Guatemala: el Congreso suspendió la aprobación del presupuesto que desató las protestas

La ONU pidió que se investigue la represión, ya que dos manifestantes perdieron un ojo

Varios sectores de la ciudadanía reclamaron en las calles porque el gasto para 2021 no priorizaba el combate a la pobreza y dejaba de lado la educación y la salud, 

 

El Congreso de Guatemala suspendió la aprobación del presupuesto del país para 2021, que había generado protestas donde manifestantes incendiaron la sede del Parlamento y pidieron la renuncia del presidente conservador Alejandro Giammattei, por no priorizar la lucha contra la pobreza. La ONU pidió que se investigue la represión a las protestas, ya que dos manifestantes perdieron un ojo a causa del impacto de gases lacrimógenos lanzados por la Policía.

"Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del Organismo Legislativo 2021", informó el presidente del Parlamento, el oficialista Allan Rodríguez, en un mensaje a la nación por el canal del Congreso.

El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines a Giammattei, aprobó el martes de la semana pasada un presupuesto de casi 12.800 millones de dólares. Varios sectores de la ciudadanía reclamaron porque el gasto no priorizaba el combate a la pobreza, que afecta al 59,3% de los casi 17 millones de habitantes, según cifras oficiales, y dejaba de lado la educación y la salud, en momentos en que la pandemia deja más de 4.000 muertos y casi 120.000 contagios en el país. Sin embargo, privilegió el desarrollo de infraestructura, beneficio que recae en las firmas constructoras.

Con esta suspensión, ahora los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, según la ley. De lo contrario, seguirá vigente el que regía este año, por unos 10.390 millones de dólares.

El sábado, miles de guatemaltecos se manifestaron pacíficamente para pedir la renuncia de Giammattei, pero otros se dirigieron a la sede del Parlamento e incendiaron varias oficinas tras romper ventanas para ingresar.

El domingo, cientos volvieron a las calles a protestar, aunque este lunes, tras la detención del trámite del presupuesto, ya no se registraron protestas.

La ONU pide una investigación

 La ONU confió este lunes en que las autoridades de Guatemala lleven a cabo una investigación imparcial sobre lo sucedido en las protestas del pasado sábado, en las que el vicepresidente del país, Guillermo Castillo, denunció un "uso excesivo de fuerza policial" contra los manifestantes.

"Confiamos en que las autoridades lleven a cabo una investigación imparcial e independiente de los hechos", señaló el portavoz Stéphane Dujarric en su conferencia de prensa diaria.

Dujarric subrayó que "los derechos fundamentales de libertad de expresión y asamblea pacífica deben ser respetados" y dijo que Naciones Unidas llama a todos los actores a "trabajar juntos" y con medios pacíficos y legales para dar respuesta a los problemas que vive Guatemala.

Las fuerzas de seguridad detuvieron el sábado a más de 30 personas por diversos motivos durante las manifestaciones, según confirmaron tanto el Organismo Judicial como el Ministerio de Gobernación (Interior).

Además, los cuerpos de socorro han indicado que al menos 40 personas fueron atendidas por heridas, y docenas afectadas por los gases lacrimógenos, sin que se contabilizaran muertos en las protestas.

Este lunes, el Hospital Roosevelt, el más grande de Guatemala, confirmó que dos manifestantes perdieron un ojo a causa del impacto de gases lacrimógenos lanzados por la Policía Nacional Civil (PNC).

Los incidentes se registraron en el marco de una masiva convocatoria para manifestarse este sábado en contra del presidente, Alejandro Giammattei, y el Congreso guatemalteco tras la aprobación del presupuesto del Estado para 2021.

En tanto, una agrupación de países y organizaciones formado para dar asistencia a Guatemala, conocido como G-13, expresó este lunes su preocupación por la situación y dijo estar dispuesto a apoyar el diálogo de cualquier forma posible". Entre los donantes están Estados Unidos, Alemania y Francia.

El presidente Giammattei dijo en un comunicado la noche del domingo que las protestas eran de grupos "minoritarios que buscan forzar un verdadero golpe de Estado".

La crisis 

El manejo de la crisis sanitaria por parte de Giammattei, un médico de 64 años, fue criticado por su propio vicepresidente Guillermo Castillo, la oposición y sectores sociales, que denuncian carencias en los hospitales y deficiencias para atender a los sectores más afectados por los confinamientos.

El vicepresidente Castillo, que el viernes ofreció a Giammattei dimitir juntos "por el bien del país", pidió el domingo al Ministerio Público que investigue tanto la quema de oficinas del Congreso como el accionar de la policía frente a los manifestantes.

El país, donde se suceden las denuncias por corrupción así como demoras en la designación de jueces, ya vivió en 2015 la renuncia del presidente Otto Pérez por un caso de fraude aduanero.

La indignación social de estos días responde también a la opacidad con la que se han manejado los recursos destinados a la pandemia de coronavirus, así como el rechazo que despierta la creación de un superministerio dirigido por una persona cercana al mandatario.

El Congreso había aprobado préstamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia, pero apenas un 15% de esos recursos llegó a los guatemaltecos, según datos oficiales y de ONGs fiscalizadoras.

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Lunes, 23 Noviembre 2020 05:30

Esclerosis social

Esclerosis social

Los procesos económicos son esencialmente inestables. Este rasgo se asocia en cada época con las condiciones materiales, tecnológicas y sociales que determinan la producción, definen el modo de trabajo, el tipo de consumo y las necesidades de inversión para sostener la capacidad de subsistencia, o sea, reproducir a la sociedad.

En el capitalismo, la inestabilidad se agrava por la naturaleza propia del dinero y las cambiantes modalidades del financiamiento, esta última condición se ha vuelto más notoria con el desarrollo de los mercados financieros, con instrumentos y facilidades tecnológicas más sofisticados. Es una economía de endeudamiento creciente.

Tanto los precios relativos de los bienes y servicios, especialmente el trabajo, como el nivel de la actividad económica fluctúan, en ocasiones de manera notable, derivando en crisis económicas y forzando la intervención del gobierno mediante la política fiscal y monetaria para contener la inflación o deflación y las presiones recesivas en la producción y el empleo.

Debajo de estas manifestaciones en el ámbito de los mercados, subyacen corrientes con efectos sociales significativos. No se puede confundir la salud económica con las cotizaciones de los mercados financieros: acciones, bonos privados, deuda pública, tipos de cambio y el oro. Hay un substrato social que se desenvuelve de modo permanente y que puede, ciertamente, ir a contracorriente de los indicadores convencionales usados por los ministerios de Hacienda y, sobre todo, por el discurso político.

Una muestra actual de este fenómeno es la pugna abierta en Estados Unidos entre el Tesoro y la Reserva Federal con respecto de la continuación de los mecanismos financieros de apoyo a la economía asociado con las repercusiones de la pandemia en la producción y el empleo. El Tesoro quiere limitar esas ayudas bajo el argumento de que la economía está en una situación sólida, como muestran los indicadores de Wall Street. Los intereses políticos de una elección perdida están sobre la mesa.

La estructura del capitalismo global estaba en franca recomposición antes de que estallara la pandemia. Los indicios eran apreciables, se gestaba un cambio en lo que solía llamarse como el régimen de acumulación conformado a partir de la década de 1980. La etapa de la así llamada Gran Moderación en los precios y la estabilidad macroeconómica habría acabado con la gran crisis de 2008. Desde entonces prevalecen las bajas tasas de interés, con menores grados de libertad en materia monetaria y una expansión enorme de la deuda pública.

Aquel régimen se sostuvo en las políticas destinadas a controlar la inflación de la década anterior y administrar el proceso de globalización con China como un actor principal. El entorno cambió hacia una baja inflación y un creciente nivel de endeudamiento, y es precisamente lo que estaría cambiando ya.

Tal es la tesis que sostienen Goodhart y Pradhan en su libro El gran giro demográfico (ver la nota de Martin Wolf en el Financial Times, 17/11/2020). Lo que prefiguran en un escenario de mayor inflación y una cambiante relación del lugar del trabajo.

En ese largo periodo de moderación se abrió China, colapsó la Unión Soviética, se creó la Organización Mundial de Comercio, se fortalecieron la integración y los bloques económicos, se profundizaron las corrientes de capitales, creció sustancialmente la oferta global de trabajadores en una estructura demográfica en la que aun había una gran población joven –aunque con tasas decrecientes de natalidad– y con ello el producto per cápita.

Un efecto de este proceso fue debilitar el poder de negociación del trabajo, elevar la participación de las ganancias en el producto y aumentar el grado la concentración del ingreso. Una de las consecuencias es lo que se conoce como un exceso de ahorro que afecta adversamente los patrones de consumo y de inversión.

Hoy, la estructura demográfica muestra una mayor población de jubilados en los países desarrollados y en China también. La población en edad de trabajar se ajusta a la baja, lo que repercute en las cotizaciones a los fondos de retiro y la seguridad social y ejerce una mayor presión sobre los recursos fiscales de los gobiernos.

Una conclusión del estudio es que la baja de la fuerza laboral disponible elevaría el poder de mercado del trabajo. Las condiciones generales serían así propicias para crear mayores presiones inflacionarias y, con ellas, una recomposición en los patrones de asignación de los recursos para la inversión. El régimen de acumulación tendería a recomponerse. Esa tendencia apunta a la reciente creación de la Asociación Económica Integral Regional con liderazgo chino.

Hay un componente especulativo en el tratamiento de los temas del estudio que aquí se comenta. No podría ser de otra manera en un escenario tan incierto como el que predomina. Lo interesante de la tesis, es que abre un espacio de discusión en el terreno económico y político en un entorno de democracia más endeble, de renovadas exigencias sociales en un entorno crecientemente conflictivo y cuando las condiciones de la reproducción del sistema económico y social y la dinámica de los mercados financieros muestran signos de esclerosis.

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El ataque contra la sede legislativa dejó un saldo de al menos 22 detenidos, heridos e intoxicados por gas lacrimógeno y las llamas dentro del edificio.Foto Afp

 

Recortes en educación, salud y combate a la pobreza, los detonantes de las movilizaciones

 

Ciudad de Guatemala., Un grupo de manifestantes destrozó e incendió ayer una parte de las oficinas del Congreso de Guatemala durante una masiva protesta contra el presidente Alejandro Giammattei y el cuerpo legislativo por la aprobación del presupuesto general de la nación para 2021, el más alto en la historia del país, pero que no considera aumento a las partidas sociales.

Ante la gran movilización, el mandatario tuiteó: "Previo a recibir el presupuesto del Congreso, me estoy reuniendo con sectores y grupos de la sociedad para analizar las modificaciones que en los próximos días se presenten". En su mensaje apuntó que trasladará una iniciativa de ley al Congreso para conocer y materializar los cambios, aunque no precisó qué sectores y grupos negocian el reajuste en el gasto proyectado. "En desarrollo del proceso, seguiremos informando", agregó.

Las llamas en el Congreso se veían desde la calle mientras algunos inconformes lograron ingresar al recinto. Los bomberos dijeron que una parte importante del palacio fue consumida por el fuego, específicamente la sección adonde ingresan las propuestas de ley.

La irrupción, achacada a grupos de infiltrados, dejó varios heridos e intoxicados por el gas lacrimógeno lanzado por la policía y el humo de las llamas dentro del edificio legislativo. Los bomberos y miembros de la Cruz Roja atendieron a los afectados.

"Reitero que se tiene el derecho de manifestar conforme la ley. Pero tampoco podemos permitir que se vandalice con la propiedad pública o privada. Al que se le compruebe su participación en estos hechos delictivos les caerá todo el peso de la ley", advirtió Giammattei en otro tuit.

Los hechos de violencia, que se saldaron con al menos 22 detenidos, contrastaron con las 7 mil personas que tomaron pacíficamente la Plaza de la Constitución para manifestarse frente al Palacio Nacional, como pasó en las protestas de 2015 que rechazaban a las denuncias de corrupción en el gobierno y que llevaron a la renuncia del general Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Rosario Murillo.

"No más corrupción", "Fuera Giammattei" y "Se metieron con la generación equivocada" fueron algunas consignas coreadas o escritas en pancartas mientras los manifestantes ondeaban banderas azul con blanco, los colores nacionales. "Nos indigna la pobreza, la injusticia, cómo se han robado el dinero del pueblo", señaló Rosa de Chavarría, profesora de sicología de la universidad pública de San Marcos de Guatemala.

En calles aledañas del centro histórico capitalino, los grupos antimotines lanzaron gas lacrimógeno contra los manifestantes, pero la acción no detuvo la movilización. Casi entrada la noche, los manifestantes fueron dispersados nuevamente por la policía, pero regresaron a la plaza para continuar con la protesta.

Cientos de personas en varios departamentos del país, con pancartas y mantas, exigían vetar el presupuesto, transparencia en el gasto público y control a los diputados, varios de ellos señalados por actos de corrupción. En redes sociales, varias fotografías mostraron a grupos de personas frente a las sedes diplomáticas guatemaltecas en Argentina o Alemania en señal de solidaridad a la protesta.

Estas manifestaciones se producen después de que el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, propuso el viernes a Gia-mmattei que ambos renuncien a sus cargos "por el bien del país" porque "las cosas no están bien" en el gobierno.

Además de la renuncia de ambos, Castillo pidió a Giammattei vetar los presupuestos de 2021 porque tienen "anomalías", por lo que deberían ser devueltos al Congreso y ser modificados, explicó, apelando a "la eficiencia, transparencia y austeridad para no tener más endeudamiento".

El descontento e indignación de los guatemaltecos contra el Congreso y el gobierno de Giammattei se incrementó por la opacidad de los recursos para enfrentar la pandemia de Covid-19 y por los estragos que dejó el huracán Iota.

La movilización también se dirigió contra la Corte Suprema de Justicia por tramitar el retiro de inmunidad a magistrados constitucionales y sus fallos, que han frenado varios intentos de políticos por detener la lucha contra la corrupción e impunidad.

El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines, aprobaron el miércoles el mayor presupuesto en la historia del país, de casi 12 mil 800 millones de dólares, un aumento de cerca de 25 por ciento respecto a las cuentas de este año.

La mayoría de fondos están dirigidos a infraestructuras con el sector privado y no prevé aumentar las partidas de salud o de educación ni las destinadas a combatir la pobreza y la desnutrición infantil, así como a la defensa de los derechos humanos ni la atención primaria a pacientes con Covid-19, entre otros rubros.

En Guatemala, 59.3 por ciento de los casi 17 millones de habitantes viven en la pobreza, y la desnutrición afecta a casi 50 por ciento de los niños menores de cinco años. Varias entidades económicas y analistas advierten que es un riesgo que un tercio del presupuesto sea financiado por deuda.

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EEUU dejó al descubierto la real intención de las criminales sanciones contra Venezuela

18.11.20 - El subsecretario de la Oficina de Recursos Energéticos (ENR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos, Francis R. Fannon, dejó al descubierto la real intención de las criminales sanciones contra Venezuela y la intención gringa de frenar el desarrollo del país-.

Las declaraciones del funcionario se producen en medio del debate sobre los efectos nocivos de las sanciones contra la economía venezolana.

“Las sanciones contra Pdvsa fueron en parte porque el (gobierno) de Maduro ha utilizado los ingresos del petróleo para financiar su propia cleptocracia y otras malintencionadas actividades en la región”, aseveró el funcionario que trabajó en una parte del paquete de sanciones contra el gobierno de Venezuela y su principal empresa estatal.

El más reciente informe de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos estima que las sanciones "sí están generando repercusiones importantes" en su economía, "trayendo como consecuencia una pérdida importante de bienestar en la población".

"Luego de tres años, los resultados son bastante mediocres (...) la crisis ha empeorado y no se ha logrado el cambio político", señala el texto, tras remarcar que las sanciones no iniciaron la recesión económica ni el colapso financiero en el país pero sí han profundizado el deterioro en la calidad de vida de los venezolanos.

Asimismo, aseguró que la asfixia contra el pueblo venezolano continuará hasta lograr derrocar al gobierno legítimo de Venezuela.

“Estas sanciones continúan porque el problema de Venezuela es Maduro, no nuestras sanciones, y esto lo hemos dicho alto y claro”, contó Fannon al finalizar una conferencia sobre el sector energético.

La idea, señaló el principal funcionario estadounidense en materia de política energética, era “eliminar cientos de miles de barriles de petróleo del mercado que él (Maduro) estaba utilizando para sus actividades ilegítimas”.

Tras la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como presidente imaginario en enero de 2019, EEUU recrudeció su política de sanciones en contra del país, en especial, ahogando a su industria petrolera al bloquear sus activos que se encuentran en suelo estadounidense y prohibir las transacciones de individuos estadounidenses con la empresa.

Por: Aporrea. Viernes 20/11/2020

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EFE/ Paolo Aguilar

El régimen político peruano apostó al centroderechista Francisco Sagasti para aplacar el descontento del pueblo

 

Pasadas las 17:00 hora local, luego de tomar lista a los legisladores presentes, juramentó como presidente Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, la esperanza del régimen peruano para cerrar la crisis abierta luego de la vacancia (destitución) del presidente Vizcarra el 9 de noviembre.

Sagasti, del Partido Morado, no votó a favor de la vacancia y por eso es visto como uno de los pocos políticos que no están manchados por la corrupción. Asumirá la presidencia hasta el 28 de julio del 2021, cuando le entregará las riendas del ejecutivo al ganador de las elecciones de abril del próximo año. Mirtha Esther Vásquez del neorreformista Frente Amplio quedará como presidenta del Congreso. Con estas designaciones se pretende quedar bien con la juventud que fue la principal participante de las manifestaciones que se desataron la semana pasada.

La sesión fue presidida por Vazquez que comenzó recordando a los muertos por el covid-19 e hizo un homenaje a los dos fallecidos a manos de la policía durante la brutal represión policial el pasado sábado. Una muestra de cinismo por parte de todo el arco político que es responsable de la crisis profunda que vive el país.

Al momento de su juramentación, Sagasti se comprometió a respetar y hacer respetar la Constitución fujimorista de 1993 y a reconocer la “importancia de la iglesia católica en la formación de los peruanos”. Al iniciar su discurso de asunción saludo y agradeció a los dos jóvenes “lamentablemente fallecidos” y sus familias, presentes en la ceremonia, y más adelante hizo un llamado a que los jóvenes mantengan la calma y ecuanimidad. Este guiño a los jóvenes, a los que también llamó “defensores de la democracia” es un claro reconocimiento a la energía de una juventud a la que las décadas de neoliberalismo dejaron en una situación terrible y que hoy tiene poco que perder.

Dedicó varios pasajes de su discurso a describir las crisis de la pandemia y el cambio climático, pintando la realidad del Perú como catastrófica pero no sería responsabilidad de ninguno de los políticos actuales. No dijo ni una palabra de la larga noche del neoliberalismo de la que el país aún no ha salido. En el terreno económico dijo que “garantizarán estabilidad económica y equilibrio fiscal”, lo cual implica más medidas de ajuste para el pueblo trabajador.

Reconoció que los miembros de la clase política “no hemos estado a la altura” y “no hemos sabido escuchar y responder” a las legítimas demandas de peruanos y peruanas. A renglón seguido apeló a esa misma clase política, profundamente deslegitimada, a trabajar unidos en pos de un futuro para el país, sin explicar mucho en qué consiste ni cuándo vendrá ese futuro.

En un claro reproche a quienes impulsaron la vacancia presidencial sin tener un plan de salida dijo que los mecanismos de control democrático no deben desestabilizar al país, parándose claramente como el último defensor del régimen político. En un paso más allá instó al Tribunal Constitucional a que, con la sentencia que deberá emitir el miércoles 18, “permita un mejor uso de los pesos y contrapesos de la constitución”. Concluyó su discurso haciendo un llamado a la confianza y la esperanza en los jóvenes lo cual tiene que ver con oxigenar al régimen de 1993.

Recordemos que el Perú se encontraba desde el mediodía del domingo en medio de un vacío de Gobierno. El presidente ilegítimo que había asumido tras la destitución de Martín Vizcarra, Manuel Merino, cayó tras una semana de movilizaciones. Completamente cuestionado, el mandato de Merino solo duró 5 días.

Luego de frenéticas negociaciones y maniobras, finalmente el lunes se llegó a un acuerdo entre los partidos del régimen para presentar una lista para la presidencia del congreso y así, por linea sucesoria, a la presidencia del país. Toda esta situación mostró la profunda descomposición del régimen político peruano y su deslegitimación ante el pueblo trabajador. Se presentaron y retiraron listas, se realizaron varias votaciones el domingo que no llegaron a ningún lado. El mismo lunes, en el espacio de una hora, se presentó una lista para la mesa directiva del congreso y se retiró 5 minutos antes de la votación.

El nuevo Gobierno encabezado por Sagasti expresa la concertación entre la mayoría de los grupos políticos que representan a las diversas facciones burguesas que desde buen tiempo atrás se enfrentan por el control de los poderes del estado. La principal motivación que ha llevado a estos sectores a unificarse en torno a la figura de Sagasti, es el temor a que las movilizaciones que se iniciaron con el cuestionamiento a Manuel Merino alcancen dimensiones mayores y comprometan la participación de la clase trabajadora que ya anunció una movilización nacional para el miércoles 18 de noviembre.

Redacción LID Perú

Martes 17 de noviembre | 19:59


Perú: el modelo neoliberal en crisis

 

Por Alfredo Zaiat

La crisis política que vive Perú desde hace varios años, y que en estos días adquirió niveles dramáticos, se agudizó con el impacto de la pandemia, exponiendo con mayor nitidez la decadencia de su modelo neoliberal.

En América Latina, en las últimas décadas, las fuerzas conservadoras han puesto como ejemplo el modelo peruano. La actual crisis deja al desnudo su fragilidad en términos de bienestar general y de estabilidad política.


Desde la década del '90 se instaló en la sociedad peruana la ilusión de que muchos problemas serían resueltos sólo con un sostenido crecimiento económico gracias al efecto derrame. No fue así.

Tres de cada cuatro trabajadores siguen en la informalidad, miles de familias continúan viviendo en condiciones de hacinamientos, los niveles de pobreza superan el 30% de la población y muchos sectores del país tienen acceso parcial al agua potable.

La rebelión popular de estas semanas tiene una base material que la explica: desempleo en alza, exclusión social, aumento de la pobreza, falta de perspectivas de mejoras para los jóvenes y desilusión con una clase política que en su mayoría sostiene un modelo económico que concentra riquezas.

Modelo

El denominado modelo peruano se inauguró con el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), que introdujo reformas económicas neoliberales luego del cierre ilegal del Congreso en 1992, y de elaborar una Constitución que allanó el camino a esas políticas regresivas.

A partir de la primera década de este siglo, la economía peruana empezó a crecer a tasas importantes. Durante los últimos veinte años fue de 4,9% en promedio, un registro por encima de la mayoría de los países latinoamericanos.

El impulso estuvo en la primera década con el ciclo de elevados precios internacionales de materias primas, en el cual Perú se benefició con las exportaciones mineras.

En 2008, por ejemplo, el Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó un poco por arriba del 9%.

​A partir de 2014, con la caída del impulso minero y el precio de las materias primas que afectó a toda la región, la economía bajó el ritmo de crecimiento, aunque continuó destacándose en relación al resto.

El modelo peruano seguía mostrando crecimiento, bajo nivel de deuda, inflación reducida y cuentas fiscales ordenadas hasta este año.

Desempeño

En el último informe del FMI sobre la economía de Perú se advierte que el país debía mejorar las perspectivas de crecimiento a largo plazo reduciendo las grandes brechas de infraestructura y abordar el gasto social, así como la corrupción.

Las conclusiones principales del reporte son las siguientes:

  • Desempeño económico:Perú ha sido una de las economías de más rápido crecimiento de la región, pero en 2019 el crecimiento se debilitó a 2,4% debido a una combinación de factores externos e internos.
  • En el frente externo:la demanda de exportaciones de productos primarios se redujo, en tanto que la minería y las exportaciones de combustible se contrajeron durante el año. En el ámbito interno, la ejecución de proyectos de inversión pública fue menor de lo previsto en el presupuesto, mientras que los factores relacionados con el clima afectaron a la producción pesquera.
  • Brechas de infraestructura:La infraestructura de Perú se compara desfavorablemente con la de sus competidores, y la inversión es particularmente necesaria en materia de transporte, saneamiento, salud, telecomunicaciones y agua.
  • La corrupción:En los últimos tres años, la investigación Lava Jato sobre la corrupción ha tenido un impacto tanto a nivel político como económico.

Pandemia

La crisis del coronavirus dejó al modelo desnudo. El crecimiento económico no se reflejó en beneficio de la mayoría de la población y, para muchos, ese avance fue un espejismo.

El especialista Felipe Gálvez Condori publicó La realidad ficticia: el crecimiento económico del Perú, destacando que los problemas económicos y sociales siguen siendo la baja productividad, la pésima educación, el deficiente sistema de salud, las debilidades en infraestructura física, la desigualdad social, la corrupción y el elevado nivel de informalidad. 

Rescata la opinión del filósofo, sacerdote y teólogo peruano Gustavo Gutiérrez Merino: "Contraviniendo la ley de la gravedad, aquí la economía cuando derrama, derrama hacia arriba. Sé que no somos de respetar mucho las leyes, pero al menos la de Newton habría que respetarla".

Para agregar: "se dice que el país crece, pero, ¿cómo están los pobres? Además el país crece porque la riqueza aumenta en quienes ya tenían muchas posesiones. El mundo de los pobres disminuye poco".

Pobreza

La UNICEF estimó que la pobreza monetaria en niñas, niños y adolescentes peruanos aumentará de 26,9% en el 2019 a 39,9% en el 2020 como consecuencia directa de la pandemia. En el caso de la población en general, el incremento proyectado es de 10 puntos porcentuales, de 20,2% a 30,3%.

El estudio de UNICEF cuantificó en 1.200.000 menores de edad que caerán en pobreza en 2020. Se estima que las niñas, niños y adolescentes de hogares rurales serán los más afectados, pues la pobreza se incrementará de 47,3% en 2019 a 62,3% en 2020.

Pero los que viven en hogares urbanos también tendrán una afectación considerable, con un aumento de 10 puntos porcentuales en la pobreza monetaria en Lima Metropolitana y de 13 puntos porcentuales en la costa urbana, donde por lo menos tres de cada diez personas de 0 a 17 años estarán en esta situación en 2020.

La UNICEF también destaca que la desnutrición y la falta de un acceso adecuado a la salud y educación son otras expresiones de esta crisis.

Migrantes venezolanos

Perú ha sido el segundo mayor receptor de migrantes venezolanos (detrás de Colombia). Según las estimaciones de las Naciones Unidas, registró la llegada de 800.000 inmigrantes entre comienzos de 2017 y mediados de junio de 2019, es decir, alrededor de 2,5% de la población de Perú.

Su absorción en la fuerza laboral ha creado algunas fricciones y, según las estimaciones del Banco Central de Perú, la competencia de los migrantes se ha sentido particularmente entre los trabajadores jóvenes y poco calificados en los sectores de servicios y comercio.

Sin embargo, esta absorción también se ha traducido en un mayor crecimiento. Según el Banco Central, alrededor de 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del PIB registrado en 2018 pueden atribuirse al aumento del consumo de la población inmigrante.

En el documento se calcula que este impacto puede alcanzar un máximo de alrededor de 0,4 puntos porcentuales en 2021. Sin embargo, a medida que las fricciones para integrar la fuerza laboral migrante se disipen a mediano plazo, se prevé que se materialicen beneficios mayores para el crecimiento.

Desempleo

En el informe de la UNICEF, Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, afirma que "millones de niñas, niños y adolescentes peruanos se encuentran en hogares cuyos ingresos han disminuido drásticamente, sin poder acceder a servicios básicos de educación o salud, y en muchos casos sin una adecuada nutrición".

El cese de actividades masivo condujo a una caída generalizada de los ingresos en los hogares peruanos. Según la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), en el trimestre móvil abril-mayo-junio del 2020, la masa salarial proveniente del trabajo en Lima Metropolitana tuvo una variación negativa de 59,7%.

La Población Económicamente Activa (PEA) ocupada se ha reducido en 55,1%, comparando con el mismo trimestre del año pasado.

Asimismo, la tasa de desempleo entre abril y junio es del 16,3%, 10 puntos porcentuales más que en el mismo trimestre en el 2019.

Decadencia

Hasta hace poco, era frecuente leer en los medios de comunicación respecto al crecimiento económico sostenido del Perú y su probable ingreso a la OCDE como país de renta media.

Sin embargo, con este cuadro socio laboral, la socióloga Anahí Durand Guevara explica en Pandemia, poder y protesta en el Perú neoliberal, publicado en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que esta crisis ha develado que el crecimiento estuvo lejos de significar bienestar para las mayorías, persistiendo la desigualdad, el abandono del Estado, la desprotección social, la precariedad y la pobreza. 

La investigadora apunta que una estrategia de contención sanitaria exitosa durante la pandemia requería hacer aquello que los grupos de poder político económico y sus tecnocracias gobernantes de turno no hicieron: fortalecer y equipar la salud pública, asegurar sistemas de agua y saneamiento para todos, implementar políticas de viviendas dignas sin hacinamiento.

Durand Guevara menciona que se necesitaban medidas inmediatas como distribuir un ingreso básico universal por algunos meses para las mayorías o regular los precios de clínicas y medicamentos, "cosa que tampoco han hecho".

El estallido de la crisis política se explica entonces por esas carencias. Pero esta crisis que vive Perú viene de arrastre desde el 2018, cuando fue gatillada por los escándalos de corrupción del caso Lava Jato, y ahora se ha agudizado con los impactos del coronavirus. Un cuadro general que ha expuesto con mayor nitidez la decadencia del modelo neoliberal

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La vacuna anti-COVID promueve el debate de la sociedad planetaria

En los últimos días la vacuna contra el SARS-CoV-2 se convirtió en una vedette mediática, casi al mismo nivel que las elecciones en los Estados Unidos o la segunda ola pandémica europea.

El 9 de noviembre las empresas Pfizer-BioNTech anunciaron el resultado positivo de su vacuna en preparación en un 90% de los casos probados. Dos días más tarde, el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Instituto de Investigación Gamaleya comunicaron que su vacuna Sputnik-V había resultado eficaz en un 92% de los testeos realizados. Y el lunes 16 del mismo mes fue el turno de Moderna de comunicar un porcentaje de éxito del 94.5% de las pruebas efectuadas. Anuncios todos que trajeron un suspiro de alivio en la perspectiva de mediano plazo de la actual crisis sanitaria.

Tres razones confluyentes lo explican. La primera, la gente. El enorme interés de una gran parte de la población mundial -especialmente de Europa y de América – agotada por la pandemia y que no ve ninguna puerta de salida sin la vacuna. La segunda, los negocios. La gran industria farmacéutica sabe que el medicamento preventivo anti-COVID-19 le aportará beneficios incalculables dada la dimensión global de la demanda. Y, la tercera, el poder político. El entusiasmo de los gobiernos de las naciones golpeadas por la pandemia, que ven en la vacuna la lámpara de Aladino de la estabilidad sanitaria. Y la esperan como el único descongestionante potencialmente efectivo para la grave crisis. La gobernabilidad se ve amenazada por este cataclismo sanitario-económico-social.

La nueva “ética”

«Nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo”, enfatizó un grupo de expertos de las Naciones Unidas en asuntos de derechos humanos al pronunciarse públicamente el 9 de noviembre. El comunicado de prensa apareció casi en paralelo con el de las empresas Pfizer-BioNTech a través del cual informaron sobre los resultados positivos de su vacuna en un 90% de las pruebas realizadas.

Estos expertos intentaban recordar que el acaparamiento de ese fármaco por parte de los países que cuentan con más recursos económicos, o que proclaman un nacionalismo extremo que los lleva a ignorar cruelmente las necesidades del resto del mundo, “no tiene lugar en la lucha contra la pandemia”. La advertencia-denuncia se dirigió hacia “algunos países que están tratando de monopolizar cualquier futura vacuna contra el COVID-19” y hacia las empresas farmacéuticas que “tienen la responsabilidad de no anteponer las ganancias a los derechos de las personas a la vida y a la salud”.

Con el trasfondo planetario de más de 1.319.000 muertos (al 16 de noviembre), producto del coronavirus; el azote de la segunda ola europea, cuyo impacto ya supera al de la primera;  y el reflejo  instintivo del sálvese quien pueda, esas personalidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intentaron reforzar el debate ético sobre el valor igualitario y universal de la vida humana.

Reflexión que, a escala nacional, se instaló en algunos países de la región con respecto a la selección de los pacientes graves en sistemas hospitalarios colapsados. ¿Quién tiene más *derecho* de sobrevivir entre dos enfermos en igual situación médica si ambos dependen de un solo respirador artificial o un mismo equipo de entubamiento? Los científicos de la Academia Suiza de Ciencias Médicas, a instancias del Gobierno federal, acaban de actualizar las directivas sobre el tipo de atención para los pacientes graves si se diera el colapso hospitalario. En la práctica: a quiénes se atenderá en cuidados intensivos y a quiénes se destinarán al sector paliativo para una muerte casi segura. Todo esto genera una reflexión ética semejante a la discusión en puertas sobre la distribución prioritaria, la venta y la aplicación futura de la vacuna.

Este debate es lo que, en un plano más global, intentaron provocar los diversos relatores, expertos independientes y miembros de grupos de trabajo de la división de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con su comunicado del segundo lunes de noviembre.

Según este grupo de trabajo, “parece que, lamentablemente, algunos gobiernos se han comprometido a garantizar vacunas solamente para sus ciudadanos. Las políticas de salud y adquisiciones aislacionistas están en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos”.

Por tal razón, dicho grupo, le pidió a la comunidad internacional que sostenga la iniciativa COVAX, que procura garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata del “mecanismo clave que permitiría que todos los países participantes tengan acceso a la vacuna que haya demostrado ser segura y eficaz”.

Según el derecho internacional, subraya el grupo de trabajo de la ONU, el acceso a cualquier vacuna y tratamiento para el COVID-19 debe estar al alcance de todos los que lo necesiten… especialmente aquellos países en situaciones vulnerables o que viven en la pobreza.

Convoca, además, a incrementar la cooperación y la asistencia internacional entre los países desarrollados y en desarrollo a fin de garantizar un intercambio generalizado de tecnologías sanitarias y conocimientos sobre las vacunas y el tratamiento para el COVID-19 en general.

Finalmente, les recuerda a las empresas farmacéuticas que tienen la responsabilidad de respetar los derechos fundamentales y que no deben anteponer sus ganancias a los derechos humanos a la vida y la salud, lo que implica aceptar límites y restricciones razonables a sus patentes.

La sociedad civil toma la palabra

Desde el estallido de la pandemia diferentes voces de la sociedad civil internacional han estado advirtiendo sobre las desigualdades de acceso a equipos médicos, materiales de protección y medicamentos en general. En un futuro inmediato, esta disparidad también podría expresarse también con la vacuna. Aun cuando es un hecho que el virus golpea por igual a ricos y pobres, estos expertos anticipan que la factura más abultada a nivel global será pagada por los sectores de menores recursos.  

Un grupo concentrado de naciones ricas ya había comprado en septiembre de este año más de la mitad de las dosis en preparación de las vacunas contra el COVID-19, informó OXFAM. La ONG estima que se producirán unos 5.900 millones de dosis en una primera etapa, cantidad que sería suficiente para unos 3.000 millones de personas dado que las cinco empresas, que en septiembre tenían mayor probabilidad de éxito, coincidían en la necesidad de dos dosis por persona. El documento se refería a los proyectos en marcha en fase 3 –es decir, de testeo amplio previo a la comercialización– de AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer y Sinovac.

Hasta este momento, afirma la OXFAM, se había negociado la adquisición de 5.300 millones de dosis, de las cuales 2.700 millones (51%) han sido encargadas por países, territorios y regiones que representan el 13 % de la población mundial. Incluyendo a los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Hong Kong y Macao, Japón, Suiza e Israel. Países en vías de desarrollo, como India, Bangladesh, China, Brasil y México, entre otros, compraron las 2.600 millones dosis restantes o se comprometieron a hacerlo.

Los Estados Unidos, con 330 millones de habitantes, ya habían reservado en septiembre 800 millones de dosis de seis diferentes fabricantes. La Unión Europea, con 450 millones de habitantes, había encargado 1.500 millones de dosis, según diversas fuentes informativas. Al día siguiente de conocerse el comunicado del 9 de noviembre de la Pfizer, la Unión Europea se abalanzó para asegurar 300 millones de dosis suplementarias.

Al lanzar su campaña internacional “Exigimos que la vacuna sea gratuita para todo el mundo” (https://actions.oxfam.org/international/covid-19-vaccine/petition/es/ ), OXFAM analizó el mal ejemplo de la empresa Moderna, que aun cuando había recibido pedidos de diferentes gobiernos en torno a los 2.500 millones de dólares, optó por “vender a naciones ricas las opciones de compra de toda su producción”.

Según la ONG, el costo de vacunar a toda la población mundial será minúsculo: costaría menos del 1% del impacto previsto de la pandemia en la economía mundial. En cuanto a los tiempos y plazos, la ONG estima que, de no haber cambios esenciales al ritmo actual, dos tercios de la población mundial (un 61%) no tendrá acceso a la vacuna antes del año 2022.

Equidad en un mundo polarizado

La vacuna contra el COVID-19, que según numerosos especialistas no saldrá al mercado libre antes de mediados del año 2021, se desarrolla en un escenario global preocupante.

La mitad de la población mundial carece de acceso a los servicios de salud más esenciales, así como a fuentes seguras de agua potable. Millones de personas viven en villas miseria o campos de refugiados superpoblados.

La mitad del total de los pobladores del planeta podría padecer una situación de pobreza una vez terminada la pandemia. Según OXFAM, los efectos directos del COVID-19 amenazan condenar a 135 millones de seres humanos a una situación de inseguridad alimentaria o hambre. A pesar de este contexto, los remedios siguen siendo, para las empresas multinacionales del ramo, simples mercancías portadoras de suculentos beneficios.

Como lo sostiene OXFAM, “muchas veces los medicamentos se venden a precios excesivos e inaccesibles”. Los derechos ligados a la “propiedad intelectual” son utilizados por la gran industria farmacéutica para aumentar enormemente el valor de los mismos en el mercado. Los ejemplos sobran. Como lo señala la ONG, a pesar de que la neumonía es la principal causa de mortalidad de niñas y niños menores de 5 años –cerca de 2.000 por día–, dos grandes empresas del ramo, entre las cuales se encuentra la misma Pfizer, se repartieron los derechos de patente y exigieron precios exorbitantes, lo cual causó “la muerte de millones de niñas y niñas”.

Durante toda esta etapa, esas dos multinacionales obtuvieron beneficios de aproximadamente 50 mil millones de dólares por la venta de vacunas contra la neumonía, como lo denunció en diciembre de 2019 la organización Médicos sin Fronteras. Pequeño anticipo de lo que podría suceder en el futuro con la vacuna contra el COVID-19.

La distribución equitativa a nivel internacional de una vacuna segura y eficaz, y a un precio asequible para todos, será sin duda un complejo tema de debate, presiones y contrapresiones. Varias organizaciones europeas anticiparon, a mediados de noviembre, el lanzamiento de una petición ciudadana que espera contar con el apoyo de por lo menos 1 millón de firmas. Dicha petición exige a la Unión Europea que sus contratos con las empresas farmacéuticas sean transparentes y que les obliguen a contraprestaciones, como la liberalización de las patentes pertinentes, con el propósito de reducir el costo de la vacuna.

La vacuna, antes de existir realmente, ya se instaló como un nuevo debate y combate ético-político de dimensión *Tierra*.

Por Sergio Ferrari | 18/11/2020 | 

Francisco Sagasti es el nuevo presidente de Perú

El parlamentario centrista fue elegido por el Congreso

El intelectual Sagasti enfrentará el desafío de devolver la estabilidad a un país convulsionado por el rechazo ciudadano a su clase política. Trabajó en el Banco Mundial, en planeamiento estratégico y evaluación de políticas, y fue asesor en Naciones Unidas.

Por Carlos Noriega

El intelectual Francisco Sagasti Hochhausler, del centrista Partido Morado, es el nuevo presidente del Perú.El cuarto en cuatro años.Fue elegido este lunes por la mayoría del Congreso,luego de que el país estuviera más de 24 horas sin presidente, después de la renuncia al mediodía del domingo de Manuel Merino, en medio de masivas protestas en las calles, y de que el Legislativo no aprobara en la noche del domingo la elección de la congresista del izquierdista Frente Amplio, la poetisa y feminista Rocío Silva Santisteban, para ocupar la presidencia del país. 

En esta segunda votación la historia fue distinta y Sagasti ganó con amplitud. Obtuvo 97 votos de los 130 miembros del Congreso unicameral. Hubo 26 votos en contra, de fujimoristas y de los más radicales de la coalición de derecha y de legisladores acusados de corrupción que apoyaron a Merino y hasta el final buscaron petardear una salida a la grave crisis política.

La elección de Sagasti fue como presidente del Congreso y en esa condición asume la presidencia del país, cargo que juramentará en la tarde del martes. Junto a él, fue elegida vicepresidenta del Parlamento la congresista del Frente Amplio, Mirtha Vásquez, que al pasar Sagasti a ejercer la jefatura del Estado, ocupará la presidencia del Congreso.

La sesión parlamentaria en la que se eligió a Sagasti fue conducida por Rocío Silva Santisteban, que comenzó la jornada pidiendo un minuto de silencio por los dos estudiantes asesinados por la policía durante las masivas protestas contra el gobierno de Merino. La elección de Sagasti, a quien algunos llaman Don Quijote, por su aspecto físico, fue recibida con aplausos en el hemiciclo del Congreso.

Sagasti, de 76 años, es ingeniero industrial, docente en universidades del país y del exterior, y autor de varios libros de investigación. Ha trabajado en el Banco Mundial en planeamiento estratégico y evaluación de políticas, y ha sido asesor en Naciones Unidas y de organismos científicos del país. Es ajeno a la desacreditada clase política tradicional, un factor clave para calmar la indignación ciudadana que ha tomado las calles en contra de una clase política cuestionada por corrupción. Sagasti llegó al Congreso por primera vez en las elecciones parlamentarias de enero de este año. Candidato a la vicepresidencia de Perú por el Partido Morado, como compañero de fórmula del presidente del partido, Julio Guzmán, para las elecciones de abril del próximo año, ahora tendrá que bajarse de esa candidatura al ocupar la presidencia del país.

Hace una semana, el partido de Sagasti se opuso a la destitución por el Congreso del entonces mandatario Martín Vizcarra por supuesta “incapacidad moral permanente” a partir de cargos de haber recibido sobornos hace varios años cuando era gobernador y que todavía están en investigación, y de la designación en su reemplazo del entonces titular del Parlamento, Manuel Merino, decisión parlamentaria que gatilló masivas protestas ciudadanas, que llevaron a la renuncia de Merino.

Los miles de ciudadanos que la última semana protestaron en todo el país exigiendo la salida de Merino y de su gobierno sostenido por políticos implicados en denuncias de corrupción, y que este lunes seguían movilizados en calles y plazas esperando la decisión del Congreso, habían anunciado que si se elegía a un congresista que había respaldado a Merino reanudarían las protestas. La elección de Sagasti descomprime la crisis.

Pero esta noche continuaban las movilizaciones en las calles. No eran en rechazo al nuevo gobierno, sino en contra de los congresistas que originaron esta crisis política en su afán de tomar el gobierno y exigiendo juzgamiento para los parlamentarios denunciados por corrupción, que estuvieron en primera fila para colocar en la presidencia al repudiado Merino.

“Que se vayan los congresistas corruptos”, coreaban los manifestantes. En las calles hay indignación por la brutal represión policial desatada por el muy breve gobierno de ultraderecha de Merino. Se escuchaban arengas exigiendo que Merino sea juzgado por los asesinatos de dos jóvenes durante las protestas contra su gobierno.

Merino, investigado por la represión

La Fiscalía ya abrió investigación a Merino y a dos de sus ministros por homicidio doloso, desaparición forzada, lesiones y abuso de autoridad, por la represión policial de los últimos días.

A los gritos de “Asesinos, asesinos” y demandas de justicia, este lunes fue enterrado Jack Pintado, de 22 años, que murió de múltiples perdigones que la policía le disparó a la cara, cuello y tórax.

Gobierno de transición

El de Sagasti será un gobierno de transición, que durará ocho meses hasta que en julio del próximo año asuma el gobierno elegido en las elecciones de abril. Sus tareas centrales serán llevar adelante las elecciones, y enfrentar la pandemia del coronavirus, que hasta ahora ha cobrado más de 900 mil contagios y más de 35 mil muertes, y la crisis económica a consecuencia de la pandemia. Con una pequeña bancada de solo nueve legisladores, el primer reto de Sagasti será nombrar un gabinete ministerial de consenso.

Minutos después de su elección, el nuevo presidente salió a las afueras del Congreso, donde se congregaban los manifestantes, la gran mayoría jóvenes, que en los días previos se habían movilizado exigiendo la salida del gobierno de Merino y habían sido duramente atacados por la policía. Estaban en vigía esperando la elección en el Congreso. Los saludó y recibió algunos aplausos.

Minutos antes, en un discurso abiertamente opuesto al del gobierno saliente y sus aliados, que acusaron a los manifestantes de terroristas, había expresado su reconocimiento a los jóvenes que salieron a protestar en defensa de la democracia, marchas que calificó como pacíficas, expresó su solidaridad con las familias de los dos estudiantes asesinados por la policía y su preocupación por los heridos y los desaparecidos en las protestas.

“Si un peruano muere defendiendo la democracia, al luto se suma la indignación. En las calles estamos viendo esa indignación, que debemos reconocer y saber encausar”, señaló.

Luego de su elección, ante el Congreso Sagasti pidió a los parlamentarios trabajar juntos “para recuperar la confianza” de la población. Esa será una tarea muy difícil con un Congreso muy desacreditado. “El nuevo presidente tiene una buena hoja de vida, no es un político tradicional, pero esos congresistas son unos corruptos. Será muy difícil que volvamos a confiar en los políticos, ya hemos confiado mucho en los políticos y nos han engañado mucho”, señalaba un joven que esta noche integraba una nutrida movilización en el centro de Lima.

Lo hecho por el Congreso al destituir a Vizcarra para poner en el poder a Merino, en una movida detrás de la cual era notoria la presencia de políticos que cargan múltiples denuncias de corrupción y buscaban ganar impunidad y seguridad para algunos negocios, desató una indignación que desbordó en las calles con manifestaciones de una magnitud que el país no veía hace mucho tiempo. La salida de Merino es un triunfo de esas protestas juveniles, y la llegada de Sagasti ayuda a bajarle el tono a esa indignación, pero el rechazo a la clase política sigue expresándose en las calles.

Mientras Sagasti era elegido nuevo presidente y se preparaba para asumir el cargo este martes, el Tribunal Constitucional (TC) anunciaba que este jueves tomaría una decisión sobre la constitucionalidad o no de la destitución del exmandatario Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente” decretada por el Congreso. Vizcarra espera que un fallo a su favor lo pueda reponer en el cargo. El TC podría darle la razón declarando que su destitución fue en contra de la Constitución, pero señalar que ese fallo no es retroactivo y tiene el valor de una aclaración de una figura constitucional ambigua hacia el futuro, lo que importantes juristas dicen es lo más probable. Mientras el TC no se pronuncie, continúa la incertidumbre sobre la presidencia del país, que eventualmente podría volver a cambiar de manos en pocos días, aunque ahora esa no parece la posibilidad más cercana. 

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Manifestantes participan en una multitudinaria marcha de protesta en la plaza San Martín de Lima (Perú). — Paolo Aguilar / EFE

Tras ocho días consecutivos de marchas pacíficas protagonizadas por los jóvenes, Perú espera que Francisco Sagasti, titular del Congreso y opositor a la vacancia de Martín Vizcarra, juramente este martes como nuevo presidente interino.

 

Eran apenas unos recién nacidos cuando sus padres tuvieron que salir a las calles para exigir la caída del autoritario exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), han padecido casi toda su vida una educación y una sanidad públicas fuertemente precarizadas por políticas neoliberales, y tienen hoy como hábitat alternativo a las redes sociales. Así son los centennials peruanos, los protagonistas del desenredo de una crisis política que dejó como saldo la muerte de dos de ellos, decenas de heridos y desaparecidos, y que Perú se haya liberado en seis días del Gobierno de Manuel Merino de Lama, acusado de golpista y usurpador.

La juramentación este martes del congresista Francisco Sagasti como presidente de Perú, opositor junto a otros 18 congresistas a la vacancia de Martín Vizcarra (2018-2020), ha sido la señal de que lograron su propósito: torcer a una mayoría del Congreso acusada de golpista por haber utilizado la figura constitucional, aunque polémica por su amplio margen de interpretación, de vacancia por "incapacidad moral permanente" para remover a Vizcarra del poder.

La lucha empezó la noche del lunes en que el Legislativo vacó a Vizcarra, por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, pero que se fue acrecentando desde la toma de mando del congresista de centroderecha Manuel Merino de Lama, y la posterior juramentación de su gabinete de ministros el jueves. Miles de ellos tomaron las calles y plazas y se ubicaron en la primera fila, para bloquear, con creatividad y recursos aprendidos en Youtube, las excesivas bombas lacrimógenas y perdigones que la Policía Nacional lanzó contra marchas pacíficas de protesta en todo el país. Resistieron con gritos de "Merino no me representa" y cubiertos con banderas del Perú, a una brutal represión que fue condenada por organismos nacionales e internacionales como Human Right Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las manifestaciones se dieron consecutivamente hasta el sábado, día en que se convocó a una marcha nacional, y en el que las abusivas acciones de represión perpetradas por la Policía provocaron la muerte de los jóvenes universitarios Jack Bryan Pintado (22), que fue disparado con diez proyectiles en el rostro, cabeza y tórax; e Inti Sotelo Camargo (24), con cuatro proyectiles, uno de ellos en el corazón. Se sumaron también casi un centenar de heridos con perdigones, graves y leves, decenas de desaparecidos, y por lo tanto el pedido de gran parte de la clase política peruana de que Merino renuncie, algo que terminó por hacer al día siguiente.

Por ello, fue a los jóvenes a los que se refirió este lunes el congresista Francisco Sagasti Hochhausler, del centroderechista Partido Morado, en sus primeros segundos como flamante presidente del Congreso de Perú; y que luego ocupará interinamente el cargo de presidente de la República, hasta culminar el quinquenio de 2016-2021, el 28 de julio de 2021.

"Hoy no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes expresando sus puntos de vista, y prácticamente sin violencia. Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado han fallecido, no podemos retroceder, no podemos volverlos a la vida, pero sí podemos, desde el Ejecutivo, tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder", dijo este lunes en el hemiciclo, ante los aplausos de los presentes.

La tensa mañana del lunes

Sagasti, un ingeniero industrial, reconocido investigador académico y catedrático de 76 años, que tiene en su hoja de vida haber sido consultor y asesor de organismos internacionales como la UNESCO, las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la OEA, llegó este lunes a presidir la mesa directiva del Parlamento, en un segundo proceso de votación por una nueva mesa directiva.

Y es que el mismo domingo de la renuncia de Merino, en el hemiciclo solo existía un único acuerdo claro: que la nueva mesa estuviera integrada exclusivamente por congresistas que hubieran votado en contra de la vacancia (19 de 130), como gesto de respeto al sentir popular. Por ello, la conformación de la primera lista presentada el domingo por la noche, encabezada por la izquierdista Rocío Silva Santisteban y que tenía como vicepresidente al propio Sagasti, no alcanzó los votos necesarios, aún cuando había sido planteada con el compromiso de apoyo de otras bancadas.

Así las cosas, Perú se acostó el domingo y amaneció este lunes prácticamente acéfalo, sin un presidente en el Ejecutivo ni en el Legislativo, solo dirigido por el gabinete de ministros del presidente saliente. Hasta que la tarde del lunes, el Partido Morado, el único que votó en bloque contra la vacancia, decidió reemplazar una lista presentada a primeras horas de la madrugada del lunes, que integraban solo los miembros de su bancada, y por ello con poca aceptación previa, por una que conformaba junto con otros partidos.

Llegó así, minutos antes de las dos de la tarde, la que terminó siendo la lista única (hubo una intención de los congresistas provacancia de presentar una segunda, pero no prosperó). Esta estuvo presidida por Sagasti, cuyo carácter democrático y conciliador había sido resaltado como clave para lograr un consenso entre bancadas, y la completaron la congresista izquierdista Mirtha Vásquez, del Frente Amplio; el congresista de centroderecha Luis Roe, de Acción Popular; y la congresista de centroderecha Matilde Fernández, de Somos Perú; que ganó con un total de 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones.

Generación del Bicentenario

Algo que han reconocido diversos políticos ha sido la importancia de la participación juvenil, y sobre todo de los chicos centennials, en el reencauzamiento del orden democrático en Perú. Un trascendental papel que les ha valido ser llamados Generación del Bicentenario, en referencia a la próxima conmemoración de los 200 años de la independencia del país latinoamericano, y por el halo de heroicidad que atañe. Entre ellos, la congresista Mirtha Vásquez, recientemente electa primera vicepresidenta del Legislativo, que agradeció este lunes ante los medios "a todos esos jóvenes" por haber dado "una lección para poder reconducir lo destinos del Estado".

 17/11/2020 07:55 Actualizado: 17/11/2020 07:57

Mercedes Palomino

@mercepalm

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Rob Wallace es biólogo evolutivo y fitogeografo para la salud pública en los Estados Unidos.

Las universidades neoliberales crean “expertos” para servir a las necesidades del poder, ese lugar donde se definen cuáles son los problemas y el curso de las investigaciones. Lo que hay que hacer es cambiar las preguntas, plantear nuevos problemas, dice el filósofo Slavoj Žižek. Rob Wallace es uno de esos científicos que hacen preguntas molestas para el capital. Biólogo evolutivo, ecólogo e investigador en la Universidad de Minnesotta, en 2016 publicó Big Farms make big flu, donde preveía la aparición de pandemias como la actual, aceleradas por las transformaciones capitalistas de las últimas décadas. El libro acaba de ser publicado en castellano (Grandes granjas, grandes gripes, Capitán Swing, 2020). En simultaneo, se publica en inglés Dead Epidemiologists (2020), dedicado enteramente a la crisis de la covid-19.

Wallace sostiene que el abordaje de una pandemia debe ser multidisciplinar, ya que “ninguno de los factores más amplios que determinan la evolución de la gripe y la respuesta a los medicamentos se puede encontrar con el microscopio”. Es necesario levantar la mirada para visualizar una “geografía que conecte las relaciones entre los organismos vivos y la producción humana”. Asegura que los virus han encontrado “grietas en la estructura epidemiológica del mundo” y, aunque no haya ninguna conspiración secreta ‒este virus no fue diseñado en un laboratorio‒, sí existe una alianza estratégica entre las multinacionales, la agroindustria y las nuevas pandemias globales.

De su trabajo surgen cuestiones inquietantes. Si este tipo de pandemias echa raíces en las tramas de la producción capitalista, ¿cómo puede una vacuna ser la solución que todos esperamos? ¿Qué rol están jugando los Estados frente a la crisis? A comienzos de noviembre, cuando la segunda ola parece imparable en todo el mundo, Rob Wallace se hace un tiempo para conversar por zoom sobre estos temas.

En Grandes granjas, grandes gripes explicabas que la gestación de crisis pandémicas está muy relacionada con la expansión de la agricultura intensiva y los centros de la producción industrial de alimentos. ¿El poder de los agronegocios nos condena a crisis virales recurrentes?


La industria de la alimentación está empujando las fronteras forestales y eso está incrementando la interfaz entre la fauna silvestre, que acoge algunos de los patógenos más mortales, con el ganado industrial criado en esos bordes, y también con los trabajadores que están a cargo de esos animales. Se produce un incremento del tráfico de estos nuevos patógenos desde los animales salvajes, a través del ganado y la mano de obra, hacia las ciudades locales de regiones que están conectadas con la red global.

Por eso, un brote que aparece en una cueva en el centro de China, en el plazo de semanas puede terminar propagándose en Miami. Antes esto era contenido por la complejidad de los ambientes forestales locales, pero esos bosques han sido mutilados de su complejidad en una forma que ha permitido a los patógenos extenderse hacia los seres humanos en esas regiones, sobre el ganado, y de una forma y otra, llegar al otro lado del mundo.

La agricultura capitalista juega su papel de dos maneras: en China está empujando las fronteras silvestres. Pero esto no se trata solo de China. Goldman Sachs, por ejemplo, ha invertido 3.000 millones de dólares en granjas de pollos en China

De manera que se han abierto “puertas” que los ecosistemas mantenían cerradas.


El modo en que la agricultura intensiva lleva adelante su producción, únicamente enfocada en las ganancias, ha destruido la ecología que bloqueaba y marginaba los peores patógenos. Este es el marco general, que explica también el brote de ébola en África occidental ‒previamente el ébola había aparecido en algunos poblados, matando a cientos de personas, pero en 2013 se extendió, contagiando a 35.000 personas, matando a 11.000 y dejando cadáveres tirados en las calles de grandes ciudades‒. Es un proceso que se genera con la introducción de nuevos monocultivos, como las plantaciones de aceite de palma, que destruyen el bosque forestal. Este es un extremo del circuito de la producción, en las fronteras forestales. Pero, por otro lado, tenemos las granjas industriales de pollos o cerdos, instaladas en las afueras de grandes ciudades y que pueden albergar los peores patógenos de las gripes, que se pueden contagiar a los seres humanos en las cercanías.

El virus que genera la Covid-19, también llamado SARS-CoV-2, ha aparecido en murciélagos en el sur y centro de China. Las fronteras interiores han sido empujadas allí por el desarrollo industrial y la deforestación, incrementando esa interacción de la que hablaba antes. Desde que SARS1 apareció en 2002, los científicos han sido capaces de detectar todo tipo de coronavirus, no solo en China, sino en el mundo. Y los coronavirus se han estado traspasando a todo tipo de animales: ganado industrial, animales silvestres que se venden como alimento, y también contagiando directamente a humanos. Ya hemos tenido tres grandes episodios mortales: SARS1, MERS en medio oriente, y SARS2, y todo esto ha ocurrido solo en los últimos 20 años.

Señalas que hay que reajustar la visión acerca de los procesos que están en la base de la extensión de los nuevos virus: procesos por los cuales organismos vivos se transforman en mercancías que recorren cadenas de valor en diferentes regiones. ¿Qué responsabilidad tienen las grandes multinacionales en esta crisis?


La agricultura capitalista juega su papel de dos maneras: en China está empujando las fronteras silvestres. Pero esto no se trata solo de China. Gran parte de la inversión extranjera directa proviene de otras partes del mundo. Tienes por ejemplo a Goldman Sachs, que ha invertido 3.000 millones de dólares en granjas de pollos en China. Hemos tenido también brotes de virus en las afueras de México DF producto de gripes que estaban circulando en granjas de propiedad norteamericana. En Europa tuvieron el H5NX y no nos olvidemos del Zika en Brasil. Es decir, que los patógenos están emergiendo en todo el planeta, no es solo un fenómeno chino.

Este es un fenómeno global; la anterior economía natural ha sido transformada en una agricultura industrial, un proceso en el cual los alimentos son considerados como cualquier otro insumo y los animales son tratados antes como mercancías que como animales. El problema es que, en el curso de esta industrialización de la producción de alimentos, también se industrializaron los patógenos que circulan alrededor de ellos, por lo que se volvieron más peligrosos, más mortíferos, más contagiosos y capaces de transmitirse rápidamente de una punta a la otra del planeta.

Algo inquietante que se desprende de tu análisis es la pregunta acerca de qué efectividad puede tener una vacuna. Hoy están depositadas grandes expectativas en el desarrollo de las vacunas para la Covid-19, casi como si se tratara de una cierta cura milagrosa. Pero las condiciones que posibilitan la propagación de estos virus siguen presentes…

  
Las vacunas son una parte importante de las respuestas médicas, de ningún modo me opondría a ellas, ya que forman parte de los avances para que las innovaciones médicas sean accesibles a la población. El problema es que nunca ha habido una vacuna para el coronavirus, y aun cuando ahora consigan hacerla, hay una buena posibilidad de que solo sea parcialmente protectora. Por lo que hay una gran posibilidad de que el coronavirus SARS2, el covid-19, aun siga circulando. Aun así, la vacuna puede jugar un papel importante, como una herramienta para tratar de frenar esta pandemia.

El mayor problema es que el modelo de producción de vacunas es siempre posterior a los brotes de la pandemia. Y no hace nada respecto a frenar estos brotes antes de que ocurran. Por lo tanto, en cierto sentido, son una distracción. Aunque son necesarias, también pueden ser una distracción acerca de las medidas necesarias para evitar que los patógenos continúen expandiéndose en esta magnitud y de esta forma.

¿Qué medidas?


Esto implicaría intervenir en la agricultura de una forma que se pudiera reintroducir de algún modo una diversidad de especies que pudieran actuar como un muro contra estos patógenos, para evitar su aceleración y su transformación en agentes peligrosos para todo el mundo. Y para eso sería necesario introducir diferentes razas, permitir autonomía de los granjeros, con posibilidades de elegir qué cultivan y dónde, además de contar con apoyo financiero para criar todo tipo animales diferentes, lo que introduce la diversidad no solo a nivel de la granja, sino en paisajes enteros. De tal modo que cualquier patógeno que llegue hasta allí no sea capaz de ganar velocidad ni extenderse a través de todo el territorio.

En esencia, habría que hacer lo que la mayoría de la clase política no quiere hacer, ya que los agronegocios son un poder político fuerte en casi todos los países, en términos de imponer su modelo económico, que genera muchas ganancias. Necesitamos algo diferente. E incluso cuando las vacunas quizás puedan ayudar en medio de una emergencia, otras intervenciones estructurales son necesarias para que el Covid-19 no sea seguido del covid-20, covid-21 y covid-22.

Los gobiernos estuvieron tan enfocados en que aquellos que hacían dinero tuvieran libertad para seguir haciéndolo, que ahora todo el resto está pagando el precio, en términos de su salud y sus derechos limitados

Los Estados dan respuestas parciales frente a la emergencia, pero no toman medidas estructurales, esa parece ser la tónica general. En tus trabajos señalas que la desfinanciación de los sistemas sanitarios ha sembrado el terreno para la circulación de las enfermedades pandémicas. En esta segunda ola se imponen toques de queda que restringen la movilidad, pero se mantienen abiertas industrias no esenciales, bares y otros negocios. ¿Qué opinión tienes de la gestión de la crisis en EE UU y Europa?


Al igual que Estados Unidos, Europa está organizada alrededor de un paradigma político y económico que recompensa a los ricos, haciéndolos más ricos. Por lo tanto, si tienes que empezar a lidiar con las inversiones necesarias para hacer frente a la escala de la pandemia del Covid, esto debería implicar algo distinto a eso. Lo paradójico es que, en países autocráticos como Vietnam o China, la población es ahora más libre que en los países occidentales, porque hicieron lo necesario al inicio de la crisis y su población puede ahora salir libremente a las calles. Pero los gobiernos estuvieron tan enfocados en que aquellos que hacían dinero tuvieran libertad para seguir haciéndolo, que ahora todo el resto está pagando el precio, en términos de su salud y sus derechos limitados.

Has publicado hace unos días un nuevo libro, Dead Epidemiologists. ¿Qué nos puedes adelantar?


Tomamos algunas de las lecciones que sacamos en Grandes granjas, grandes gripes y las aplicamos al Covid-19. El paso adelante importante es comprender las diferentes maneras en que diferentes virus pueden emerger dentro del mismo sistema. Te he descrito antes cómo el ébola emergió en un extremo de los circuitos de la producción, cerca de la frontera forestal; hablamos de la aparición de las gripes en otra localización, más cerca de las ciudades, entre la producción industrial de ganado. Y el covid-19 parece emerger en una zona intermedia, expandiéndose desde los murciélagos y animales silvestres hacia los stocks de ganando industrial, y transmitiéndose durante años a lo largo de China de diferentes maneras, antes de aparecer en una forma más infecciosa en Wuhan. El libro explora los recorridos del virus, desde las cuevas en China, pasando por las salas de juntas de negocios en Nueva York, hasta los mataderos de animales en el oeste de Estados Unidos.

Hablamos sobre los orígenes de la agricultura industrial y la expansión de patógenos, en relación con la emergencia del capitalismo hace cientos de años. Muestra, de una manera que hasta ahora no había sido señalada, que los patógenos aparecen no solo en esas coordenadas de GPS en las que podemos identificar más fácilmente su presencia. Lo que hay que entender es que la enfermedad emerge de una punta a la otra del globo, y en tanto el planeta está rodeado por los circuitos del capital, tal vez las ciudades más peligrosas son Nueva York, Londres y Hong Kong, porque son grandes centros del capital, que financian la deforestación y el desarrollo de la industrialización en todo el mundo.

*

¿Optimismo o pesimismo respecto del futuro? Quizás lo importante sea comenzar por replantearnos algunos problemas. Como colofón de esta entrevista, nos quedamos con una frase que escribió Rob Wallace en la Introducción de Grandes granjas, grandes gripes: “En nombre de la población a la que dicen servir, tanto las empresas como los Gobiernos están dispuestos a poner en peligro la supervivencia de la humanidad tal como la conocemos. Y son muy capaces de hacerlo. Tal vez eso sea cosa sabida para los lectores de Herodoto, Montaigne y Melle Mel, pero las múltiples formas que adopta esta constatación deberían significar una sorpresa siempre en algún rincón de nosotros mismos. Si no es así, nuestro cinismo nos induce a la pasividad”.

 

Por Josefina L. Martínez

16 nov 2020 06:28

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El Congreso de Perú prolonga la crisis que creó

Tras la renuncia del presidente Manuel Merino, acusado por la brutal represión a las protestas

El Parlamento unicameral debía elegir al reemplazante de Merino, pero 77 de los 130 congresistas boicotearon la elección de Rocío Silva Santisteban, candidata de izquierda. Merino estuvo en el cargo seis días. 

 

Al cierre de esta edición, los peruanos no tenían presidente. Luego de la renuncia de Manuel Merino -elegido el lunes pasado por el Parlamento que él presidía luego de destituir en una decisión calificada por diversos juristas como ilegal, al exmandatario Martín Vizcarra-, que cayó por las masivas protestas en contra de su gobierno, que duró menos de una semana, el Congreso prolongó la grave crisis política que ellos han creado. Ayer el Parlamento unicameral debía elegir al reemplazante de Merino, pero 77 de los 130 congresistas boicotearon la elección de la candidata única, Rocío Silva Santisteban, del izquierdista Frente Amplio, que debió haber sido una candidatura de consenso. Silva Santisteban obtuvo 42 votos a favor, pero 52 votaron en contra y otros 25 se abstuvieron. Los fujimoristas y otros grupos de la coalición de derecha, con muchos de sus miembros más importantes acusados de diversos cargos de corrupción, que destituyeron a Vizcarra y lo reemplazaron por Merino, originando la indignación ciudadana, expresada en masivas protestas, y la crisis política, estuvieron en primera fila para boicotear una salida a esa crisis que ellos originaron. Rechazaron la elección de Silva Santisteban. Una decisión irresponsable que prolonga y agrava la crisis que pone otra vez al Congreso como factor central de la crisis política en el país y amenaza encender nuevamente las masivas protestas en las calles.

De haber sido elegida, Silva Santisteban, de 57 años, poeta, periodista, docente universitaria y activista de los derechos humanos y de los derechos de la mujer, se habría convertido en la primera mujer en llegar a la presidencia en el Perú y también la primera persona de un partido de izquierda en gobernar el país. Fue una de las dos legisladoras, de los ocho integrantes de la bancada del Frente Amplio, que votaron en contra de la destitución de Vizcarra y de llevar a Merino al poder.

El vacío de poder por la no elección de un reemplazante de Merino podría favorecer el regreso del exmandatario Vizcarra. Hay una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que defina cuáles son los alcances de la figura de “incapacidad moral permanente” para destituir a un presidente, la razón usada en el Congreso para sacar a Vizcarra por cargos de haber recibido sobornos cuando era gobernador entre 2011 y 2014, acusación basada en unas declaraciones que todavía están en investigación. Si el TC señala que esa ambigua figura constitucional no aplicaba en este caso, como indican diversos juristas, se confirmaría que la destitución de Vizcarra fue inconstitucional, pero el TC deberá definir si su fallo es retroactivo o no, es decir, si deja sin efecto la destitución del expresidente y, por lo tanto, Vizcarra debería ser repuesto en la presidencia, o si su decisión rige como una aclaración doctrinaria de esa figura constitucional para el futuro. Importantes juristas se inclinan por esta segunda opción. Hay un debate abierto sobre el tema. El TC convocó para hoy lunes a una sesión de emergencia para ver este asunto.

“Que defina el TC. La población y la comunidad internacional esperan que defina el TC”, señaló ayer Vizcarra, que espera una decisión que podría regresarlo al poder. “Ha salido un dictadorzuelo”, señaló, en referencia a Merino. Felicitó a los jóvenes por haberse movilizado y calificó de “héroes” a los dos estudiantes asesinados por la policía. El viernes, la fiscalía ordenó el impedimento de salida del país de Vizcarra por dieciocho meses por la investigación de recibir sobornos que se le ha abierto.

En las calles toda la indignación se ha dirigido contra Merino y el Congreso por la decisión de destituir al exmandatario tomada por parlamentarios que en buena parte están cuestionados por cargos de corrupción, pero los manifestantes se han preocupado en aclarar que su movilización no ha sido en defensa de Vizcarra. Así coincidieron en decírselo a PáginaI12 varios jóvenes que protestaban contra Merino el sábado en la noche. “No estamos aquí para defender a Vizcarra, estamos para defender la democracia. Vizcarra tendrá que ser juzgado en su momento”, nos dijo Ximena Guevara, abogada de 26 años. Opiniones similares hubo muchas. Todas las voces pedían la salida de Merino, muy pocas el regreso de Vizcarra. “Es por la democracia, no es por Vizcarra”, era una frase muy escuchada, y leída en los cartelones.

Mientras el Congreso se reunía para decidir a quién elegir para reemplazar a Merino y salir de la crisis que el propio Congreso creó, en las afueras del Parlamento, y en las calles y plazas de todo el país, miles que en la última semana protestaron exigiendo la salida de Merino seguían movilizados, en vigilia esperando esa decisión. Exigían que la persona elegida para asumir la presidencia del país no sea uno de los 105 congresistas de la coalición que llevó a Merino al poder. Advertían que si eso ocurría, entonces las protestas se reanudarían. Los manifestantes solamente estaban dispuestos a aceptar la elección de uno de los diecinueve legisladores que votaron en contra de la destitución de Vizcarra que llevó al poder a Merino. Al final, el Congreso no eligió a nadie en la votación de ayer en la noche y prolongó la incertidumbre, el vacío de poder y la crisis.

El Congreso puso a Merino en el poder, en una decisión calificada por la mayoría del país como un golpe parlamentario, y la calle lo sacó del cargo. Fueron seis días de protestas continuas hasta la caída del brevísimo régimen de Merino, señalado como “usurpador”. Había sido nombrado presidente el lunes por el Congreso que él presidía, tomado posesión del cargo el martes, nombrado el jueves a su gabinete ministerial, dominado por la extrema derecha, y el domingo se vio obligado a renunciar. La muerte la noche del sábado de dos jóvenes en las protestas antigubernamentales gatillaron las horas finales de la muy cuestionada y precaria presidencia de Merino, que había formado un gobierno con lo más rancio del ultra conservadurismo peruano.

Los fallecidos son dos estudiantes universitarios, Jack Pintado, de 22 años, e Inti Sotelo, de 24 años. Pintado falleció por múltiples impactos de perdigones en la cara, cuello y tórax, Sotelo de un balazo en el pecho. Sus muertes y los heridos son dramático testimonio de la brutal represión del gobierno ultraderechista de Merino contra las protestas ciudadanas. Sobre esa represión, Merino no asumió ninguna responsabilidad en su breve mensaje de renuncia. Pero ahora podría ser procesado por esos hechos.

Las dos muertes ocurrieron en el centro de Lima, escenario de las mayores protestas, que desde el lunes en la noche, cuando fue destituido Vizcarra y nombrado Merino en su reemplazo con el respaldo de congresistas denunciados por corrupción, se repitieron simultáneamente en todo el país, y en la capital se dieron en diversos distritos, desde los barrios populares hasta las zonas residenciales exclusivas. Han sido las protestas más grandes que recuerde el país en mucho tiempo.

La movilización del sábado, como las anteriores, era pacífica, hasta que, como ocurrió en las anteriores ocasiones, la policía atacó a los manifestantes, la gran mayoría jóvenes, disparando gases y perdigones. Disparaban al cuerpo. Un joven caminaba con la nube de gases lacrimógenos que comenzaba a cubrir el lugar levantando un cartelón en el que se leía: “Mamá, salí a defender a mi patria, si no regreso me fui con ella”. Unos metros más allá caían los dos estudiantes que ya no regresarían a sus casas.

Este domingo, Merino, cuya situación era insostenible, renunció a la presidencia en un breve mensaje televisado de poco más de cinco minutos. Su renuncia cambió las protestas en celebraciones. Los gritos de “Merino no me representa”, “Fuera los corruptos”, cambiaron por el “Sí se pudo”. Apenas Merino terminó de hablar anunciando su renuncia, se escucharon cacerolazos en todas las ciudades del país, en todos los barrios de Lima. Cacerolazos que en los últimos días habían sido de protesta, este domingo fueron de celebración.

En las masivas movilizaciones de ayer domingo en calles y plazas de todo el país, que se prolongaron desde muy temprano hasta la noche, había festejo por la caída del gobierno denunciado como “usurpador”, pero también dolor por la muerte de los dos estudiantes, y expectativa por lo que vendría en las siguientes horas. Muchos salieron a manifestarse vestidos de negro, en señal de luto por los dos estudiantes asesinados durante la represión a las movilizaciones ciudadanas. 

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