A un año de la firma del Acuerdo final con las Farc y su implementación

Presentamos en este artículo algunas consideraciones sobre los límites, posibilidades y desafíos del proceso de paz a partir de su implementación en los 12 meses posteriores al Acuerdo Final de Paz firmado en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre del 2016, que sufrió modificaciones tras los resultados del plebiscito en el que salió victorioso el No. Este resultado acarreó consecuencias que están incidiendo de manera determinante en este campo de disputa.

 

Sin duda, uno de los temas más destacados de los últimos años es el proceso de paz con las insurgencias, particularmente con las Farc-Ep. Un asunto que ha estado de manera conflictiva en la agenda política nacional, puesto que las visiones sobre la paz se presentan contradictorias.

 

No es para menos, ya que en el escenario nacional están presentes visiones y proyectos contradictorios sobre este particular: 1) sectores del establecimiento que aún quieren llegar a la terminación del conflicto armado mediante la profundización de la guerra, pretendiendo alcanzar una derrota militar tras la cual las insurgencias queden sometidas a la justicia como organizaciones terroristas sin estatus político.

 

2) Contrario a éste sector, también existen en el establecimiento quienes quieren la paz “democrática”, concediendo un mínimo de legitimidad a la contraparte que permita una salida negociada pero sin conceder mayores prerrogativas, simplemente superando la confrontación armada sin tocar los aspectos de fondo que llevaron a que ésta se generara, se sostuviera y profundizara; al tiempo que así proceden, alcanzan dividendos en aspectos como minimizar las denuncias sobre el terrorismo de Estado, obteniendo beneficios para sus mandos militares y, sobre todo, alistan diversas áreas del territorio nacional para el aterrizaje de inversiones multinacionales, en temas de extractivismo agrario y minería, así como turismo.

 

Tanto unos como otros parten para su diseño estratégico de considerar que derrotaron a su contrario, de ahí que no le concedieran posibilidades de negociar asuntos estructurales del modelo económico y político vigente.

 

Hoy, luego de un año de firmado el acuerdo con las Farc-Ep, persisten las visiones contradictorias y la realidad de lo alcanzado en este proceso deja muchas inquietudes y cuestionamientos respecto del futuro de la paz completa, sostenible y duradera.

 

Las visiones optimistas

 

Hay quienes siguen observando con optimismo lo alcanzado en el proceso de paz, en primer lugar se desacata el hecho de que hace 10 años era imposible hablar de una solución política al conflicto armado, pues el discurso contrainsurgente y antiterrorista había calado muy hondo en la política nacional, acompañado de propaganda y acciones militares que debilitó la legitimidad de las insurgencias y su accionar político militar; aunque también hay que decirlo, el mismo accionar de las insurgencias llevó a ser inviable el proyecto revolucionario. Que hoy pueda hablarse de paz, de solución política al conflicto, de apertura “democrática”, de “política sin armas”, es definido como un primer gran logro de este proceso. Esta visión la comparten tanto sectores del establecimiento en el gobierno, como las mismas Farc-Ep.

 

A pesar de ello, subyacen algunos elementos que cuestionan este logro, puesto que persisten y con mucha fuerza, discursos que niegan la salida política negociada y sostienen la idea del sometimiento sin consideraciones políticas de las insurgencias. La victoria del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y la presencia en el Congreso de la República de contradictores del proceso de paz, deja por lo menos serías dudas sobre la generalidad y profundidad del discurso de la solución política negociada y la paz.

 

Sin embargo, el optimismo tiene asideros distintos, pues para el gobierno y sectores del establecimiento la solución política al conflicto armado tiene consecuencias distintas a las que puedan destacar parte de la insurgencia. Una primera consecuencia, según el optimismo gubernamental, es el hecho de que este proceso de paz trae consigo una mayor gobernabilidad con costos menores para su proyecto “modernizador” que busca atraer mayor inversión extranjera directa y seguridad jurídica para propietarios y empresarios que ven en la paz una oportunidad para ampliar y profundizar sus negocios. Así lo afirmó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde: “la paz será decisiva para el crecimiento del país porque traerá más desarrollo con la confianza internacional”*. Esta afirmación ha sido respaldada en innumerables discursos del presidente Juan Manuel Santos y sus ministros.

 

Otra de las razones que sostiene el discurso optimista es lo que tiene que ver con las cifras de la guerra. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el proceso de paz redujo las cifras de muerte con ocasión del conflicto. El acuerdo de paz evitó la muerte de 2.796 militares, policías y guerrilleros en diez meses (entre el 29 de agosto del 2016 y el 27 de junio del 2017). Sin duda, estas cifras dan razones para mantener el optimismo, pues para nada son despreciables las vidas salvadas como consecuencia del cese al fuego.

 

Avanzar en modificaciones institucionales que abran escenarios de participación política para la insurgencia y las víctimas del conflicto es otro de los aspectos que destacan los optimistas, pues pasar de una confrontación política con armas a una sin ellas, es sin duda un paso importante en el proceso de democratización de la política nacional, en la que se ha perpetuado un régimen excluyente, clientelista y criminal.

 

Visiones pesimistas

 

El cambio en el discurso de la lucha contrainsurgente y antiterrorista al de la solución política al conflicto y la paz, es matizado por los pesimistas que observan en este viraje una trampa respecto de los contenidos de ésta, pues la paz gubernamental no es otra cosa que el fin de la lucha insurgente y, en consecuencia, de sus aspiraciones de cambios revolucionarios del régimen político y económico, puesto que la paz no es más que el silenciamiento de los fusiles y la muerte y la represión por otros medios. No es una paz fruto de cambios profundos en la realidad nacional, y no se acerca siquiera a la aspiración de una paz con justicia social que supere las causas que originaron el conflicto.

 

De otra parte, se pone en duda que este discurso de la solución política y la paz sea lo suficientemente general y profundo como para modificar la orientación de la política nacional, pues como ya lo hemos dicho, persisten con mucha fuerza, discursos que sostienen que este proceso es la entrega del país a las Farc-Ep, tal y como lo afirma el expresidente Uribe, su partido y un amplio espectro de la derecha, y persisten en la idea del sometimiento sin consideraciones políticas de las insurgencias. Su victoria del No en el plebiscito y su presencia en el Congreso de la República ha logrado poner en aprietos la legitimidad de los acuerdos y la implementación normativa, incluso ha logrado que se modifique lo acordado y que se excedan las modificaciones legales limitando e incluso contradiciendo su contenido.

 

Las razones de los pesimistas se sustentan entre otros, en el hecho de que tras la victoria del No se permitió que el Gobierno y el Congreso de la República introdujeran modificaciones a las normas que implementan los acuerdos como, por ejemplo, las relacionadas con el punto 1 de Reforma Rural Integral, con lo cual dan vía libre para permitir “formalizar la propiedad de grandes extensiones de tierra que han sido apropiadas ilegalmente, por medio del despojo y el desplazamiento forzado, por vía de adjudicación de predios baldíos a personas naturales o jurídicas, que puedan solventar los costos del proceso de regulación de los derechos de propiedad” (Cacep, 2017), lo que perpetúa la desigualdad en el acceso a la propiedad rural por parte de campesinos (comunidades rurales) que no tienen tierra o han logrado un mínimo de ésta.

 

Lo que de por si era un acuerdo tímido respecto de los conflictos por la tierra, en el que se pretende crear un Fondo de Tierras de 3 millones de hectáreas y la formalización masiva de la Propiedad Rural de 7 millones de hectáreas, durante los próximos 12 años. Con la expedición del decreto 902/2017 se permite que “estas tierras cuya destinación ha sido pensada para sujetos sin tierras o con tierra insuficiente, a través de la función social de la propiedad, ahora hagan parte de la oferta de tierras disponibles para personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria, puedan tener acceso y eventual propiedad sobre tales bienes a través de figuras jurídicas como la de “derechos de uso” y la adjudicación para el desarrollo de proyectos denominados de utilidad pública e interés social (como las empresas mineras o petroleras) (Cacep, 2017).

 

Por su parte, lo que respecta a la inversión extrajera directa y el “desarrollo”del país genera muchas dudas e interrogantes a los pesimistas, pues esta fórmula de desarrollo es más de lo mismo, es la perpetuación de las locomotoras minera, infraestructura, agroindustria que hoy, luego de varios años de estar en marcha, no ha dejado más que pasivos ambientales y sociales que acarrean costos de mediano y largo plazo para el país, especialmente, para aquellas regiones afectadas por proyectos extractivos que no han garantizado el tal anhelado progreso sino, y por el contrario, han modificado negativamente la vida de sus pobladores. Así lo ha demostrado la investigación de la Contraloría General de la Nación sobre minería en Colombia, en la que se observa como los ingresos de regalías o ingresos a la nación por las concesiones, son inferiores a las exenciones de impuestos y a los pasivos sociales y ambientales que traen consigo estos proyectos (CGR, 2013).

 

Un ejemplo de la sujeción a la matriz desarrollista en el proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz, es la expedición del Decreto Ley 883 de 2017 que permite que empresas mineras, portuarias y de hidrocarburos puedan ser exoneradas de impuestos a través de la financiación de obras de infraestructura. Esta norma somete a los intereses de estos sectores empresariales a las comunidades y los territorios, incluidos aquellos en los que se implementarán los “Programas con Enfoque de Desarrollo Territorial Pdet”, porque de ellos depende que lleguen recursos para mejorar la infraestructura precaria, que deberían estar a cargo de Estado.

 

De otra parte, la disminución de muertes con ocasión del conflicto armado, que se presenta como razón para el optimismo, se ve empañada por el asesinato de líderes y lideresas sociales que en el último año (2017) asciende a 170 (Indepaz). Según cifras de la defensoría del pueblo, son 207 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre 2016 y 2017. Las muertes de combatientes (de todas las fuerzas) disminuyeron, las de civiles no parece descender. El conflicto social con consecuencias mortales ha tomado el lugar de la confrontación armada.

 

En lo que respecta al argumento de “apertura democrática”, es claro se ha visto empañada por la acción del Congreso que ha puesto el palo en la rueda a la posibilidad de que las víctimas de territorios afectados por el conflicto armado accedan a la representación en el legislativo, pues el acuerdo de crear las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, se está ahogando en un conflicto jurídico de claro tinte político, sobre la definición de mayorías en el congreso.

 

Paz y vida cotidiana

 

Lo que observamos hasta el momento, sin pretensiones exhaustivas, deja por lo menos dudas sobre el rumbo de la paz; dudas exacerbadas por otros elementos del contexto que son determinantes para su sostenibilidad y duración.

 

Hoy atravesamos por un periodo electoral en el que las diferentes visiones sobre la paz se van a enfrentar, en el que la maquinaria política sigue bien aceitada, y en el que seguramente ganará la inercia del régimen político que no logró transformarse en un corto periodo de negociación e implementación.
Tampoco podemos perder de vista que aún se encuentra en proceso de diálogo la agenda con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) que puede ser determinante en el pretendido cierre de un ciclo de guerra insurgente; como tampoco podemos perder de vista la persistencia del paramilitarismo y el narcotráfico que continúan disputando territorios, negocios y poblaciones.

 

De otra parte, hay que decirlo, no se ve con claridad cómo este proceso de paz va a impactar de manera positiva y en el corto plazo las vidas de millones de personas para quienes la paz no es el centro de sus angustias cotidianas; millones de habitantes de sectores populares urbanos para quienes la guerra se libra día a día a través de su lucha por lograr un mendrugo de pan, un techo donde dormir, un trabajo con el cual sobrevivir.

 

Algunos dicen que no es posible transformar la realidad de un conflicto profundo de más de medio siglo en escasos 12 meses, pero hay un dicho popular que nos pone a pensar, “Desde el desayuno se sabe lo que va a ser la comida’’. Obviamente, la realidad no es estática y la historia no puede leerse de manera determinista, pero el desayuno que nos hemos tenido que comer en estos meses de concreción de los Acuerdos de Paz seguramente nos traerá una que otra indigestión.

 

* http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/inversion-extranjera-subira-en-colombia-tras-firma-de-la-paz-EE5060446

Publicado enEdición Nº242
La reelección indefinida, una traición a la democracia

 

 

“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía”.


Simón Bolívar

Congreso de Angustura, 1819

 

En una sociedad que aspire a respetar el poder popular, las consultas al pueblo frente a temas cruciales son lo menos que se debe esperar y exigir. Bajo este principio podemos analizar la consulta propuesta por el presidente Lenín Moreno. Una consulta que requiere de reflexiones profundas antes de responderse pues posee varias tonalidades:

- preguntas tibias, como las relativas a la minería o al Yasuní (que casi en nada resuelven los problemas planteados, pero podrían asumirse como primeros pasos para profundizar el debate sobre los extractivismos);

- preguntas de apoyo rotundo, como la sanción a corruptos y violadores (aunque siempre cuestionándonos por qué no se instrumentan tales sanciones directamente, sin necesidad de consulta);

- preguntas polémicas, como la pregunta sobre la ley de plusvalía (¿es saludable eliminar una ley que grava impuestos a la especulación de tierras en vez de mejorarla?, definitivamente no es saludable);

- y preguntas políticamente cruciales, como las preguntas sobre la reelección indefinida y el cambio en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (quizá aquellas que recogen la verdadera razón de ser de la consulta); preguntas tan cruciales, que no basta con votarlas “SI”, sino que exigen una inmediata presión social para evitar que -luego de la consulta- se reedite la concentración de poder alcanzada por el correísmo.

Al ver estos temas se nota que en la consulta faltó la voluntad política para preguntar otras cuestiones de fondo, e incluso derribar todas las enmiendas constitucionales de diciembre de 2015 así como las reformas realizadas en 2011; muchos de esos cambios cargados de inconstitucionalidades. Entre las enmiendas hechas en 2015 que deberían cuestionarse -por temas logísticos se lo pudo haber hecho en una sola pregunta que las derrumbe todas de golpe- podemos recordar a: las FFAA como guardia pretoriana para reprimir; la comunicación como servicio público y no como derecho; la restricción de derechos laborales en el sector público; la disminución de funciones de la Contraloría; retroceso del derecho ciudadano y de los gobiernos autónomos descentralizados para convocar a consultas populares; reducción de competencias a dichos gobiernos autónomos...

A más de tener contenidos limitados, claramente la consulta es un intento del gobierno de Lenín Moreno para consolidarse. Sin embargo, en el caso de ganar el “SI”, dicho resultado no puede entenderse como un cheque en blanco para Moreno. Todo lo contrario: apenas se conozca el resultado de la consulta es crucial exigir desde la lucha popular una reconfiguración del poder político hacia formas más democráticas, no hacia formas más concentradoras. No podemos pasar del “correísmo” al “morenismo” ni podemos cerrar los ojos ante las fallas que el mismo gobierno de Moreno muestra en temas vitales como la economía (otro campo que tocará disputarse desde la organización popular). Tal presión social deberá hacerse presente incluso en el caso -poco probable- de que gane el “NO”...

De todas formas, cabe admitir -más allá del contenido- que la consulta es una oportunidad para que el pueblo recupere su involucramiento en la discusión y aprobación de decisiones nacionales. Así, la consulta puede ser un ejercicio importante de pedagogía política, pues no se trata solo de aprobar algunas reformas legales y constitucionales, sino de hacerlo en democracia (práctica que se fue perdiendo, sobre todo en los últimos años del correísmo). Pero a más de brindar un espacio de disputa democrática, la consulta crea la oportunidad de recuperar un elemento básico de una democracia vigorosa y radical (aspiración que dio vida a la propia Constitución de Montecristi): la alternabilidad en el manejo del poder político[3].

En efecto, la consulta es la oportunidad para derribar una norma aprobada con dedicatoria: la reelección indefinida impuesta inconstitucionalmente -y a espaldas del pueblo- por el correísmo. Dichas enmiendas se impusieron en diciembre de 2015 para beneficiar a un Rafael Correa que, apenas un par de años atrás (20 de enero de 2014) admitía que “es un gran daño que una persona sea tan indispensable, que haya que cambiar la Constitución para afectar las reglas de juego”, al tiempo que descartaba impulsar una reforma constitucional para introducir la reelección indefinida. Y no solo que impulsó la reforma, sino que el propio correísmo incorporó una transitoria disponiendo que la reelección indefinida aplique luego de las elecciones de 2017 pues Correa tenía claro que no iba a vencer: una total manipulación de la democracia en función de los caprichos de un caudillo...

Justo para evitar eso, en Montecristi se planteó con fuerza eliminar la reelección indefinida para todas las dignidades de elección popular. Eso se estableció expresamente en el artículo 114, y en el 144 para los presidentes y vicepresidentes de la República. Esta norma se extendió a partidos políticos (artículo 108), consejos de igualdad ciudadana (artículo 157), e inclusive a toda organización colectiva (artículo 96). La Asamblea fue muy clara, por ejemplo, al establecer la alternabilidad hasta en las organizaciones sociales: “Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas” (artículo 96). Queda claro, entonces, que la Asamblea Constituyente apuntó a la no reelección indefinida, la cual en el año 2007 era absurda para el propio Correa (hasta enero de 2014, como ya anotamos), así como para varios asambleístas que solo apoyaban la reelección “por una ocasión” (como Virgilio Hernández, actual defensor de la reelección indefinida en favor de Correa).

En Montecristi se prohibió la segunda reelección inmediata para evitar que un presidente en funciones use el poder del Estado para intentar perennizarse. Por cierto, de plano no se debe confundir la reelección indefinida en un sistema presidencialista -como el ecuatoriano- con sistemas parlamentarios -como en Europa, por ejemplo- pues, en los presidencialismos el ya de por sí alto poder adjudicado al ejecutivo termina desbordándose y deriva en hiper-presidencialismo. De hecho, si algo hemos aprendido estos diez años es que un sistema presidencialista exacerbado no compagina con una democracia participativa. En consecuencia, prohibir la reelección es un límite necesario.

Tal situación es clara en el caso ecuatoriano, en donde la reelección indefinida permite que se amplíe aún más la elevada influencia que ya de por sí tiene el ejecutivo sobre la nominación de órganos de control y de órganos autónomos. Por ejemplo, el ejecutivo nomina a miembros de la Corte Constitucional (Art. 434 de la Constitución de Montecristi), y tiene delegados en el Consejo de la Judicatura (Art. 179), una elevada capacidad de influencia que también debería cuestionarse.

Este problema, en la situación actual del país, se traduce en la necesidad crucial de desmontar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nombrado a gusto del caudillo del siglo XXI: Rafael Correa. Por ello, a pesar de los posibles cuestionamientos constitucionales a esta pregunta y del enorme poder que se le concedería al ejecutivo “morenista” votando “SI” en este tema, es necesario hacerlo para superar al Consejo correísta. Pero luego del 4 de febrero -de ganar el “SI”- habrá que organizar una enorme presión social para que el gobierno de Lenín Moreno no siga la senda de su antecesor. Incluso, si es necesario, se tendrá que salir a las calles para exigir que el Consejo de transición no sea una mera reedición de una instancia controlada por un nuevo mandamás.

A su vez, la reelección por un solo período intentó limitar el poder que la sociedad adjudica a un individuo, sea este un presidente, alcalde, prefecto, etc. Dicho límite impide, además, que una mayoría auto sostenida en el poder se atribuya la vocería excluyente y exclusiva del pueblo. Recordemos que el poder es capaz de hacer pasar la razón del poderoso como la única razón posible, aniquilando al pluralismo y a la diversidad que nacen de la alternabilidad. En una sociedad que aspire realmente a la democracia, es inaceptable que se imponga una sola tendencia o programa político, lo cual es más que posible si un gobernante con elevado poder sobre el Estado es reelegido indefinidamente. Eliminar la garantía de alternabilidad rompe un tope individual a quien ostenta el poder, atentando casi de muerte al pluralismo político.

En efecto, la reelección indefinida impide que surjan los espacios necesarios para consolidar un Estado que aspire a ser democrático, intercultural, plurinacional (Art. 1 de la Constitución de Montecristi) y que intente garantizar la participación en igualdad, la deliberación pública, promoviendo la diferencia (Art. 95), las diversas opciones ideológicas y políticas, aspectos necesarios al manejar los asuntos públicos en diversidad.

Por otro lado, la reelección afecta el principio de igualdad y no discriminación. Si se permite la reelección de quien ya ejerce el poder político, no existe igualdad de condiciones entre quienes disputan dicho poder. Ya lo experimentamos con Rafael Correa cuando él -en contubernio con el Consejo Nacional Electoral- aprovechó y abusó de los recursos públicos en sus campañas electorales, incluyendo espacios en medios de comunicación y todo el aparato estatal; mientras otros candidatos simplemente no tenían recursos para hacer campaña. De todas formas, tampoco debemos olvidar que el problema del uso de recursos para la disputa del poder político es inherente a las democracias representativas modernas -donde el dinero ha reemplazado al balcón-, de modo que en el largo plazo urge pensar en reconstruir la idea misma de representación y hasta de democracia desde las bases comunitarias de la sociedad.

Además, al no prohibir la reelección indefinida se afecta los derechos de las minorías y de la oposición, incluso las posibilidades de los potenciales candidatos de la misma tendencia política del ejecutor del poder. La democracia no es viable sin alternancia, lo cual no implica limitar la posibilidad de que una organización política continúe la obra realizada por su predecesora, siempre y cuando se sustente sobre bases sólidas y democráticas, en donde los caudillos sean inadmisibles.

Ahora, hay quienes audazmente podrían preguntar ¿y por qué no dejar que las personas elijan cuantas veces deseen a cualquier persona?, ¿quitar esa posibilidad no limita los derechos del pueblo? Aunque podría parecer válida la pregunta, no lo es. Debemos dejar de ver al poder político, al poder económico y al poder en general como un mero instrumento neutral que la sociedad amigablemente adjudica a una u otra persona para que ésta emprenda cambios sociales. Las dinámicas del poder son complejas, y tienen el potencial de manipular, inducir, forzar y engañar al pueblo -con prácticas capaces de corromper hasta al espíritu más fuerte- a fin de ampliarse a sí mismas, pues el poder solo sobrevive concentrando más poder. Por ello, si no usamos todos los mecanismos e instituciones a nuestro alcance para limitar a esa “voluntad del poder”, la misma puede rebasarnos y carcomer cualquier intento de democracia...

La historia enseña que, si una persona ejerce el poder sin límites temporales, tiende a concentrarlo. Toda concentración de poder implica corrupción, tiranía, opresión, implica la destrucción misma de la democracia. La reelección indefinida rompe el límite temporal del poder, ampliando sus posibilidades de injerir en otros poderes, limitando las libertades y obstaculizando el grado de especialización institucional que los diversos órganos podrían alcanzar en el ejercicio de sus funciones. En suma, la concentración de poder afecta la esencia de la democracia y abre la puerta a la infamia y a la corrupción galopante, como lo hemos vivido en el correísmo.

Por ello, los límites temporales al ejercicio del poder son vitales. No tener límites en el tiempo significa promover el autoritarismo y corroer la democracia. Es más, hasta los derechos políticos y de propiedad, sin restricciones, generan concentración de poder. Tales derechos son -y deben ser- intrínsecamente limitables, más aún en sociedades basadas en la desigualdad. Sin límites los derechos políticos generan despotismo, así como los derechos de propiedad llevan al monopolio. Ambos excluyen a otras personas que -al menos en el papel- deberían tener iguales derechos.

Al existir una regla social previa que limite al ejercicio del poder -como la no reelección indefinida- la propia persona ejecutora de ese poder limitará sus expectativas. Esto constituye un mecanismo de control con el cual el sujeto político está obligado de atenerse al tiempo señalado, de propiciar la sucesión e incluso de aceptar el inmediato escrutinio público de sus actos. Por lo mismo, la pregunta sobre la no-reelección indefinida necesita votarse con un “SI” sin dubitaciones.

En definitiva, la reelección indefinida lleva a que el ejecutor del poder se crea eterno, casi inmortal. En cambio, la no-reelección es un pequeño intento de recordarle a dicho “ejecutor” que, más allá de cualquier apariencia o título majestuoso, es un simple e insignificante mortal, como cualquiera de nosotros. Por tanto, la no-reelección no implica restringir derechos políticos -ni al pueblo ni a una persona- sino más bien implica una ampliación crucial: brinda un mayor derecho a ser libres y conscientes de nosotros mismos, al recordarnos que no somos eternos sino simplemente humanos...

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[1] Economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la República del Ecuador.

[2] Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador y de la Escuela Politécnica Nacional.

[3] Basta recordar el Plan de Gobierno de Alianza País (2006) en donde categóricamente, es su página 10, se planteó la necesidad de dar paso a “nuestros propios procesos de organización y diseñar nuestros propios programas de vida sin atenernos a mensajes y normas emanadas de alguien que pretender asumir el papel de un iluminado; no creemos en liderazgos individuales que conduzcan a la constitución de estructuras verticales y caudillescas, sino en liderazgos colectivos sustentados en la autocrítica, en la toma colectiva de decisiones, en el respeto a otras opiniones y en la humildad”.

 

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Jueves, 11 Enero 2018 17:01

La emocracia global y otros escritos

La emocracia global y otros escritos

Esta selección de escritos publicada por Ediciones Desde abajo es el resultado del trabajo constante y de varios años Carlos Fajardo Fajardo. Lo primero que llama la atención es la multidimensionalidad de la voz del poeta. Carlos Fajardo Fajardo es en primera dimensión un poeta con registros significativos y un lenguaje ya consolidado. Pero el poeta se desdobla en historiador; en ensayista, en esteta, en lúcido escalpelo de la cultura y el arte, y en crítico de la política, cuando no de periodista mordaz de la vida nacional y la universidad colombiana.

Los ensayos sobre las nuevas sensibilidades, sobre el arte en la cultura globalizada y en el mundo de lo efímero, son trabajos adelantados con el rigor del historiador, con la escritura del artista y con una sensibilidad de lo actual, que si bien aborda la banalización del arte, su mercantilización, su conversión en performance de lo qeu no mira el futuro y se sabe temporalmente derrotado, no deja en su indignaciòn de encontrar los nuevos aportes y de revalorarlos.

Este libro es de obligada lectura para todos los que respiran buscando los aires d eun mundo mejor, de un arte y una poesía que nos humanicen. Las lecciones que brinda rutilan en nuestra memoria con las huellas de lo imperecedero.

 

Gustavo Adolfo Quesada Vanegas.

La policía militar traslada a un preso en la prisión de Guantánamo.

 

Hagamos un viaje en el tiempo. 20 de septiembre de 2001, Washington. El presidente de Estados Unidos, George Walker Bush, da un solemne discurso en el Congreso dirigiéndose a una nación que aún se pregunta por qué ha sido atacada. El texano agradece la solidaridad de la comunidad internacional, habla de la reconstrucción de Nueva York y menciona el odio de los terroristas hacia la democracia. También nombra a una persona, Osama bin Laden, y un país, Afganistán, desconocidos en ese momento para el 99% de sus conciudadanos. Es allí donde Estados Unidos empezaría su “guerra contra el terror” y avisa al resto de naciones que espera una colaboración máxima. “O están con nosotros o están con los terroristas”, dice Bush.

¿Cómo sería esa nueva guerra? El presidente se responde a sí mismo: “Somos un país despertado por el peligro y llamado a defender la libertad. Nuestro dolor se ha convertido en ira, y nuestra ira en resolución. Ya sea que llevemos a nuestros enemigos ante la Justicia o hagamos justicia con nuestros enemigos, se hará justicia”. Los congresistas aplauden al unísono y se ponen de pie. Bush levanta la vista, la baja un poco para mojarse los labios y la vuelve a subir. Sabe que el momento histórico le evitará escuchar disonancias en una cámara entregada.
Lo que venía a decir el presidente era que la “pax americana” estaba por encima del derecho penal internacional y ningún tribunal lo detendría por sus métodos. La operación “Libertad duradera” comenzó dos semanas después y Estados Unidos, junto a una coalición internacional, desplegó tropas en Afganistán para derrocar a su Gobierno. Allí siguen 16 años después.

Los ecos de esos tambores de guerra se sintieron en una lujosa mansión de Filadelfia el 15 de diciembre de 2011. El padre de la Psicología Positiva, Martin Seligman, recibió en su casa a académicos estadounidenses e israelíes y responsables del FBI y la CIA. La finalidad era discutir un estudio suyo, fechado en 1975, que podía tener una aplicación práctica en esa nueva guerra contra el terrorismo. Seligman decía que cuando un perro sufre descargas eléctricas de forma indiscriminada termina por no tomar medidas para evitarlas, incluso si se le abre una vía de escape. Interioriza lo que los expertos llaman la “indefensión aprendida”.

Ese encuentro nunca se hizo público y no existen grabaciones, pero cimentaron el brutal sistema de torturas que la CIA instauró posteriormente. Es lo que cuenta Mark Fallon, experto en Defensa que pasó por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en un libro editado este año, Medios injustificables.

Las conclusiones de la cita de Filadelfia requerían una cobertura legal que llegó pronto. La Casa Blanca anunció el 7 de febrero de 2002 que no aplicaría los Convenios de Ginebra a los talibanes y combatientes de Al-Qaeda, dando vía libre a que se les torturase. Tres meses después Bush no ratificó el Estatuto de Roma, carta fundacional de la Corte Penal Internacional que sí había firmado Bill Clinton. Evitó así que la institución recién nacida en La Haya tuviera jurisdicción en territorio estadounidense. La “guerra contra el terror” siguió su curso y Estados Unidos invadió Irak en 2003 con la inestimable colaboración de Tony Blair y José María Aznar, argumentando que el Gobierno de Sadam Husein poseía unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron.

Demos ahora un salto en el tiempo hacia adelante. 9 de noviembre de 2017, La Haya. La Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, manda un vídeo a los medios en el que dice lo siguiente: “Durante décadas, el pueblo de Afganistán ha soportado el flagelo del conflicto armado. Tras un minucioso examen preliminar de la situación, he llegado a la conclusión de que se han cumplido todos los criterios jurídicos exigidos en el Estatuto de Roma para iniciar una investigación”. Sospecha de tres actores: los talibanes, las fuerzas de seguridad afganas y miembros del ejército de Estados Unidos y de la CIA.

Una Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal estudia actualmente darle luz verde. Se sabrá en los próximos meses y es muy probable que los jueces le den el visto bueno. A partir de ese momento, la Fiscalía tendría autorización para visitar otros países, recopilar pruebas y entrevistar a víctimas. Si cree que existen indicios suficientes, incluso solicitaría órdenes de arresto. Al menos 54 detenidos sufrieron torturas, tratos crueles, violación y otras formas de violencia sexual en cárceles afganas controladas por Estados Unidos, según el último informe de la Oficina de Bensouda. Abu Ghraib queda fuera de la investigación porque Irak no es Estado parte de la Corte Penal Internacional.

La fiscal también documenta abusos contra otros 24 prisioneros en centros de detención de la CIA localizados en Polonia, Lituania y Rumanía “principalmente entre 2003 y 2004”. Es decir, que no sólo encarcelaron a prisioneros sin juicio y en países como Afganistán o Irak, sino también en el viejo continente. Entonces, ¿se cometieron crímenes de guerra en territorio europeo a principios del siglo XX? Vamos por partes.

 

Polonia: un país ya condenado

 

El caso de Polonia ya está parcialmente documentado a nivel judicial. Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de julio de 2014, obligó a este país a indemnizar con 230.000 euros a dos prisioneros: Abu Zubaydah y Abd al-Nashiri. Ambos fueron trasladados a la base militar de Stare Kiejkuty, a unos 150 kilómetros de Varsovia y cercana al aeropuerto de Szymany, entre el 4 y el 5 de diciembre de 2002.

El tribunal se basó en informes desclasificados de la CIA para describir con una precisión terrorífica las “técnicas mejoradas de interrogación”, término utilizado por los norteamericanos para evitar la palabra “tortura”, utilizadas con al-Nashiri. Por ejemplo, un oficial lo amenazó con una pistola semiautomática durante un interrogatorio para que hablara. Como no lo hizo, lo metieron en su celda y lo encadenaron. Poco después, el mismo militar entró, apuntó el arma contra su cabeza y apretó el gatillo entre una y dos veces, simulando su ejecución.

El informe de la CIA sigue. “Probablemente el mismo día, el interrogador utilizó un taladro eléctrico para asustar a al-Nashiri (...) entró en su celda y encendió el motor mientras el detenido estaba desnudo y encapuchado”. Ninguna de las amenazas de muerte proporcionó información a los interrogadores. Los servicios secretos norteamericanos documentaron otros abusos, como “levantarlo del suelo por los brazos mientras los tenía atados a la espalda con un cinturón” o usar “un cepillo rígido para inducirle dolor”.

Un informe de la Cruz Roja citado en la misma sentencia explicó que al-Nashiri estuvo con las “muñecas encadenadas a una barra o gancho en el techo por encima de la cabeza (...) durante varios días seguidos” y fue “amenazado con ser sodomizado”. El 6 de junio de 2003 fue trasladado a otra cárcel secreta, en Rabat.

El Tribunal de Estrasburgo consideró probado que “las autoridades polacas sabían” de la existencia de la cárcel secreta de la CIA, pero no pudo explicar por qué Varsovia se había arriesgado a semejante empresa. La explicación llegó a los pocos meses desde el otro lado del Atlántico, pues el Senado estadounidense desclasificó un informe sobre el programa de detención de la CIA que decía lo siguiente: “Para alentar a los gobiernos para que albergasen de forma clandestina centros de detención, o para aumentar el apoyo de los ya existentes, la CIA proporcionó millones de dólares en pagos en efectivo a funcionarios de gobiernos extranjeros”.

No se nombró a los países que colaboraron, sino que se identificó los centros de detención por colores, pero los cruces de datos con otros documentos públicos pusieron en evidencia que la cárcel “azul” era la de Polonia. Sus autoridades habían dado su consentimiento para albergarla y llegó a tener prisioneros “por encima de su capacidad”, según otro cable de la Inteligencia estadounidense.

Las consecuencias políticas fueron inmediatas. El expresidente de Polonia, el socialdemócrata Aleksander Kwasniewski, convocó a la prensa al día siguiente y admitió haber dado permiso a la CIA para que usara la base militar de Stare Kiejkuty, pero negó saber que allí se practicaban torturas. Dijo no tener información sobre los pagos hechos por los norteamericanos y aseguró que el centro se cerró a finales de 2003 gracias a las presiones del Gobierno. ¿Por qué lo consintió entonces? Explicó que Estados Unidos le podría devolver el favor si la seguridad nacional polaca se veía amenazada e invocó una hipotética amenaza rusa.

 

Lituania: ¿torturas en la Unión Europea?

 

La UE hizo la mayor ampliación de su historia en mayo de 2004, cuando pasó de 15 a 25 miembros. Entre ellos estaba Lituania, que también se adhería a la Convención Europea de Derechos Humanos cuyo artículo 3 prohíbe tajantemente la tortura. Las reglas, en teoría, estaban claras.

Diversas informaciones acusaron a Lituania durante años de albergar un centro de la CIA, pero la cadena ABC News fue la primera en ponerla en el mapa. Un amplio reportaje en 2009 denunció la existencia de un centro de detención de la CIA en una antigua escuela de equitación, a 20 kilómetros de la capital, durante el año 2005. Las autoridades lo permitieron porque estaban agradecidas a Estados Unidos de que les dejaran unirse a la OTAN.

El reportaje provocó que el Parlamento lituano pidiera una investigación a fondo. Su conclusión fue que la CIA estableció no uno, sino dos centros de detención: el primero en la escuela de equitación y el segundo en una casa situada en la misma capital, en Vilnius, informaron medios nacionales. Sin embargo, no se llegó a probar que esos edificios llegaran a albergar prisioneros. ¿Para qué se usaron entonces? “El verdadero propósito de las instalaciones no se puede revelar porque constituye un secreto de estado”, dijo el fiscal a la prensa lituana.

La excusa no aguantó mucho tiempo. El informe del Senado estadounidense sobre las torturas de la CIA desclasificado en 2014 mencionó en varias ocasiones el centro de detención “violeta”, abierto a principios de 2005 y que según numerosas investigaciones estaba en Lituania. Se desveló que uno de sus prisioneros, Mustafa Ahmad al-Hawsawi, necesitó de asistencia médica después de un interrogatorio, pero funcionarios locales se negaron a trasladarlo a un hospital cercano por miedo a que la prensa se enterase.

El incidente causó enormes tensiones con la CIA, que se cuestionó la disposición del país anfitrión a “participar como originalmente se había acordado", señalan los mismos cables. Estados Unidos cerró las instalaciones en 2006 y trasladó a sus prisioneros al centro de detención “marrón”, que según varias investigaciones estaba en Afganistán. Abu Zubaydah, el detenido que ya ganó un caso contra Polonia en Estrasburgo, ha denunciado que también pasó por Lituania y ha llevado a este país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso que está pendiente de decisión.

 

Rumanía: abusos en pleno Bucarest

 

Una investigación periodística de Associated Press y un medio local, publicada en diciembre de 2011, localizó el centro de detención de la CIA en Rumanía: un edificio de la Oficina Nacional de Información Clasificada situado en el norte de Bucarest, en un barrio residencial y a pocos minutos del corazón de la capital. Abrió en otoño de 2003 después de que la Inteligencia estadounidense vaciara el centro de Polonia.

Dos de los prisioneros que pasaron por allí fueron Janat Gul y Hassan Ghul. Acusados de ser facilitadores de Al-Qaeda, experimentaron alucinaciones después de sufrir privaciones de sueño durante decenas de horas. Un médico constató que Ghul sufría “fatiga fisiológica notable", “espasmos musculares abdominales y en la espalda", "parálisis leves en los brazos, las piernas y los pies” debido a las horas que pasaba “en posición colgante” y a los intensos regímenes de privación de sueño, hasta 59 horas seguidas en algunos casos, reflejan cables de la propia CIA.

En mayo de 2005 llegó a Rumanía Abu Faraj al-Libi, un supuesto miembro de Al-Qaeda detenido en Pakistán que sufrió durante un mes las “técnicas mejoradas de interrogación”. En ese periodo se quejó de una pérdida de audición, pero sus captores no lo creyeron y siguieron adelante. Sólo pararon cuando los doctores de la CIA avisaron de “inaceptables riesgos médicos o psicológicos”. Al-Libi fue trasladado un año más tarde a Guantánamo, donde le tuvieron que implantar un audífono.

Llegó un momento en el que el jefe del centro rumano contactó con sus superiores para comentarles sus preocupaciones: la función del edificio de Bucarest estaba pasando de “producir inteligencia” (conseguir información de prisioneros) a convertirse en unas “instalaciones de detención de larga duración”. Sin embargo, los planes se fueron al traste en unos meses. El Washington Post denunció en noviembre de 2005 la existencia de centros de la CIA en antiguas repúblicas soviéticas. No dio nombres de países, pero llevó a las autoridades rumanas a reclamarle a Estados Unidos que cerrara la cárcel “en horas”, cosa que sucedió semanas después.

Rumanía negó los hechos durante años, pero su exjefe de Inteligencia Ioan Talpes reconoció en 2014, en una entrevista con Der Spiegel online, que su país albergó “al menos” una de esas cárceles. La razón, al igual que Lituania, era favorecer su entrada en la OTAN. ¿No le preocupaba que allí se produjeran torturas? “Lo que hicieran allí los americanos era asunto suyo”, afirmó Talpes.

Dos de las conclusiones del informe del Senado sobre el programa de detención de la CIA son especialmente chocantes. La primera, que “las técnicas mejoradas de interrogación no fueron un medio efectivo para obtener información precisa”. Es decir, la tortura no funcionó porque las confesiones respondían a los deseos de los interrogadores, no a datos o nombres nuevos que pudieran ser utilizados por los Servicios de Inteligencia. La segunda, que de los 119 expedientes revisados por el Senado, “al menos 26 fueron arrestos erróneos” porque “no cumplían con los estándares legales de detención”. Es decir, más del 20% nunca debieron ser encarcelados porque no habían hecho nada.

¿Sabía Bush dónde estaban éstas y otras cárceles repartidas por medio mundo? El informe del Senado lo aclara: “El presidente pidió no ser informado de las localizaciones de los centros de detención de la CIA para asegurarse de no revelar la información de forma accidental”. Tal cual.

 

Estados Unidos se opone a la investigación

 

La pregunta ahora es hasta dónde podría llegar la investigación de La Haya. El Pentágono ya ha avisado de que la rechaza de pleno. Una de sus portavoces dijo que “ni contaría con garantías ni es apropiada”, y que cualquier pesquisa deberá ser hecha por ellos mismos. En el pasado, los obstáculos puestos por algunos estados han echado al traste el trabajo de la Fiscalía, que ha visto derrumbarse casos enteros porque las pruebas desaparecían en el país donde habían sucedido los crímenes o los testigos cambiaban su testimonio a última hora.

Los países europeos señalados y Afganistán deben responder a las eventuales llamadas del tribunal porque sí han ratificado el Estatuto de Roma. Ahora bien, las autoridades afganas recelan mucho del movimiento de Bensouda. “Créame, no están nada contentos con su investigación, han hecho todo lo posible para paralizarla”, dijo a CTXT una alta fuente de La Haya.

La Corte Penal Internacional se basa en el principio de complementariedad, es decir, sólo interviene si detecta que las autoridades nacionales no hacen investigaciones o si éstas no son genuinas. Bensouda, en un informe reciente, dijo que tanto en Polonia como en Lituania y Rumanía “se están llevando a cabo investigaciones penales” sobre el asunto, pero les advierte que seguirá evaluando si esas pesquisas son auténticas y abarcan a “las mismas personas (...) identificada por la Fiscalía”.

El tono contra Estados Unidos es más duro: “No parece que se haya llevado a cabo ningún proceso para examinar la responsabilidad penal de quienes desarrollaron, autorizaron o asumieron la implementación por miembros de la CIA de las técnicas de interrogatorio”, señala la fiscal.

La Fiscalía de La Haya no tiene como política general ir a por los perpetradores directos de los crímenes, sino a por las máximas autoridades que dieron las órdenes de cometerlos. Mark Fallon, ex miembro del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señala en su libro “Medios injustificables” a dos altos cargos. El primero es Geoffrey D. Miller, el general que extendió el programa de torturas de la CIA, primero en Guantánamo y más tarde en Irak. Se retiró en 2006, pero abogados franceses y alemanes han impulsado iniciativas legales en sus países para juzgarlo por crímenes de guerra. El segundo es nada menos que Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos entre 2001 y 2006 que, según Fallon, autorizó personalmente al general Miller a aplicar las torturas.

¿Se atreverá La Haya procesar a autoridades como Rumsfeld? El caso representa una espada de doble filo para el tribunal. Serviría para limpiar su imagen de ser “una corte para África”, pues de momento todos sus condenados provienen del continente negro. Algunos sueñan con ver a altos cargos de la administración Bush sentados en el banquillo de los acusados y las expectativas creadas han sido importantes. Si finalmente la Fiscalía diera un paso atrás y no llegara a reunir pruebas suficientes para acusarlos de crímenes de guerra, su imagen pública se vería seriamente dañada.

Hagamos política-ficción e imaginemos que, eventualmente, la corte se atreviera a dictar esas órdenes de arresto. La prensa internacional abriría sus portadas con el movimiento de La Haya y se ganaría el respeto de actores que hasta el momento han visto sus pasos con desconfianza. No obstante, se haría evidente una de las grandes debilidades del tribunal: su dependencia de los estados.

El tribunal no dispone de policía propia y necesita que los estados hagan las detenciones, pero los norteamericanos, con toda seguridad, se negarían a enviar a los suyos a La Haya. Habría llamamientos a la comunidad internacional en nombre de las víctimas y los derechos humanos, pero todo quedaría en una declaración de intenciones. Al final se impondría esa incómoda verdad que no gusta oír en La Haya: la Justicia universal sólo se aplica allí donde los grandes poderes la permiten.

 

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Domingo, 31 Diciembre 2017 07:50

El año del desenlace

El año del desenlace

América Latina tendrá varias elecciones presidenciales en 2018, entre ellas las de México, Colombia y Brasil. En el caso brasileño, representaría el desenlace de la más profunda y prolongada crisis que el país ha vivido en toda su historia.

Iniciada a finales del 2014 cuando, derrotada por la cuarta vez consecutiva en elecciones presidenciales y teniendo la perspectiva de tener que enfrentarse de nuevo con Lula en la elección siguiente, la derecha brasileña enfiló por el camino de una vía golpista.

Desde entonces, Brasil ha ingresado en la mas larga y profunda crisis de su historia, con la desestabilización introducida por la derecha prolongados en el propio gobierno instalado por el golpe. Fueron dos primeros años - 2015 y 2016 - de auge de la ofensiva de la derecha, que logró tumbar al gobierno de Dilma Rousseff e instalar un gobierno que puso en práctica el ajuste derrotado en cuatro elecciones.

 

El resultado fue que 2017 fue un año de giro en Brasil. al principio privó la agenda de la derecha - centrada en las denuncias de corrupción y los problemas del modelo económico del PT - pero de a poco retornó a la centralidad de las políticas sociales. Uno de los resultados de ese cambio fue el ascenso del apoyo a Lula y el desastroso índice de aprobación de todos los candidatos asociados al gobierno de Temer.

 

2018 se anuncia como el año de las nuevas elecciones generales. Comienza con la continuidad de los procesos judiciales en contra de Lula, a quien, sin ninguna prueba concreta, tratan de sacar de la disputa electoral. El 24 de enero se dará el fallo en segunda instancia, en Porto Alegre, de la primera condena de Lula.

 

Grandes movilizaciones han sido anunciadas para enero en todo el país, haciendo de ese mes uno más de la pre-campaña electoral de Lula, que sería condenado, pero no proscrito de la disputa electoral. Hay todavía una serie de recursos en otras instancias del Poder Judicial. 2018 será en Brasil una mezcla de batallas políticas, de masas y de peleas jurídicas.

 

Pero lo que es seguro es que el nuevo año será el del desenlace de la crisis política iniciada hace tres años. O, de alguna forma que todavía no se vislumbra, el régimen de excepción se prolonga, consolidando el desmonte de Brasil como país, o se restaura la democracia, con elección de Lula como nuevo presidente, retorna el modelo de desarrollo con distribución de renta, las políticas de inclusión social y la política externa de soberanía nacional.

 

De la forma que sea, Brasil decide su futuro por un tiempo largo en 2018. Un año decisivo para el país, con consecuencias directas e indirectas en otros países del continente. si vence Lula se frena la contraofensiva conservadora, que no ha dejado de ampliarse en 2017, en Chile, en Argentina y en Ecuador. La crisis brasileña llegará a un termino, sea con la consolidación del gobierno de restauración neoliberal, sea con el retorno de gobiernos antineoliberales.

 

Será un año más de tensión, de convulsiones, de escaramuzas cotidianas, entre el bloque de derecha y el bloque de izquierda. Brasil llegará a un desenlace de la crisis, que ya se alarga por más de tres años, que ha devastado los derechos sociales conquistados en los 12 años de gobiernos del PT, que ha suspendido la política externa soberana del país, y que ha excluido al pueblo de las decisiones, cerrando el ciclo democrático brasileño. Un desenlace democrático representará que ese período negativo habrá sido apenas un paréntesis, superado por la capacidad de lucha del pueblo brasileño.

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Lunes, 01 Enero 2018 07:13

Abuso de fuerza en Honduras

Abuso de fuerza en Honduras

La elección presidencial hondureña del pasado 26 de noviembre se vio ensombrecida por serias denuncias de fraude. El presidente saliente, Juan Orlando Hernández, fue reelegido en detrimento del centrista Salvador Nasralla, adalid de la lucha contra la corrupción. Con el beneplácito de Estados Unidos, omnipresente en la vida política y militar del país centroamericano desde principios de los años 80. 

 

Un grupo de soldados con el dedo en el gatillo en medio de la ruta, manifestantes corriendo a buscar refugio en medio de nubes de gas lacrimógeno... A principios de diciembre, las calles de Tegucigalpa, la capital hondureña, presentaban toda la apariencia de un golpe de Estado militar, reminiscencia del clima de junio de 2009, cuando el presidente de izquierda Manuel Zelaya fue secuestrado por el ejército y embarcado a la fuerza en un avión con destino a Costa Rica.

Esta vez fueron las sospechas de fraude electoral las que provocaron el incendio. La elección presidencial del 26 de noviembre pasado se realizó en un clima de extrema tensión, marcado por el temor de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), adicto al Partido Nacional de Honduras (PNH) en el poder, estuviera dispuesto a todo con tal de garantizar un segundo mandato al presidente saliente, Juan Orlando Hernández, cuestionado por sus derivas autoritarios y su implicación en casos de corrupción. Este temor se fundaba además en una certeza: Washington no se mostraría indiferente al resultado de su protegido, garante del mantenimiento de una política ultraliberal y de la militarización del país.

Resulta difícil determinar en qué preciso momento de la historia de Honduras surgió la expresión “procónsul” para designar al embajador de Estados Unidos. El término ya era muy popular a principios de los años 1980, cuando la embajada estadounidense en Tegucigalpa acompañó –por no decir orquestó– la frágil transición de la dictadura militar hondureña a un régimen de democracia condicional y militarizada. La misión encomendada al “procónsul” en funciones en ese momento, John Negroponte, era perfectamente clara: asegurar que Honduras sirviera de plataforma de coordinación para la guerra clandestina de la administración Reagan contra el gobierno sandinista en Nicaragua y los movimientos de izquierda en El Salvador o Guatemala. Esto implicaba no sólo una fuerte presencia militar estadounidense en Honduras, sino también el control de la vida política interna del país.

Bajo el mando de Negroponte, las tropas estadounidenses reforzaron su ocupación de la base aérea Soto Cano, percibida por muchos hondureños como un enclave “yanqui”. La asistencia militar estadounidense a Honduras pasó de 4 millones de dólares en 1981 a 77.400.000 en 1984. Al tiempo que reconocía internamente que las fuerzas armadas hondureñas cometían “cientos de violaciones a los Derechos Humanos (...), la mayoría motivada por razones políticas” (1), la Central Intelligence Agency (CIA) apoyó a los escuadrones de la muerte que, a semejanza del siniestro Batallón 3-16, torturaron, asesinaron o hicieron desaparecer a decenas de sindicalistas, universitarios, campesinos y estudiantes. La embajada estadounidense mantenía estrechos vínculos con los comandantes de estas falanges. Como revelan los documentos desclasificados, Negroponte se ocupó personalmente de obstaculizar cualquier divulgación de estas atrocidades estatales para evitar, decía, “crear problemas de derechos humanos en Honduras” (1).

Recién en 2006 el sistema elaborado por Negroponte –más tarde promovido al cargo de embajador ante las Naciones Unidas y luego a secretario de Estado adjunto por el presidente George W. Bush– comenzó a desmoronarse. Electo presidente ese año, Manuel Zelaya, un rico terrateniente que se había postulado candidato como representante de los liberales, de manera inesperada y ante la sorpresa general se comprometió en una política de izquierda. En una espectacular ruptura con sus predecesores, Zelaya se acercó al presidente venezolano Hugo Chávez, el espantapájaros de Washington, y declaró la adhesión de Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que Chávez había instaurado para contrarrestar la influencia de Estados Unidos. Como suprema audacia, Zelaya estableció contactos con los movimientos sociales opuestos a la presencia militar estadounidense y convocó a la creación de una Asamblea Constituyente que sustituyera la Ley Fundamental de 1982, adoptada bajo la tutela de Washington, por una nueva Constitución de inspiración progresista.

Cuando el Presidente anunció su intención de consultar a los hondureños para saber si la convocatoria a una Asamblea Constituyente tenía que ser objeto de un referéndum antes de fin de año, los generales y el establishment del país decidieron actuar de inmediato. Con el pretexto, carente de prueba alguna, de que Zelaya buscaba modificar la Constitución para aferrarse indefinidamente al poder, los principales dirigentes de los dos partidos dominantes acogieron con inmensa alegría el golpe de Estado militar del 28 de junio de 2009.
Aunque después de algunas dilaciones la administración Obama terminó condenando el golpe en Honduras, no dejó de utilizar todo su poder para impedir que Zelaya regresara a su país. Además, bajo la dirección de Hillary Clinton, el Departamento de Estado expresó su apoyo a las elecciones que organizó el gobierno surgido del golpe de Estado, absteniéndose de reclamar que se restableciera previamente a Zelaya en sus funciones.


Para muchos hondureños, el orden establecido desde el golpe de Estado de 2009 recuerda a más de un título los siniestros años 80. El país vive nuevamente al ritmo de los cuarteles. Las tropas desplegadas en todo el país tras la expulsión de Zelaya recibieron carta blanca para reprimir las protestas casi diarias de los opositores al golpe de Estado. Controlados por el PNH, los gobiernos surgidos de las criticadas elecciones de 2009 y 2013 institucionalizaron la tarea policial confiada a los militares, en violación de la Constitución hondureña. Como presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández movió los hilos para validar en la legislatura a la nueva guardia pretoriana del régimen, la Policía Militar del Orden Público (PMOP). A punto de asumir la presidencia en 2014, creó los “Tigres”, unidades de policía militarizada formadas por Estados Unidos y comandadas por oficiales notoriamente implicados en escándalos de corrupción.


La remilitarización de Honduras coincidió con la restauración de un clima altamente favorable para las familias ricas y los inversionistas internacionales, para quienes el gobierno lanzó la campaña “Honduras is Open for Business” (“Honduras está abierta a los negocios”). Para hacer frente a los riesgos de conflictos sociales, el gobierno tuvo la precaución de concentrar las fuerzas de seguridad en las áreas destinadas a la industria minera, las represas hidroeléctricas, el sector agroalimentario y el turismo, es decir los intereses potencialmente más perjudiciales para las poblaciones circundantes. Muchos proyectos industriales se implementaron ilegalmente, ya que la ley exige la previa consulta a las comunidades indígenas afectadas. Según las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, es frecuente que los militares aúnen fuerzas con las empresas de seguridad privada para quebrar la resistencia local mediante la intimidación y el terror, y a veces incluso campañas de asesinatos selectivos, como el de la dirigente indígena ecologista Berta Cáceres (2).


No obstante, el sistema político que Estados Unidos ha ayudado a instaurar en Honduras, mezcla de autoritarismo militar y malversación de fondos, muestra signos de desgaste. El movimiento de resistencia al putsch de 2009 dio origen a un nueva formación política, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que desafía el statu quo del bipartidismo. En los comicios de 2013, a pesar de los masivos fraudes electorales que modificaron el escrutinio y de una sangrienta campaña intimidatoria marcada por el asesinato de al menos dieciocho candidatos y militantes del partido, LIBRE quedó en segundo lugar en el Congreso con treinta y siete escaños.


Además. el régimen se vio debilitado por los casos de prevaricación al más alto nivel y la participación de varios dignatarios en los circuitos de narcotráfico, entre ellos el hermano del presidente Hernández y el ex presidente Porfirio Lobo. En 2015, una ola de rebelión recorrió el país después de que se descubriera que los fondos recaudados a través de una red de corrupción se habían utilizado para financiar la campaña electoral de Hernández en 2013. Gracias a la rápida mediación de Washington y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se encontró una solución política que, excluyendo a los grupos opositores, permitió al Presidente hondureño escapar al destino de su homólogo guatemalteco, Otto Pérez Molina, encarcelado en 2015 a la espera de un juicio por malversación de fondos.


Como para minar un poco más la legitimidad del gobierno, en 2016 la Corte Suprema de Honduras –también controlada por el PNH– dictaminó que el artículo de la Constitución que prohíbe al presidente presentarse a un segundo mandato podía ser ignorado en nombre de... los derechos humanos. La ironía de esta decisión, tomada siete años después de que Zelaya fuera destituido por haber presuntamente pretendido volver a presentarse, no escapó a los hondureños, quienes protestaron en forma masiva en la calle contra este nuevo abuso de fuerza.


Con los comicios de noviembre de 2017 en la mira, LIBRE formó una coalición con otros dos pequeños partidos: la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Con la esperanza de reunir al electorado moderado a favor de su causa, la Alianza convino en la candidatura del centrista Salvador Nasralla, un hombre de negocios dedicado a luchar contra la corrupción, quien también es un conocido periodista y presentador de la televisión hondureña. Junto a él se presentaba como candidata a la vicepresidencia Xiomara Castro de Zelaya, esposa del presidente depuesto.


El día de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral anunció que estaba en condiciones de proporcionar resultados provisionales a primera hora de la noche. Sin embargo, a medianoche, mientras que tanto Hernández como Nasralla se proclamaban vencedores, el TSE seguía sin brindar datos. Según el testimonio que con posterioridad dio a la prensa un miembro disidente de ese órgano, Marco Ramiro Lobo, poco después de la clausura de los colegios electorales el equipo técnico del TSE informó internamente que el recuento del 57% de los votos mostraba una tendencia clara e irreversible a favor de Nasralla. Durante varias horas, el presidente del TSE, David Matamoros –un ex congresista del PNH– se negó a informar esos resultados parciales, hasta que bajo la presión de los observadores internacionales y del propio Lobo, terminó por cumplir su promesa, pero se abstuvo de pronunciar la palabra “irreversible” en relación con la tendencia emergente.


En ese momento se interrumpió bruscamente el recuento de los votos, que antes se transmitía en directo a través de la página web del TSE. La misteriosa avería duró unas treinta horas. Según Lobo, fue Matamoros quien, sin una palabra de explicación, habría dado la orden de detener el proceso de conteo. Cuando se lo retomó, a la velocidad de un caracol, la ventaja de cinco puntos que al inicio se le había otorgado a Nasralla comenzó a disminuir inexorablemente. Finalmente, el 30 de noviembre el presidente Hernández fue declarado definitivamente vencedor, con un punto y medio por sobre su rival.


Ante la presión de la calle y de los observadores internacionales, Matamoros terminó efectuando un recuento parcial de los votos. Unos días más tarde, acompañado por la encargada de Negocios estadounidense Heide Fulton, afirmó: “Lo que encontramos en las urnas confirma lo que contamos el día de las elecciones”. Para luego anunciar, el 17 de diciembre, que “el presidente elegido para el período 2018-2022 es el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado”. Las elecciones fueron “de una transparencia nunca vista en Honduras”, concluyó.


Decenas de miles de hondureños descontentos salieron a las calles. En respuesta, el gobierno declaró el toque de queda y desplegó el ejército y la policía por todo el país. La ola de represión fue mortífera. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “preocupadas”, contaron doce manifestantes asesinados, decenas de heridos y cientos de detenidos durante la primera quincena de diciembre. En la tarde del 9 de diciembre, mientras las fuerzas de seguridad seguían sembrando el terror bajo sus ventanas, el TSE se reunió en un ambiente relajado en su sede del centro de la capital. Su presidente estaba a punto de hacer una declaración cuando la encargada de negocios estadounidense tomó el micrófono para saludar el trabajo de la autoridad electoral y hacer un llamado al pueblo hondureño para que respete los resultados oficiales de la elección. Qué importan las cientos cincuenta demandas por fraude presentadas por los partidos de oposición: el apoyo de Washington parecía garantizar que el presidente Hernández se mantendría en el poder, con total libertad para continuar, por lo menos hasta el año 2021, su política ultraliberal y la militarización del país.


Ante la sorpresa general, la misión de observación de la OEA –que había brillado por su apatía ante el fraude electoral de 2013– se negó a apoyar los resultados. Presentó un informe demoledor sobre las irregularidades en el proceso electoral y concluyó que persistían dudas con respecto a los resultados de la elección. Todas las miradas apuntaron a Washington. Si la OEA, instrumento clave de la hegemonía estadounidense en la región, estaba dispuesta a cuestionar la victoria de Hernández, entonces todo parecía posible, incluso un viraje de la política hacia Honduras. Pasaron veinticuatro horas sin la menor reacción por parte del gobierno estadounidense. Finalmente, en la tarde del 18 de diciembre, el Departamento de Estado saluda la victoria de Hernández. Ninguna mención al informe de la OEA.


En las horas que siguieron, los gobiernos de derecha cercanos a Washington felicitaron, uno por uno, a Hernández: Guatemala, Colombia, México... Mientras tanto, una nueva ola de protestas paraliza las principales arterias de las grandes ciudades de Honduras.

 

1. David Corn, “Negroponte: unfit to lead, The Nation, Nueva York, 24-2-05.
2. Véase Ignacio Ramonet, “Berta Cáceres. Un crímen político” y Cécile Raimbeau, “¿Quién mató a Berta Cáceres?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, abril y octubre de 2016 respectivamente.

*Analista político en el Center for Economic and Policy Research (CEPR), Washington, DC.


Traducción: Teresa Garufi

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Presidente Trump; Alabama candidato al senador por los republicanos Roy Moore.

En este momento el mundo entero ya sabe que en uno de los estados más conservadores de Estados Unidos, un demócrata, Doug Jones, derrotó al juez Roy Moore, el candidato republicano, en una elección especial por el escaño vacante.

 

En el análisis que casi todo mundo hace del resultado de la elección se la califica de asombrosa, una sorpresa, se dice, un milagro, como parte de la larga lista de juicios sumarios semejantes.

 

En casi todos estos análisis se afirma que el gran perdedor es Donald Trump. El único disenso de estas opiniones viene de unos cuantos ultra-leales al presidente, pero sus palabras son consideradas, por lo general, como esfuerzos no muy convincentes por limitar los daños.

 

Por supuesto que toda la gente en Estados Unidos y en el resto del mundo quiere saber qué cambia, en la perspectiva de las elecciones venideras de 2018 y 2020 en Estados Unidos, la muy inesperada victoria demócrata; qué cambia en la fortaleza geopolítica de Estados Unidos. En resumen, qué tan importante fue esta así llamada asombrosa sorpresa.

 

Revisemos qué favorecieron los principales actores estadunidenses antes de la elección de Alabama y cuáles habían anticipado que serían las consecuencias si Roy Moore era electo o si no lo elegían. No es ningún secreto que el líder del establishment republicano, encarnado en Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el senado estadunidense, intentó de todas formas derrotar a Moore en las primarias y, una vez que Moore ganó las primarias, distanció al Partido Republicano de su asociación con la campaña de Moore.

 

Las motivaciones de McConnell eran claras. Por una parte, la campaña de Moore intentaba ser un empujón importante encaminado a derrocar a McConnell como líder de la mayoría. La esperanza de los simpatizantes de Moore era empujar al Partido Republicano lo más a la derecha posible y eliminar del poder político a cualquier republicano al que se considerara moderado.

 

En esta elección de Alabama, el propio presidente Donald Trump se entrometió dos veces. Primero, en la elección primaria respaldó (aunque fuera débilmente) a Luther Strange contra Roy Moore. La segunda vez, cuando Moore ganó la primaria, llamó a los votantes (y esto con fuerza) a votar por él en contra del demócrata. Se entrometió dos veces y en cada una de estas ocasiones su candidato perdió –lo que no es exactamente un logro brillante.

 

Desde el punto de vista de McConnell y sus aliados, el resultado fue el peor posible que hubieran imaginado. Los republicanos son ahora los desvalidos en las elecciones de congreso en 2018 y hay muchas posibilidades de que pierdan el control de ambas cámaras del congreso.

 

Peor aun, la brecha partidista en Estados Unidos se ha profundizado y es poco probable que los republicanos retomen su fuerza en las zonas suburbanas con las que antes contaban para ganar las elecciones.

 

Esto parece explicarse con la reacción de las mujeres ilustradas ante la identificación del Partido Republicano con su viraje a la derecha y ante los tuis de retórica misógina de Donald Trump. No es sólo Alabama. Esto lleva ya algún tiempo. En los últimos años, los republicanos han perdido votos en las zonas suburbanas en cada elección que haya ocurrido a lo ancho del país.

 

Así, mientras el Partido Republicano tendrá que seguir luchando a la defensiva contra este vaivén demócrata, los demócratas seguirán luchando por mantener la unidad, entre sus líderes, tradicionalmente centristas, y la base que puja agresivamente hacia la izquierda, con poder renovado.

 

Lo que hizo la diferencia en Alabama fue que los demócratas obtuvieron el voto –de los afroestadunidenses, de la gente joven, de latinas y latinos, de votantes mujeres independientes, cuando muchos de los que normalmente son votantes republicanos se quedaron en casa– a causa de Moore y a causa de Trump. Este es un escenario que los demócratas necesitan repetir en todas las elecciones venideras. El consenso general es que pueden hacer eso, pero existe una duda importante. ¿Pueden hacerlo con un margen lo suficientemente amplio como para remontar la falsificación de los votos que se amontona contra ellos?

 

Bien podría ser que lo que decidiera las siguientes elecciones estadunidenses fuera la postura geopolítica de Estados Unidos –primordialmente en el nordeste de Asia y en el sudeste asiático, en gran medida islámico. Aquí Donald Trump es el actor clave. Él se imagina lo suficientemente poderoso como para alterar la situación alardeando con retórica militar y amenazas deliberadas. Esto es una total ilusión, pero no frenará a Trump de actuar de modos muy peligrosos. Trump espanta a casi todos los actores en ambas arenas porque temen, correctamente, que Trump se rehúse a reconocer la decadencia del poderío geopolítico estadunidense y su propio poder derivado.

 

En la medida en que la arrogante y errónea lectura de Trump de la correlación de fuerzas real espante a la suficiente gente en Estados Unidos, es más probable que afecte las elecciones internas en Estados Unidos.

 

La actual posición estadunidense en los asuntos del mundo no se originó con Trump. Es la continuación de políticas duraderas de Estados Unidos, de Nixon a Bush y a Obama. Sin embargo, hay una diferencia crucial. Trump está seguro de su poder ilusorio. Por lo menos sus predecesores se preocupaban de contar de hecho con todo el poder que quisieran. Esto es lo que los condujo a hacer un trato con Irán. Esto los condujo a reanudar las relaciones con Cuba. Esto es lo que los condujo a refrenarse de reconocer públicamente a Jerusalén como capital de Israel. Trump intenta deshacer todas estas decisiones. Es totalmente incierto que alguien en alguna parte lo refrene a él.

 

Pregunté qué tan importante es la elección de Alabama. En el corto plazo, pienso que es muy importante. En un plazo más largo, sin embargo, es meramente un bache en términos de la capacidad que tenga el mundo para sobrevivir en medio de la decadencia estructural del sistema-mundo moderno.

 

Traducción: Ramón Vera-Herrera

© Immanuel Wallerstein

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Pedro Pablo Kuczynski zafó a última hora pero quedó malherido

Aunque pudo evitar su destitución, las acusaciones de corrupción hundieron la imagen del presidente de Perú. Deberá responder ante la fiscalía y una comisión investigadora del Congreso manejada por el fujimorismo, que quiso destituirlo. Las explicaciones que hasta ahora ha dado sobre las acusaciones por sus vínculos con Odebrecht no convencen.



Desde Lima

El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha evitado sobre la hora ser destituido de su cargo por el Congreso, pero está lejos de haber logrado una victoria que lo fortalezca. Por el contrario, ha quedado debilitado y con la imagen mellada por las acusaciones de corrupción. Ahora deberá responder ante la fiscalía y una comisión investigadora del Congreso manejada por el fujimorismo que quiso destituirlo. Y las explicaciones que hasta ahora ha dado sobre las acusaciones por sus vínculos con Odebrecht no convencen. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha renunciado, en una decisión para tomar distancias del presidente por las acusaciones en su contra. Otros ministros nunca salieron a defenderlo y Kuczynski estaría pensando cambiarlos.

 

En la víspera de la Navidad, Kuzcynski logró en el último momento el milagro de la salvación. Luego de un maratónico debate parlamentario de catorce horas, que mantuvo en vilo al país, se rechazó el pedido para destituirlo por “incapacidad moral permanente”, acusado por los contratos que una empresa de su propiedad firmó con Odebrecht cuando era ministro de Economía y primer ministro de Alejandro Toledo (2001-2006), hoy prófugo señalado de recibir sobornos de la cuestionada constructora brasileña, y de haber mentido para ocultar esa relación. Ocho votos salvaron a PPK, como se conoce a este veterano economista y hombre de negocios de 79 años. Para destituir al mandatario se necesitaban 87 votos de los 130 miembros del Congreso unicameral. Los promotores de la medida, encabezados por la mayoría fujimorista, alcanzaron 79 votos. Inesperados cambios y disidencias de última hora movieron el resultado a favor de Kuzcynski. PPK solamente obtuvo solamente 19 votos en su defensa. Lo salvaron las abstenciones.

 

Hace una semana, habían sido 93 congresistas los que aprobaron aceptar poner a debate el pedido de destitución del presidente. En ese momento, todos daban por muerto a PPK. El fujimorismo se puso al frente del pedido de destitución del presidente y Kuczynski apeló al antifujimorismo para evitar su destitución. Al final, como había ocurrido en las elecciones presidenciales de 2016 cuando el actual presidente enfrentó a Keiko Fujimori en segunda vuelta, el antifujimorismo fue un factor decisivo en el resultado que favoreció a PPK.

 

En un doble juego, mientras Kuczynski y el oficialismo apelaban en público al antifujimorismo para salvarse, bajo la mesa negociaban con algunos de sus representantes. Y lo que habrían puesto, según lo que ha trascendido, como carta de negociación a cambio de que declinen de apoyar la destitución del presidente ha sido el indulto al ex dictador Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

 

La negociación habría sido con Kenji Fujimori, hijo menor del ex dictador y hermano de Keiko, la jefa del fujimorismo y ex candidata presidencial. Desde hace buen tiempo Kenji, en búsqueda de un espacio propio, está enfrentado a su hermana Keiko, promotora desde las sombras de la destitución de Kuczynski. Keiko ya no parece muy interesada en la liberación de su padre, cuya salida de prisión ve como una amenaza a su liderazgo en el fujimorismo, mientras Kenji ha dicho que sacar de prisión a su padre es su principal objetivo. En los días de negociaciones para salvar al presidente, el gobierno envió al penal VIP de un cuartel policial donde Fujimori cumple su sentencia a una junta médica para que lo evalúe, la que emitió un informe que recomienda el indulto humanitario.

 

En la hora decisiva, sorpresivamente diez de los 71 parlamentarios fujimoristas, encabezados Kenji, se abstuvieron al momento de votar, dejando así a la propuesta de la vacancia presidencial impulsada por su propio partido sin los votos necesarios para ser aprobada. Todos esperaban el voto disidente de Kenji, que ya lo había adelantado, pero no el de los otros nueve. Los rostros de los congresistas fujimoristas cuando vieron en el tablero electrónico esas nueve abstenciones que convirtieron en derrota lo que para ellos era ya una victoria segura revelaban su sorpresa inicial y la frustración y rabia posterior. Al lado, Kenji y los nueve se abrazaban, sonreían, celebraban, pensando seguramente en Alberto Fujimori antes que en Kuczynski.

 

De acuerdo con medios de prensa locales, versiones ratificadas por dirigentes del fujimorismo, antes de la votación sobre la destitución del presidente, Alberto Fujimori habría llamado por teléfono a congresistas de su partido para pedirles que lo apoyen. Kenji coordinaba esos contactos. “No me abandonen”, habría sido uno de sus mensajes. Convenció a nueve. Darle el indulto a Fujimori a cambio de votos para salvar al presidente, puede terminar siendo un precio muy alto para el gobierno.

 

Del lado del fujimorismo, el resultado en el Congreso fue una doble derrota. Perdieron una elección que estaban seguros de ganar y han visto romperse su bancada. Sin los diez disidentes el fujimorismo pierde su mayoría absoluta.

 

El izquierdista Frente Amplio votó en bloque con sus diez miembros a favor de la vacancia presidencial. Una decisión que le ha valido acusaciones de haberse prestado al juego del fujimorismo para copar el poder. Los diez congresistas del otro grupo de izquierda del Parlamento, Nuevo Perú, se retiraron del hemiciclo justo antes de la votación llevando carteles que decían: “Ni lobismo, ni golpismo”. A diferencia de otros procesos parlamentarias para destituir a un presidente en otros países de la región, en el caso peruano esto ha sido producto de una disputa entre dos facciones de la derecha peruana: una liberal y empresarial que maneja el Ejecutivo y una autoritaria y populista que controla el Congreso.

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Honduras, Perú, Chile: descomposición democrática

En las últimas semanas asistimos a la escenificación de la deslegitimación de las democracias electorales en América Latina. Me refiero al fraude electoral contra la oposición en Honduras, al irresistible ascenso del fujimorismo que está a punto de desplazar al presidente electo con un golpe parlamentario y al retorno del empresario derechista Sebastián Piñera a la presidencia en Chile. En los tres casos parece evidente que el sistema democrático no sirve a los intereses de los sectores populares.

En Honduras se produjo un doble fraude. En 2009 se había dado un golpe institucional contra el presidente Manuel Zelaya porque pretendía postularse a la relección que está expresamente prohibida por la Constitución. Sin embargo, en 2015 la Corte Suprema de Justicia falló de manera unánime señalando la inaplicabilidad del artículo 239 que prohíbe la relección. O sea, la misma Corte que destituyó a Zelaya, violó la Constitución para hacer lo contrario.

Días atrás, hasta la OEA de Luis Almagro se pronunció por repetir unas elecciones que a todas luces fueron irregulares, aunque el Tribunal Supremo Electoral parece haber zanjado la cuestión en favor del presidente Juan Orlando Hernández. Nada indica que el corrupto poder hondureño, que provocó el asesinato de Berta Cáceres y de otras 123 personas asesinadas desde 2010 por oponerse a proyectos de represas, vaya a retroceder. Ni que la OEA sea tan beligerante en este caso como lo está siendo con Venezuela.

En Perú el Parlamento con mayoría absoluta fujimorista está al borde de un golpe parlamentario para destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski, economista y empresario neoliberal. La justicia lo acusa de haber favorecido a la brasileña Odebrecht en 2006 cuando era el primer ministro de Alejandro Toledo. Lo que indigna es que sea el partido de Keiko Fujimori, que cobija a los genocidas y corruptos del régimen de su padre, Alberto, preso que será puesto en libertad si ganan la Presidencia, quien esté al frente del ataque al actual gobierno.

El fujimorismo busca hacerse con el control del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía de la Nación, a cuyos miembros acusa de presunto lavado de activos del narcotráfico. El control del Parlamento puede terminar por ahogar todas las instituciones del país, entre ellas la Corte Suprema, para evitar que la justicia siga adelante con el caso Lava-Jato que implica a los Fujimori. En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano suspender el proceso contra miembros del Tribunal Constitucional ( goo.gl/V6gkfm ).

Llama la atención que las izquierdas no denuncien golpe cuando el proceso contra Kuczynski tiene rasgos similares a la destitución de Dilma Rousseff en Brasil. Parte de la izquierda peruana (el Frente Amplio de Marco Arana) está empujando el mismo carro que el fujimorismo, seguramente por cálculos electoralistas.

En Chile, Piñera ganó la Presidencia con poco más de 25 por ciento de los votos, ya que más de la mitad de los habilitados decidieron no concurrir a las urnas. No es la primera vez que esto sucede. Desde que la votación no es obligatoria, el porcentaje de votantes cayó abruptamente. En la segunda vuelta la abstención fue apenas menor que en la primera, porque el electorado decidió que entre el candidato oficialista (Alejandro Guillier) y el millonario neoliberal hay poca diferencia.

Algunos analistas progresistas sostienen que no votar es un síntoma de despolitización. No dicen que la ley antiterrorista ha sido y es aplicada en Chile por los gobiernos progresistas de Bachelet contra el pueblo mapuche, pese a que incluso órganos de las Naciones Unidas se han pronunciado en contra de su aplicación en el conflicto de la Araucanía.

La reforma educativa a la que se comprometió el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018) es otra promesa incumplida que recibió duras críticas del movimiento estudiantil porque no considera la educación como un derecho social, no termina con el sistema de créditos con garantía estatal, no pone fin al lucro y no da plazos explícitos para la gratuidad (goo.gl/EiJfie). Ni qué hablar de las AFAP, sistema privado de pensiones que se mantiene en pie desde la dictadura de Pinochet (1973-1990).

Estos tres casos merecen algunas consideraciones sobre la democracia electoral y las estrategias de quienes queremos cambiar las cosas.

La primera es la inconsistencia de las llamadas instituciones democráticas y también de las organizaciones internacionales como la OEA, que aplican un doble rasero desvergonzado. El Poder Judicial y el Parlamento (que deberían velar por los derechos y representar a la población, respectivamente), se han convertido en instituciones decorativas que son manejadas por los poderes económicos y las mafias (como el fujimorismo y las élites hondureñas) según sus propios intereses.

La segunda es que estamos viviendo tiempos de turbulencia global que llevan a los poderosos a quitarse las máscaras, siendo la careta democrática la primera en caer para dejar paso al gesto adusto de la fuerza bruta. Esto sucede en todo el mundo, empezando por las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Ni qué hablar de países como los nuestros, donde los Estados-nación conservan un nítido sello colonial.

La tercera es qué hacemos ante esta realidad. No propongo ignorar los escenarios electorales, sino definir una estrategia que los coloque en su justo lugar. El primer paso de cualquier estrategia en el escenario actual es consolidar las organizaciones, territorios y espacios de los sectores populares. Eso quiere decir: apuntar hacia educación propia, salud propia, justicia propia y poder propio. No depender de los Estados, ni de las instituciones internacionales. Construir organizaciones sólidas y flexibles capaces de navegar en las tormentas.

Si lo anterior funciona, podemos pensar en el calendario electoral y dedicarle algunas fuerzas. Sin desarmar los mundos propios, naturalmente.

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Domingo, 17 Diciembre 2017 08:40

Cuba: necesidades urgentes

Cuba: necesidades urgentes

 

 

Por supuesto, la primera es eliminar el bloqueo estadunidense que ya le costó a Cuba casi 150 mil millones de dólares y obtener la indemnización correspondiente, pero eso con el neonazi Trump por el momento es imposible. La segunda es una ayuda económica inmediata e importante para restañar las heridas causada por el huracán Irma que inundó y deshizo los servicios en toda la isla y eso es también muy difícil pues los países imperialistas son, por definición, nacionalistas e insensibles ante los sufrimientos de los pueblos y quienes deberían ser los primeros en la solidaridad, como Brasil y Argentina, tienen gobiernos de derecha y agentes de Washington mientras Venezuela, que sigue sosteniendo la economía cubana y la de otros países de la región, tiene graves problemas económicos que le impiden ser aún más generosa.

Vienen después, como prioridades elementales e inmediatas, la autosuficiencia alimentaria, la reducción del desempleo oculto, el aumento urgente de los ingresos y del poder adquisitivo de los trabajadores, la satisfacción de la necesidad de vivienda digna y con servicios modernos y una plena libertad cultural.

Todo eso es imposible sin democracia, sin plena participación creativa del pueblo al nivel de la definición de las necesidades y las prioridades y de la distribución de los recursos disponibles. Eso implica la eliminación del paternalismo y del decisionismo vertical del Partido-Estado y, en consecuencia, la reducción de la burocracia al nivel estrictamente necesario desde el punto de vista técnico (para los servicios, la protección civil, la defensa nacional y un aparato estatal ágil y, por lo tanto, sólido y eficaz). La eliminación del paternalismo requiere voluntad y capacidad políticas; la del verticalismo exigirá más tiempo porque habrá que desaprender lo que impusieron los mal llamados países socialistas y aprender, en cambio, a formar gente en una economía autogestionaria.

El Partido Comunista debe conquistar la libertad y la democracia en su vida interna y reconocer el derecho a disentir y debe controlar al Estado y marchar separado de éste. No puede ser un mero apéndice del capitalismo de Estado; por el contrario, debe ser promotor de la solidaridad, de la lucha por la igualdad y de la democracia –entendida como gobierno del pueblo y no como delegación de derechos políticos–, todo lo cual es indispensable para empezar a construir el socialismo.

La juventud cubana actual es inteligente y está más preparada que en 1959. Pero –salvo en pequeños sectores aislados y hostilizados– no tiene objetivos ni ideal, no está motivada, está políticamente desmovilizada, no se siente responsable de su vida y su futuro, no discute, no critica ni propone ni reclama como hacían los jóvenes que se alzaron contra Batista.

Esto no se debe sólo al consenso que la inmensa mayoría del pueblo brinda a la defensa de Cuba frente al imperialismo. Se debe también a que la palabra socialismo no les dice nada a jóvenes nacidos en la crisis y a quienes les dijeron que eran socialistas los países controlados por una burocracia contrarrevolucionaria que, como la de la Unión Soviética, desconfiaba de Fidel Castro y del Che y reconoció la revolución cubana recién dos años después de su triunfo y además ven que, en Cuba misma, se les presentan como socialistas medidas y hasta políticas que ni siquiera son democráticas.

Para que los jóvenes sean políticamente activos hay que presentarles objetivos y metas generosos, es indispensable un clima de libertad para escoger trabajo, líneas de estudio e investigación, caminos artísticos y hay que decirles, antes que nada, la verdad.

¿Cómo pueden confiar en una prensa que no estudia los problemas, no señala contradicciones ni critica, no hace trabajo cultural ni analiza los problemas políticos nacionales e internacionales y sólo sirve para publicar comunicados oficiales e informar sobre visitas de gobernantes que, muchas veces, son impresentables (como lo era Mugabe o lo es Obiang, para dar sólo dos ejemplos)?

Granma, por ejemplo, entrevistó a Salinas de Gortari, presidente de México gracias a un fraude masivo, para preguntarle qué pensaba sobre el levantamiento zapatista en 1994 lo cual equivale a preguntarles a los nazis qué pensaban sobre la resistencia en los territorios europeos ocupados. Recientemente el Comité Central del PCC cubano acaba de liberar de su cargo por sus errores a Pelayo Tierry Cuervo, director de Granma, sin decir qué nuevo puesto va a tener ni cuáles son esos errores. Por supuesto, el CC tiene el derecho de elegir quién dirige su órgano, que es el diario principal del país, pero no debería considerar que los lectores de Granma son analfabetas o deficientes mentales a los que no vale la pena informar ni debería tampoco afectar la dignidad de un despedido por errores que no se especifican y que permiten cualquier sospecha.

Por el contrario, para educar a los jóvenes hay que ventilar los errores y decir la verdad, que es siempre revolucionaria, y a las eventuales críticas se debe responder con argumentos, no con medidas punitivas. Los jóvenes sólo aprenderán a ser socialistas –o sea, a buscar siempre la verdad a cualquier costo– analizando los errores propios pero también los ajenos.

¿Cómo identificar los problemas y solucionarlos sin la participación popular en su detección y en el esfuerzo creativo para suprimirlos? ¿Cómo desencadenar compromiso y entusiasmo sin dar rienda libre al pensamiento crítico? ¿Por ejemplo, por qué impedir burocráticamente una serie de profesiones y oficios en vez de hacer una lista de unos pocos campos reservados al Estado y de orientar hacia algunos de ellos ofreciendo beneficios? ¿Cómo frenar la inevitable influencia negativa del turismo y de las inversiones extranjeras y del ejemplo consumista si el partido estimula la burocratización y no da un ejemplo permanente de ética, de austeridad, de respeto por la verdad?

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