El poder que venció a la Registraduría y al Ministerio de Hacienda

Todo por la vida. Luego de comprobar que las fuentes de agua de su municipio se estaban secando como consecuencia de la explotación minera, en el municipio de Mercaderes –Cauca-, su población decidió ponerle coto a tan nefasto designio. La Consulta popular fue la vía, el diálogo con la población el método. Acá la historia de un triunfo que sacia la sed de miles.

 

A

ño 2013. Luego de comprobar la desaparición de más de 10 cuerpos de agua, producto de exploraciones sísmicas, sufrir las consecuencias de la minería ilegal que mató el rí o Sambingo, y que la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (Amla) otorga en el curso de pocos años 14 títulos mineros de explotación minera y extracción de hidrocarburos, los habitantes del municipio de Mercaderes decidieron emprender la lucha por la defensa del agua y del territorio utilizando para ello de un mecanismo de participación ciudadana establecido en la Constitución Política: la Consulta popular

Para ello, 24 organizaciones sociales del municipio, reunidas en la Coordinadora Social Integral Mercadereña, junto con la Alcaldía y el Concejo Municipal iniciaron trámites administrativos para realizar la Consulta popular sorteando cada uno de los trámites legales necesarios. En esa pugna, el punto culmen se presenta en el 2017 cuando el Tribunal Administrativo Contencioso del Cauca dio concepto favorable a la Consulta, que preguntaba a los habitantes, “¿Está de acuerdo Sí o No con que en el municipio de Mercaderes se lleven a cabo actividades de exploración y explotación de minería metálica o de hidrocarburos, que requieran aguas para el consumo humano, la naturaleza y puedan afectar las economías propias de las comunidades?”. 

Una vez obtenido este aval, se solicitó a la Registraduría Nacional adelantar los procesos necesarios para que se pudiera llevar a cabo la votación. 

Todo debería seguir su curso sin sobresaltos, sin embargo en 2017 y nuevamente en 2018, la Registradora negó el procedimiento, además de restringir el acceso al censo electoral actualizado1, y a los elementos necesarios para el proceso electoral (formularios, urnas, tarjetones etc.), negándose, además, junto con el Ministerio de Hacienda a realizar la consulta aduciendo falta de presupuesto, e invitando a la Alcaldía municipal a suspender de manera indefinida la votación hasta que alguno de los dos entes contara con recursos. 

Maniobras legalista y obstáculos desde el poder central que no lograron quebrar la voluntad popular, de manera que la comunidad y sus autoridades siguieran adelante. El asunto no era solo formal-electoral, de ahí que a finales de 2018 realizaran el recorrido Tras las huellas del agua en Mercaderes, en la que participaron habitantes y organizaciones del municipio, visitando distintos corregimientos para constatar el estado de las fuentes hídricas, para preservarlas y cuidarlas. En ese mismo ejercicio presentaron los mandatos por el agua (ver recuadro).

Ante la negativa de las autoridades responsables de cumplir con su labor, y su decisión de quebrarle el cuello a sus propias normas, la comunidad autónomamente se organizó y decidió llevar a cabo la Consulta popular legítima en Mercaderes, por el agua y el territorio, al igual que la realizada a finales del 2018 en San Lorenzo –Nariño–.

Con esta iniciativa ciudadana se busca proteger “El Cerro de la Campana, donde nace el rio Ato Viejo, principal fuente de agua del municipio, que desemboca en el rio Sambingo, y todas las restantes fuentes de agua”, como nos contó Ulber Castillo, habitante del municipio y perteneciente al Comité de Integración del Macizo colombiano, uno de los promotores de la Consulta popular.

La Consulta se realizó autogestionando los recursos económicos, logísticos, organizativos y presentación de resultados, como decisión de una comunidad que se negó a permitir que la burocracia, falta de garantías políticas, limbos jurídicos y desidia de la administración central les impidieran ejercer su derecho a decidir sobre su territorio, el mismo que día a día recorren, trabajan y cuidan en procura de un mejor porvenir. 

 

No quiero que quiten el agua de mi municipio

 

Hombres, mujeres y niños se avocaron a este ejercicio, todos querían participar, todos querían decir algo para defender las fuentes de agua del municipio. En esto coincide el abogado ambientalista David Uribe, asesor de varios procesos de Consultas populares en Colombia “Si hay un pueblo organizado, un pueblo consciente que valora, que cuida sus fuentes hídricas, sus bosques, su territorio, de alguna manera se le puede hacer frente a las empresas, a las políticas y a las legislaciones lesivas”. 

Para sacar adelante su decisión, los habitantes del municipio, primero, buscaron los recursos económicos, logrando el apoyo de diferentes organizaciones sociales y de la Alcandía municipal; también organizaron una Registraduría Comunitaria, conformada por un equipo de 4 personas designadas por la comunidad, que vigiló y se encargó de dar fiabilidad al procedimiento. De igual manera, desplegaron campañas de información, tales como “Yo defiendo el agua y tú también, apóyanos marcando No en el tarjetón”, “No quiero que en el municipio entren las multinacionales a destrozar lo que nos pertenece”. 

La Registraduría comunitariaorganizó logísticamente los elementos necesarios: jurados y testigos (la MOE, Veedores internacionales, personería, defensoría, testigos y jurados electorales, elementos de votación), buscó el censo electoral, organizó el transporte de testigos y delegados, conteo y posterior entrega de resultados, dándole así sustento legal al proceso social y popular, pese a la desidia y falta de voluntad política de las instituciones encargadas de cumplir con la ley 1757 de 2015 –sobre mecanismos de participación ciudadana–, ley 136 de 1994 –sobre organización y funcionamiento de municipios–, y el artículo 311 de la Constitución Política –sobre la autonomía de organizar el territorio y garantizar la participación ciudadana. 

Los resultados no pudieron ser mejores: se superó el umbral exigido de 4.671 votos. En las 46 mesas habilitadas se registraron un total de 6.489 votos, 17 por el Sí, 6.449 por el No, 8 nulos y 10 no marcados. 

Cabe resaltar un ejercicio político que no tiene igual en este tipo de consultas: la comunidad decidió contar con la voz de sus niños, niñas y adolescentes, y dos días antes de las elecciones del 3 de agosto de 2019, organizaron elecciones en 10 instituciones educativas: participaron 2.447 NNA, de los 2.870 que viven en el municipio, 2.416 dijeron No, 31 dijeron Sí, 423 no votaron. Los resultados no podían decir algo diferente a lo que fue posteriormente la elección general.

 

En proceso

 

Una vez surtida la fase de la Consulta popular, la comunicad enfoca su esfuerzo tras tres grandes propósitos. Primero, que lo decidido quede integrado en los acuerdos municipales por el Concejo municipal y posteriormente se integren al Esquema Básico de Ordenamiento Territorial, para así ponerle límite a las exploraciones y explotaciones, delimitando zonas especiales de protección y reserva que impidan la afectación de las fuentes hídricas y la biodiversidad de este territorio, así como definir las actividades económicas que pueden desarrollarse en el municipio. 

Segundo, consolidar un tejido social y organizativo que tenga la capacidad de hacerle frente a los desafíos de la minería ilegal, los proyectos extractivos y mineros, y la desidia del gobierno central –que desconoce las particularidades y necesidades de cada territorio–, factores adversos que, como la Consulta popular, se enfrentan a partir de ejercicios ciudadanos que se apropian no solo desde las posibilidades que brinda la ley, sino también, y en lo fundamental, desde la construcción de nuevas forma de hacer y exigir respeto a gobiernos y políticas que afecten su vida en comunidad. 

Y tercero, enviarle un potente mensaje político a todas las comunidades de nuestro país que se encuentran afectadas por los proyectos o los planes de exploración y explotación minera, para que se organicen y logren, mediante ejercicios colectivos, rigurosos, asumir ellos mismos la dirección y decisión de su destino. Como proyección de ello, llamar a la unión comunitaria para incidir en políticas nacionales que garanticen, de manera real, que sea el pueblo el que decida sobre el territorio. 

Por eso Ulber Castillo agradece “al pueblo mercadereño, a los niños y las niñas, a las organizaciones (recordando) que cuando nos articulamos, que cuando nos unimos, podemos defender nuestro territorio”. La dinámica y acción colectiva continúa. Un mensaje claro dado las decisiones de la Corte Constitucional. 

Este procedimiento dificultó que muchos habitantes del municipio no pudieran ejercer el derecho al voto, dado que no estaban en las listas de votación.

 


Mandatos comunitarios y ciudadanos por el agua en Mercaderes

 

El pueblo y las comunidades que habitamos, pervivimos y subsistimos en el territorio del municipio de Mercaderes, en ejercicio de nuestra autonomía y búsqueda de la justicia hídrica exigimos y mandatamos:

Que el agua sea concebida como un bien común y elemento que permite la vida de diversos seres de la naturaleza, además de los seres humanos.

Que se garantice el derecho fundamental al agua como un elemento de uso y gestión público-comunitario, con criterios de cantidad y calidad suficiente para la vida digna y prioridad para el consumo humano de acuerdo a la Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – DESCA, con un control y seguimiento riguroso a todos los actores implicados en el cumplimiento de este derecho.

Que se garanticen escenarios de participación comunitaria con carácter vinculante en la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial para la incidencia en la toma de decisiones en torno al agua y los ecosistemas que hacen posible que fluya, y que permita establecer y consolidar a Mercaderes como un municipio con vocación agroalimentaria y ambiental.

Que se respete la autonomía de las organizaciones sociales y comunitarias de autogestión , con inclusión de propuestas y planes y proyectos de vida propios en los planes de desarrollo municipales, EOT y demás planes de ordenamiento territorial y del agua.

Que se respete la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (2018) y la Sentencia STP 2028 de 2018 emitida por la Corte Suprema de Justicia sobre el campesinado como sujeto de especial protección constitucional dada su relación con el agua y el territorio en el marco de la protección.

Que se garantice apoyo y financiación para la protección del agua y del ambiente con metodologías, programas y proyectos participativos y concertados con las comunidades del municipio vinculando al Sistema General de Participaciones.

 


 

Sí pero no. Decisiones ambiguas 

 

En octubre de 2018 la Corte Constitucional expidió la Sentencia Unificada SU095/18 mediante la cual decidió que las Consultas populares no pueden impedir proyectos extractivos. La decisión no pasó sin pena ni gloria pues generó incertidumbre jurídica entre las comunidades y organizaciones sociales, aquellas que desean otros proyectos productivos en sus territorios, sin que afecten y mucho menos destruyan su entorno y naturaleza. La Sentencia, además, deja limbos jurídicos debido a que diferentes normatividades en materia ambiental, territorial y ciudadano chocan entre sí, lesionando la participación ciudadana, dejando con ello un mal precedente en el país. 

En esta Sentencia, la Corte Constitucional recuerda que el subsuelo al ser propiedad del Estado, y teniendo este la facultad para explotarlo y/o cederlo, no es competencia de los municipios determinar si se puede o no realizar exploración y extracción y, por lo tanto, las Consultas populares no pueden ser utilizadas para prohibir tales actividades. La Sentnecia reconoce, a su vez, la facultad que tienen los municipios y entes territoriales para organizar y decidir los usos que del suelo se puedan hacer. También reconoce que los ciudadanos tienen derecho a participar de las decisiones que afecten el territorio, cuando en él se lleven a cabo actividades que afecten el uso del suelo. 

Por lo tanto, considerando que el Estado es el dueño del subsuelo y que la entidades territoriales tienen la competencia del uso del suelo, y que se necesitan mecanismos de participación ciudadana, en la Sentencia se decidió que sea el Senado, en los próximos dos años, el responsable de crear los mecanismos de coordinación y concurrencia nación-territorio que permitan que todos los actores: gobierno central, gobernación, alcaldia, y ciudadanos participen y decidan conjuntamente sobre los proyectos mineros y de hidrocarburos. 

La decisión de la Corte se produce producto de la tutela presentada por Monsarovar Energy en contra de la Consulta popular realizada en el municipio de Cumaral –Meta– en el año 2017, con su decisión mayoritaria de impedir la exploración sísmica, perforación y producción de hidrocarburos, decisión colectiva que fue tutelada por la empresa, con visto favorable de la Corte.

En esta ocasión la Corte decidió fallar en favor del Estado central, desconociendo la descentralización del mismo, la autonomía de los entes territoriales, la violencia que está asociada a proyectos de extracción y exploración, la protección del medio ambiente, dejando con ello sin mecanismos de participación a los municipios, y de paso favoreciendo a las multinacionales mineras y petroleras. David Uribe, abogado ambientalista, agrega que “Los municipios tienen una función básica que es el ordenamiento del suelo, y que el suelo es inescindible del subsuelo”, por lo que no se comprende la decisión. 

Sin embargo, en la misma Sentencia el magistrado Alberto Rojas Ríos calificó la decisión de “[…] regresiva y antidemocrática en múltiples dimensiones, debido a que limita injustificadamente y en contra de los mandatos constitucionales la participación de la comunidad”,algo que compartimos en esta publicación. Por ello, ¿Por qué la Corte, en vez de limitar la participación ciudadana no limita la acción de las mineras y petroleras, en tanto se tramiten los mecanismos de concertación? ¿Por qué tienen que sufrir las comunidades mientras que un órgano ineficiente y pro exploración y explotación –como el Senado– decide legislar? 

En estas circunstancias, y con la experiencia vivida y acumulada por diversidad de comunidades a lo largo y ancho del país en su lucha contra la explotación minera, desvío de ríos, y proyectos similares, es clara la necesidad de reformar la política minera y energética del país, la misma que propicia violencia y pobreza. El reto es generar proyectos económicos acordes con el potencial de las comunidades, en los que la agricultura y la industria primen sobre la exploración y extracción depredadora, pensando en la sostenibilidad ambiental. Al mismo tiempo, transformar la matriz energética basada en hidrocarburos, explorando nuevas fuentes de energía. A la par, respetar la descentralización del Estado, fomentando la planeación con participación popular y autonomía de los entes territoriales en la organización del suelo. 

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Germán Ardila, Cristóforo, óleo sobre tela, 115 x 100 cm. (Cortesía del autor)

Tres grises y una actitud resaltan en la lectura del informe presentado por el presidente Iván Duque acerca del primer año de gestión, que presentó el pasado 20 de julio en el Congreso de la República. No es algo menor advertir la actitud negativa que el discurso expresa.


En efecto, parece no percatarse de que ya fue elegido, y que por tanto debiera proceder como Presidente y no como candidato en campaña. Su tono y su énfasis lo delatan: “Desde uno de los escaños de este Parlamento defendí las mismas ideas y la visión de país que hoy desarrollamos desde el Gobierno. Ideas que son mandato. Mandato que es orgullo y servicio, compromiso y sacrificio, trabajo duro y diálogo social transformador. Nuestro Gobierno, apreciados congresistas, escucha, actúa y cumple” (Cursivas y negrillas del original). ¿Así será cuando sea presidente?


El interrogante tiene todo su sentido, ya que una de las críticas más reiteradas de los movimientos sociales a este gobierno –también a los anteriores– es que. para intentar que escuche hay que decretar un paro, y para que cumpla hay que hacer uno o varios más. El prolongado paro de los indígenas nasa, en unión con campesinos y comunidades afrodescendientes, en el primer semestre del año en curso, no deja dudas al respecto.


Ese es el tono a lo largo del discurso, que no deja de estar presente, incluso hasta en su final, al asegurar: “Apreciados congresistas, ¡aquí estamos y para adelante vamos! Nuestro rumbo es el Crecimiento con Equidad. Colombia no va a parar de crecer”. (Cursivas, negrillas y subrayado en el original). Iván Duque sigue en campaña.


El tono y la forma como el Presidente le habla al país tienen en realidad un destinatario específico: la porción de población de la cual espera fidelidad con su voto. Sus palabras son pronunciadas pensando en el 2022, en la continuidad de un gobierno que promete configurar un nuevo Frente Nacional. Esta vez, entre la derecha más recalcitrante (Centro Democrático) y el ala más ‘liberal’ de la misma: el partido conservador y las fracciones políticas que entre elecciones cambian de nombre partidario o se reacomodan de acuerdo “al sol que mejor alumbre”.


Se trata de un objetivo y un foco precisos, reafirmados cuando alude de manera formal a la supuesta ‘unidad nacional’, al comienzo de su discurso: “Ese futuro que queremos, ese futuro que añoramos, es un futuro de todos” no es la preocupación principal que domina hoy en la Casa de Nariño. Esa preocupación es la de conservar y, de ser posible, acrecentar los 10’365.450 votos con los cuales fue elegido para gobernar a Colombia. Y, para eso, marca los énfasis que resaltan a lo largo de su discurso. Este gobierno logró sacar adelante o mejorar: “[…] aumentamos en 45 por ciento los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE); […] Fortalecimos los hospitales públicos […] con el Programa de Acción Inmediata, que ya ha invertido cerca de $187 mil millones en infraestructura. […] Acabamos de sancionar la ley que otorga incentivos para el uso de vehículos eléctricos. […] lanzamos la política Ruta Futuro, para enfrentar el problema de las drogas. […] nunca más los traficantes de droga y los secuestradores podrán enmascarar sus actividades criminales bajo ropajes ideológicos (aprobamos la) Ley del Abigeato (y la) Ley del Veterano. (Impulsaremos) la propuesta de cadena perpetua para los agresores y abusadores de los más vulnerables de nuestra sociedad (los niños, NN) […]”.


Estas y otras acciones resaltadas en su discurso son similares a las destacadas por quienes le antecedieron como presidente, en el afán de mostrar que sí hacen y cumplen con sus promesas de campaña, que son eficientes, y que gobiernan a favor de los excluidos. La pregunta que sobresale es: ¿Si todos han actuado así, y si el actual gobierno va por igual ruta, por qué la desigualdad social campea, por qué es precaria la prestación de los diversos servicios públicos, y están sin respuesta los reclamos de las mayorías que debieran resumirse en justicia, bienestar social y felicidad? ¿Propaganda? ¿Demagogia? ¿Exageración? ¿Apariencia?
Los grises


La actitud y la prioridad de su gobierno/partido les dan paso a los grises de su discurso, los mismos que lo desnudan en su carácter y su proyecto: 1. Como toda expresión del poder, su incapacidad de corregir. 2. Su talento para desinformar y manipular la realidad, 3. Bicentenario y el temor de proyectar el país de los próximos 200 años, o al menos el de las próximas décadas, para hacerle honor al bicentenario de la Independencia.


1. Incapacidad para corregir, característica de toda expresión de poder


Con excepción de la frase “Falta mucho por hacer, mucho” (que hace en alusión al asesinato de líderes sociales y su reducción, de acuerdo a las cifras del Gobierno), a lo largo del discurso de marras no hay alusión alguna que evidencie faltantes o errores o incapacidad o aprendizaje. Ello refleja una deformación del poder, en el caso del actual gobernante colombiano y en los de quienes llegan a acumular poder en alguna instancia: no miran hacia los lados, poco escuchan, menos reconocen. En el caso de los gobernantes, según sus expresiones públicas, ejercen funciones a favor de las mayorías –aunque la realidad indique todo lo contrario. Cada uno de ellos dice que es “demócrata”, dialoga, escucha, hace lo que sus gobernantes le demandan y esperan de él. Nada más lejano de la realidad.


Cada gobernante se debe al poder real que domina en sus sociedades, para nuestro tiempo y caso: es el capital financiero, en primera instancia, con los terratenientes a su par, y en segundo lugar los industriales y los comerciantes, así como los militares, los religiosos de las iglesias cristianas y católicas.


Entre todos ellos, o en medio de ellos, obran poderosos terratenientes, industriales, comerciantes, militares, no siempre ligados a la política, la economía y la administración local y regional de manera legal o pacífica. Concentrados en acrecentar sus dominios y su influencia social, con todos los resortes del aparato estatal y gubernamental a su favor, facilitados por el marco institucional –o la fuerza y la instrumentalización de narcotraficantes. Se benefician, entre otros, de presupuestos, contrataciones de grandes obras, administración de una numerosa burocracia; con relación y mando sobre un número de charreteras, de oficiales y suboficiales sin honor, vinculados con estructuras criminales de poder y corrupción.


De esta manera, en muchos casos a través de un ahondado presidencialismo, el gobernante termina por olvidar el mandato recibido, dejando a la entrada de su oficina, y en la placa y las palabras talladas, aquello de la función y el deber democráticos. No es para menos: el poder, como si fuera miel, empalaga; y, como si fuera alcohol o psicoactivo, emborracha y alucina: hace ver lo que no es (donde hay exclusión, simula inclusión; donde hay pobreza, aparenta igualdad y justicia). Es muy claro que de esta constante del poder tradicional no está exento Duque. Con su proceder, prolonga una característica del poder hasta ahora conocido, y sólo con escasas excepciones, y por cortos períodos de tiempo, superado en momentos muy particulares de la humanidad: su concentración en una o muy pocas personas, y, con esto, su carácter nada democrático. Precisamente, el reto en los tiempos que vivimos es conseguir que el poder cumpla con una acción más colectiva, desconcentrada, y con acogimiento de las regiones y las diferencias. Es éste un imposible de ver en los regímenes dominados por el capital y su modelo neoliberal, y de propiedad terrateniente, como el nuestro.


Regímenes en los cuales se ha llegado, según diversas organizaciones internacionales, a la paradoja del 1-99 por ciento, o lo que es igual, a la concentración demencial de riqueza, la cual va asociada al control del poder político. Y de este modo, al control de los Estados y gobiernos, así como del aparato militar. Es decir, el actual ejercicio del poder, cuando atañe a la cosa pública, es la síntesis de la antidemocracia más aberrante.


2. Desinformar y manipular la realidad


Como una constante, quienes ejercen el poder, gobernando o no, siempre desinforman y manipulan la opinión pública. En realidad engañan, depositando sobre sus intereses la legalidad y la legitimidad con fundamento en sus propiedades y su riqueza en general, y en las decisiones que toman y las leyes que aprueban; desinformación y manipulación reafirmadas en época de fakenews, como la que hoy vivimos.


Iván Duque no escapa de estas características del poder. En su informe, acomoda la realidad histórica: “[…] en este año del Bicentenario debemos tener en cuenta que se nos brinda una oportunidad de revivir tanto el sentir de unión de país, el sentir nacional, como el orgullo patrio que marcó ese momento histórico”. ¿De dónde saca esa supuesta ‘unión de país’? ¿La de centralistas y federalistas? ¿La que llevó al sometimiento –por parte de terratenientes y comerciantes– de pobres, indígenas y negros –esclavos–, negados todos ellos del derecho a la libertad plena y al usufructo de la tierra? ¿La que propició el intento de asesinato de Bolívar?


Pero no es sólo esto. En su informe resalta que “propusimos un pacto que ponga primero a los pobres […]” (negrilla y cursiva en el original). Enfatizando en otro aparte de su discurso, “[…] le propusimos a Colombia que todos nuestros esfuerzos y nuestras iniciativas estarían orientados a la equidad”. Nada más lejano de la realidad. Más allá de destinar unos millones para concretar algún proyecto social en educación, salud y otros áreas, lo los prioritario para este gobierno son los ricos de siempre. Y no es un cliché. Veamos.


En la pasada reforma fiscal o Ley de financiamiento (2018), se ampliaron las exenciones concedidas a las personas jurídicas, tan variadas y numerosas que en realidad terminan por reducir a tal tamaño la Tarifa Impositiva Nominal de las Empresas (1,3 por ciento), que al final de sumas y restas, y en proporción a sus ingresos, las personas naturales pagan más impuesto (5 por ciento) que las grandes empresas. Exenciones tan amplias, con diferencias por sector industrial y comercial, sumadas, les ahorran a los ricos 20 mil millones de pesos-año, es decir, cerca de tres veces el dinero recaudado por esa misma reforma.(1).


Como también lo difundieron los gobiernos anteriores, se procede así “con el propósito de estimular la inversión privada nacional y extranjera” (según el Presidente, reducir “[…] la carga de impuestos que estaba asfixiando a las empresas”), lo que procuraría mayor y mejor empleo (al decir de Duque, reducir la “[…] carga tributaria de los generadores de empleo”). Como es conocido por la experiencia, el desempleo no decae, el empleo no mejora en calidad, las empresas sí multiplican las ganancias y la llamada clase media sigue esquilmada en sus ingresos, por el pago del impuesto de Renta y del IVA, en lo cual la acompaña los sectores populares.


De este modo, más allá de las palabras de Iván Duque, los ricos serán más ricos, y los trabajadores en particular, así como los sectores populares en general, verán más menguados sus ingresos diarios. Así lo reafirma el Presidente: “[…] como resultado de la Ley de Financiamiento y Reactivación Económica, logramos aumentar el recaudo neto en 11 billones de pesos”, cifra que oculta, en un juego de apariencias y desinformación, que este no es el resultado de cobrarle más a quien más tiene, como ejercicio simple de justicia, sino el fruto de una argucia elemental: bajar el monto de ingresos totales por los cuales el trabajador está obligado a declarar renta.


Esa política tributaria de estímulos para las grandes personas jurídicas procede en vía contraria a lo aconsejado por la política clásica en materia tributaria, de no otorgar tratamientos diferenciales y efectivos en esta materia, para no propiciar ineficiencias en la asignación de recursos y en la distribución de ingresos. “Aparte de la generación de condiciones propiciatorias de ineficiencias y distorsiones en la administración tributaria en diferentes ámbitos como la evasión y elusión”. (2. Garay). Además, es una política tributaria que resulta contraria a un propósito que debe ser nacional: reducir la honda desigualdad reinante en Colombia, “[…] uno de los países con mayor desigualdad en el mundo y entre los dos más desiguales en América Latina, incluso el más desigual según algunos especialistas, cuando se observa no sólo el índice de Gini sino también las brechas en la distribución del ingreso, las diferencias regionales en el país y la baja calidad en el acceso a trabajos de buena calidad” (3).


En estas condiciones, ¿puede creer alguien que “[…] el objetivo central del crecimiento de nuestra economía es la construcción de Equidad”? ¿Y asimismo que “[…] estamos trabajando para crear las condiciones que permitan a las empresas multiplicar la creación de puestos de trabajo estables y formales”? Da risa. Solamente cuando los derechos de los trabajadores sean quebrados hasta lo inimaginable, reduciendo salarios, incrementando su porcentaje para el aporte pensional, eliminando pagos por despidos injustos, etcétera, aceptarán los empleadores formalizar en mayor número sus plantas de trabajadores.


Pero en este juego de palabras y simulaciones, el Presidente anuncia que “Colombia tiene que pensar en grande […]”. (negrilla y cursiva en el original). ¿Podrá ajustarse a la realidad este necesario propósito cuando no se aplican las requeridas políticas para dejar de ser el nuestro uno de los países más desiguales del mundo? ¿Podrá esto dejar de ser simple palabrería cuando prolongamos nuestra existencia como uno de los pocos países en el mundo que mantienen viva la problemática de la tierra, negándose a concretar una reforma agraria que en efecto entregue la tierra –con asesoría en todos los campos necesarios–, así como a una efectiva soberanía alimentaria que propicie suministros sanos para toda la población, al igual que una política ambiental a la altura de nuestras características naturales y la defensa de la vida misma?


¿Podrá ajustarse a la realidad este propósito cuando nuestros gobernantes persisten en defender y prolongar, por ejemplo, la guerra contra las drogas? ¿Podrá ser esto realidad cuando persiste en su negativa a impulsar por todos los medios posibles una política de integración regional y, por esa vía, la renuncia en un plazo no mayor a tres o cuatro décadas al Estado-nación?


En el reino de la manipulación, queda una frase para esculpir: “¡En la Colombia que estamos construyendo, nadie puede sentir temor de expresar sus ideas y de proteger los intereses de su comunidad”, una clara expresión de mal gusto, pues da cuenta del desconocimiento de la Colombia profunda, que no queda no sólo en lo conocido como su periferia rural sino que también está presente, y cada vez más, en las barriadas de las grandes ciudades donde el común denominador son las “fronteras invisibles” o la ley del fusil –el revólver es juego de niños. Es ésta una manipulación que pretende ocultar el reacomodo del régimen, extendiendo sombras sobre la matriz paramilitar, a la par que sobre su efectiva prolongación uribista, para lo cual es fundamental la disputa de la memoria en que anda enfrascado este gobierno.


3. El año del Bicentenario


Sin sentido histórico ni visión futura, retoma en su discurso esta realidad, pero no se atreve, como representante de una clase, a dibujar el país de los próximos dos siglos, tal como debiera ser, en honor a quien en la Carta de Jamaica previó no un país pequeño –con banqueros afanados de más lucro ni terratenientes y otros mezquinos disputándose el control del país y su aislamiento global– sino todo un amplio territorio y una región integrada para el beneficio y la felicidad de sus habitantes, atento al riesgo proveniente del Norte.


Es éste el gran reto para una clase enfrascada en la defensa de sus pequeñeces; preocupada por despojar de sus tierras a los vecinos, pequeños propietarios, o por acrecentar la riqueza mediante la transformación de las normas, legislando a su favor, o desmontando empresas y concentrando en la especulación comercial; un proceder en que lo universal, como debiera ser el sentir y pensar de cualquier político en cualquier país de nuestro tiempo, debiera resaltar en cada una de sus acciones, pero para nuestro caso lo universal puede ser el nombre de una finca, de un banco o de una agencia comercial. Es por eso que en el informe de marras sobresale la ausencia de proyección estratégica para el país, visionando como máximo “Año Dos”, y de ahí poco más.


Como es de conocimiento general, proceder bajo el influjo de la futurología en un país demanda, por un lado, espíritu abierto y desprevenido, sentido humanitario; por otro, lectura geopolítica y estratégica. Pero, a la vez, capacidad de sueño, apuesta por el futuro y pensamientos grandes, algo que ni este gobierno ni los anteriores han tenido.


4. Año dos


Termina Duque su discurso con una visión pegada a las paredes, proyectando las acciones por acometer durante el segundo año de su gobierno. Más allá de lo enunciado, en que destaca acciones simples de imagen y opinión pública, como la de apoyar con el trámite de la cadena perpetua para violadores y abusadores de niños, es necesario reparar en el ocultamiento de varias medidas que sí son del interés de la administración de turno, entre ellas las reformas pensional, laboral (una más) y tributaria, la venta de diversidad de bienes públicos, así como la anhelada por el capital nacional e internacional: la enajenación de acciones de Ecopetrol autorizada desde 2006.


De concretarse estos pretendidos, con mayor énfasis las reformas a pensiones y al mundo del trabajo, es claro que quedaremos mucho más lejos de reducir la desigualdad y de atacar la inequidad, reafirmando lo ya conocido desde mucho antes del 7 de agosto de 2018: Iván Duque encabeza “un gobierno de los ricos y para los ricos” (4), aunque diga y aparente lo contrario. 

 

1. “Aquí reside precisamente una razón determinante de por qué, a pesar de regir formalmente unas tarifas nominales elevadas, incluso internacionalmente, en Colombia son relativamente bajas las tarifas efectivas impositivas para el conjunto de personas jurídicas –aunque con sustanciales diferencias entre empresas por sectores. Y también por qué la carga tributaria efectiva en Colombia –respecto al PIB– es relativamente baja aún en el contexto latinoamericano, y por qué son tan elevados los niveles de evasión y elusión tributarias. Con el agravante de que los cambios introducidos en el Estatuto Tributario por la Ley de financiamiento, aprobada en diciembre pasado (Ley 1943 de 2018), no sólo profundizarán inequidades horizontales y verticales sino que además aumentarán el gasto tributario, agravando la regresividad y las ineficiencias del sistema impositivo en el caso de personas jurídicas”. En, Garay Salamanca, Luis Jorge, y Espitia Zamora, Jorge Enrique. Dinámica de las desigualdades en Colombia (en impresión, Ediciones Desde Abajo).
2. Garay Salamanca, Jorge, op. cit.
3. Íd.
4. Sarmiento Anzola, Libardo, “Un gobierno de los ricos y para los ricos”, Le Monde diplomatique, número 181, septiembre 2018.

 


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Un año de medidas a favor de los poderosos

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Germán Ardila, Cristóforo, óleo sobre tela, 115 x 100 cm. (Cortesía del autor)

Tres grises y una actitud resaltan en la lectura del informe presentado por el presidente Iván Duque acerca del primer año de gestión, que presentó el pasado 20 de julio en el Congreso de la República. No es algo menor advertir la actitud negativa que el discurso expresa.


En efecto, parece no percatarse de que ya fue elegido, y que por tanto debiera proceder como Presidente y no como candidato en campaña. Su tono y su énfasis lo delatan: “Desde uno de los escaños de este Parlamento defendí las mismas ideas y la visión de país que hoy desarrollamos desde el Gobierno. Ideas que son mandato. Mandato que es orgullo y servicio, compromiso y sacrificio, trabajo duro y diálogo social transformador. Nuestro Gobierno, apreciados congresistas, escucha, actúa y cumple” (Cursivas y negrillas del original). ¿Así será cuando sea presidente?


El interrogante tiene todo su sentido, ya que una de las críticas más reiteradas de los movimientos sociales a este gobierno –también a los anteriores– es que. para intentar que escuche hay que decretar un paro, y para que cumpla hay que hacer uno o varios más. El prolongado paro de los indígenas nasa, en unión con campesinos y comunidades afrodescendientes, en el primer semestre del año en curso, no deja dudas al respecto.


Ese es el tono a lo largo del discurso, que no deja de estar presente, incluso hasta en su final, al asegurar: “Apreciados congresistas, ¡aquí estamos y para adelante vamos! Nuestro rumbo es el Crecimiento con Equidad. Colombia no va a parar de crecer”. (Cursivas, negrillas y subrayado en el original). Iván Duque sigue en campaña.


El tono y la forma como el Presidente le habla al país tienen en realidad un destinatario específico: la porción de población de la cual espera fidelidad con su voto. Sus palabras son pronunciadas pensando en el 2022, en la continuidad de un gobierno que promete configurar un nuevo Frente Nacional. Esta vez, entre la derecha más recalcitrante (Centro Democrático) y el ala más ‘liberal’ de la misma: el partido conservador y las fracciones políticas que entre elecciones cambian de nombre partidario o se reacomodan de acuerdo “al sol que mejor alumbre”.


Se trata de un objetivo y un foco precisos, reafirmados cuando alude de manera formal a la supuesta ‘unidad nacional’, al comienzo de su discurso: “Ese futuro que queremos, ese futuro que añoramos, es un futuro de todos” no es la preocupación principal que domina hoy en la Casa de Nariño. Esa preocupación es la de conservar y, de ser posible, acrecentar los 10’365.450 votos con los cuales fue elegido para gobernar a Colombia. Y, para eso, marca los énfasis que resaltan a lo largo de su discurso. Este gobierno logró sacar adelante o mejorar: “[…] aumentamos en 45 por ciento los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE); […] Fortalecimos los hospitales públicos […] con el Programa de Acción Inmediata, que ya ha invertido cerca de $187 mil millones en infraestructura. […] Acabamos de sancionar la ley que otorga incentivos para el uso de vehículos eléctricos. […] lanzamos la política Ruta Futuro, para enfrentar el problema de las drogas. […] nunca más los traficantes de droga y los secuestradores podrán enmascarar sus actividades criminales bajo ropajes ideológicos (aprobamos la) Ley del Abigeato (y la) Ley del Veterano. (Impulsaremos) la propuesta de cadena perpetua para los agresores y abusadores de los más vulnerables de nuestra sociedad (los niños, NN) […]”.


Estas y otras acciones resaltadas en su discurso son similares a las destacadas por quienes le antecedieron como presidente, en el afán de mostrar que sí hacen y cumplen con sus promesas de campaña, que son eficientes, y que gobiernan a favor de los excluidos. La pregunta que sobresale es: ¿Si todos han actuado así, y si el actual gobierno va por igual ruta, por qué la desigualdad social campea, por qué es precaria la prestación de los diversos servicios públicos, y están sin respuesta los reclamos de las mayorías que debieran resumirse en justicia, bienestar social y felicidad? ¿Propaganda? ¿Demagogia? ¿Exageración? ¿Apariencia?
Los grises


La actitud y la prioridad de su gobierno/partido les dan paso a los grises de su discurso, los mismos que lo desnudan en su carácter y su proyecto: 1. Como toda expresión del poder, su incapacidad de corregir. 2. Su talento para desinformar y manipular la realidad, 3. Bicentenario y el temor de proyectar el país de los próximos 200 años, o al menos el de las próximas décadas, para hacerle honor al bicentenario de la Independencia.


1. Incapacidad para corregir, característica de toda expresión de poder


Con excepción de la frase “Falta mucho por hacer, mucho” (que hace en alusión al asesinato de líderes sociales y su reducción, de acuerdo a las cifras del Gobierno), a lo largo del discurso de marras no hay alusión alguna que evidencie faltantes o errores o incapacidad o aprendizaje. Ello refleja una deformación del poder, en el caso del actual gobernante colombiano y en los de quienes llegan a acumular poder en alguna instancia: no miran hacia los lados, poco escuchan, menos reconocen. En el caso de los gobernantes, según sus expresiones públicas, ejercen funciones a favor de las mayorías –aunque la realidad indique todo lo contrario. Cada uno de ellos dice que es “demócrata”, dialoga, escucha, hace lo que sus gobernantes le demandan y esperan de él. Nada más lejano de la realidad.


Cada gobernante se debe al poder real que domina en sus sociedades, para nuestro tiempo y caso: es el capital financiero, en primera instancia, con los terratenientes a su par, y en segundo lugar los industriales y los comerciantes, así como los militares, los religiosos de las iglesias cristianas y católicas.


Entre todos ellos, o en medio de ellos, obran poderosos terratenientes, industriales, comerciantes, militares, no siempre ligados a la política, la economía y la administración local y regional de manera legal o pacífica. Concentrados en acrecentar sus dominios y su influencia social, con todos los resortes del aparato estatal y gubernamental a su favor, facilitados por el marco institucional –o la fuerza y la instrumentalización de narcotraficantes. Se benefician, entre otros, de presupuestos, contrataciones de grandes obras, administración de una numerosa burocracia; con relación y mando sobre un número de charreteras, de oficiales y suboficiales sin honor, vinculados con estructuras criminales de poder y corrupción.


De esta manera, en muchos casos a través de un ahondado presidencialismo, el gobernante termina por olvidar el mandato recibido, dejando a la entrada de su oficina, y en la placa y las palabras talladas, aquello de la función y el deber democráticos. No es para menos: el poder, como si fuera miel, empalaga; y, como si fuera alcohol o psicoactivo, emborracha y alucina: hace ver lo que no es (donde hay exclusión, simula inclusión; donde hay pobreza, aparenta igualdad y justicia). Es muy claro que de esta constante del poder tradicional no está exento Duque. Con su proceder, prolonga una característica del poder hasta ahora conocido, y sólo con escasas excepciones, y por cortos períodos de tiempo, superado en momentos muy particulares de la humanidad: su concentración en una o muy pocas personas, y, con esto, su carácter nada democrático. Precisamente, el reto en los tiempos que vivimos es conseguir que el poder cumpla con una acción más colectiva, desconcentrada, y con acogimiento de las regiones y las diferencias. Es éste un imposible de ver en los regímenes dominados por el capital y su modelo neoliberal, y de propiedad terrateniente, como el nuestro.


Regímenes en los cuales se ha llegado, según diversas organizaciones internacionales, a la paradoja del 1-99 por ciento, o lo que es igual, a la concentración demencial de riqueza, la cual va asociada al control del poder político. Y de este modo, al control de los Estados y gobiernos, así como del aparato militar. Es decir, el actual ejercicio del poder, cuando atañe a la cosa pública, es la síntesis de la antidemocracia más aberrante.


2. Desinformar y manipular la realidad


Como una constante, quienes ejercen el poder, gobernando o no, siempre desinforman y manipulan la opinión pública. En realidad engañan, depositando sobre sus intereses la legalidad y la legitimidad con fundamento en sus propiedades y su riqueza en general, y en las decisiones que toman y las leyes que aprueban; desinformación y manipulación reafirmadas en época de fakenews, como la que hoy vivimos.


Iván Duque no escapa de estas características del poder. En su informe, acomoda la realidad histórica: “[…] en este año del Bicentenario debemos tener en cuenta que se nos brinda una oportunidad de revivir tanto el sentir de unión de país, el sentir nacional, como el orgullo patrio que marcó ese momento histórico”. ¿De dónde saca esa supuesta ‘unión de país’? ¿La de centralistas y federalistas? ¿La que llevó al sometimiento –por parte de terratenientes y comerciantes– de pobres, indígenas y negros –esclavos–, negados todos ellos del derecho a la libertad plena y al usufructo de la tierra? ¿La que propició el intento de asesinato de Bolívar?


Pero no es sólo esto. En su informe resalta que “propusimos un pacto que ponga primero a los pobres […]” (negrilla y cursiva en el original). Enfatizando en otro aparte de su discurso, “[…] le propusimos a Colombia que todos nuestros esfuerzos y nuestras iniciativas estarían orientados a la equidad”. Nada más lejano de la realidad. Más allá de destinar unos millones para concretar algún proyecto social en educación, salud y otros áreas, lo los prioritario para este gobierno son los ricos de siempre. Y no es un cliché. Veamos.


En la pasada reforma fiscal o Ley de financiamiento (2018), se ampliaron las exenciones concedidas a las personas jurídicas, tan variadas y numerosas que en realidad terminan por reducir a tal tamaño la Tarifa Impositiva Nominal de las Empresas (1,3 por ciento), que al final de sumas y restas, y en proporción a sus ingresos, las personas naturales pagan más impuesto (5 por ciento) que las grandes empresas. Exenciones tan amplias, con diferencias por sector industrial y comercial, sumadas, les ahorran a los ricos 20 mil millones de pesos-año, es decir, cerca de tres veces el dinero recaudado por esa misma reforma.(1).


Como también lo difundieron los gobiernos anteriores, se procede así “con el propósito de estimular la inversión privada nacional y extranjera” (según el Presidente, reducir “[…] la carga de impuestos que estaba asfixiando a las empresas”), lo que procuraría mayor y mejor empleo (al decir de Duque, reducir la “[…] carga tributaria de los generadores de empleo”). Como es conocido por la experiencia, el desempleo no decae, el empleo no mejora en calidad, las empresas sí multiplican las ganancias y la llamada clase media sigue esquilmada en sus ingresos, por el pago del impuesto de Renta y del IVA, en lo cual la acompaña los sectores populares.


De este modo, más allá de las palabras de Iván Duque, los ricos serán más ricos, y los trabajadores en particular, así como los sectores populares en general, verán más menguados sus ingresos diarios. Así lo reafirma el Presidente: “[…] como resultado de la Ley de Financiamiento y Reactivación Económica, logramos aumentar el recaudo neto en 11 billones de pesos”, cifra que oculta, en un juego de apariencias y desinformación, que este no es el resultado de cobrarle más a quien más tiene, como ejercicio simple de justicia, sino el fruto de una argucia elemental: bajar el monto de ingresos totales por los cuales el trabajador está obligado a declarar renta.


Esa política tributaria de estímulos para las grandes personas jurídicas procede en vía contraria a lo aconsejado por la política clásica en materia tributaria, de no otorgar tratamientos diferenciales y efectivos en esta materia, para no propiciar ineficiencias en la asignación de recursos y en la distribución de ingresos. “Aparte de la generación de condiciones propiciatorias de ineficiencias y distorsiones en la administración tributaria en diferentes ámbitos como la evasión y elusión”. (2. Garay). Además, es una política tributaria que resulta contraria a un propósito que debe ser nacional: reducir la honda desigualdad reinante en Colombia, “[…] uno de los países con mayor desigualdad en el mundo y entre los dos más desiguales en América Latina, incluso el más desigual según algunos especialistas, cuando se observa no sólo el índice de Gini sino también las brechas en la distribución del ingreso, las diferencias regionales en el país y la baja calidad en el acceso a trabajos de buena calidad” (3).


En estas condiciones, ¿puede creer alguien que “[…] el objetivo central del crecimiento de nuestra economía es la construcción de Equidad”? ¿Y asimismo que “[…] estamos trabajando para crear las condiciones que permitan a las empresas multiplicar la creación de puestos de trabajo estables y formales”? Da risa. Solamente cuando los derechos de los trabajadores sean quebrados hasta lo inimaginable, reduciendo salarios, incrementando su porcentaje para el aporte pensional, eliminando pagos por despidos injustos, etcétera, aceptarán los empleadores formalizar en mayor número sus plantas de trabajadores.


Pero en este juego de palabras y simulaciones, el Presidente anuncia que “Colombia tiene que pensar en grande […]”. (negrilla y cursiva en el original). ¿Podrá ajustarse a la realidad este necesario propósito cuando no se aplican las requeridas políticas para dejar de ser el nuestro uno de los países más desiguales del mundo? ¿Podrá esto dejar de ser simple palabrería cuando prolongamos nuestra existencia como uno de los pocos países en el mundo que mantienen viva la problemática de la tierra, negándose a concretar una reforma agraria que en efecto entregue la tierra –con asesoría en todos los campos necesarios–, así como a una efectiva soberanía alimentaria que propicie suministros sanos para toda la población, al igual que una política ambiental a la altura de nuestras características naturales y la defensa de la vida misma?


¿Podrá ajustarse a la realidad este propósito cuando nuestros gobernantes persisten en defender y prolongar, por ejemplo, la guerra contra las drogas? ¿Podrá ser esto realidad cuando persiste en su negativa a impulsar por todos los medios posibles una política de integración regional y, por esa vía, la renuncia en un plazo no mayor a tres o cuatro décadas al Estado-nación?


En el reino de la manipulación, queda una frase para esculpir: “¡En la Colombia que estamos construyendo, nadie puede sentir temor de expresar sus ideas y de proteger los intereses de su comunidad”, una clara expresión de mal gusto, pues da cuenta del desconocimiento de la Colombia profunda, que no queda no sólo en lo conocido como su periferia rural sino que también está presente, y cada vez más, en las barriadas de las grandes ciudades donde el común denominador son las “fronteras invisibles” o la ley del fusil –el revólver es juego de niños. Es ésta una manipulación que pretende ocultar el reacomodo del régimen, extendiendo sombras sobre la matriz paramilitar, a la par que sobre su efectiva prolongación uribista, para lo cual es fundamental la disputa de la memoria en que anda enfrascado este gobierno.


3. El año del Bicentenario


Sin sentido histórico ni visión futura, retoma en su discurso esta realidad, pero no se atreve, como representante de una clase, a dibujar el país de los próximos dos siglos, tal como debiera ser, en honor a quien en la Carta de Jamaica previó no un país pequeño –con banqueros afanados de más lucro ni terratenientes y otros mezquinos disputándose el control del país y su aislamiento global– sino todo un amplio territorio y una región integrada para el beneficio y la felicidad de sus habitantes, atento al riesgo proveniente del Norte.


Es éste el gran reto para una clase enfrascada en la defensa de sus pequeñeces; preocupada por despojar de sus tierras a los vecinos, pequeños propietarios, o por acrecentar la riqueza mediante la transformación de las normas, legislando a su favor, o desmontando empresas y concentrando en la especulación comercial; un proceder en que lo universal, como debiera ser el sentir y pensar de cualquier político en cualquier país de nuestro tiempo, debiera resaltar en cada una de sus acciones, pero para nuestro caso lo universal puede ser el nombre de una finca, de un banco o de una agencia comercial. Es por eso que en el informe de marras sobresale la ausencia de proyección estratégica para el país, visionando como máximo “Año Dos”, y de ahí poco más.


Como es de conocimiento general, proceder bajo el influjo de la futurología en un país demanda, por un lado, espíritu abierto y desprevenido, sentido humanitario; por otro, lectura geopolítica y estratégica. Pero, a la vez, capacidad de sueño, apuesta por el futuro y pensamientos grandes, algo que ni este gobierno ni los anteriores han tenido.


4. Año dos


Termina Duque su discurso con una visión pegada a las paredes, proyectando las acciones por acometer durante el segundo año de su gobierno. Más allá de lo enunciado, en que destaca acciones simples de imagen y opinión pública, como la de apoyar con el trámite de la cadena perpetua para violadores y abusadores de niños, es necesario reparar en el ocultamiento de varias medidas que sí son del interés de la administración de turno, entre ellas las reformas pensional, laboral (una más) y tributaria, la venta de diversidad de bienes públicos, así como la anhelada por el capital nacional e internacional: la enajenación de acciones de Ecopetrol autorizada desde 2006.


De concretarse estos pretendidos, con mayor énfasis las reformas a pensiones y al mundo del trabajo, es claro que quedaremos mucho más lejos de reducir la desigualdad y de atacar la inequidad, reafirmando lo ya conocido desde mucho antes del 7 de agosto de 2018: Iván Duque encabeza “un gobierno de los ricos y para los ricos” (4), aunque diga y aparente lo contrario. 

 

1. “Aquí reside precisamente una razón determinante de por qué, a pesar de regir formalmente unas tarifas nominales elevadas, incluso internacionalmente, en Colombia son relativamente bajas las tarifas efectivas impositivas para el conjunto de personas jurídicas –aunque con sustanciales diferencias entre empresas por sectores. Y también por qué la carga tributaria efectiva en Colombia –respecto al PIB– es relativamente baja aún en el contexto latinoamericano, y por qué son tan elevados los niveles de evasión y elusión tributarias. Con el agravante de que los cambios introducidos en el Estatuto Tributario por la Ley de financiamiento, aprobada en diciembre pasado (Ley 1943 de 2018), no sólo profundizarán inequidades horizontales y verticales sino que además aumentarán el gasto tributario, agravando la regresividad y las ineficiencias del sistema impositivo en el caso de personas jurídicas”. En, Garay Salamanca, Luis Jorge, y Espitia Zamora, Jorge Enrique. Dinámica de las desigualdades en Colombia (en impresión, Ediciones Desde Abajo).
2. Garay Salamanca, Jorge, op. cit.
3. Íd.
4. Sarmiento Anzola, Libardo, “Un gobierno de los ricos y para los ricos”, Le Monde diplomatique, número 181, septiembre 2018.

 


Artículos de esta edición:

 

Un año de medidas a favor de los poderosos

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Las obsesiones no siempre son buenas consejeras

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"¿Quiren más paz? Aquí la tienen..."

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Cosmología y vida cotidiana

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Los talibanes de San Francisco

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37438-los-talibanes-de-san-francisco.html

 


 

El presidente Trump redefine el concepto de “Casa Blanca”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha dado un nuevo significado a la “Casa Blanca”. Desde su sillón ubicado en el número 1600 de la avenida Pennsylvania, en Washington, D.C. lanza epítetos racistas por Twitter mientras da órdenes a los agentes armados de que aterroricen a los inmigrantes en la frontera y en las comunidades de todo el país.

La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, lo sintetizó de una manera muy clara en sus comentarios de la semana pasada sobre los intentos de Trump de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el próximo censo nacional, incluso luego de que la medida fuera rechazada por la Corte Suprema. Parafraseando el slogan de campaña de Trump, Pelosi lo acusó de intentar “hacer que Estados Unidos sea blanco otra vez”.

Es un hecho conocido que Trump es un voraz consumidor de la cadena de noticias Fox. El domingo por la mañana, apenas 20 minutos después de que el programa “Fox & Friends” emitiera un segmento en el que se atacaba a las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib, Trump tuiteó:

“Qué interesante ver a las congresistas demócratas ‘progresistas’, que provienen de países cuyos gobiernos son una completa y total catástrofe… diciéndole a Estados Unidos a los gritos y de forma agresiva… cómo se debería ejercer nuestro gobierno. ¿Por qué no vuelven y ayudan a arreglar esos lugares completamente quebrados y plagados de crimen de donde provienen?”.

¿Volver al lugar de donde vinieron? Tres de las congresistas a las que atacó nacieron en Estados Unidos: Ocasio-Cortez, oriunda del Bronx, es la mujer más joven en ser electa para el Congreso; Pressley, nacida en Cincinnati, es la primera congresista afroestadounidense en representar el estado de Massachusetts. Tlaib, de Detroit, es palestino-estadounidense; junto con Ilhan Omar, son las primeras mujeres musulmanas en ocupar escaños del Congreso.

Omar también es la primera congresista en usar hiyab. Nacida en Somalia, llegó a Estados Unidos cuando era niña como refugiada política. Como indica un video que se volvió viral, Omar es ciudadana estadounidense desde hace más tiempo que la tercera esposa de Trump, la primera dama Melania Trump, nativa de Eslovenia.

Los tuits racistas de Trump unieron al fracturado Partido Demócrata y activaron rápidamente una demostración de apoyo hacia las cuatro flamantes congresistas, ahora llamadas colectivamente “el escuadrón”.

Para el martes, se estaba debatiendo en la Cámara de Representantes la resolución número 489, caratulada “En condena a los comentarios racistas del presidente Trump dirigidos a miembros del Congreso”. Los republicanos lograron obstruir temporalmente el debate al invocar un ítem poco claro presente en las reglas del Congreso que dice: “Las referencias a la discriminación racial o de otro tipo por parte del presidente no corresponden”. El libro de normas original que prohibía el uso de la palabra “racista” estaba escrito por Thomas Jefferson, que fue él mismo dueño de esclavos, pero la ironía del hecho no fue percibida por los republicanos. La resolución finalmente fue aprobada, con cuatro republicanos que se sumaron a la mayoría demócrata. Si bien fue la primera reprimenda formal de la Cámara de Representantes hacia un presidente en ejercicio en más de un siglo, Pelosi bloqueó una moción más seria que procuraba censurar a Trump.

Trump redobló sus ataques verbales contra las cuatro congresistas al acusarlas de socialistas y comunistas. El uso de ataques típicos de la era del macartismo por parte de Trump no debería sorprender a nadie, ya que su primer mentor fue Roy Cohn, quien se desempeñó como el principal abogado del senador Joseph McCarthy en la década de 1950, época en la que destruyó miles de vidas con su política de persecución anticomunista.

El presidente Trump viajó el miércoles a Carolina del Norte para participar de un acto de campaña. Una vez más, apuntó contra sus víctimas favoritas: mujeres y personas de color, revelando lo que probablemente sea una de sus estrategias de campaña, la de usar retórica racista para encender a su base electoral blanca. En medio de su larga diatriba dirigida contra Ilhan Omar, la multitud comenzó a corear: “¡Envíenla de regreso! ¡Envíenla de regreso!”.

En su libro “Historia negra de la Casa Blanca”, el profesor de la American University Clarence Lusane narra la historia de la mansión presidencial, desde los tiempos de su construcción, realizada con trabajo forzado de esclavos negros, hasta la primera familia presidencial afroestadounidense, los Obama.

Lusane escribió: “Para muchos afroestadounidenses, el ‘blanco’ de la Casa Blanca ha implicado mucho más que el color de la mansión; ha simbolizado la tonalidad y la fuente de la crueldad deshumanizadora, la dominación y la exclusión que han definido la larga narrativa de las relaciones de los blancos con las personas de color en Estados Unidos”.

El lunes, las cuatro congresistas que tan claramente amenazan a Trump dieron una conferencia de prensa, donde denunciaron el racismo que experimentan ellas y la gente de color en general, señalaron las políticas del presidente sobre la detención de inmigrantes, la separación familiar y las amenazantes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sin mencionar a Trump por su nombre, la integrante del congreso Ayanna Pressley dejó en claro de quién es este país:

“A pesar de los intentos del ocupante de la Casa Blanca de marginarnos y silenciarnos, sepan que somos más de cuatro personas. Seguimos el mandato de defender y representar a aquellos ignorados, excluidos y abandonados. Nuestro escuadrón es grande. Nuestro escuadrón incluye a cualquier persona que se comprometa a construir un mundo más equitativo y justo. Ese es el trabajo al que queremos volver. Dado el tamaño de este escuadrón y de esta gran nación, nadie nos podrá silenciar”.

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español,

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Lunes, 15 Julio 2019 08:43

La Bastilla

Las legisladoras federales demócratas Alexandra Ocasio-Cortez, de ascendencia puertorriqueña, e Ilhan Omar, de Minnesota nacida en Somalia, fueron señaladas por Donald Trump, quien les dijo que deberían regresar a sus países y ayudar a reparar esos lugares, cuando en realidad ellas son estadunidenses y electas por estadunidenses.Foto Afp

En este Día de la Bastilla, con un líder con tintes fascistas que gusta burlarse de libertades civiles y otros supuestos componentes de una democracia en la Casa Blanca poniendo en riesgo a todo el mundo (por la mala suerte de que Estados Unidos sigue como la última superpotencia mundial), algunos ven con una nostalgia triste el aniversario que marcó el inicio de una revolución por la igualdad, libertad y fraternidad.

 

Emitiendo ordenes para realizar redadas de familias migrantes indocumentadas alrededor del país, provocando con gran gusto terror entre los más vulnerables de este país, mientras se fue a jugar golf, quien juega con ser presidente vitalicio está dejando de usar máscaras o disfraces para aparentar que respeta los principios de la democracia.

 

Este domingo Trump se atrevió a comentar en referencia a cuatro legisladoras federales demócratas que han sido críticas feroces de su gobierno y todas, como dicen aquí, "de color", que “es interesante ver a representantes demócratas ‘progresistas’, quienes originalmente vienen de países cuyos gobiernos son una catástrofe completa y total, los peores, más corruptos e ineptos en cualquier parte del mundo (si es que tienen gobiernos funcionales de algún tipo), ahora ruidosa y viciosamente decirle al pueblo de Estados Unidos, la nación más grandiosa y poderosa sobre la tierra, cómo debería gobernarse”.

 

Agregó: "¿Por qué no regresan y ayudan a reparar los lugares totalmente rotos e infestados de crimen de donde vienen? Después que regresen y nos enseñen cómo se hace. Esos lugares necesitan su ayuda y mucho, no se pueden ir demasiado pronto".

 

El presidente, en esta ocasión, tiene toda la razón. Esas legisladores son de un país con un gobierno "catastrófico", "corrupto" e "inepto". Se llama Estados Unidos. Todas, las cuatro, son ciudadanas, legisladores federales (o sea, fueron electas por ciudadanos estadunidenses para representarlos en Washington) y tres de las cuatro nacieron en este país.

 

La corrupción, el manejo inepto, y las catástrofes de este gobierno son tema de las casi 30 investigaciones en curso sobre diversos aspectos y comportamiento del presidente, su familia y su circulo. También queda claro en las expulsiones y éxodos de personal de su gobierno que ha alcanzado niveles sin precedente. La Institución Brookings registra una tasa de cambio de 74 por ciento entre los principales integrantes del ejecutivo (excluyendo secretarios de gabinete); nueve de los ocupantes de los 21 puestos principales de gabinete y Casa Blanca han cambiado. Las razones por este cambio constante de personal tiene que ver con casos de corrupción, mentiras y actos posiblemente ilegales, muchos de los cuales están bajo investigación.

 

Al mismo tiempo, el ataque contra todo crítico, incluso con todo reportero ("enemigos del pueblo") sigue siendo efectivo, sobre todo usando técnicas macartistas al calificarlos de "antiestadunidenses", o sea, "otros". Con ello, el enemigo de la patria son los opositores del comandante en jefe.

 

Una de las cuatro representante –las cuales incluyen a Alexandra Ocasio-Cortez, de ascendencia puertorriqueña; Ilhan Omar, de Minnesota nacida en Somalia; la afroestadunidense Ayanna Pressley, y Rashida Tlaib, de Michigan, hija de inmigrantes palestinos nacida aquí–, respondió a Trump este domingo alertando, una vez más, que "él es la crisis, su ideología peligrosa es la crisis. Necesita ser destituido".

 

No tranquiliza cuando él comenta, como hizo el jueves, que no entendía cómo alguien podría votar por un demócrata ante "lo que tienen ahora, tan guapo, tan inteligente, un verdadero genio estable". Poco después habló de cómo las redes sociales son claves para evadir al filtro de los medios y difundir sus propias noticias con sólo tocar un botón y con ello crear "una explosión".

 

Nada de esto sorprende ya. Y eso, en sí, es tal vez el problema más grave de todos. Pero aún se pueden escuchar gritos y susurros, en diferentes barrios y barricadas (y hasta a veces en francés), expresando la urgente necesidad de retomar la bastilla estadunidense a nombre de la libertad, igualdad y fraternidad.

 

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Martes, 09 Julio 2019 06:10

China. Un país, dos sueños

China. Un país, dos sueños

Las protestas vividas recientemente en Hong Kong contra la propuesta de una ley de extradición que permitiría la entrega de fugitivos al gobierno central, evidencian un claro aumento de la fractura entre el nacionalismo Han, hoy sustentado en el programa del Partido Comunista para lograr la revitalización de la nación china, y las demandas democráticas que afloran en su periferia territorial. Igualmente, ponen de manifiesto el carácter estructural de una protesta que en tres episodios (2003, 2014 y 2019) plasman una severa advertencia a Beijing de los riesgos asociados a las políticas recentralizadoras en curso en los últimos años.

A estas alturas, lo de menos es ya que va pasar con la ley de extradición o el futuro de Carrie Lam, a quien le reclaman la dimisión. Ambos han sido finiquitados, aunque no pueda admitirse públicamente para no perder la cara. Aun así, el problema de fondo radica en la pérdida de confianza de buena parte de la población local no solo en la jefa de esta región administrativa o en su Consejo Legislativo sino, sobre todo, en la sabiduría y mano izquierda del poder central para lidiar con estas situaciones. Y en ello debieran meditar las autoridades de Beijing a la hora de reconducir su política de “frente unido”, la tercera arma mágica del Partido, según Mao.

En origen, la fórmula “un país, dos sistemas” fue otra genialidad de Deng Xiaoping; no una concesión graciosa sino un imperativo necesario para preservar la condición de Hong Kong como ventana abierta al mundo. Deng se comprometió a preservar su singularidad tras la retrocesión por cincuenta años. “Lo que decimos lo cumplimos”, apostilló. Ahora corre peligro. Incluso buena parte de la sociedad continental no entiende de qué se quejan los hongkoneses (como tampoco las nacionalidades minoritarias díscolas); a fin de cuentas, ellos gozan de “privilegios” que a la mayoría le son negados. Y por si fuera poco, protestan. Que en dicho contexto se alcen voces reclamando la implantación de un solo sistema (al igual que la eliminación de las autonomías de las nacionalidades minoritarias), no es de extrañar. ¿Renunciará China a su compromiso? En la situación actual, ni las condiciones ciertamente poco democráticas del colonialismo británico le pueden servir de ayuda ante una generación de jóvenes muy movilizados que no vivió esa época.

Pero la iniciativa para favorecer las extradiciones no es un hecho aislado. Otras propuestas abundan en la idea de atar en corto Hong Kong al continente. Ya hablemos del tren de alta velocidad inaugurado el año pasado y que conecta al ex enclave británico con 44 ciudades chinas o el nuevo puente sobre el delta del río de las Perlas que une Hong Kong a Macao y Zhuhai, un asombroso ejemplo de la ingeniería civil china, se enmarcan en el proyecto de la Gran Bahía de Zhuhai que Beijing ansía convertir en una gran área económica pero también más homologable en lo político. Estos proyectos anclarán definitivamente a Hong Kong en el continente hasta diluirlo. Las diferencias en términos de desarrollo económico que en su día pudieron servir de justificación para admitir un status especial pronto perderían su razón de ser.

Probablemente Beijing ha cometido un enorme error de cálculo al no calibrar la capacidad de indignación política de los hongkoneses. Pero también en el exterior se ha cometido otro error similar al considerar irremediable que el continente evolucionaría hacia la adopción de un modelo similar al vigente en Hong Kong. El gobierno central no cejará en su empeño para promover un amorfismo centrado en la mejora general de vida al margen de las peripecias políticas mientras avanza su mayor control de forma sostenida.

La percepción no ya de ausencia de progresos sino de una lenta erosión de ciertos derechos básicos afea a China en su propia casa primero e internacionalmente después, cundiendo la duda acerca de sus intenciones últimas a propósito del rechazo de las experiencias liberales, cualquiera que sea su signo o emplazamiento. Sobre Hong Kong ejerce una soberanía indiscutible pero no debiera pasar por alto que el eco de sus acciones y de su impaciencia trasciende su territorio inmediato. Y en un momento en que se le señala con el dedo por las más diversas razones, un torpe manejo de este asunto dando rienda suelta a las posiciones más hostiles, ignorando los anhelos expresados por miles de personas contra las derivas autocráticas, pudiera depararle mayores costos de los estimados. Y no solo en términos de imagen global.

Dos personas pueden dormir en la misma cama y no compartir el mismo sueño, dice un refrán chino. El arraigo de las convicciones democráticas en Hong Kong no debiera infravalorarse, so pena de agrandar el foso que separa a significados sectores sociales del resto del continente. Nadie puede discutir que Hong Kong sea parte de China pero a los hongkoneses les preocupa que el sueño chino suponga una merma en sus derechos fundamentales. No reniegan de su pertenencia a la etnia china pero políticamente se sienten diferentes y desmienten con su protesta la propagada máxima de que esos derechos que estimamos universales deben ser tamizados a la luz del relativismo cultural.

 

Por Xulio Ríos. Observatorio de la Política china

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El periodista Ekaitz Cancela en una calle del barrio de Maravillas, Madrid.

 El periodista Ekaitz Cancela publica su segundo libro en el que describe el sueño de la nueva era tecnológica como una pesadilla en la que el periodismo y los medios de comunicación se convierten en meras herramientas (en peligro de extinción) de la nueva oligarquía mundial de Silicon Valley. 

 

 

Mientras gran parte de la izquierda mundial sigue hablando de recuperar los medios de producción fordistas y señalando a los viejos poderes capitalistas, las nuevas élites de Silicon Valley copan el oligopolio del nuevo petroleo del Siglo XXI: los datos. La digitalización está modificando las relaciones humanas y económicas, pero no está liberando a la sociedad de los viejos yugos que sigue soportando, más bien al contrario.

Según Ekaitz Cancela (Barakaldo, 1993), las élites de Palo Alto, impulsadas por una enorme inversión pública estadounidense que arrancó en la Guerra Fría, se han convertido en los nuevos amos del mundo bajo una apariencia “guay”, pero con métodos de control ciudadano que ni los gobiernos más totalitarios hubieran soñado nunca.

En la primera página de Despertar del sueño tecnológico (AKAL, 2019), como si fuera una carta de presentación para el lector, se nombra a Karl Marx, Friedrich Engels, Walter Benjamin y al activista e intelectual bielorruso Evgeny Morozov. A lo largo del texto, Cancela desnuda esa falsa imagen de democracia tecnológica e intenta despertar, con algún bofetón que otro, del sueño tecnológico en el que vive uno de los primeros sectores que ha sido adalid de la libertad, pero que ha sido el primero, según el autor, en sucumbir al poder y dominio del imperio GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple): el periodismo.

Los dueños de la "nueva imprenta digital" ya no se conforman con vender publicidad y requieren el "feedback" de los "usuarios", es decir, obtener el mayor número de datos de cada ser humano para poder mercantilizar cada esfera de nuestra vida, y los medios de comunicación se han convertido en una de sus principales herramientas.

Leyendo tu libro he pasado por varias ocasiones en las que me han entrado ganas de abandonar el periodismo.


El libro trata de datar la muerte del periodismo, seguramente de tu periodismo, como reflejo o expresión de una transformación muy grande en la estructura económica que, por un lado, está acabando con los trabajadores porque son entendidos como un coste que se pueden ahorrar gracias a la tecnología, y en segundo lugar por una enorme descualificación de la fuerza de trabajo periodística, que va de la mano del capital y que la convierte en simple mercancía.

Lo que veo de bueno en esta situación es, en primer lugar, que entender este cambio nos da alternativas para intentar cambiar el modelo económico actual. En segundo lugar, que el periodismo, o la manera de hacerlo, que no venga de una empresa privada, sino de una institución social pública, como lo puede ser un ayuntamiento o un distrito de barrio.

O sea, para que no tengan que responder a la exigencias de un dueño capitalista, como ha sido históricamente en el periodismo, sino para que sean los propios periodistas los que seleccionen y entiendan esa información pública y, de una manera muy participativa y directa, le pregunten a la comunidad qué información desean conocer y qué temas quieren que se investiguen, en qué queréis que nos centremos.

Y, a cambio, qué tipo de sistema institucional público vamos a diseñar para que esas personas que digieren toda la información para presentarla a la comunidad, igual que el que se dedica a arreglar una farola o cualquier otro servicio público, y qué tipo de servicio público vamos a tener bajo otro sistema económico diferente.

El Salto es un medio cooperativista que intenta escapar de todas esas lógicas capitalistas, pero al final estamos vendidos a Facebook y Google, ya que la gran mayoría de nuestras visitas nos entran por esos medios. ¿Qué puede hacer un medio como este para sobrevivir en ese abismo que describe tu libro?


Yo creo que absolutamente nada. La capacidad que tiene El Salto es la de seguir batallando, la misma capacidad que tiene todo el mundo. Es decir, el sistema capitalista está muy asentado, todas sus dinámicas y lógicas culturales posmodernas están muy extendidas y se pueden ver en gran parte de todos los grandes medios de comunicación patrios, la simplificación de la realidad en titulares virales va en contra de los medios que buscan un pensamiento y crítica más compleja desde la izquierda. Eso deja a El Salto en la posición de que lo único que puede hacer es seguir batallando, pero, por supuesto, cambiar el sistema económico no es una tarea que pueda hacer un medio como este, o por lo menos no él solo.

Es lo que trata de decir el libro: se requiere que la sociedad civil en estrecha alianza con la inteligencia técnica, compuesta por ingenieros, científicos de datos, etc., puedan diseñar soluciones y formas de entender la coordinación y la vida social de una manera muy distinta a la que promueven los mercados, basada en la competencia y en un sistema de precios. El Salto experimenta una enorme competencia a causa del enorme número de medios aparentemente progresistas que hay hoy, y por sí mismo no va a poder cambiar las dinámicas, eso está claro.

Se ha vendido mucho la idea de la “democratización de la tecnología y los medios” con frases como “con un poco de inversión, ahora te puedes montar un medio de comunicación”. ¿Lo ves así?


Es falso. La información siempre ha estado concentrada. Desde la Ilustración han sido los periódicos y los editores los que han sido, de algún modo, los guardianes de la esfera pública. Internet no ha hecho que esa información sea propiedad, no de los periódicos, sino de la ciudadanía. Lo que ha hecho es convertir toda esa información en una materia prima que aprovechan tres o cuatro capitalistas. Eso es lo que ha hecho internet, no ha democratizado, sino que ha creado un nuevo medio de producción donde los costes son mucho más bajos y los procesos más baratos, pero solo lo aprovechan esas tres o cuatro empresas. Está en manos de Google, Facebook, Amazon, Microsoft y Apple.

Mi tesis va justo en contra de la idea de que esto se nos haya democratizado, porque el capitalismo y la democracia son dos lógicas totalmente distintas, pero que hasta ahora habían sobrevivido y se han mantenido en estrecha alianza. Pero en este nuevo paso, donde la información y los datos están en tan pocas manos, vemos que la democracia está en jaque porque esos datos son la columna vertebral de la democracia. El capital lo que está haciendo es centralizarlo, favorecido por las tecnologías de la información al servicio del capital. Por eso hay una derrota en la democracia liberal frente al capitalismo.

Has hablado de esas cinco grandes empresas. Cuesta creer que la gran oligarquía financiera, sumada a empresas como VISA o Mastercard, vayan a ceder su poder hegemónico mundial ante esta nueva élite tecnológica. ¿Cederán, lucharán o colaborarán?


Esa es una de las grandes preguntas. Lo que vemos es que en los últimos diez años de crisis es que Silicon Valley emerge como una forma de legitimar este sistema. No es otra cosa que un laboratorio de pruebas con las lógicas neoliberales que nos han llevado a esta gran crisis global.

Te pongo un ejemplo. Solo tienes que fijarte en las personas que componen los accionariados de Silicon Valley para ver que son fondos de inversión. Es gente que está ganando una gran cantidad de dinero solo porque estas empresas tecnológicas tienen una enorme capitalización bursátil. Lo podemos ver en casos como el de Uber, la cual es absolutamente deficitaria, entre 8.000 y 9.000 millones de dólares de pérdidas en dos años, pero aún así los grandes fondos de inversión siguen invirtiendo en ellas.

Podemos ver tres formas o patas. La primera es en la que las empresas son rentables, como el caso del fondo público de pensiones de Noruega que paga las pensiones a los jubilados gracias a lo que gana invirtiendo en Apple. De tal forma que Apple explota a niños en el sudeste asiático para que el Gobierno noruego pueda pagar las pensiones y el capital financiero sale beneficiado en todo el proceso.

La segunda es que esta industria tecnológica pudo ser el refugio del capital financiero tras la crisis y cuando las tasas del retorno de las inversiones eran muy bajas. El dinero necesita fluir y da igual si se hace invirtiendo en empresas deficitarias, como son muchas de estas tecnológicas, porque si no fluye ese dinero el sistema cae.

En tercer lugar, como el gran banco de pruebas del neoliberalismo. El ejemplo está en los movimientos recientes de Facebook, donde ha firmado grandes acuerdos en los que se incluye a Mastercard, Visa o PayPal. El gran capitalismo financiero está viendo en Facebook una oportunidad para financiar cada vez más ámbitos de nuestras vidas.

Facebook ha anunciado hace bien poco su propia criptomoneda, ¿es este movimiento un nuevo asalto de esa oligarquía de Silicon Valey a los bancos centrales? ¿Están atacando a una de las principales herramientas de las grandes élites financieras?


No es un ataque al sistema neoliberal o al sistema financiero de los bancos centrales, es una manera de mantenerlo a flote. Me explico. Facebook ya hace las labores de banco central. solo que no quiere y ni va a tratar de hacer las labores de un intermediario financiero. Lo que quiere hacer Facebook es crear una moneda respaldada en un sistema de crédito muy intensivo en datos.

Esto es lo que va a permitir a Facebook convertirse en un banco central, pero no de capital financiero o monetario, sino de capital social. En la medida en que Facebook tiene información de cómo se comportan todas las personas en una sociedad, puede ser muy eficiente a la hora de decirle a un banco cuales pueden ser sus capacidades de endeudamiento o cuándo se le ofrece un alquiler por Airbnb. Se le puede decir hasta cuánto puede pagar o cualquier otro dato que se necesite sobre la persona.

Ahí es donde se cruzan con las políticas del Banco Central Europeo y la Troika, que dicen: “lo que necesitamos es que los salarios sigan estancados y la gente no puede ahorrar”. Entonces llega Facebook y muestra el camino para exprimir un poco más a la gente y convertir al individuo en algo alejado de toda concepción social. Ahí es donde entra Facebook. Es la dopamina o viagra de un sistema financiero en plena crisis. No está muerto, pero sí en plena crisis y necesita, por un lado, un nuevo medio de producción y, por otro lado, la legitimidad que ha perdido. Los bancos centrales no son guays, pero Facebook lo utilizan 2.000 millones de personas.

¿Cómo podemos revertir o luchar contra este oligopolio, el GAFA?


Lo primero requiere una labor muy inteligente de teoría económica. Es decir, buena parte de las iniciativas que vienen de los progresistas alemanes o de los países progresistas europeos y estadounidenses, concretamente el demócrata, se basan en una concepción de la competencia muy pobre. Si estas empresas tienen el oligopolio sobre algo es sobre los medios de producción de feedback. Sobre todo el intercambio de información peer to peer, persona a persona. Ese es el gran monopolio, no solo sobre la publicidad. Entonces, una de las principales maneras para atacar a este monopolio, una vez lo hemos comprendido, es pensar formas de gestionar ese feedback de una manera que escape a las lógicas de los mercados, es decir, que no estén sujetos a las lógicas de competencia y que estén excluidos del sistema de precios.

Después podemos pensar en la manera que podemos utilizar este feedback para ver cómo podemos cambiar nuestra economía. Porque o utilizamos esta tecnología para automatizar la planificación que antes estaba en el Estado, o veremos que una empresa como Facebook eliminará ese poder central de los Estados, ocupará ese lugar y automatizará el neoliberalismo de algún modo, que es lo que propone Facebook.

Danos un ejemplo más terrenal. ¿Qué primer paso daría Ekaiz Cancela para combatir ese monopolio?


Conseguir el Estado.

¿Y una vez lo tengas?


Bueno, en España sería complicado, pero a nivel europeo ese estado debería ir a Bruselas y decir: “Hola, comisionada de Competencia, Margrethe Vestarger, te has hecho famosa poniendo multas a Google por un monopolio que no es tal”. Lo primero sería rediseñar las políticas europeas de competencia y empezar a grabar a las empresas por el control que tienen sobre los datos de los ciudadanos. Y se me ocurre una medida muy básica: con todos estos datos que se crean en Europa y van a Estados Unidos, se debe crear una copia en Europa. Luego, si quieren, que vayan a Estados Unidos, pero con esa copia ya tendremos una enorme cantidad de datos con la que podremos empezar a diseñar nuestras economías de una manera diferente.

Además, desde España se puede plantear no solo una política en torno a la tecnología, sino una política industrial del presente. Esta política ¿cómo puede usar la tecnología? Pues se tiene que analizar que tenemos unas industrias que ya no son centrales en nuestra economía. Grandes empresas, como Telefónica, han tenido que firmar acuerdos para usar servicios tecnológicos con otras empresas, como Microsoft, Google o Amazon, para convertirse en intermediarios con otras empresas de esos servicios tecnológicos. Es decir, nuestras empresas son consumidoras de servicios digitales extranjeros, no tienen la tecnología. Esa tecnología se les cede para que la usen a través de Google o se hace por medio de transferencias tecnológicas. Esa ha sido la política industrial desde el franquismo, no ha cambiado, aunque hubiera planes.

El ejemplo más básico es una política que todavía no existe. Que se intentó con Manuel Castells y Felipe González, pero el neoliberalismo no lo permitió. Una política industrial que tenga en cuenta las transformaciones en la estructura económica, que coloque la posición de las estructuras básicas españolas —telecomunicaciones, energéticas, financieras, etc.— y se dé cuenta de que estas empresas han perdido su espacio como sistema central de la economía española.

"El Ibex 35 ha muerto ¡larga vida a Silicon Valley!" Y entender bien cuáles son las dinámicas entre el Ibex 35 y Silicon Valley. Cuando las entiendes bien puedes pensar políticas públicas que puedan romper las primeras y acabar con las segundas. O sea, utilizar el cambio de paradigma que ha supuesto la irrupción de las empresas de Silicon Valley para que el Estado pueda decir: “ahora sí que vamos a tomar el control”.

Pero claro, ya no habrá empresas como la actual Telefónica, que está totalmente privatizada. Por eso una política sencilla para acabar con el capitalismo tecnológico es recuperar las propuestas tradicionales de la izquierda, como nacionalizar los sistemas productivos. No hay ninguna novedad en la manera de atacar al capitalismo digital, solo es recuperar las luchas clásicas de la izquierda pero adaptadas al Siglo XXI.

Volviendo a lo que has comentado sobre la copia de los datos en Europa. ¿Apostarías por una propiedad pública de esos datos, acceso público, soberanía mixta? ¿Cómo sería el modelo que propones para la gestión de esos datos?


El gran tema con los datos es que el concepto de propiedad cambia. La clave es tener acceso y control sobre la estructura. Yo puedo tener propiedad de mis datos y el mundo neoliberal lo que te va a decir es que vayas al mercado con tus datos. Podría ir con todos mis datos de mis estudios a una empresa y decir “estos son mis datos, contrátame”. Pero claro, no harían falta leyes laborales que regulen nada y las medidas de empleo y protección del trabajador desaparecerían. Convertir los datos en una mercancía y ampliar la agenda neoliberal. Esto es lo que están proponiendo los partidos de ultra derecha europeos y estadounidense, como Steve Bannon.

Luego hay otra opción, que es que mis datos sean un bien social, que las estructuras que crean sean un bien público. Es decir, yo con mis datos no puedo hacer nada, por lo que lo que yo decido es que mis datos no sea una empresa la que los explote y se los venda a mi gobierno, sino que todas esas estructuras de los datos estén orientadas a dar un retorno positivo a los ciudadanos.

¿Cómo se puede dar? Pues aquí ya se debería estudiar muy bien cual es la colaboración público-privada y, por supuesto, superar las ideas de Mazzucato, que es la idea de colaboración público-privada que ha comprado gran parte de la izquierda española. Y pensar en cómo fortalecemos una industria pública donde los riesgos estén desplazados al sector privado y los beneficios sean retornados como bien social.

Son todas unas políticas públicas que, por supuesto, requieren tiempo y análisis y mucha capacidad estratégica que no se están teniendo. Estamos perdiendo mucho tiempo, no tenemos margen para pensarlas

Viendo la izquierda que tenemos a nivel nacional y europeo, ¿cuál debería ser el papel de la izquierda? ¿qué le falta?


La izquierda lleva muchos años con una concepción institucional arcaica. Creo que lo que le falta es una concepción de la política distinta y le falta enteder la realidad y el mundo actual tal y como es. La izquierda, la española concretamente, se guía por modelos de hace 30 años. Se sigue guiando por un neoliberalismo tal y como se inició con Thatcher. Pero el neoliberalismo no es solo una ideología, sino que es un proceso que comienza en un punto y se extiende. Entonces lo primero que le falta a la izquierda es el análisis de ese proceso neoliberal, desde que llegó Felipe González hasta que estalló la crisis financia y cuál ha sido la transformación de la economía en estos años. Una vez hecho esto se podría recuperar su papel y plantear políticas distintas.

Para llevar a cabo esto sería conveniente que buena parte de los pensamientos y los debates de la izquierda no estuvieran tan reducidos y restringidos al grupo de teóricos que se ocupa del Estado, o sea, de Podemos y sus intelectuales. Creo que ese proceso debería abrirse a otras corrientes intelectuales que puedan entender la complejidad de los cambios, que son muy difíciles de comprender si nos atenemos a los planteamientos que tienen del Estado gente desde Pablo Iglesias a Carlos Prieto. Creo que es necesaria una innovación política.

En tu libro defiendes en todo momento que esta victoria de la hegemonía tecnológica estadounidense se ha dado gracias a la enorme inversión que hicieron durante la Guerra Fría. Actualmente presenciamos lo que llaman una “guerra comercial” entre Estados Unidos y China con factores tecnológicos de por medio. ¿Nos encontramos en un periodo parecido al de la Guerra Fría?


Los comentaristas occidentales tienden a decir que estamos en una Guerra Fría, porque eso les permite aplicar medidas excepcionales.

¿Militaristas?


Autoritarias, en el caso que sean. La Guerra Fría permitió a Estados Unidos, a través de discursos como la seguridad nacional, desplazar una enorme cantidad de recursos desde lo público al sector privado. Así es como nació Silicon Valley. Después la financiación de la industria tecnológica cayó en manos de los capitalistas de riesgo. Y luego, recayó sobre los fondos de inversión soberanos. Es decir, ahora son los fondos soberanos de los países los que están, en cierto modo, auspiciando el desarrollo tecnológico.

Entonces ahora lo que tenemos es una guerra entre el capital chino, como el que está detrás de empresas como Airbnb; el capital estadounidense, como Goldman Sachs, que está detrás de Uber; Amazon o Alphabet y el capital global, principalmente SoftBank, uno de los fondos de inversión con más dinero del planeta y otros dos millonarios japoneses, básicamente.

Pero hay otra cuestión: la manera en la que Estados Unidos y China han accedido al mercado neoliberal global. Estados Unidos liberalizó y privatizó. China escogió un modelo de capitalismo de Estado donde un poder central controlaba los flujos de capital. Entonces, en este momento donde China ha escogido la soberanía tecnológica, lo que nos encontramos no es otra cosa que un enfrentamiento interestatal en torno al 5G, que no es igual al de Guerra Fría, basado en el terror a la guerra nuclear.

Entonces, ¿qué decantará está lucha? Sencillamente, lo que se hizo durante la II Guerra Mundial: cuando más afectados se ven por la crisis global, le dirán a los aliados que en este caso son las empresas europeas (más que sus gobiernos) las que tiene acuerdos con China que dependen enteramente de Estados Unidos en materia comercial y de seguridad. Huawei es la amenaza competitiva más grande a largo plazo para el dominio yanqui sobre la tecnología inalámbrica.

Como es bastante probable que EE UU no pueda hacerle frente simplemente reduciendo costes, la única opción será adoptar una posición de fuerza y chantaje. Su legitimidad se ha agotado y, aunque no sabemos cuáles serán las peripecias que haga para preservar su hegemonía, Sillicon Valley será central en sus planes de futuro.

Será mucho más fácil que gane esta guerra Estados Unidos, por el enorme poder que tiene, pero yo no descartaría una nueva guerra pacífica. Habrá que esperar a elecciones, porque como salga Trump de la Casa Blanca y entre la corriente más demócrata, puede que veamos una perfecta alianza entre las dos potencias.

Leyendo el libro parece que defiendas en varias ocasiones que esta nueva oligarquía puede que nos lleve a escenarios de totalitarismo que sean incluso más duros que otros anteriores, incluso lo comparas con el Holocausto nazi. ¿Cómo explicas al lector de esta entrevista que el “bueno” de Zuckerberg pueda llegar a ser peor que Hitler?


Bueno, a mí lo que me molesta es el capital. Hitler lo que hizo fue negarle a las clases populares o a las clases proletarias su derecho a transformar las relaciones de la propiedad y ponerse a sí mismo en su lugar. Un líder carismático que anuló a las masas para establecer un sistema totalitario que mantuviera las relaciones de propiedad intactas. Eso es lo que ocurrió en la II Guerra Mundial y de hecho los empresarios alemanes estarán muy contentos de que así fuera y no hubiera una revolución comunista. Lo que yo digo es que ahora está ocurriendo un proceso muy similar, no en el sentido de que Zuckerberg sea Hitler, sino en el de que los capitalistas necesitan medidas excepcionales para establecer el orden.

Y esto viene acarreado por la enorme crisis que sufrimos en 2008 y todavía no ha terminado, es decir, las políticas de austeridad y neoliberales que se han implantado en los úlitmos diez años son totalmente autoritarias. No tenemos a Hitler, pero tenemos a gente como Mario Draghi.

Está claro que el mundo ha evolucionado y no hay cámaras de gas, pero es que en la época de Hitler los humanos eran improductivos y eran quemados en esa maquinaria de exterminio, pero ahora mismo los usuarios son extremadamente productivos. No hay un solo humano que no sea productivo. Y ese es el comportamiento autoritario: convertir a todo ser humano en algo dirigido al mercado y a las relaciones del mercado. Eso es autoritario en el sentido en el que empresas como Facebook controlan todos nuestros movimientos, desde la producción al consumo, los dos polos del mercado.

Hay una sociedad civil, pero civilizada por el capital, y para mí eso es autoritario y el capital puede ser más autoritario que cualquier gobierno como el chino. Sus lógicas solo se guían por la rentabilidad y reducir costes, y los costes que reducen esta tecnología son humanos, no productivos. ¿Y qué ocurrirá con esas personas? Expulsarlos de los mercados y de la economía va a necesitar mucha violencia. Probablemente no haya cámaras de gas, pero fíjate en las tasas de suicido anuales, u otros indicadores de males modernos. La violencia policial o los altos índices de personas encarcelados. Puede que no sea la misma violencia de antes, pero la habrá.

Y por último, ya que Google me va a joder el trabajo, ¿sabes si por lo menos ha creado ya alguna aplicación para transcribir entrevistas tan largas como esta?

[Ríe] Seguro que sí.

 

Por Yago Álvarez Barba

@EconoCabreado


publicado

2019-07-05 07:00:00

Cali, Distrito Especial. Menos democracia y una inclusión que reafirma exclusiones

Nada nuevo. Con la Ley 1933 de 2018 que caracteriza a Cali como municipio Distrito Especial, un ejercicio político de legalizar situaciones ya definidas e implementadas en la ciudad, todo sigue igual para las mayorías de marginados que la habitan.

 

“[…] José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor”.
Cien años de soledad.
Gabriel García Márquez

El último de los logros alcanzado por los políticos y los más poderosos sectores económicos de la ciudad-región Cali, durante los días finales del gobierno de Juan Manuel Santos, fue la sanción por parte de éste de la Ley que caracteriza a Cali como Distrito Especial deportivo, de servicios, turístico, cultural y empresarial. Lograron así darle cubrimiento legal a una realidad construida a lo largo de los últimos años y a través de diferentes instrumentos administrativos municipales.

La Ley 1933/18, en su exposición de motivos argumenta que Cali ha cambiado el perfil de su economía: la industria ha perdido peso en el producto interno bruto local en el que los servicios se han convertido en el sector preponderante.

No existe error en ello. La capital del Valle del Cauca se volvió atractiva para los negocios, para lo cual y por lo cual se tomaron medidas a lo largo de varios años que permitieron superar su crisis fiscal. Se ejecutó, asimismo, una política fundamentada en que la crisis la pagamos todos, implicando reducción del gasto social para garantizar la cancelación de la deuda, de lo cual hace parte la imposición de un Fondo de Capitalización de Emcali, la realización de obras por Valorización por beneficio general –denominadas Megaobras–, y se realizó la Actualización catastral, con la consecuencia lógica del Incremento del Impuesto Predial Unificado (IPU). Un desangre de los bolsillos de los sectores populares de la ciudad, sin que ello se tradujera en un mejoramiento del indicador de desempleo que, por el contrario, nunca bajó de dos dígitos, superior al promedio nacional.

En la misma motivación en comento, se señala que la dinámica participativa en el PIB del Valle de la ciudad es del 50 por ciento y se resalta que “Cali, decidió emprender un proceso de Renovación Urbana que catapulte a esta como una Ciudad Moderna, y en virtud de lo anterior ha decidido realizar unas Megaobras que le darán un toque de exclusividad en el entorno internacional y local”.

 

Modelo de ciudad para unos pocos

 

Hasta aquí todo parece bonito para todos, pero no es así. A la par que los bolsillos de las mayorías se veían esquilmados y el desempleo dejaba en el pavimento a miles, la supuesta “modernización” de la Sultana trajo para los caleños, sectores medios y pobres, la expulsión de sus lugares de habitación, el desalojo y despojo, afectaron unas 8.700 familias al oriente de Cali en el Jarillón del Río Cauca, barrios como Brisas del Cauca, sectores como las Vegas - Venecia, Samanes y Navarro. En los barrios del centro de la ciudad, como El Calvario, Sucre y San Pascual, se vivió la gentrificación y la expropiación administrativa, algunas familias continúan resistiendo. En la comuna 17, de estratos 5 y 6, en el barrio Valle de Lili, se aprobó mediante plan parcial la construcción de una terminal de transporte masivo MIO sobre el humedal El Cortijo, afectando adicionalmente la calidad de vida de sus habitantes, hoy se encuentra suspendido este proyecto por disposición judicial en respuesta a demanda presentada por la comunidad del sector. El Estado, acompañó sus políticas de modernización con la fuerza represiva del Esmad. Y, finalmente, se intensificó la democracia restringida, pues estas medidas no contaron con la participación efectiva de la población, como sí lo fue la superación de la crisis fiscal.

De manera simultánea se aprobaron, en perspectiva de mediano y largo plazo –según el interés de quienes han controlado la economía y la política local/regional–, o lo que es lo mismo: en beneficio de un sector social –los dueños del mercado– los Acuerdos municipales 326 de 2012 y 396 de 2016, planes de desarrollo de los gobiernos de Rodrigo Guerrero y Maurice Armitage respectivamente, el Acuerdo 373 de 2014 –Plan de Ordenamiento Territorial–, que implementa la Agenda Regional de competitividad y los dispositivos de “Cali ciudad región”, en materia turística, de servicios, de infraestructura.

Construir la ciudad atractiva para los negocios, como perspectiva supuesta de desarrollo, también demandó una mirada nacional de mayor alcance. Los acuerdos amparados en la ley 1454 de 2011 abrieron el camino para concretar la participación en la Asociación de ciudades capitales y el retiro de la Federación Nacional de Municipios (Acuerdo 337 de 2012); la aprobación de la Región de Planificación y Gestión G11 (Acuerdo 362 de 2014), acuerdo articulado con las disposiciones contenidas en el Plan Nación de Desarrollo –ley 1450– dentro del proyecto de conectividad Pacífico - Orinoquia. El principal efecto de la política establecida en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Loot), es que esas regiones, a diferencia de las entidades territoriales, no amplían el ejercicio democrático de elegir sus autoridades, sino que se constituyen en organizaciones de derecho público, con personería jurídica, patrimonio propio y son orientadas por una junta directiva (ley 1454).

Una proyección y cambio en el perfil económico de la ciudad-región entrelazado con el capital internacional. En marzo de 2014 los medios de comunicación informaban que: “La Corporación Financiera Internacional (IFC), institución para el sector privado del Grupo del Banco Mundial, firmó un acuerdo con el municipio, Emcali, la Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca (FDI-GIP) y la Cámara de Comercio para convertir a Cali en una ‘smart city’ o ciudad inteligente. Modelo de competitividad, innovación y sostenibilidad”.

También se tomaron decisiones sobre el territorio, mediante el Acuerdo 373 de 2014, la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, que materializa a nivel local el modelo de desarrollo impuesto en el país.

Modelo de desarrollo nacional que se traduce en una frase de la ley 1450 –Plan Nacional de Desarrollo–: “El mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”. Modelo que a su vez fundamenta la política de la competitividad y el establecimiento de regiones, no como entidades territoriales sino como formas de asociatividad en el marco de la competitividad, y adopta las recomendaciones del Banco Mundial, consignadas en el documento de informe de desarrollo 2009 titulado: “Nueva Geografía Económica”, el cual consigna las tres dimensiones económicas: densidad (aglomeración) - Distancias (migraciones) - División (especialización).

En esta misma perspectiva, los contenidas del POT de Cali (Acuerdo 373 de 2014), señalan a esta urbe como núcleo central de la región de ciudades. Se propone la consolidación de una agenda regional, bajo el amparo del G11. También se propone implementar la Agenda regional, que consigna, entre otros asuntos: Fortalecimiento de infraestructura para la conectividad; consolidación del puerto fluvial, turístico y de carga sobre el rio Cauca, y Cali capital del Pacífico y sede de la Alianza Pacífico.

Es así como en los artículos 5, 12, 13 del POT, se plantean el propósito de la “Consolidación de Cali como Distrito”, y detallan “Potenciar la ciudad como Distrito Turístico, Cultural y Deportivo”. Proyectan, de igual manera, que la Política de Especialización consolida la ciudad como centro de servicios competitivo y de aprovechamiento de las potencialidades culturales, deportivas, de salud, de los elementos singulares para actividades turísticas y eco-turísticas. Igualmente, garantiza corredores de actividad económica y las agrupaciones empresariales o clústers. Esto territorializado en el “Modelo ciudades dentro de la ciudad”. Como puede deducirse, son los elementos característicos del Distrito Especial, aprobado cuatro años después.


Arroyando

 

Toda esta política se diseñó, aprobó e implementó a lo largo de varios años, vulnerando derechos como la consulta previa a las comunidades negras, las cuales para efectos turísticos existen (festival Petronio Álvarez), y se argumentan los indicadores de población del Dane (la ciudad cuantitativamente con la mayor concentración de comunidad negra de Colombia), pero cuando se trata de participar en la toma de decisiones no existen como sujetos de consulta previa –al amparo de la ley 21 de 1991 (ratifica el convenio 169 de la OIT).

Otros derechos vulnerados se dieron en el marco de Proyectos como el del centro comercial, de servicios e intercambios mercantiles “Ciudad Paraíso”, que también incluye la denominada Ciudadela de La Justicia, que para hacerlo posible implicó una alianza público-privada enmarcada en un documento denominado “Plan parcial”, decretando, para facilitar su construcción, hasta la expropiación por vía administrativa de los moradores ancestrales, propietarios de los inmuebles de los barrios Sucre, El Calvario, San Pascual.

Despoblando, desplazando, negando derechos a las comunidades que habitan la ribera del Río Cauca, así se ha procedido para hacer realidad otro proyecto legalizado por el POT: la reactivación del transporte fluvial de pasajeros y de mercancía, abriéndole campo al unísono al turismo y la recreación como actividades complementarias.

Establecidos estos cambios en la vida de la ciudadanía caleña, sin participación alguna, era necesario profundizar y salvar obstáculos legales para acceder a otros recursos de manera más directa, como las regalías. Varios proyectos de ley se presentaron buscando este objetivo: el 054, 058, 068 de 2014; Proyecto de ley 039 de 2015, y el Proyecto de ley 149 de 2016 que acumula las características de deportivo, turístico, cultural, empresarial y de servicios.


Así llegamos a la ley 1933 de 2018, que para comprenderla debe ser analizada a la luz de la ley 1617 de 2013, que regula la categoría de municipios denominada Distritos Especiales. Ley que a su vez reglamenta lo determinado en la Loot, ley 1454 de 2011, que en el artículo 29 numeral 3 sobre los Distritos Especiales, establece como funciones:

a) Dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales de sus habitantes y atribuir competencias y funciones administrativas.

b) Organizarse como áreas metropolitanas, siempre que existan unas relaciones físicas, sociales y económicas que den lugar al conjunto de dicha característica y coordinar el desarrollo del espacio territorial integrado por medio de la racionalización de la prestación de sus servicios y la ejecución de obras de interés metropolitano.
La obligación de dividir el territorio en localidades, teniendo en cuenta la “Homogeneidad relativa desde el punto de vista geográfico, social, cultural y económico”, significa legalizar lo que es una realidad en Cali, caracterizada por las profundas diferencias sociales y desequilibrios territoriales, y el reconocimiento legal de las dinámicas socioeconómicas determinadas en el territorio.

Ser Distrito implica subdividir el territorio por localidades, que cada una maneje recursos públicos y contar con el aprovechamiento de los recursos y ventajas derivadas de las características especiales. Ya sabemos cuáles pueden ser las localidades que ya tienen un acondicionamiento para lo turístico, deportivo, cultural, oferta de servicios o lo empresarial, las mismas que se beneficiarán de ese acumulado; las demás localidades solo esperarán los recursos que les transfieran del presupuesto central a través de los Fondos de desarrollo local.

Es así como la caracterización del municipio de Cali como Distrito Especial, potencia en el territorio los negocios ya establecidos (las centralidades, los escenarios deportivos, la zona de expansión donde se instalan negocios particulares como Zona América (zona franca) y/o macro-proyectos como el de vivienda “Santa Fe”, o la instalación de terminales de transporte colectivo e intermunicipal al sur –afectando el humedal El Cortijo–. O lo sucedido en los parqueaderos de la Plaza de Toros –arboricidio–, para darle paso al desarrollo comercial).

Al mismo tiempo, y con intereses claramente establecidos, potencia la re-densificación, la revalorización de las tierras urbanas, el incremento del impuesto predial, profundiza las desigualdades territoriales respecto de la oferta de bienes y servicios públicos y plantea un nuevo orden administrativo, fiscal y territorial, es decir, “el estado hasta donde sea necesario”.

Tenemos así, una reorganización de la ciudad, cocinada a lo largo de varios años, consolidada al final del gobierno Santos, como concreción de un proyecto de ciudad-región para el goce y beneficio de la minoría que siempre la ha regentado y maladministrado, llevando a la ruina a miles de sus pobladores. En el futuro cercano y lejano, si las mayorías no rompen la pasividad, no será distinto.

 


Recuadro


La voz de las mayorías

 

De la exclusión, expulsión, despojo, desalojo y violencia del estado municipal para imponer normas en beneficio de grandes inversionistas, nacen las protestas y resistencias de las comunidades en Cali.

Para los excluidos, es importante la construcción de una agenda de ciudad, y la participación en la definición e implementación de la misma, que permita reconstruir nuestra identidad colectiva y plantearnos una alternativa para rescatar el manejo administrativo de lo público, privatizado por las elites económicas. Tener una fuerte incidencia política en las definiciones de las localidades, que cambie la lógica del desarrollo norte-sur y se redefina pensando un desarrollo más incluyente y equilibrado en el eje oriente-occidente (las comunas del Distrito de Aguablanca y las de la zona de ladera). Un estado que responda a las demandas de garantizar el “derecho a la ciudad”.

Igualmente, abrir escenarios de debate vecinales donde nos preguntemos: ¿Es posible un nuevo pacto social en Cali que supere los escenarios de exclusión y violencia? (Ciudad Paraíso, Humedal el Cortijo, Julio Rincón, Jarillón, etcétera). ¿Es necesario un cambio del ordenamiento territorial, que no lo hizo la ley 1933, para resolver temas de conurbación, de subregión y de ciudad región? ¿Es posible la construcción de un escenario de transformación económica, social, cultural, político, a partir de la implementación de la ley Cali Distrito Especial?

Esta realidad de una ciudad proyectada de acuerdo con los intereses de la minoría, coincide con la implementación del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque, que le da mayor impulso a las políticas del mercado, incorporando el concepto de región funcional establecido por la Ocde* y subdividiendo el territorio por regiones y subregiones, promoviendo la asociatividad de entidades territoriales que flexibilice las fronteras político administrativas en beneficio de las dinámicas del mercado.

Según el documento, Bases del plan de desarrollo 2019-2022 “En la región funcional se tratan de explicar procesos de integración de territorios a partir del alcance que ejercen determinados polos o centros (nodos) según su jerarquía y fuerza de articulación y los vínculos existentes entre sus habitantes y su integración funcional. La región nodal o funcional no responde al principio de homogeneidad, sino a la función de articulación interna que genera una estructura organizada. Se establece a partir del análisis de densidad de redes de circulación y flujos de personas, bienes e información, es decir, a partir de la interacción entre lugares (Gasca; 2009. Citado en Rodríguez, Manent; 2016)”. En el mismo documento señala “Lo que se ha venido modificando en las políticas de desarrollo regional de la OCDE son los instrumentos para redistribuir los beneficios del desarrollo, que han pasado desde mecanismos de transferencias e inversiones en los territorios menos desarrollados, pasando por políticas de subsidios e incentivos, hasta políticas de mejora de la competitividad regional”.

La otra situación de coincidencia es la elección de mandatarios locales. Los aspirantes deben incorporar el debate de Cali Distrito, desde la perspectiva constitucional de establecer esta subregión como entidad territorial, con autoridades propias elegidas popularmente, que amplíen y profundicen la participación y la democracia. En el plano interno, la participación ciudadana frente a la delimitación de localidades, competencias y recursos y a nivel de subregión, adelantando procesos de consulta popular para resolver la conurbación, reorientando esta tendencia desde la perspectiva de derechos humanos, su funcionalidad y responsabilidad.

* Documento Bases del Plan Nacional de desarrollo 2019 - 2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.

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Menos democracia y una inclusión que reafirma exclusiones

Nada nuevo. Con la Ley 1933 de 2018 que caracteriza a Cali como municipio Distrito Especial, un ejercicio político de legalizar situaciones ya definidas e implementadas en la ciudad, todo sigue igual para las mayorías de marginados que la habitan.

 

“[…] José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor”.
Cien años de soledad.
Gabriel García Márquez

El último de los logros alcanzado por los políticos y los más poderosos sectores económicos de la ciudad-región Cali, durante los días finales del gobierno de Juan Manuel Santos, fue la sanción por parte de éste de la Ley que caracteriza a Cali como Distrito Especial deportivo, de servicios, turístico, cultural y empresarial. Lograron así darle cubrimiento legal a una realidad construida a lo largo de los últimos años y a través de diferentes instrumentos administrativos municipales.

La Ley 1933/18, en su exposición de motivos argumenta que Cali ha cambiado el perfil de su economía: la industria ha perdido peso en el producto interno bruto local en el que los servicios se han convertido en el sector preponderante.

No existe error en ello. La capital del Valle del Cauca se volvió atractiva para los negocios, para lo cual y por lo cual se tomaron medidas a lo largo de varios años que permitieron superar su crisis fiscal. Se ejecutó, asimismo, una política fundamentada en que la crisis la pagamos todos, implicando reducción del gasto social para garantizar la cancelación de la deuda, de lo cual hace parte la imposición de un Fondo de Capitalización de Emcali, la realización de obras por Valorización por beneficio general –denominadas Megaobras–, y se realizó la Actualización catastral, con la consecuencia lógica del Incremento del Impuesto Predial Unificado (IPU). Un desangre de los bolsillos de los sectores populares de la ciudad, sin que ello se tradujera en un mejoramiento del indicador de desempleo que, por el contrario, nunca bajó de dos dígitos, superior al promedio nacional.

En la misma motivación en comento, se señala que la dinámica participativa en el PIB del Valle de la ciudad es del 50 por ciento y se resalta que “Cali, decidió emprender un proceso de Renovación Urbana que catapulte a esta como una Ciudad Moderna, y en virtud de lo anterior ha decidido realizar unas Megaobras que le darán un toque de exclusividad en el entorno internacional y local”.

 

Modelo de ciudad para unos pocos

 

Hasta aquí todo parece bonito para todos, pero no es así. A la par que los bolsillos de las mayorías se veían esquilmados y el desempleo dejaba en el pavimento a miles, la supuesta “modernización” de la Sultana trajo para los caleños, sectores medios y pobres, la expulsión de sus lugares de habitación, el desalojo y despojo, afectaron unas 8.700 familias al oriente de Cali en el Jarillón del Río Cauca, barrios como Brisas del Cauca, sectores como las Vegas - Venecia, Samanes y Navarro. En los barrios del centro de la ciudad, como El Calvario, Sucre y San Pascual, se vivió la gentrificación y la expropiación administrativa, algunas familias continúan resistiendo. En la comuna 17, de estratos 5 y 6, en el barrio Valle de Lili, se aprobó mediante plan parcial la construcción de una terminal de transporte masivo MIO sobre el humedal El Cortijo, afectando adicionalmente la calidad de vida de sus habitantes, hoy se encuentra suspendido este proyecto por disposición judicial en respuesta a demanda presentada por la comunidad del sector. El Estado, acompañó sus políticas de modernización con la fuerza represiva del Esmad. Y, finalmente, se intensificó la democracia restringida, pues estas medidas no contaron con la participación efectiva de la población, como sí lo fue la superación de la crisis fiscal.

De manera simultánea se aprobaron, en perspectiva de mediano y largo plazo –según el interés de quienes han controlado la economía y la política local/regional–, o lo que es lo mismo: en beneficio de un sector social –los dueños del mercado– los Acuerdos municipales 326 de 2012 y 396 de 2016, planes de desarrollo de los gobiernos de Rodrigo Guerrero y Maurice Armitage respectivamente, el Acuerdo 373 de 2014 –Plan de Ordenamiento Territorial–, que implementa la Agenda Regional de competitividad y los dispositivos de “Cali ciudad región”, en materia turística, de servicios, de infraestructura.

Construir la ciudad atractiva para los negocios, como perspectiva supuesta de desarrollo, también demandó una mirada nacional de mayor alcance. Los acuerdos amparados en la ley 1454 de 2011 abrieron el camino para concretar la participación en la Asociación de ciudades capitales y el retiro de la Federación Nacional de Municipios (Acuerdo 337 de 2012); la aprobación de la Región de Planificación y Gestión G11 (Acuerdo 362 de 2014), acuerdo articulado con las disposiciones contenidas en el Plan Nación de Desarrollo –ley 1450– dentro del proyecto de conectividad Pacífico - Orinoquia. El principal efecto de la política establecida en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Loot), es que esas regiones, a diferencia de las entidades territoriales, no amplían el ejercicio democrático de elegir sus autoridades, sino que se constituyen en organizaciones de derecho público, con personería jurídica, patrimonio propio y son orientadas por una junta directiva (ley 1454).

Una proyección y cambio en el perfil económico de la ciudad-región entrelazado con el capital internacional. En marzo de 2014 los medios de comunicación informaban que: “La Corporación Financiera Internacional (IFC), institución para el sector privado del Grupo del Banco Mundial, firmó un acuerdo con el municipio, Emcali, la Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca (FDI-GIP) y la Cámara de Comercio para convertir a Cali en una ‘smart city’ o ciudad inteligente. Modelo de competitividad, innovación y sostenibilidad”.

También se tomaron decisiones sobre el territorio, mediante el Acuerdo 373 de 2014, la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, que materializa a nivel local el modelo de desarrollo impuesto en el país.

Modelo de desarrollo nacional que se traduce en una frase de la ley 1450 –Plan Nacional de Desarrollo–: “El mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”. Modelo que a su vez fundamenta la política de la competitividad y el establecimiento de regiones, no como entidades territoriales sino como formas de asociatividad en el marco de la competitividad, y adopta las recomendaciones del Banco Mundial, consignadas en el documento de informe de desarrollo 2009 titulado: “Nueva Geografía Económica”, el cual consigna las tres dimensiones económicas: densidad (aglomeración) - Distancias (migraciones) - División (especialización).

En esta misma perspectiva, los contenidas del POT de Cali (Acuerdo 373 de 2014), señalan a esta urbe como núcleo central de la región de ciudades. Se propone la consolidación de una agenda regional, bajo el amparo del G11. También se propone implementar la Agenda regional, que consigna, entre otros asuntos: Fortalecimiento de infraestructura para la conectividad; consolidación del puerto fluvial, turístico y de carga sobre el rio Cauca, y Cali capital del Pacífico y sede de la Alianza Pacífico.

Es así como en los artículos 5, 12, 13 del POT, se plantean el propósito de la “Consolidación de Cali como Distrito”, y detallan “Potenciar la ciudad como Distrito Turístico, Cultural y Deportivo”. Proyectan, de igual manera, que la Política de Especialización consolida la ciudad como centro de servicios competitivo y de aprovechamiento de las potencialidades culturales, deportivas, de salud, de los elementos singulares para actividades turísticas y eco-turísticas. Igualmente, garantiza corredores de actividad económica y las agrupaciones empresariales o clústers. Esto territorializado en el “Modelo ciudades dentro de la ciudad”. Como puede deducirse, son los elementos característicos del Distrito Especial, aprobado cuatro años después.


Arroyando

 

Toda esta política se diseñó, aprobó e implementó a lo largo de varios años, vulnerando derechos como la consulta previa a las comunidades negras, las cuales para efectos turísticos existen (festival Petronio Álvarez), y se argumentan los indicadores de población del Dane (la ciudad cuantitativamente con la mayor concentración de comunidad negra de Colombia), pero cuando se trata de participar en la toma de decisiones no existen como sujetos de consulta previa –al amparo de la ley 21 de 1991 (ratifica el convenio 169 de la OIT).

Otros derechos vulnerados se dieron en el marco de Proyectos como el del centro comercial, de servicios e intercambios mercantiles “Ciudad Paraíso”, que también incluye la denominada Ciudadela de La Justicia, que para hacerlo posible implicó una alianza público-privada enmarcada en un documento denominado “Plan parcial”, decretando, para facilitar su construcción, hasta la expropiación por vía administrativa de los moradores ancestrales, propietarios de los inmuebles de los barrios Sucre, El Calvario, San Pascual.

Despoblando, desplazando, negando derechos a las comunidades que habitan la ribera del Río Cauca, así se ha procedido para hacer realidad otro proyecto legalizado por el POT: la reactivación del transporte fluvial de pasajeros y de mercancía, abriéndole campo al unísono al turismo y la recreación como actividades complementarias.

Establecidos estos cambios en la vida de la ciudadanía caleña, sin participación alguna, era necesario profundizar y salvar obstáculos legales para acceder a otros recursos de manera más directa, como las regalías. Varios proyectos de ley se presentaron buscando este objetivo: el 054, 058, 068 de 2014; Proyecto de ley 039 de 2015, y el Proyecto de ley 149 de 2016 que acumula las características de deportivo, turístico, cultural, empresarial y de servicios.


Así llegamos a la ley 1933 de 2018, que para comprenderla debe ser analizada a la luz de la ley 1617 de 2013, que regula la categoría de municipios denominada Distritos Especiales. Ley que a su vez reglamenta lo determinado en la Loot, ley 1454 de 2011, que en el artículo 29 numeral 3 sobre los Distritos Especiales, establece como funciones:

a) Dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales de sus habitantes y atribuir competencias y funciones administrativas.

b) Organizarse como áreas metropolitanas, siempre que existan unas relaciones físicas, sociales y económicas que den lugar al conjunto de dicha característica y coordinar el desarrollo del espacio territorial integrado por medio de la racionalización de la prestación de sus servicios y la ejecución de obras de interés metropolitano.
La obligación de dividir el territorio en localidades, teniendo en cuenta la “Homogeneidad relativa desde el punto de vista geográfico, social, cultural y económico”, significa legalizar lo que es una realidad en Cali, caracterizada por las profundas diferencias sociales y desequilibrios territoriales, y el reconocimiento legal de las dinámicas socioeconómicas determinadas en el territorio.

Ser Distrito implica subdividir el territorio por localidades, que cada una maneje recursos públicos y contar con el aprovechamiento de los recursos y ventajas derivadas de las características especiales. Ya sabemos cuáles pueden ser las localidades que ya tienen un acondicionamiento para lo turístico, deportivo, cultural, oferta de servicios o lo empresarial, las mismas que se beneficiarán de ese acumulado; las demás localidades solo esperarán los recursos que les transfieran del presupuesto central a través de los Fondos de desarrollo local.

Es así como la caracterización del municipio de Cali como Distrito Especial, potencia en el territorio los negocios ya establecidos (las centralidades, los escenarios deportivos, la zona de expansión donde se instalan negocios particulares como Zona América (zona franca) y/o macro-proyectos como el de vivienda “Santa Fe”, o la instalación de terminales de transporte colectivo e intermunicipal al sur –afectando el humedal El Cortijo–. O lo sucedido en los parqueaderos de la Plaza de Toros –arboricidio–, para darle paso al desarrollo comercial).

Al mismo tiempo, y con intereses claramente establecidos, potencia la re-densificación, la revalorización de las tierras urbanas, el incremento del impuesto predial, profundiza las desigualdades territoriales respecto de la oferta de bienes y servicios públicos y plantea un nuevo orden administrativo, fiscal y territorial, es decir, “el estado hasta donde sea necesario”.

Tenemos así, una reorganización de la ciudad, cocinada a lo largo de varios años, consolidada al final del gobierno Santos, como concreción de un proyecto de ciudad-región para el goce y beneficio de la minoría que siempre la ha regentado y maladministrado, llevando a la ruina a miles de sus pobladores. En el futuro cercano y lejano, si las mayorías no rompen la pasividad, no será distinto.

 


Recuadro


La voz de las mayorías

 

De la exclusión, expulsión, despojo, desalojo y violencia del estado municipal para imponer normas en beneficio de grandes inversionistas, nacen las protestas y resistencias de las comunidades en Cali.

Para los excluidos, es importante la construcción de una agenda de ciudad, y la participación en la definición e implementación de la misma, que permita reconstruir nuestra identidad colectiva y plantearnos una alternativa para rescatar el manejo administrativo de lo público, privatizado por las elites económicas. Tener una fuerte incidencia política en las definiciones de las localidades, que cambie la lógica del desarrollo norte-sur y se redefina pensando un desarrollo más incluyente y equilibrado en el eje oriente-occidente (las comunas del Distrito de Aguablanca y las de la zona de ladera). Un estado que responda a las demandas de garantizar el “derecho a la ciudad”.

Igualmente, abrir escenarios de debate vecinales donde nos preguntemos: ¿Es posible un nuevo pacto social en Cali que supere los escenarios de exclusión y violencia? (Ciudad Paraíso, Humedal el Cortijo, Julio Rincón, Jarillón, etcétera). ¿Es necesario un cambio del ordenamiento territorial, que no lo hizo la ley 1933, para resolver temas de conurbación, de subregión y de ciudad región? ¿Es posible la construcción de un escenario de transformación económica, social, cultural, político, a partir de la implementación de la ley Cali Distrito Especial?

Esta realidad de una ciudad proyectada de acuerdo con los intereses de la minoría, coincide con la implementación del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque, que le da mayor impulso a las políticas del mercado, incorporando el concepto de región funcional establecido por la Ocde* y subdividiendo el territorio por regiones y subregiones, promoviendo la asociatividad de entidades territoriales que flexibilice las fronteras político administrativas en beneficio de las dinámicas del mercado.

Según el documento, Bases del plan de desarrollo 2019-2022 “En la región funcional se tratan de explicar procesos de integración de territorios a partir del alcance que ejercen determinados polos o centros (nodos) según su jerarquía y fuerza de articulación y los vínculos existentes entre sus habitantes y su integración funcional. La región nodal o funcional no responde al principio de homogeneidad, sino a la función de articulación interna que genera una estructura organizada. Se establece a partir del análisis de densidad de redes de circulación y flujos de personas, bienes e información, es decir, a partir de la interacción entre lugares (Gasca; 2009. Citado en Rodríguez, Manent; 2016)”. En el mismo documento señala “Lo que se ha venido modificando en las políticas de desarrollo regional de la OCDE son los instrumentos para redistribuir los beneficios del desarrollo, que han pasado desde mecanismos de transferencias e inversiones en los territorios menos desarrollados, pasando por políticas de subsidios e incentivos, hasta políticas de mejora de la competitividad regional”.

La otra situación de coincidencia es la elección de mandatarios locales. Los aspirantes deben incorporar el debate de Cali Distrito, desde la perspectiva constitucional de establecer esta subregión como entidad territorial, con autoridades propias elegidas popularmente, que amplíen y profundicen la participación y la democracia. En el plano interno, la participación ciudadana frente a la delimitación de localidades, competencias y recursos y a nivel de subregión, adelantando procesos de consulta popular para resolver la conurbación, reorientando esta tendencia desde la perspectiva de derechos humanos, su funcionalidad y responsabilidad.

* Documento Bases del Plan Nacional de desarrollo 2019 - 2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.

Publicado enEdición Nº258
Miércoles, 26 Junio 2019 08:29

Una nueva cartografía global

Una nueva cartografía global

En los momentos extremos, cuando las crisis parecen traspasar las líneas habituales y alcanzar puntos de no retorno, es cuando podemos percibir con mayor claridad los cambios que se han producido en el escenario global.

En las últimas semanas emergieron algunas de las características de la nueva geopolítica que está en proceso de cristalización. La crisis en las relaciones entre EEUU e Irán mostró los realineamientos que se han producido, digamos, desde la crisis financiera de 2008, así como los límites de las principales potencias y las capacidades mostradas por las alianzas que se han ido tejiendo a raíz de aquella crisis.

El primer hecho que llama la atención es la determinación de un país como Irán para no dejarse intimidar, incluso por una gran potencia que tiene la capacidad de borrarla del mapa si se empeñara en ello.

No es cuestión solo de la determinación de los iraníes, sino también de la percepción creciente de que EEUU ya no tiene ni la voluntad ni la capacidad para empeñarse a fondo en una agresión de larga duración. Esto vale tanto para Irán como para Venezuela.

El punto de inflexión pudo haber sido Siria. El fracaso de EEUU y sus aliados, incluyendo a Israel y Arabia Saudí, en su empeño por derrocar al presidente Bashar Asad e imponer un cambio en el mando del país, mostró los límites de las alianzas tradicionales; pero también la capacidad de pequeñas organizaciones para influir en el tablero regional. En este caso, Hizbulá, que ha sido capaz de influir en el escenario sirio y, por lo tanto, en el regional.

Este último es un aspecto fundamental, ya que enseña que en una situación de gran fluidez, en la cual los equilibrios son necesariamente inestables, la presencia de actores de pequeña o mediana envergadura pueden, incluso, superar a los más potentes y tradicionales ejércitos.

La segunda cuestión que muestra la coyuntura actual es que la resolución de los conflictos puede estar fuera del control de las grandes potencias, y que la propia inercia de los acontecimientos puede desembocar en situaciones caóticas en las cuales una escalada no deseada conduzca, por ejemplo, a la utilización de armas nucleares.

Nos guste o no, y ciertamente nadie sensato apostaría a la guerra, el conflicto armado entre grandes naciones es parte del repertorio posible en situaciones extremas como las actuales. El problema radica en que el propio devenir de la crisis sistémica ha neutralizado las capacidades de negociación e intermediación vigentes en períodos anteriores. La incapacidad de las Naciones Unidas, y de otras instituciones, para moderar los ímpetus, es quizá la mayor muestra de la crisis de este tipo de mediaciones.

Por lo tanto, saldrán adelante quienes tengan mayor capacidad para afrontar las situaciones más difíciles, con mayor serenidad de ánimo y un abanico más amplio de opciones a la hora de tomar decisiones. En las guerras, las armas son importantes pero no decisivas. Las guerras del siglo XX así lo demuestran. Las potencias que llevaron la iniciativa militar en los momentos iniciales del conflicto, salieron perdedoras.

En este punto, el aspecto decisivo es la cohesión de la población y la determinación para afrontar las penurias que depara la guerra. En esta coyuntura, la potencia peor parada es la mejor armada, EEUU, mientras China parece contar con una población bastante decidida a defender lo conseguido desde 1949 a la fecha. Dicho esto, nadie puede tener la certeza de lo que sucederá, tratándose apenas de hipótesis de trabajo.

La tercera cuestión gira en torno a las alianzas que se han tejido en los últimos años, así como la incapacidad de buena parte de los Estados para ponerse a tono con la evolución global.

En efecto, la alianza entre China y Rusia es, en estos momentos, más sólida que nunca desde —por lo menos— el último medio siglo. No debemos olvidar que el triunfo de EEUU ante la Unión Soviética se debió en gran medida a que fue hábil para interponer una cuña entre las dos naciones que habían protagonizado sendas revoluciones socialistas.

En paralelo, destacan alianzas regionales nuevas, como la que tienen ambos países con Irán y Venezuela. Sin embargo, las alianzas más pujantes son la Ruta de la Seda y la Organización para la Cooperación de Shanghái. Ninguna de las dos incluye a las potencias occidentales, pero la segunda consiguió atraer a un importante país del G7, como Italia, a su esfera de influencia.

Debe anotarse, de forma muy especial, la enorme dispersión de intereses de los principales países que integran la Unión Europea que, tiempo atrás, era una aliado incondicional del EEUU. La principal característica de la UE actual consiste en la falta de norte, de proyecto propio autónomo en un escenario global que exige cohesión y unidad de mando para afrontar las dificultades con éxito.

En cuarto lugar, están las grandes tendencias históricas, de las que nadie puede escapar, aunque actúan en el largo plazo. La primera de estas tendencias es el declive de Occidente y el ascenso de la región de Asia Pacífico como relevo hegemónico. Un proceso que puede durar todo lo que resta del siglo XXI.

En paralelo, y como consecuencia de este declive, se registra una crisis de las democracias occidentales, que habían sido uno de los principales atractivos de las naciones capitalistas más desarrolladas y que jugó a su favor en la competencia con la URSS. La Administración Trump es una muestra del vaciamiento de las democracias, pero se trata de un viraje de larga duración y no una coyuntura que habrá de superarse con un cambio de Gobierno.

No sabemos aún qué tipo de régimen habrá de suceder a las democracias. La hegemonía asiática en construcción enseña, como señala el analista brasileño José Luis Fiori, que para representar los intereses de los pueblos no es imprescindible que exista un sistema electoral de competencia de partidos. La legitimidad de los gobernantes puede conseguirse de otros modos, en tanto los sistemas electorales se han convertido en el dominio de una oligarquía de ricos y poderosos.

 

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