 100 x 80 x 36 cm, escultura

Lo sucedido el 26 de agosto, con sus antecedentes, no se puede dejar pasar sin sacar de ello múltiples lecciones. No es para menos: la iniciativa de las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, con el aval del Partido Verde, que por momentos reflejó claroscuros de estrategia para ampliar opinión pública y así posicionarse para las elecciones parlamentarias de marzo último, ganó el tinte de una confrontación entre política de nuevo tipo y vieja política, entre los de arriba y los de abajo, entre derecha e izquierda, así no todos los de la coordenada del statu quo hayan actuado de manera abierta y activa para hundir la consulta motivo de este escrito, y los que aspiran al cambio, parcial o total, no hayan logrado zafarse del espíritu poco transformador y sin ruptura que marcaba todas y cada una de las siete preguntas que integraron el tarjetón.


Entre lo viejo y lo nuevo


En un país donde la corrupción es norma de normas, la convocatoria a una consulta para reprobar la apropiación –el robo– de los dineros y de los recursos que supuestamente son de todos debiera contar con el ambiente necesario y el espontáneo favor ciudadano. Y así fue en una primera instancia. Con la exigencia de reunir por lo menos 1.762.080 firmas, la cosecha de éstas arrojó en pocos meses 4.236.000, suficientes para recalcar que la iniciativa tenía amplio apoyo social.


Tras los días tomados para su revisión, la Registraduría del Estado Civil avaló en septiembre de 2017 un total de 3.092.138 rúbricas, es decir, más del doble de las requeridas. ¡Todo un éxito! El mismo que arrinconó al Congreso de la República, llevándolo el pasado 5 de junio, con 84 votos a favor y 0 en contra, a la aprobación de la Consulta, reafirmando así que oponerse abiertamente a una iniciativa tan cotizada no daba cuenta de aquello que es conocido como realismo político. Así, muchos de los que son señalados por la ciudadanía como sustancia de la corrupción actuaron y opinaron como su antítesis. Ahora no quedaba faltando sino el “día de la quema”.


Para ello, se fue apilando la leña. Poco a poco, voceros del Centro Democrático, como su principal figura, dejaron deslizar de manera disfrazada su oposición a la consulta (1). Caras públicas de otras expresiones políticas, como Vivian Morales, no ocultaban su negativa a la iniciativa en curso (2). Como si fuera poco, el Presidente mismo, que como congresista siempre se mostró de acuerdo con esta iniciativa, al radicar el 8 de agosto varios proyectos de ley que supuestamente pretenden lo mismo que la consulta, dejaba en claro la disposición del establecimiento por enfriarla –mostrarla como innecesaria, pues ya están los proyectos de ley cursando en el Legislativo–, actuando ante el país como el paladín de la anticorrupción. Llegado el caso, si fuera necesario, también podía enredar la discusión sobre las reformas por aprobar en esta materia.


Se trató de una estrategia de engaño y distracción que no paró ahí. Entre los troncos y ramas reunidos con ocasión de la cita ciudadana para el 26 pasado, sobresalían los chamizos de la desinformación. Poco a poco, con mayor intensidad durante las semanas previas a esta votación, comenzaron a circular correos en los cuales aseguraban que la reducción de salarios para congresistas y otros funcionarios de primerísimo rango también afectaría a empleados medios de la Fiscalía, o que la pretensión real de esta citación era reunir una cantidad de votos para convocar a una Constituyente, y así darle paso a un gobierno de izquierda. Inculcar miedo para desmovilizar. La insistencia en que la consulta era innecesaria, pues ya existen las normas pretendidas, y en que los 300 mil millones que costaba era la mayor muestra de corrupción, llegaba a los teléfonos una y otra vez.


Tal contrainformación daba paso a algunas aclaraciones. A la manipulación de la pregunta número 1 de la consulta (reducción del salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Nacional, que son 395 funcionarios del primer orden), la exsenadora Claudia López, buscando neutralizar la campaña en contra de la consulta que podía vivirse entre los miembros de las Fuerzas Armadas, les hizo un guiño a los uniformados al proponer que el sueldo de los generales debía pasar de 15 a $ 20 millones. Los argumentos no vienen al caso pero la maniobra sí, pues ejemplifica el realismo político con que avanzaba el suceso que marca para la memoria el 26 de agosto de 2018.


Es aquél el mismo realismo político que en ocasiones se puede confundir con manipulación, igual al que –una vez conocido que el voto favorable por las siete preguntas del tarjetón había reunido 11,6 millones de sufragios– motivó que las dos personas más reconocidas por la promoción de este suceso salieran en medios de información asegurando que se había ganado, pese al resultado obtenido.


Ese es el mal llamado realismo político con el cual se trata de explotar lo mejor de cada suceso y de mermar el espacio de los contrincantes, y en esta ocasión no podía ser la excepción. En sus declaraciones, enfatizando una y otra vez en el triunfo, las voceras dejan a un lado: 1) que no se había alcanzado el umbral de los 12.140.342 votos, necesario para obligar al Congreso a legislar sobre lo consultado a la sociedad colombiana, 2) la prolongación del abstencionismo hasta un 70 por ciento, como reflejo de la triada indiferencia-incredulidad-despolitización reinante entre millones de connacionales, producto cosechado del mal endémico de la democracia formal de Colombia, pero también como clara expresión de la acción efectiva de una parte significativa del establecimiento al oponerse a esta citación electoral.


Es así como tenemos un triunfo con diversos propietarios. A las 8 de la noche del mismo 26 de agosto, el presidente Duque afirmó, en alocución al país con motivo de este suceso: “Más de 11 millones de ciudadanos votamos la Consulta Anticorrupción. […] Desafortunadamente el número de votos no alcanzó el umbral de participación que la ley estipula”. Esta última afirmación contrasta con la de las promotoras, además de recordar que no hay mandato ciudadano legal que obligue al Congreso, así lo haya en otros planos. Para recordar, pasados unos segundos: “Apoyé la Consulta durante la campaña y ya como primer mandatario invité a todos los colombianos a participar”. Es decir, este resultado también se debe a “nuestra acción”. De ahí que, momentos después, recalque: “La lucha contra la corrupción no tiene tinte ni color político. La lucha contra la corrupción no tiene partido ni ideologías”.


Seguidamente, el Primer Mandatario le hace un amarre a su mensaje, que de seguro atizará diferencias a la hora de intentar acuerdos entre los diversos partidos que reclaman la nueva legislación en cuestión: “He invitado a todos los colombianos a que hagamos un pacto por Colombia. Este acuerdo nacional no puede dejar de incluir un pacto contra la corrupción” (3).


Es así como estamos ante un hecho sui géneris: oposición y gobierno están de acuerdo sobre una misma problemática, y cada uno trata de sacarle el mejor partido. El no matizar el tema por parte de sus impulsoras, así como por parte otras expresiones de centro e izquierda, le permitió al Gobierno abanderarse de tal causa, neutralizando con ello parte de los mejores efectos que la misma pudiera desfogar en el mediano y el largo plazo.


Por demás, esta extraña coincidencia política entre fuerzas que se suponen contrarias, con una problemática que no afecta ni confronta de manera estructural al establecimiento, deja traslucir que el tema de la corrupción está lejos de ser, como dijera la exsenadora López, “[…] el reto más importante para nuestro país” (3), como lo corroboran las cifras de miseria, empobrecimiento, exclusión, desempleo, informalidad laboral, subempleo, rebusque por cuenta propia, e ingresos, hambre, desnutrición, falta de techo, inquilinatos, acceso a servicios públicos, capacidad para cancelar la factura mensual, etcétera. Sin duda, y con estos faltantes ante la vista, el reto más importante que tenemos como sociedad es lograr el imperio de la justicia, la igualdad y la felicidad, para lo cual es necesario que un buen gobierno tome asiento, por fin, entre nosotros.


Entonces, si la corrupción es una bandera que cualquiera puede blandir, es claro que la campaña por la consulta quedó en deuda con la necesidad de enfatizar que el motor de la misma no está en las personas sino que descansa en factores estructurales, entre ellos el neoliberalismo, el mismo que propagó y ahondó durante los últimos 35 años una problemática que ya estaba incubada, al legitimar cultural y socialmente en los círculos del poder unos valores ajenos al bien común, potenciando con ello la apropiación con fines privados de todo aquello que se considera del conjunto social. Por tanto, es contra tal realidad como debe dirigir su lucha la sociedad toda: los millones que respondieron al llamado el 26 de agosto, más los que en su escepticismo no dieron su brazo a torcer, más aquellos que, viviendo al margen, escuchan y asumen los intereses contrarios a su condición real.


¿Podrá existir mayor corrupción, concretada en la alianza entre políticos y capital privado, que la que facilitó la privatización de la mayoría de recursos públicos del país? ¿Ganó, efectivamente el país, como dicen algunos, feriando los ahorros de varias generaciones? ¿Se tornó más eficiente la prestación de los servicios públicos? ¿Fueron reducidas las tarifas por la prestación de los mismos, como prometieron unos y otros a la hora de la feria?


Otros muchos aspectos y argumentos de/sobre otra visión de Estado y de política pública, que pudieran hacer de la lucha contra la corrupción una bandera que queme las manos de quienes la enarbolen con fines oportunistas, sobresalieron por su nula explicación ante el concitado electorado. Entre ellos:

 

No es posible controlar de manera efectiva y prolongada, ni erradicar la corrupción, orientando la perspectiva de país dentro de lo conocido como desarrollo.
Un nuevo sentido relacional entre naturaleza y humanos, así como entre éstos, debe tomar forma. Un modelo integral de vida pudiera ser una opción por liderar, con la implementación urgente de un plan humano para los de abajo que despierte y/o recupere confianza e interés entre éstos por lo público, para que actúen como barrera para contener la usurpación de aquello que es del conjunto social.

 

Promoción de un nuevo sentido de la política, en que su actor no se sirve sino que sirve, no sube sino que baja, no decide por sí solo sino que consulta con las gentes; por tanto, en que su programa no es una invención de argumentos con afán electoral sino la síntesis de aquello a lo que aspira y debe ser un requerimiento de la sociedad que representa.


Es necesario pasar de la democracia formal –electoral– a la directa, radical y refrendataria, garantizando que decisiones como la venta de lo colectivo transitará por la consulta del constituyente primario.


Se debe avanzar hacia la superación de la política como profesión –o el asunto de unos pocos–, haciendo de ella una realidad cotidiana para todos los integrantes de una sociedad dada.


El salario de quien ocupa un cargo público no debiera ser superior al de un obrero promedio.


Es imperioso asegurar una vida digna para el conjunto social, con aumento al doble del salario mínimo.


Se debe abolir la cárcel por su fracaso como castigo supuestamente resocializador, y a cambio implementar nuevos tratamientos punitivos a través del control social colectivo.


Hay que erradicar los paraísos fiscales –en tanto agenda global, asumir tal tema como bandera de la geopolítica criolla.


No se deben despertar falsas expectativas con respecto a las sanciones en contra de multinacionales por corrupción, pues hoy su derecho prima sobre el nacional. Impulsar la reconfiguración de esta realidad, que pasa por replantear los Tratados de Libre Comercio firmados por el país, y superar el coloniaje de nuevo tipo y distintas formas, reinante en el mundo de hoy, son retos por afrontar dentro de una agenda integral en la lucha contra la corrupción.


De esta manera, hay que ser enfáticos: el reto que abre la realidad de la corrupción es mucho más que de normas y códigos, ya que trasciende hasta la visión de sociedad necesaria, y sobre tal dilema nada enunciaron quienes impulsaron la jornada del último domingo de agosto, permitiendo así que tal bandera fuera izada por limpios y enlodados. Hoy, el panorama dejado por la consulta, contrario a lo aparente, es viscoso. El triunfo numérico no se dio y el triunfo moral se puede convertir en derrota.

 

1. ¿Por qué el CD cambió su postura sobre la consulta anticorrupción?
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/centro-democratico-y-sus-cambios-de-postura-sobre-la-consulta-anticorrupcion-258528.
2. “Consulta anticorrupción es mentirosa y superficial”: Viviane Morales. http://www.elcolombiano.com/colombia/politica/entrevista-con-la-precandidata-presidencial-viviane-morales.
3. https://id.presidencia.gov.co/.

La estrecha relación entre los paraísos fiscales y el cambio climático

Un nuevo estudio de la Universidad de Estocolmo alerta sobre el papel de los paraísos fiscales en la destrucción del medio ambiente.

La revista Nature Ecology & Evolution ha publicado un informe realizado por el Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo en el que analizan el uso de los paraísos fiscales por parte de los conglomerados agroindustriales que operan en la selva amazónica y las empresas pesqueras involucradas en actividades ilegales.


El estudio denuncia que el uso de los territorios con una fiscalidad laxa y el secreto financiero que les proporcionan ha reforzado las industrias vinculadas a la deforestación amazónica y al agotamiento de recursos naturales.


En dicha investigación se han analizado los datos del banco central brasileño para poder determinar las relaciones de las principales multinacionales agroalimentarias que operan en el país y los paraísos fiscales. Los datos analizados, correspondientes al periodo entre 2000 y 2011 ya que no existen datos posteriores, revelan que al menos nueve de los mayores productores mundiales de soja y carne de vacuno, dos industrias consideradas como los principales impulsoras de la deforestación, utilizan subsidiarias en este tipo de territorios para financiar sus operaciones en la selva amazónica. Cerca del 70% del capital extranjero, unos 18.400 millones de dólares, llegó a las empresas que operan en Brasil tras pasar por complejos de ingeniería fiscal y flujos de capitales usando subsidiarias de las propias empresas en territorios donde la factura fiscal es prácticamente nula y que brindan a estas empresas opacidad en sus operaciones.


Según los investigadores, “la prueba directa de causalidad sigue siendo esquiva” ya que es imposible establecer un vínculo directo entre el flujo de capital procedente de los paraísos fiscales, el uso de la tierra y el daño ambiental, pero alertan que la falta de transparencia asociada a las operaciones en los paraísos fiscales dificulta a los organismos de control y a los investigadores el seguimiento de la forma en que la financiación extraterritorial puede afectar a las operaciones sobre terreno.


En cambio, para el economista e integrante de la Plataforma contra los Paraísos Fiscales, Walter Acis, la relación es clara ya que, como explica a El Salto, el que este tipo de empresas contaminantes aprovechen las ventajas fiscales y de opacidad que les ofrecen estos territorios al localizar sus subsidiarias en ellos “facilita una sobre acumulación (capitalización de beneficios que no rinden impuestos), lo que permite potencialmente aumentar su capacidad inversora en procesos que aceleran el cambio climático”.


Esta misma investigación también se ha adentrado en la estructura fiscal de las grandes empresas pesqueras. El informe descubre que el 70% de los buques identificados por la Interpol como responsables de llevar a cabo actividades de pesca ilegal o no regulada tienen, o han tenido, banderas de paraísos fiscales. Estas grandes empresas pesqueras usan, principalmente, los mismos países que utilizan las grandes multinacionales de cruceros para evadir impuestos y funcionar de una manera opaca a las regulaciones internacionales: Panamá y Belice.


Esta investigación, por el momento, solo abarca estos dos sectores, pero, según explica el responsable del área de Cambia Climático de Ecologistas Javier Andaluz a El Salto, hay que tener en cuenta que los principales sectores económicos responsables de las emisiones de CO2, tales como el energético, minería o el transporte, “alcanzan su máxima expresión con el capitalismo globalizado”, y alerta que en este sentido “tienen relevancia todos los mecanismos que engrasan y facilitan el flujo global de recursos materiales y energéticos, como son los paraísos fiscales, pero también los tratados comerciales (llamados de ‘libre comercio’) que fomentan las inversiones y los flujos comerciales garantizando los intereses de las grandes firmas capitalistas y debilitando la capacidades de regulación de los estados nacionales”.


LOS PAPERS DEL CAMBIO CLIMÁTICO


Las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), conocidas como los Panama Papers o los Paradise Papers, sobre el uso de los paraísos fiscales por parte de miles de empresas y particulares, ya mostraron cómo las compañías de recursos naturales y agroindustriales a menudo se aprovechan del secreto que proporciona la industria offshore para varios propósitos, incluyendo la evasión de impuestos.


Como ejemplo, en 2017, los medios colaboradores con el ICIJ Premiere Lignes en Francia y Poder360 en Brasil, publicaron, gracias a los Paradise Papers, que la empresa brasileña Amagi, comercializadora de granos, oleoginosas y sus derivados, y la multinacional suizo-francesa Louis Dreyfus crearon en 2009 una empresa conjunta para operar en Bahía y otras áreas de Brasil. Según la investigación, el verdadero propietario de la filial subsidiaria utilizada en las Islas Caimán era el actual Ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi.


Otro informe de ICIJ publicado en noviembre de 2017 encontró que un productor de pulpa y papel con sede en Singapur utilizó una red de compañías ficticias para evitar el pago de impuestos retenidos sobre los préstamos y para expandir sus operaciones en Indonesia, al tiempo que supuestamente contribuyó a la destrucción de la frágil selva tropical del país.


¿Y SI NO EXISTIERAN ESOS PARAÍSOS FISCALES?


Según la estimación de un informe elaborado por Amigos de la Tierra Internacional (ATI), con el dinero que los gobiernos pierden por culpa de la existencia de los paraísos fiscales, en los próximos 15 años se podría abastecer a África, América Latina y gran parte de Asia al 100% con energías renovables. En otras palabras, los ingresos públicos que se pierden a través de los paraísos fiscales alcanzarían para suministrarle en 2030 a la mitad de la población mundial 100% de energías renovables.


ATI estima que las inversiones adicionales requeridas para suministrarle a la mitad del mundo 100% de energías renovables ascenderían en promedio a 507.000 millones de dólares anuales en un período de 15 años. Esta cifra es muy inferior a las estimaciones de ingresos públicos perdidos a nivel mundial a través de los paraísos fiscales. Una investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la pérdida de ingresos fiscales del conjunto de los Estados como consecuencia del fraude fiscal, sin tener en cuenta las operaciones en paraísos fiscales que gracias a las regulaciones internacionales y la ingeniería fiscal son legales, se elevaría a los 600.000 millones de dólares anuales. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos estima que los países en desarrollo pierden cada año unos 200.000 millones de dólares debido a la evasión fiscal. Algunos cálculos, como la de los economistas Gabriel Zucman y Thomas Piketty, elevan esa cifra mucho más.


Uno de los autores principales del estudio de la Universidad de Estocolmo, Víctor Galaz, alertó, tras presentar el informe, de que es hora de “empezar a ver los costos ambientales de los paraísos fiscales y cómo los actores y los flujos financieros están dando forma al planeta de maneras muy profundas”. El Centro de Resiliencia ya ha anunciado que seguirá publicando nuevas fases de este estudio que abarcaran otros sectores, empresas y países.

Por YAGO ÁLVAREZ
@ECONOCABREADO

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Pékerman se va de la selección y el fútbol cada día se hunde más en la corrupción

“El fútbol nació corrupto, vive corrupto y morirá corrupto; es un espejo del hombre. Uno y otro terminarán por extinguirse” Yesid Llerena

 

La era más exitosa de un técnico dirigiendo la selección Colombia llegó a su fin. El 4 de septiembre, José Néstor Pékerman anunció en rueda de prensa su renuncia como director técnico de Colombia. Una salida que deja entrever la podredumbre que hay al interior del mundo del fútbol nacional e internacional.

El argentino dejó entrever entre líneas, en rueda de prensa, los múltiples conflictos que tuvo con la prensa y la misma Federación de Fútbol de Colombia, durante los años que estuvo en Colombia. Sonaban rumores de casos de corrupción al interior de las convocatorias de jugadores que se valorizaban jugando con la selección y que posteriormente eran negociados por el empresario Pascual Lezcano, beneficiando económicamente al mismo Pékerman. Ante esto, algunas de sus palabras en la rueda de prensa fueron: “La cantidad de mentiras y barbaridades que se han dicho, pocos países hacen esas cosas. La verdad es una decepción muy grande”.


Un golpe bajo para el argentino que le sirvió al país y al establecimiento en los últimos años, pues el papel que tomó Pékerman y la selección en los últimos 6 años fue fundamental para la política colombiana, que tenía un discurso de paz a nivel mundial, la que necesitaba un proyecto de identidad nacional que fue posible gracias a la selección Colombia y su participación en los campeonatos mundiales 2014 y 2018.


Una cosa queda clara, el fútbol profesional en Colombia, como en todo el mundo, está carcomido por intereses y maniobras privadas, por negociantes de todo tipo, es un negocio, un espacio para enriquecerse a costa de los demás, una industria de competencia entre empresarios, políticos, periodistas, entrenadores y jugadores que disputan una cantidad de dinero de proporciones inimaginables. Por lo tanto, aquí no hay nadie que meta las manos al fuego por otro, y Pékerman no fue la excepción.


Ante esta noticia vale la pena recordar las palabras del periodista deportivo Yesid Llerena en la novela “A dentro, la caldera” del autor colombiano Philip Potdevin, quien dice con contundencia: “En el fútbol no son once contra once; es el hombre contra sí mismo. Vivimos de él y para él; por eso miramos a un lado para no estropear el espectáculo. Uno de los mayores engaños que viven hoy los pueblos –ayer fue la religión–. Las masas necesitan el fanatismo para respirar y sobrevivir. El fútbol es a las masas lo que el circo era a la antigua Roma; entre más ídolos caen destrozados por las fieras, mejor el espectáculo”.

 

Libro relacionado

Y adentro, la caldera

Philip Potdevin

 

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Domingo, 02 Septiembre 2018 09:34

Una impugnación express para el líder del PT

 Los abogados lulistas basaron su alegato en la jurisprudencia local, por la cual el TSE ya autorizó a cientos de condenados a que disputaran elecciones y en la recomendación formulada hace dos semanas por el Comité de DD.HH. de la ONU.

Desde Brasilia

Apenas trece horas. Ese fue el tiempo que dedicaron los siete miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE) a la lectura de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, antes de impugnar su candidatura para las elecciones del 7 de octubre. Una sentencia “express” fulminante contra el líder preso que parece engarzada a otras medidas de este golpe continuado iniciado con la caída de Dilma Rousseff.

Los abogados lulistas basaron su alegado en la jurisprudencia local por la cual el TSE ya autorizó a cientos de condenados que disputen elecciones y en la recomendación formulada hace dos semanas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Según la defensa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, invocado por el Comité de la ONU, tiene fuerza de ley interna dado que fue rubricado en 2009 por el Parlamento brasileño.

El fallo en tiempo record del TSE contra Lula fue “otro caso de violencia judicial” denunció ayer la Mesa Ejecutiva de Partido de los Trabajadores (PT). Paralelamente Fernando Haddad, el vice de la fórmula petista, viajó a Pernambuco donde reiteró que el líder preso sigue siendo candidato a la presidencia a pesar del fallo de TSE. Este lunes Haddad se reunirá con Lula en la superintendencia de la Policía Federal en Curitiba para diseñar los próximos pasos en esta guerra de posiciones.

Durante aquellas trece horas trabajo a paso redoblado de los jueces, iniciadas minutos antes de la medianoche del jueves, los miembros del TSE además de leer (en la madrugada) las doscientas páginas de la defensa redactaron pareceres extensos justificando el veto del candidato a quien la encuestadora Datafolha acaba de ubicar primero con el 39 por ciento a veinte puntos de distancia de su principal adversario Jair Bolsonaro.

El juez Roberto Barroso, instructor del caso, “atropelló los plazos porque en Brasil hay un sistema legal para los poderosos y otro de excepción para Lula (...) esto es una casación política basada en arbitrariedades como ocurría en la dictadura”, cargó la Ejecutiva del PT.

Por cierto los expedientes del aspirante a la presidencia y capitán retirado del Ejército Bolsonaro son analizados sin la urgencia aplicada al jefe petista arrestado en una celda en la que está prohibido grabar videos para su campaña proselitista. Las anomalías judiciales son evidentes.

El martes pasado el Supremo Tribunal Federal incluyó en su orden del día una denuncia por racismo contra Bolsonaro que había recibido hace cuatro meses, a partir de dichos del ex capitán realizados el abril del año pasado. Al promediar esa sesión del martes uno de los jueces de la más alta Corte solicitó vistas para analizar la denuncia contra Bolsonaro - que también tiene un proceso por incitación al estupro- con la debida parsimonia.

La sesión urgente del TSE del viernes que impugnó a Lula coincidió con el segundo aniversario del la caída de Dilma Rousseff víctima de un golpe de Estado al que puede definirse provisoriamente como “híbrido” , adjetivo que remite a ciertas semejanzas con las conjuras ocurridas en países árabes a partir de protesta espontáneas posteriormente capitalizadas por sectores de los poderes judicial, financiero y mediático bendecidos, o consentidos, por Washington.

El caso brasileño también tiene sus puntos de contacto con las destituciones de presidentes latinoamericanos como el hondureño Manuel Zelaya en 2009 o el paraguayo Fernando Lugo, en 2012. Una de las particularidades observadas en Brasil es el efecto retardado consistente en voltear a Dilma para instalar un régimen tapón, el de Michel Temer, a fin de imposibilitar el retorno de Lula en los comicios del mes que viene.

En esa estrategia se daba por cierto que una vez preso. el ex tornero mecánico se deshidrataría políticamente y, con él se iría a pique el PT luego de la pésima perfomance del partido en los comicios municipales de octubre de 2016.

Sin embargo no se confirmó la debacle anunciada del “lulopetismo”, una expresión acuñada por la prensa más radical de derecha. Las encuestas demostraron que Lula creció el nueve por ciento en las dos últimas mediciones de Datafolha, la más reciente de las cuales indicó que el PT tiene el por 24 ciento de adhesiones, número superior a la suma de los otros partidos con aspiraciones reales de victoria.

Ese apoyo de Lula y, en menor grado del PT, son el activo con el que se espera catapular al ex alcalde de San Pablo Fernando Haddad, como posible candidato cuando se acaben las apelaciones ante la Justicia. La apuesta es que Haddad logre un lugar en el balotaje del 28 de octubre probablemente contra Bolsonaro, en un duelo de resultado imprevisible. Esa eventual disputa Haddad-Bolsonaro será no sólo entre un candidato de izquierda ay otro de derecha. También representará un choque entre el retorno a la democracia y la deriva hacia una dictadura encubierta legtimida por los votos.

 

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Eliminan comisión contra la corrupción en Guatemala

Guatemala. El presidente Jimmy Morales anunció este viernes que no renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que ha impulsado diversas investigaciones anticorrupción en la nación centroamericana, incluida una contra el mandatario por delitos electorales.

"El año pasado se hizo ver al secretario general de Naciones Unidas muchas preocupaciones que el Estado tenía sobre el actual responsable de la comisión y de muchos de sus integrantes que violaron nuestras leyes induciendo a personas e instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad", expresó Morales.

"Estos señalamientos, hechos por la vía diplomática de primera mano, conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente sembrando el terror judicial en Guatemala", agregó.

Rodeado por miembros del ejército, su vicepresidente y autoridades de Gobernación y la cancillería, Morales dijo en conferencia de prensa que notificó por medio de una carta su decisión a la ONU para iniciar la transferencia de las capacidades de la CICIG a las instituciones guatemaltecas.

Minutos antes del sorpresivo anuncio, vehículos militares que fueron donados por Estados Unidos para el combate al narcotráfico y el contrabando fueron desplegados frente a la sede de la CICIG, situación que algunos consideraron un acto de intimidación.

Por la noche se informó que la Fiscalía General guatemalteca investiga la presencia de dichos vehículos castrenses.

Matías Ponce, vocero de CICIG, manifestó que el comisionado Iván Velásquez se encontraba bien y agradeció el apoyo de la población. Agregó que 12 vehículos oficiales estaban frente al edificio sede de la comisión.

Esta es la segunda ocasión que Morales intenta golpear a la CICIG. La primera fue en agosto de 2017, dos días después de que esa comisión y la entonces fiscal Thelma Aldana solicitaran el retiro de su inmunidad para investigarlo por ocultar información financiera de su partido.

En aquel entonces Morales declaró persona non grata a Velásquez y ordenó expulsarlo del país. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad lo protegió con un amparo y la orden presidencial quedó sin efecto.

La CICIG fue creada en 2006, tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unida para investigar señalamientos que han involucrado a empresarios, funcionarios y ex funcionarios del gobierno.

El anuncio de Morales coincide con el vencimiento de la visa de los funcionarios internacionales de la CICIG, Velásquez incluido.

El presidente enfrenta actualmente un tercer pedido de retiro de inmunidad para ser investigado por delitos electorales.

La Fiscalía General y la CICIG hicieron esta última solicitud el pasado 10 de agosto. Según ambos organismos, aparentemente "se cometió financiamiento electoral ilícito en 2015".

En ese año Morales era secretario general y representante legal del partido Frente de Convergencia Nacional y es sospechoso de recibir más de un millón de dólares de empresarios para la campaña electoral. Según las pesquisas, esos recursos no habrían sido registrados en la contabilidad de la agrupación política ni se reportaron al Tribunal Supremo Electoral.

Esta semana el Congreso guatemalteco integró una comisión investigadora de cinco diputados que analizará la solicitud de retiro de inmunidad.

Los congresistas deberán analizar la documentación reunida por la fiscalía y la CICIG y elaborar un informe que será analizado ante el pleno. Para que el mandatario pierda la inmunidad se quieren 105 votos de los 158 diputados.

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Sábado, 01 Septiembre 2018 14:57

La Justicia decide la candidatura de Lula

La Justicia decide la candidatura de Lula

El tribunal electoral, en una reunión de emergencia, analizaba anoche el voto del relator del caso, quien votó en contra de la habilitación del ex presidente y propuso darle diez días al PT para que elija otro candidato.

El juez Luis Roberto Barroso, relator del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil en el caso de la inscripción de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, votó que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) que encabeza las encuestas no podrá participar en las presidenciales, cuya primera vuelta se dirime el 7 de octubre. En su voto, Barroso le dio diez días al PT para elegir un nuevo candidato y le prohibió hacer propaganda a favor de Lula durante el periodo electoral en radio y televisión de tres horas diarias que empezó ayer. El tribunal se reunió ayer después de que el PT presentara el jueves un escrito de 200 páginas rebatiendo las 16 impugnaciones que había recibido Lula por haber sido condenado en segunda instancia en un caso de presunta corrupción. Según una ley brasilera llamada “ficha limpia” los condenados con sentencia firme no pueden participar en las elecciones. Sin embargo la defensa de Lula había basado su apelación en un dictamen de la comisión de Derechos Humanos de la ONU el 17 de agosto pasado, la cual señalaba que el ex ppresidente brasileño había sido condenado por razones políticas, sin pruebas claras, y ordenaba al estado brasileño a habilitar su candidatura. La cancillería brasileña contestó con un comunicado diciendo que solo justicia brasileña podía decidir la viabilidad legal de la candidatura impugnada, pese a que destacados juristas dentro y fuera de Brasil opinaron que el dictamen de la ONU era vinculante.

La decisión final estará en manos de los siete miembros del TSE y dependerá de que se forme una mayoría simple para que la candidatura sea aceptada o rechazada. Según los sondeos, Lula tiene cerca de un 40 por ciento de las intenciones de voto, seguido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, con en torno al 20 por ciento de las preferencias. En el caso de que Lula no pueda participar, Bolsonaro lidera con una tasa de apoyo también cercana al 20 por ciento, seguido por la ecologista Marina Silva, con 16, y el socialdemócrata Geraldo Alckmin y el laborista Ciro Gomes con un 9 por ciento.

Si finalmente el TSE se inclinase por vetar la candidatura del ex mandatario, éste será sustituido por el exalcalde de San Pablo y exministro de Educación, Fernando Haddad, quien integra la fórmula del PT como candidato a vicepresidente. Ayer Haddad informó que cualquiera sea el resultado de la votación del tribunal electoral, el PT no tomará decisión alguna hasta que él se reuna con Lula la semana que viene en la cárcel de Curitiba. “Además de ser vice de Lula, soy su abogado para fines de registro. Yo estaré con él el próximo lunes y voy a darle a conocer el resultado del TSE y allí vamos a discutir qué hacer”, dijo en una rueda de prensa para periodistas en Fortaleza, estado de Ceará.

Asimismo, Haddad criticó la decisión de la justicia electoral de votar en tiempo récord el registro de la candidatura de Lula. Para él, el TSE saltó una etapa del proceso, ya que no respetó los plazos para que las alegaciones finales de la defensa de Lula fueran realizadas. “Yo quería manifestar desolación con la Justicia porque considero que perjudicaron el derecho de defensa del presidente Lula a presentar las alegaciones finales. Lo que está en juego es el derecho del pueblo a elegir a su presidente. No estamos hablando de nada, estamos hablando de un elemento de la democracia atropellado sobre todo tras la manifestación de la ONU”, subrayó.

Anteayer once juristas y abogados internacionales le pedieron a Brasilia que respete la resolución de la ONU sobre los derechos políticos de Lula. El pedido se formuló en una carta firmada, entre otras personalidades del derecho, el exjuez español Baltasar Garzón, y dirigida al presidente brasileño, Michel Temer, al canciller Aloysio Nunes, al ministro de Justicia, Torquato Jardim, y a los once miembros del Supremo Tribunal Federal.

En el documento, los juristas y abogados firmantes señalan que esa decisión da crédito a todos los que han expresado “serias dudas” sobre la imparcialidad del proceso que dio origen a la condena de Lula y, “por tanto, a la propia legalidad y legitimidad de las consecuencias resultantes de las próximas elecciones”, previstas para el 7 de octubre. En la carta también se declara que Brasil, “una de la grandes naciones democráticas del mundo”, no puede incumplir sus obligaciones internacionales ignorando las decisiones del Comité de la ONU.


 

El PT apelará el fallo que le impide ser candidato
 

"Lula está por encima de la persecución"

"Vamos a presentar todos los recursos a los tribunales para que sean reconocidos los derechos políticos de Lula, previstos en la ley y en los tratados internacionales ratificados por Brasil". De esta manera, el Partido de los Trabajadores ratificó su intención de luchar para que Luiz Inacio Lula Da Silva pueda ser candidato presidencial, tras el fallo judicial adverso, que anuló la candidatura del dos veces mandatario de Brasil.

En un comunicado, el PT aseguró que el veto del Tribunal Superior Electoral es “arbitrario” y “político” y que se basa en “una mentira”, al tiempo que anunció que "continuará luchando por todos los medios" para conseguir que se avale la candidatura de Lula, preso desde el 7 de abril en la cárcel de Curitiba. Allí purga una condena a doce años de prisión por una causa derivada del escándalo Lava Jato. 

Para el partido, el fallo es una muestra de “violencia practicada” que muestra a Brasil a los ojos del mundo como un país que "que no respeta sus propias leyes, que no cumple sus compromisos internacionales y que manipula el sistema judicial, en complicidad con los medios, para hacer una persecución política". Además, el PT indicó que “es una casación política, basada en la mentira y el arbitrio, como se hacía en tiempos de la dictadura" militar, indicó.

Anoche el Tribunal decidió por seis votos contra uno que Lula no puede ser candidato en las elecciones del próximo 7 de octubre, en las que es señalado como gran favorito por las encuestras, con cerca de un 40 por ciento de intención de voto. Para los jueces, Lula está sujeto a una ley que prohíbe candidaturas de condenados en segunda instancia.

Pese al revés, que el PT tachó de “injusto”, aun quedan instancias de apelación en el Tribunal Superior de Justicia y en la Corte Suprema. De hecho, hay recursos en trámite ante ambas cortes. El PT considera que el veto electoral no puede darse ya que la ley dice que la inelegibilidad se puede suspender mientras hay recursos a analizar.

Lula fue registrado como candidato el 15 de agosto, junto al ex alcalde de San Pablo, Fernando Haddad, como candidato a vice. Si Lula, finalmente, no pudiese ser candidato, Haddad tomaría la posta.

La conducción del PT también citó en su defensa la decisión no vinculante del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que pidió garantías para que el ex presidente pueda competir aun mientras esté en prisión. "El TSE no tiene autoridad para negar lo que dice un tratado internacional que Brasil firmó soberanamente", dijo al respecto Gleissi Hofffmann, titular del PT.

En su fallo, el Tribunal Superior Electoral no solamente deja a Lula fuera de la carrera presidencial: también impide su presencia en la propaganda electoral, tanto radial como televisiva en la campaña que se inició de manera formal este sábado. No obstante, el PT ya utilizó la imagen del antiguo dirigente sindical en un video publicado en las redes sociales.

"Vamos a defender a Lula en las calles, junto con el pueblo, porque él es el candidato de la esperanza",  aseguró el partido en el comunicado, dado que “la candidatura del compañero Lula es la respuesta del pueblo brasileño a los poderosos que usurparon el poder”. Para sus seguidores, “está por encima de las casuísticas, de las maniobras judiciales, de la persecución de los poderosos. Es con el pueblo y con Lula que vamos a luchar hasta el fin”. El texto se cierra con la consigna “’¡Lula libre!".

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Alberto Acosta: “La izquierda debe hacer una profunda autocrítica”

Crítico con los gobiernos progresistas, el expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador Alberto Acosta plantea una etapa de balance para América Latina, sin desdeñar variables como la corrupción y las prácticas autoritarias. Luego avizora una izquierda con nuevos componentes en la agenda como el feminismo y el medio ambiente.

En setiembre se cumplen diez años de vigencia de la nueva Constitución de Ecuador, ¿cuál es su balance?


Tenemos diez años de una Constitución que despertó muchas expectativas, tanto por su contenido como por la forma en que fue elaborada. Desde 1830 hemos tenido 21 constituciones. Todas fueron elaboradas por el sistema tradicional: desde los asambleístas y con una muy escasa participación ciudadana. Esta Constitución de Montecristi se caracterizó por una amplísima participación. Es la Constitución más ecuatoriana de todos los tiempos. En contenido, esta es una Constitución que sintetiza una suerte de proyecto de vida en común. Es una herramienta democrática para la construcción de una sociedad democrática.


¿Y cuánto se avanzó en economía social y solidaria?


A pesar de que esta Constitución fue defendida por el entonces presidente de la República (Correa), no ha sido puesta en práctica. La Constitución decía con claridad que el ser humano está sobre el capital. Correa se llenaba la boca hablando de que el ser humano está sobre el capital, pero, en su gobierno, terminó favoreciendo a los grandes grupos económicos. A Correa no le interesó nunca la nueva Constitución de Montecristi, fue una herramienta para concentrar el poder del caudillo.


Usted hace énfasis en la condición de caudillo de Rafael Correa. ¿Cuánto de esto hay también en otros gobiernos de izquierda, como Evo Morales o Cristina Kirchner o Lula?


A mí me preocupa mucho que los procesos progresistas, que en realidad no son procesos de izquierda, hayan consolidado las viejas formas y prácticas caudillistas. Esta ha sido una historia latinoamericana. Los caudillos latinoamericanos marcan la historia de todos nuestros países, con sus matices y características. Las historias están marcadas por figuras de caudillos y con insuficientes procesos de democratización. Esto se repite con los gobiernos progresistas. Es una de las explicaciones de por qué estos progresismos no pudieron avanzar. No profundizaron la democracia. Si a los progresismos tuviéramos algo que criticarles en el ámbito político es el debilitamiento de los movimientos sociales. Eso va a permitir ahora que el neoliberalismo recupere espacios con mucha más fuerza.


Estuvimos antes en una etapa de viraje hacia la izquierda en América Latina, ¿se ha culminado esa etapa?


Yo creo que sí. Hay varias explicaciones. Una explicación de fondo es que los gobiernos progresistas no intentaron afectar la matriz de acumulación capitalista. Y, dos, tampoco afectaron la modalidad de acumulación primario exportadora de nuestras economías. Todos los países de América Latina, con gobiernos liberales o neoliberales, o los progresistas, todos sin excepción, han profundizado la dependencia de sus economías del mercado mundial. Somos cada vez más dependientes de exportaciones de recursos primarios. Sean productos agrícolas, petróleo o minerales, al final son materia prima. Ha habido un proceso de desindustrialización y de reprimarización de nuestras economías.


¿Tampoco hubo experiencias de fondo en materia de diversificación productiva?


Seguimos siendo exportadores de materia prima. Los países lo único que hacen es vender productos primarios. No hemos sido capaces de diversificar nuestras exportaciones, ni siquiera de procesar de nuestras materias primas.


¿Qué futuro ve para la izquierda en los próximos quince o veinte años?


La izquierda, inclusive los progresismos, tienen que hacer un proceso profundo de autocrítica. Hay que analizar cuáles fueron los avances, si es que lo hay y, sobre todo, cuáles fueron los graves errores. Errores económicos, errores políticos, errores sociales, que impidieron las grandes transformaciones. Había expectativa, diagnósticos, propuestas, había constituciones como la del Ecuador, que pudo haber sido el marco referencial para una gran transformación.


¿Y qué piensa sobre el régimen de Venezuela?


Venezuela parecería estar en una interminable crisis terminal en el ámbito económico y político. Hay causas internas y también las presiones imperialistas. El imperio está haciendo su tarea para debilitar cualquier proceso que sea alternativo.


Pero Maduro tampoco ha hecho mayores esfuerzos para legitimarse…


Por eso digo: causas internas. Veamos los graves errores de Venezuela: Un país con tantos recursos económicos no ha sido capaz de resolver la demanda de los servicios sociales básicos. Eso no es un tema del imperialismo. Es un mal e irresponsable manejo. La consolidación de regímenes caudillescos y autoritarios es también una de las grandes explicaciones de esta realidad. Ese es uno de los grandes mensajes para la izquierda. Por eso tenemos que ser autocríticos.


Y en la autocrítica también está el tema de la corrupción que golpeó duro a la izquierda.


A todos. Y en el caso de la izquierda eso es intolerable. Porque gobiernos como el de Correa, que levantaron la tesis de una revolución ética y de lucha frontal contra la corrupción, terminaron embarrados en corrupción por los cuatro costados. Eso es terrible.


Y Brasil…


Brasil siguió con la lógica de su subimperialismo, con Odebrecht, que es un solo ejemplo; podríamos contar situaciones de Petrobras y otras realidades, porque Odebrecht no es el único caso. Eso, en gobiernos progresistas, es intolerable. La izquierda tiene que hacer una autocrítica y tiene que buscar la verdad cueste lo que cueste. Es preferible que se repliegue, que aprenda y, de ser el caso, desaprenda. Y si realmente busca transformar la sociedad, la izquierda debe partir por nuevos planteamientos básicos.


¿Como cuáles?


Una izquierda feminista, que enfrente el patriarcado; una izquierda ecologista, que garantice los derechos de la madre tierra; una izquierda socialista, que permita la equidad social, y una izquierda decolonial, que nos permita superar todos los atisbos de racismo, de exclusión y de marginación, que son una lacra de la sociedad en América Latina.

 

Por Wilber Huacasi
La República (Lima)

 

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Domingo, 26 Agosto 2018 09:29

La ONU en Brasil, señal de alerta

La ONU en Brasil, señal de alerta

Affirmanti incumbit probatio
(El que afirma algo debe probarlo,
máxima jurídica en desuso en Brasil.)

 

El silencio del grupo Globo decide más que cualquier juez en Brasil. La táctica ahora es no informar sobre temas que sean imposibles de sostener sin apelar a la mentira. Y es por eso que no hay muchas líneas sobre la reciente decisión de la ONU reivindicando los derechos políticos de Lula. También pasaron por alto los “golpes blancos en América latina” de los que alertó el Papa Francisco durante una visita de brasileños al Vaticano. Pero, in dubio a favor del sospechoso, podría pensarse que las cámaras de la emisora contrajeron algún tipo de virus el día en que el PT registró la candidatura de Lula a la Presidencia. Lograron hermosas imágenes laterales y dejaron fuera de plano a unas 30 mil personas.

Vamos a hablar francamente: no necesitamos profesores de Derecho Internacional para explicar que la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU vincula, obliga y genera responsabilidades al Estado brasileño y sus poderes. Y para quienes sientan alergia por el Derecho Internacional, quedémonos con lo que hay en casa. Tenemos leyes de sobra para garantizar los derechos políticos del candidato, leyes constitucionales ampliamente respaldadas por la legislación de fondo. Eso sin contar con los antecedentes históricos, la jurisprudencia y la vieja y buena “prudencia” de no dejar caer derechos irrenunciables.

La decisión de la ONU refleja la legislación brasileña. Sintoniza con los derechos y garantías constitucionales y con la tradición democrática y responsable del derecho electoral que, incluso en los baches de la ley que castiga a quien no tiene “ficha limpia”, es cuidadoso con el derecho-síntesis más importante de nuestro sistema político: el derecho de votar y ser votado.

La decisión de la ONU complementa lo que ya tenemos. Pero también es una señal de alerta para el caso de que alguna autoridad haya olvidado aplicar la ley en el curso de un proceso no justo. En ese caso, que la autoridad se calme y respete esos derechos que no por casualidad se llaman “fundamentales”. ¿Esa autoridad tuvo un mal día? ¿Le agarraron ganas de llamar al carcelero de la Policía Federal de Curitiba y exigir el incumplimiento de una orden judicial? Si sufre de ese modo, recuerde que la ONU lo tiene entre ojos. Recuerde que la ONU actúa por la voluntad que expresó el Estado brasileño en 2009, cuando a través de un decreto legislativo adhirió al mecanismo de fiscalización universal de derechos civiles y políticos, Por eso la decisión de la ONU es de cumplimiento obligatorio. Se trata de un inmenso “cúmplase” que tiene jurisdicción sobre la responsabilidad de todo el Estado brasileño y no sólo sobre la de un juez que cometió un delito aunque aún no haya sido expulsado de su puesto.

Perdón si utilizo el sarcasmo cuando vivimos en el límite de lo aceptable y hasta hay gente haciendo huelga de hambre para que otros no padezcan como consecuencia de la crisis total que vive nuestro país. Pero a veces, ante altas dosis de cinismo, la ironía puede ser útil para desnudar a los principales responsables del agravamiento de la crisis democrática y soberana.

A los ojos del mundo, Brasil se transformó, entre todos los intentos en curso en América Latina, en el caso más escandaloso de persecución mediático-judicial a un líder político. Escandaloso porque se les fue la mano, exageraron y provocaron una fuerte reacción popular e internacional. El proceso de combate a la corrupción, preparado para enmascarar la trama buscando una supuesta “legitimación por el procedimiento”, fue desenmascarado desde el origen del llamado Caso Lula. Lo hicieron tanto la defensa del ex Presidente como los juristas sabios que identificaron y denunciaron lawfare y acciones de excepción en el sistema de Justicia.

Hoy es transparente el vínculo entre el golpe jurídico-mediático-parlamentario contra Dilma Rousseff y el activismo jurídico-mediático contra Lula. Ambos son procesos paralelos y complementarios que atacaron la democracia no sólo porque están en juego las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2018: también revelaron los límites dramáticos del modelo. Resulta que ahora, si se ata todo bien, incluyendo a los supremos, es posible derrocar presidentes o encarcelar candidatos para evitar la coronación de la democracia. Pero se olvidaron, entre tantas otras cosas, de una: los expertos de la ONU.

En los encuentros que hemos tenido con juristas y cientistas políticos de otros países, queda claro cuál es el mensaje que está transmitiendo el caso brasileño: un alerta para todos los países que viven la ilusión del acuerdo posible entre los valores liberales del (neo) constitucionalismo y los derechos de los pueblos históricamente despreciados. En el momento oportuno, cuando el mandamiento del (neo) contractualismo se resume en “no pactar con la democracia” –racionalidad posdemocrática– los elitismos, incluyendo el elitismo judicial, se levantan y castigan a los de abajo. Es en ese punto donde tendremos que enmarcar cualquier proyecto de reforma del Poder Judicial que se precie. Pero todavía es un asunto del futuro. Ahora, celebremos a la ONU.

La cautelar de las Naciones Unidas es muy buena para la resistencia democrática, ya que somos conscientes de que se trata de un punto de acumulación para fortalecernos y seguir. Como ya no creemos en la justicia, acompañemos así sea por diversión la decisión del ministro Luis Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal, cuando él arbitra la prohibición de los derechos inalienables de Lula a pesar de la decisión-espejo de la ONU. Barroso se va a comportar con la ONU como si fuera Cabo Daciolo, el bombero que es candidato del Partido Patriota, de ultraderecha y se tomó en serio el invento de la URSAL, una supuesta búsqueda de formar la Unión de Repúblicas Socialistas de América Latina. Podrían formar un coro con Jair Bolsonaro, que considera a la ONU una guarida de comunistas.

En tren de imaginar la embarazosa situación que viven hoy los perpetradores del golpe y los que tienen en las manos el destino futuro –el destino del reclamo de “Lula libre” y el futuro de sus propias biografías– podría pensarse qué harían si pudiesen volver atrás en el tiempo. Quizás pondrían un poco más de cuidado. Quién sabe si no hubieran elegido un juez menos inquisitorial. Un ministerio público menos basado en un Power Point. Camaristas menos apresurados. Ministros de la Corte Suprema menos vanidosos. Grandes medios que, cuando engañan, lo hacen con algo de pudor. Hubieran aplastado al pueblo hasta el punto en que lo hicieron, naturalmente. Pero con elegancia.

 

* Abogada y doctora en Derecho. Profesora de Derecho Internacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Integrante de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, ABJD.

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Viernes, 24 Agosto 2018 08:26

Una campaña por los márgenes

Una campaña por los márgenes

A una nueva consulta electoral se cita a la sociedad colombiana. En esta ocasión, el tema es el de la corrupción y la fecha el 26 de agosto.

 

La campaña por lograr la aprobación para esta consulta fue desplegada a lo largo de varios meses durante el año 2017, y tuvo como promotoras a las congresistas Angélica Lozano y Claudia López, con el apoyo del Partido Verde y la vitalidad de miles de impulsores que por las calles de todas las ciudades del país recogieron los millones de firmas necesarias para lograr su aval por parte del Congreso.

 

La firmeza, la vitalidad y el ardor reinantes en este período de la consulta no se sienten ahora. Es una convicción que ahora parece inexistente, faltante que resulta evidente para el conjunto social, sin que se vea mayor interés por lo que pueda suceder con esta citación. De parte del establecimiento, en especial del presidente Iván Duque, que en su momento avaló esta iniciativa, tampoco se siente compromiso alguno.

 

Es un aire frío, tal vez templado, el que desprenden los actores políticos, renovados o tradicionales, el cual no alcanza para inyectar en la sociedad colombiana la necesaria energía que permita propiciar su movilización, para romper la pasividad e intentar la ruptura de la desconfianza reinante frente a la política tradicional, a todo aquello que proviene del Congreso, la Presidencia y otros órganos e instancias del poder.

 

Es un aire falto de altas temperaturas, que, además, tropieza con la ausencia de una lectura y una explicación de fondo sobre la razón de la creciente corrupción, la misma que copa al establecimiento colombiano con el hurto de 50 billones de pesos anuales, como también sucede con todos los gobiernos de la región y de otras regiones, casi sin excepción, cuyo dinero rellena las cuentas bancarias –los Panama Papers y similares– de estos personajes y de sus encubridores.

 

Es una realidad de desfalco de lo público que alimentan las multinacionales, como actoras de primer orden, y los empresarios locales de distinto nivel, aceitando votos en variados espacios legislativos con millones de dólares para lograr uno u otro contrato, u ocultando los daños ambientales que causan con las materias primas que producen sus empresas (como la Volkswagen y otras fabricantes de carros, que esconden o tergiversan los reales niveles de contaminación que producen sus motores), o pagándoles a medios de comunicación globales y locales para que desinformen sobre los resultados que arrojan los estudios sobre calidad de vida, organismos genéticamente modificados, consecuencias acarreadas sobre los seres humanos, los animales y naturaleza en general por el uso de tóxicos como el glifosato. Igualmente, se velan los reales grados de desigualdad social que padecemos como nación, además del impacto y las consecuencias de la explotación diaria a que están sometidas las mayorías, como las razones y efectos de las guerras, así como el comercio con mujeres y hombres, la pedofilia, y otros muchos males y perversiones alimentadas por el poder.

 

La denuncia y la campaña en contra de la corrupción, sin explicaciones estructurales, es lo que tal vez les permite pensar a muchos que, así voten y se gane la consulta, todo seguirá igual. Razón, con razones: la sociedad colombiana está afectada, tal vez derrotada, por un sistema que le ha mentido una y otra vez, engañándola una y otra vez, con trampas una y otra vez, asesinándola una y otra vez, sembrando sobre el piso de la misma una estela de desconfianza difícil de superar. De ahí que una campaña por esta consulta, sin la energía necesaria, sin el calor para transmitir convicción y orden de ‘batalla’, con la vista puesta más allá de la propia consulta, en una disputa de mediano y largo plazo contra el motor de la multiplicación del fenómeno de la corrupción, difícilmente saldrá airosa.

 

Estamos así ante lo impensable: la pérdida de una consulta que en cualquier otro escenario internacional debiera fluir con toda fortaleza, sin necesidad de campaña alguna. Tal derrota, de suceder así, desnudará a nuestra sociedad como la más incomprensible de nuestra subregión y del mundo entero: no votar mayoritariamente contra la corrupción, como tampoco lo realizó contra la guerra. Si ocurre esto, ello significará un grande golpe para la autoestima de los movimientos sociales, con un mayor enconchamiento de los mismos.

 

Sin embargo, la campaña debiera ser espontánea, de conciencia, claro, siempre y cuando estuviéramos en una sociedad politizada, Pero una de las cosechas sembradas en el país por el sistema político durante las últimas décadas es la despolitización y el desinterés por lo público, incluso una siembra mucho más profunda, de apatía por lo público.

 

Tales consecuencias de desinterés y apatía se conjugan con el miedo, pues el mensaje cotidiano desde el poder es claro: quien crítica, quien denuncia, quien se interpone en los caminos del poder es reseñado de manera ilegal y enlistado dentro de los objetivos por ser “sacados del camino”. Es la barbaridad del poder que realmente existe en Colombia, uno que no admite razones ni abre vías para la participación libre y desprevenida de los millones que habitan este territorio.

 

Estamos ante un poder, concentrado en la Casa de Nariño y los partidos que lo sostienen, que en lo referente a esta consulta actúa como el bifronte: por un lado, le dice sí a la consulta anticorrupción –para no cargar los costos de la opinión pública al rechazarla–, pero, por el otro, de manera más o menos subrepticia actúa por vía contraria, para sabotearla, bloqueando de esta manera a los partidos que dicen ser sus impulsores pero que no actúan con agallas. Y para ganarse los aplausos por impulsar normas anticorrupción, las cuales, igual que las resumidas en las siete preguntas por las cuales los connacionales debieran votar masivamente el 26 de agosto, ya radicó como proyectos de ley en el Congreso Nacional.

 

Y así procede porque, como artistas del poder, como dice el refranero popular, “hecha la ley, hecha la trampa”. Es decir, saben, y así permite decirlo la existente Ley anticorrupción, como el Convenio firmado sobre el particular ante las Naciones Unidas, que el problema no es de normas sino estructural. El núcleo de esta realidad radica en un sistema que arrasó lo público, y el interés y el amor que pudiera sobrevivir con la existencia de bienes estratégicos al servicio de todos los retoños de un mismo territorio.

 

Es decir, sin un Estado que propicie el respeto y amor por lo público, sin un sentido de lo común, sin un referente de futuro que valga la pena –para una inmensa mayoría ya no hay utopía alguna que despierte acciones y comportamientos altruistas ni éticos–, entonces, ¿por qué y para qué defender y proteger los dineros que no son de nadie a pesar de ser de todos?

 

Es decir –y aquí hay que hacer énfasis–, la importancia de la consulta por desarrollarse el domingo 26 de agosto es que nos permite visualizar y comprender el neoliberalismo en su real dimensión y sus consecuencias, lo mismo que a sus promotores y defensores, como autores intelectuales y propiciadores de la realidad de la corrupción; como la cúspide de la misma. Éstos, con las normas tramitadas durante décadas en el Congreso colombiano, con las leyes que arrasaron el derecho a la salud, la educación y los servicios públicos para todos, y que ahondaron el despliegue de una economía que arroja beneficios cada vez para menos personas, como otras que hacen cada vez más difícil que la tierra sea “para quien la trabaja”. Son leyes y normas que cada vez ahogan con más impuestos o mayores tasas impositivas a quienes viven del trabajo diario, al tiempo que desmontan obligaciones para quienes amasan más riqueza, todo ello como parte de una realidad que ahora algunos denuncian y otros dicen también desaprobar: la corrupción.

 

Contra esa realidad neoliberal, con todos sus matices, quienes habitamos en Colombia debemos salir a votar el 26 de agosto. Claro que la consulta no pregunta por ello, y esa es una de las razones profundas de lo limitado de la misma; esa es la razón por la cual cualquiera puede aprobarla, pues en realidad no va más allá de la normatividad ya existente y que saben cómo burlar quienes hacen parte del establecimiento. La consulta, contrariamente a lo expresado en sus siete preguntas, contrariamente a su apariencia, no ataca al sistema socio-económico ni a sus defensores, dejándolos aparentar lo que no son y lograr que las cosas sigan como han sido hasta ahora.

 

Entonces, con la puja que se escenificará en tan pocos días, deberá empezar una disputa abierta y total contra el neoliberalismo, mal de males, levantando como indicador de una batalla frontal las banderas de otra sociedad posible, donde la democracia deje de ser formal y en verdad sea directa, radical, refrendataria.

 

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