Cali, Distrito Especial. Menos democracia y una inclusión que reafirma exclusiones

Nada nuevo. Con la Ley 1933 de 2018 que caracteriza a Cali como municipio Distrito Especial, un ejercicio político de legalizar situaciones ya definidas e implementadas en la ciudad, todo sigue igual para las mayorías de marginados que la habitan.

 

“[…] José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor”.
Cien años de soledad.
Gabriel García Márquez

El último de los logros alcanzado por los políticos y los más poderosos sectores económicos de la ciudad-región Cali, durante los días finales del gobierno de Juan Manuel Santos, fue la sanción por parte de éste de la Ley que caracteriza a Cali como Distrito Especial deportivo, de servicios, turístico, cultural y empresarial. Lograron así darle cubrimiento legal a una realidad construida a lo largo de los últimos años y a través de diferentes instrumentos administrativos municipales.

La Ley 1933/18, en su exposición de motivos argumenta que Cali ha cambiado el perfil de su economía: la industria ha perdido peso en el producto interno bruto local en el que los servicios se han convertido en el sector preponderante.

No existe error en ello. La capital del Valle del Cauca se volvió atractiva para los negocios, para lo cual y por lo cual se tomaron medidas a lo largo de varios años que permitieron superar su crisis fiscal. Se ejecutó, asimismo, una política fundamentada en que la crisis la pagamos todos, implicando reducción del gasto social para garantizar la cancelación de la deuda, de lo cual hace parte la imposición de un Fondo de Capitalización de Emcali, la realización de obras por Valorización por beneficio general –denominadas Megaobras–, y se realizó la Actualización catastral, con la consecuencia lógica del Incremento del Impuesto Predial Unificado (IPU). Un desangre de los bolsillos de los sectores populares de la ciudad, sin que ello se tradujera en un mejoramiento del indicador de desempleo que, por el contrario, nunca bajó de dos dígitos, superior al promedio nacional.

En la misma motivación en comento, se señala que la dinámica participativa en el PIB del Valle de la ciudad es del 50 por ciento y se resalta que “Cali, decidió emprender un proceso de Renovación Urbana que catapulte a esta como una Ciudad Moderna, y en virtud de lo anterior ha decidido realizar unas Megaobras que le darán un toque de exclusividad en el entorno internacional y local”.

 

Modelo de ciudad para unos pocos

 

Hasta aquí todo parece bonito para todos, pero no es así. A la par que los bolsillos de las mayorías se veían esquilmados y el desempleo dejaba en el pavimento a miles, la supuesta “modernización” de la Sultana trajo para los caleños, sectores medios y pobres, la expulsión de sus lugares de habitación, el desalojo y despojo, afectaron unas 8.700 familias al oriente de Cali en el Jarillón del Río Cauca, barrios como Brisas del Cauca, sectores como las Vegas - Venecia, Samanes y Navarro. En los barrios del centro de la ciudad, como El Calvario, Sucre y San Pascual, se vivió la gentrificación y la expropiación administrativa, algunas familias continúan resistiendo. En la comuna 17, de estratos 5 y 6, en el barrio Valle de Lili, se aprobó mediante plan parcial la construcción de una terminal de transporte masivo MIO sobre el humedal El Cortijo, afectando adicionalmente la calidad de vida de sus habitantes, hoy se encuentra suspendido este proyecto por disposición judicial en respuesta a demanda presentada por la comunidad del sector. El Estado, acompañó sus políticas de modernización con la fuerza represiva del Esmad. Y, finalmente, se intensificó la democracia restringida, pues estas medidas no contaron con la participación efectiva de la población, como sí lo fue la superación de la crisis fiscal.

De manera simultánea se aprobaron, en perspectiva de mediano y largo plazo –según el interés de quienes han controlado la economía y la política local/regional–, o lo que es lo mismo: en beneficio de un sector social –los dueños del mercado– los Acuerdos municipales 326 de 2012 y 396 de 2016, planes de desarrollo de los gobiernos de Rodrigo Guerrero y Maurice Armitage respectivamente, el Acuerdo 373 de 2014 –Plan de Ordenamiento Territorial–, que implementa la Agenda Regional de competitividad y los dispositivos de “Cali ciudad región”, en materia turística, de servicios, de infraestructura.

Construir la ciudad atractiva para los negocios, como perspectiva supuesta de desarrollo, también demandó una mirada nacional de mayor alcance. Los acuerdos amparados en la ley 1454 de 2011 abrieron el camino para concretar la participación en la Asociación de ciudades capitales y el retiro de la Federación Nacional de Municipios (Acuerdo 337 de 2012); la aprobación de la Región de Planificación y Gestión G11 (Acuerdo 362 de 2014), acuerdo articulado con las disposiciones contenidas en el Plan Nación de Desarrollo –ley 1450– dentro del proyecto de conectividad Pacífico - Orinoquia. El principal efecto de la política establecida en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Loot), es que esas regiones, a diferencia de las entidades territoriales, no amplían el ejercicio democrático de elegir sus autoridades, sino que se constituyen en organizaciones de derecho público, con personería jurídica, patrimonio propio y son orientadas por una junta directiva (ley 1454).

Una proyección y cambio en el perfil económico de la ciudad-región entrelazado con el capital internacional. En marzo de 2014 los medios de comunicación informaban que: “La Corporación Financiera Internacional (IFC), institución para el sector privado del Grupo del Banco Mundial, firmó un acuerdo con el municipio, Emcali, la Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca (FDI-GIP) y la Cámara de Comercio para convertir a Cali en una ‘smart city’ o ciudad inteligente. Modelo de competitividad, innovación y sostenibilidad”.

También se tomaron decisiones sobre el territorio, mediante el Acuerdo 373 de 2014, la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, que materializa a nivel local el modelo de desarrollo impuesto en el país.

Modelo de desarrollo nacional que se traduce en una frase de la ley 1450 –Plan Nacional de Desarrollo–: “El mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”. Modelo que a su vez fundamenta la política de la competitividad y el establecimiento de regiones, no como entidades territoriales sino como formas de asociatividad en el marco de la competitividad, y adopta las recomendaciones del Banco Mundial, consignadas en el documento de informe de desarrollo 2009 titulado: “Nueva Geografía Económica”, el cual consigna las tres dimensiones económicas: densidad (aglomeración) - Distancias (migraciones) - División (especialización).

En esta misma perspectiva, los contenidas del POT de Cali (Acuerdo 373 de 2014), señalan a esta urbe como núcleo central de la región de ciudades. Se propone la consolidación de una agenda regional, bajo el amparo del G11. También se propone implementar la Agenda regional, que consigna, entre otros asuntos: Fortalecimiento de infraestructura para la conectividad; consolidación del puerto fluvial, turístico y de carga sobre el rio Cauca, y Cali capital del Pacífico y sede de la Alianza Pacífico.

Es así como en los artículos 5, 12, 13 del POT, se plantean el propósito de la “Consolidación de Cali como Distrito”, y detallan “Potenciar la ciudad como Distrito Turístico, Cultural y Deportivo”. Proyectan, de igual manera, que la Política de Especialización consolida la ciudad como centro de servicios competitivo y de aprovechamiento de las potencialidades culturales, deportivas, de salud, de los elementos singulares para actividades turísticas y eco-turísticas. Igualmente, garantiza corredores de actividad económica y las agrupaciones empresariales o clústers. Esto territorializado en el “Modelo ciudades dentro de la ciudad”. Como puede deducirse, son los elementos característicos del Distrito Especial, aprobado cuatro años después.


Arroyando

 

Toda esta política se diseñó, aprobó e implementó a lo largo de varios años, vulnerando derechos como la consulta previa a las comunidades negras, las cuales para efectos turísticos existen (festival Petronio Álvarez), y se argumentan los indicadores de población del Dane (la ciudad cuantitativamente con la mayor concentración de comunidad negra de Colombia), pero cuando se trata de participar en la toma de decisiones no existen como sujetos de consulta previa –al amparo de la ley 21 de 1991 (ratifica el convenio 169 de la OIT).

Otros derechos vulnerados se dieron en el marco de Proyectos como el del centro comercial, de servicios e intercambios mercantiles “Ciudad Paraíso”, que también incluye la denominada Ciudadela de La Justicia, que para hacerlo posible implicó una alianza público-privada enmarcada en un documento denominado “Plan parcial”, decretando, para facilitar su construcción, hasta la expropiación por vía administrativa de los moradores ancestrales, propietarios de los inmuebles de los barrios Sucre, El Calvario, San Pascual.

Despoblando, desplazando, negando derechos a las comunidades que habitan la ribera del Río Cauca, así se ha procedido para hacer realidad otro proyecto legalizado por el POT: la reactivación del transporte fluvial de pasajeros y de mercancía, abriéndole campo al unísono al turismo y la recreación como actividades complementarias.

Establecidos estos cambios en la vida de la ciudadanía caleña, sin participación alguna, era necesario profundizar y salvar obstáculos legales para acceder a otros recursos de manera más directa, como las regalías. Varios proyectos de ley se presentaron buscando este objetivo: el 054, 058, 068 de 2014; Proyecto de ley 039 de 2015, y el Proyecto de ley 149 de 2016 que acumula las características de deportivo, turístico, cultural, empresarial y de servicios.


Así llegamos a la ley 1933 de 2018, que para comprenderla debe ser analizada a la luz de la ley 1617 de 2013, que regula la categoría de municipios denominada Distritos Especiales. Ley que a su vez reglamenta lo determinado en la Loot, ley 1454 de 2011, que en el artículo 29 numeral 3 sobre los Distritos Especiales, establece como funciones:

a) Dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales de sus habitantes y atribuir competencias y funciones administrativas.

b) Organizarse como áreas metropolitanas, siempre que existan unas relaciones físicas, sociales y económicas que den lugar al conjunto de dicha característica y coordinar el desarrollo del espacio territorial integrado por medio de la racionalización de la prestación de sus servicios y la ejecución de obras de interés metropolitano.
La obligación de dividir el territorio en localidades, teniendo en cuenta la “Homogeneidad relativa desde el punto de vista geográfico, social, cultural y económico”, significa legalizar lo que es una realidad en Cali, caracterizada por las profundas diferencias sociales y desequilibrios territoriales, y el reconocimiento legal de las dinámicas socioeconómicas determinadas en el territorio.

Ser Distrito implica subdividir el territorio por localidades, que cada una maneje recursos públicos y contar con el aprovechamiento de los recursos y ventajas derivadas de las características especiales. Ya sabemos cuáles pueden ser las localidades que ya tienen un acondicionamiento para lo turístico, deportivo, cultural, oferta de servicios o lo empresarial, las mismas que se beneficiarán de ese acumulado; las demás localidades solo esperarán los recursos que les transfieran del presupuesto central a través de los Fondos de desarrollo local.

Es así como la caracterización del municipio de Cali como Distrito Especial, potencia en el territorio los negocios ya establecidos (las centralidades, los escenarios deportivos, la zona de expansión donde se instalan negocios particulares como Zona América (zona franca) y/o macro-proyectos como el de vivienda “Santa Fe”, o la instalación de terminales de transporte colectivo e intermunicipal al sur –afectando el humedal El Cortijo–. O lo sucedido en los parqueaderos de la Plaza de Toros –arboricidio–, para darle paso al desarrollo comercial).

Al mismo tiempo, y con intereses claramente establecidos, potencia la re-densificación, la revalorización de las tierras urbanas, el incremento del impuesto predial, profundiza las desigualdades territoriales respecto de la oferta de bienes y servicios públicos y plantea un nuevo orden administrativo, fiscal y territorial, es decir, “el estado hasta donde sea necesario”.

Tenemos así, una reorganización de la ciudad, cocinada a lo largo de varios años, consolidada al final del gobierno Santos, como concreción de un proyecto de ciudad-región para el goce y beneficio de la minoría que siempre la ha regentado y maladministrado, llevando a la ruina a miles de sus pobladores. En el futuro cercano y lejano, si las mayorías no rompen la pasividad, no será distinto.

 


Recuadro


La voz de las mayorías

 

De la exclusión, expulsión, despojo, desalojo y violencia del estado municipal para imponer normas en beneficio de grandes inversionistas, nacen las protestas y resistencias de las comunidades en Cali.

Para los excluidos, es importante la construcción de una agenda de ciudad, y la participación en la definición e implementación de la misma, que permita reconstruir nuestra identidad colectiva y plantearnos una alternativa para rescatar el manejo administrativo de lo público, privatizado por las elites económicas. Tener una fuerte incidencia política en las definiciones de las localidades, que cambie la lógica del desarrollo norte-sur y se redefina pensando un desarrollo más incluyente y equilibrado en el eje oriente-occidente (las comunas del Distrito de Aguablanca y las de la zona de ladera). Un estado que responda a las demandas de garantizar el “derecho a la ciudad”.

Igualmente, abrir escenarios de debate vecinales donde nos preguntemos: ¿Es posible un nuevo pacto social en Cali que supere los escenarios de exclusión y violencia? (Ciudad Paraíso, Humedal el Cortijo, Julio Rincón, Jarillón, etcétera). ¿Es necesario un cambio del ordenamiento territorial, que no lo hizo la ley 1933, para resolver temas de conurbación, de subregión y de ciudad región? ¿Es posible la construcción de un escenario de transformación económica, social, cultural, político, a partir de la implementación de la ley Cali Distrito Especial?

Esta realidad de una ciudad proyectada de acuerdo con los intereses de la minoría, coincide con la implementación del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque, que le da mayor impulso a las políticas del mercado, incorporando el concepto de región funcional establecido por la Ocde* y subdividiendo el territorio por regiones y subregiones, promoviendo la asociatividad de entidades territoriales que flexibilice las fronteras político administrativas en beneficio de las dinámicas del mercado.

Según el documento, Bases del plan de desarrollo 2019-2022 “En la región funcional se tratan de explicar procesos de integración de territorios a partir del alcance que ejercen determinados polos o centros (nodos) según su jerarquía y fuerza de articulación y los vínculos existentes entre sus habitantes y su integración funcional. La región nodal o funcional no responde al principio de homogeneidad, sino a la función de articulación interna que genera una estructura organizada. Se establece a partir del análisis de densidad de redes de circulación y flujos de personas, bienes e información, es decir, a partir de la interacción entre lugares (Gasca; 2009. Citado en Rodríguez, Manent; 2016)”. En el mismo documento señala “Lo que se ha venido modificando en las políticas de desarrollo regional de la OCDE son los instrumentos para redistribuir los beneficios del desarrollo, que han pasado desde mecanismos de transferencias e inversiones en los territorios menos desarrollados, pasando por políticas de subsidios e incentivos, hasta políticas de mejora de la competitividad regional”.

La otra situación de coincidencia es la elección de mandatarios locales. Los aspirantes deben incorporar el debate de Cali Distrito, desde la perspectiva constitucional de establecer esta subregión como entidad territorial, con autoridades propias elegidas popularmente, que amplíen y profundicen la participación y la democracia. En el plano interno, la participación ciudadana frente a la delimitación de localidades, competencias y recursos y a nivel de subregión, adelantando procesos de consulta popular para resolver la conurbación, reorientando esta tendencia desde la perspectiva de derechos humanos, su funcionalidad y responsabilidad.

* Documento Bases del Plan Nacional de desarrollo 2019 - 2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.

Publicado enColombia
Menos democracia y una inclusión que reafirma exclusiones

Nada nuevo. Con la Ley 1933 de 2018 que caracteriza a Cali como municipio Distrito Especial, un ejercicio político de legalizar situaciones ya definidas e implementadas en la ciudad, todo sigue igual para las mayorías de marginados que la habitan.

 

“[…] José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor”.
Cien años de soledad.
Gabriel García Márquez

El último de los logros alcanzado por los políticos y los más poderosos sectores económicos de la ciudad-región Cali, durante los días finales del gobierno de Juan Manuel Santos, fue la sanción por parte de éste de la Ley que caracteriza a Cali como Distrito Especial deportivo, de servicios, turístico, cultural y empresarial. Lograron así darle cubrimiento legal a una realidad construida a lo largo de los últimos años y a través de diferentes instrumentos administrativos municipales.

La Ley 1933/18, en su exposición de motivos argumenta que Cali ha cambiado el perfil de su economía: la industria ha perdido peso en el producto interno bruto local en el que los servicios se han convertido en el sector preponderante.

No existe error en ello. La capital del Valle del Cauca se volvió atractiva para los negocios, para lo cual y por lo cual se tomaron medidas a lo largo de varios años que permitieron superar su crisis fiscal. Se ejecutó, asimismo, una política fundamentada en que la crisis la pagamos todos, implicando reducción del gasto social para garantizar la cancelación de la deuda, de lo cual hace parte la imposición de un Fondo de Capitalización de Emcali, la realización de obras por Valorización por beneficio general –denominadas Megaobras–, y se realizó la Actualización catastral, con la consecuencia lógica del Incremento del Impuesto Predial Unificado (IPU). Un desangre de los bolsillos de los sectores populares de la ciudad, sin que ello se tradujera en un mejoramiento del indicador de desempleo que, por el contrario, nunca bajó de dos dígitos, superior al promedio nacional.

En la misma motivación en comento, se señala que la dinámica participativa en el PIB del Valle de la ciudad es del 50 por ciento y se resalta que “Cali, decidió emprender un proceso de Renovación Urbana que catapulte a esta como una Ciudad Moderna, y en virtud de lo anterior ha decidido realizar unas Megaobras que le darán un toque de exclusividad en el entorno internacional y local”.

 

Modelo de ciudad para unos pocos

 

Hasta aquí todo parece bonito para todos, pero no es así. A la par que los bolsillos de las mayorías se veían esquilmados y el desempleo dejaba en el pavimento a miles, la supuesta “modernización” de la Sultana trajo para los caleños, sectores medios y pobres, la expulsión de sus lugares de habitación, el desalojo y despojo, afectaron unas 8.700 familias al oriente de Cali en el Jarillón del Río Cauca, barrios como Brisas del Cauca, sectores como las Vegas - Venecia, Samanes y Navarro. En los barrios del centro de la ciudad, como El Calvario, Sucre y San Pascual, se vivió la gentrificación y la expropiación administrativa, algunas familias continúan resistiendo. En la comuna 17, de estratos 5 y 6, en el barrio Valle de Lili, se aprobó mediante plan parcial la construcción de una terminal de transporte masivo MIO sobre el humedal El Cortijo, afectando adicionalmente la calidad de vida de sus habitantes, hoy se encuentra suspendido este proyecto por disposición judicial en respuesta a demanda presentada por la comunidad del sector. El Estado, acompañó sus políticas de modernización con la fuerza represiva del Esmad. Y, finalmente, se intensificó la democracia restringida, pues estas medidas no contaron con la participación efectiva de la población, como sí lo fue la superación de la crisis fiscal.

De manera simultánea se aprobaron, en perspectiva de mediano y largo plazo –según el interés de quienes han controlado la economía y la política local/regional–, o lo que es lo mismo: en beneficio de un sector social –los dueños del mercado– los Acuerdos municipales 326 de 2012 y 396 de 2016, planes de desarrollo de los gobiernos de Rodrigo Guerrero y Maurice Armitage respectivamente, el Acuerdo 373 de 2014 –Plan de Ordenamiento Territorial–, que implementa la Agenda Regional de competitividad y los dispositivos de “Cali ciudad región”, en materia turística, de servicios, de infraestructura.

Construir la ciudad atractiva para los negocios, como perspectiva supuesta de desarrollo, también demandó una mirada nacional de mayor alcance. Los acuerdos amparados en la ley 1454 de 2011 abrieron el camino para concretar la participación en la Asociación de ciudades capitales y el retiro de la Federación Nacional de Municipios (Acuerdo 337 de 2012); la aprobación de la Región de Planificación y Gestión G11 (Acuerdo 362 de 2014), acuerdo articulado con las disposiciones contenidas en el Plan Nación de Desarrollo –ley 1450– dentro del proyecto de conectividad Pacífico - Orinoquia. El principal efecto de la política establecida en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Loot), es que esas regiones, a diferencia de las entidades territoriales, no amplían el ejercicio democrático de elegir sus autoridades, sino que se constituyen en organizaciones de derecho público, con personería jurídica, patrimonio propio y son orientadas por una junta directiva (ley 1454).

Una proyección y cambio en el perfil económico de la ciudad-región entrelazado con el capital internacional. En marzo de 2014 los medios de comunicación informaban que: “La Corporación Financiera Internacional (IFC), institución para el sector privado del Grupo del Banco Mundial, firmó un acuerdo con el municipio, Emcali, la Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca (FDI-GIP) y la Cámara de Comercio para convertir a Cali en una ‘smart city’ o ciudad inteligente. Modelo de competitividad, innovación y sostenibilidad”.

También se tomaron decisiones sobre el territorio, mediante el Acuerdo 373 de 2014, la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, que materializa a nivel local el modelo de desarrollo impuesto en el país.

Modelo de desarrollo nacional que se traduce en una frase de la ley 1450 –Plan Nacional de Desarrollo–: “El mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”. Modelo que a su vez fundamenta la política de la competitividad y el establecimiento de regiones, no como entidades territoriales sino como formas de asociatividad en el marco de la competitividad, y adopta las recomendaciones del Banco Mundial, consignadas en el documento de informe de desarrollo 2009 titulado: “Nueva Geografía Económica”, el cual consigna las tres dimensiones económicas: densidad (aglomeración) - Distancias (migraciones) - División (especialización).

En esta misma perspectiva, los contenidas del POT de Cali (Acuerdo 373 de 2014), señalan a esta urbe como núcleo central de la región de ciudades. Se propone la consolidación de una agenda regional, bajo el amparo del G11. También se propone implementar la Agenda regional, que consigna, entre otros asuntos: Fortalecimiento de infraestructura para la conectividad; consolidación del puerto fluvial, turístico y de carga sobre el rio Cauca, y Cali capital del Pacífico y sede de la Alianza Pacífico.

Es así como en los artículos 5, 12, 13 del POT, se plantean el propósito de la “Consolidación de Cali como Distrito”, y detallan “Potenciar la ciudad como Distrito Turístico, Cultural y Deportivo”. Proyectan, de igual manera, que la Política de Especialización consolida la ciudad como centro de servicios competitivo y de aprovechamiento de las potencialidades culturales, deportivas, de salud, de los elementos singulares para actividades turísticas y eco-turísticas. Igualmente, garantiza corredores de actividad económica y las agrupaciones empresariales o clústers. Esto territorializado en el “Modelo ciudades dentro de la ciudad”. Como puede deducirse, son los elementos característicos del Distrito Especial, aprobado cuatro años después.


Arroyando

 

Toda esta política se diseñó, aprobó e implementó a lo largo de varios años, vulnerando derechos como la consulta previa a las comunidades negras, las cuales para efectos turísticos existen (festival Petronio Álvarez), y se argumentan los indicadores de población del Dane (la ciudad cuantitativamente con la mayor concentración de comunidad negra de Colombia), pero cuando se trata de participar en la toma de decisiones no existen como sujetos de consulta previa –al amparo de la ley 21 de 1991 (ratifica el convenio 169 de la OIT).

Otros derechos vulnerados se dieron en el marco de Proyectos como el del centro comercial, de servicios e intercambios mercantiles “Ciudad Paraíso”, que también incluye la denominada Ciudadela de La Justicia, que para hacerlo posible implicó una alianza público-privada enmarcada en un documento denominado “Plan parcial”, decretando, para facilitar su construcción, hasta la expropiación por vía administrativa de los moradores ancestrales, propietarios de los inmuebles de los barrios Sucre, El Calvario, San Pascual.

Despoblando, desplazando, negando derechos a las comunidades que habitan la ribera del Río Cauca, así se ha procedido para hacer realidad otro proyecto legalizado por el POT: la reactivación del transporte fluvial de pasajeros y de mercancía, abriéndole campo al unísono al turismo y la recreación como actividades complementarias.

Establecidos estos cambios en la vida de la ciudadanía caleña, sin participación alguna, era necesario profundizar y salvar obstáculos legales para acceder a otros recursos de manera más directa, como las regalías. Varios proyectos de ley se presentaron buscando este objetivo: el 054, 058, 068 de 2014; Proyecto de ley 039 de 2015, y el Proyecto de ley 149 de 2016 que acumula las características de deportivo, turístico, cultural, empresarial y de servicios.


Así llegamos a la ley 1933 de 2018, que para comprenderla debe ser analizada a la luz de la ley 1617 de 2013, que regula la categoría de municipios denominada Distritos Especiales. Ley que a su vez reglamenta lo determinado en la Loot, ley 1454 de 2011, que en el artículo 29 numeral 3 sobre los Distritos Especiales, establece como funciones:

a) Dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales de sus habitantes y atribuir competencias y funciones administrativas.

b) Organizarse como áreas metropolitanas, siempre que existan unas relaciones físicas, sociales y económicas que den lugar al conjunto de dicha característica y coordinar el desarrollo del espacio territorial integrado por medio de la racionalización de la prestación de sus servicios y la ejecución de obras de interés metropolitano.
La obligación de dividir el territorio en localidades, teniendo en cuenta la “Homogeneidad relativa desde el punto de vista geográfico, social, cultural y económico”, significa legalizar lo que es una realidad en Cali, caracterizada por las profundas diferencias sociales y desequilibrios territoriales, y el reconocimiento legal de las dinámicas socioeconómicas determinadas en el territorio.

Ser Distrito implica subdividir el territorio por localidades, que cada una maneje recursos públicos y contar con el aprovechamiento de los recursos y ventajas derivadas de las características especiales. Ya sabemos cuáles pueden ser las localidades que ya tienen un acondicionamiento para lo turístico, deportivo, cultural, oferta de servicios o lo empresarial, las mismas que se beneficiarán de ese acumulado; las demás localidades solo esperarán los recursos que les transfieran del presupuesto central a través de los Fondos de desarrollo local.

Es así como la caracterización del municipio de Cali como Distrito Especial, potencia en el territorio los negocios ya establecidos (las centralidades, los escenarios deportivos, la zona de expansión donde se instalan negocios particulares como Zona América (zona franca) y/o macro-proyectos como el de vivienda “Santa Fe”, o la instalación de terminales de transporte colectivo e intermunicipal al sur –afectando el humedal El Cortijo–. O lo sucedido en los parqueaderos de la Plaza de Toros –arboricidio–, para darle paso al desarrollo comercial).

Al mismo tiempo, y con intereses claramente establecidos, potencia la re-densificación, la revalorización de las tierras urbanas, el incremento del impuesto predial, profundiza las desigualdades territoriales respecto de la oferta de bienes y servicios públicos y plantea un nuevo orden administrativo, fiscal y territorial, es decir, “el estado hasta donde sea necesario”.

Tenemos así, una reorganización de la ciudad, cocinada a lo largo de varios años, consolidada al final del gobierno Santos, como concreción de un proyecto de ciudad-región para el goce y beneficio de la minoría que siempre la ha regentado y maladministrado, llevando a la ruina a miles de sus pobladores. En el futuro cercano y lejano, si las mayorías no rompen la pasividad, no será distinto.

 


Recuadro


La voz de las mayorías

 

De la exclusión, expulsión, despojo, desalojo y violencia del estado municipal para imponer normas en beneficio de grandes inversionistas, nacen las protestas y resistencias de las comunidades en Cali.

Para los excluidos, es importante la construcción de una agenda de ciudad, y la participación en la definición e implementación de la misma, que permita reconstruir nuestra identidad colectiva y plantearnos una alternativa para rescatar el manejo administrativo de lo público, privatizado por las elites económicas. Tener una fuerte incidencia política en las definiciones de las localidades, que cambie la lógica del desarrollo norte-sur y se redefina pensando un desarrollo más incluyente y equilibrado en el eje oriente-occidente (las comunas del Distrito de Aguablanca y las de la zona de ladera). Un estado que responda a las demandas de garantizar el “derecho a la ciudad”.

Igualmente, abrir escenarios de debate vecinales donde nos preguntemos: ¿Es posible un nuevo pacto social en Cali que supere los escenarios de exclusión y violencia? (Ciudad Paraíso, Humedal el Cortijo, Julio Rincón, Jarillón, etcétera). ¿Es necesario un cambio del ordenamiento territorial, que no lo hizo la ley 1933, para resolver temas de conurbación, de subregión y de ciudad región? ¿Es posible la construcción de un escenario de transformación económica, social, cultural, político, a partir de la implementación de la ley Cali Distrito Especial?

Esta realidad de una ciudad proyectada de acuerdo con los intereses de la minoría, coincide con la implementación del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque, que le da mayor impulso a las políticas del mercado, incorporando el concepto de región funcional establecido por la Ocde* y subdividiendo el territorio por regiones y subregiones, promoviendo la asociatividad de entidades territoriales que flexibilice las fronteras político administrativas en beneficio de las dinámicas del mercado.

Según el documento, Bases del plan de desarrollo 2019-2022 “En la región funcional se tratan de explicar procesos de integración de territorios a partir del alcance que ejercen determinados polos o centros (nodos) según su jerarquía y fuerza de articulación y los vínculos existentes entre sus habitantes y su integración funcional. La región nodal o funcional no responde al principio de homogeneidad, sino a la función de articulación interna que genera una estructura organizada. Se establece a partir del análisis de densidad de redes de circulación y flujos de personas, bienes e información, es decir, a partir de la interacción entre lugares (Gasca; 2009. Citado en Rodríguez, Manent; 2016)”. En el mismo documento señala “Lo que se ha venido modificando en las políticas de desarrollo regional de la OCDE son los instrumentos para redistribuir los beneficios del desarrollo, que han pasado desde mecanismos de transferencias e inversiones en los territorios menos desarrollados, pasando por políticas de subsidios e incentivos, hasta políticas de mejora de la competitividad regional”.

La otra situación de coincidencia es la elección de mandatarios locales. Los aspirantes deben incorporar el debate de Cali Distrito, desde la perspectiva constitucional de establecer esta subregión como entidad territorial, con autoridades propias elegidas popularmente, que amplíen y profundicen la participación y la democracia. En el plano interno, la participación ciudadana frente a la delimitación de localidades, competencias y recursos y a nivel de subregión, adelantando procesos de consulta popular para resolver la conurbación, reorientando esta tendencia desde la perspectiva de derechos humanos, su funcionalidad y responsabilidad.

* Documento Bases del Plan Nacional de desarrollo 2019 - 2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.

Publicado enEdición Nº258
Miércoles, 26 Junio 2019 08:29

Una nueva cartografía global

Una nueva cartografía global

En los momentos extremos, cuando las crisis parecen traspasar las líneas habituales y alcanzar puntos de no retorno, es cuando podemos percibir con mayor claridad los cambios que se han producido en el escenario global.

En las últimas semanas emergieron algunas de las características de la nueva geopolítica que está en proceso de cristalización. La crisis en las relaciones entre EEUU e Irán mostró los realineamientos que se han producido, digamos, desde la crisis financiera de 2008, así como los límites de las principales potencias y las capacidades mostradas por las alianzas que se han ido tejiendo a raíz de aquella crisis.

El primer hecho que llama la atención es la determinación de un país como Irán para no dejarse intimidar, incluso por una gran potencia que tiene la capacidad de borrarla del mapa si se empeñara en ello.

No es cuestión solo de la determinación de los iraníes, sino también de la percepción creciente de que EEUU ya no tiene ni la voluntad ni la capacidad para empeñarse a fondo en una agresión de larga duración. Esto vale tanto para Irán como para Venezuela.

El punto de inflexión pudo haber sido Siria. El fracaso de EEUU y sus aliados, incluyendo a Israel y Arabia Saudí, en su empeño por derrocar al presidente Bashar Asad e imponer un cambio en el mando del país, mostró los límites de las alianzas tradicionales; pero también la capacidad de pequeñas organizaciones para influir en el tablero regional. En este caso, Hizbulá, que ha sido capaz de influir en el escenario sirio y, por lo tanto, en el regional.

Este último es un aspecto fundamental, ya que enseña que en una situación de gran fluidez, en la cual los equilibrios son necesariamente inestables, la presencia de actores de pequeña o mediana envergadura pueden, incluso, superar a los más potentes y tradicionales ejércitos.

La segunda cuestión que muestra la coyuntura actual es que la resolución de los conflictos puede estar fuera del control de las grandes potencias, y que la propia inercia de los acontecimientos puede desembocar en situaciones caóticas en las cuales una escalada no deseada conduzca, por ejemplo, a la utilización de armas nucleares.

Nos guste o no, y ciertamente nadie sensato apostaría a la guerra, el conflicto armado entre grandes naciones es parte del repertorio posible en situaciones extremas como las actuales. El problema radica en que el propio devenir de la crisis sistémica ha neutralizado las capacidades de negociación e intermediación vigentes en períodos anteriores. La incapacidad de las Naciones Unidas, y de otras instituciones, para moderar los ímpetus, es quizá la mayor muestra de la crisis de este tipo de mediaciones.

Por lo tanto, saldrán adelante quienes tengan mayor capacidad para afrontar las situaciones más difíciles, con mayor serenidad de ánimo y un abanico más amplio de opciones a la hora de tomar decisiones. En las guerras, las armas son importantes pero no decisivas. Las guerras del siglo XX así lo demuestran. Las potencias que llevaron la iniciativa militar en los momentos iniciales del conflicto, salieron perdedoras.

En este punto, el aspecto decisivo es la cohesión de la población y la determinación para afrontar las penurias que depara la guerra. En esta coyuntura, la potencia peor parada es la mejor armada, EEUU, mientras China parece contar con una población bastante decidida a defender lo conseguido desde 1949 a la fecha. Dicho esto, nadie puede tener la certeza de lo que sucederá, tratándose apenas de hipótesis de trabajo.

La tercera cuestión gira en torno a las alianzas que se han tejido en los últimos años, así como la incapacidad de buena parte de los Estados para ponerse a tono con la evolución global.

En efecto, la alianza entre China y Rusia es, en estos momentos, más sólida que nunca desde —por lo menos— el último medio siglo. No debemos olvidar que el triunfo de EEUU ante la Unión Soviética se debió en gran medida a que fue hábil para interponer una cuña entre las dos naciones que habían protagonizado sendas revoluciones socialistas.

En paralelo, destacan alianzas regionales nuevas, como la que tienen ambos países con Irán y Venezuela. Sin embargo, las alianzas más pujantes son la Ruta de la Seda y la Organización para la Cooperación de Shanghái. Ninguna de las dos incluye a las potencias occidentales, pero la segunda consiguió atraer a un importante país del G7, como Italia, a su esfera de influencia.

Debe anotarse, de forma muy especial, la enorme dispersión de intereses de los principales países que integran la Unión Europea que, tiempo atrás, era una aliado incondicional del EEUU. La principal característica de la UE actual consiste en la falta de norte, de proyecto propio autónomo en un escenario global que exige cohesión y unidad de mando para afrontar las dificultades con éxito.

En cuarto lugar, están las grandes tendencias históricas, de las que nadie puede escapar, aunque actúan en el largo plazo. La primera de estas tendencias es el declive de Occidente y el ascenso de la región de Asia Pacífico como relevo hegemónico. Un proceso que puede durar todo lo que resta del siglo XXI.

En paralelo, y como consecuencia de este declive, se registra una crisis de las democracias occidentales, que habían sido uno de los principales atractivos de las naciones capitalistas más desarrolladas y que jugó a su favor en la competencia con la URSS. La Administración Trump es una muestra del vaciamiento de las democracias, pero se trata de un viraje de larga duración y no una coyuntura que habrá de superarse con un cambio de Gobierno.

No sabemos aún qué tipo de régimen habrá de suceder a las democracias. La hegemonía asiática en construcción enseña, como señala el analista brasileño José Luis Fiori, que para representar los intereses de los pueblos no es imprescindible que exista un sistema electoral de competencia de partidos. La legitimidad de los gobernantes puede conseguirse de otros modos, en tanto los sistemas electorales se han convertido en el dominio de una oligarquía de ricos y poderosos.

 

Publicado enInternacional
El nuevo informe "El Estado del Poder" alerta del creciente poder de las finanzas y plantea alternativas

Se publica la octava edición de El Estado del Poder  

Este informe, publicado en inglés por el TNI y cuya edición española corre a cargo del Transnational Institute (TNI) , FUHEM Ecosocial y ATTAC España y examina las dimensiones y dinámicas del poder financiero, y cómo los movimientos ciudadanos podrían recuperar el control sobre el dinero y las finanzas.

Las investigaciones demuestran que el protagonismo y el aumento del poder financiero ha aumentado la desigualdad, ha ralentizado la inversión en la producción ‘real’, ha incrementado la presión sobre las personas y los hogares endeudados y ha dado lugar a una merma de la responsabilidad democrática. A pesar de causar en 2008 la peor crisis financiera en décadas, el sector financiero ha emergido aún más fuerte.

El Estado del Poder 2019: Finanzas incluye nueve ensayos y dos entrevistas. Además, el informe ofrece seis Infografías que ilustran aspectos cruciales del poder financiero en el mundo: los actores principales, la geografía del poder, la concentración de riqueza, los lobbies, los crímenes de las grandes empresas y el papel de las finanzas alternativas.

Como lectura complementaria se ha editado una guía divulgativa que apoyándose en casos prácticos, explica con un lenguaje accesible qué es la financierización y los efectos que este proceso tiene sobre la economía, la sociedad, la alimentación y la naturaleza, las fuerzas que lo impulsan y las resistencias.

Esta edición del Estado del Poder, titulado ‘Finanzas’, incluye los Ensayos y Entrevistas:

El poder latente de la ciudadanía y la creación de aval público , de Ann Pettifor.

A pesar de la retórica de banqueros y políticos, las finanzas privadas dependen del sector público más de lo que creemos. Los contribuyentes en las naciones más ricas proporcionan la garantía pública de la que dependen casi todas las actividades financieras actuales. Es hora de usar ese poder para pedir cuentas a las instituciones financieras privadas e invertir en el Green New Deal.  

La lucha contra la banca : Miradas sobre el poder financiero desde los movimientos sociales . Entrevista a Simona Levi, Alvin Mosioma y Joel Benjamin

Tres activistas inspiradores de España, Reino Unido y Kenia, que obtuvieron importantes victorias contra el mundo financiero, comparten su experiencia.  

Finanzas offshore: cómo gobierna el mundo el capital, por Rodrigo Fernández y Reijer Hendrikse

El auge de la financiación offshore no se debe únicamente a la transferencia de capital a bancos de islas exóticas, sino a la creación de un sistema global de dos niveles en el que los ciudadanos comunes están sujetos a leyes e impuestos, mientras los residentes offshore viven en secreto libres de impuestos con sus fortunas apoyadas por una política monetaria expansiva.  

Altas finanzas: un sector extractivo . Entrevista con Saskia Sassen, por Nick Buxton.

Saskia Sassen explora la naturaleza extractivista de las finanzas y su particular impacto en las ciudades, así como las posibles fracturas en el poder financiero que abren la posibilidad a que los movimientos urbanos confronten y pongan las finanzas bajo control público.  

El poder del público frente a la banca .  Lecciones del Instituto de Finanzas Internacionales. Por Jaspe Blom

El apenas conocido Instituto Internacional de Finanzas es probablemente la principal razón por la que, tras la crisis económica, la reforma financiera ha sido tan limitada. Su poder procede de cómo ha representado y coordinado su actuación a escala internacional y del papel sin precedentes que los decisores le han otorgado en temas financieros.  

Finanzas globales, poder e inestabilidad , por Walden Bello

Hacer frente al poder financiero requiere examinar el poder de ciertas instituciones como los bancos “demasiado grandes para caer”, y también el papel que la financierización tiene dentro de la economía global en un contexto de sobreproducción donde la oferta supera la demanda debido a una gran desigualdad.  

Arte: capital del siglo XXI . Por Aude Launay

Las finanzas siempre han creado la realidad a partir de creencias e historias, convirtiendo números y pensamientos en fluctuaciones del mercado de valores. Es un mundo que los artistas entienden bien, desafiando al poder con sus propios medios.  

La gentrificación de los pagos . La propagación de la red financiera digital. Por Brett Scott

La fusión de finanzas y tecnología, y especialmente la fuerte promoción de los sistemas de pago digital, está “gentrificando” las finanzas con el avance de una agenda de control y vigilancia corporativa a expensas de la economía informal y la exclusión de los marginados.

Finanzas, combustibles fósiles y cambio climático . Redes de poder en Canadá. Por Mark Hudson y Katelyn Friesen

Basado en una investigación de los autores, explora la financiación, los préstamos, la propiedad e interrelaciones de los consejos de dirección, mostrando cómo empresas financieras y de combustibles fósiles en Canadá se entrelazan e impiden una transición verde.  

La próxima revolución del accionariado . Por Owen Davis

El autor se pregunta si una convergencia de activistas éticos, fondos de pensiones y políticos socialistas podrían promover una nueva revolución de accionistas que se aproxime a un modelo más redistributivo de la riqueza.  

El poder de las finanzas públicas para el futuro que deseamos . Por Lavinia Steinfort

Las finanzas públicas y la banca son más accesibles de lo que a menudo se admite, y hay muchos ejemplos de finanzas públicas que pueden inspirar para canalizar las finanzas de una manera que se aborden los desafíos sociales y ambientales actuales.

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Emerge el rostro de una dictadura tecnológica

Datos y algoritmos conforman un binomio de control que la técnica impone sobre la humanidad, sostiene José María Lassalle en su último libro. Caminamos hacia la administración matematizada del mundo


Una figura destaca sobre el horizonte de incertidumbres, malestares y miedos que acompaña el comienzo del siglo XXI. Se trata por ahora de una silueta por definir. Una imagen que todavía no refleja con exactitud sus contornos pero que proyecta una inquietud en el ambiente que nos previene frente a ella. Su aparición delata un movimiento de alzada vigorosa, que lo eleva sobre la superficie de los acontecimientos que nos acompañan a lo largo del tránsito del nuevo milenio.


Envuelta por un aliento de energía sin límites, su forma va adquiriendo volúmenes titánicos en los que se presiente la desnudez granítica de una nueva expresión de poder. Con sus gestos se anuncia el reinado político de un mundo desprovisto de ciudadanía, sin derechos ni libertad. Una época que asistirá a la extinción de la democracia liberal. Que instaurará una era mítica a la manera de las que imaginó Hesíodo, hecha de vigilancia y silicio, habitada por una raza de humanos sometidos al orden y a la seguridad. Un mundo de fibra óptica y tecnología 5G, dominado por una visión poshumana, que desbordará y marginará el concepto que hemos tenido del hombre desde la Grecia clásica hasta nuestros días.


El mundo evoluciona a lomos de la revolución digital hacia una nueva experiencia del hombre y del poder. Una evolución que parte de una resignificación del papel del ser humano debido a la introducción de un vector que lo transforma radicalmente. La causa está en la interiorización de la técnica como una parte sustancial de la idea de hombre. Esta circunstancia se desenvuelve dentro de un marco posmoderno que da por superadas las claves que definió la Ilustración filosófica del siglo XVII bajo el rótulo histórico de la Modernidad. Jean-François Lyotard explicó a finales de la década de los años setenta del siglo pasado que la condición posmoderna era el final de las grandes narrativas que habían interpretado el mundo dentro de un relato coherente de progreso y racionalidad. Para este autor la estructura intelectual de la Ilustración era insostenible debido, precisamente, a los avances técnicos y los cambios posindustriales que propiciaban las telecomunicaciones de la sociedad de la información. Estas circunstancias hacían que el humanismo, y la centralidad que atribuía este al hombre, hubiera sido desplazado como eje de interpretación del mundo por una visión científica que lo subordinaba a la técnica y a su voluntad de poder.


La revolución digital en la que estamos inmersos en la actualidad hace cada día más palpable la condición posmoderna. Y, sobre todo, contribuye a una reconfiguración del poder que está gestando una experiencia del mismo a partir de una voz de mando que es capaz de gestionar tecnológicamente la complejidad de un mundo pixelado por un aluvión infinito de datos. Hoy, los datos que genera Internet y los algoritmos matemáticos que los discriminan y organizan para nuestro consumo son un binomio de control y dominio que la técnica impone a la humanidad. Hasta el punto de que los hombres van adquiriendo la fisonomía de seres asistidos digitalmente debido, entre otras cosas, a su incapacidad para decidir por sí mismos.
Esta circunstancia hace que la humanidad viva atrapada dentro de un proceso de mutación identitaria. Un cambio que promueve una nueva utopía que transforma su naturaleza al desapoderar a los hombres de sus cuerpos y sus limitaciones físicas para convertirles en poshumanos programables algorítmicamente, esto es, seres trascendentalmente tecnológicos y potencialmente inmortales al suprimir sus anclajes orgánicos. Un cambio que adopta un proceso previo de socialización que hace de los hombres una especie de enjambre masivo sin capacidad crítica y entregado al consumo de aplicaciones tecnológicas dentro de un flujo asfixiante de información que crece exponencialmente.


La experiencia de la posmodernidad va descubriendo de este modo no solo la naturaleza fallida de la Ilustración que describió tempranamente Lyotard, sino el fracaso de los relatos que la fundaban en toda su extensión. Destacando de entre todos ellos el político, pues, como veremos, la institucionalidad de los Gobiernos democráticos y la legitimidad de las sociedades abiertas de todo Occidente se encuentran en una profunda crisis de identidad. Se ven cuestionadas en sus fundamentos por la sustitución de la ciudadanía como presupuesto de la política democrática por multitudes digitales que allanan el camino hacia lo que Paul Virilio describió como “la política de lo peor”.


Todos estos factores son los que están contribuyendo a que emerja esa figura titánica que describíamos más arriba y que adopta el rostro de una dictadura tecnológica. Una especie de concentración soberana del poder material que descansa en la gestión de la revolución digital. Gestión que ofrece orden dentro del caos y seguridad en medio de la época de catástrofes que acompaña la mutación que estamos viviendo a velocidad de vértigo. El protagonista político del siglo XXI ya está con nosotros. Todavía no ejerce su autoridad de manera plena pero va haciéndose poco a poco irresistible. Acumula poder y crece en fuerza. Se insinúa bajo modelos distintos —China y Estados Unidos son los paradigmas—, que convergen alrededor de los vectores que impulsan su desarrollo: la inteligencia artificial (IA), los algoritmos, la robótica y los datos.


Avanzamos hacia una concentración del poder inédita en la historia. Una acumulación de energía decisoria que no necesita la violencia y la fuerza para imponerse, ni tampoco un relato de legitimidad para justificar su uso. Estamos ante un monopolio indiscutible de poder basado en una estructura de sistemas algorítmicos que instaura una administración matematizada del mundo. Hablamos de un fenómeno potencialmente totalitario que es la consecuencia del colapso de nuestra civilización democrática y liberal, así como del desbordamiento de nuestra subjetividad corpórea. Se basa esencialmente en una mutación antropológica que está alterando la identidad cognitiva y existencial de los seres humanos. La digitalización masiva de la experiencia humana, tanto a escala individual como colectiva, comienza a revestir el aspecto de una catástrofe “progresiva, evolutiva, que alcanza la Tierra entera”. (…)

El siglo XXI continúa su andadura bajo el presentimiento de que es inevitable la aparición de un Ciberleviatán. Sobre sus espaldas se entrevé cómo se ordenará la complejidad planetaria que sacude nuestras vidas y que libera oleadas de malestar e incertidumbres que amenazan las estructuras clásicas de un statu quo que se volatiliza por todas partes. Lo más probable es que el Ciberleviatán se instaure por aclamación, a la manera de la dictadura pensada por Carl Schmitt. Mediando un pacto fundacional sin debate ni conflicto, como el producto de una necesidad inevitable y querida si se quiere preservar la vida bajo la membrana de una civilización tecnológica de la que ya nadie puede desprenderse para vivir.

Por José María Lasalle
7 MAY 2019 - 11:00 COT


José María Lassalle es ensayista y fue secretario de Estado de Cultura y Agenda Digital. Este texto es un extracto de su libro ‘Ciberleviatán, el fracaso de la democracia liberal frente a la revolución digital’, que publica Arpa el 8 de mayo.

“Nuestra forma de ver la democracia es diferente”

La Minga convocada por los pueblos agrupados en el Cric, a la que en primera instancia se plegaron comunidades negras y campesinas, y luego otros pueblos indígenas para así ganar el carácter de Minga nacional, sorprendió al país; su masividad y prolongación, así como convicción, no dejaron duda. El contexto en el cual fue convocada deja interrogantes. Distintas voces nos explican su participación y lectura de este suceso.

 

Con la decisión que los caracteriza, los pueblos indígenas caucanos salieron a exigir derechos. Su demanda porta todo el sustento y legitimidad que cargan las causas justas, en este caso, acceso a la tierra y presupuesto para vida digna, temas acordados en protestas anteriores. Reclaman, increíble, que les cumplan con los compromisos contraídos por anteriores gobiernos tras múltiples protestas, negociaciones y acuerdos.

Su despliegue humano tomó forma el 10 de marzo de 2019 en territorio de Caldono, desde donde dieron plazo hasta el 12 de marzo para que el presidente Duque encarara un diálogo en territorio indígena. El rechazo presidencial obligó a los manifestantes a presionar para que el Gobierno tomara en serio la protesta. Es así como miles coparon la Vía Panamericana, cuyo bloqueo se sintió con intensidad en el Cauca y Nariño.

La Minga, prolongada por 27 días, fue duramente reprimida, pese a lo cual los pobladores de esta parte del país no perdieron el control de la vía, ni cejaron en sus reclamos, hasta lograr un compromiso oficial con lo demandado. Luego de cuatro semanas de acción y resistencia, de prolongadas negociaciones con el equipo gubernamental destinado para tal fin, levantaron el bloqueo de la vía, en constancia de buena fe, para que el presidente Duque llegara al sitio de las negociaciones y firmara los compromisos contraídos. Una maniobra del mismo –sí estoy pero no me quedo–, para evitar que sus fanáticos lo vieran en posible posición de sometimiento, impidió esta escena final.

Los indígenas, campesinos y comunidades negras se retiran del sitio, fatigados por la energía demandada por la extensa jornada de lucha, ilusionados con lo firmado, pero convencidos de que este Gobierno, igual que los anteriores, dilatará el cumplimiento de lo acordado. Otras jornadas de protesta, seguramente, tomarán forma antes de finalizar Duque su presidencia para obligar con ellas a la ejecución de lo firmado en este marzo-abril de 2019.

 

A propósito de esta coyuntura, desdeabajo entrevistó a distintos actores de la misma, aquí sus palabras:

 

desdeabajo (da). ¿Cómo presenta la Minga del suroccidente?
Giovanny Yule (GY)*. La Minga es el ejercicio colectivo del pensamiento, sabiduría, palabra y acción mediante la cual todos los pueblos indígenas del suroccidente colombiano, sectores campesinos y afros hemos hecho un ejercicio de protesta en el marco del artículo 37 de la Constitución Nacional, para afianzar nuestro planteamiento político hacia el Estado, el Gobierno, la opinión pública nacional e internacional, para exigir el respeto de nuestros derechos económicos sociales y culturales, logrados con tanta lucha.

da. ¿Cuál es la evaluación que hacen de la Minga con respecto a lo pretendido y lo alcanzado tras el diálogo con el gobierno nacional? (Ver recuadro, resumen de la Minga)
GY. Bueno de los tres objetivos que planteó la Minga podemos decir que logramos avanzar en diferentes aspectos, porque logramos abrir una conversa con la opinión nacional e internacional sobre los puntos fundamentales y políticos de la Minga, que tenían que ver con el tema de tierras y territorios, situación de derechos humanos y vida, el recrudecimiento del conflicto armado en los territorios, la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, el tema del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la necesidad de la implementación de los acuerdos de La Habana, entre otros.

Podemos decir, de manera puntual, que se presentó un buen avance con la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual para los pueblos indígenas estaban destinados 10 billones de pesos, pero que habían quedado en los anexos, y con la Minga estos recursos ya quedaron dentro del marco donde se definen los presupuestos, lo que nos da más confianza a todos los pueblos indígenas. De igual forma, logramos hacer un ejercicio con múltiples organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y populares del país que ayuda a seguir avanzando en la unidad, pues la Minga fue un referente que logró tejer y articular el movimiento social en Colombia.

Lo único que quedó pendiente fue el tema de la conversación con el presidente Iván Duque, que llegó al territorio y se negó a hablar con la Minga a causa del mensaje del Fiscal general, que se inventó una amenaza de atentado. Finalmente nosotros decidimos no participar en ese espacio propuesto por el Presidente, ya que nuestra forma de ver la democracia es diferente, y la asamblea es la máxima autoridad del territorio.

da. Uno de los temas y problemáticas más álgidas en el país es el de tierras, su despojo sufrido por los pobres y concentración en manos de terratenientes, entre los cuales dicen que ustedes lo son, pues “cuentan con mucha en todas partes del país”. ¿Cómo ven ustedes la respuesta del Gobierno que sostiene que no hay tierras para vender y tampoco recursos para comprar?
GY. Nosotros podemos manifestar con mucha claridad y transparencia que todo el departamento del Cauca tiene 3`084.000 mil hectáreas y de estas los territorios colectivos indígenas representan el 17 por ciento, es decir 544.000 mil hectáreas, pero de estas 344.000 mil son territorios de sitio sagrado, en donde están los páramos, humedales, ríos, bosques, de tal manera que el 70 por ciento de las tierras colectivas son territorios que los pueblos indígenas debemos cuidar y proteger para garantizar la vida humana. Las 200.000 mil hectáreas que quedan están en una pendiente de más de 30 grados y son semifértiles, lo que hace que cultivar en ellas sea muy difícil. Además, no se puede dejar pasar que en la actualidad hay regiones –como toda la cuenca del rio Cauca– que son aptas para cultivar y se están utilizando más de 254.000 mil hectáreas para la agroindustria cañera, la cual está concentrada en las manos de apenas 5 familias. O sea, mientras 5 familias usufructúan más de 250.000 mil hectáreas, en los territorios indígenas estamos 70.000 mil familias en 200.000 mil hectáreas, lo que demuestra que no es cierto que nosotros seamos los terratenientes.

da. Entendiendo que la fuerza demostrada por el Cric en esta coyuntura los sitúa como uno de los movimientos sociales más importantes del país, ¿Cómo proyectan la coyuntura para los próximos años, para hacer cumplir todas las demás agendas que estaban articuladas en la Minga?
GY. Nosotros pensamos que nos corresponde a todo el movimiento social y popular de Colombia encontrarnos y hacer una Minga a cuatro años, en donde el ejercicio nos lleve a la reflexión de la movilización, de la palabra, del pensamiento, de la sabiduría, la imaginación en el marco del derecho universal de la protesta social. Esa Minga nos va a permitir avanzar en la posibilidad de construir la unidad en el marco de sacar nuestras plataformas políticas con las cuales hemos venido actuando desde las diferentes estructuras sociales del país. En ese sentido es muy importante convocarla, al igual que participar y respaldar las diferentes actividades proyectadas para estos días –como el paro del 25 de abril–, pero es necesario convocar una gran cumbre de regiones y allí consolidar una agenda, una ruta y una estrategia para movilizarnos en los cuatro años del gobierno de Iván Duque y el partido Centro Democrático.

* Giovanny Yule, es dinamizador político del sistema de gobierno propio del Cric.

 


 

 

 

Breve contexto de la situación de los pueblos indígenas del Tolima

 

desdeabajo (da). ¿Cómo tomaron la decisión de participar en la Minga Nacional?
Madeleine Olivero Tovar (MOT)*. Ante las constantes promesas y promesas, los pueblos indígenas nos cansamos y por eso volvimos a salir en Minga. En el año 2017 habíamos hecho una Minga en Saldaña, de la cual quedaron unos compromisos en cuanto a salud, educación, saneamiento básico, vivienda digna y otros aspectos que a la fecha no se han cumplido. Como movimiento indígena, en general, llevamos más de 1.136 acuerdos incumplidos, y por esto salimos nuevamente.

da. ¿En qué consistió su participación?
MOT. Salimos más de mil personas de diferentes pueblos, entre esos nosotros como Pijaos, y también los pueblos Nasa, al municipio de Natagaima, para exigir el cumplimiento de los acuerdos y específicamente velar por el cumplimiento del decreto 1953 que tiene que ver con la administración de nuestros propios recursos.

da. ¿Cuáles son los logros de esta jornada?
MOT. Logramos llegar a unos acuerdos concretos en temas de educación propia, deportes tradicionales, agricultura y otros temas que ayudan al fortalecimiento como pueblos.

da. ¿Cuáles son los principales conflictos que están viviendo en la actualidad los pueblos indígenas que habitan el departamento del Tolima?
MOT. Las multinacionales son la principal amenaza que tenemos como pueblos en regiones como Ortega y Purificación, porque afectan directamente nuestra pervivencia en los territorios. Este gobierno esta apuntando a que entren más proyectos mineros y ni siquiera nos están teniendo en cuenta el derecho a las consultas previas. Además, hay regiones como Ortega donde se han vivido más de 50 años de explotación de crudo y en este momento están cerrando bloques para abrir 86 nuevos pozos de explotación. Asimismo, se están desviando ríos para brindarle agua a las arroceras. Entonces, lo que vemos que están haciendo es prácticamente un proyecto de exterminio contra los pueblos indígenas, pero nosotros seguimos defendiendo el territorio y la vida. Otro de los problemas que tenemos es la politiquería, porque algunas de las autoridades indígenas se están acompañando con politiqueros de la región, y eso afecta nuestro proceso de lucha como pueblo.

* Gobernadora indígena del pueblo Pijao de Ortega–Tolima.

 


 

Participación en la Minga de los pueblos Pastos y Quillacingas



desdeabajo (da). ¿Qué entienden por Minga desde los pueblos Pastos y Quillacingas?
Jesús Fabian Trejo (JFT)*. Hablar de Minga, para nosotros, es hablar no solo de una fuerza colectiva, sino de toda una historia a lo largo de los años, pues la Minga ha sido nuestro espacio para poder adelantar trabajos del orden comunitario, pero también de pensamiento y de resistencia, que son las que tuvimos en estos últimos días. Entonces, para nosotros la Minga es esa fuerza que podemos unir de manera colectiva para adelantar cualquier tipo de trabajo.
da. En los ejercicios de los pueblos indígenas, en general, pueden verse niños, jóvenes, adultos y mayores, ¿Por qué es importante que participe toda la comunidad?
JFT. Pues bajo el entendido que le decía, para nosotros la Minga es el tema de unir toda la fuerza colectiva, pues es necesario también esa visión desde las diferentes generaciones que existen, porque no va a ser lo mismo la visión de un mayor a la de un adulto, a la de una mujer, o de un niño o un joven, porque cada quien va a tener un punto de vista, y por esto es importante convocar a todos nuestros grupos sociales, para estar unidos en Minga; eso siempre ha sido así bajo nuestros usos y costumbres.

da. ¿Cuál es la valoración que tienen de la Minga del Cauca?
JFT. Cada pueblo tiene su propia historia, sus propias realidades y consideraciones. Nosotros valoramos y respetamos muchísimo el ejercicio de los hermanos del Cauca, de hecho nos manifestamos haciendo una marcha en solidaridad con la Minga que ellos venían adelantando. Entonces, nosotros no tenemos otra visión frente a la Minga del Cauca que la del respeto y la del apoyo.

da. ¿Cuáles fueron las reivindicaciones planteadas desde los pueblos Pastos y Quillacingas?
JFT. Podemos decir que llevamos una ventaja frente al resto de organizaciones y pueblos indígenas del país, porque cuando nosotros tuvimos el paro en el año 2013, logramos concertar con el gobierno nacional la creación, mediante decreto, de lo que hoy se llama la Mesa Regional Permanente de Concertación Pastos y Quillacingas, a través de la cual nosotros tenemos la fuerza legal del derecho para poder sentar al gobierno nacional –y también nosotros como gobierno indígena– para poder hablar de cualquier tema. Esa es nuestra gran ventaja para que hoy se nos acorten los caminos para poder hablar con el gobierno nacional.

da. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron con este gobierno?
JFT. Lo más importante para nosotros era la reactivación de la mesa como tal, pues ahí nos vamos a poder seguir sentando para hablar los otros temas. En lo puntual, concertamos con el gobierno nacional la inclusión del Conpes 3811, que en materia agropecuaria es el documento más destacado –que también fue algo pactado en el año 2013 y 2014–, pero que en el anterior gobierno se cumplió en una mínima parte y hoy este gobierno ha decidido incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo, pasando de ser una política de gobierno a ser una política de Estado, y esto nosotros lo destacamos.

Ya en lo que corresponde al tema de desarrollo integral, entendiéndolo como salud, educación, vías, infraestructura, medio ambiente, justicia propia, entre otros, logramos pactar una agenda bajo la cual nos vamos a seguir reuniendo para abordar tema por tema en diferentes sesiones, donde se llegue a iniciativas, proyectos y medidas de implementación.

da. ¿Cuáles son las luchas que proyectan para los próximos años?
JFT. Nosotros tenemos claro, hoy por hoy, que somos una minoría, y de echo así lo hemos sido a lo largo de la historia. A nosotros no nos queda otra que la de validar los espacios de concertación y diálogo con el gobierno que hoy tenemos, de no ser así, sabemos que el camino será siempre la resistencia en las vías y las calles a través de la protesta, las Mingas, los paros, pero también es una lucha política por tratar de ganar nuevos espacios a nivel nacional, departamental, municipal, y de esa manera hacer más fácil nuestra presencia en lo que es gobierno y lo que es Estado.

* Gobernador del resguardo indígena de Ipiales, y coordinador de la mesa regional de concertación Pastos y Quillacingas.


 

Participación del campesinado en la Minga

 

desdeabajo (da). ¿Cuáles eran las reivindicaciones de los sectores campesinos en esta Minga?
Marylen Serna (MS)*. Desde un principio dijimos que esta era una movilización política más que reivindicativa, sin embargo, en el componente reivindicativo se logró abordar y negociar, llegando a un acuerdo que sobre todo tiene que ver con la posibilidad del acceso a la tierra, fortalecimiento de la economía campesina a través de procesos de producción y comercialización, mejoramiento y construcción de vivienda y algunos temas de garantías en derechos humanos. Las cosas que teníamos planteadas para el diálogo político, que finalmente no se logra con Iván Duque, era la posibilidad de abrir un capitulo para el campesinado en el Plan Nacional de Desarrollo, y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos; sin embargo, aún seguimos esperando ese diálogo político con el presidente.

da. En medio de la Minga, grupos armados realizaron un despliegue ofensivo militar, ¿Cómo creen que esto va a afectar a las organizaciones que habitan los territorios?
MS. Hemos sido muy claros en las organizaciones de manifestar que la Minga fue una acción autónoma, deslindada de los grupos armados. La Minga que hicimos representa las necesidades y exigencias de las comunidades, por esto siempre hemos dejado la claridad que detrás de nosotros no hay ningún actor armado. Sin embargo, la gran dificultad es que el Estado relaciona toda esta presencia de grupos armados alrededor de la movilización para profundizar la estigmatización y el señalamiento sobre la Minga, lo cual puede tener implicaciones graves sobre la vida, la integridad y la libertad de los voceros, líderes y lideresas de este movimiento, pero nosotros tenemos mucha tranquilidad porque nos movilizamos a partir de la orientación de nuestras organizaciones y comunidades, más no del querer de los actores armados.

da. Este ejercicio de Minga abre la discusión sobre la concentración de la tierra, ¿Creen que a partir de esto puede reabrirse el debate de una reforma agraria integral para Colombia?
MS. Lo que se presentó fue una distorsión muy grande sobre el tema de la tenencia de la tierra, y nosotros no logramos romper ese cerco mediático alrededor del discurso que los indígenas quieren toda la tierra para ellos; nos faltó muchísima posibilidad de plantear las cifras reales alrededor del tema de la tenencia de la tierra. Este tema, así como polarizó, permanece como un tema central para el país, por lo cual es necesario abrir el debate sobre los orígenes del conflicto armado, la cantidad de tierra acumulada por pocas familias y la realidad de una inmensa cantidad de familias que no tienen tierra para subsistir.

* Vocera del Congreso de los Pueblos, integrante del movimiento de mujeres por la vida del municipio de Cajibio.


 

¿Tiempo de reinventar el quehacer?

 

Las entrevistas aquí expuestas, además de dejar ver las múltiples participaciones y valoraciones de la Minga, nos muestran un estado actual del movimiento social en Colombia que genera algunos interrogantes que es necesario abordar: ¿Las movilizaciones tienen el fin de encontrarse y dialogar con un gobierno, que desde siempre se ha entendido como uno que va contra los sectores populares? ¿Realmente la lucha contra el Plan Nacional de Desarrollo es por ser incluidos y quedar en algún capítulo del mismo? ¿Con el proceder actual no se está reproduciendo la práctica de cada quien por lo suyo? ¿Cómo generar el encuentro entre las diferentes agendas de los movimientos sociales para hacerlas cumplir en conjunto?

Todas las múltiples realidades expresan pistas para un quehacer en conjunto, que, para avanzar en ello, seguramente lo primero por hacer es empezar a entender que la mayoría nacional –organizada o no– sufre las mismas necesidades, que lo obtenido por su trabajo o labor no alcanza para tener vida digna –salud, educación, vivienda, trabajo, entre otras–. Entonces, ¿acaso no necesitamos crear un proyecto de sociedad propia que no dependa totalmente del institucionalismo y el gobierno de turno? ¿No sería mejor cuestionar este modelo de democracia formal como un todo y abocarse por construir un referente político, cultural y social que vaya más allá de la misma, que cuente con sus propios ritmos y agendas? Sin duda, lo que tenemos ante nosotros es el reto de reinventar la política mucho más allá del Estado. Las vivencias, imaginarios y capacidades de los movimientos sociales permiten que nos propongamos un trazado total de vida propia, de autogobierno, para lo cual debemos potenciar una economía también propia, que rompa los referentes del capital, y desde ella podamos brindar autonomía y seguridad en todos los planos para los marginados de siempre.

 


 

Recuadro:


Resumen de la Minga

 

“Los tres objetivos fundamentales de esta Minga eran: primero, fortalecer la unidad de todos los pueblos indígenas, sectores sociales y populares del Cauca, el suroccidente y el país, para seguir construyendo una perspectiva y acción donde todos y todas podamos vivir en el marco de una convivencia en equilibrio y armonía, con el respeto de nuestras diferencias interculturales y pluriculturales, para avanzar en el paradigma del buen vivir de la nación. El segundo objetivo era hacer una conversación, un debate, con el Presidente de la República y la ciudadanía nacional, para manifestar nuestra inconformidad frente a las estrategias legislativas que van en retroceso de los derechos fundamentales de los pueblos y que hoy están corriendo en el Congreso de la República. El tercer objetivo era la exigencia de nuestros derechos económicos, sociales y culturales, que tiene que ver con las inversiones de los recursos en nuestros territorios indígenas, afros y campesinos, en el marco de los acuerdos que de manera sistemática han incumplido los gobiernos nacionales.


La palabra de la Minga se desarrolló sobre esos tres objetivos durante 28 días. Y en ella participamos directamente el movimiento indígena de Caldas –Cridec–, el movimiento indígena del Huila –Crihu–, el movimiento indígena del Cauca –Cric– y los sectores campesinos representados en Cna-Cima, Marcha Patriótica y Fensuagro. El corazón de la Minga se ubicó en el Pital, que es un corregimiento del municipio de Caldono, cerca de la Panamericana. El 12 de marzo, ante la negativa del presidente de ir a dialogar con la Minga, salimos más de 20 mil mingueras y mingueros, que estábamos concentrados desde el 10 y nos ubicamos en distintas partes del suroccidente colombiano; luego empezaron a llegar otros departamentos como Valle, Chocó, Antioquia, Nariño, Caquetá. Vale la pena decir que otros sectores sociales, como estudiantes, sindicatos, centrales obreras y ciudadanía en general, se unió a este ejercicio y apoyaron con remesas y visibilizando lo que iniciamos desde el sur occidente.


A los quince días del taponamiento de la vía Panamericana se inició una conversación y debate con la comisión del gobierno nacional, que tuvo al frente a la Ministra del Interior. Sin embargo, en los primeros cinco días de negociación no se pudo avanzar en nada, porque se presentaban atropellos de la fuerza pública –Esmad, ejército y policía– contra la Minga, dejando un saldo de más de 50 heridos y un compañero muerto, asesinado. Finalmente se logró llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, donde se dejaron claras unas inversiones para el movimiento indígena y campesino. De igual manera, un acuerdo de un mecanismo o decreto para los compañeros afros. Al mismo tiempo, los mingueros y mingueras se levantaron de la vía para que el Presidente se dirigiera a tener el diálogo con la Minga, propósito que finalmente no se logró”.

 

Giovanny Yule

Publicado enEdición Nº256
Los chalecos amarillos salen a la calle a desafiar a Macron y sus anuncios

Se han manifestado en contra de las medidas del Gobierno para apagar esta crisis, entre las que está la rebaja del impuesto sobre la renta a las clases medias y el progresivo restablecimiento de la indexación de las pensiones a la inflación

En esta ocasión los altercados han sido menores. En la anterior marcha, la semana pasada, hubo más de 180 detenidos



Los chalecos amarillos han salido a la calle, por vigésimo cuarto sábado consecutivo, para manifestar su rechazo a la política del presidente francés, Emmanuel Macron y muy en particular a sus anuncios del pasado jueves, según EFE. Se trata de un segundo paquete de medidas para apagar esta crisis y entre ellas está la rebaja del impuesto sobre la renta a las clases medias y el progresivo restablecimiento de la indexación de las pensiones a la inflación.


En París la manifestación más nutrida en la que han participado los chalecos amarillos, había sido convocada por el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), con el apoyo de los partidos más escorados a la izquierda, como Francia Insumisa (LFI) y el Partido Comunista Francés (PCF).


Varios miles de personas, una parte de ellas con chalecos rojos de la CGT, han desfilado de manera pacífica en la marcha entre la estación de Montparnasse y la plaza de Italia. Las autoridades habían prohibido en la capital las concentraciones en la avenida de los Campos Elíseos y en el entorno de la catedral de Notre Dame.


Ha destacado la presencia de diferentes miembros de LFI, como su líder, Jean-Luc Mélenchon, pero también algunas figuras de los chalecos amarillos como Priscillia Ludosky. Otro grupo de chalecos amarillos ha decidido recorrer sedes de algunos de los grandes medios audiovisuales, con el objetivo de quejarse de "un tratamiento parcial" de su movimiento.
Además de en París, en Estrasburgo ha habido otra convocatoria para una manifestación "nacional e internacional". La marcha arrancó en la plaza de l'Étoile de la capital alsaciana poco antes de las dos de la tarde y no se había declarado oficialmente.


Dos horas después, se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del orden cuando los participantes intentaron entrar en el barrio de las instituciones europeas, en las que se habían prohibido de forma preventiva las concentraciones, como en la explanada de la estación y en el centro histórico.

eldiario.es - EFE
27/04/2019 - 18:37h

Publicado enPolítica
Minga indígena y popular. Retos y aprendizajes: El sur occidente colombiano intenta poner freno al gobierno de Duque, ¿Lograrán sus objetivos?

En medio de asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales –226 durante el 2018 y alrededor de 30 en lo corrido del 2019–, reactivación del conflicto armado, políticas económicas, ambientales, sociales y militares que afectan la vida de millones de colombianos, el pueblo indígena nasa, en unión con organizaciones sociales del departamento del Cauca, dan un empujón para superar la somnolencia imperante en amplios sectores de la sociedad colombiana, y confrontar el gobierno de Iván Duque, ¿Qué le espera a la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz luego de más de 10 días de movilización? ¿Cuáles son las lecciones para las organizaciones y los movimientos sociales del país?


El domingo 10 de marzo miles de indígenas Nasa, agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), acompañados por campesinos del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), y distintas organizaciones sociales, ambientales y populares de esta parte del país, decidieron darse cita en el resguardo “Las Mercedes” ubicado en la vereda “El Pital” del municipio de Caldono, Cauca, para dar inicio a la “Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz”, tras el propósito de un diálogo político alrededor de temas fundamentales para el país con el gobierno encabezado por Iván Duque.

 


La movilización fue masiva y su peso se sintió de inmediato. Con anterioridad el Cric había invitado al gobierno nacional ha llegar a este sitio para entablar el diálogo y la negociación pretendida. Tras dos días de espera, el 12 de marzo, ante más de 15 mil personas, llegó la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, el ministro de agricultura, Andrés Valencia, y otros funcionarios, con quienes se instaló una mesa de diálogo para acordar la agenda de trabajo con el presidente.


Terminada la agenda, sin el logro de acuerdos claros, que se cumplan –sin vivir los incumplimientos que hoy resaltan en infinidad de agendas firmadas en otras Mingas– en tanto comprometen a todo el gobierno, cuya cabeza se niega a dialogar en directo con las comunidades, y firmar los compromisos a que de lugar, la comunidad allí reunida insiste en la demanda de que el Presidente asuma con su presencia la negociación. Un reiterado no, es lo único que obtienen. Ante tal reiteración deciden cerrar La Panamericana (vía principal que conecta el sur del país). El peso de su decisión empieza a sentirse casi de inmediato, con la larga fila de camiones, buses y automotores que a lo largo de kilómetros, y en ambas direcciones, congestionan la autopista.

La respuesta que llega desde Bogotá es la misma de siempre: represión. El Esmad entra con toda fuerza a reprimir, pero los miles allí reunidos resisten. Los primeros choques dejan ahogados, algunos contusos menores, y la vía en igual situación.


Mientras esto sucede, delegaciones de otros pueblos indígenas y de otras organizaciones sociales llegan al sitio de concentración y potencian la Minga, entre ellas delegaciones de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), del Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu) y otros cabildos del Valle del Cauca.


¿Cuáles son los temas de diálogo que plantea la Minga?


Para las organizaciones actoras de esta Minga, la agenda de diálogo político con Iván Duque debe tocar múltiples aspectos, enmarcados ellos en cuestiones sectoriales, regionales y coyunturales de la realidad del país, entre ellos: derechos humanos (desmonte del paramilitarismo, atención y respuesta sobre los cientos de líderes y lideresas sociales asesinados y amenazados, reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, entre algunos de los ítems que integran este subpunto). Del mismo modo está la bandera ambiental (modelo de desarrollo actual y las políticas que afectan los páramos y zonas estratégicas de aguas en el país, la ley Zidres, el uso de glifosato y el modelo extractivo minero energético que da vía libre al Fracking en Colombia; respuesta al crimen ambiental del Río Cauca con Hidroituango, entre otras).


En cuanto a temas sociales, resaltan: el del Plan Nacional de Desarrollo, Código de Policía, la ley de financiamiento (reforma tributaria), incumplimiento a la implementación de los acuerdos firmados con las Farc, las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz. De igual manera está la exigencia del cumplimiento del decreto 1811 de 2017, que fija mecanismos para el cumplimiento de alrededor de 1.500 acuerdos y renegociaciones entre los pueblos indígenas del Cauca con el Estado y que han sido incumplidos, los que a la fecha suman 3,6 billones de pesos para ser implementados y que comprenden temas de salud, educación, compra de tierras y otros.

 

 


La agenda es integral, y ante la misma el establecimiento se escuda en que las propuestas de discusión de la Minga no son de su competencia, pues para ello existe el Congreso de la República como el lugar para dar y posicionar estas discusiones; sostiene, asimismo, que los indígenas confunden sus peticiones con su ideología; se escuda el Gobierno, además, en que las exigencias de los indígenas ya están saldadas en el Plan Nacional de Desarrollo donde hay comprometido un presupuesto de 10 billones de pesos para ellos y por ejecutar durante los próximos cuatro años. Tema que increpan los indígenas al indicar que el engaño a la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas es lo realmente realizado por el Gobierno, toda vez que en el presupuesto presentado por éste al Congreso los referidos 10 billones no tienen asignación presupuestal, por lo que están agregados en anexos, lo que quiere decir que son opcionales para su ejecución e implementación.


Tratamiento de guerra a la movilización social


La respuesta de Duque luego de su negativa a desplazarse hasta el Cauca para dialogar fue enviar al Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad), Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar), Policía Nacional y Ejército; helicópteros, gases lacrimógenos, papas bomba, tiros recalzados, disparos y ráfagas de fusil son los principales “negociadores” del Gobierno.

 

 


Ante tales “negociadores”, la vía Panamericana se transformó en el escenario de prolongados enfrentamientos entre el Gobierno y la Minga. Desde la madrugada de cada día comienza la pugna por el control de la vía, y cada día que pasa el escenario se pone más complicado pues ya son varios los heridos con armas no convencionales y de fuego. Aún no hay un reporte oficial de heridos, pese a que todo subió de tono con la muerte del policía Boris Alexander Benítez –adscrito al Esmad–, quien perdió la vida, según el Gobierno, producto de disparos realizados por disidencias de las Farc.


Con este antecedente, y tomando en cuenta la larga experiencia de protestas sociales y las violentas respuestas desplegadas por el establecimiento, con procedimientos paramilitares tras bastidores, no es de extrañar que esta Minga, como otras, quede estigmatizada y/o criminalizada, justificando con ello procedimientos violentos que afecten la vida de sus protagonistas.


Retos y discusiones para el conjunto del movimiento social


Aunque es claro que esta movilización se presenta en medio de la parálisis social propiciada, entre otros factores, por la persistente política autoritaria y de terror que reina en Colombia, también lo es que esta Minga prende una chispa de aliento y esperanza para superar la atomización social, pero también el miedo producido por el prolongado desangre, procesándolo, haciéndolo consciente y, por tanto, precisando canales para superarlo.


Esta Minga, por tanto, factor positivo y luz en el horizonte, invita a una reflexión al interior de las organizaciones y movimientos sociales del país, la misma que debe ser concretada sin dilaciones.

 

 


¿Elecciones o vía armada? Esta es la vieja discusión sobre el quehacer político de organizaciones, movimientos y partidos, que generalmente enmarcan todas sus fuerzas en una u otra de estas dos formas de lucha, centrando todo su quehacer alrededor de la captura del poder, en un caso, y en otro en el ascenso al gobierno. En ambos casos el Estado es el referente central, y éste es quien determina la agenda política y las acciones de quienes pretenden confrontarlo. Las consecuencias de este dilema, y la concentración de fuerzas en una y otra opción, hoy muestran su desgaste y límite.


Por un lado, quienes optaron por las armas, militarizan la política y llevan a sus activos a concentrar todas sus energías en fortalecer el aparato militar. El poder es lo real, y ese poder descansa en las armas, en el potencial de fuego que cada día debe ser mayor. Disciplina y acriticidad se imponen. Todo cuestionamiento puede terminar en un debate de fuerza y no de razones. El respeto al mando no permite el debate libre y desprevenido, por lo cual el aparato termina primando sobre la realidad, es decir, sobre el mismo entorno que pretende transformar.


En estas circunstancias, el accionar social termina condicionado o determinado por el facto fundamental –el armado–, lo que finalmente desnaturalizar la autonomía y el potencial y alcance de la protesta social.


En la lógica armada, tras el poder, por una parte (los insurgentes), y su protección, por otra (el establecimiento), se impone una lógica de acción-reacción, que no tiene límite: el Estado incrementa su aparato y accionar militar, y la contraparte no puede quedarse atrás, adquiriendo más poder de fuego y alistando más integrantes a sus filas, no importa su real consciencia de clase ni la comprensión profunda de lo que hacen y para qué lo hacen. Al final, lo que se tiene es tropa –quien haga y obedezca– pero pocos liderazgos con capacidad de Estado. No es extraño, por tanto, que ocurran desmanes, irrespeto a las decisiones de la comunidad, y que se imponga una moral y ética que no corresponden al sueño de un cambio profundo de las estructuras sociales.


Mientras esto sucede en el/los proyecto/s armado/s, quienes optan por lo electoral no recorren caminos muy diferentes, ya que todo el esfuerzo de sus organizaciones –del conjunto de su militancia– está enfocado a fortalecer la capacidad del aparato, en este caso para capturar votos. Parece una exageración, pero en este proceder político también todas las acciones de mediano plazo están predeterminadas: las elecciones, lo que termina por determinar y someter la acción social, pues más allá de sus particularidades y afanes deben garantizar el mejor resultado electoral posible.


Es una deformación de la acción política que lleva al extremo de romper las dinámicas sociales, a determinar sus ritmos, a tal punto que entre elección y elección –en época fría– con participación directa y dinámica de las comunidades las agendas de lucha social ganan tono, pero una vez llega la coyuntura electoral lo que se traía queda a un lado para poder atender la coyuntura proveniente desde el establecimiento, la misma que, supuestamente, lleva al máximo la “participación social” y, con ella, la “vida democrática”. Sin duda, todo un contrasentido.


El paso del tiempo, y las experiencias vividas en distintas partes del mundo, parecen confirmar que entre estas dos formas de lucha, al final, en su más estrictas pretensiones y procederes, no existe mucha diferencia. La captura del poder y el ascenso al gobierno, sin el debido alzamiento social, el cual debe mantenerse siempre como parte sustancial de una transformación cultural que rompa de base la razón capitalista, que rompa el Estado y el mismo gobierno, termina en lo mismo: la reconstrucción capitalista.


¿Dónde está la democracia y el poder? Con frecuencia se dice que el poder está en las calles, que es la sociedad la base fundamental de la democracia, sin embargo todo este discurso queda cuestionado cuando las acciones demuestran que la visión del poder y democracia dominantes giran en torno a las instituciones estatales, haciendo el juego a lógica de los funcionarios gubernamentales que dejan claro que “las discusiones que plantea la Minga son asuntos formales que se discuten en el Congreso de la República”.


Es una lógica no consciente pero sí producto de esa lógica de la política que pone a girar todo alrededor del Estado y el gobierno, sin preocuparse, de manera debida, por la construcción de un contrapoder que garantice autonomía a las comunidades. Desmontar esta lógica, es desestructurar la idea que el poder es el aparato –cualquiera sea– y no la misma comunidad. No hay que olvidar que el Estado es una construcción social, y así como nació así también puede –debe– morir.


Proceder dominante que no significa que a pesar de hacer contrapoder las comunidades y las organizaciones que las representen no puedan entablar periodos de negociación con el establecimiento, pero tal dinámica no es el centro de su accionar, que sí lo es la defensa y el cultivo de la vida, de lo cual no sabe el Estado ni el gobierno, artífices de la muerte –en toda la extensión de tal significado: agrotóxicos, latifundio, fracking, imposición, cárcel, etcétera.
Tal vez, de así proceder, logre romperse el círculo poco virtuoso que maniata a los movimientos sociales: movilización-negociación-incumplimiento-movilización-renegociación-incumplimiento, lo que es igual a centrar todas las fuerzas en el poder, el aparato y lo que él mismo pueda resolver, cuando la misma historia muestra que son las propias comunidades las que han construido y resuelto lo básico de todo aquello que les garantiza la vida: vivienda, sembrados, trazados de calles, protección de fuentes de agua, construcción de centros de salud, etcétera.


Estamos, por tanto, ante el reto de observar en profundidad lo realizado en el largo plazo como comunidades para resolver la vida, y las limitantes en que caemos cuando nos preguntamos por el Estado y el poder en su forma clásica. Romper esta visión invita a valorar el potencial que concentra y significa cada comunidad cuando se identifica como tal, abordando el mismo reto de la democracia, más allá de lo formal –electoral– para reivindicarla como el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

 


Un reto que implica tejer lazos de acción entre diferentes grupos humanos y comunidades, para ir más allá del entorno donde cada una se ubica, a la par de construir entre todas y todos, producto del intercambio de ideas siempre abierto, el sentido de la vida por el cual propugnamos.


Es una estructuración-desestructuración de lo que hemos entendido por política, poder, Estado, gobierno, sociedad, etcétera, que no se logra de la noche a la mañana; es un proceso que tomará un largo tiempo, más largo aún si postergamos los primeros ejercicios en tal dirección.


Toca por ahora, revisando la agenda social que por estos días ha tomado curso en el país, cuestionarnos por qué no logramos articular de manera dinámica las múltiples agendas de los actores sociales. Es el caso del paro que también tuvo como epicentro al Cauca, en esta ocasión en cabeza de la Asociación de educadores del Cauca (Asoinca) y de la “Mesa de derechos humanos en defensa de la vida y el territorio”, con participación de los campesinos de esta parte del país reunidos en la Anuc, que desde el 25 de febrero y hasta al 9 de marzo hicieron sentir su protesta con un paro, producto del cual lograron un acuerdo sobre agricultura, tierras, vivienda urbana-rural y temas centrales para la organización sindical.


Así mismo, en las ciudades se plantearon jornadas de velatón el 6 de marzo, y los días 12 y 18 de marzo se realizaron marchas para defender la JEP; los días 19 y 20 de marzo los maestros de Fecode salieron nuevamente a las calles en un paro de 48 horas y para el 25 de abril se tiene proyectada una jornada de paro nacional a la que seguramente no asistirán los que hoy o ayer se movilizaron.


Son las realidades de una acción política desarticulada, y sin una agenda común, dependiente de una visión tradicional sobre el poder, en todas sus variables, como producto, también, de disparidad de visiones sobre el qué y cómo hacer.


Estamos ante retos mayúsculos. Las exigencias y debates que plantea la Minga tocan temas profundos del país que sin el apoyo de la mayoría nacional quedan limitados y sesgados. Resalta de ello que los movimientos sociales tienen un reto ante sí: lograr construir una respuesta que convoque y aglutine al país nacional, para el aquí y el ahora, como para el mañana, de manera horizontal, honesta, sin amarres, pedagógica, con metodologías de encuentro que hagan sentir que vale la pena estar ahí, donde se discutan los problemas y se vislumbren las soluciones para la vida digna en Colombia, y de esta manera superar esta realidad caótica que ahoga cada día a millones de connacionales.


El debate y la discusión están abiertos, ¿Cómo superar esta atomización?


Fuentes consultadas
https://www.youtube.com/watch?v=Qle2CP6Xn2M
http://www.asoinca.com/circulares/504-circular-281-historica-huelga-mesa-de-derechos-humanos-en-defensa-de-la-vida-y-el-territorio
https://www.lafm.com.co/colombia/nancy-patricia-gutierrez-dice-que-indigenas-confunden-sus-peticiones-con-sus-ideologias?fbclid=IwAR1RcQpquYVDqrygcOsz2jCF_9OGw6gWXAGegdUHilScGva1MaapCgp_Npg
https://nasaacin.org/en-que-consiste-la-minga-social-que-se-realiza-en-el-suroccidente-colombiano/
https://nasaacin.org/pronunciamiento-aclaratorio-frente-a-los-medios-de-comunicacion/
https://www.semana.com/nacion/articulo/cuanto-vale-el-paro-indigena-del-cauca/605491
https://colombia2020.elespectador.com/territorio/la-minga-indigena-le-responde-al-presidente-duque
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2855-tratamiento-militar-a-la-minga-social-del-suroccidente
https://www.cric-colombia.org/portal/comunicado-a-la-opinion-publica-nacional-e-internacional-ante-ataques-indiscriminados-del-esmad-emcar-y-ejercito-nacional-contra-comuneros-as-de-la-minga-por-la-defensa-de-la-vida-el-territorio-la/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-indigena-en-el-cauca-ya-causo-un-muerto-y-seis-heridos/606103

 


 

Cuadro

 

Comunicado a la opinión pública nacional e internacional ante la masacre de la guardia indígena en Dagua Valle


21 marzo, 2019

Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, procesos populares del sur occidente colombiano concentrados en territorio ancestral de Sa’th Tama Kiwe en el Pital, Caldono, Departamento del Cauca que participan de la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz

 

DENUNCIAMOS.

 

Ante la opinión pública nacional e internacional, defensores y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y ante la comunidad en general, que hoy 21 de marzo de 2019 se ha presentado una masacre que deja ocho guardias indígenas fallecidos y cuatro gravemente heridos, los cuales estaban encargados de la adecuación logística para sumarse a la movilización que se adelanta en el sur occidente colombiano en el sector de la Delfina.

Teniendo en cuenta que el sitio de la Delfina era pequeño para atender a más de cinco mil indígenas que iban a llegar, las autoridades decidieron buscar otro espacio en el corregimiento de Juntas, resguardo indígena de Papitas municipio de Dagua.

En este lugar se realizó el trabajo logístico, una vez terminada las labores de adecuación del sitio, la guarida se encontraba descansando dentro de una casa cuando minutos después ocurrió una explosión aproximadamente a las 3:00 de la tarde. Según el consejero de Derechos Humanos de la ORIVAC manifestó que “presuntamente una persona lanzó un artefacto explosivo, causando la muerte de ocho guardias indígenas y dejando gravemente heridos a tres de los guardias pertenecientes al pueblo Waunan, Nasa y Embera”.

En estos momentos la comisión de derechos humanos de ORIVAC, Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y organismos internacionales están en el ejercicio de verificación para identificar los cuerpos y determinar la cantidad de daños causados en materiales.

Por lo anterior, se exige al Gobierno Nacional que atienda e investigue estos lamentables hechos acaecidos en medio de la movilización y acate los estándares en el marco internacional de los derechos humanos, para garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica contenido en nuestra Constitución Política y en tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y que protegen los derechos de los pueblos indígenas.

Hacemos un llamado a los organismos defensores de DD.HH. nacionales e internacionales, al Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, a la Comisión Interamericana de DD.HH., a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, a la Comisión Nacional de DD.HH. del Senado de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que, en el marco de sus funciones y competencias acompañen a las comunidades y familias afectadas por este hecho que enluta la Minga social del Sur Occidente Colombiano, enviamos un mensaje de solidaridad a nuestros hermanos indígenas, familiares y organización indígena ORIVAC en estos momentos difíciles.

 

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares

Minga suroccidente colombiano

 

Publicado enColombia
Viernes, 15 Marzo 2019 06:10

Duros escenarios en el planeta Trabajo

Duros escenarios en el planeta Trabajo

¿Así que usted cree que la fuerza de un hombre, su valor, ha sido creada para invertirla en echar abajo a otro hombre? ¡Magnífico! A mí me parecía que el valor de un individuo debe servirle para trabajar y hacer la riqueza colectiva, y no para usarlo como arma ofensiva contra los demás. ¡Su teoría es maravillosa!… (César Vallejo, El tungsteno)


Los resultados antiobreros de la globalización neoliberal, el transitado sendero del ecosuicidio, el inmenso poder de las grandes corporaciones y sus prácticas de evasión pueden ser ilustradas de maneras muy diversas. Una de las posibles (de un informe de Oxfam Vía Libre): en el año 2015 las grandes multinacionales trasladaron unos 600.000 millones de dólares (la mitad aproximadamente del PIB español) a paraísos fiscales. Un 30% de estas “estafas nacionales-fiscales” dentro de la UE. Las pérdida de recaudación para España, Francia, Italia y Alemania fueron de unos 35.000 millones. En seis años, más de 200.000 millones.


Una de las condiciones para ello: explotación creciente y despiadada de las clases trabajadoras. Y no sólo en territorios no desarrollados o empobrecidos. Un ejemplo: la pobreza en Cataluña afecta a más de millón y medio de personas (la población es de 7,5 millones, en torno a un 20%), de las cuales cerca de 350.000 (un 5% aproximadamente) sufren las duras y terribles penalidades de la pobreza severa.


Hay otras consecuencias del desarrollismo capitalista desbridado: las muertes prematuras por contaminación. Se calcula que son más de 800 mil en toda Europa. En el mundo la cifra asciende a 8,8 millones (el doble de lo (mal) calculado anteriormente) [1].


¿Y cuál es el futuro que se presenta a las clases trabajadoras que van perdiendo poco a poco (a veces también de golpe) sus derechos laborales conquistados, incluso los más básicos, los más esenciales?


No creo que nadie pueda tildar de economista -o pensador- radical a Joaquín Estefanía, el que fuera director de El País. Tal vez por ello convenga presentar algunas de sus consideraciones sobre el mundo obrero realmente existente en esta fase hegemónica neoliberal del capitalismo. En uno de sus últimos artículos, "El miedo y el futuro del trabajo” [2], señalaba, por ejemplo, cosas del siguiente tenor:


1. Más del 60% de la población activa mundial pertenece a la economía sumergida (es decir, a la economía ocultada y sin derechos y protección para los trabajadores).
2. El planeta Trabajo, la expresión es suya, “se halla en una de sus mutaciones más profundas desde el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII”. ¿Por qué? “Porque la naturaleza misma del trabajo y su relación vertebradora de la cohesión social están en cuestión”.

3. La transformación está siendo tan profunda “que genera temor en amplias capas de la sociedad”, en amplios sectores de las clases trabajadoras fundamentalmente.

4. Una de las consecuencias de ello, apunta JE, es, posiblemente, “la ola de conservadurismo (de derechas, pero también de izquierdas) que asola al mundo y que disputa, en estos momentos, la hegemonía al liberalismo y a la socialdemocracia” (dejo ahora, no entro en ello, lo del “conservadurismo de izquierdas”). Muchos ciudadanos-obreros tienen miedo “a perder su puesto de trabajo en el futuro inmediato, sustituirlo por otro de peor calidad y menor seguridad” o incluso a instalarse en la precariedad permanente. No hay más vida que esa, cualquier otro modelo es utopía, sueño. De hecho, sabido es, España encabeza las tasas de temporalidad [3].


5. Según uno de los últimos informes de la OIT -que cumple ese año su primer centenario— “se está reduciendo el paro en el planeta (173 millones de desempleados, un 5% de la población activa), pero no mejora la calidad del empleo, todo lo contrario, decenas de millones de personas se ven obligadas a aceptar condiciones muy deficientes”. El trabajo decente y en condiciones es escaso, cada vez más. No hay otra.


6. 3.300 millones son los asalariados en el mercado global. De ellos -el dato es terrorífico- más de 2.000 millones (un 61% del total) pertenecen a la economía sumergida, como decíamos. “En su mayor parte no tienen derecho a protección social, 1.100 millones de personas trabajan por cuenta propia (autónomos, verdaderos o falsos), a menudo en actividades de mera subsistencia debido a la falta de oportunidades de empleo en el sector formal”. Con problemas graves para beneficiarse de algunos de los capítulos que componen el cada vez más disminuido y demediado Estado del bienestar (mejor Estado asistencial).

7. Una de cada cinco personas menores de 25 años -la juventud sin futuro del 15M- no trabaja ni estudia ni recibe formación alguna.

8. Es en este contexto, prosigue JE, en el que se expande el capitalismo de plataformas, que abarca, en progresión geométrica, a un número creciente de sectores productivos. “De las plataformas digitales se puede afirmar que, asumida su presencia creciente, la gran tarea es regularlas sabiendo que hay una gran asimetría entre unos poderes públicos lentos en reaccionar y unas empresas tecnológicas extraordinariamente rápidas en asentarse”.

9. JE comenta que la profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social María Luz Rodríguez Fernández [MLRF], una estudiosa del tema, “cree que lo novedoso está en cómo las plataformas digitales cambian la organización del trabajo y ponen contra las cuerdas las regulaciones pensadas para otros modelos de producción”. Desde un punto de vista sindical, el punto es esencial. Una de las cuestiones más urgentes, añade MLRF, sería elaborar un catálogo de derechos laborales comunes para los asalariados y autónomos, catálogo “que habría de aplicarse a los trabajadores de las plataformas”. Punto crucial igualmente desde una perspectiva sindical de resistencia.

10. Muchos trabajadores trabajan en este tipo de empresas tecnológicas porque no han encontrado un trabajo convencional, señala JE.Así es. Uno de sus temores principales “es ser desactivados de las apps que les notifican los encargos disponibles y, por tanto, perder el acceso al trabajo (despido digital) sin previo aviso ni conocimiento de los motivos”. Según MLRF, las plataformas raramente aparecen como empresas con trabajadores bajo su responsabilidad. Son “plataformas tecnológicas desprovistas de mano de obra, porque a sus presuntos financiadores (sociedades de capital riesgo) no les gusta invertir en trabajo, sino en tecnología”. Explotación a larga distancia, con fuerza de trabajo de usar y tirar y sin derechos.

11. La experiencia que tenemos de la confrontación entre las empresas del capitalismo de plataformas y el que se podría denominar capitalismo analógico, señala JE, “es que las primeras apelan a la modernidad y a la tecnología digital y crean un relato de ruptura con el pasado que no es algo inocente, sino que parece significar que la normativa y las garantías laborales vigentes no sirven para afrontar esta nueva realidad avasalladora”. La posmodernidad es un atraco en toda regla, mayor aún, a las clases trabajadoras.

12. En trabajos de la autora citada hay una recomendación genérica, muy útil en opinión de JE, para los cada vez más numerosos usuarios de las heterogéneas plataformas digitales: “cada vez que nos encontremos con un servicio o un producto especialmente barato pensemos en lo poco que tiene que haber ganado el trabajador para que ese servicio o este producto cueste tan poco”.


13. Una nota de Ignacio Vidal Folch, "Te vendo el alma por una ‘app’ sexi. El recurso a las plataformas de la economía digital suscita dilemas éticos. El autor debate con Chuky, un álter ego imaginario y diabólico, los pros y los contras de recurrir a Uber, Amazon y Airbnb” https://elpais.com/elpais/2019/02/27/ideas/1551267234_743017.html, citada por JE, ayuda a entender la situación. Algunos pasos:


¡Qué alegría, ya vuelven a circular los taxis! Los taxistas han puesto fin a su larga y enconada huelga gracias a la firmeza de la Comunidad de Madrid, que ha demostrado que… —… demostrado que le importan un bledo los intereses de los colectivos de trabajadores cuando los toma al asalto el neocolonialismo en versión digital —dice Chuky, el muñeco diabólico que vive en mí y que acaba de despertarse, como siempre, de mal humor. ¿He contado ya que en cada uno de nosotros no habita, como dicen, un niño interior al que hemos de cuidar, sino un muñeco diabólico? El mío se llama Chuky, viste levita verde y plastrón, se parece a Juan Carlos Monedero y tiene muy mal carácter. Me ha dicho:


—Y si las instituciones del Estado no amparan a los trabajadores, ¿para qué sirven, para qué tenemos que mantenerlas?


—Hombre, Chuky, no seas así. A todos nos preocupan el incierto porvenir, la destrucción de puestos de trabajo y los sueldos de miseria que contribuyen al precariado y que son consustanciales a estas megacorporaciones de servicios que operan en lo digital, pero…


—Sí, sí, “pero”, pero cuando un sector regulado, como el del taxi -que es perfectible pero funciona razonablemente, ofrece a los usuarios un servicio muy correcto y garantiza la subsistencia de miles de familias- sufre el asalto de unos inversores multibillonarios con empleados no sindicados y servicios más baratos de su coste real, con el objetivo transparente de monopolizar el mercado… ¿Dónde está la solidaridad de los intelectuales, de los periodistas, de la sociedad? ¿Qué pensabais, qué decíais, cuando los taxistas viendo a Hannibal ad portas presentaban resistencia a su extinción? ¿Dónde queda el pacto social?


[…] —Sí, cuando las abstracciones sobre la inevitabilidad del mundo digital y las bondades de la desregularización no resultan convincentes, entonces se manifiesta el clasismo del burgués acomodado —esto es: acomodado hasta que las corporaciones multibillonarias del algoritmo pongan también sus zarpas y sus infinitos recursos a apoderarse de su profesión—. El clasismo, sí. De pronto los taxistas ya no son los sacrificados currantes que pasan 12 horas en un trabajo estresante y muy poco saludable para llevar a casa un sueldo digno, sino mafiosos de medio pelo y tipos amargados que siempre tienen en la radio el Carrusel deportivo, ¿verdad? Y cuántos perjuicios causan cuando se ponen en huelga. Hay que ver lo respondón que está el servicio…


[…] —Qué comunidad más ciega y tonta formamos, iter persollicitae depravationis et caliginosissimae moralis caecitatis iam est ingressa, camina ya hacia su degradación más inquietante y hacia la más tenebrosa ceguera moral, Mateo 6,22, sí. Se han necesitado siglos para conquistar unos derechos y los regalamos en un cuarto de hora porque nos ponen delante una app sexi. Iamque adeo afecta est aetas, a tal punto está nuestra época quebrantada. Lucrecio, claro.


A Chuky le sobran razones en su crítica y lo que señala es la tarea de la hora: se han necesitado siglos de lucha y esfuerzo (represiones y muertes incluidas) para conquistar derechos básicos. Es necesario protegerlos y defenderlos. Las nuevas plataformas representan un enemigo impío enfrentado a esos derechos. Los quieren liquidar todos o casi todos. Piensan en los trabajadores como “empresarios” que venden su mercancía-capital, “la fuerza de trabajo”, a pelo, sin ninguna protección. Pensar de nuevo la situación y apuntar iniciativas de movilización, denuncia y defensa de lo conquistado es más urgente que nunca.


Pere Jodar y Jordi Guiu [4] han escrito en los siguientes términos refiriéndosea la unidad de los trabajadores:


[…] está claro que el mercado del trabajo ha explosionado en múltiples grupos, y que, incluso, se ha individualizado extraordinariamente, rompiendo con el mito de la homogeneidad de la clase trabajadora de los años dorados (1950-1980), pero el movimiento obrero se formó también entre los trabajadores precarios de finales del siglo XIX y principios del XX, así como en la España de los años cincuenta o sesenta. En definitiva, hay asalariados, trabajadores: uno trabajan fijos, otros temporales, otros no pueden trabajar, pero todos ellos continúan siendo trabajadores, no “precariado”, ni “clase desocupada”.

 

Notas:
(1) Cristina Sáez, https://www.lavanguardia.com/ciencia/cuerpo-humano/20190312/46999524021/contaminacion-causa-800000-muertes-prematuras-europa.html
(2) https://elpais.com/elpais/2019/03/07/ideas/1551982378_130567.html?id_externo_promo=enviar_email
(3) https://elpais.com/economia/2019/02/13/actualidad/1550088419_496910.html
(4) Pere Jodar y Jordi Guiu, Parados en movimiento. Historias de dignidad, resistencia y esperanza, Barcelona, Icaria, 2019l, p. 29.

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Historia de lápices. Cuba, el plebiscito y una reacción norteamericana

Por cuenta de su “lucha contra el régimen”, no resultaría sorprendente que Guillermo “Coco” Fariñas sea el hombre con mayor número de huelgas de hambre emprendidas en todo el mundo. Cualquier recapitulación suya supera con creces el centenar de esas protestas pacíficas, que durante años le han dado notoriedad en círculos de poder de Europa y Estados Unidos. No así en Cuba, donde su nombre es desconocido para la mayoría de la población.


Incluso en Santa Clara, la ciudad donde reside, son pocos los que consiguen identificarlo como el hombre que en 2012 mereció el premio Sajarov a la libertad de pensamiento, otorgado por el Parlamento Europeo. A lo sumo tal vez alguien recuerde su aparición, años atrás, en un programa televisivo nombrado Las razones de Cuba, en el que el gobierno publicaba los resultados de investigaciones de la seguridad del Estado. Una de aquellas emisiones tuvo como protagonista al Coco, puesto en evidencia mientras desarrollaba una de sus periódicas huelgas de hambre. Una cámara infiltrada en su vivienda por el G-2 (la policía política) revelaría el secreto de su impresionante resistencia física: los ayunos de las mañanas y las tardes eran seguidos, en las noches, por bien calculadas ingestas de jugos naturales y suplementos nutricionales.


El golpe fue de tal magnitud que Fariñas se vio obligado a cambiar de aires y por un tiempo se dedicó a recorrer salones en Washington y Bruselas, acumulando fotos con líderes políticos y empresariales y gestionando recursos para su nuevo proyecto, el Foro Antitotalitario Unido.


Más nutrido de reportajes en Internet que de miembros efectivos, ese movimiento decidió hace pocos días que el referendo constitucional era una excelente oportunidad para hacerse notar, y el lunes difundió una carta abierta llamando a desconocer los resultados de la consulta, por estar “manipulados y amañados por las autoridades de la junta militar neocastrista que desgobierna Cuba”. En la misma cuerda, Rosa María Payá, hija de un líder disidente fallecido en 2012 y radicada en Miami, criticó la legitimidad del proceso remarcando cómo en pocas horas el padrón de electores había crecido de “8,6 a 9,2 millones de cubanos”. Como piedra de toque para sus denuncias, ambas declaraciones señalaban el hecho de que los comicios se habían celebrado empleando lápices para marcar las boletas, circunstancia que a su juicio revelaba la intención de alterar la voluntad expresada por la ciudadanía.


La “historia de los lapicitos” ganó alguna notoriedad a comienzos de semana al calor de sitios digitales opuestos al gobierno y de emigrantes cubanos agrupados en Facebook, quienes inexplicablemente no sabían que en su país natal las votaciones siempre se han realizado empleando lápices escolares. De hecho, el sistema electoral cubano peca de una simplicidad abrumadora, con colegios barriales atendidos por los propios vecinos y unos pocos cientos de empadronados en cada centro. Invariablemente, las consultas utilizan sencillas boletas foliadas, cabinas individuales (lo del voto público no es más que una burda mentira) y el ya famoso lápiz colegial. El cierre y la apertura de las urnas, así como el recuento de los votos, son públicos y tienen lugar en los colegios respectivos.


Ya en la noche del domingo el ejercicio de “verificación ciudadana del escrutinio” impulsado por el sitio alternativo El Toque anticipaba la tendencia irreversible del referendo. En definitiva, más del 84 por ciento de los votantes decidió acudir a las urnas, y de ellos, el 86,9 por ciento lo hizo para ratificar el proyecto de carta magna presentado por el gobierno.


Interpretando a su modo lo acontecido, el movimiento capitaneado por Fariñas aseguró, sin embargo, que la “ministra de (in)Justicia de la República, y también presidenta de la Comisión Nacional Electoral”, se había visto “obligada a reconocer que por lo menos un 26,7 por ciento de las cubanas y cubanos con derecho al voto rechazaron la nueva Constitución socialista por ser estalinista e impuesta sin otra alternativa posible”. Para sostener tan lapidaria afirmación, metieron en el mismo saco el 9 por ciento de sufragios que de forma explícita se habían decantado por el No, los pequeños porcentajes de boletas anuladas o depositadas en blanco, y el 15,6 por ciento de la ciudadanía facultada para votar que no asistió a los colegios.

 

Toda vez que incluso en esas circunstancias las estadísticas se mostraban adversas, fue entonces preciso echar mano al asunto de los lápices. Dentro de Cuba difícilmente será una historia que encuentre eco más allá de las redes sociales, pero fuera de la isla servirá para mantener el término “disidencia” en los buscadores al menos por unas semanas más. Como bien ha aprendido Coco Fariñas, luego de años de “huelgas cívicas por la democracia”, es eso lo que en verdad importa.


En un gesto que algunos comparan con la maniobra de ofrecer “ayuda humanitaria” a los venezolanos, Radio Televisión Martí, cadena de noticias creada en 1985 por el gobierno estadounidense para emitir contenidos contra La Habana, divulgó a comienzos de la semana que la administración de Donald Trump estaría estudiando la posibilidad de volver a emplear cubanos en Guantánamo, o bien de reabrir el enclave para recibir a cubanos interesados en solicitar asilo. A impulso de esa confusa versión, un número indeterminado de personas, en su mayoría jóvenes, se ha traslado a Guantánamo, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en los municipios limítrofes.

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