Los Estados y las empresas no pueden resolver el cambio climático

Es muy positivo que millones de jóvenes salgan a las calles contra el cambio climático, en todo el mundo. Para muchas es la primera experiencia de lucha y movilización, y es destacable que lo hagan sin que medien aparatos políticos que convoquen y/o manipulen. Este es el aspecto fundamental que debemos valorar, especialmente cuando la acción directa no abunda en ninguna parte del mundo.

No comparto las críticas de quienes reclaman mayor politización, achacan ingenuidad de las y los jóvenes que se manifiestan, o quienes los acusan de no ser declaradamente anticapitalistas y no ser hijos de la pobreza. A menudo son críticas hechas desde una generación, la mía, que sigue creyéndose en posesión de la verdad, pese a los evidentes fracasos que hemos cosechado en el último medio siglo.

Creo que estas grietas (y desencuentros profundos) entre dos períodos de las luchas sociales, merecen alguna explicación.

En primer lugar, es evidente que existe una brecha generacional que ha impedido transmitir saberes y valores entre generaciones. Brecha que incluye las culturas políticas y los modos de vida, y ha llevado a que existan pocas posibilidades de convivencia entre generaciones. No tengo duda que el sistema (capitalismo neoliberal) es en gran medida responsable.

Sin embargo, en los movimientos hay pocas chances de diálogo entre las diversas experiencias históricas, ni siquiera puntos físicos de encuentro y, por lo tanto, casi nula capacidad de trasmisión generacional y de aprendizaje de los errores cometidos. Mi generación, la de los años 1960-1970, es en gran medida la responsable, ya que es reacia a la autocrítica y mira por encima del hombro a las generaciones más jóvenes.

En segundo lugar, parece poco probable que las grandes movilizaciones consigan sensibilizar al 1%, para que tomen medidas que modifiquen las pautas civilizatorias, que son las responsables en última instancia del cambio climático. En este punto, los jóvenes no hacen más que poner en práctica la cultura política hegemónica, consistente en presionar para conseguir algo a cambio.

Alguien debe explicar, aunque resulte antipático, que no existe la menor posibilidad de reducir las causas del cambio climático si la humanidad no abandona la cultura del consumo, a la que se están sumando frenéticamente las nuevas clases medias y sectores populares de los dos países más poblados del mundo: India y China. En cierto sentido, todos somos responsables por el cambio climático, aunque en con niveles de responsabilidad diferentes.

En tercer lugar, alguien debería también explicar, en particular a las generaciones más jóvenes, que el caos climático al que estamos ingresando es una tendencia profunda provocada por el comportamiento de la humanidad, incluyendo a quienes nos manifestamos en contra del cambio climático. Los gobiernos no pueden ni quieren detenerlo y, en el mejor de los casos, se limitan a declaraciones cínicas y mentirosas.

Las clases dominantes de Occidente se están preparando hace mucho tiempo para enfrentar situaciones caóticas, en base a sus recursos materiales que, creen, les permitirán sobrevivir al “hundimiento del Titanic”. El problema es que los sectores populares y los movimientos anti-sistémicos estamos muy lejos de asumir que un colapso de la humanidad es inevitable.

Por lo tanto, decir que “nos queda poco tiempo” para detenerlo, desvía la atención de las tendencias que nos llevan a la catástrofe, creando ilusiones de que podemos detenerlas si presionamos suficientemente a los de arriba. Sólo derrotando al 1% tendremos alguna chance de detener la catástrofe, pero con eso tampoco alcanza aunque sería un paso importante.

Si asumiéramos esta realidad, estaríamos construyendo las arcas comunes capaces de afrontar las tormentas que se avecinan. Es a esta construcción a la que debemos dedicar los mayores esfuerzos, las energías colectivas vitales para afrontar el futuro.

Aquí aparece un cuarto y decisivo factor. Es posible que podamos tomar decisiones capaces de salvar a una parte de la humanidad. Pero es seguro que no lo conseguiremos si no nos comprometemos a fondo con la realidad que nos rodea, en base a dos herramientas que nunca debimos desaprender: la crítica y la autocrítica.

14 octubre 2019 

Publicado enMedio Ambiente
 Miles de personas se reunieron en el parque El Arbolito, en Quito, punto de concentración del movimiento indígena, para celebrar la derogación del decreto que eliminaba subsidios a los combustibles. En el acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas se dispuso crear una comisión para elaborar otra enmienda que permita equilibrar la economía estatal. Foto Afp

El gobierno de Lenín Moreno y el movimiento indígena alcanzaron un acuerdo para poner fin a las protestas que estallaron hace más de diez días. El gobierno ecuatoriano se comprometió a derogar el decreto que eliminaba el subsido estatal a los combustibles. 

Sucedió luego de más de diez días de movilizaciones ininterrumpidas que fueron respondidas con fuertes represiones por parte del gobierno. La instancia de diálogo, televisada a pedido del movimiento indígena, fue fuertemente esperada en un país marcado por un conflicto que ha impactado por los niveles de violencia.

La mesa de diálogo estuvo mediada por Naciones Unidas Ecuador y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y contó con la participación del presidente Moreno, el ministro de economía, Richard Martínez, y diferentes movimientos indígenas agrupados centralmente en la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

El punto central de debate giró en torno al decreto 883 que quitó los subsidios estatales a la gasolina, y fue la medida que mayor rechazo generó en la población. La CONAIE mantuvo una posición de firmeza desde el inicio del conflicto: la necesidad de derogar del decreto. 

La posibilidad para avanzar en el diálogo tuvo como punto central el decreto 883, “una medida que genera injusticia social, no aporta al desarrollo nacional, no tiene ninguna coherencia fiscal, ha provocado una convulsión social y una pérdida millonaria”, como afirmó Jaime Vargas, presidente de la CONAIE.

“El pedido del país es la derogatoria del decreto, si en este momento se decide, entonces el país se tranquiliza totalmente en todos los territorios”, agregó Vargas.

En los discursos de los diferentes dirigentes indígenas estuvo presente la dimensión de la protesta, la violencia del gobierno, y la necesidad de recuperar la paz en medio de un escenario que tomó amplitudes que pocos esperaban.

La protesta contra el decreto 883 escaló a medida que pasaron los días desde su anuncio el 1 de octubre. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo ya se cuentan siete muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos. En esos más de diez días se movilizaron transportistas, la CONAIE, jóvenes, barriadas populares, profesionales, campesinos.

La jornada del domingo estuvo marcada por esa misma dinámica: bloqueos de carreteras en el país y en el acceso a la capital, protestas en barrios populares, cacerolazos, y una movilización seguida de represión bajo la lluvia en el centro de Quito.

Si bien las movilizaciones y la protesta han abarcado a muchos sectores sociales, la CONAIE ha tenido el peso determinante en cuanto a la radicalidad, capacidad de nacionalización y de prolongación del conflicto. Por eso el diálogo con el gobierno ha sido con el movimiento indígena.

Moreno enfrenta una crisis profunda social, política, que busca descargar en la responsabilidad del expresidente Rafael Correa y los dirigentes de la revolución ciudadana como Gabriela Rivadeneira, y hasta en el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quienes acusa de estar detrás de la violencia. Esa misma acusación contra Correa fue retomada por Vargas, quien pidió que sea perseguido por la justicia.

Su voz fue contradicha por otro dirigente de la CONAIE, Leónidas Iza, quien afirmó: “Nosotros queremos ser claros, no es un acto de la gente correista, no creemos que Correa tenga la capacidad de mover tanta gente”.

El conflicto en Ecuador, que tomó formas de un escenario de barricadas y fuego, está entonces en instancias de diálogo en medio de una crisis que no se veía en el país desde el año 2005 cuando fue destituido el presidente Lucio Gutiérrez. Más allá del avance en la mesa de diálogo, el dirigente de la CONAIE, Abelardo Granda, ya afirmó una de las conclusiones más duras: “¿Y las muertes quién las paga? Mediante un decreto se puede recuperar al país, pero no a la vida”. 

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Toque de queda en Ecuador; vía libre para el uso de armas letales

Quito. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cuyas fuerzas armadas tienen la orden de usar armas letales contra manifestantes, dispuso ayer el toque de queda a partir de las tres de la tarde y la militarización de Quito en una jornada en la que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) –que aceptó dialogar con el régimen la "derogatoria o revisión" del decreto que eliminó los subsidios a los combustibles– se deslindó del incendio y saqueo a la Contraloría, y otros ataques a medios de comunicación.

En una señal de distensión la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas anunciaron anoche que el gobierno y las organizaciones indígenas sostendrán una reunión hoy a las tres de la tarde en Quito, luego de que Moreno anunció su disposición para analizar el decreto 883, el cual eliminó los subsidios a combustibles, y otras medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional.

El toque de queda fue anunciado con 38 minutos de anticipación, y prohíbe la circulación por esta capital de 2.7 millones de habitantes. Luego el mandatario, atrincherado en Guayaquil, a donde trasladó la sede del gobierno, lo amplió a todo el país desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana.

"He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, inmediatamente, tomar las medidas y operaciones que sean necesarias", señaló el mandatario en un breve mensaje, flanqueado por el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Ante el anuncio, se viralizó una entrevista que hace una semana Jarrín concedió a Teleamazonas, en la que señaló que los militares están "listos para el uso de armas letales (...) No olviden que nuestra Fuerza Armada, orgullosamente, tiene experiencia de guerra".

Ayer las calles de Quito se convirtieron en un virtual campo de batalla, con las fuerzas de seguridad lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, la Casa de la Cultura, y otros puntos de la capital.

Más tarde, Moreno insistió que su antecesor Rafael Correa y el mandatario venezolano Nicolás Maduro están detrás de una "violencia nunca antes vista" en Quito. “Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigidaS por Correa y Maduro –en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas y con ciudadanos extranjeros violentos– causaron zozobra, violencia nunca antes vista”, señaló Moreno en un mensaje a la nación.

Cientos de manifestantes, muchos encapuchados, se apoderaron de diversos sectores de la capital y áreas periféricas, paralizando calles y atacando con palos y piedras vehículos particulares.

Decenas de encapuchados incendiaron y saquearon el edificio de la Contraloría General, institución que investiga actos de corrupción, especialmente cometidos durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007-2017), muchos de cuyos más altos funcionarios están bajo investigación y procesados.

La ministra del Interior, María Paula Romo, tuiteó que fueron detenidas 30 personas en las inmediaciones de la Contraloría.

Telesur, fuera del aire

El diario El Comercio y el canal privado Teleamazonas fueron también blanco de ataques durante la tarde, aunque los manifestantes no lograron entrar a las instalaciones. La Conaie se deslindó de las agresiones contra la Contraloría y ambos medios.

La cadena TeleSur denunció en Twitter que está sin señal de cable y satelital para sus transmisiones.

En los alrededores de la Asamblea Legislativa, indígenas levantaron barricadas con troncos y escudos de madera para enfrentarse a policías que lanzaron una lluvia de gas lacrimógeno, indicaron periodistas de la Afp.

Entre las protestas se destacó ayer una multitudinaria de mujeres al grito de "No más muertes", mientras otros manifestantes bloquearon las vías al aeropuerto capitalino.

La Conaie denunció anoche que fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas a la Casa de la Cultura, donde miles de indígenas, entre ellos niños y mujeres, se mantienen concentrados.

Desde que estallaron las manifestaciones el pasado día 3, han muerto seis civiles y se registran 937 heridos y mil 127 detenidos, dijo la Defensoría del Pueblo.

El toque de queda decretado ayer por Moreno, que se suma al estado de excepción dispuesto el 3 de octubre, siguió al anuncio de la Conaie de aceptar el diálogo propuesto por el mandatario para buscar una salida a la crisis, en medio de nuevos y cada vez más focos de violencia.

La organización indígena declaró ayer en un comunicado que decidió "participar" en las conversaciones después de "un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales".

Precisó que negociará "la derogatoria o revisión" del decreto 883 –que eliminó los subsidios a los combustibles y encareció los precios hasta en 123 por ciento de la gasolina y el diésel–, pero continuarán las movilizaciones a escala nacional.

Leonidas Iza, dirigente de la Conaie, dijo al canal de televisión Ecuavisa que las condiciones para las conversaciones incluían que fueran públicas y transmitidas por los medios. Más tarde, Iza pidió ayuda a las fuerzas armadas para "garantizar la paz y a regresar el orden constitucional".

Iza añadió que ese movimiento no va a caer "en las intenciones de ciertos grupos políticos que han intentado aprovecharse de la reacción del movimiento indígena del pueblo ecuatoriano", aunque no hizo precisiones, indicó Ap.

Al cierre de esta edición, la Conaie destacó en un tuit "la conmovedora e incansable voluntad de nuestra gente de luchar, mujeres, jóvenes, mayores y toda la población", y reiteró que "realizaremos los acercamientos para tratar la derogatoria del decreto 883".

Después, Moreno anunció cinco medidas para abrir negociaciones. La primera, que se analizará el decreto 883 "para estudiar sus efectos y asegurar que los recursos lleguen al campo".

Dijo que se evaluará también la reducción de sueldos por renovación de contratos ocasionales y sobre el recorte de vacaciones, incluidos en un proyecto enviado a la Asamblea Nacional y que propondrá un bono de 20 dólares mensuales que pagarán las empresas privadas a sus empleados.

Como cuarta medida señaló que se trabaja para apoyar a quienes han perdido su producción lechera o sus cultivos y animales tras la paralización, y por último que se incluirá un impuesto para grandes empresas "para que aquellos que más ganan, sean los que más contribuyan al país".

Habitantes de Calderón, un pueblo cerca de la capital, soltaron a decenas de policías y militares que habían capturado. En Guayaquil y otras ciudades hubo enfrentamientos y caos.

Por la noche, miles de ciudadanos hicieron sonar sus cacerolas exigiendo paz, e incluso en algunos barrios pequeños grupos se han animado a salir a la calles formando improvisadas brigadas de vigilancia, para exigir su deseo de paz. Los militares junto con policías patrullan las calles de la capital..

El transporte de petróleo, la mayor fuente de divisas, se mantuvo interrumpido a causa de la ocupación en la Amazonia de pozos del principal ducto del país.

En el gobierno desde 2017, el mandatario enfrenta su mayor crisis debido a los ajustes económicos que impuso a cambio de préstamos por 4 mil 200 millones de dólares que contrajo con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal. Además del fin de subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos y despidos masivos.

Desde el pasado 3 de octubre, el galón de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.

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Ecuador: Intransigencia, toque de queda y represión

 La represión del gobierno se extiende de día y de noche, y ya no solo abarca los alrededores de la Asamblea sino todo Quito y alrededores.

 El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó este sábado el "toque de queda y la militarización" de Quito y sus alrededores a causa de la violencia en las manifestaciones iniciadas hace 11 días contra las reformas económicas pactadas por su gobierno con el FMI.

"He dispuesto el toque de queda y la militarización del DMQuito y valles. Empezará a regir a las 15:00. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia", dijo el mandatario en Twitter. En un mensaje televisado para explicar su decisión el mandatario agregó: “son los traficantes, los narcotraficantes, los Latin kings criminales y los correístas los que están dedicados a los actos vandálicos. Los indígenas ya los han detectado y están separándolos de sus filas.”

Más allá de la constante búsqueda de chivos expiatorios para explicar el estallido social --Moreno ya había culpado a su par venezolano y al chavismo por el levantamiento popular-- lo cierto es que el centro de Quito se había convertido un campo de batalla constante. La represión del gobierno de Lenin Moreno se extiende de día y de noche y el acceso a la Asamblea Nacional está cortado por decenas de barricadas donde se repite una consigna central: “fuera Moreno fuera”.

La pulseada lleva diez días y ha escalado en masividad popular y violencia estatal. Primero fueron los transportistas, luego el movimiento indígena, centralmente la Coordinara de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), y en los últimos días se ha vuelto más amplia: jóvenes, barriadas, mestizos, blancos, trabajadores.

El punto de inicio, la gota que rebasó el vaso, fue el anuncio de Moreno de llevar adelante una serie de medidas de ajuste en el marco del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo de 10 mil millones de dólares. El punto crítico, dentro del llamado “paquetazo”, fue el decreto 883 que quitó el subsidio a la gasolina con su consecuente aumento desde la estación de servicio hasta el plato de comida.

La postura del gobierno ha sido desde el primer momento la negación a dar marcha atrás: decretó el estado de excepción y luego el toque de queda. Moreno se desplazó de la ciudad de Quito a Guayaquil --no se sabe ahora donde se encuentra-- y desde allí comandó la respuesta a la movilización que subestimó.

Con el correr de los días la amplitud de la respuesta popular creció: movilizaciones en diferentes ciudades, bloqueos de carreteras a nivel nacional, y la confluencia de una gran movilización de la CONAIE y otros movimientos indígenas que llegó a la ciudad de Quito el miércoles pasado.

La postura de la CONAIE se ha mantenido idéntica desde el inicio de las protestas: no dialogarán ni se retirarán de las calles hasta tanto Moreno no dé marcha atrás con el decreto 883 y el conjunto de medidas pedidas por el FMI.

Hasta el viernes, la respuesta de Moreno había sido en cambio la de no retroceder y aumentar los niveles de represión, con un total de cinco muertos según la Defensoría del Pueblo -algunas organizaciones hablan de siete- más de mil detenidos y heridos. La noche del viernes fue particularmente violenta: la represión ingresó hasta los puntos acordados como de descanso para el movimiento indígena.

Quito amaneció el sábado con barricadas y gases, en una escenografía de levantamiento popular protagonizado por mujeres y hombres indígenas venidos de las sierras, las costas y la Amazonía, por jóvenes, trabajadores, una multitud frente al poder legislativo y presidencial. Con el correr de las horas se sumaron manifestantes de distintos barrios de la capital.

El anuncio de un posible cambio de escenario vino con la declaración del alcalde de Quito, Jorge Yunda: “el señor presidente, ante la sensibilidad de lo que está pasando en el país, ha aceptado analizar el decreto 883”. El impacto de ese anuncio parece incierto, tomando en cuenta que el día anterior el presidente había llamado al diálogo para luego recrudecer la dimensión de la represión. 

Sin embargo, la CONAIE no dejó pasar la oportunidad para reiterar su posición. "Insistimos en la necesidad del diálogo de manera directa y pública sobre el decreto 883 para su respectiva derogatoria o revisión del mismo. Dejamos claro que no dialogaremos sobre ningún tipo de compensación," declaró en un comunicado.

Mientras la postura de la CONAIE se mantiene firme en su condición para dialogar, el ex presidente Rafael Correa --quien se encuentra en Bélgica y enfrenta diferentes acusaciones judiciales en lo que ha sido denunciado como un proceso de lawfare-- llamó a realizar elecciones generales anticipadas. “La Constitución del 2008 estableció en sus artículos 130 y 148 que en caso de ‘grave política o conmoción interna’ la Asamblea o el presidente podrán anticipar elecciones generales, ¿entonces a qué esperan?”

Por el momento el bloque de poder que sostiene a Moreno no ha dado señales de quitarle el respaldo. Cuenta con ese apoyo para sostener una posición de dureza, pero enfrenta una conmoción interna que no tiene horizonte de finalización dentro de esta espiral ascendente de movilización y represión que no disuade a los manifestantes, sino que agudiza la confrontación.

Según dirigentes indígenas, como Ricardo Ulcuango Farinango --quien fue vicepresidente de la CONAIE-- el movimiento tiene posibilidad de sostener este nivel de protesta y bloqueos. Cuenta, además, con la solidaridad de muchos habitantes de Quito que se acercan a aportar comida, bebida, ropa, medicinas, logística para enfrentar la situación.

Si bien la CONAIE no es el único actor en las calles, es quien sostiene el principal nivel de movilización y radicalidad. Su recorrido reciente ha estado enmarcado por una política de oposición al anterior gobierno de Rafael Correa por parte de sectores de su dirigencia, así como por la participación de algunos dirigentes en el gobierno de Moreno que han roto a partir de este escenario.

La crisis abierta en Ecuador es entonces doble: de un presidente que traicionó su promesa de gobierno y enfrenta niveles muy bajos de legitimidad, y de un proyecto de reconquista neoliberal con el último paso consistente en subordinarse al FMI. Eso está impugnado en las carreteras del país y las calles de Quito que se han vuelto un campo de batalla en un país donde en el pasado reciente tres presidentes han sido destituidos por la movilización indígena y popular.  

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Sábado, 12 Octubre 2019 05:51

Ecuador: insurrección indígena

Ecuador: insurrección indígena

Un total de 40 demandas conforman el pliego petitorio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la principal organización indígena en el país que protagoniza junto con otros movimientos sociales un levantamiento nacional que sacó al presidente Lenin Moreno de Quito y lo llevó a pertrecharse a Guayaquil. La Conaie convocó a la Jornada de Lucha Progresiva contra las medidas gubernamentales que atropellan los derechos de los pueblos, las mujeres, los trabajadores y los campesinos ecuatorianos.

Luego de romper el diálogo con el gobierno del presidente Lenin Moreno “por los enormes beneficios que la burguesía sigue recibiendo a través de múltiples políticas de reactivación económica”, la Conaie señaló que “es momento de una acción para conquistar reivindicaciones populares e impedir que la aplanadora de reformas pase sobre la economía de los hogares pobres”, en referencia a las medidas en favor de los empresarios que incluyen la remisión tributaria para las grandes empresas, la vinculación de representantes de la burguesía en los principales cargos del Estado y, sobre todo, la desregulación y precarización laboral.

El levantamiento nacional paralizó en los primeros días de octubre al país, pues los indígenas tomaron las carreteras exigiendo la derogación del llamado “paquetazo” de medidas económicas que incluyen eliminación de subsidios y liberación de precios a gasolinas y un paquete de reformas laborales contrarias a los trabajadores.

Las exigencias de la Confederación se extienden más allá del “paquetazo” que provocó el paro nacional en todo el país, días después de que Moreno, quien llegó a la presidencia impulsado por su antecesor Correa, anunció una serie de reformas económicas que comprenden la eliminación de los subsidios al combustible, la renovación con 20 por ciento menos de remuneración de los contratos ocasionales y el recorte de vacaciones para los trabajadores del sector público, entre otras medidas auspiciadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su pronunciamiento, la Conaie incluyó la reversión íntegra de la carta de intención con el FMI y la terminación de los intentos de privatización de las “empresas públicas encubiertas en la figura de ‘concesión’”, así como un desglose de demandas para hacer frente al extractivismo y la minería en el país, a la corrupción de las grandes empresas privadas y a la crisis del sector de pequeños productores, además de medidas en defensa de las pequeñas economías campesinas, la plurinacionalidad, el trabajo digno, la puesta en marcha de la agenda de reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres, la educación, los medios comunitarios y la salud pública.

Por ello, explicó la Conaie, el objetivo de la Jornada “es avanzar a una acción que permita alcanzar grandes victorias para las mayorías obreras, campesinas, populares, de las mujeres, estudiantes, la juventud, artistas, de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador”.

Malestar acumulado

La movilización prevista para el martes 15 de octubre se ubica dentro del marco del paro nacional que inició desde el 3 de octubre en Ecuador, el cual fue convocado por los transportistas del país tras la entrada en vigor del decreto que subió los precios de los combustibles y al cual se unieron organizaciones populares y el movimiento indígena. Tan sólo para el 8 de octubre, más de 5 mil indígenas habían tomado Quito, donde fueron recibidos por las fuerzas represivas.

En su comunicado del 26 de septiembre, la Confederación explicó que el gobierno de Lenin Moreno “sirve a las élites dominantes igual que los anteriores, sólo que sin el ropaje de ‘izquierda’ que su predecesor sostuvo a partir de las políticas de asistencia social”, pues la transición gubernamental no representó un cambio en “lo central”, sino que todavía las empresas, como antes, “se aseguran una altísima tasa de ganancia a partir de las intervenciones del Estado en la economía, y de los mecanismos que el Estado genera para que la crisis la paguen los trabajadores y trabajadoras, y no los empresarios”.

Además, la Conaie criticó que la implementación de medidas en favor de los grandes empresarios “remata con una política de ocultamiento”, con la cual no sólo se culpa de la corrupción a los funcionarios y se protege en los juicios a los líderes empresariales, sino que además se les permite a las corporaciones continuar con “el despojo de los territorios y el malestar entre la población”, como son los casos de la imposición de la concesión petrolera del bloque 28 en la provincia de Pastaza, al nororiente del país; el inicio de la fase de explotación de las concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor y el territorio Shuar; y la persecución a los dirigentes de los trabajadores del sector bananero y encubrimiento de los abusos cometidos en las haciendas, entre otras denuncias de criminalización, detención e incluso asesinato de líderes sociales e integrantes de las luchas populares.

La problemática en Ecuador se extiende de tal forma que deja ver “cómo el Estado en su conjunto forma parte de un avance del conservadurismo, el fascismo y el sentido común más reaccionario”, entre cuyas consecuencias se encuentra “la satanización” de la lucha de las mujeres que buscan la garantía de sus derechos fundamentales, “como el aborto en caso de violación, la denuncia del feminicidio y, en general, la lucha contra el patriarcado-capitalismo”.

A este panorama se añade la promoción de la violencia institucional y el racismo, sustentados tanto en la difusión de discursos que ensalzan la seguridad pública “para incrementar la presencia de la represión policial y dejar sin resolver los graves problemas sociales y económicos del país, como en la popularización de discursos de odio contra los migrantes pobres para criminalizar la presencia de extranjeros, especialmente venezolanos”.

Por ello, la Conaie destacó que para hacer frente a la problemática es necesario “recomponer las fuerzas de las organizaciones sociales con medidas de hecho en cada territorio y con diferentes formas de lucha”, entre las cuales, hasta ahora, se incluye la Jornada Progresiva de Lucha, en miras de una declaratoria unificada de Levantamiento Indígena, Huelga Nacional de las centrales sindicales y Paro del Pueblo de las organizaciones populares.

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Masiva marcha y paro en Quito contra el ajuste

Mientras el gobierno ecuatoriano pedía abrir el diálogo, por otro lado enviaba a la policía y los militares a reprimir, amparados en el toque de queda.

 Decenas de miles de personas marcharon a Quito en el marco del paro nacional contra el ajuste que lleva adelante el gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, siguiendo las recetas del FMI. La multitud estuvo encabezada por el movimiento indígena, pero también se plegaron sindicatos, estudiantes, colectivos de mujeres y organizaciones sociales. Mientras el gobierno pedía abrir el diálogo, por otro lado enviaba a la policía y los militares a reprimir. En un mensaje transmitido por la TV pública, Moreno manifestó su confianza en encontrar una pronta solución a las protestas. Continúa el toque de queda.

Miles de manifestantes llegaron desde la mañana a la capital de Ecuador, pese al toque de queda con el que el gobierno buscó detener la circulación en todo el país. El llamado principal a la jornada de paro nacional vino desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). A ellos se sumaron estudiantes de secundarios, universidades, miembros de organizaciones sociales y políticas, así como el colectivo de mujeres. Muchos venían acamparon desde hace días en distintos puntos de Quito a la espera de la marcha del miércoles. Durante toda la jornada reclamaron la renuncia de Lenín Moreno y que dé marcha atrás al el ajuste que quiere aplicar con el apoyo del FMI. "Que se vaya el gobierno. Ha tenido suficiente tiempo para demostrar qué puede hacer por este pueblo y no ha hecho nada", señaló Diana Guanatuña, integrante de la comunidad indígena de Zumbahua, ubicada en la región andina de Ecuador.

Durante la noche del martes Moreno decretó el toque de queda que rigió hasta la mañana del miércoles. Pero aún antes de que entre en vigencia, policía y militares atacaron con gases lacrimógenos los campamentos de los manifestantes. No discriminaron entre hombres, mujeres, ancianos y niños, muchos de los cuales debieron ser trasladados a los hospitales cercanos. Ante estos hechos las universidades cercanas abrieron sus puertas para recibir a cientos de personas. Organismos de derechos humanos denunciaron la detención irregular de 83 personas, que fueron trasladadas a un cuartel de policía en Pomasqui, a las afueras de Quito. Recién hoy al mediodía pudieron acceder a una atención legal.

Ante la presencia de policías y militares apostados por todo el centro histórico de Quito, los manifestantes marcharon portando banderas de Ecuador y también la multicolor de los pueblos ancestrales. "Violento no es el pueblo que lucha sino el Estado que reprime", se podía leer en uno de los tanto carteles que portaban. También manifestaron su rechazo a Moreno, a la corrupción, el FMI y Estados Unidos. “Los grandes medios están diciendo que ya nos vamos, y no! Acá estamos y seguiremos! Somos un pueblo y una sola lucha”, manifestó en diálogo con el medio comunitarios Wambra, una militante indígena.

En el transcurso de la tarde, organizaciones de derechos humanos informaron que los hospitales no entregaban información sobre heridos. Alegaron que por el estado de excepción que rige en el país todos los datos debían pasar previamente por la Secretaria de Comunicación del gobierno. Estudiantes universitarios formaron brigadas de primeros auxilios para atender a los cientos de heridos que dejó el accionar policial. Se estima que durante la jornada más de 100 personas resultaron heridas. Las manifestaciones se replicaron en 21 de las 24 provincias del país. 

Lenín Moreno se trasladó desde Guayaquil a Quito donde lo mantuvieron al tanto del operativo seguridad. “Sin duda alguna, esto se va a solucionar muy pronto", dijo el mandatario en un video retransmitido por un canal estatal de televisión. Ministros de su gobierno buscaron apaciguar la situación convocando al diálogo. También lanzaron un plan de medidas orientado hacia el sector agrícola. Así lo anunció el Secretario General de la Presidencia, José Agusto Briones, que dio los detalles de los seis puntos que componen la medida: propone trabajar en sistemas de riego parcelario, reestructurar la deuda para aquellas asociaciones que no hayan podido pagar sus parcelas, un seguro agrícola, la condonación del 100% de deudas que se mantienen con la Secretaría del Agua, ‘kits’ tecnológicos y cuatro centros de acopio de productos. Briones sostuvo que se encuentran en diálogo con organizaciones sociales y esperan llegar pronto a un acuerdo, según el diario El Comercio de Ecuador. El gobierno también decidió paralizar el transporte de petróleo de uno de sus oleoductos principales, la mayoría del cual está destinado a la exportación.

Ecuador entró en estado de ebullición el jueves pasado, luego de que Moreno anunciara varias medidas económicas por decreto, haciendo que entren en vigencia de inmediato. También impulsó una reforma laboral que deberá ser discutida por el Congreso ecuatoriano. De estas medidas la que generó mayor rechazo fue la liberación del precio de los combustibles, vehiculizada a través de la quita de subsidios. El rechazo del pueblo ecuatoriano se da por una simple motivo: el aumento de los combustibles conlleva el aumento del precio del transporte público y de los alimentos de primera necesidad. Detrás de estas medidas está la mano del FMI. El gobierno de Moreno tiene pautado un préstamo por 4.200 millones de dólares con el organismo, a cambio de una reducción drástica del déficit fiscal.

El sector transportista respondió con un paro nacional que se prolongó durante dos días y estuvo acompañado por movilizaciones en todo el país. Moreno decretó el estado de excepción que le permitió hacer uso de las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social. También decretó el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil, centro económico y ciudad más poblada del país. Las agrupaciones indígenas y movimientos sociales convocaron a un paro nacional para el miércoles. Las protestas continuaron llegando a su pico más alto el martes cuando los manifestantes lograron ingresar a la sede de la Asamblea Nacional. Esa noche Moreno decretó el toque de queda que duró hasta la madruga del miércoles.

 Hasta el momento, el saldo de la feroz represión que se empezó el jueves pasado es de aproximadamente 800 personas detenidas, centenares de heridos y dos fallecidos, según informaron organizaciones de Derechos Humanos.


El Gobierno de Ecuador propone una agenda de diálogo en un intento de desactivar las protestas

 

F. MANETTO

Quito 10 OCT 2019 - 02:13 COT

El Gobierno de Lenín Moreno propuso la tarde de este miércoles una agenda de diálogo a las organizaciones indígenas que llevan una semana encabezando las protestas por el alza del precio de la gasolina. Una marcha masiva, en la que participaron también cientos de estudiantes, sindicalistas y activistas, desfiló pacíficamente desde las once de la mañana por las calles de Quito, hasta llegar al centro de la capital. Allí, sin embargo, la jornada dejó también imágenes de duros choques entre un sector de los manifestantes y las fuerzas de seguridad, a las que achacan desde hace días episodios de represión y por los que ha reiterado su preocupación también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El secretario general de la presidencia, José Agusto Briones, ha ofrecido a las comunidades indígenas un plan con "seis ejes de acción en la ruralidad". El objetivo, ha dicho, consiste en "compensar los efectos del fin del subsidio a los combustibles" y generar nuevas oportunidades. El Gobierno, que plantea una mediación con la intervención de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal, pone sobre la mesa, por ejemplo, facilitar el acceso al agua a través de un sistema de riego parcelario; reestructurar deudas de las organizaciones que no estén al día en los pagos del financiamiento de sus terrenos; financiar el seguro agrícola; o condonar el 100% de las multas impuestas por la Secretaría del Agua. Las autoridades también prometen construir centros de acopio y distribución de productos agrícolas, reabrir escuelas para distintos grados e incrementar el número de profesores bilingües.

Briones formuló esta propuesta horas después de que el presidente Moreno regresara a Quito desde Guayaquil, donde el pasado lunes, en medio de un clima de alarma social, había decidido instalar la sede del Gobierno. Este lanzó un mensaje a través de las redes sociales asegurando que el diálogo está cada vez más cerca y que la crisis se resolverá pronto. Sin embargo, el jefe de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, asegura que la lucha de las comunidades se mantiene de momento en la calle.

"He venido a la ciudad de Quito con el fin de extender mi mano y poderles manifestar que ya tenemos primeros buenos resultados con respecto al diálogo", mantuvo el mandatario. "Los ecuatorianos somos gente de paz, queridos amigos, estamos obteniendo los mejores resultados de diálogo con los hermanos indígenas. Sin duda alguna esto se va a solucionar muy pronto. Me alegro mucho de que todos en conjunto, tantos hermanos indígenas cuanto habitantes de todas las ciudades estén pensando fundamentalmente, en mantener la constitucionalidad, la democracia y la paz", continuó antes de dirigirse a la mayoría de manifestantes. "Hermanos indígenas, jamás les he ofendido, nunca les he ofendido, siempre les he tratado con respeto y cariño y ahora quiero hacerlo nuevamente. Darles un abrazo sincero de agradecimiento por haber llevado esta marcha en paz, por haberse librado de los elementos perniciosos. Esos nunca más volverán. Con ustedes siempre, queridos hermanos indígenas", cerró.

Moreno lleva días culpando a su antecesor, Rafael Correa, de estar detrás de las protestas al igual que Venezuela, aunque aún no ha presentado evidencias de ello. El expresidente sí se ha empleado en jalear las movilizaciones y ha pedido un adelanto de las elecciones por "conmoción social". Esta tarde, tras disolverse la gran marcha indígena, el centro de Quito, en las proximidades del palacio de Carondelet —sede del Gobierno— se convirtió en escenario de duros enfrentamientos entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad. En el corazón de la protesta, hay un sector que está dispuesto a negociar con el Ejecutivo, aunque en los últimos días uno de los lemas más escuchados en las manifestaciones que pedían su renuncia fue "¡Fuera, Moreno!".

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Crónica desde Quito, capital de la revuelta contra Lenin Moreno

La revuelta de los sectores populares e indígenas contra las medidas neoliberales del Gobierno de Lenin Moreno abre un nuevo escenario en el Ecuador post-Correa donde todo es posible.

 

El pasado jueves 3 de octubre, la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó, junto a sectores del sindicalismo tradicional, un paro nacional con el objetivo de expresar su discordancia respecto a las últimas medidas económicas establecidas por el Gobierno.

El anuncio de la Conaie conllevó el inicio de una serie de movilizaciones en distintas localidades del país y asambleas permanentes en territorios con fuerte presencia indígena bajo el objetivo de coordinar una gran movilización a Quito demandando la derogación del Decreto 883, que incluía el alza de precios de los combustibles en todo el país.

El antecedente de dicha medida se encuentra en los acuerdos establecidos por el Gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante el cual este organismo financiero multilateral exige a las arcas públicas una optimización económica del 1,5% de su PIB mediante reformas de carácter tributario a cambio de otorgarle algo más de 10.000 millones de dólares en concepto de financiamiento durante los próximos tres años.

El problema de desequilibrio económico del Ecuador no es nuevo: ya en 2016 —última fase de la década de mandato de Rafael Correa— existían informes que recomendaban un ajuste fiscal asertivo para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera del país fruto del desequilibrio entre gastos e ingresos existentes en esta economía dolarizada desde inicio de siglo. El Gobierno correista decidió en aquel momento mantener en reserva dichos informes y no hacerlos públicos ante su población.

Dos opciones tuvo que manejar el Gobierno presidido por Lenín Moreno ante tales exigencias fondomonetaristas: o incrementar el IVA en tres puntos porcentuales —medida que según los medios de comunicación parecía ser la más probable y en principio más regresiva— o la que definitivamente fue aprobada.

A priori la opción tomada por el Gobierno ecuatoriano parecía ser la menos conflictiva. La escasa eficiencia de un modelo de subsidio que carecía de focalización y que mayormente beneficiaba a grandes empresas con alto consumo de combustible, grandes flotas de transporte y sectores de las élites económicas que disponen de más de un vehículo por unidad familiar, parecía ser la que menos rechazo social podría generar.

De esta manera el presidente Lenín Moreno decretó el fin de los subsidios, lo que implicó un notable incremento de precios de la gasolina “extra” —la más usada en el país— pasando el galón de 1,45 a 2,41 dólares. De igual manera la gasolina Eco País (extra con etanol) de 1,45 a 2.53 dólares y la Súper de 2,3 a 3,07 dólares.

La reacción inmediata fue el bloqueo de carreteras por parte del sector del transporte y de vías urbanas por parte de los taxistas, aunque al día siguiente se desconvocó el paro tras negociar con los huelguistas un incremento de tarifas. El sector del transporte está acostumbrado a acomodarse de forma sistemática a los distintos gobiernos que han transitado en el poder en Ecuador. Durante la época correísta llegaron incluso a legalizar una formación política en connivencia con el partido de gobierno y ocupar curules en el legislativo.

Sin embargo, por experiencia histórica, el pueblo ecuatoriano es consciente de que el incremento de precios del combustible afecta al bolsillo del conjunto de la sociedad sean propietarios o no de vehículos. Los precios de los productos básicos y los indicadores de inflación suelen ser afectados de manera indirecta por este tipo de medidas.

El descontento generalizado entre la sociedad no hizo cambiar la posición Lenín Moreno, quien ha manifestado de forma permanente que la liberalización del precio del combustible a costos internacionales es una política —entre otras— necesaria para el mejoramiento e las finanzas públicas y sobre la cual “no hay marcha atrás”.

Las organizaciones sociales ecuatorianas definieron las medidas económicas establecidas por el Gobierno como un “paquetazo” neoliberal, argumentando que forman parte de un modelo de políticas públicas que beneficia fundamentalmente a sectores empresariales, flexibiliza el mercado laboral y achica al Estado enviando al desempleo a cada vez mayor número de funcionarios públicos sin que estos sean posteriormente demandados por el sector privado.

Así las cosas, durante todo el pasado fin de semana se sucedieron movilizaciones y asambleas indígenas en gran parte del territorio nacional pese a que el Gobierno Nacional optó por declarar el estado de excepción buscando suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilios, libertad de tránsito, libertad de asociación y de reunión. Con movilizaciones cada vez de mayor afluencia en todos los territorios afectados por la convocatoria, las resoluciones fueron unánimes: se determinó una gran movilización indefinida en el conjunto del país en rechazo a las medidas económicas y en defensa de los territorios indígenas, ríos, agua, páramos, la justicia indígena, la educación intercultural, salud, transporte y radios comunitarias.

300 cortes de carretera

Los cortes de carretera se sucedieron por gran parte de la red vial nacional, llegándose a contabilizar 300 cortes de carreteras al mismo tiempo durante diferentes momentos del pasado sábado y domingo. En paralelo, el Gobierno intentó combinar dos estrategias disímiles. Por un lado, se intensificaba la represión bajo el eufemístico argumento del uso de la fuerza progresivo. Por otro, sus interlocutores buscaban desesperadamente el diálogo con los manifestantes intentando establecer propuestas de compensación a los sectores movilizados (créditos productivos a bajo tipo de interés, apoyo para la adquisición de maquinaria agrícola, reconocimiento de autoridades locales…). Nada sirvió, la dirigencia nacional de Conaie manifestó públicamente que el diálogo con el régimen está totalmente cerrado. “No habrá ningún acercamiento con ningún representante del Estado hasta que se revea el decreto que eleva el precio de los combustibles”, manifestaron de forma homogénea todos sus voceros. El conflicto se agudizó a lo largo y ancho de la geografía nacional, llegándose a retener en diversos territorios indígenas a unidades militares y policiales para posteriormente ser entregadas tras haberse liberado extraoficialmente a civiles detenidos en dichas comunidades. La Conaie, bajo el principio de autodeterminación de los territorios indígenas, también había declarado su estado de excepción, prohibiendo la entrada de infiltrados y grupos armados pertenecientes a los aparatos de seguridad del Estado.

Amaneció el lunes más tranquilo, los voceros del Gobierno Nacional —titulares de muy diversas carteras ministeriales— salieron a los medios de comunicación a autofelicitarse. El número de detenidos civiles ya sumaban más de 320 en aquel momento. De los 300 cortes de vías se había bajado a cincuenta, de igual manera el número de movilizaciones en diferentes localidades del país también había bajado… el paro indígena y las movilizaciones urbanas en diferentes partes del país aparentemente estaban en retroceso. “Se impone paulatinamente la normalidad”, llegó a aseverar en su ignorancia María Paula Romo, ministra del Interior. Sin embargo, la versión indígena era radicalmente distinta. Según Jaime Vargas, presidente de la Conaie, “la represión de la fuerza pública permitió la movimiento fortalecerse y coordinar con sus bases y otras organizaciones sociales en cada provincia para poder desplazarnos hacia la capital”.

Apenas un par de horas más tarde comenzaban los mensajes de alerta en la capital. La Policía Nacional y el servicio de inteligencia del Estado detectaban fuerte movimiento en carreteras desde las provincias indígenas de la Sierra Central hacía Quito. La reacción no pudo ser más desafortunada, el ministro de Defensa, un general del Ejército en servicio pasivo que responde al nombre del Oswaldo Jarrín amenazó directamente a los movilizados: “Que no se provoque a la fuerza pública, no la desafíen o sabremos responder…”. Estas declaraciones encendieron aún más los ánimos de los movilizados.

Durante todo el día de este lunes 7 de octubre llegaron diversos contingentes de indígenas a la capital ecuatoriana y de forma sorpresiva también a Guayaquil, segunda ciudad en importancia del país. En diversos barrios populares de la periferia quiteña los indígenas fueron recibidos con actos de solidaridad por los pobladores locales, pese a una fuerte campaña de desprestigio y racismo posicionada por influencers de perfil ideológico conservador en las redes sociales. Con los acceso de entrada a las ciudades altamente custodiadas por las fuerzas de orden público —militares y cuerpos de élite de la policía nacional— los enfrentamientos se sucedieron por doquier. Más manifestantes detenidos, más violencia en medio de llamados poco creíbles llamados al diálogo e incluso algún que otra tanqueta policial incendiada durante las reyertas.

Distintas puntos geográficos de la capital ecuatoriana se convirtieron en focos de conflicto entre movilizados y fuerzas del orden público. El presidente Moreno anunció una cadena televisiva gubernamental que fue tres veces aplazada y los periodistas destinados a cubrirla desalojados por los militares del palacio presidencial de Carondelet.

Las movilizaciones populares, tanto en Quito como en Guayaquil, se combinaron con actos de vandalismo protagonizados por grupos organizados que aprovechaban la protesta para sus fines delictivos. De igual manera, militantes políticos que responden a la tendencia correísta se infiltraron en las movilizaciones protagonizando asaltos de edificios públicos —Asamblea Nacional y Contraloría General del Estado— que fueron censurados por la Conaie y otras organizaciones sociales convocantes de la marcha. En otras provincias, los movilizados ocuparon instituciones públicas tales como la Gobernación o el Consejo de la Judicatura en la provincia de Bolívar. Las movilizaciones fueron permanentes en las provincias amazónicas y en la Sierra Central, todas ellas con fuerte ascendencia indígena.

A las 21 h del lunes por fin se produjo la tan esperada cadena nacional. El presidente Lenin Moreno, custodiado por su vicepresidente a la derecha y su ministra de Defensa a la izquierda, junto a los jefes de los diferentes cuerpos militares atrás, manifestaba —con cierto nerviosismo— que el pueblo ecuatoriano está asistiendo a un intento de “golpe de Estado” con asideros en un complot internacional. “El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización”, aseveró el mandatario ecuatoriano, insistiendo en que las medidas tomadas “no tienen marcha atrás” y que “los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el Gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”.

Para sorpresa de los ecuatorianos la cadena nacional se emitió desde la ciudad de Guayaquil, lo que implica que el Gobierno Nacional abandonó el Palacio de Carondelet en la capital quiteña para, recordando lo que hizo Charles de Gaulle en mayo de 1968, instalarse en otra ciudad.  

La estrategia política y comunicacional del Gobierno de Lenín Moreno no pudo ser más desacertada. Nuevamente una escenografía de fuerza, el presidente de la República rodeado de militares, que realmente emitía comunicacionalmente toda su debilidad —un Gobierno sin base social que tiene un credibilidad inferior al 16%—. En paralelo, un confuso llamado al diálogo en medio de soflamas sobre que bajo ningún concepto se revisará el Decreto 883. Por último, una alerta sobre una supuesta trama internacional desestabilizadora tan poco creíble como las anteriormente posicionadas por Rafael Correa ante cada levantamiento indígena o paro obrero.

La noche quiteña fue larga, el vandalismo se apoderó de algunas zonas de la ciudad mientras manifestantes indígenas y estudiantes universitarios portaban carteles y pancartas cuya consigna era “Ni Correa ni Moreno”, buscando desmarcarse de la pretendida capitalización política correísta de las movilizaciones.

Con la situación al límite, los movilizados se repartieron para pasar en la noche en tiendas de campaña situadas en parques públicos, en coliseos universitarios y locales de organizaciones sociales.

Sectores sociales ciudadanos solidarios con los movilizados suministraron en la noche alimentos y mantas a los recién llegados, estudiantes universitarios de enfermería atienden a los heridos y el periodismo alternativo trata de hacer coberturas coherentes sobre el qué y el porqué de lo que demandan los movilizados. En paralelo, otros sectores de ciudadanos capitalinos expresan su miedo ante la algarabía y convocan para hoy una movilización de rechazo a las movilizaciones, supuestamente para defender Quito. Mensajes xenófobos corren por las redes sociales y líderes conservadores llaman a movilizarse supuestamente contra el correísmo, intentando a su vez desmarcarse oportunistamente de Moreno, pero claramente antagónicos a lo que consideran una invasión de su ciudad por parte de “indios ignorantes”.

Así amaneció el día hoy, martes 8 de octubre, un país donde en estos momentos todo puede pasar… Al cierre de la redacción de esta crónica, los movilizados comienzan a agruparse en zonas aledañas al centro de la ciudad Quito mientras van recibiendo nuevos contingentes de compañeros que van llegando a la capital.

Hoy posiblemente las movilizaciones serán calientes, mañana está convocada huelga general.

40 años de democracia, 7 presidentes y tres constituciones

El pasado 10 de agosto, Ecuador cumplió 40 años de democracia tras una dictadura militar que tuvo distintas fases políticas y que se extendió entre 1972 hasta 1979. En ese período se han desarrollado 11 contiendas electorales, tres constituciones —1978, 1998 y 2008— y una década de desestabilización política que comenzó con la caída Abdalá Bucaram y que perduró hasta la llegada de Rafael Correa a la poltrona presidencial del Palacio de Carondelet. Durante esa década Ecuador asistió a como siete personajes, cada cual políticamente más deplorable, cruzaron sobre su pecho la banda presidencial.

La década correísta estabilizó políticamente el país, si bien terminó decepcionando notablemente a la mayoría del pueblo ecuatoriano y desinstitucionalizando aun más Ecuador, tras haber implementado el predominio del poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado.

La última fase de deterioro económico del país comenzó en el año 2014, momento en el que la caída de los precios del petróleo comenzó a golpear fuertemente a la economía nacional. Fue durante la última fase del Gobierno de Rafael Correa cuando el país comenzó a entregarse al Fondo Monetario Internacional. El Presupuesto General del Estado pasó de 44.300 millones de dólares en 2014 a 37.600 millones en 2016, el endeudamiento público —interno y externo— pasó de 2,8% del PIB en 2012 al 8,1% en 2016 y 9% en 2017, las urgencias por obtener financiamiento internacional hizo que el Gobierno correísta llegase incluso a negociar parte de la reserva nacional de oro con Goldman Sachs. Incluso se firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea y llegó a hipotecar el petróleo aun no extraído del subsuelo ecuatoriano con China y Tailandia.


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2019-10-08 21:14

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Miércoles, 09 Octubre 2019 06:43

La hegemonía del dólar no será eterna

La hegemonía del dólar no será eterna

El 31 de enero de este año varios países de la Unión Europea dieron a conocer la construcción de un sistema de pagos diseñado para dar la vuelta a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos en contra de Irán. Esas sanciones mantienen un efectivo bloqueo económico sobre el régimen en Teherán desde que Washington abandonó unilateralmente el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) en mayo de 2018. Los países europeos signatarios del acuerdo nuclear (Francia, Inglaterra y Alemania) fueron tomados por sorpresa, pero pronto se dieron cuenta que para rescatar ese tratado era necesario establecer un sistema de pagos que permitiera dar oxígeno a la economía iraní.

Los tres países se unieron para evitar la completa destrucción del PAIC y crearon el Instrumento para Apoyar los Intercambios Comerciales (Instex por sus siglas en inglés). El Banco Central Europeo (BCE) también está creando nuevos canales para estas transacciones. Por su parte, para facilitar los pagos transfronterizos con esos nuevos instrumentos, el Banco Central de Irán creó un Instituto Especial de Comercio y Finanzas. El director general de Instex, Per Fischer, en visita a Teherán ha dejado claro su intención: mantener abiertos los canales de pagos relacionados con el comercio entre Irán y Europa.

Los últimos resultados no son del todo alentadores, pues la red de relaciones financieras que está bajo el control de entidades estadunidenses es demasiado amplia y densa. La mayor parte de las transacciones financieras en el mundo pasan por la red Swift, el acrónimo de la Sociedad de Transacciones Financieras Interbancarias Mundiales. La red Swift no es una cámara de compensación de pagos y tampoco facilita la transferencia de fondos. Simplemente se trata de una red para transmitir mensajes sobre transacciones financieras denominadas en dólares estadunidenses. Las transmisiones son altamente confiables y, por supuesto, el sistema permite detectar cualquier transacción en la que intervengan personas o entidades sancionadas por las autoridades estadunidenses. No por nada al sistema Swift se le ha llegado a llamar el brazo militar del Departamento del Tesoro.

Lo anterior se debe a la peculiar posición que tiene el dólar en el sistema monetario internacional desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, esa divisa se mantiene como la más importante moneda de reserva en el mundo y como principal medio de pago en las transacciones del comercio global. Sin embargo, el paisaje financiero mundial se ha ido transformando lentamente en los años recientes.

Los datos del Fondo Monetario Internacional muestran que para el segundo trimestre de este año las reservas mundiales en divisas se incrementaron 1.1 por ciento para alcanzar la cifra de 11.7 billones (castellanos) de dólares equivalentes. Las reservas denominadas en dólares estadunidenses sólo se incrementaron en 0.7 por ciento para situarse en 6.7 billones. Es decir, a pesar de que la divisa estadunidense sigue siendo el más importante instrumento de reserva, su peso relativo disminuyó.

La tendencia a la baja ha sido persistente desde hace más de dos décadas, pero se ha ido acelerando gradualmente en los seis años anteriores. En 2014 las reservas en dólares estadunidenses eran 66 por ciento de todas las reservas. Pero hoy, en 2019 (segundo trimestre) ese monto es de 61.5 por ciento. Los episodios en los que las reservas en dólares aumentaron su peso relativo, como en 2014 y 2016, han sido anulados mientras parece consolidarse la tendencia a la baja.

Las pequeñas variaciones cotidianas no parecen gran cosa. Al igual que un glaciar que se desliza lentamente por su cauce, el movimiento es casi imperceptible día a día. Pero al final de unos años la perspectiva sí permite descubrir cambios importantes en el paisaje.

De mantenerse la tendencia de los años recientes, en una década podríamos estar frente a un espectáculo novedoso. El dólar podría dejar de ser la moneda preferida por los bancos centrales para mantener sus reservas. Eso no quiere decir que el sistema Swift dejaría de existir, pero facilitaría el que funcionaran otros sistemas capaces de asegurar el flujo estable de transferencias financieras en todo tipo de divisas. En ese escenario, la capacidad imperial de imponer sanciones financieras a países como Irán o Venezuela se vería constreñida.

Por el momento, los dos principales contendientes para disputarle el cetro hegemónico al dólar, el euro y el yuan, enfrentan sus propios problemas. El primero todavía tiene que solucionar los problemas que le traerá el Brexit, además de las dificultades con Italia y Grecia. El segundo todavía no cumple con el requisito de convertibilidad ilimitada, lo que le resta credibilidad. Quizás la ironía es que personajes como Trump y sus consejeros (si es que todavía le quedan algunos) podrían estar acelerando los cambios que finalmente erosionarán más rápidamente la hegemonía monetaria del dólar.

Twitter: //twitter.com/@anadaloficial">@anadaloficial

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Rob Urie expone que la CIA está detrás del impeachment contra Donald Trump, lo cual tampoco es novedoso cuando se sabe que Soros libra una guerra contra el presidente.Foto Ap

Rob Urie, de Counterpunch, en su artículo el “I mpeachment de la CIA” (sic), además del control geoestratégico de los hidrocarburos (sic) de Ucrania, desmenuza la operatividad de las tres fases de los "golpes de Estado" de la CIA contra Trump (https://bit.ly/2o5K2KZ), acorralado por el espionaje del Deep State, que incluye al FBI (https://bit.ly/33abMg4).

Rob Urie se basa en la "fórmula del derrocamiento de la CIA", del libro del ex corresponsal del NYT, Stephen Kinzer: Todos los Hombres del Sha: El golpe de Estado de EU y las raíces del terror en Medio Oriente (https://amzn.to/2wsDgR5).

Stephen Kinzer expone que en 1953 la CIA y el Mi6 británico asestaron un golpe de Estado contra el primer ministro iraní Mossadegh, elegido democráticamente y cuyo pecado capital fue nacionalizar el petróleo.

El objetivo de las iniciales "siete hermanas" petroleras anglosajonas era controlar los hidrocarburos de Irán, colocando a su títere idóneo: el déspota Sha –más que llevar "democracia" y "libertad". ¡Ajá!

Las tres fases son: 1. “Colocar a un inimaginable horrendo villano –llamémosle comunismo; y alinear al líder/gobierno para ser expulsados conjuntamente”; 2. "Derrocar al líder y a su gobierno, mientras se manifiestan los pagados operadores jugando a los comunistas frente a la prensa de EU"; y 3. "Instalar un gobierno títere afín a los intereses de EU y declarar la victoria por la libertad (sic)".

Rob Urie recuerda a los desmemoriados que los “logros de la CIA incluyen la guerra de EU en Vietnam, que dejó cuatro millones de vietnamitas muertos, el "Irán-Contra" que tuvo a Oliver North operando un anillo de contrabando global de cocaína desde el sótano de la Casa Blanca para colectar dinero y financiar a las milicias de extrema derecha que aterrorizaron a Centroamérica en los ochenta, y la epidemia de crack que devastó las vecindades miserables en todo EU al inicio de los noventa” (https://bit.ly/2Znb5ml).

Rob Urie no expone nada nuevo sobre las hazañas macabras de la CIA cuando existen muchas peores.

Lo interesante subyace en que expone que la CIA se encuentra detrás del impeachment contra Trump, lo cual tampoco es novedoso cuando se sabe que el grupo de George Soros, adscrito a la CIA, libra una guerra sin cuartel contra el presidente, lo cual se subsume en la batalla global entre "globalistas" –la banca Rothschild/Soros– contra los "nacionalistas".

En “Occidente (Whatever that means)”, los globalistas han pasado a un feroz contrataque que tiene a la defensiva a los nacionalistas y a sus singulares fenotipos: Trump/Netanyahu/Bolsonaro/Boris Johnson (el primer británico), arrinconados y al borde de serios descalabros políticos.

Llama la atención la audaz voltereta del presidente galo Macron –anterior funcionario de la banca Rothschild– quien se transmutó de ferviente globalista a un muy creativo nacionalista europeo cuando diagnosticó el "fin de la hegemonía de Occidente" (https://bit.ly/2kyu367) –muy diferente a los nacionalismos economicistas y "evangelistas sionistas" de corte anglosajón (https://bit.ly/2oum0sN) –cuando maniobró un espectacular acercamiento con el nacionalismo de corte "espiritual ortodoxo" de Rusia y entiende los alcances de otros subtipos/fenotipos de nacionalismos ideológicos/teológicos redivivos de China e India (con su supremacismo hindú; https://bit.ly/2JZur8P).

No todos los nacionalismos se parecen e incluso pueden colisionar entre si, cuando entra en juego su idiosincrática geopolítica.

Es la geopolítica la que acerca al desglobalizado presidente galo Macron y su neonacionalismo que lo aleja de la variante nacionalista del eje anglosajón conformado por Trump y Boris Johnson, mientras lo acerca del nacionalismo ruso del zar Vlady Putin.

Al final del día, la globalización pudo operar en forma imperturbable gracias a la imperante unipolaridad que al momento de sufrir sus sonoros descalabros financieristas, dio pie a la multipolar resurrección de los nacionalismos multiformes en los cuatro rincones del planeta: desde Irán hasta México (con su neo-nacionalismo regionalizado) bajo el signo de los hidrocarburos.

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La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en su primer día en su nuevo puesto en la sede del FMI en Washington. REUTERS / Jonathan Ernst

La economista búlgara, Kristalina Georgieva, explicó que "la precaria perspectiva" será un desafío para los países que ya enfrentan dificultades. Así mismo, advirtió que las perspectivas mundiales serán "a la baja".

 

La nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este martes de una desaceleración económica este año "en el 90% de los países del mundo", durante su primer discurso al frente de la organización multilateral.  

"En 2019, esperamos un crecimiento más lento en casi el 90% del mundo. La economía global se encuentra ahora en una desaceleración sincronizada", dijo Georgieva en la sede central del FMI, en Washington. 

La economista búlgara, que sucede en el cargo a Christine Lagarde, que será la presidenta del Banco Central Europeo, explicó que esta desaceleración generalizada "significa que el crecimiento de este año caerá a su ritmo más bajo desde el comienzo de la década". "Los números reflejan una situación compleja", consideró. 

Georgieva hizo esta valoración una semana antes del inicio de la Asamblea Anual conjunta del FMI y el Banco Mundial (BM), en la que ambas instituciones presentarán sus proyecciones económicas y que congregará a los principales ministros de economía y banqueros centrales de todo el mundo. 

En este sentido, avisó que las nuevas perspectivas económicas serán "a la baja" respecto a las últimas presentadas en julio en Chile, en las que el organismo redujo en una décima sus previsiones de crecimiento global para 2019, hasta el 3,2%, y 2020, al 3,5%. 

En su análisis, Georgieva argumentó que la actividad económica "se está ablandando" en economías avanzadas, como EEUU, Japón y, especialmente, la zona euro, mientras que en otos mercados emergentes, como India y Brasil, la desaceleración es "aún más" pronunciada este año. 

Respecto a China, señaló que su crecimiento económico "está bajando gradualmente del rápido ritmo que vio durante muchos años". "La precaria perspectiva -continuó- presenta desafíos para los países que ya enfrentan dificultades, incluyendo algunos de los países del programa del Fondo", como Argentina. 

Sin embargo, celebró que cerca de cuarenta mercados emergentes y economías en desarrollo, incluyendo 19 en África subsahariana, "tendrán tasas de crecimiento del PIB real superiores al 5%". "Representan una parte relativamente de la economía global", justificó.

En su discurso, Georgieva achacó a las disputas comerciales, como la guerra comercial entre Washington y Pekín, parte de la responsabilidad de esta desaceleración económica global, además de las diferentes tensiones geopolíticas y el posible impacto del brexit. "Hemos hablado en el pasado sobre los peligros de las disputas comerciales. Ahora, vemos que en realidad están pasando factura", sentenció.

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