Consulta anticorrupción. Avancemos hacia un modelo integral de vida
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4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía

¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? Sí (  ) No (  )

xx]

 

Toda participación, directa y decisiva del conjunto social sobre aspectos que competan a su vida, inmediata o mediata, es bienvenida, ese es uno de los conductos para salir de la democracia formal y transcender a la directa, radical y plebiscitaria.

 

Aquí la cuestión fundamental es que la participación sea para decidir y no solo para que escuchen la opinión de la ciudadanía, la cual finalmente queda como eso, una opinión. Es decir, llenar auditorios para que diligencien planillas de asistencia, como sucedía con los llamados Presupuestos participativos, sesiones en las cuales la gente decidía pero sobre cuestiones menores (la pavimentación de una calle, la construcción de una cancha para algún deporte, la dotación de una centro de salud de primer nivel y cosas semejantes), y cuando se quería avanzar sobre lo fundamental (el carácter del sistema de transporte de la ciudad, la construcción de un centro de salud de tercer nivel, el manejo de la Empresa de teléfonos de la ciudad –para el caso de Bogotá– o de las Empresas públicas –para el caso de Medellín), la observación era inmediata: “sobre eso no es posible discutir”, claro, mucho menos decidir.

Entonces, en esta ocasión debe avanzarse de la opinión a la decisión, y para que así sea, para que la sociedad sea quien decida, las instancias que tienen la información sobre los asuntos de Estado, sobre cada una de sus ramas, ministerios, departamentos descentralizados, institutos de diversa índole, etcétera, deberán garantizar la entrega de la información pertinente en el tiempo adecuado, de manera que quien decida concurrir a las audiencias que se abran para operativizar lo aquí votado en verdad puedan opinar, proponer y votar con real conocimiento de estos temas.

Conocer las entrañas del Estado es fundamental para poder comprender cómo funciona esta máquina, para visualizar la manera cómo absorbe el producto del trabajo de millones de personas a través de impuestos directos e indirectos, clavando a unos –a quienes menos poder tienen– y exonerando a otros –a quienes controlan las riendas del poder–, destinando finalmente lo recogido, de manera prioritaria, para todo aquello que le conviene a los grupos de poder que lo controlan, entre los cuales no están solamente los grupos nacionales sino también los internacionales.

Bien, pero una cosa es decidir sobre el presupuesto de inversión del país o de las ciudades o departamentos principales que, como es conocido, cuentan con presupuestos dignos de tal nombre, pero otra muy distinta es hacerlo en municipios quebrados, como la mayoría de los más de mil que integran el territorio nacional. En estos, que viven con pequeños tributos locales que no dan más que para garantizar el funcionamiento de una u otra dependencia municipal, así como de los aportes descentralizados provenientes de la Nación, y con los cuales opera la poca o mucha burocracia que integra cada una de estas instancias, poco, muy poco, es lo que la ciudadanía puede debatir, reflexionar, proyectar, orientar, quedando, fácilmente, sometida a un discurso de resignación o de que apruebe el pago de intereses o de los diversos empréstitos que ahogan las arcas respectivas.

En este caso, entonces, la participación sería instrumentalizada para paralizar aún más la inversión con propósito social y garantía de diversos derechos humanos, y priorizar los compromisos con el sector financiero. Toda una instrumentalización de la participación directa de la gente.

Ante esta realidad, ante la evidencia de que los municipios colombianos en su mayoría están quebrados por la ausencia de un modelo integral de vida (para no aludir al mal llamado desarrollo), los movimientos sociales colombianos deben avanzar en la vía de estimular la movilización social para construir tal modelo integral de vida, nacional y con sus particularidades departamentales y municipales, soportado sobre ejes tales como medio ambiente, soberanía alimentaria y económica, integración ciudad-campo, paz justa y derechos humanos –en toda la extensión de la palabra, no solamente vida/muerte–.

En tal perspectiva, estos movimientos sociales están ante la posibilidad de discutir y decidir un conjunto de medidas por tomar con urgencia y por decreto extraordinario en el plano nacional, un plan humano para los de abajo, a partir del cual elevar la autoestima del conjunto social, en su mayoría ajeno a los beneficios de un Estado que llegare a tener rostro humano, medidas urgentes, tales como: trabajo digno, estable y bien remunerado para todos y todas, acceso a techo para todas las familias, servicios públicos para todos y todas, con garantía de mínimos vitales, esto en una primera instancia, para avanzar de manera ininterrumpida hacia el acceso gratuito de todos y todas a los mismos, implementando a la par planes municipales y regionales para el cuidado, protección y recuperación de bosques nativos, reforestación, manejo de cuencas, etcétera, para así garantizar agua para el conjunto nacional, a la par de energía. Acceso a salud, en todos sus niveles, de manera gratuita y universal. El transporte, también, deberá ser de verdad público y colectivo, reorganizando las prioridades existentes en las ciudades para la movilidad, potenciando por esta vía el uso de lo colectivo y desestimulando el uso de los vehículos privados.

En referencia a la planeación nacional, y como avance hacia un Estado dotado de unos ingresos suficientes para poder financiar los gastos derivados de un verdadero Estado garante de los derechos humanos y que procure la felicidad de los suyos, abrir el debate sobre la privatización sufrida de todo aquello que era público y rentable, para reestatizarlo, pero más que ello, para garantizar que pase a ser común.

En fin, la opción que abre este punto de la consulta, que deberá votarse de manera positiva, es amplia, y le permitiría a la sociedad colombiana empezar a transitar el camino de lo formal a lo real. Pero esto depende de los actores sociales, que con visión propositiva y de futuro, con un pie en el presente, tienen que empezar a proponer y actuar.

 

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Publicado enColombia
Jueves, 23 Agosto 2018 16:27

Una campaña por los márgenes

Una campaña por los márgenes

A una nueva consulta electoral se cita a la sociedad colombiana. En esta ocasión, el tema es el de la corrupción y la fecha el 26 de agosto.

 

La campaña por lograr la aprobación para esta consulta fue desplegada a lo largo de varios meses durante el año 2017, y tuvo como promotoras a las congresistas Angélica Lozano y Claudia López, con el apoyo del Partido Verde y la vitalidad de miles de impulsores que por las calles de todas las ciudades del país recogieron los millones de firmas necesarias para lograr su aval por parte del Congreso.

 

La firmeza, la vitalidad y el ardor reinantes en este período de la consulta no se sienten ahora. Es una convicción que ahora parece inexistente, faltante que resulta evidente para el conjunto social, sin que se vea mayor interés por lo que pueda suceder con esta citación. De parte del establecimiento, en especial del presidente Iván Duque, que en su momento avaló esta iniciativa, tampoco se siente compromiso alguno.

 

Es un aire frío, tal vez templado, el que desprenden los actores políticos, renovados o tradicionales, el cual no alcanza para inyectar en la sociedad colombiana la necesaria energía que permita propiciar su movilización, para romper la pasividad e intentar la ruptura de la desconfianza reinante frente a la política tradicional, a todo aquello que proviene del Congreso, la Presidencia y otros órganos e instancias del poder.

 

Es un aire falto de altas temperaturas, que, además, tropieza con la ausencia de una lectura y una explicación de fondo sobre la razón de la creciente corrupción, la misma que copa al establecimiento colombiano con el hurto de 50 billones de pesos anuales, como también sucede con todos los gobiernos de la región y de otras regiones, casi sin excepción, cuyo dinero rellena las cuentas bancarias –los Panama Papers y similares– de estos personajes y de sus encubridores.

 

Es una realidad de desfalco de lo público que alimentan las multinacionales, como actoras de primer orden, y los empresarios locales de distinto nivel, aceitando votos en variados espacios legislativos con millones de dólares para lograr uno u otro contrato, u ocultando los daños ambientales que causan con las materias primas que producen sus empresas (como la Volkswagen y otras fabricantes de carros, que esconden o tergiversan los reales niveles de contaminación que producen sus motores), o pagándoles a medios de comunicación globales y locales para que desinformen sobre los resultados que arrojan los estudios sobre calidad de vida, organismos genéticamente modificados, consecuencias acarreadas sobre los seres humanos, los animales y naturaleza en general por el uso de tóxicos como el glifosato. Igualmente, se velan los reales grados de desigualdad social que padecemos como nación, además del impacto y las consecuencias de la explotación diaria a que están sometidas las mayorías, como las razones y efectos de las guerras, así como el comercio con mujeres y hombres, la pedofilia, y otros muchos males y perversiones alimentadas por el poder.

 

La denuncia y la campaña en contra de la corrupción, sin explicaciones estructurales, es lo que tal vez les permite pensar a muchos que, así voten y se gane la consulta, todo seguirá igual. Razón, con razones: la sociedad colombiana está afectada, tal vez derrotada, por un sistema que le ha mentido una y otra vez, engañándola una y otra vez, con trampas una y otra vez, asesinándola una y otra vez, sembrando sobre el piso de la misma una estela de desconfianza difícil de superar. De ahí que una campaña por esta consulta, sin la energía necesaria, sin el calor para transmitir convicción y orden de ‘batalla’, con la vista puesta más allá de la propia consulta, en una disputa de mediano y largo plazo contra el motor de la multiplicación del fenómeno de la corrupción, difícilmente saldrá airosa.

 

Estamos así ante lo impensable: la pérdida de una consulta que en cualquier otro escenario internacional debiera fluir con toda fortaleza, sin necesidad de campaña alguna. Tal derrota, de suceder así, desnudará a nuestra sociedad como la más incomprensible de nuestra subregión y del mundo entero: no votar mayoritariamente contra la corrupción, como tampoco lo realizó contra la guerra. Si ocurre esto, ello significará un grande golpe para la autoestima de los movimientos sociales, con un mayor enconchamiento de los mismos.

 

Sin embargo, la campaña debiera ser espontánea, de conciencia, claro, siempre y cuando estuviéramos en una sociedad politizada, Pero una de las cosechas sembradas en el país por el sistema político durante las últimas décadas es la despolitización y el desinterés por lo público, incluso una siembra mucho más profunda, de apatía por lo público.

 

Tales consecuencias de desinterés y apatía se conjugan con el miedo, pues el mensaje cotidiano desde el poder es claro: quien crítica, quien denuncia, quien se interpone en los caminos del poder es reseñado de manera ilegal y enlistado dentro de los objetivos por ser “sacados del camino”. Es la barbaridad del poder que realmente existe en Colombia, uno que no admite razones ni abre vías para la participación libre y desprevenida de los millones que habitan este territorio.

 

Estamos ante un poder, concentrado en la Casa de Nariño y los partidos que lo sostienen, que en lo referente a esta consulta actúa como el bifronte: por un lado, le dice sí a la consulta anticorrupción –para no cargar los costos de la opinión pública al rechazarla–, pero, por el otro, de manera más o menos subrepticia actúa por vía contraria, para sabotearla, bloqueando de esta manera a los partidos que dicen ser sus impulsores pero que no actúan con agallas. Y para ganarse los aplausos por impulsar normas anticorrupción, las cuales, igual que las resumidas en las siete preguntas por las cuales los connacionales debieran votar masivamente el 26 de agosto, ya radicó como proyectos de ley en el Congreso Nacional.

 

Y así procede porque, como artistas del poder, como dice el refranero popular, “hecha la ley, hecha la trampa”. Es decir, saben, y así permite decirlo la existente Ley anticorrupción, como el Convenio firmado sobre el particular ante las Naciones Unidas, que el problema no es de normas sino estructural. El núcleo de esta realidad radica en un sistema que arrasó lo público, y el interés y el amor que pudiera sobrevivir con la existencia de bienes estratégicos al servicio de todos los retoños de un mismo territorio.

 

Es decir, sin un Estado que propicie el respeto y amor por lo público, sin un sentido de lo común, sin un referente de futuro que valga la pena –para una inmensa mayoría ya no hay utopía alguna que despierte acciones y comportamientos altruistas ni éticos–, entonces, ¿por qué y para qué defender y proteger los dineros que no son de nadie a pesar de ser de todos?

 

Es decir –y aquí hay que hacer énfasis–, la importancia de la consulta por desarrollarse el domingo 26 de agosto es que nos permite visualizar y comprender el neoliberalismo en su real dimensión y sus consecuencias, lo mismo que a sus promotores y defensores, como autores intelectuales y propiciadores de la realidad de la corrupción; como la cúspide de la misma. Éstos, con las normas tramitadas durante décadas en el Congreso colombiano, con las leyes que arrasaron el derecho a la salud, la educación y los servicios públicos para todos, y que ahondaron el despliegue de una economía que arroja beneficios cada vez para menos personas, como otras que hacen cada vez más difícil que la tierra sea “para quien la trabaja”. Son leyes y normas que cada vez ahogan con más impuestos o mayores tasas impositivas a quienes viven del trabajo diario, al tiempo que desmontan obligaciones para quienes amasan más riqueza, todo ello como parte de una realidad que ahora algunos denuncian y otros dicen también desaprobar: la corrupción.

 

Contra esa realidad neoliberal, con todos sus matices, quienes habitamos en Colombia debemos salir a votar el 26 de agosto. Claro que la consulta no pregunta por ello, y esa es una de las razones profundas de lo limitado de la misma; esa es la razón por la cual cualquiera puede aprobarla, pues en realidad no va más allá de la normatividad ya existente y que saben cómo burlar quienes hacen parte del establecimiento. La consulta, contrariamente a lo expresado en sus siete preguntas, contrariamente a su apariencia, no ataca al sistema socio-económico ni a sus defensores, dejándolos aparentar lo que no son y lograr que las cosas sigan como han sido hasta ahora.

 

Entonces, con la puja que se escenificará en tan pocos días, deberá empezar una disputa abierta y total contra el neoliberalismo, mal de males, levantando como indicador de una batalla frontal las banderas de otra sociedad posible, donde la democracia deje de ser formal y en verdad sea directa, radical, refrendataria.

 

Publicado enEdición Nº249
Consulta anticorrupción:  ¿una nueva normatividad vacía?

“en mi opinión, la corrupción no es una enfermedad del capitalismo, sino un síntoma de una enfermedad: el capitalismo”. 

José María Tortosa

 

Las cifras han hecho de ella un tema diario. También su manipulación por parte del poder de todo tipo. No hay día donde no aparezca alguna noticia que la relacione. Es tal su impacto que ha terminado por traducirse en una realidad posible de ver a diario en cualquier escala de la vida social, y olerse en los pasillos de cualquier institución del Estado, como también en las grandes instituciones-empresas privadas de carácter nacional o internacional.

 

Es claro, aludimos a la corrupción.

 

Para enfrentarla, y supuestamente superarla, algunos políticos proponen realizar normas y leyes que hagan entrar en razón –por miedo a las penas– a quienes han hecho de ella vehículo de acumulación individual o grupal, y para que la ética que debe prevalecer en la defensa y cuidado de lo púbico gane el espacio que requiere la defensa y cuidado de lo público.

 

En tal ruta, el próximo 26 de agosto tendrá lugar en nuestro país un intento para enfrentar este problema a través de las urnas, para que nuestros connacionales aprueben o derogarán siete preguntas que componen la consulta anticorrupción (Ver recuadro). Algunas dudas deja este proceder: ¿la corrupción es un tema únicamente del Estado y específicamente de la rama legislativa? ¿será suficiente con una nueva ley o un nuevo decreto para enfrentar este problema?, o, simplemente ¿se están aplicando paños de agua tibia para afrontar una problemática estructural?

 

Imagen de un sistema social

 

No es nuevo, aunque con el neoliberalismo sí alcanzó niveles hasta antes desconocidos. El tema de la corrupción no es especifico de países periféricos, de “culturas o sociedades corruptas” o “proclives a corromperse”, por el contrario, es un fenómeno que podría decirse hace parte de la globalización y de la financiarización de la economía mundo, con las cuales los bienes públicos –en realidad todo el Estado– se rifan y ponen al servicio de fines privados, los mismos que utilizan diferentes estrategias para negociar, ocultar, silenciar y pasar desapercibidos, generando así una frustración generalizada para quienes intentan denunciar esta práctica*. Al funcionar dentro de esta lógica, ahora sabemos que “La base que alimenta y potencia la corrupción es la oferta y la demanda, es decir, el principio básico del mercado capitalista”1.


Un síntoma planetario que no se detiene con normas y leyes

 

No es de países “subdesarrollados”. En el 2014 el exprimer ministro de Portugal José Sócrates fue detenido por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción, de igual manera se sindicaron a los directores de múltiples bancos. En Italia, en el 2015, fue condenado Silvio Berlusconi por sobornar senadores para beneficiarse políticamente. En 2016 los casos estallaron en España, donde 37 empresarios y políticos afines al Partido Popular fueron llevados a juicio que sentenció la relación entre unos y otros para propiciar negocios individuales que también generaban comisiones para su partido. Algunos de ellos fueron condenados en el 2018 a varios años de cárcel.

 

Tampoco es de países “desarrollados”. En los últimos años diferentes escándalos estallaron en nuestra región, resaltando en todos ellos políticos de primer orden. Es paradigmático el caso de Perú, donde varios expresidentes –Fujimori, García, Humala, Toledo– terminaron vinculados a casos de corrupción hasta el punto de ser capturados y puestos tras las rejas –Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar a su cargo en marzo del presente año por corrupto–. De igual manera, están empapelados o presos, Funes en El Salvador, Martinelli en Panamá, Colom en Guatemala, Lula en Brasil; en el ojo del huracán también está Juan Manuel Santos en Colombia, cuyo tesorero durante las campañas presidenciales ha terminado por expiar culpas que no son solo suyas.

 

Pero tampoco es una problemática que solo afecta a los estados nacionales. Desde el 2016 el caso Odebrecht trasluce la corrupción existente entre empresarios y políticos de diferentes países del mundo –Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela–. Asímismo los famosos Papeles de Panamá, con los cuales queda claro que diferentes políticos empresarios y personalidades de la farándula internacional ocultaban sus fortunas, propiedades y cuentas en los llamados paraísos fiscales, para evadir impuestos. Todo esto sucede bajo la lupa y normatividad de tratados contra la corrupción.

 

Desde el 2003 las Naciones Unidas aprobaron la Convención contra la corrupción. Antes en 1997 se aprobó la Convención Interamericana contra la corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, aprobada por la Ocde. Asimismo, hay que tener en cuenta que cada país tiene diferentes normatividades para enfrentar esta práctica, por ejemplo, Colombia cuenta con la Ley 1778 de 2016 y el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/11).

 

Así las cosas, lo que queda claro es que el problema de la corrupción efectivamente no es un problema de normas o leyes, es un problema estructural que tiene que ver con el funcionamiento económico contemporáneo: el neoliberalismo, que busca a toda costa poner en venta lo público4.

 

La consulta del 26 de agosto

 

A propósito de esta realidad del capital internacional y de sus formas de dominio y control social logradas y cada vez renovadas y profundizadas, en la historia reciente del país nombres como Proceso 8.000, Dragacol, Agro Ingreso Seguros, Reficar, Interbolsa, Avenida 26, Ruta del sol II, Saludcoop, y otros muchas, han tenido su cuarto de hora. Algunos de los empresarios y políticos que los han protagonizado han terminado presos.

 

De igual manera suenan carruseles: Carrusel de la contratación, Carrusel de las cirugías plásticas. Así como también carteles: Cartel de la toga, Cartel de la paz, Cartel de los abuelos, Cartel de la chatarrización. Como comunidades de la corrupción: Comunidad del anillo. Casos que se investigan y se quedan en el olvido, pues pareciera que Colombia está condenada a la desmemoria.

 

Cansadas de esto –¿o con intenciones políticas individuales?– la senadora Angélica Lozano y Claudia López –quien para ese momento también desempeñaba igual rango–, impulsaron la consulta anticorrupción, poniendo en la palestra pública el desfalco de los recursos de los colombianos que anualmente –según la Contraloría Nacional– representa casi 50 billones de pesos, los mismos que terminan en los bolsillos de empresarios y políticos de diferentes partidos e ideologías.

 

La consulta que recogió casi 4’500.000 firmas entre enero y julio del año pasado, fue aprobada por unanimidad en la plenaria del Senado del 5 de junio de 2018. Para su realización en todo el país la Registraduría deberá disponer de $280 mil millones de pesos; para ser aprobada debe participar por lo menos el 30 por ciento del censo electoral vigente –casi 12 millones de connacionales.


Lo curioso de la consulta –que resulta grotesco– es que a ella se integrarán para su aprobación todos los partidos tradicionales del país, y también harán alarde de pulcros los grandes empresarios nacionales –los mismos que han amasado para sus particulares fines los bienes públicos, los mismos que antes era de todos y todas. Como podrá recordarse el hoy Presidente elector Iván Duque firmó en su momento a favor de tal convocatoria y, sin duda, hará de esta causa una bandera que la desnaturalizará.

 

Este es un riesgo que ahora tiene esta iniciativa política, la cual está obligada a ligarse en la lucha contra el neoliberalismo si de verdad sus impulsoras no quieren terminar por ser útiles al sistema que dicen confrontar.

 

Esta es una realidad que no puede negarse. La otra es que la misma dificultad de reunir la cantidad de votos que requiere –y el temor de cargar con el peso de una derrota, mucho más cuando falta menos de un año para las elecciones regionales– a terminado por silenciar u ocupar un lugar secundario en esta coyuntura, a diversos líderes de la amplia gama de lo comprendido como izquierda, actuación que amplía el riesgo del resultado final que obtenga la consulta.

 

El movimiento social, corrupción y consulta

 

Resulta extraño que hasta el momento los diferentes sectores progresistas y alternativos no han generado un distanciamiento que los diferencie de los partidos tradicionales que participarán en la consulta, por el contrario han tomado las banderas de votar 7 veces si en la consulta.

 

De esta manera. el papel de los movimientos sociales y sectores alternativos de nuevo queda embolsado en el marco de la agenda institucional, siguiendo sus coyunturas sin distanciarse y problematizarlas.

 

Actuando a la sombra del establecimiento, se calla o poco se enfatiza en la relación entre corrupción y la fase actual del sistema capitalista, lo que extiende una nebulosa en el conjunto social sobre el origen, razón de ser y beneficiarios de la corrupción.

 

La corrupción: un problema de democracia

 

Queda claro que todos estos casos de corrupción se presentan principalmente en un modelo “democrático” liberal, donde la participación de la gente simplemente es necesaria para las votaciones parlamentarias o presidenciales. Un modelo político donde la democracia queda enmarcada únicamente a lo político representativo, dejando de lado las discusiones que tienen que ver con lo esencial de la vida diaria, y con la misma toma de decisiones que nos afectan a todos como, por ejemplo, la venta o privatización de bienes públicos estratégicos, lo cual es esencial a la vista de Alberto Acosta, quien dice que “los estados menos proclives a la corrupción son aquellos con mayores niveles de democracia, es decir, con mayor transparencia y participación ciudadana además de una bastante adecuada distribución de la riqueza y el ingreso”5.

 

Un reto para todo el conjunto nacional que debe trascender lo formal de una consulta, pues más allá de lo formal está una nueva forma de concretar la política, una donde la gente pida cuentas públicas a quienes eligieron, donde los políticos empiecen a entender que su papel es el de servir a los demás y no servirse a sí mismo. Un reto que implica pasar de ser simples ciudadanos –un número en una tarjeta de identidad o cédula, o en el carnet del Sisben– a ser sujetos activos de nuestra vida cotidiana. Un reto donde hombres o mujeres, adultos, jóvenes, viejos, se movilicen por un país donde lo público –lo colectivo– sea sagrado, y donde la democracia gane el carisma de ser el conducto para fortalecer eso mismo que el neoliberalismo se ha esforzado por desprestigiar, hasta llevar a la gente a la total indiferencia, lo público, que en realidad es el camino para hacer efectiva la existencia de vida digna y plena para todos y todas.

 

* La corrupción no es simplemente un tema netamente económico –fiscal, comercial, financiero– es un tema político y social, ampliado a múltiples temas, como: negocios de armas, tráfico de migrantes, turismo sexual, trata de personas, deportes, obras públicas, entre otros.
1 Ver: La corrupción del poder, Le Monde diplomatique edición Colombia, número 163. https://www.desdeabajo.info/colombia/item/32424-la-corrupcion-del-poder.html
2 Tortosa, José María., Corrupción, edición corregida y aumentada. Barcelona, Icaria editorial, s.a. 2013. p. 16.
3 Ibid. p. 54.
4 Ver: Contra la corrupción: Plebiscito más condena social, Le Monde diplomatique edición Colombia, número 179.
5 Tortosa, José María., Corrupción, edición corregida y aumentada. Barcelona, Icaria editorial, s.a. 2013. pp. 9-10.

 

Artículos consultados

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/alfonso-gomez-mendez/para-que-la-consulta-anticorrupcion-238858
https://www.elespectador.com/noticias/politica/listo-el-decreto-para-la-consulta-anticorrupcion-articulo-795405
https://www.las2orillas.co/no-voto-la-consulta-anticorrupcion/

 


 

Recuadro

 

Las 7 preguntas

 

Pregunta 1. Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del estado
¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes-SMLMV, fijando un tope de 25 SMLMV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política? SI ( ) NO ( )

 

Pregunta 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el estado
¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?
SI ( ) NO ( )

 

Pregunta 3. Contratación transparente obligatoria en todo el país
¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos? SI ( ) NO ( )


Pregunta 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía
¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? SI ( ) NO( )

 

Pregunta 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión
¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos? SI ( ) NO ( )

 

Pregunta 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio
¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo; incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho? SI ( ) NO ( )

 

Pregunta 7. No más atornillados en el poder: máximo 3 períodos en corporaciones públicas
¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales? SI ( ) NO ( )

Publicado enEdición Nº249
Consulta anticorrupción: ¿una nueva normatividad vacía?

“en mi opinión, la corrupción no es una enfermedad del capitalismo, sino un síntoma de una enfermedad: el capitalismo”. 

 

José María Tortosa

 

 

Las cifras han hecho de ella un tema diario. También su manipulación por parte del poder de todo tipo. No hay día donde no aparezca alguna noticia que la relacione. Es tal su impacto que ha terminado por traducirse en una realidad posible de ver a diario en cualquier escala de la vida social, y olerse en los pasillos de cualquier institución del Estado, como también en las grandes instituciones-empresas privadas de carácter nacional o internacional.

Es claro, aludimos a la corrupción.

Para enfrentarla, y supuestamente superarla, algunos políticos proponen realizar normas y leyes que hagan entrar en razón –por miedo a las penas– a quienes han hecho de ella vehículo de acumulación individual o grupal, y para que la ética que debe prevalecer en la defensa y cuidado de lo púbico gane el espacio que requiere la defensa y cuidado de lo público.

En tal ruta, el próximo 26 de agosto tendrá lugar en nuestro país un intento para enfrentar este problema a través de las urnas, para que nuestros connacionales aprueben o derogarán siete preguntas que componen la consulta anticorrupción (Ver recuadro). Algunas dudas deja este proceder: ¿la corrupción es un tema únicamente del Estado y específicamente de la rama legislativa? ¿será suficiente con una nueva ley o un nuevo decreto para enfrentar este problema?, o, simplemente ¿se están aplicando paños de agua tibia para afrontar una problemática estructural?

 

Imagen de un sistema social

 

No es nuevo, aunque con el neoliberalismo sí alcanzó niveles hasta antes desconocidos. El tema de la corrupción no es especifico de países periféricos, de “culturas o sociedades corruptas” o “proclives a corromperse”, por el contrario, es un fenómeno que podría decirse hace parte de la globalización y de la financiarización de la economía mundo, con las cuales los bienes públicos –en realidad todo el Estado– se rifan y ponen al servicio de fines privados, los mismos que utilizan diferentes estrategias para negociar, ocultar, silenciar y pasar desapercibidos, generando así una frustración generalizada para quienes intentan denunciar esta práctica*. Al funcionar dentro de esta lógica, ahora sabemos que “La base que alimenta y potencia la corrupción es la oferta y la demanda, es decir, el principio básico del mercado capitalista”1.
Un síntoma planetario que no se detiene con normas y leyes

No es de países “subdesarrollados”. En el 2014 el exprimer ministro de Portugal José Sócrates fue detenido por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción, de igual manera se sindicaron a los directores de múltiples bancos. En Italia, en el 2015, fue condenado Silvio Berlusconi por sobornar senadores para beneficiarse políticamente. En 2016 los casos estallaron en España, donde 37 empresarios y políticos afines al Partido Popular fueron llevados a juicio que sentenció la relación entre unos y otros para propiciar negocios individuales que también generaban comisiones para su partido. Algunos de ellos fueron condenados en el 2018 a varios años de cárcel.

Tampoco es de países “desarrollados”. En los últimos años diferentes escándalos estallaron en nuestra región, resaltando en todos ellos políticos de primer orden. Es paradigmático el caso de Perú, donde varios expresidentes –Fujimori, García, Humala, Toledo– terminaron vinculados a casos de corrupción hasta el punto de ser capturados y puestos tras las rejas –Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar a su cargo en marzo del presente año por corrupto–. De igual manera, están empapelados o presos, Funes en El Salvador, Martinelli en Panamá, Colom en Guatemala, Lula en Brasil; en el ojo del huracán también está Juan Manuel Santos en Colombia, cuyo tesorero durante las campañas presidenciales ha terminado por expiar culpas que no son solo suyas.

Pero tampoco es una problemática que solo afecta a los estados nacionales. Desde el 2016 el caso Odebrecht trasluce la corrupción existente entre empresarios y políticos de diferentes países del mundo –Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela–. Asímismo los famosos Papeles de Panamá, con los cuales queda claro que diferentes políticos empresarios y personalidades de la farándula internacional ocultaban sus fortunas, propiedades y cuentas en los llamados paraísos fiscales, para evadir impuestos. Todo esto sucede bajo la lupa y normatividad de tratados contra la corrupción.

Desde el 2003 las Naciones Unidas aprobaron la Convención contra la corrupción. Antes en 1997 se aprobó la Convención Interamericana contra la corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, aprobada por la Ocde. Asimismo, hay que tener en cuenta que cada país tiene diferentes normatividades para enfrentar esta práctica, por ejemplo, Colombia cuenta con la Ley 1778 de 2016 y el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/11).

Así las cosas, lo que queda claro es que el problema de la corrupción efectivamente no es un problema de normas o leyes, es un problema estructural que tiene que ver con el funcionamiento económico contemporáneo: el neoliberalismo, que busca a toda costa poner en venta lo público4.

 

La consulta del 26 de agosto

 

A propósito de esta realidad del capital internacional y de sus formas de dominio y control social logradas y cada vez renovadas y profundizadas, en la historia reciente del país nombres como Proceso 8.000, Dragacol, Agro Ingreso Seguros, Reficar, Interbolsa, Avenida 26, Ruta del sol II, Saludcoop, y otros muchas, han tenido su cuarto de hora. Algunos de los empresarios y políticos que los han protagonizado han terminado presos.

De igual manera suenan carruseles: Carrusel de la contratación, Carrusel de las cirugías plásticas. Así como también carteles: Cartel de la toga, Cartel de la paz, Cartel de los abuelos, Cartel de la chatarrización. Como comunidades de la corrupción: Comunidad del anillo. Casos que se investigan y se quedan en el olvido, pues pareciera que Colombia está condenada a la desmemoria.

Cansadas de esto –¿o con intenciones políticas individuales?– la senadora Angélica Lozano y Claudia López –quien para ese momento también desempeñaba igual rango–, impulsaron la consulta anticorrupción, poniendo en la palestra pública el desfalco de los recursos de los colombianos que anualmente –según la Contraloría Nacional– representa casi 50 billones de pesos, los mismos que terminan en los bolsillos de empresarios y políticos de diferentes partidos e ideologías.

La consulta que recogió casi 4’500.000 firmas entre enero y julio del año pasado, fue aprobada por unanimidad en la plenaria del Senado del 5 de junio de 2018. Para su realización en todo el país la Registraduría deberá disponer de $280 mil millones de pesos; para ser aprobada debe participar por lo menos el 30 por ciento del censo electoral vigente –casi 12 millones de connacionales.
Lo curioso de la consulta –que resulta grotesco– es que a ella se integrarán para su aprobación todos los partidos tradicionales del país, y también harán alarde de pulcros los grandes empresarios nacionales –los mismos que han amasado para sus particulares fines los bienes públicos, los mismos que antes era de todos y todas. Como podrá recordarse el hoy Presidente elector Iván Duque firmó en su momento a favor de tal convocatoria y, sin duda, hará de esta causa una bandera que la desnaturalizará.

Este es un riesgo que ahora tiene esta iniciativa política, la cual está obligada a ligarse en la lucha contra el neoliberalismo si de verdad sus impulsoras no quieren terminar por ser útiles al sistema que dicen confrontar.

Esta es una realidad que no puede negarse. La otra es que la misma dificultad de reunir la cantidad de votos que requiere –y el temor de cargar con el peso de una derrota, mucho más cuando falta menos de un año para las elecciones regionales– a terminado por silenciar u ocupar un lugar secundario en esta coyuntura, a diversos líderes de la amplia gama de lo comprendido como izquierda, actuación que amplía el riesgo del resultado final que obtenga la consulta.

 

El movimiento social, corrupción y consulta

 

Resulta extraño que hasta el momento los diferentes sectores progresistas y alternativos no han generado un distanciamiento que los diferencie de los partidos tradicionales que participarán en la consulta, por el contrario han tomado las banderas de votar 7 veces si en la consulta.

De esta manera. el papel de los movimientos sociales y sectores alternativos de nuevo queda embolsado en el marco de la agenda institucional, siguiendo sus coyunturas sin distanciarse y problematizarlas.

Actuando a la sombra del establecimiento, se calla o poco se enfatiza en la relación entre corrupción y la fase actual del sistema capitalista, lo que extiende una nebulosa en el conjunto social sobre el origen, razón de ser y beneficiarios de la corrupción.

 

La corrupción: un problema de democracia

 

Queda claro que todos estos casos de corrupción se presentan principalmente en un modelo “democrático” liberal, donde la participación de la gente simplemente es necesaria para las votaciones parlamentarias o presidenciales. Un modelo político donde la democracia queda enmarcada únicamente a lo político representativo, dejando de lado las discusiones que tienen que ver con lo esencial de la vida diaria, y con la misma toma de decisiones que nos afectan a todos como, por ejemplo, la venta o privatización de bienes públicos estratégicos, lo cual es esencial a la vista de Alberto Acosta, quien dice que “los estados menos proclives a la corrupción son aquellos con mayores niveles de democracia, es decir, con mayor transparencia y participación ciudadana además de una bastante adecuada distribución de la riqueza y el ingreso”5.

Un reto para todo el conjunto nacional que debe trascender lo formal de una consulta, pues más allá de lo formal está una nueva forma de concretar la política, una donde la gente pida cuentas públicas a quienes eligieron, donde los políticos empiecen a entender que su papel es el de servir a los demás y no servirse a sí mismo. Un reto que implica pasar de ser simples ciudadanos –un número en una tarjeta de identidad o cédula, o en el carnet del Sisben– a ser sujetos activos de nuestra vida cotidiana. Un reto donde hombres o mujeres, adultos, jóvenes, viejos, se movilicen por un país donde lo público –lo colectivo– sea sagrado, y donde la democracia gane el carisma de ser el conducto para fortalecer eso mismo que el neoliberalismo se ha esforzado por desprestigiar, hasta llevar a la gente a la total indiferencia, lo público, que en realidad es el camino para hacer efectiva la existencia de vida digna y plena para todos y todas.

 

* La corrupción no es simplemente un tema netamente económico –fiscal, comercial, financiero– es un tema político y social, ampliado a múltiples temas, como: negocios de armas, tráfico de migrantes, turismo sexual, trata de personas, deportes, obras públicas, entre otros.
1 Ver: La corrupción del poder, Le Monde diplomatique edición Colombia, número 163. https://www.desdeabajo.info/colombia/item/32424-la-corrupcion-del-poder.html
2 Tortosa, José María., Corrupción, edición corregida y aumentada. Barcelona, Icaria editorial, s.a. 2013. p. 16.
3 Ibid. p. 54.
4 Ver: Contra la corrupción: Plebiscito más condena social, Le Monde diplomatique edición Colombia, número 179.
5 Tortosa, José María., Corrupción, edición corregida y aumentada. Barcelona, Icaria editorial, s.a. 2013. pp. 9-10.

Artículos consultados

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/alfonso-gomez-mendez/para-que-la-consulta-anticorrupcion-238858 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/listo-el-decreto-para-la-consulta-anticorrupcion-articulo-795405 
https://www.las2orillas.co/no-voto-la-consulta-anticorrupcion/ 


Recuadro

 

Las 7 preguntas

 

Pregunta 1. Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del estado
¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes-SMLMV, fijando un tope de 25 SMLMV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política? SI ( ) NO ( )

Pregunta 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el estado
¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?
SI ( ) NO ( )

Pregunta 3. Contratación transparente obligatoria en todo el país
¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos? SI ( ) NO ( )
Pregunta 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía
¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? SI ( ) NO( )

Pregunta 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión
¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos? SI ( ) NO ( )

Pregunta 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio
¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo; incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho? SI ( ) NO ( )

Pregunta 7. No más atornillados en el poder: máximo 3 períodos en corporaciones públicas
¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales? SI ( ) NO ( )

 

 

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Cárcel a corruptos y prohibirles a volver a contratar con el Estado
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Pregunta 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado.

¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?

xx]

 Del dicho al hecho hay mucho trecho, y este también cuenta. Es cierto que en la confrontación de la corrupción hay que echar mano de todas las herramientas posibles, pero no sin ser realistas, sobre todo con respecto a la realidad del poder global, a la incidencia que en éste tienen las multinacionales y el marco jurídico creado por estas en el mundo que hoy habitamos. Realismo que debe extender su vista hasta visualizar la real pérdida de la soberanía jurídica por parte de la mayoría de Estados.

 

¿Cómo llegamos a esta nueva realidad? A esta nueva realidad de la geopolítica global llegamos como parte de un novísimo coloniaje, revestido de nuevas prendas. Para constituirlo, el capital internacional dedicó gran cantidad de años a tejer un nuevo andamiaje jurídico al cual han quedado supeditados los códigos jurídicos locales. La pretensión del capital internacional, al así proceder, no fue ni es sana, fue y sigue siendo la de proteger sus intereses y para ello le dieron paso, incluso, a los Acuerdos internacionales de inversiones, así como a los Tratados de Libre Comercio, en los cuales, y con letra menuda, las naciones otrora invadidas hoy son controladas por esta nueva vía, sin necesidad de tropas ni violencia directa.

 

No solo esto. En la senda del control de todo tipo de negocios y los capitales de ellos desprendidos, imperios como el de los Estados Unidos urdieron todo un tramado leguleyo que les permite infringir castigos económicos a todo aquel que consideren que rompió las leyes que ellos, solo ellos, han creado. Detrás, como soporte para su “legalidad”, está la fuerza económica –bloqueos comerciales, industriales, financieros, como los que hoy están en curso contra Irán, Turquía, Venezuela y otros países– o, de ser necesario, la misma fuerza directa.

 

Entonces, conscientes de esta realidad, a la hora de proponer acciones contra la corrupción hay que ser sensatos. Así nuestros códigos Penal y Comercial estipulen una u otra cosa, si de verdad se está por confrontar y colocarle diques a la corrupción en sus diversas manifestaciones, es obligatorio reparar con mucho cuidado los acuerdos y contratos firmados con multinacionales, las que blindadas con grandes departamentos jurídicos, redactan de acuerdo con sus intereses los contratos que firman con los “países soberanos”. No es casual que multinacionales que salen sancionadas de uno y otro país por incumplimientos, mala calidad de las obras, etcétera, lleven a los estrados judiciales internacionales a los Estados obligándolos, con el paso de los años a entregarles millones de dólares como indemnización por los contratos cancelados, de acuerdo a ellos, sin causa justa. Hay que recordar que las leyes favorecen, una y otra vez, a quienes las redactan.

 

¡Claro que debe penalizarse a todo tipo de contratistas por su fechorías que terminan por dilapidar los ahorros que son de todos, pero para que así sea lo primero que debe garantizarse es la soberanía jurídica de nuestros países, soberanía que no está ajena de la soberanía política, militar, alimentaria, geoespacial, comunicativa, cultural, etcétera.

 

Es decir, aquí también estamos ante un reto inmenso para los movimientos sociales, los cuales deben alimentar el voto de todos los suyos y de quienes viven en sus territorios de influencia para que salgan a votar las siete preguntas de la consulta del 26 de agosto, pero los cuales, al mismo tiempo, tienen el reto de explicarle a la sociedad lo limitado de esta iniciativa y los retos que la misma nos abre como proyectos que estamos por la convivencia pacífica entre naciones, lo que implica la igualdad, el hermanamiento como miembros de una misma especie y habitantes de un mismo territorio global, así como la efectiva soberanía de todos los países que integran el actual orden mundial.

 

Ahora, en el plano local es más fácil operar y sancionar a los empresarios y sus razones jurídicas o empresas, y ahí no debe haber contemplaciones, impidiéndoles que vuelvan a contratar con el Estado, pero lo que no tiene procedencia es pensar que la cárcel es la solución para resarcir a la sociedad. Aquí hay un error profundo, pues como dicen los presos: “La cárcel, a quien no mata lo deforma”, es decir, la cárcel no cumple el propósito para el cual fue diseñada, la cárcel no propicia la resocialización de ninguna persona y sí, por el contrario, potencia la formación y operatividad de miles de –nuevos– delincuentes.

 

En tanto no cumple con la misión que le encargaron, la cárcel debe llegar a su fin, y como reemplazo la sociedad, si de verdad piensa en la resocialización del condenado y no en su destrucción ni muerte, debe diseñar nuevos mecanismos sancionatorios o castigos. En este caso en particular, al haber robado a un conjunto humano llamado sociedad el o los implicados deben regresar lo hurtado a ese conjunto humano, para lo cual la justicia debe investigar hasta el rincón más profundo de cada uno de los implicados, los cuales por voluntad propia ni por convicción ni por arrepentimiento devolverán todo lo hurtado. La expropiación de todos sus bienes debe evitar la burla del fallo judicial. Es por ello que a la hora de firmar todo tipo de contratos, el Estado debe exigir que el contratista –persona natural y jurídica– presente su declaración de renta como la de su familia hasta último grado de consanguineidad, con lo cual se entienda que todo aquello no declarado y que aparezca años después como “legalmente” conseguido, pero que no logre demostrar plenamente su origen lícito, podrá asumirse como parte de lo hurtado y, por tanto, objeto de expropiación.

En este mismo sentido, y para evitar la fuga de capitales, hay que avanzar más allá de lo ya propuesto, actuando sobre los paraísos fiscales, los cuales deben ser objeto de control jurídico global, impidiendo su existencia y funcionamiento. Sin duda, esta banca y todas las redes que las protegen y potencian son parte del sumo de la corrupción, como lo es el neoliberalismo.

Como penas alternativas, la sociedad puede aplicar trabajos sociales por 10 o más años para quienes sean condenados, trabajos por realizar cada día por espacio de 8 o más horas, bajo vigilancia social y policial, sin poder salir de la ciudad origen de su delito. Cualquier burla de esta condena daría paso a trabajos ya no sociales sino físicos.

Estamos en nuevos tiempos y ante nuevos retos. Para hacer efectiva la lucha contra la corrupción hay que adentrarse en lo profundo del poder global dejando a un lado lo inmediato o lo más evidente. A no ser que la bandera anticorrupción sea una simple bandera para ganar imagen.

 

 

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Pregunta 5. Los congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión.

¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos particulares e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos?

xx]

 

–Véalo, ahora sí está por aquí, con las promesas de siempre…

Este es uno de los comentarios más comunes que se escuchan en los barrios cuando está en curso alguna campaña electoral.

Y, sí, no están equivocados quienes así expresan su malestar, inconformidad y desconfianza con los políticos profesionales, con quienes sin vergüenza alguna repiten cada tantos años el rito electoral –su recorrido por barrios, centros de estudio, plazas, y otros lugares–, precisamente en época de votos. Allí, rodeados de su cohorte de aduladores, y de quienes llegan a pedir algún favor, repiten como si fueran una caja de música todo aquello que harán si son elegidos, o reelegidos, como es común entre congresistas, concejales y ediles.

–“Les aseguro, en los meses que vienen pavimentaremos estas calles, construiremos el centro de salud que ustedes están reclamando hace 20 años…”, promesas, promesas, en un decir que los hace aparecer como si ellos fueran los dueños de lo que es de todos, cuando simplemente son una circunstancia temporal dentro de la maquinaria gubernamental, la misma que debemos desmitificar hasta que todos comprendamos que nada de lo que allí hacen unos y otros es imposible de realizar por cualquiera de nosotros, eso sí, siempre y cuando lo asumamos como un ejercicio colectivo, abierto, sincero.

Estos personajes, políticos de oficio, privatizadores de lo colectivo y deformadores del mismo sentido y deber ser de la política, sin vergüenza alguna, una y otra vez, cada cuatro años, o menos, le aseguran a sus posibles electores lo que no harán, pues son tantos los compromisos que adquieren que no pueden cumplir con todos ellos, ni con la mayoría de los mismos y, claro, todo queda ahí, como un decir. Su consecuencia inmediata: potenciar el desinterés y la incredulidad de las mayorías sobre la política, mucho más cuando ésta queda reducida a un asunto formal, al procedimiento mecánico de elegir y ser elegido.

Estamos ande la democracia formal, al más liberal de los ejercicios de la representación, algo que desdibuja el sentido profundo de la democracia, un ritual trasformado en espectáculo, y en mercancía, donde unos compran votos y otros conciencia. La gente sabe esto, como sabe de promesas e incumplimientos, pese a lo cual sale a ver qué logra de uno u otro político, pues esa es su posibilidad de que algún día el Estado se deje ver con algo. Así, instrumentalizados por los políticos de oficio, tratan de vengarse utilizando a esos políticos en beneficio propio.

Al así suceder, lo que emerge es un Estado que parece distante, ajeno al común de los mortales… Por el contrario, el reto ante el cual está la humanidad toda para abrir espacio hacia una libertad a plenitud, así como una vida en justicia y felicidad, es que ese Estado sea tan cercano a la totalidad social que esa misma gente lo simplifique, develando su funcionamiento, haciéndolo cada vez más cercano a todos y cada uno, superando el funcionamiento burocrático que hoy tiene y que los oprime, llevando muchas de sus funciones, entre ellas seguridad y defensa, a las manos de todos… buscando que la máquina deje de estar al servicio de pocos y cada vez más esté al servicio de todos, por ejemplo con la garantía, de verdad verdad, de que la salud, educación, transporte, vivienda, agua, luz, sea gratuitos y universales, socializando de esta manera lo que todos aportamos a ese mismo Estado a través de nuestro trabajo, el cual él recoge a través de impuestos, hasta acercarlo a su extinción por tornarse innecesario.

 

Privatización de la política

 

Parece increíble, pero esto de las promesas dilatadas e incumplidas, es un cuadro repetido una y otra vez a lo largo y ancho de nuestros países. A propósito de esto, algún escritor tituló uno de sus libros con una sentencia: “Al pueblo nunca le toca”.

¿Por qué sucede esto? Porque el gobierno, como dice la máxima de la democracia liberal, no es del pueblo ni para el pueblo, pero también porque quienes llegan a las instancias legislativas de todo nivel no surgen producto de un ejercicio común en donde la comunidad, apropiada de su destino, controla en sus manos el devenir de lo público, delegando en algunos de los suyos las funciones de representación, delegados que tendrían, si así funcionaran las cosas, que entregar informes de su gestión de manera constante, por lo menos cada mes o menos, y no cada año como lo proponen en la consulta motivo de este escrito.

Delegados, que además, tendrían que socializar con los suyos no solo lo hecho sino además la información que permita comprender el conjunto de intereses que se mueven en la instancia a la que asiste, así como explicando a quiénes (gremio o clase) representan. Un ejercicio de información que deberá tornarse en educación constante para que todos y todas procesen y comprendan cómo está organizado el Estado a todo nivel y cómo funciona, pasando para ello por el gobierno y todas y cada una de sus instancias.

Esta debería ser una labor espontánea, sin exigencia de nadie en particular, pues el delegado, en tanto parte de la comunidad entendería que su labor es de vocería, es decir, de recoger las demandas comunes y transformarlas en proyectos de ley, además de educar para que cualquiera esté en capacidad de llevar a cabo esa misma representación. Es decir, hacer de este cargo algo temporal, y por ello mismo rotativo, así como colectivo y deliberante.

Al así proceder, su participación en alguna instancia de elección popular no sería el sueño realizado para vivir de una cuota burocrática, transformándose por ese conducto en un político profesional (un artista de la palaba y del engaño), alguien que va a una instancia pública a servirse y no a servir, sino todo lo contrario, alguien que de manera circunstancial asume una responsabilidad colectiva, sabiendo que es temporal, con obligaciones expresas hacia el conjunto humano que deposita en él/ella su confianza para que haga conocer en ciertos espacios las necesidades, deseos y sueños de todos, y no solo los de él o ella; por tanto, un funcionario que llega a un espacio de estos a bajar y no a subir, un funcionario que su función, además de otras, es la de servir.

Proceder que sería un paso necesario hacia la desprofesionalización de la política, es más, hacia su desaparición como un asunto de algunos pocos, los mismos que con su proceder niegan y excluyen a todos; al así proceder también avanzaríamos hacia la reconstrucción del prestigio de la política como un asunto del conjunto social, los que ya no delegarían sino que acogerían como parte sustancial de su vida cotidiana el diseño y control de todo aquello que compete con lo común.

Si así fuera el proceder, quedaría confrontado y superado el desinterés hoy reinante por lo público, desinterés instalado en la mente de las mayorías por parte de quienes detentan el poder. Una vez recuperado este interés, tomarían forma las esclusas para que lo que es de todos no sea privatizado, cerrando con ello el paso a todo tipo de negociados y robos que se llevan a cabo en estas instancias, precisamente por que “lo que es de todos es de nadie”. Es esta una batalla contra el neoliberalismo, que no solo toma manifestaciones económicas, sino también políticas, ideológicas, culturales.

Entonces, la exigencia no es solo para la entrega diferida de informes a doce meses, no, la exigencia y reto es para que la política sea un asunto del interés del conjunto social, que los delegados a las instancias de elección popular sean rotativos, que los programas por impulsar surjan del debate cotidiano de las gentes, que los elegidos, así deben saberlo, de no cumplir con los mandatos recibidos podrán ser revocados en cualquier tiempo, que el control efectivo de la ciudadanía sobre lo que sucede al interior de estas instancias impida todo tipo de negociado, etcétera.

De así proceder, no solo habremos recuperado el sentido original y profundo de la política sino que habremos hecho realidad el sueño de darle cuerpo a un gobierno de la gente y para la gente.

 

Artículos vinculados

 

Consulta anticorrupción. Reducción de salarios para congresistas y…

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/34862-consulta-anticorrupcion-reduccion-de-salarios-para-congresistas-y.html

 

26 de agosto. La corrupción, a debate y a voto

 
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LA ONU ratificó el derecho de Lula a ser candidato del PT

Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo una victoria de proporciones en Naciones Unidas (ONU) donde fue defendido su derecho a ser candidato a la Presidencia en las elecciones del 7 de octubre. El Comité de Derechos Humanos del organismo multilateral demandó que el Estado brasileño deje sin efecto las resoluciones que impiden al detenido dar entrevistas, grabar spots de campaña y participar en debates televisivos con los otros postulantes. “Esta medida cautelar de la ONU llegó en un momento muy oportuno, fue una medida muy positiva”, declaró a PaginaI12 la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, defensora de Lula. 

La noticia generada en la sede de la ONU en Ginebra llegó a media mañana a Brasilia. A primeras horas de la tarde ganó contornos de un conflicto diplomático porque el gobierno la definió como una “una intromisión” carente de “relevancia jurídica”. Teixeira Zanin Martins desmintió la tesis oficial, al sostener que “el Estado tiene que acatar esta medida cautelar porque es signatario desde 1992 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU”, reforzado en 2009 a través de un Decreto Legislativo 311 en el que se comprometió a acatar sus determinaciones.


Lula está arrestado desde el 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba por determinación del juez Sergio Moro, responsable de Lava Jato.


“El presidente Lula ha sido víctima de todo tipo de atropellos, de vicios groseros por parte de un juez que se condujo con falta de imparcialidad y motivaciones políticas”, planteó la abogada que ubicó esta resolución de la ONU en el contexto de la “perplejidad” que hay en la comunidad internacional frente a la situación a la que “ha sido sometido el presidente (Lula), un hombre inocente contra quien no hay ninguna prueba”.


A pesar de su aislamiento , por estar encerrado en una celda en solitario, el político ha recogido muestras de respaldo internacional, que van desde el papa Francisco al expresidente francés Francois Hollande, incluyendo al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, que lo visitó el jueves, el intelectual estadounidense Noam Chomsky y la ex presidenta Michelle Bachelet. Precisamente la socialista Bachelet acaba de ser elegida como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, novedad que puede fortalecer la posición del detenido.


El miércoles pasado el Partido de los Trabajadores presentó ante el Tribunal Superior Electoral la candidatura de Lula a la presidencia y Fernando Haddad a la vice. El mismo miércoles, con una premura evidente, la procuradora general de la República solicitó la impugnación alegando que el candidato violó la Ley de la Ficha Limpia.


Hasta ayer ya hubo siete pedidos de impugnación. Uno de ellos lo firmó el candidato y capitán retirado del Ejército Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL) y otro el actor porno, también retirado de esa profesión, Alexandre Frota. Bolsonaro se fotografió ayer entre policías con los dedos en forma de pistola, repitiendo su estilo de candidato mano dura y aprovechó el evento para tildar a Lula de delincuente.


Paralelamente, esta semana los fiscales de la causa Lava Jato exigieron que el detenido no reciba visitas de dirigentes políticos y que se refuercen las medidas de enclaustramiento. El planteo de los fiscales desconoce que Lula, como todo ciudadano privado de su libertad, mantiene sus derechos políticos. Como el de disputar la Presidencia.


¿En términos prácticos qué implica esta medida del Comité de la ONU?, le preguntó este diario a Teixeira Zanin Martins. “Significa que el Estado brasileño tiene que garantizarle a Lula que puede competir en las elecciones en un pie de igualdad con sus adversario. Por ejemplo, que esta noche (del viernes) pueda participar a través de videoconferencia o de teléfono en el debate que realiza la Rede TV, y que no se lo excluya como sucedió la semana pasada en el debate de Bandeirantes”, explicó la abogada. Ella integra el equipo encabezado por el australiano Geoffrey Robertson, quien ya fue defensor de Julian Assange y participó en un proceso contra el dictador Augusto Pinochet. Ese equipo de letrados presentó en julio 2016 una denuncia ante el Comité de la ONU.


Los portales de noticias de los medios grandes se habían desentendido del tema hasta que el Ministerio de Relaciones Exteriores divulgó un comunicado de tono enérgico, según los cánones diplomáticos. “Brasil es un fiel cumplidor del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos”, dice la nota oficial en la que se aseguró el respeto a la “amplia defensa” de que gozan todos los ciudadanos. En el comunicado se relativiza el efecto jurídico del pronunciamiento de la ONU. Un punto de vista con el que discrepó la vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos, Sarah Cleveland, para quien el gobierno de Brasil “está obligado a acatar” la decisión. El caso es que la campaña ganó un relieve internacional inconveniente para el gobierno. Del que posiblemente habrá más repercusiones en los próximos días cuando se podrían sumar nuevas objeciones al cautiverio del candidato que, pese a su encierro, sigue ubicado en primer lugar de todos los sondeos.

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Consulta anticorrupción. Reducción de salarios para congresistas y…
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Pregunta 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión

¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos?

 

Entre las 7 preguntas que integran la consulta anticorrupción por celebrarse el próximo 26 de los corrientes, existe un punto de alto consenso social: la reducción de los salarios que devengan los congresistas.

 

Sin excepción, cuando este tema emerge en una conversación desprevenida de amistades reunidas alrededor de un café o similar, el rechazo es generalizado. Unos y otros dicen no comprender cómo es que el salario de estos personajes es tan alto, esto sin sumarle beneficios como vehículo a cargo también del conjunto nacional y la subvención de quienes le acompañan en su trabajo, más conocida como Unidad de Trabajo Legislativo –UTL–, integrada hasta por 10 personas, cuyo costo no puede superar los 50 salarios mínimos mensuales. Es decir, cada uno de ellos puede percibir un salario mensual cercano a los 4 millones de pesos. Por lo general, las UTL las integran 5 personas, es decir, el sueldo de cada funcionario alcanza a ser hasta 8 y más millones.

 

La inconformidad social con el salario de los llamados popularmente “padres de la patria” no es para menos. Cada uno de estos percibe, referido al 2018, mes a mes, $ 31.331.821 pesos. Los negocios de todo tipo, desprendidos de su vinculación con el Estado tampoco son pocos, entre ellos las cuotas de empleados públicos, todo lo cual le otorga un pequeño espacio de poder que, con algunas excepciones que le hacen honor a la norma, deslumbra a más de uno.

 

Esta bien corregir este despropósito. Pero, ¿cuál debería ser el sueldo de estos funcionarios públicos? De acuerdo con lo proyectado por quienes impulsaron esta consulta, el sueldo deberá ser recortado de 40 salarios mínimos mensuales legales a 25, tomando este como tope máximo.

 

Un salario que tampoco es poco: ¡25 salarios mínimos!, cuando la mayoría de familias colombianas malviven con un solo salario, o tal vez dos, sin posibilidad, por demás, de hacer negocios producto del trabajo que desempeña la persona que está vinculada a alguna actividad productiva, y los contactos que tiene producto de la misma.

 

En el curso de la Comuna de París, una bella experiencia acaecida hace ya 147 años (en 1871), los insurrectos que se hicieron con el poder a lo largo de tres meses, definieron que los asambleístas no podían devengar un salario superior al que devenga un obrero promedio. Referido a nuestros días, esto significa un salario que oscila entre 2 y 3 salarios mínimos. Establecían así que la política no podía ser comprendida como un asunto de especialistas, y que quien la ejerciera tampoco podía hacer de ella fuente de diferenciación ciudadana ni fuente de poder.

 

La política no puede ser de profesionales. Esta es una máxima legada por el marxismo, ideal por el cual hay que laborar, en el sentido de que toda persona debe estar en capacidad de asumir y responder en público por lo que es de todos. De ser así, tales puestos serían rotativos, abiertos al público en general, en tanto que quien esté al frente de uno de ellos debe estar dispuesto a responder a cualquiera de sus conciudadanos cuando lo requiere. Es decir, en tanto funcionario público, el político se debe al conjunto social y no a sus intereses particulares, como es común hoy. El funcionario no sube y se pavonea, sino que baja y se esfuerza, no se sirve sino que sirve, atento siempre para que todo aquello que ande mal retome la senda requerida para que todos vivamos bien, es decir, en felicidad. Este es el propósito último y decisivo de lo que debe ser el buen gobierno.

 

Estamos ante un bello ideal: la política desprofesionalizada, y lo que esto implica: la política como asunto de todos, donde el conjunto de integrantes de una sociedad dada –con mayor razón hoy en día cuando cualquiera puede acceder a todo tipo de información vía Internet– debemos estar dispuestos a asumir como responsabilidad diaria, por un tiempo determinado, funciones como las que implica la rama legislativa del Estado, pero también otras, haciendo real así que la política deje de ser un asunto supuestamente complejo para tornarse en lo que realmente es: algo sencillo, en tanto estamos hablando de cómo organizamos, controlamos, corregimos, etcétera, entre todos y todas nuestros asuntos cotidianos.

 

Al ser así, la pregunta por el salario tope del Congresista enlistada en la próxima consulta del 26 de agosto, debería estar complementada por otra que le hiciera justicia: ¿Está usted de acuerdo con que el salario mínimo que se paga hoy en Colombia sea reajustado en el ciento por ciento?

 

Pregunta totalmente pertinente en tanto el problema de nuestro país no es que unos pocos ganen tanto, sino que muchos ganen tan poco, obligados a sobrellevar una vida llena de dificultades cada vez más difíciles de resolver, insolvencia, carencias, marginación, es decir, empobrecimiento inducido.

 

Alza al doble del salario mínimo que le haría honor a una política social y económica en procura de vida digna.

 

Propuesta justa y a la orden del día, contraria a la cual encontramos las pretensiones de patrones y empresarios que andan presionando para: 1) acabar con el salario mínimo como referente obligado en el país –medida de protección del trabajador de base, 2) reducirlo, pues de no ser así “los empresarios no podrán competir en el mercado global”, según el decir de sus impulsores, 3) cancelar un salario mínimo diferenciado o por regiones.

 

Es decir, a cómo de lugar, los que más tienen siguen luchando por tener más, y para ello cuentan con un gobierno que los representa.

 

Actuemos para que estos empresarios no puedan hacer realidad su sueño de seguir acumulando millones de millones a costa del trabajo ajeno.

 

Salgamos a votar sietes veces sí en la consulta del próximo 26, pero no nos quedemos ahí, aprovechemos la misma para darle cuerpo a otras iniciativas sociales, económicas y políticas de diverso orden que nos permitan confrontar a fondo el actual sistema imperante en nuestro país.

 

¡Qué el salario mínimo sea reajustado en el ciento por ciento!

 

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17 de agosto de 2018

26 de agosto. La corrupción, a debate y a voto

14 de agosto de 2018

 
Publicado enColombia
Miércoles, 15 Agosto 2018 07:54

Quiero democracia, no impunidad

Quiero democracia, no impunidad

Hace dieciséis años, Brasil estaba en crisis; su futuro era incierto. Nuestro sueño de convertirnos en uno de los países más democráticos y prósperos del mundo parecía peligrar. La idea de que algún día nuestros ciudadanos pudieran disfrutar los estándares de vida holgados de nuestros pares en Europa o en otras democracias de Occidente parecía esfumarse. Menos de dos décadas después de que terminó la dictadura, algunas heridas de ese periodo seguían abiertas.

 El Partido de los Trabajadores ofreció esperanza, una alternativa que podía cambiar esas tendencias. Me parece que, sobre todo, por esta razón triunfamos en las urnas en 2002. Me convertí en el primer líder sindical en ser elegido presidente de Brasil. Al principio, los mercados se inquietaron por este acontecimiento, pero el crecimiento económico los tranquilizó. En los años posteriores, los gobiernos del Partido de los Trabajadores que encabecé redujeron la pobreza a más de la mitad en tan solo ocho años. En mis dos periodos presidenciales, el salario mínimo aumentó el 50 por ciento. Nuestro programa Bolsa Família, el cual ayudaba a familias pobres al mismo tiempo que garantizaba educación de calidad para los niños, fue reconocido internacionalmente. Demostramos que combatir la pobreza era una buena política económica.

Después, este progreso fue interrumpido. No por medio de las urnas, a pesar de que Brasil tiene elecciones libres y justas, sino porque la expresidenta Dilma Rousseff fue víctima de un juicio político y la destituyeron del cargo por una acción que incluso sus oponentes admitieron que no era una ofensa que ameritara este tipo de procedimiento. Muy pronto, yo también terminé en la cárcel, después de un juicio sospechoso por cargos de corrupción y lavado de dinero.

Mi encarcelamiento es la fase más reciente de un golpe de Estado en cámara lenta diseñado para marginar de forma permanente las fuerzas progresistas de Brasil. Tiene como objetivo evitar que el Partido de los Trabajadores vuelva a ser elegido para ocupar la presidencia. Debido a que todas las encuestas muestran que ganaría con facilidad las elecciones de octubre, la extrema derecha de Brasil busca dejarme fuera de la contienda electoral. Mi condena y encarcelamiento se sustentan solamente en la declaración de un testigo cuya propia sentencia fue reducida a cambio de que testificara en mi contra. En otras palabras: el testigo tenía un beneficio personal en decir lo que las autoridades querían oír.

Las fuerzas de la derecha que han usurpado el poder en Brasil no han perdido el tiempo para implementar su agenda política. El gobierno profundamente impopular del presidente Michel Temer ha aprobado una enmienda constitucional que pone un límite de veinte años al gasto público y ha promulgado varios cambios a las leyes laborales que facilitarán la subcontratación, debilitarán los derechos de negociación de los trabajadores e incluso su derecho a un día laboral de ocho horas. El gobierno de Temer también ha intentado recortar las pensiones.

Los conservadores de Brasil se han esforzado mucho por socavar el progreso logrado por los gobiernos del Partido de los Trabajadores y están determinados a evitar que ocupemos la presidencia de nueva cuenta en el futuro cercano. Su aliado en esta maniobra es el juez Sérgio Moro y su equipo de procuradores, quienes han recurrido a grabar y filtrar conversaciones telefónicas privadas que tuve con mi familia y mi abogado, entre ellas una conversación que se grabó de forma ilegal. Crearon un espectáculo mediático cuando me arrestaron y me hicieron desfilar ante las cámaras acusado de ser la “mente maestra” detrás de un enorme esquema de corrupción. Rara vez se cuentan estos detalles vergonzosos en los principales medios informativos.

El juez Moro ha sido idolatrado por los medios de la derecha brasileña. Se ha vuelto intocable. Sin embargo, el verdadero problema no es Moro, sino los que lo han encumbrado a un estatus de intocable: las élites neoliberales de derecha que siempre se han opuesto a nuestra lucha por una mayor igualdad y justicia social en Brasil.

No creo que la mayoría de los brasileños apruebe esta agenda elitista. Por esta razón, aunque me encuentro en prisión, me postulo a la presidencia y, por el mismo motivo, las encuestas muestran que, si las elecciones se llevaran a cabo hoy, sería el ganador. Millones de brasileños comprenden que mi encarcelamiento no tiene nada que ver con la corrupción y entienden que estoy donde estoy solo por razones políticas.

No me preocupa mi situación. He estado preso antes, durante la dictadura militar de Brasil, nada más porque defendí los derechos de los trabajadores. Esa dictadura cayó. La gente que abusa de su poder en la actualidad también caerá.

No pido estar por encima de la ley, sino un juicio que debe ser justo e imparcial. Las fuerzas de la derecha me condenaron, me encarcelaron, ignoraron la evidencia abrumadora de mi inocencia y me negaron el habeas corpus solo para impedir que me postulara a la presidencia. Pido respeto por la democracia. Si me quieren derrotar de verdad, háganlo en las elecciones. De acuerdo con la Constitución brasileña, el poder viene de la gente, la responsable de elegir a sus representantes. Así que dejen que el pueblo brasileño decida. Tengo fe en que la justicia prevalecerá, pero el tiempo se le acaba a la democracia.

Por Luiz Inácio Lula da Silva
The New York Times 

Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, escribió este artículo de opinión desde la cárcel, en Curitiba (Brasil). La versión en castellano de este artículo se encuentra en la misma cabecera del The New York Times sin mención de autoría, donde también se encuentra la versión en inglés y en portugués.

Publicado enInternacional
26 de agosto. La corrupción, a debate y a voto

Un debate frío, a pesar de su importancia. Una sociedad pasiva a pesar de la importancia del reto que tiene ante sí.

¿Desaprobar la corrupción? La pregunta parece innecesaria, pese a ello, a escasos 12 días del 26 de agosto, día seleccionado para llevar a cabo la consulta que interroga a través de 7 items sobre tal particular, parece estar en un congelador. Contrario a lo común de las campañas electorales la difusión, agitación, los afiches, cuñas de todo tipo, etcétera, que debiera estar llenando al país de norte a sur, de occidente a oriente, de arriba abajo, destacan por su ausencia o poca trascendencia.

Los impulsores de la consulta, que de boca para afuera son todos los políticos y sus respectivos partidos, en realidad no son como aparentan. Se dice sí ante la galería para no quedar mal, pero se actúa en contravía. No puede ser de otra manera pues su pretensión permanente es apropiarse con fines particulares de lo colectivo.

Pero también sucede que quienes están convencidos de la necesidad y utilidad de la consulta ahora, cuando todo parece indicar que ésta difícilmente alcanzará los votos necesarios para ser aprobada, optan por quitarle el pecho a tal compromiso, temiendo cargar con el costo de una posible derrota. Es lo que llaman los estudiosos el “realismo político”, con el cual prima lo particular –“mi futuro”– por sobre el del país. Para los políticos, cuando no actúan sometidos a las dinámicas de los movimientos sociales, cuando no están dispuestos a bajar antes que subir, lo colectivo solo funciona como la Ley del Embudo, a saber en este caso: “todos para mi, yo para mi”.

Con manipulación o con temor, con el país como escudo, lo más importante de la consulta es que nos permite ahondar en las causas reales de un fenómeno que en las últimas décadas ha ganado indicadores inimaginables: 50 billones de pesos por año rellenan las cuentas bancarias –los Panama Papers y similares– de estos personajes y de sus encubridores. Es así como estamos ante un fenómeno que va más allá de expedir normas –las cuales existen con nombre propio y convenios internacionales sobre lo mismo: Ley anticorrupción, pese a lo cual no para, y crece, crece, con las multinacionales –y empresarios de distinto nivel– como actoras principales, bien aceitando votos en distintos espacios legislativos con millones de dólares para lograr uno u otro contrato, bien ocultando los daños ambientales que causan con las materias primas que producen sus empresas (como la Volkswagen y otras fabricantes de carros ocultando los reales niveles de contaminación que producen), bien pagando a medios de comunicación globales y locales para que desinformen sobre resultados arrojados por estudios sobre calidad de vida, organismos genéticamente modificados, consecuencias por el uso de tóxicos como el glifosato, desigualdad social, explotación, guerras, comercio con mujeres y hombres, pedofilia, etcétera.

El motor o raíz de tal realidad la tenemos ante nosotros. El motor o raíz de tal fenómeno parece ser uno solo: el neoliberalismo, propulsor del enriquecimiento a cualquier costo, entre ellos la privatización de lo público, feriado en diferentes subastas en beneficio de los particulares –¿quieren mayor signo de la corrupción que este proceder?–.

Sin un Estado que propicie el respeto y amor por lo público, sin un sentido de lo común, sin un referente de futuro que valga la pena –para una inmensa mayoría ya no hay utopía alguna que despierte acciones y comportamientos altruistas ni éticos–, entonces, ¿por qué y para qué defender y proteger los dineros que no son de nadie a pesar de ser de todos?

Es decir, la importancia de la consulta por celebrarse el próximo domingo 26 de agosto es que nos permite visualizar y comprender el neoliberalismo en su real dimensión y consecuencias, y a sus promotores y defensores como los autores intelectuales y propiciadores de la realidad de la corrupción, como la cúspide de la misma, quienes, con las normas tramitadas durante décadas en el Congreso colombiano, leyes sobre la salud, la educación, la economía en general, la tierra, los servicios públicos, los impuestos que favorecen a los más ricos y perjudican a los pobres. han alimentado hasta hacer incontenible la realidad que ahora algunos denuncian y otros dicen también desaprobar: la corrupción.

Es en contra de esa realidad neoliberal, con todos sus matices, que quienes habitamos Colombia debemos salir a votar este 26 de agosto. Claro que la consulta no pregunta por ello, y esa es una de las razones profundas de lo limitado de la misma, esa es la razón por la cual cualquiera puede aprobarla, pues en realidad no va más allá de la normatividad ya existente, la cual todos los que hacen parte del establecimiento saben como burlar. La consulta, contrario a lo expresado en sus 7 preguntas, contrario a su misma apariencia, no ataca al establecimiento ni a sus defensores, dejándolos aparentar lo que no son, con lo cual todo seguirá como ha sido hasta ahora.

Entonces, con la puja que se escenificará en doce días deberá empezar una disputa abierta y total contra el neoliberalismo, mal de males, levantando como indicador de una batalla frontal las banderas de otra sociedad posible, una donde la democracia deje de ser formal y en verdad sea directa, radical, refrendataria.

 

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