Más que rendición de cuentas, requerimos un gobierno de la gente y para la gente
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Pregunta 5. Los congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión.

¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos particulares e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos?

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–Véalo, ahora sí está por aquí, con las promesas de siempre…

Este es uno de los comentarios más comunes que se escuchan en los barrios cuando está en curso alguna campaña electoral.

Y, sí, no están equivocados quienes así expresan su malestar, inconformidad y desconfianza con los políticos profesionales, con quienes sin vergüenza alguna repiten cada tantos años el rito electoral –su recorrido por barrios, centros de estudio, plazas, y otros lugares–, precisamente en época de votos. Allí, rodeados de su cohorte de aduladores, y de quienes llegan a pedir algún favor, repiten como si fueran una caja de música todo aquello que harán si son elegidos, o reelegidos, como es común entre congresistas, concejales y ediles.

–“Les aseguro, en los meses que vienen pavimentaremos estas calles, construiremos el centro de salud que ustedes están reclamando hace 20 años…”, promesas, promesas, en un decir que los hace aparecer como si ellos fueran los dueños de lo que es de todos, cuando simplemente son una circunstancia temporal dentro de la maquinaria gubernamental, la misma que debemos desmitificar hasta que todos comprendamos que nada de lo que allí hacen unos y otros es imposible de realizar por cualquiera de nosotros, eso sí, siempre y cuando lo asumamos como un ejercicio colectivo, abierto, sincero.

Estos personajes, políticos de oficio, privatizadores de lo colectivo y deformadores del mismo sentido y deber ser de la política, sin vergüenza alguna, una y otra vez, cada cuatro años, o menos, le aseguran a sus posibles electores lo que no harán, pues son tantos los compromisos que adquieren que no pueden cumplir con todos ellos, ni con la mayoría de los mismos y, claro, todo queda ahí, como un decir. Su consecuencia inmediata: potenciar el desinterés y la incredulidad de las mayorías sobre la política, mucho más cuando ésta queda reducida a un asunto formal, al procedimiento mecánico de elegir y ser elegido.

Estamos ande la democracia formal, al más liberal de los ejercicios de la representación, algo que desdibuja el sentido profundo de la democracia, un ritual trasformado en espectáculo, y en mercancía, donde unos compran votos y otros conciencia. La gente sabe esto, como sabe de promesas e incumplimientos, pese a lo cual sale a ver qué logra de uno u otro político, pues esa es su posibilidad de que algún día el Estado se deje ver con algo. Así, instrumentalizados por los políticos de oficio, tratan de vengarse utilizando a esos políticos en beneficio propio.

Al así suceder, lo que emerge es un Estado que parece distante, ajeno al común de los mortales… Por el contrario, el reto ante el cual está la humanidad toda para abrir espacio hacia una libertad a plenitud, así como una vida en justicia y felicidad, es que ese Estado sea tan cercano a la totalidad social que esa misma gente lo simplifique, develando su funcionamiento, haciéndolo cada vez más cercano a todos y cada uno, superando el funcionamiento burocrático que hoy tiene y que los oprime, llevando muchas de sus funciones, entre ellas seguridad y defensa, a las manos de todos… buscando que la máquina deje de estar al servicio de pocos y cada vez más esté al servicio de todos, por ejemplo con la garantía, de verdad verdad, de que la salud, educación, transporte, vivienda, agua, luz, sea gratuitos y universales, socializando de esta manera lo que todos aportamos a ese mismo Estado a través de nuestro trabajo, el cual él recoge a través de impuestos, hasta acercarlo a su extinción por tornarse innecesario.

 

Privatización de la política

 

Parece increíble, pero esto de las promesas dilatadas e incumplidas, es un cuadro repetido una y otra vez a lo largo y ancho de nuestros países. A propósito de esto, algún escritor tituló uno de sus libros con una sentencia: “Al pueblo nunca le toca”.

¿Por qué sucede esto? Porque el gobierno, como dice la máxima de la democracia liberal, no es del pueblo ni para el pueblo, pero también porque quienes llegan a las instancias legislativas de todo nivel no surgen producto de un ejercicio común en donde la comunidad, apropiada de su destino, controla en sus manos el devenir de lo público, delegando en algunos de los suyos las funciones de representación, delegados que tendrían, si así funcionaran las cosas, que entregar informes de su gestión de manera constante, por lo menos cada mes o menos, y no cada año como lo proponen en la consulta motivo de este escrito.

Delegados, que además, tendrían que socializar con los suyos no solo lo hecho sino además la información que permita comprender el conjunto de intereses que se mueven en la instancia a la que asiste, así como explicando a quiénes (gremio o clase) representan. Un ejercicio de información que deberá tornarse en educación constante para que todos y todas procesen y comprendan cómo está organizado el Estado a todo nivel y cómo funciona, pasando para ello por el gobierno y todas y cada una de sus instancias.

Esta debería ser una labor espontánea, sin exigencia de nadie en particular, pues el delegado, en tanto parte de la comunidad entendería que su labor es de vocería, es decir, de recoger las demandas comunes y transformarlas en proyectos de ley, además de educar para que cualquiera esté en capacidad de llevar a cabo esa misma representación. Es decir, hacer de este cargo algo temporal, y por ello mismo rotativo, así como colectivo y deliberante.

Al así proceder, su participación en alguna instancia de elección popular no sería el sueño realizado para vivir de una cuota burocrática, transformándose por ese conducto en un político profesional (un artista de la palaba y del engaño), alguien que va a una instancia pública a servirse y no a servir, sino todo lo contrario, alguien que de manera circunstancial asume una responsabilidad colectiva, sabiendo que es temporal, con obligaciones expresas hacia el conjunto humano que deposita en él/ella su confianza para que haga conocer en ciertos espacios las necesidades, deseos y sueños de todos, y no solo los de él o ella; por tanto, un funcionario que llega a un espacio de estos a bajar y no a subir, un funcionario que su función, además de otras, es la de servir.

Proceder que sería un paso necesario hacia la desprofesionalización de la política, es más, hacia su desaparición como un asunto de algunos pocos, los mismos que con su proceder niegan y excluyen a todos; al así proceder también avanzaríamos hacia la reconstrucción del prestigio de la política como un asunto del conjunto social, los que ya no delegarían sino que acogerían como parte sustancial de su vida cotidiana el diseño y control de todo aquello que compete con lo común.

Si así fuera el proceder, quedaría confrontado y superado el desinterés hoy reinante por lo público, desinterés instalado en la mente de las mayorías por parte de quienes detentan el poder. Una vez recuperado este interés, tomarían forma las esclusas para que lo que es de todos no sea privatizado, cerrando con ello el paso a todo tipo de negociados y robos que se llevan a cabo en estas instancias, precisamente por que “lo que es de todos es de nadie”. Es esta una batalla contra el neoliberalismo, que no solo toma manifestaciones económicas, sino también políticas, ideológicas, culturales.

Entonces, la exigencia no es solo para la entrega diferida de informes a doce meses, no, la exigencia y reto es para que la política sea un asunto del interés del conjunto social, que los delegados a las instancias de elección popular sean rotativos, que los programas por impulsar surjan del debate cotidiano de las gentes, que los elegidos, así deben saberlo, de no cumplir con los mandatos recibidos podrán ser revocados en cualquier tiempo, que el control efectivo de la ciudadanía sobre lo que sucede al interior de estas instancias impida todo tipo de negociado, etcétera.

De así proceder, no solo habremos recuperado el sentido original y profundo de la política sino que habremos hecho realidad el sueño de darle cuerpo a un gobierno de la gente y para la gente.

 

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26 de agosto. La corrupción, a debate y a voto

 
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LA ONU ratificó el derecho de Lula a ser candidato del PT

Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo una victoria de proporciones en Naciones Unidas (ONU) donde fue defendido su derecho a ser candidato a la Presidencia en las elecciones del 7 de octubre. El Comité de Derechos Humanos del organismo multilateral demandó que el Estado brasileño deje sin efecto las resoluciones que impiden al detenido dar entrevistas, grabar spots de campaña y participar en debates televisivos con los otros postulantes. “Esta medida cautelar de la ONU llegó en un momento muy oportuno, fue una medida muy positiva”, declaró a PaginaI12 la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, defensora de Lula. 

La noticia generada en la sede de la ONU en Ginebra llegó a media mañana a Brasilia. A primeras horas de la tarde ganó contornos de un conflicto diplomático porque el gobierno la definió como una “una intromisión” carente de “relevancia jurídica”. Teixeira Zanin Martins desmintió la tesis oficial, al sostener que “el Estado tiene que acatar esta medida cautelar porque es signatario desde 1992 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU”, reforzado en 2009 a través de un Decreto Legislativo 311 en el que se comprometió a acatar sus determinaciones.


Lula está arrestado desde el 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba por determinación del juez Sergio Moro, responsable de Lava Jato.


“El presidente Lula ha sido víctima de todo tipo de atropellos, de vicios groseros por parte de un juez que se condujo con falta de imparcialidad y motivaciones políticas”, planteó la abogada que ubicó esta resolución de la ONU en el contexto de la “perplejidad” que hay en la comunidad internacional frente a la situación a la que “ha sido sometido el presidente (Lula), un hombre inocente contra quien no hay ninguna prueba”.


A pesar de su aislamiento , por estar encerrado en una celda en solitario, el político ha recogido muestras de respaldo internacional, que van desde el papa Francisco al expresidente francés Francois Hollande, incluyendo al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, que lo visitó el jueves, el intelectual estadounidense Noam Chomsky y la ex presidenta Michelle Bachelet. Precisamente la socialista Bachelet acaba de ser elegida como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, novedad que puede fortalecer la posición del detenido.


El miércoles pasado el Partido de los Trabajadores presentó ante el Tribunal Superior Electoral la candidatura de Lula a la presidencia y Fernando Haddad a la vice. El mismo miércoles, con una premura evidente, la procuradora general de la República solicitó la impugnación alegando que el candidato violó la Ley de la Ficha Limpia.


Hasta ayer ya hubo siete pedidos de impugnación. Uno de ellos lo firmó el candidato y capitán retirado del Ejército Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL) y otro el actor porno, también retirado de esa profesión, Alexandre Frota. Bolsonaro se fotografió ayer entre policías con los dedos en forma de pistola, repitiendo su estilo de candidato mano dura y aprovechó el evento para tildar a Lula de delincuente.


Paralelamente, esta semana los fiscales de la causa Lava Jato exigieron que el detenido no reciba visitas de dirigentes políticos y que se refuercen las medidas de enclaustramiento. El planteo de los fiscales desconoce que Lula, como todo ciudadano privado de su libertad, mantiene sus derechos políticos. Como el de disputar la Presidencia.


¿En términos prácticos qué implica esta medida del Comité de la ONU?, le preguntó este diario a Teixeira Zanin Martins. “Significa que el Estado brasileño tiene que garantizarle a Lula que puede competir en las elecciones en un pie de igualdad con sus adversario. Por ejemplo, que esta noche (del viernes) pueda participar a través de videoconferencia o de teléfono en el debate que realiza la Rede TV, y que no se lo excluya como sucedió la semana pasada en el debate de Bandeirantes”, explicó la abogada. Ella integra el equipo encabezado por el australiano Geoffrey Robertson, quien ya fue defensor de Julian Assange y participó en un proceso contra el dictador Augusto Pinochet. Ese equipo de letrados presentó en julio 2016 una denuncia ante el Comité de la ONU.


Los portales de noticias de los medios grandes se habían desentendido del tema hasta que el Ministerio de Relaciones Exteriores divulgó un comunicado de tono enérgico, según los cánones diplomáticos. “Brasil es un fiel cumplidor del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos”, dice la nota oficial en la que se aseguró el respeto a la “amplia defensa” de que gozan todos los ciudadanos. En el comunicado se relativiza el efecto jurídico del pronunciamiento de la ONU. Un punto de vista con el que discrepó la vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos, Sarah Cleveland, para quien el gobierno de Brasil “está obligado a acatar” la decisión. El caso es que la campaña ganó un relieve internacional inconveniente para el gobierno. Del que posiblemente habrá más repercusiones en los próximos días cuando se podrían sumar nuevas objeciones al cautiverio del candidato que, pese a su encierro, sigue ubicado en primer lugar de todos los sondeos.

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Consulta anticorrupción. Reducción de salarios para congresistas y…
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Pregunta 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión

¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos?

 

Entre las 7 preguntas que integran la consulta anticorrupción por celebrarse el próximo 26 de los corrientes, existe un punto de alto consenso social: la reducción de los salarios que devengan los congresistas.

 

Sin excepción, cuando este tema emerge en una conversación desprevenida de amistades reunidas alrededor de un café o similar, el rechazo es generalizado. Unos y otros dicen no comprender cómo es que el salario de estos personajes es tan alto, esto sin sumarle beneficios como vehículo a cargo también del conjunto nacional y la subvención de quienes le acompañan en su trabajo, más conocida como Unidad de Trabajo Legislativo –UTL–, integrada hasta por 10 personas, cuyo costo no puede superar los 50 salarios mínimos mensuales. Es decir, cada uno de ellos puede percibir un salario mensual cercano a los 4 millones de pesos. Por lo general, las UTL las integran 5 personas, es decir, el sueldo de cada funcionario alcanza a ser hasta 8 y más millones.

 

La inconformidad social con el salario de los llamados popularmente “padres de la patria” no es para menos. Cada uno de estos percibe, referido al 2018, mes a mes, $ 31.331.821 pesos. Los negocios de todo tipo, desprendidos de su vinculación con el Estado tampoco son pocos, entre ellos las cuotas de empleados públicos, todo lo cual le otorga un pequeño espacio de poder que, con algunas excepciones que le hacen honor a la norma, deslumbra a más de uno.

 

Esta bien corregir este despropósito. Pero, ¿cuál debería ser el sueldo de estos funcionarios públicos? De acuerdo con lo proyectado por quienes impulsaron esta consulta, el sueldo deberá ser recortado de 40 salarios mínimos mensuales legales a 25, tomando este como tope máximo.

 

Un salario que tampoco es poco: ¡25 salarios mínimos!, cuando la mayoría de familias colombianas malviven con un solo salario, o tal vez dos, sin posibilidad, por demás, de hacer negocios producto del trabajo que desempeña la persona que está vinculada a alguna actividad productiva, y los contactos que tiene producto de la misma.

 

En el curso de la Comuna de París, una bella experiencia acaecida hace ya 147 años (en 1871), los insurrectos que se hicieron con el poder a lo largo de tres meses, definieron que los asambleístas no podían devengar un salario superior al que devenga un obrero promedio. Referido a nuestros días, esto significa un salario que oscila entre 2 y 3 salarios mínimos. Establecían así que la política no podía ser comprendida como un asunto de especialistas, y que quien la ejerciera tampoco podía hacer de ella fuente de diferenciación ciudadana ni fuente de poder.

 

La política no puede ser de profesionales. Esta es una máxima legada por el marxismo, ideal por el cual hay que laborar, en el sentido de que toda persona debe estar en capacidad de asumir y responder en público por lo que es de todos. De ser así, tales puestos serían rotativos, abiertos al público en general, en tanto que quien esté al frente de uno de ellos debe estar dispuesto a responder a cualquiera de sus conciudadanos cuando lo requiere. Es decir, en tanto funcionario público, el político se debe al conjunto social y no a sus intereses particulares, como es común hoy. El funcionario no sube y se pavonea, sino que baja y se esfuerza, no se sirve sino que sirve, atento siempre para que todo aquello que ande mal retome la senda requerida para que todos vivamos bien, es decir, en felicidad. Este es el propósito último y decisivo de lo que debe ser el buen gobierno.

 

Estamos ante un bello ideal: la política desprofesionalizada, y lo que esto implica: la política como asunto de todos, donde el conjunto de integrantes de una sociedad dada –con mayor razón hoy en día cuando cualquiera puede acceder a todo tipo de información vía Internet– debemos estar dispuestos a asumir como responsabilidad diaria, por un tiempo determinado, funciones como las que implica la rama legislativa del Estado, pero también otras, haciendo real así que la política deje de ser un asunto supuestamente complejo para tornarse en lo que realmente es: algo sencillo, en tanto estamos hablando de cómo organizamos, controlamos, corregimos, etcétera, entre todos y todas nuestros asuntos cotidianos.

 

Al ser así, la pregunta por el salario tope del Congresista enlistada en la próxima consulta del 26 de agosto, debería estar complementada por otra que le hiciera justicia: ¿Está usted de acuerdo con que el salario mínimo que se paga hoy en Colombia sea reajustado en el ciento por ciento?

 

Pregunta totalmente pertinente en tanto el problema de nuestro país no es que unos pocos ganen tanto, sino que muchos ganen tan poco, obligados a sobrellevar una vida llena de dificultades cada vez más difíciles de resolver, insolvencia, carencias, marginación, es decir, empobrecimiento inducido.

 

Alza al doble del salario mínimo que le haría honor a una política social y económica en procura de vida digna.

 

Propuesta justa y a la orden del día, contraria a la cual encontramos las pretensiones de patrones y empresarios que andan presionando para: 1) acabar con el salario mínimo como referente obligado en el país –medida de protección del trabajador de base, 2) reducirlo, pues de no ser así “los empresarios no podrán competir en el mercado global”, según el decir de sus impulsores, 3) cancelar un salario mínimo diferenciado o por regiones.

 

Es decir, a cómo de lugar, los que más tienen siguen luchando por tener más, y para ello cuentan con un gobierno que los representa.

 

Actuemos para que estos empresarios no puedan hacer realidad su sueño de seguir acumulando millones de millones a costa del trabajo ajeno.

 

Salgamos a votar sietes veces sí en la consulta del próximo 26, pero no nos quedemos ahí, aprovechemos la misma para darle cuerpo a otras iniciativas sociales, económicas y políticas de diverso orden que nos permitan confrontar a fondo el actual sistema imperante en nuestro país.

 

¡Qué el salario mínimo sea reajustado en el ciento por ciento!

 

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17 de agosto de 2018

26 de agosto. La corrupción, a debate y a voto

14 de agosto de 2018

 
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Miércoles, 15 Agosto 2018 07:54

Quiero democracia, no impunidad

Quiero democracia, no impunidad

Hace dieciséis años, Brasil estaba en crisis; su futuro era incierto. Nuestro sueño de convertirnos en uno de los países más democráticos y prósperos del mundo parecía peligrar. La idea de que algún día nuestros ciudadanos pudieran disfrutar los estándares de vida holgados de nuestros pares en Europa o en otras democracias de Occidente parecía esfumarse. Menos de dos décadas después de que terminó la dictadura, algunas heridas de ese periodo seguían abiertas.

 El Partido de los Trabajadores ofreció esperanza, una alternativa que podía cambiar esas tendencias. Me parece que, sobre todo, por esta razón triunfamos en las urnas en 2002. Me convertí en el primer líder sindical en ser elegido presidente de Brasil. Al principio, los mercados se inquietaron por este acontecimiento, pero el crecimiento económico los tranquilizó. En los años posteriores, los gobiernos del Partido de los Trabajadores que encabecé redujeron la pobreza a más de la mitad en tan solo ocho años. En mis dos periodos presidenciales, el salario mínimo aumentó el 50 por ciento. Nuestro programa Bolsa Família, el cual ayudaba a familias pobres al mismo tiempo que garantizaba educación de calidad para los niños, fue reconocido internacionalmente. Demostramos que combatir la pobreza era una buena política económica.

Después, este progreso fue interrumpido. No por medio de las urnas, a pesar de que Brasil tiene elecciones libres y justas, sino porque la expresidenta Dilma Rousseff fue víctima de un juicio político y la destituyeron del cargo por una acción que incluso sus oponentes admitieron que no era una ofensa que ameritara este tipo de procedimiento. Muy pronto, yo también terminé en la cárcel, después de un juicio sospechoso por cargos de corrupción y lavado de dinero.

Mi encarcelamiento es la fase más reciente de un golpe de Estado en cámara lenta diseñado para marginar de forma permanente las fuerzas progresistas de Brasil. Tiene como objetivo evitar que el Partido de los Trabajadores vuelva a ser elegido para ocupar la presidencia. Debido a que todas las encuestas muestran que ganaría con facilidad las elecciones de octubre, la extrema derecha de Brasil busca dejarme fuera de la contienda electoral. Mi condena y encarcelamiento se sustentan solamente en la declaración de un testigo cuya propia sentencia fue reducida a cambio de que testificara en mi contra. En otras palabras: el testigo tenía un beneficio personal en decir lo que las autoridades querían oír.

Las fuerzas de la derecha que han usurpado el poder en Brasil no han perdido el tiempo para implementar su agenda política. El gobierno profundamente impopular del presidente Michel Temer ha aprobado una enmienda constitucional que pone un límite de veinte años al gasto público y ha promulgado varios cambios a las leyes laborales que facilitarán la subcontratación, debilitarán los derechos de negociación de los trabajadores e incluso su derecho a un día laboral de ocho horas. El gobierno de Temer también ha intentado recortar las pensiones.

Los conservadores de Brasil se han esforzado mucho por socavar el progreso logrado por los gobiernos del Partido de los Trabajadores y están determinados a evitar que ocupemos la presidencia de nueva cuenta en el futuro cercano. Su aliado en esta maniobra es el juez Sérgio Moro y su equipo de procuradores, quienes han recurrido a grabar y filtrar conversaciones telefónicas privadas que tuve con mi familia y mi abogado, entre ellas una conversación que se grabó de forma ilegal. Crearon un espectáculo mediático cuando me arrestaron y me hicieron desfilar ante las cámaras acusado de ser la “mente maestra” detrás de un enorme esquema de corrupción. Rara vez se cuentan estos detalles vergonzosos en los principales medios informativos.

El juez Moro ha sido idolatrado por los medios de la derecha brasileña. Se ha vuelto intocable. Sin embargo, el verdadero problema no es Moro, sino los que lo han encumbrado a un estatus de intocable: las élites neoliberales de derecha que siempre se han opuesto a nuestra lucha por una mayor igualdad y justicia social en Brasil.

No creo que la mayoría de los brasileños apruebe esta agenda elitista. Por esta razón, aunque me encuentro en prisión, me postulo a la presidencia y, por el mismo motivo, las encuestas muestran que, si las elecciones se llevaran a cabo hoy, sería el ganador. Millones de brasileños comprenden que mi encarcelamiento no tiene nada que ver con la corrupción y entienden que estoy donde estoy solo por razones políticas.

No me preocupa mi situación. He estado preso antes, durante la dictadura militar de Brasil, nada más porque defendí los derechos de los trabajadores. Esa dictadura cayó. La gente que abusa de su poder en la actualidad también caerá.

No pido estar por encima de la ley, sino un juicio que debe ser justo e imparcial. Las fuerzas de la derecha me condenaron, me encarcelaron, ignoraron la evidencia abrumadora de mi inocencia y me negaron el habeas corpus solo para impedir que me postulara a la presidencia. Pido respeto por la democracia. Si me quieren derrotar de verdad, háganlo en las elecciones. De acuerdo con la Constitución brasileña, el poder viene de la gente, la responsable de elegir a sus representantes. Así que dejen que el pueblo brasileño decida. Tengo fe en que la justicia prevalecerá, pero el tiempo se le acaba a la democracia.

Por Luiz Inácio Lula da Silva
The New York Times 

Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, escribió este artículo de opinión desde la cárcel, en Curitiba (Brasil). La versión en castellano de este artículo se encuentra en la misma cabecera del The New York Times sin mención de autoría, donde también se encuentra la versión en inglés y en portugués.

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26 de agosto. La corrupción, a debate y a voto

Un debate frío, a pesar de su importancia. Una sociedad pasiva a pesar de la importancia del reto que tiene ante sí.

¿Desaprobar la corrupción? La pregunta parece innecesaria, pese a ello, a escasos 12 días del 26 de agosto, día seleccionado para llevar a cabo la consulta que interroga a través de 7 items sobre tal particular, parece estar en un congelador. Contrario a lo común de las campañas electorales la difusión, agitación, los afiches, cuñas de todo tipo, etcétera, que debiera estar llenando al país de norte a sur, de occidente a oriente, de arriba abajo, destacan por su ausencia o poca trascendencia.

Los impulsores de la consulta, que de boca para afuera son todos los políticos y sus respectivos partidos, en realidad no son como aparentan. Se dice sí ante la galería para no quedar mal, pero se actúa en contravía. No puede ser de otra manera pues su pretensión permanente es apropiarse con fines particulares de lo colectivo.

Pero también sucede que quienes están convencidos de la necesidad y utilidad de la consulta ahora, cuando todo parece indicar que ésta difícilmente alcanzará los votos necesarios para ser aprobada, optan por quitarle el pecho a tal compromiso, temiendo cargar con el costo de una posible derrota. Es lo que llaman los estudiosos el “realismo político”, con el cual prima lo particular –“mi futuro”– por sobre el del país. Para los políticos, cuando no actúan sometidos a las dinámicas de los movimientos sociales, cuando no están dispuestos a bajar antes que subir, lo colectivo solo funciona como la Ley del Embudo, a saber en este caso: “todos para mi, yo para mi”.

Con manipulación o con temor, con el país como escudo, lo más importante de la consulta es que nos permite ahondar en las causas reales de un fenómeno que en las últimas décadas ha ganado indicadores inimaginables: 50 billones de pesos por año rellenan las cuentas bancarias –los Panama Papers y similares– de estos personajes y de sus encubridores. Es así como estamos ante un fenómeno que va más allá de expedir normas –las cuales existen con nombre propio y convenios internacionales sobre lo mismo: Ley anticorrupción, pese a lo cual no para, y crece, crece, con las multinacionales –y empresarios de distinto nivel– como actoras principales, bien aceitando votos en distintos espacios legislativos con millones de dólares para lograr uno u otro contrato, bien ocultando los daños ambientales que causan con las materias primas que producen sus empresas (como la Volkswagen y otras fabricantes de carros ocultando los reales niveles de contaminación que producen), bien pagando a medios de comunicación globales y locales para que desinformen sobre resultados arrojados por estudios sobre calidad de vida, organismos genéticamente modificados, consecuencias por el uso de tóxicos como el glifosato, desigualdad social, explotación, guerras, comercio con mujeres y hombres, pedofilia, etcétera.

El motor o raíz de tal realidad la tenemos ante nosotros. El motor o raíz de tal fenómeno parece ser uno solo: el neoliberalismo, propulsor del enriquecimiento a cualquier costo, entre ellos la privatización de lo público, feriado en diferentes subastas en beneficio de los particulares –¿quieren mayor signo de la corrupción que este proceder?–.

Sin un Estado que propicie el respeto y amor por lo público, sin un sentido de lo común, sin un referente de futuro que valga la pena –para una inmensa mayoría ya no hay utopía alguna que despierte acciones y comportamientos altruistas ni éticos–, entonces, ¿por qué y para qué defender y proteger los dineros que no son de nadie a pesar de ser de todos?

Es decir, la importancia de la consulta por celebrarse el próximo domingo 26 de agosto es que nos permite visualizar y comprender el neoliberalismo en su real dimensión y consecuencias, y a sus promotores y defensores como los autores intelectuales y propiciadores de la realidad de la corrupción, como la cúspide de la misma, quienes, con las normas tramitadas durante décadas en el Congreso colombiano, leyes sobre la salud, la educación, la economía en general, la tierra, los servicios públicos, los impuestos que favorecen a los más ricos y perjudican a los pobres. han alimentado hasta hacer incontenible la realidad que ahora algunos denuncian y otros dicen también desaprobar: la corrupción.

Es en contra de esa realidad neoliberal, con todos sus matices, que quienes habitamos Colombia debemos salir a votar este 26 de agosto. Claro que la consulta no pregunta por ello, y esa es una de las razones profundas de lo limitado de la misma, esa es la razón por la cual cualquiera puede aprobarla, pues en realidad no va más allá de la normatividad ya existente, la cual todos los que hacen parte del establecimiento saben como burlar. La consulta, contrario a lo expresado en sus 7 preguntas, contrario a su misma apariencia, no ataca al establecimiento ni a sus defensores, dejándolos aparentar lo que no son, con lo cual todo seguirá como ha sido hasta ahora.

Entonces, con la puja que se escenificará en doce días deberá empezar una disputa abierta y total contra el neoliberalismo, mal de males, levantando como indicador de una batalla frontal las banderas de otra sociedad posible, una donde la democracia deje de ser formal y en verdad sea directa, radical, refrendataria.

 

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Publicado enColombia
Wilbur Ross en una reunión; en primer plano, Donald Trump

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, “desvió erróneamente o directamente robó” a socios de negocios 120 millones de dólares, de acuerdo con un reportaje con base en 21 testimonios que publica la revista Forbes y en el cual se le considera “uno de los mayores estafadores en la historia del país”.


El reporte de Forbes comienza relatando que una demanda multimillonaria ha estado avanzando por el sistema de Cortes del estado de Nueva York en los últimos tres años, enfrentando a un gerente de fondos de capital privado, David Storper, contra su antiguo jefe, Wilbur Ross, con quien trabajó por más de una década.


Según el alegato de Storper, en la firma WL Ross & Co el ahora secretario de Comercio robó sus intereses en un fondo de capital privado, los transfirió a sí mismo y trató de encubrir la operación con “papeleo falso”.
Dos semanas atrás, justo antes del inicio del juicio en el que se jugaban cuatro millones, Ross y Storper llegaron a un acuerdo confidencial del que nada se conoce.


Es solo uno de los casos que recoge el reporte de Forbes, que habló con 21 conocidos de Ross a lo largo de varios meses. Del total de testimonios de los afectados, la suma total asciende a más de 120 millones de dólares en valor agregado.


Entre esos testimoni0os están los de tres exejecutivos de WL Ross quienes afirman que Ross y su firma cobraron al menos 48 millones de dólares en pagos erróneos o deshonestos y luego se embolsillaron el dinero. Una demanda judicial con este caso está activa, aunque Ross consideró “sin sustento” el caso en una declaración a la revista.


“Si al menos la mitad de las acusaciones son legítimas, el actual secretario de Comercio de Estados Unidos podría clasificar entre los mayores estafadores de la historia estadounidense”, señala Forbes.
“Es difícil imaginar la posibilidad de que un hombre como Ross, a quien Forbesestima una fortuna de unos 700 millones de dólares, pudiera robar unos pocos millones a uno de sus asociados en negocios”, refiere el reporte.


Muchas de las acusaciones recogidas en la investigación conforman un patrón, según la revista: muchos de los que trabajaron directamente con él afirman que Ross “erróneamente desvió o robó descaradamente unos millones aquí, unos millones allá, grandes cantidades no solo para él (…) En total, las alegaciones suman más de 120 millones de dólares”.


Otro de los grandes robos que se señalan a Ross es el de 43 millones de dólares provenientes de gastos regulatorios y reembolsos de la empresa matriz de WL Ross, Invesco, y que varios exempleados de la firma refieren que están relacionados con problemas ocurridos bajo la directiva del hoy alto funcionario del gobierno de EEUU.


WL Ross estaba cargando a empleados e inversionistas dinero que había perdido, según el testimonio de cinco exempleados.


Ross también habría sustraído dinero sirviendo en las juntas corporativas del portafolio de compañías de su firma. “Era como un niño en una tienda de dulces, lo afanaba todo”, dijo otro de sus exempleados.
Los testimonios de quienes trabajaron con él indican que se trata de un hombre “obsesionado con el dinero y desconectado de los hechos. “Empujaría los límites de la honradez y emplearía cualquier poder en sus manos para hacerse con capital”, dijo Asher Edelman, financista de Nueva York.


Uno de sus antiguos colegas fue más directo: “Es un mentiroso patológico”.

7 agosto 2018
(Tomado de Forbes. Traducción de Cubadebate)

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Brasil y la muy previsible imprevisibilidad

El sábado 5 de agosto se agota el plazo para que los partidos políticos brasileños realicen sus convenciones, sellen sus alianzas e indiquen sus candidatos a las presidenciales de octubre. Y la verdad es que nadie tiene idea de qué ocurrirá.

Buena muestra de eso es la afirmación de Carlos Augusto Montenegro, quien desde hace casi medio siglo –desde 1971– preside uno de los más influyentes organismos encuestadores electorales, el Ibope, Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística.

Con semejante experiencia de prever resultados, Montenegro admite que la de 2018 será la elección ‘más difícil de la historia de Brasil’, según admitió al columnista Bernardo Melo Franco, del muy conservador diario O Globo, de Río de Janeiro.

A ejemplo de prácticamente todos los analistas políticos brasileños, él dice que nunca antes había visto ‘el elector tan frío y desmotivado’, faltando poco menos de dos meses para que se defina el nombre del futuro presidente.

Hay un cuadro razonablemente definido en lo que se refiere a alianzas y candidaturas. Pero persiste la gran incógnita de la que dependerá el cuadro real que saldrá de las urnas: el destino de Lula da Silva.

Un sondeo recién divulgado indica: luego de la confusión registrada el 8 de julio, cuando la determinación de un juez de segunda instancia de liberar a Lula fue contestada por otro, de instancia inferior, que contó con la complicidad de la policía federal para cometer un acto clara y llanamente ilegal, manteniendo a Lula da Silva en la cárcel –donde se encuentra gracias a un juicio plagado de arbitrariedades y atropellos a las principios más básicos de la Justicia– cuya popularidad creció.

Los que declaran su intención de votar por el ex presidente alcanzó su más elevado grado: 41 por ciento. La suma de todos los demás, tanto los ya indicados como los que seguramente lo serán, es de 29 por ciento.

Es una situación límite, que indica hasta qué punto de confusión se llegó en un país absolutamente conturbado.

Al mismo tiempo, se selló la alianza de los llamados partidos ‘de centro’, que en realidad responden a la derecha y reúnen el mayor contingente de políticos denunciados o bajo investigación, alrededor del ex gobernador de Sao Pãulo, el derechista Geraldo Alckmin, cuyo carisma es comparable al de una hoja –envejecida– de lechuga.

Con eso, Alckmin, cuya intención de voto declarada en los sondeos ronda la marca de 6 por ciento, pasó a detentar el mayor espacio en la propaganda electoral que será transmitida por la radio y la televisión a partir de septiembre. Se trata de un capital envidiable. Queda por ver qué logrará el insulso y provinciano candidato para seducir a un electorado confuso, irritado y desinteresado (excepto, claro, los electores declarados de Lula).

Los demás candidatos, a excepción de un troglodita homofóbico, racista, defensor de la pasada dictadura militar, del actual golpe, del asesinato y la tortura, llamado Jair Bolsonaro, tienen un difícil horizonte por delante.

La mezcla rara de evangélica y ambientalista Marina Silva, que apoyó el golpe que destituyó a la presidenta Dilma Roussef y aprobó la detención ilegal de Lula da Silva, dispondrá de escasos ocho segundos en la propaganda televisiva. Tiempo suficiente para decir su nombre y poco más. Un candidato de centro-izquierda llamado Ciro Gomes patina igualmente: a menos que logre a última hora una cada vez más improbable alianza formal, dispondrá de escasísimo tiempo de propaganda electoral.

Bolsonaro, por su parte, sigue estacionado como favorito en caso de que Lula no logre oficializar su candidatura, pero a astronómica distancia en los sondeos. Cualquier analista mínimamente lúcido apuesta a que, en un escenario sin el favorito, Bolsonaro se disolverá gracias a su inconsistencia, a su falta absoluta de control sobre lo que dice, su radicalismo de cavernícola, y cederá parte sustancial de su electorado a Alckmin.

Los demás no tienen cómo despegar, tanto los de izquierda como los de derecha. Y sobreviven las figuras folclóricas, que a cada cuatro años se presentan con el único objetivo de luego vender –literalmente– su insignificante apoyo al mejor postor.

Prevalece, mientras tanto, la gran y definitoria pregunta: ¿qué hará Lula da Silva?

De momento, el más popular e importante líder político brasileño reitera que mantendrá su candidatura hasta las últimas consecuencias. Se niega a admitir una alternativa. Estirará la soga hasta más allá de cualquier límite. Y entonces indicará –o no– a quién deberá elegir su sólido electorado.

Con eso surge otra incógnita: ¿cuántos se mantendrán fieles a Lula?

Con la suma de acciones, todas absurdamente ilegales, destinadas a impedir que Lula se presente a las urnas, lo que se logró ha sido la situación más previsible del mundo: la absoluta y muy peligrosa imprevisibilidad.

Ni siquiera un viejo dicho brasileño –el futuro, a Dios pertenece– tiene base en el Brasil de hoy.

Es que aquí el futuro casi no existe. Y por eso no pertenece a nadie.

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Viernes, 27 Julio 2018 06:51

Las (in)justicias

Las (in)justicias

Imagínense a dos mandatarios. El mandatario X acusado de recibir supuestamente de una empresa “a cambio de contratos gubernamentales” un lujoso departamento “amueblado al gusto de su (fallecida ya) esposa” –que al final no es tan lujoso, tan amueblado, ni, desde luego, tan suyo (bit.ly/2A7LAJn)– fue condenado a 12 años de cárcel por “corrupción” en una verdadera “ Bliztkrieg jurídica” (también hay otras palabras para hablar de esta cochinada) y ya lleva casi cuatro meses tras las rejas.

¿Las pruebas? Inexistentes. Bastaron las palabras. Unas (“¡Yo se lo di!”) de un empresario corrupto, que a cambio gozó –por supuesto– de una generosa reducción de su propia sentencia (bit.ly/2qVq2sI). Y otra –“¡Culpable!”– de la boca de un juez justiciero que, si alguien se tomara en serio el significado de la “justicia”, debería cambiar inmediatamente su toga por el uniforme carcelario.


Por otro lado está el mandatario Y, quien desde hace años está siendo investigado –junto con su esposa– “por fraude al Estado y prácticas incompatibles con la función pública”, o sea –cortesía del traductor de Google– la más descarada y desvergonzada corrupción común y corriente. Desde hace años la policía “está a punto de concluir sus investigaciones”. Desde hace años el fiscal general “está a punto de formular la acusación oficial”. ¿Y...? Nada.


El papeleo –los casos, las pruebas, los testimonios (igual a cambio de uno que otro “arreglo”, pero al menos varios y en consonancia uno con el otro), las fotos, las grabaciones, etcétera– dividido en varias carpetas crece con cada día que el susodicho sigue al timón. Sus nombres son adecuadamente voluminosos:


Carpeta “1000” trata de los obsequios –puros (más caros) para él, champán rosa (más caro) para ella, más joyas y otras cosas– que la “pareja real” exige desde hace años de varios millonarios en su entorno a cambio de “influencias”. ¿Su valor? Más de un cuarto de millón de dólares.


Carpeta “2000” trata de la oferta de corrupción que el mandatario Y le extendió al jefe del segundo diario de su país: una cobertura favorable para él y para su –detestada generalmente– esposa, a cambio de la reducción del tamaño y tiraje del periódico más grande (fundado de hecho por otro millonario “amigo” con el solo propósito de glorificar a dicho mandatario).


Carpeta “3000” –la más “pesada”, pero igual la menos “avanzada”– sobre las mordidas que repartía el astillero alemán en la venta de sus submarinos y otras vinculados con las concesiones de las plataformas gasíferas: mucho dinero se fue a muchos bolsillos de la gente cercana a Y (¿y los de su traje como quedaron?).


Carpeta “4000”, finalmente sobre los afanes de asegurarse –otra vez– cobertura amigable de un portal de noticias a cambio de reformas gubernamentales favorables a su dueño, magnate de telecomunicaciones.


Hasta aquí los hechos. Y hasta aquí la imaginación. ¿O alguien sí es capaz de imaginarse lo que se desataría si el mandatario X hubiera cometido la pequeña –siquiera– fracción de lo que Y ya tiene en sus expedientes? Pero luego no hacía falta que hiciera nada.


O sólo una cosa: ser el candidato más popular en la mira de las elecciones presidenciales de octubre, en las que –en caso de presentarse– al parecer quedaría relegido con una holgada ventaja. Y si alguien se queda con un sabor de injusticia en la boca siempre se le puede decir –¡bienvenidas las interpretaciones de la dictadura global mediática!– que fue un “mal necesario”: “una cárcel preventiva ante el advenimiento del autoritarismo”. Ok...


El mandatario Y fue relegido como primer ministro –y sigue (una curiosidad...) gozando de una gran popularidad a pesar de ser un corrupto...– ya tres veces. ¿Algún problema? Para nada. En este caso es “estabilidad”, “conocimiento”, “experiencia”. “Experiencia”. Eso sí. Después de su primer mandato (en 2000) la policía confiscó de la residencia oficial 700 regalos demasiado costosos para ser aceptados para empezar (150 “desaparecieron”), declinando luego acusarlo. Igual él ya sabía después que no hay que dejarlos pasar.


Según su esposa, cuyo propio proceso por la defraudación de fondos públicos acaba –por supuesto– de posponerse, “de no estar sacrificándose para su país”, Y estaría “ganando millones en el sector privado” (así que algo se merece). Según su abogado, “es una persona honesta, sólo tiene debilidad por la gente rica” (sic).


El mandatario X –mala suerte– tenía más debilidad por la gente pobre, razón precisamente de la arremetida del fascismo en su contra (bit.ly/2mH48qs). El fascismo del que Y es el paladín en su país (bit.ly/2v0T8ry). De verdad. Por misteriosos caminos se mueve la dialéctica.


El mandatario X es por supuesto Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y el Y Benjamín Bibi Netanyahu (Israel). En tiempos de la supuesta desaparición de la diferencia “derecha-izquierda” su caso tiene un beneficio adicional. ¿O alguien todavía insiste de que la Temis es ciega, los lados de su balanza no importan y sus platos (derecho-izquierdo) no están amañados?

 

Maciek Wisniewski, periodista polaco

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Escándalo de corrupción judicial en Perú

Negociación de sentencias, tráfico de influencias, nombramientos irregulares de jueces y fiscales, ilegales maniobras políticas para capturar el sistema de justicia han quedado al descubierto con la difusión de los audios.


Desde Lima

 

El sistema de justicia peruano ha entrado en una grave crisis. Una crisis de corrupción que también alcanza al Congreso y ha importantes sectores políticos, y que ha gatillado movilizaciones de protesta. La difusión de audios de escuchas telefónicas han puesto en evidencia un organizado mecanismo de operaciones corruptas en el sistema de justicia, con ramificaciones en el Congreso. Negociación de sentencias, tráfico de influencias, nombramientos irregulares de jueces y fiscales, ilegales maniobras políticas para capturar el sistema de justicia cuando importantes dirigentes políticos son investigados por corrupción en el marco del escándalo Odebrecht, han quedado al descubierto con la difusión de los audios que han remecido al país. Este nuevo escándalo de corrupción es una vuelta más de tuerca en el desprestigio de la clase política y la pérdida de credibilidad de las instituciones.

Todo comenzó con las escuchas telefónicas ordenadas a la policía por un juez en el marco de una investigación a una organización dedicada al narcotráfico. Las escuchas pusieron al descubierto los contactos legales de esta organización para asegurarse impunidad y llegaron hasta altos funcionarios judiciales. Los audios se filtraron a la prensa y estalló la crisis. La primera reacción del aparato judicial, y del Congreso dominado por el fujimorismo, fue amenazar a la prensa que los divulgó para que revele sus fuentes, lo que, ciertamente, no ha ocurrido.

En el último capítulo, hasta ahora, de esta crisis, ayer renunció el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, quien no está directamente involucrado en las denuncias de corrupción, al menos hasta el momento, pero ha terminado arrastrado por las oscuras e ilegales maniobras puestas al descubierto en la institución que preside. El primero en caer por los audios que han sacado a la luz la podredumbre del sistema de justicia ha sido el juez superior Walter Ríos, quien fue detenido el domingo luego que se le escuchara negociar sus sentencias y vender sus influencias para designar jueces y fiscales. El magistrado de la Corte Suprema, César Hinostroza, también involucrado en la negociación de sus sentencias -en un audio ofrece la rebaja de pena o la absolución de un condenado por violar a una niña- ha sido suspendido y se ha ordenado su impedimento de salida del país.

En una de las escuchas telefónicas, el juez supremo Hinostroza coordina con su interlocutor una reunión con un personaje a quien se refieren como “la señora K”. Todas las miradas se han dirigido a Keiko Fujimori, cabeza del partido fujimorista, que tiene la letra K como su símbolo. Keiko ha negado ser la señora K, pero todas las evidencias apuntan a ella. La Sala Penal Suprema que presidía el hoy suspendido Hinostroza debe resolverse un pedido de Keiko para que se ponga fin a la investigación fiscal en su contra por lavado de dinero, en relación al financiamiento de su campaña electoral. Keiko está muy comprometida en esta investigación fiscal y lograr cerrarla es fundamental para ella.

Pero este no es el único audio que compromete al fujimorismo. Los audios evidencian un tráfico de influencias en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de designar jueces y fiscales. El congresista fujimorista Héctor Becerril, muy cercano a Keiko y uno de los voceros de su bancada, aparece en esas oscuras gestiones. En una conversación entre dos integrantes de este Consejo se habla de una reunión de ambos con Becerril en casa de uno de ellos en la que el congresista pidió el voto a favor de uno de los integrantes de este Consejo que postulaba a la presidencia del organismo. Becerril niega la reunión, pero el audio no deja dudas de su existencia, y uno de los dos consejeros que participó en ella, Baltazar Morales, ha admitido su existencia.

El fujimorismo no es el único partido que movía sus fichas en el estratégico Consejo de la Magistratura. Otro audio revela que el congresista Mauricio Mulder, importante figura del partido aprista del ex presidente Alan García, quien es investigado por la fiscalía por corrupción, también coordina una reunión con un miembro de este Consejo, en el que ha quedado en evidencia que los nombramientos de jueces y fiscales se negociaban. Frente a la grave crisis en el Consejo de la Magistratura, el presidente Martín Vizcarra ha convocada para hoy a un pleno extraordinario del Congreso –en receso en estas fechas– para que se debata la destitución de los siete miembros del Consejo de la Magistratura. Ese sería el primer paso para una reforma integral de este cuestionado organismo.

El escándalo también alcanzó al Ejecutivo cuando un audio puso en evidencia una conversación entre el hoy ex ministro de Justicia, Salvador Heresi, con el cuestionado juez supremo Hinostroza, en la que le pide su asesoría para sacar adelante una ley que pondría trabas a las investigaciones judiciales por lavado de dinero.

El presidente ha nombrado una comisión de siete miembros para que en dos semanas presente una propuesta inicial de reforma del sistema de justicia. Ayer, Vizcarra respaldó las protestas ciudadanas contra la corrupción, las que tomaron las calles de Lima y de varias otras ciudades. El caso se presenta como un reto fundamental de su gobierno, y su destino puede depender mucho de cómo enfrente esta grave crisis.

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Hernando Carrizosa, de la serie “Referentes” (Cortesía del autor)

Dicen que no hay quinto malo. Es un decir popular que con seguridad será refrendado a favor de la reivindicación sentida por la gente, y asumida en la puja institucional por los sectores más progresistas de Colombia, en la Consulta anticorrupción por celebrarse el próximo 26 de agosto. Una puja que tratará de aprovechar a su favor el nuevo Presidente, con llamados a favor de la consulta, para ampliar y consolidar su gobernabilidad y espacio.


En un despejar sin nubarrones, comenzará de esa manera una suerte de purga nacional democrática. Un aliento, luego del rosario de derrotas sufridas en las urnas por quienes impulsan un país distinto: el triunfo del No en el referendo celebrado el 2 de octubre de 2016, la iniciativa y mayorías del Centro Democrático, CD, en las elecciones del 11 de marzo para el Congreso de la República; resultado con prolongación el 27 de mayo, en la primera vuelta para la Presidencia de la República y, con cierre positivo para sus filas en la segunda vuelta del 17 de junio. Es decir, un marcador de 4 a 0. Eso, sin contar los goles marcados desde el mismo momento en que el jefe del CD resultó ungido y reelegido como Presidente del país (2002/2006-2010…)


La consulta surgió por iniciativa de las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, integrantes del Partido Verde y recoge, a buena hora, un clamor nacional: detener o ponerle dique al “cosquilleo” que sufren los bolsillos públicos día tras día, un robo por parte de los dedos largos tanto de políticos como de empresarios de diferente color e ideología. Con sus dedos, dos al decir de la vieja canción (1), no son pocos los montos del erario que alcanzan a hurgar, pues, según un reciente reporte de la Contraloría Nacional la suma alcanza a los 50 mil millones en un solo año (2). Danza de los millones que en realidad concreta de forma brutal la privatización del Estado por parte de empresarios y sus fichas en el establecimiento.


Privatización concretada a través de varias vías. Todas penalizadas, pero burladas con la destreza de quien conoce el funcionamiento de la administración pública: soborno, cohecho, tráfico de influencias, peculado y malversación, prevaricación, nepotismo, clientelismo, encubrimiento, obstrucción de la justicia, impunidad. Delitos concretados, una y otra vez sin condena política, ante la ausencia o limitada vigilancia social.


Si bien las siete preguntas que integran la consulta, en estricto sentido no tienen el espíritu de enfrentar la privatización del Estado y por esta vía al neoliberalismo, en tanto máximo motor del individualismo –como camino para la “realización personal”–, y de la misma corrupción, sí abre puertas para avanzar en la dirección estructura-corrupción, para plantear una disputa de fondo con el establecimiento. De no ser así, cabe decir que aun con la variación que puede lograr en la opinión pública, el referendo deja una puerta abierta a las manos lisas.


De ser así, si sus promotores y la campaña por el referendo asumieran la implicación de lucha contra el efecto de ‘privatización del Estado’, la consulta no solo abriría una puerta para movilizar al conjunto social contra un actuar traducido en normas, amarrando las manos de políticos y empresarios para que no prosigan con el desangre del erario, sino que además el país podría avanzar en el enfrentamiento de las causas estructurales que le abren puerta a la corrupción como tal. Un fenómeno que como la guerra arrastra el país desde siempre, pero que en la última etapa de su vida nacional crece en proporciones descomunales.


Es un elemento del enfrentamiento a la corrupción, sin el cual la consulta tomaría una ruta limitada –errada– que empaña apenas la vida de algunas personas, como actores visibles del suceso, pero sin llegar a constituirse en una confrontación contra las causas estructurales que propician el recurrido ilícito. De este modo, es necesario un ‘cerco’ integral a la corrupción. ‘Cerco’ o combate sin el cual el objetivo del llamado a las urnas para agosto próximo solo arrojará resultados a medias: aislará a unas personas, pero sin lograr quebrar el sistema que abre los conductos de todo orden a quienes ven en el Estado un botín por apropiar.


Un fenómeno estructural


La corrupción “está de moda” en toda América Latina. Digámoslo así, por no extender la mirada a países europeos, asiáticos, africanos, o a los propios Estados Unidos, en donde hay suficientes ejemplos de la apropiación de lo público por parte de particulares. En América Latina, como es de conocimiento público, existen varios casos paradigmáticos, como son los de los expresidentes Alberto Fujimori, Alan García, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, todos ellos “primera cabeza de Perú”, con un final de presidarios o tachados socialmente por corruptos.


Situación similar es la vivida por Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá; Inacio Lula da Silva, de Brasil; Mauricio Funes, de El Salvador; Álvaro Colom, de Guatemala; sin relacionar la interminable lista de familiares de los presos, también sindicados de iguales ilícitos, o de sus ahora exministros, congresistas y otros funcionarios de primer orden. En Colombia, como es conocido, hasta el hoy presidente Santos está bajo la lupa. En sospecha e investigación por el financiamiento recibido por su campaña en 2010 y 2014 de parte de la constructora Odebrech. Un delito que tiene tras las rejas a Roberto Prieto, gerente de sus campañas. Investigación a Santos que, una vez posesionado el nuevo gobierno podría tener visos similares al del Perú con sus expresidentes.


En nuestro país la lista de congresistas y otros funcionarios en prisión, así como empresarios particulares por casos de corrupción, alcanza para llenar páginas y más páginas; la relación de sindicados que han logrado burlar a la justicia, o que están bajo su mira, también es prolífica, además de relevante.


Es este fenómeno, con antecedentes por doquier, el que llevó a los organismos multilaterales como Naciones Unidas a la aprobación de la Convención contra la Corrupción (2003), la cual cuenta con la adhesión de todos los países de la región. Antes, en 1997, entró en vigor la Convención Interamericana contra la Corrupción, acordada en Caracas el año anterior. Como consecuencia de la misma, “[…] los Estados que la asumen se comprometieron a crear, mantener y fortalecer normas de conducta con sus respectivos mecanismos para hacerlas efectivas, guías de desempeño para los funcionarios públicos, sistema de declaración de ingresos, activos y pasivos para los mismos, órganos de control superior, y mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil. La Convención también busca promover que los países progresivamente incorporen en sus legislaciones la tipificación de delitos de corrupción, establecer mecanismos de cooperación, extradición, rastreo y reintegro de bienes, levantamiento del secreto bancario, etcétera (3).


Producto de estas Convenciones, en cada uno de los países latinoamericanos han expedido leyes anticorrupción. En nuestro país es conocida como Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/11), en Bolivia, como “Ley de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (2010), en México, como “Ley general del sistema nacional anticorrupción” (2016), en Chile como “Ley que Perfecciona el sistema de defensa de la libre Competencia”, de agosto de 2016. Y podrían relacionarse aun más ejemplos o nombres de estas leyes, que pululan por la región. Sin embargo, el objeto para el cual fueron creadas no logra su cometido.


Un propósito para el cual tampoco aportan, de manera sustancial, las guías y recomendaciones expedidas por organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales centran su atención en que los gobiernos garanticen la transparencia en sus acciones, y en aconsejar a sus funcionarios para que no caigan en actos de corrupción. Así, con procedimientos de buena fe y llamados a la conciencia la corrupción sigue en ascenso.


En este marco, el ascenso imparable del saqueo de las arcas públicas indica, a todas luces, que el problema no es solamente de leyes ni de procedimientos. De recomendaciones y asesorías de funcionarios de alto vuelo, y así lograr el llamado “buen gobierno”. No, el problema descansa en el enfoque integral o no que la sociedad alcance. Enfoque que aun no repara en la consolidación consumada de otros valores y otra moral a partir del avance alcanzado por el neoliberalismo. factor que estimula el éxito individual a toda costa, y dentro de su postulado económico, la misma privatización de lo público, como vía expedita para evitar, precisamente y en contradictorio, “la ineficacia y el derroche de lo público”. Pues bien, dentro de la privatización parece, por lo que estamos viendo, que está ponderado el lucro personal.


Enfoque que tampoco hace el énfasis requerido para que los pobladores de un territorio dado, se comprometan con su participación como actores sociales de primer orden, en el control de sus propios recursos. Y no pueden llamar a tal participación, de manera efectiva, más allá de la simple palabrería, pues sería todo un contrasentido: el Estado no sirve y por ello hay que privatizar todo aquello que está bajo su manto. Sin embargo llaman a la población a fiscalizar su funcionamiento; ¿qué fiscalizarían en tal caso, si ya no existe nada público, es decir, colectivo?


Entonces, desplegar una lucha efectiva contra la corrupción debe ir de la mano de la lucha misma en defensa de lo público, de lo colectivo. Tremenda contradicción para el sistema imperante, ¿podrá resolverlo el mismo establecimiento, con su proceder inscrito a los recintos jurídicos y del Congreso, con escasas consecuencias sociales y penales? Claro que no. El nudo gordiano que bloquea la sociedad solamente puede ser roto por la propia población de cada uno de nuestros países. En este propósito, debe potenciarse el amor por lo propio. Por su afecto e interés por lo que es de todos. Una máxima que demanda, al mismo tiempo, que los asuntos públicos por excelencia, como la salud, la energía, el agua, la educación, el transporte colectivo, y otros derechos humanos sustanciales, sean asumidos y garantizados por el ente administrativo del país.


No proceder así, hay que decirlo una y otra vez, es facilitarle el camino al proyecto neoliberal que requiere mostrarse como anticorrupto y eficiente, aunque en la práctica sea todo lo contrario. No proceder así, es considerar que es posible reformar el sistema dentro de las reglas del propio sistema. Mayúscula ilusión que llevará a la desilusión. Esta vez, no solo de los líderes amigos del cambio, sino de los millones que esperan de ellos procederes diferentes a los hasta ahora dominantes. He aquí el potencial de la consulta que está por realizarse en Colombia.


Abrir tales debates, potenciar la movilización ciudadana tras el propósito de ponerle control al desangre del erario del conjunto humano que habita este territorio, es un asunto más complejo y prometedor que lo recogido y proyectado a primera vista en las siete preguntas que integran la consulta por realizarse. Implica además, como elemento sustancial, propender por el efectivo funcionamiento de una democracia que debe ser otra, diferente a la hoy dominante, para darle paso a un régimen político en el cual la participación directa sea una realidad. Un ordenamiento mediante el cual, la concentración de la riqueza sea enfrentada de manera decidida y el empobrecimiento de millones llegue a su fin. Una democracia donde la propiedad de los principales recursos con que cuenta el territorio nacional sea de todos y todas.


Un régimen político donde los partidos políticos funcionen sin liderazgos eternos, donde los cargos en estas instancias de participación, pero también en el Estado, no sean propiedad de nadie, donde las asambleas comunitarias sean los mecanismos y espacios privilegiados para decidir en colectivo el qué y el cómo proceder ante determinadas circunstancias, donde las empresas privadas no sigan lucrándose a través del desangre de lo colectivo, financiadas por el Estado vía construcción de obras públicas, así como del manejo y cobro de ‘peajes’, entre otros negocios redondos que les endorsan.


En tal perspectiva, hay que contener a los empresarios privados, que como está visto por doquier, son uno de los motores para la corrupción de los funcionarios públicos. Hay que impedir que prosigan con la financiación de los partidos que participan en elecciones o que actúan por fuera de ellas, así como su presión o lobby en el Congreso –e instancias similares en el orden departamental y municipal, así como diversas instituciones del orden nacional– para lograr que sus intereses queden plasmados en leyes, acuerdos y decisiones similares.


Bloqueo al capital privado en su función privatizadora del Estado, que debe extenderse a la posibilidad de que paguen impuestos a través de la construcción de obras públicas, como lo promueve ahora el mismo Estado, pues tal acción termina desvirtuando al propio Estado en sus funciones reales y abre el espacio para que las comunidades pierdan de foco la diferencia entre unos y otros, o bajando la guardia ante las pretensiones empresariales de acometer proyectos que perjudican a la propia comunidad, como aquellos involucrados con la afectación del medio ambiente.


No hay quinto malo, pero para que esta oportunidad sea de oro, hay que trascender el espíritu mismo que impregna hasta ahora a la consulta en marcha. No actuar así, deja a la misma consulta en manos del establecimiento. En esta ocasión, del nuevo gobierno en su claro objetivo de reacomodo del régimen ante los factores de crisis que cada día van llenando la copa y la paciencia de la gente. En esta línea, y sin despertar el potencial que subyace en la base de la consulta, el presidente próximo no dudará en liderar el voto a favor del llamado anticorrupción.


Quienes dieron origen a esta iniciativa, ¿no querrán fortalecer el actual establecimiento y ganar al mismo tiempo una imagen como lideresas nacionales por el cambio? Más bien, ¿querrán enfrentarlo como un proceso de ruptura que vaya a las raíces de la grave situación que afronta el país, que a su vez será de confrontación con el CD y todos sus aliados?


Que lo formal no ahogue lo estructural, he ahí el reto por concretar el 26 de agosto. 

 

1. Tango de tal nombre que canta Alberto Echague
2. “Nosotros tenemos unos cálculos de entre 40 y 50 billones de pesos que se apropian los corruptos de todos los presupuestos nacionales, departamentales y municipales”, aseguró el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, el 25 de octubre de 2017. www.elheraldo.co/colombia/corruptos
3. Gudynas, Eduardo, Extractivismos y corrupción. Anatomía del una íntima relación, Ediciones Desde Abajo.

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