Consultas populares: la democracia colombiana al servicio del capital internacional

Vienen por todo. El pasado 11 de octubre la Corte Constitucional falló a favor de la multinacional Mansarovar Energy (1), que tuvo que detener su propuesta de explotación petrolífera en el departamento del Meta en el año 2016, a causa de una consulta popular impulsada por los habitantes del municipio de Cumaral, y que decidió con un rotundo resultado la no realización del proyecto de hidrocarburos –7.475 por el No, y 183 por el Sí–.


Ante esta decisión ciudadana, la multinacional interpuso una tutela al considerar que la consulta desconocía el contrato firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), tras el visto bueno para que Mansorvar Energy desarrollara su proyecto de exploración y explotación en el Bloque Llanos 69, el cual ocupa la tercera parte del municipio de Cumaral.


Encrucijada. El fallo de la Corte Constitucional pone en jaque todas las consultas populares realizadas en el país sobre este particular, pues sustenta que las mismas ya no servirán como mecanismo para avalar o vetar proyectos mineros y de hidrocarburos en los territorios. Según la Corte, estas actividades hacen parte de los intereses de la nación, a los que las regiones no pueden interponer el interés particular o municipal.


Este fallo, para sorpresa de propios y ajenos, puede verse como una combinación de todas las formas de lucha desplegadas desde el poder, como eco de la protección de la economía mundo capitalista. Para unos (los capitalistas criollos) y para otros (las multinacionales), ya no basta con militarizar los territorios donde se encuentran los recursos naturales, ni el asesinato de líderes y lideresas sociales es garantía para imponer sus intereses, ahora las herramientas jurídicas también sirven como estrategia para afectar a los sectores populares en cada uno de los territorios donde invierten, en este caso Colombia. Ante este panorama, ¿Cuáles son los retos que esta realidad abre para las comunidades y los movimientos sociales en nuestro país?


Un problema estructural, una oposición regional ¿planetaria?


La explotación minera es una actividad inherente a la economía mundo capitalista, pues si se analiza con detenimiento en nuestra región, luego de la invasión por parte del imperio español de nuestro continente –1492–, inició una práctica sin precedentes: la explotación sin descanso de minas de oro y plata (un ejemplo claro de lo cual es la mina de plata en Potosí –Bolivia– de la que se extrajeron aproximadamente ocho millones de kilos de tal mineral, arrojando millones de indígenas y mineros muertos en los años que los colonialistas la explotaron) (2)., En el extenso territorio invadido, tomaron lugar, asimismo, los monocultivos de caña de azúcar, las plantaciones de algodón, tabaco, cacao y otros sembrados.


Con el transitar de los años –siglos–, los avances en ciencia y tecnología ayudaron a la tecnificación de estas prácticas, llegando al punto de explotar otros recursos naturales como petróleo, gas, agua, carbón, coltán, níquel, y otros más. Todos y cada uno de ellos, materiales que sirven para el funcionamiento de la economía y cultura capitalista.


En la actualidad las explotaciones mineras afectan a numerosas poblaciones a lo largo y ancho del continente, generalmente regiones rurales que muchas veces cuentan con una mínima presencia del Estado, desde donde ven estos territorios como fuentes para alimentar el crecimiento económico de cada país. Podríamos decir que sin Colonia el pensamiento y práctica que la alimentó aún se conserva entre nosotros, como pensamiento guía de las clases dominantes y de las multinacionales. Explotación que encuentra resistencias por doquier:


En Perú un pueblo de 25 mil habitantes, se ha organizado en la Plataforma Interistitucional Celedina, para luchar contra el proyecto minero Conga, de la minera Yanacocha, que pretende extraer un estimado de 5.000 millones de dólares en oro que se encuentra debajo de las lagunas, es decir, que deben secarlas para la extracción. Para lograr su cometido la minera se alió con el Estado y a partir de entonces han militarizado la zona; parte de la resistencia se concreta a través de las rondas campesinas, ahora criminalizadas; los enfrentamientos hasta ahora presentados han dejado cinco campesinos muertos y más de 200 lesionados (3).


De la misma manera resaltan ejemplos en Ecuador, donde el Estado abre espacio para un proyecto minero en la Cordillera del Cóndor, con la pretensión de explotar cobre y otros metales, explotación que afecta con desplazamiento al pueblo Shuar el que lucha por permanecer en sus territorios. En Nicaragua el Movimiento Comunal Santa Cruz de la india, lucha contra la empresa Cóndor Gold, que intenta desarrollar un proyecto de explotación de oro en la comarca de Santa Cruz de la India, poblada por alrededor de 5.000 habitantes. En Bolivia está la lucha contra el Tipnis –área natural protegida, declarada parque natural en 1965–, área que pretenden atravesar con la carretera “Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”, afectando así, los territorios de los pueblos Yuracaré, Moxeño Trinitario y Tsimane. A este proyecto se le oponen grupos de ciudadanos mediante la acción popular, además de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños y el Movimiento por la Dignidad del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, entre otros. En Venezuela se encuentra el proyecto del Arco Minero Guayana desde el 2011, en el que se pretende la explotación de minerales que cubre la zona norte del estado Bolívar, al sur del río Orinoco, en el 2016 fue aprobada la extracción de minerales en una superficie que equivale al 12,2 por ciento del territorio venezolano, colocando en riesgo la biodiversidad de la Amazonía venezolana, así como el derecho a vida en dignidad de 54.687 personas indígenas, según el último censo del 2011.


En otra geografía, en Alemania, la campaña “Ende Gelände” lucha contra la expansión minera en la Renania –la mayor productora europea de carbón de lignito– (4).


Consultas populares en Colombia


En nuestro país son varias las comunidades que se oponen a los proyectos de explotación minero-energéticos. El mecanismo de consulta popular ha servido fundamentalmente para detener dichos proyectos en diferentes regiones de Colombia. La consulta popular ha servido para ello en tanto es un mecanismo de participación ciudadana en la que las autoridades solicitan a la ciudadanía la opinión “sobre un aspecto específico de interés nacional, regional o local, que la obliga a traducirla en acciones concretas” (5).


Mediante este mecanismo nueve poblaciones del país le han dicho NO a diferentes proyectos de explotación de recursos naturales, lo que ha llevado a la anulación o detención de dichos proyectos. Fue en el año 2013 cuando se realizó la primera de estas consultas, puntualmente en Piedras, municipio del norte de Tolima, donde la multinacional Anglo Gold Ashanti pretendía realizar operaciones de extracción de recursos naturales; allí el 28 de julio, se obtuvo un total de 2.971 votos para el No y apenas 24 votos para el Sí. En este mismo año, siguiendo el ejemplo de Piedras, se efectuó la consulta popular minera en el departamento de Casanare, municipio Tauramena, en donde se pretendía realizar exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos, a lo que 4.426 personas votaron por el No y 151 por el Sí.


Después de cuatro años –2017–, se reactivaron las consultas populares mineras, iniciando con el municipio de Cabrera –Cundinamarca–, el cual hace parte del importante cordón del Sumapaz; en este territorio se pretendían construir 14 micro-centrales hidroeléctricas sobre el rio del mismo nombre –proyecto El Paso– y exploraciones de dos bloques petroleros. El 26 de febrero de 2017 el No se impuso con 1.465 votos en contra de 23 por el Sí. En este mismo año, el 26 de marzo, el turno fue para la consulta popular minera en Cajamarca, Tolima, en contra del proyecto de explotación de la mina de oro “La Colosa” de la Anglo Gold Ashanti, ocasión en la cual la victoria del No fue determinante pues 6.165 votaron por el No y tan solo 76 personas sufragaron por el Sí.


El 4 de junio de 2017, el turno fue para el municipio de Cumaral –Meta–, donde la multinacional Mansarovar Energy pretendía realizar explotación de hidrocarburos. En esta consulta popular los resultados fueron abrumadores: 7.475 votos para el No, y solo 183 por el Sí.


En Pijao –Quindío–, el 9 de julio de 2017 los proyectos mineros de metales fueron detenidos tras los resultados de la consulta que arrojaron 2.613 votos por el No y 26 por el Sí. De manera simultánea, el mismo día en Cundinamarca, en el municipio de Arbeláez –explotado por hidrocarburos desde el 2010 por la empresa Australian Drilling Associates–, el No ganó con 4.312 votos, los que estaban por el Sí solo recogieron 38 sufragios.


Para el 17 de septiembre de 2017 se realizó la primera consulta popular en el departamento de Santander, en el municipio de Jesús María, donde los ciudadanos rechazaron la exploración y explotación minera y petrolífera con 1.677 votos por el No y 22 por el Sí. Finalmente, el municipio de Sucre –Santander–, le dijo No a las actividades mineras y petroleras con 3.016 votos, mientras que solo 33 personas votaron por el Sí (6).


Aunque hasta ahora solo se han realizado nueve consultas populares, según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), aún están proyectadas 158 iniciativas y acuerdos municipales en 135 municipios del país (7). Iniciativas todas que se ven afectadas por el fallo de la Corte Constitucional. Vale la pena decir que para el 21 de octubre de 2018 están previstas dos consultas populares en Cundinamarca: San Bernardo y Fusagasugá, donde sus pobladores ejercerán el derecho al voto pese a lo decidido por la Corte.


El fallo de la Corte Constitucional


Un fallo contra la misma democracia liberal. Aunque en sí, el fallo de la Corte aún no ha sido publicado, el comunicado de prensa (8) deja claro el retroceso existente frente a la participación ciudadana y la voluntad de las comunidades y pueblos frente a sus territorios. Según lo fallado por la Corte, las consultas populares ya no pueden vetar proyectos extractivos, justificando que las decisiones sobre el uso del subsuelo son del resorte del Estado central, autodenominándose propietario del mismo. De aquí en adelante el Estado es quien decide qué se hace con los recursos naturales, pues lo local no puede prevalecer sobre lo nacional, lo que quiere decir en otras palabras que los intereses económicos están por encima de la calidad de vida, tranquilidad y entorno a que aspire cada comunidad. Hay que aclarar que el fallo en cuestión no afecta el resultado de las consultas realizadas con anterioridad, a excepción de la consulta de Cumaral, Meta.


El mismo fallo exhortó al Congreso para que en el menor tiempo defina mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio. Es necesario mencionar que la ponente de este fallo fue la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, de quien se dice integra el ala más conservador de la Corte, y quien fue ternada por Andrés Pastrana en su presidencia, y por Álvaro Uribe en el 2007; secretaria jurídica de Juan Manuel Santos en el 2010; elegida en el 2017 como Magistrada con el apoyo de los partidos Conservador, Cambio Radical, Partido de la U y Liberal; en sus manos también está la ponencia sobre la interrupción voluntaria del embarazo.


Estamos ante un fallo que denota como el poder económico y judicial por lo general van de la mano. En este fallo el único magistrado que votó en contra fue Alberto Rojas Ríos quien sostuvo que: “el efecto de la decisión fue la restricción de la democracia participativa y pluralista que se había concretado ya con la participación política de la comunidad” (9).


Continúan las estrategias para legislar contra las mayorías


Cada día que pasa queda más claro que la democracia realmente existente en nuestro país, y el mundo en general, es un simple formalismo que sirve como la base para instaurar y legitimar el modelo cultural, social, político y económico del capitalismo que ahora utiliza todas las formas de lucha para imponerse. Ya no basta con asesinar, criminalizar, militarizar, amenazar, pues ahora los mecanismos jurídicos son herramientas para afectar a los sectores populares y democráticos. Algunos ejemplos lo demuestran.


En el año 2013 Gustavo Petro fue destituido por el entonces procurador Alejandro Ordoñez. El ataque del Procurador fue político, pues no puede olvidarse que su ideología era completamente opuesta a lo que desarrollaba entonces el ex alcalde de Bogotá. Ordoñez pasó por encima de las mayorías que habían elegido a Petro y busco legislar contra la decisión popular. Así mismo, puede recordarse el paquete jurídico impuesto en nuestro continente contra los gobiernos y presidentes denominados como progresistas: Fernando Lugo en Paraguay –2012– y Dilma Roussef en Brasil –2015–.


Otro ejemplo concreto puede verse con la llegada del hoy presidente de Colombia, quien pretende regular la protesta social, quizás el único mecanismo de expresión directo con que cuenta la sociedad en estos tiempos. De la misma manera está el ejemplo de la acción jurídica impuesta por la Brigada XVII del ejército de Colombia contra las Comunidades de Paz de San José de Apartadó, alegando que las mismas lesionan el buen nombre de la institución a lo que “El Juez, en lugar de ponerse en el lugar de las víctimas de los crímenes militares, prefirió jugar el juego que los armados le propusieron: hacer de cuenta que las víctimas son las escopetas y no las palomas. Y actuó en consecuencia, aceptando la tutela” (10).


Democracia al servicio del capitalismo


Hoy las urnas tampoco son legítimas para el poder. En la democracia actual las votaciones supuestamente expresan la decisión de las mayorías, pues por medio de ellas “se expresa el pueblo”. Sin embargo, cuando el pueblo se expresa y a los poderosos no les favorece comienzan las estrategias para deslegitimar, derogar o posponer lo decidido por el pueblo. En el caso concreto de las consultas populares se habla de que lo más importantes son los intereses de la “nación” –como si esta fuera un ente vacío y los territorios no hicieran parte de la misma–, lo que permite interrogar: ¿Acaso las decisiones de la sociedad sobre sus territorios y vidas, no hacen parte de las determinaciones de la nación?


Es una actuación gubernamental para mantener abiertas las puertas para el capital, nacional e internacional. Con el discurso de que lo local no puede estar por encima de lo nacional, este fallo le da la razón al pensamiento neoliberal de las elites criollas, reflejadas en la columna sobre las consultas previas de Vargas Lleras y publicado en el mes de septiembre (11), quien dejó claro que las multinacionales no encontraban seguridad jurídica en el país, lo que afectaba el ingreso de la inversión extranjera.


Una cosa queda clara, todas estas estrategias jurídicas en curso en el país, hacen parte de una estrategia del poder para contener a los de abajo; estrategia que debe ser vista y analizada más allá de Iván Duque, que además hace parte de un pensamiento histórico –ahora globalizado– de quienes han gobernado desde siempre nuestro país; por tanto, aquí tampoco pueden quedar por fuera ni limpios los expresidentes Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper, así como todos aquellos a quienes ellos representan y para quienes gobernaron y gobiernan.


Ante estos tiempos solo queda una opción: la construcción de amplios y profundos tejidos sociales, alrededor de los cuales, en procesos abiertos, se discuta todo aquello que afecta a los de abajo, decidiendo de manera colectiva cómo actuar contra el capital nacional y global; es una discusión que tiene que dibujar con manos de arco iris el país que tenemos y el que buscamos construir, para salir como un solo cuerpo a hacerlo realidad. Es claro, solo desde la Colombia profunda es posible construir y hacer realidad la democracia real.

 

Notas


1. Empresa constituida en 2006 por capitales de Sinopec Corp –China– y Ongc Videsh –India–, actualmente se encuentra en el país realizando actividades de extracción de hidrocarburos en la cuenca del Valle del Magdalena Medio, además de haber realizado exploración, explotación y transporte en los departamentos de Boyacá, Santander, Antioquia y Cundinamarca.
2. Ver en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=111506
3. Ver: https://www.desdeabajo.info/mundo/item/34854-si-se-puede-pueblos-frenan-mineria-en-peru.html
4. Ver.https://www.salvalaselva.org/peticion/1114/detener-la-carretera-que-dividira-en-dos-la-selva-de-bolivia ver. https://noalamina.org/latinoamerica/nicaragua/item/37076-comunidad-nicaraguense-lucha-por-su-territorio-y-enfrenta-a-condor-gold ver: https://elpais.com/elpais/2018/09/03/planeta_futuro/1535983599_117995.html ver: https://www.desdeabajo.info/sociedad/item/32559-una-rebelion-global-desde-la-desobediencia-civil.html.
5. Definición de consulta popular por parte de la Corte Constitucional: “En el ámbito descentralizado territorialmente, sea regional, provincial o local la consulta popular versa sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio, y la iniciativa de convocarla le corresponde al Gobernador o Alcalde, según el caso. La consulta popular es la opinión que una determinada autoridad solicita a la ciudadanía sobre un aspecto específico de interés nacional, regional o local, que la obliga a traducirla en acciones concretas. Es el parecer que se solicita a la comunidad política o cívica para definir la realización o buscar el apoyo generalmente, en relación con actuaciones administrativas en el ámbito local. El derecho de todo ciudadano a participar en las consultas populares, hace parte del derecho fundamental a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.” En: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-180-94.htm
6. Ver: https://www.registraduria.gov.co/-Historico-Consultas-populares-.html
https://www.registraduria.gov.co/Habitantes-de-Cabrera-Cundinamarca.html
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/los-9-municipios-que-le-dijeron-no-a-la-mineria-usando-la-consulta-popular/41872
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/jesus-maria-santander-le-dijo-no-la-mineria-articulo-713662
https://www.registraduria.gov.co/Habitantes-de-Sucre-Santander,24893.html
7. https://www.dinero.com/pais/articulo/fallo-de-la-corte-constitucional-sobre-consultas-populares/263130 
8. Comunicado No. 40, Corte Constitucional En: http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2040%20comunicado%2011%20de%20octubre%20de%202018.pdf
9. Ibid., pág. 3.
10. Ver: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/35271-comunidad-de-paz-de-san-jose-de-apartado-ensanamiento-hasta-el-fondo-de-lo-absurdo.html
11. Ver: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/35237-vargas-lleras-y-la-consulta-previa.html?platform=hootsuite


Artículos consultados


https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-consultas-populares-ya-no-podran-vetar-proyectos-extractivos-corte-constitucional-articulo-814723
https://www.elespectador.com/noticias/politica/cne-acatara-fallo-de-la-corte-constitucional-sobre-consultas-populares-articulo-817614
https://www.semana.com/nacion/articulo/corte-constitucional-le-pone-freno-a-las-consultas-populares/586482
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-no-gana-la-consulta-popular-minera-en-cumaral/527505
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-dice-que-consultas-populares-no-pueden-prohibir-la-mineria-280098

Publicado enColombia
Viernes, 12 Octubre 2018 06:11

La urgencia de buscar nuevos caminos

La urgencia de buscar nuevos caminos

La abrumadora votación que recibió Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas, que lo colocan en las puertas de la presidencia, son una buena oportunidad para que las personas de izquierda reflexionemos sobre la necesidad de transitar nuevos caminos. No alcanza, por tanto, limitarse a denunciar lo que ya sabemos: el carácter militarista, autoritario y ultraderechista del candidato. Hay que explicar porqué medio país lo vota y qué implicaciones tiene para el proyecto emancipatorio.

Brasil vive una profunda fractura de clase, de género y de color de piel que se expresa de forma nítida en los partidos de la derecha, que han delineado sus objetivos de forma clara y transparente: quieren instalar una dictadura pero manteniendo el sistema electoral. La izquierda cree en una democracia inexistente, asentada en una imposible conciliación de clases. Si Bolsonaro es fascista, como dicen el PT y sus intelectuales, debemos recordar que nunca fue posible derrotar al fascismo votando. Hace falta otra estrategia.

La otra es la fractura geográfica: un país dividido entre un sur rico y blanco y un norte pobre y negro/mestizo. Lo curioso es que tanto el PT como los principales movimientos sociales nacieron en el sur, donde tuvieron algunos gobiernos estatales y municipales. Esa región es ahora el epicentro del hondo viraje hacia la derecha, con claro contenido racista y machista.

Debemos explicarnos las razones por las cuales las élites y las clases medias acomodadas han producido este fenomenal viraje, desertando de su partido preferido, la socialdemocracia de Fernando Henrique Cardoso, hacia Bolsonaro. Han abandonado la democracia y apenas conservan las elecciones como máscara de la dominación.

La razón principal la explica el filósofo Vladimir Safatle. "Brasil llega a 2018 con dos de sus mayores empresas siendo públicas, así como dos de sus mayores bancos. Además, con un sistema de salud que cubre a 207 millones de personas, gratuito y universal, algo que no tiene ningún país con más de 100 millones de habitantes" (goo.gl/KRX6EE). Agrega que las universidades no son sólo para las minorías ricas y concluye que "Brasil llega a los días actuales en una situación muy atípica desde el punto de vista del neoliberalismo".

El autoritarismo es el modo de imponer la agenda que necesitan el sistema financiero, el agronegocio y las mineras para seguir acumulando riqueza en un periodo de crisis sistémica. No lo pueden hacer sin reprimir a los sectores populares y criminalizar sus movimientos. Por eso Bolsonaro convoca a militares y policías y se permite amenazar al activismo social, con modos muy similares a los de la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich, quien acusa a los movimientos sociales de mantener relaciones "muy estrechas" con el narcotráfico, cuando todos sabemos que es la policía la que los ampara (goo.gl/eLWyNZ).

El racismo, las violencia anti-LGBT y el odio a la izquierda de las clases medias brasileñas, muestran la cara oculta del país con mayor desigualdad del mundo. No quieren perder sus privilegios de color, de género, de posición geográfica y de clase. Poco les importa que sean asesinadas más de 60 mil personas cada año, en su inmensa mayoría jóvenes, negros, pobres, porque saben que es el precio para mantener sus privilegios.

Ante este panorama las izquierdas no deben seguir aferradas a una estrategia que fue esbozada para otros tiempos, cuando el diálogo de clases era aún posible. En el anterior medio siglo hemos pasado de la estrategia de la lucha armada a la estrategia puramente electoral. Ambas tienen en común el objetivo de la tomar del poder y enfocan todas sus baterías en esa dirección.

Este péndulo es nefasto porque coloca a los sectores populares sólo como apoyo logístico o como votantes, siempre al servicio de vanguardias o caudillos, pero nunca como protagonistas de sus vidas políticas. Ante nosotros algunos pueblos originarios, comunidades negras y un puñado de movimientos están transitando otros caminos, por fuera de las instituciones pero sin confrontarlas abiertamente.

Están abriendo espacios en los territorios de los pueblos que juegan un doble papel: resistir creando vida. En los recientes años hemos reporteado, como otros compas, quizá miles de resistencias creativas en todos los países de la región. Son caminos que lo recorren por sí mismas, sin que ninguna vanguardia o partido les indique los pasos a seguir.

Si en algún momento decidieran tener presencia electoral, lo harán desde esos "poderes en movimiento" pero sin desarmarlos. Lo que no tiene el menor sentido, es que mientras la burguesía está desmontando una democracia que le sirvió durante el periodo de los estados del bienestar, nos limitemos a actuar sólo en ese terreno, colocando todas las construcciones previas en peligro.

La estrategia puramente electoral nos deja a merced de los de arriba, menos al puñado de cargos que saltan del partido al Estado, en un viaje sin retorno.

Publicado enPolítica
“La forma más eficaz para equilibrar el juego político es la movilización”

Profesor de la Universidad de Nueva York, Adam Przeworski (Varsovia, 1940) es uno de los politólogos más influyentes de todos los tiempos. Sus teorías sobre los alcances de la democracia, las limitaciones y los obstáculos a los que se enfrenta y su aporte sobre la naturaleza del voto popular en estos sistemas lo convirtieron en un referente. En diálogo con PáginaI12 repasa sus aportes.

 La entrevista comenzó a gestionarse hace cosa de un año. Su agenda impedía encontrar el cuándo, pero desde entonces sugirió intentarlo, cada tanto, hasta que pudiera concretarse. Y es que Adam Przeworski reparte sus días entre la docencia, la escritura y las conferencias y charlas que brinda. En diálogo con PáginaI12, reflexiona sobre la democracia, sus alcances y limitaciones, entre otras cuestiones. El académico polaco-estadounidense analiza la viabilidad de las instituciones democráticas como mecanismos eficientes de representación política, la convivencia entre el capitalismo y la democracia, los altos niveles de desigualdad, el impacto del dinero en la política, y los efectos sobre la calidad democrática. 

–Usted ha estudiado en profundidad comportamientos electorales en sistemas democráticos. ¿Qué es exactamente lo que la gente hace cuando vota?

–Esta es una pregunta delicada, porque la respuesta depende de si nos referimos a “el pueblo”, en singular, o a “la gente”, en plural. En las democracias, el pueblo como colectividad decide quién lo gobernará y cómo, transmitiendo instrucciones al gobierno sobre lo que debe hacer. A su vez, todo lo que las personas, como individuos, pueden hacer es expresar sus preferencias entre las opciones que se les ofrece, con la esperanza de que muchos compartirán esas mismas preferencias. Sí hay que tener en cuenta que votar y elegir no son la misma cosa.


–¿Por qué el acto de votar no connota una elección?


–En los sistemas de partido único, las “elecciones” sirven sólo para intimidar a una resistencia potencial en lugar de seleccionar a los gobiernos. En muchos otros países se tolera la oposición, pero los gobernantes se aseguran que nadie tenga la posibilidad de removerlos. Sin embargo, aún cuando las elecciones no decidan quién va a gobernar, ello no significa que sean insignificantes. La celebración de elecciones no competitivas es un fraude, pero es un fraude si partimos del ideal de que la fuente última de poder reside en el pueblo. Admitir una norma y violarla en la práctica es una gestión poco convincente. Por lo tanto, aun cuando no son competitivas, las elecciones ponen nerviosos a todos los dirigentes, algo que todas las elecciones tienen en común.


–¿Cuál es su definición de democracia?


–Mi consideración de la democracia es “minimalista”: la democracia es un arreglo político en el que la gente selecciona gobiernos por medio de elecciones y tiene una posibilidad razonable de removerlos. Hay que notar, sin embargo, que esta definición asume las condiciones previas para la disputa de elecciones –los derechos y las libertades, simplemente porque sin ellas el gobierno en funciones no podría ser derrotado. Por lo tanto, esta definición no es tan minimalista como puede parecer a primera vista.


–¿Y cómo sería una democracia ideal?


–Para una coexistencia en paz, debemos ser gobernados, y serlo implica en algunas ocasiones que se nos prohíba hacer lo que queremos y en otras que se nos ordene hacer lo que no queremos. La democracia es un método para procesar conflictos entre personas con diferentes intereses, valores o normas. En todo momento y en toda sociedad existen conflictos acerca de algo. Pensemos en las divergencias y los choques que se suscitaron alrededor del tema del aborto en la Argentina. Y lo que esto significa: que siempre hay ganadores y perdedores. Incluso mucha de la gente que votó por el candidato ganador termina decepcionada por su desempeño. Aún cuando una democracia funcione muy bien habrá gente descontenta. Si valoramos este sistema, es porque permite luchar por nuestros intereses y nuestros ideales, porque repetidamente renueva nuestras esperanzas, no porque siempre obtengamos lo que queremos. Dicho esto, es obvio que algunas democracias funcionan mejor que otras, y que todos los sistemas democráticos se pueden mejorar en algunos aspectos.


–¿Qué tiene en cuenta a la hora de evaluar la calidad democrática?


–La medida en que la igualdad política se ve socavada por la desigualdad económica, específicamente, la influencia del dinero en política.


–¿Cuáles son los principales problemas con los que se enfrentan las democracias hoy?


–Sin ninguna duda, la pobreza y la desigualdad, la xenofobia y el racismo. Lo primero que se debe tener en cuenta es que las instituciones políticas funcionan en sociedades particulares, diversamente divididas por riqueza, religión, origen étnico, y otras cuestiones, y que hay límites a lo que un sistema político puede lograr. Ni siquiera los gobiernos democráticos mejor intencionados pueden hacer todo lo que la gente quiere. Por otra parte, con frecuencia sucede también que los gobiernos no saben qué hacer: creo que esto corre para la situación económica actual de la Argentina. Los límites más importantes a la democracia se originan en el capitalismo, un sistema en que las decisiones relativas a la asignación de recursos productivos –inversión y empleo– son guiadas por la competencia del mercado. El capitalismo impone límites a las decisiones que pueden ser alcanzadas por el proceso democrático, límites que atan a todos los gobiernos sin considerar su convicción ideológica.


–¿A qué se refiere con que “el gobierno (argentino) no sabe qué hacer”?


–No es sólo el gobierno que no sabe qué hacer frente a la crisis. Ni sus varios consejeros ni la oposición tienen idea. Los economistas dicen “por un lado” y “por otro lado”, y el gobierno vacila entre los lados sin que sus mediadas tengan el efecto deseado.


–Recién dijo que los límites más importantes a la democracia se originan en el capitalismo ¿Qué alternativas hay al capitalismo?


–Creo que no hay alternativas al capitalismo, por lo que la democracia está condenada a funcionar dentro de estos límites. Esto no significa que todos los gobiernos democráticos sean lo mismo: hay espacios dentro de estos límites que dependen de las condiciones específicas de cada sociedad y de su configuración política.


–Pero en líneas generales, ¿a qué se reduce la noción de democracia frente a las políticas económicas que rigen el mundo, el avance de los partidos extremistas en Europa y la enorme desigualdad?


–Son tiempos difíciles para las democracias prácticamente de todo el mundo, por todas estas razones. El mayor peligro es que algunas fuerzas políticas reclamen con éxito que la única manera de solucionar las crisis económicas, las divisiones fuertemente arraigadas en la sociedad, o las rupturas del orden público, sea abandonando la libertad política, unirse bajo un líder fuerte, reprimir la pluralidad de opiniones, en resumen, recurrir a la autocracia, el autoritarismo, la dictadura, o como cada uno lo quiera llamar. La lección que aprendemos de las experiencias recientes de Venezuela, Turquía, Hungría, y mi Polonia natal, es que las instituciones democráticas no contienen salvoconductos que las protejan de ser derribadas por gobiernos debidamente elegidos y acatando las normas constitucionales. Cuando Hitler llegó al poder, la posibilidad de un camino legal hacia la dictadura fue vista como un defecto de la Constitución de Weimar. Sin embargo, esta posibilidad puede ser general. Lo fundamental es que el desgaste de la democracia no conlleve una violación de constitucionalidad. A su vez, cuando el gobierno toma medidas que no son flagrantemente inconstitucionales o antidemocráticos, los ciudadanos que se benefician de sus políticas son lentos para reaccionar incluso cuando valoran la democracia.


–¿Por qué agrupa a Venezuela, Turquía, Hungría y Polonia?


–Porque son los cuatro países donde los gobiernos intentan remover todos los obstáculos institucionales que puedan impedir que hagan lo que quieran y pongan en jaque su perpetuidad en el poder.


–¿Cuáles son las diferencias principales entre las democracias europeas y latinoamericanas actuales?


–Suelo convertirme en blanco de críticas por decir esto, pero creo que las diferencias no son entre continentes. Chile no es Honduras, Noruega no es Rumania. La principal línea divisoria es la corrupción. El grado de corrupción en la Argentina y en Brasil no tiene paralelos en Europa.


–¿Se refiere a beneficiar a ciertos sectores o al financiamiento electoral de la política?


–La utilización del dinero para financiar la política es el azote de la democracia prácticamente en todos lados. Pero no creo mucho en la eficacia de la regulación legal. Se pueden escribir todo tipo de reglas, pero tienen poco efecto. No son eficaces porque los que supuestamente tienen que hacerlas cumplir están sujetos a la misma influencia de dinero como aquellos a los que regulan. La forma más eficaz para equilibrar el juego político es la movilización de las personas con pocos recursos económicos, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil, como ocurrió en los países escandinavos hasta hace poco.


–¿Qué fue lo que ocurrió allí?


–La presencia de sindicatos fuertes que apoyaban a los partidos de izquierda hacía que los recursos financieros y organizacionales que entraban en los juegos de influencia estuvieran bien balanceados. Sin embargo, en la actualidad los sindicatos son más débiles y sus relaciones con los partidos social-demócratas mucho más distantes.
–Sostiene que “la igualdad política no es posible en sociedades económica y socialmente desiguales”. ¿Por qué?


–La respuesta fue dada por Marx en 1844, en “Sobre la cuestión judía”. Cuando la gente que es desigual en términos de riqueza, ingresos, educación, entra en el campo político, pierde todos estos atributos. Como “ciudadanos” somos todos anónimos, indistinguibles: “una persona, un voto”. Pero una igualdad política formal no es suficiente para generar una igualdad de influencia política real. Incluso cuando tienen igualdad de derechos, algunas personas carecen de las condiciones materiales necesarias para participar en política. Los derechos para actuar no son más que un vacío si se carece de las condiciones habilitantes, por lo que la desigualdad de estas condiciones es suficiente para generar desigualdad de influencia política. Por otra parte, la competencia entre los grupos de interés para influir políticamente inclina las políticas de los gobiernos a favor de aquellos que son ricos o que están mejor organizados.


–Aun si existieran los derechos para actuar y las condiciones habilitantes a las que se refirió, y considerando que partimos de la premisa de que se trata de democracias capitalistas, ¿no se trata en realidad de democracia electoral sin más?


–La relación entre democracia y capitalismo está sujeta a opiniones contrapuestas. Uno afirma una afinidad natural de “libertad económica” y “libertad política”. Libertad económica significa que la gente puede decidir qué hacer con su propiedad y su capacidad o fuerza laboral. Libertad política significa que puede dar a conocer sus opiniones y participar en las elecciones que determinarán quién y cómo gobernará. Pero equiparar los conceptos de “libertad” en los dos terrenos es sólo un juego de palabras. Si revisamos la historia nos sorprenderíamos por la coexistencia del capitalismo y la democracia. Desde el siglo XVII casi todo el mundo, a la derecha y la izquierda, creía que la desigualdad económica no podía coexistir con la igualdad política. Estas predicciones extremas resultaron ser falsas.


–Pero al mismo tiempo considera que la igualdad política no es posible en sociedades económica y socialmente desiguales..

.
–En algunos países la democracia y el capitalismo coexistieron sin interrupciones durante al menos un siglo y en muchos otros países por períodos más cortos, pero sin embargo extensos, la mayoría de los cuales siguen hasta hoy. Los partidos obreros que tenían la esperanza de abolir la propiedad privada de los recursos de producción se dieron cuenta de que esta meta es irrealizable, y aprendieron a valorar la democracia y a administrar las economías capitalistas cada vez que ganaron las elecciones. Los sindicatos, también originalmente vistos como una amenaza mortal para el capitalismo, aprendieron a moderar sus demandas. Como resultado, los partidos obreros y los sindicatos aceptaron el capitalismo, mientras que los partidos políticos burgueses y las empresas aceptaron cierta redistribución del ingreso. Los gobiernos aprendieron a organizar este compromiso: regular las condiciones de trabajo, desarrollar programas de seguro social e igualar oportunidades, y en paralelo, promover la inversión y contrarrestar los ciclos económicos. Sin embargo, este compromiso hoy está roto.


–¿En qué sentido lo está?


–Los sindicatos perdieron mucho de su capacidad para organizar y disciplinar a los trabajadores y con ello su poder de monopolio. Los partidos socialistas perdieron sus linajes de clase y con ello su peculiaridad ideológica y política. El efecto más visible de estos cambios es el exorbitante aumento de la desigualdad en el nivel de los ingresos. Justamente, un punto central en el neo-liberalismo de Thatcher y Reagan era debilitar los sindicatos y abrir fronteras al flujo de capitales. Los efectos sobre la distribución del ingreso por beneficios y salarios son dramáticos. En los Estados Unidos hasta el final de los 70 y en Europa hasta el final de los 90 los salarios crecían a tasas casi idénticas a las del crecimiento de la productividad. Y de repente los salarios dejaron de crecer aunque la productividad crece. Otra cuestión que evidencia lo mismo es el hecho de que la participación de la remuneración al trabajo en la distribución del valor agregado disminuyó bruscamente. Creo que estos efectos fueron intencionados, que el neoliberalismo fue un autogolpe de la burguesía.


–Usted comentó que, por cuestiones que tienen que ver con su historia personal, sigue de cerca lo que ocurre en la Argentina y Brasil, entre otros países de la región ¿Cuál es su análisis político y económico de lo que sucede por estos lados?


–Siempre dudo acerca de opinar a fondo de países en los que no vivo. Desde el exterior, es evidente que la Argentina y Brasil enfrentan crisis urgentes, pero esto es una banalidad. La corrupción generalizada es su característica compartida, pero tengo la impresión de que la estructura de las crisis económicas no es la misma. La estructura económica de Brasil está mucho más diversificada que la de la Argentina. Brasil está experimentando un estancamiento a largo plazo, mientras que la Argentina experimenta fuertes altibajos.


–¿Hasta qué punto la intromisión de organismos internacionales en la política interna de un país –el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el caso de la Argentina– no socava la democracia?


–Estudié el tema en detalle, y creo que los programas del FMI lastiman el crecimiento a largo plazo, principalmente al obligar a los gobiernos a reducir la inversión en infraestructura. Pero no creo que socaven directamente la democracia: después de todo, son gobiernos elegidos democráticamente los que acuden al FMI, a veces sólo para conseguir un pretexto de lo que quieren hacer de todos modos.

Publicado enPolítica
Jueves, 04 Octubre 2018 10:58

El poder en manos de todos

El arte de Tigua surge en la década de 1970, es un arte de una especial fuerza expresiva y de gran riqueza cromática que se plasma, además de los cuadros, en la pintura de las máscaras y de los tambores. Los temas principales son las actividades cotidianas tradicionales; escenas agrícolas, ganaderas, artesanales y comerciales; el ciclo vital, las cosechas, las fiestas donde se activan los lazos de amistad o solidaridad, pero es un arte que también habla de los levantamientos indígenas, y de las fiestas religiosas. El presente suplemento está ilustrado con la exposición “Tigua: Arte desde el centro del mundo”, Madrid, 30/09/2015.

Los tiempos que corren, marcados por el sello indeleble de dos revoluciones industriales interrelacionadas*, han liberado intensas energías que propician un capitalismo cada vez más excluyente y autoritario.

Son unas energías que, encauzadas por la computación y la internet, han reducido el mundo a una aldea con un inmenso circuito financiero interconectado que cruza a todos los países, bien por satélites o por cables submarinos, registrando todo tipo de operaciones bancarias, depositando minuto a minuto decenas de millones en las cuentas de escasos 8 megaricos, los que según el reporte de Oxfam poseen lo mismo que 3 mil seiscientos millones de personas. Y junto a ellos, otra reducida pléyade de millonarios que acumulan a su haber lo producido por el esfuerzo de millones de trabajadores, hombres y mujeres.

Esos personajes, en realidad cabezas de multinacionales como Amazon, Microsoft, Facebook, Inditex-Zara, Berkshire Hathaway, Oracle, Bloomberg LP, Claro, y los tradicionales bancos y petroleras que acumularon el fruto de trabajo de millones durante todo el siglo XX, grupos empresariales cruzados de diversa manera con el capital financiero internacional, todos los cuales influyen o determinan, con las tecnologías y capitales que controlan, el rumbo de diversos Estados y/o gobiernos integrantes del sistema mundo capitalista.
La influencia económica, política, cultural y militar de estos inmensos grupos empresariales es inocultable. Por un lado imponen sus desarrollos tecnológicos a los Estados a través de licencias privativas, dejándolos a merced de su espionaje, sometiendo su soberanía educativa y tecnológica, sentando su influencia sobre estos estados, además, a través de asesorar sus ejércitos y sus servicios de inteligencia. El control social hoy vigente por doquier, así como los altos niveles de autoritarismo impuestos a lo largo y ancho de todos los continentes, está soportado sobre tecnologías desarrolladas o encargadas a estas corporaciones.

Por otro lado, asientan referentes culturales por doquier, trazando matrices de presente y futuro, cerrando las ventanas del sueño utópico de otra sociedad posible y abriendo las puertas de la conformidad; a la par de asegurarse por diversos canales –como la normatividad supranacional– el control/protección de sus ingentes capitales,

Todo ello, miles de millones resumidos en pocas cuentas, contratación de cientos de miles de trabajadores en sus empresas, inocultable influencia política sobre numerosos Estados, control tecnológico, monopolización de las comunicaciones, capacidad especulativa, arrasamiento de la privacidad por doquier, etcétera, ha llevado a la democracia formal a su agonía. Una democracia directa, radical, donde la consulta al conjunto social de todas aquellas decisiones estratégicas que le afectan sean obligatorias, decididas a voto limpio, surge como una alternativa inaplazable. Aquí, en Colombia, la “democracia más vieja del continente”, como en todo el mundo, esta opción también está a la orden del día.

Una oferta incumplida

La burguesía decapitó políticamente a la monarquía con el filo de la guillotina, en lo económico con la apertura de una producción y un comercio con menos barreras, y culturalmente con la oferta de libertad, igualdad y fraternidad. Esa rancia monarquía quedó como simple porcelana que decora las salas de recibimiento en las sociedades europeas, allí están los Borbones y otros más.

Su triunfo fue facilitado y potenciado por la multiplicación de la capacidad productiva desatada como resultado inmediato de la primera revolución industrial, por la acumulación de capital devenida de un comercio que derrumbaba murallas sin contemplación alguna y la misma influencia cultural que fueron ganando sus ideales. Sin embargo, su promesa fue solo eso, una promesa. En los dos siglos y algunos años más de su gesta, en pocas, tal vez muy pocas sociedades regidas por los principios que abanderaron, tal triada la han vivido a plenitud sus pobladores.

Para constatación, basta revisar los derechos de primera generación, los conocidos como Derechos civiles y políticos, entre estos:

• “Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica”
• “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral”
• “Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su horna o reputación”
• “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia”
• “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica”.

Ante la lectura cuidadosa de estos preceptos, redactados hace más de dos siglos, y su más cuidadosa constatación con la realidad pasada y presente, es evidente que los mismos no han tenido plena concreción en el tiempo trascurrido. ¿Qué dirán ante cada uno de estos derechos los miles de miles que desde África tratan por estos días de migrar hacia Europa? ¿Qué opinarán quienes son encarcelados en múltiples países del actual sistema mundo al pretender motivar a sus congéneres a luchar por un gobierno otro? ¿Qué gritaran quienes llenan distintos presidios por doquier? ¿O qué nos confirmarán los que por tener otro color de piel son excluidos en la tierra que los vio nacer o aquella a la cual llegaron años después en procura de ingresos dignos para vivir o buscando protección para sus vidas?

¿De qué libertad, igualdad y fraternidad pueden ufanarse quienes con la guillotina dieron paso a estos derechos si la riqueza de otrora potencias globales como Francia fueron amasadas sobre el filo de las bayonetas, tanto en África, como en Asia y nuestra América, incluida su región Caribe?

Promesas, simples promesas. Pero también control social, hegemonía política, así como manipulación y dominio político. Todo esto, una ironía de quienes como clase dieron origen a estos derechos, pues lo que en gran medida resumía esta Primera Carta de Derechos (derechos de primera generación –civiles y políticos–) eran las necesidades que como clase tenían estos mercaderes, pero no mucho más.
Una oferta de nueva sociedad erigida en medio de incumplimientos. A la par que imponían sus demandas el mundo permanecía y continuaba plagado de sociedades esclavizadas, oprimidas, excluidas. Y contra tal realidad se levantaron obreros y campesinos, además de otros sectores populares. En cada país hay historias por retomar, en cada país hay memoria viva que pretenden borrar quienes figuran allí como genocidas y masacradores.

Han sido luchas de los de abajo contra los de arriba, con las cuales dieron cuerpo a lo que décadas después fue conocido como los Derechos de segunda generación –económicos, sociales y culturales–, muchos de ellos conquistados sobre inocultables charcos de sangre, lo que recuerda que hasta el siglo XIX y bien entrado el XX ningún derecho fue reconocido sin resistencia ni violencia por parte de quienes detentaban el poder. Es la ley del poder. Luego esos mismos sectores que lo concentraban a su favor transforman los derechos en un galimatías al cual acceden en igual condición personas o individuos, grupos sociales y empresas, entre ellas las multinacionales. ¡Y todos, individuos, grupos sociales y multinacionales son reconocidas en igual condición y con igual posibilidad!

De los Derechos de segunda generación, valga recordar, hacen parte entre otros:

• “Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos sociales y culturales”
• “Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias”
• “Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses”
• “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

¿Qué dirán ante estas referencias de vida quienes buscan sin resultado positivo trabajo? ¿Qué opinarán quienes presencian sumidos en angustia los padecimientos de su familia por no tener mesa abundante, por no contar con un techo bajo el cual guarecerse o médico al cual acudir y del cual obtener fórmula presta que no le implique la compra de medicinas especializadas para las cuales no tiene dinero con que adquirirlas? ¿Qué podrán contar quienes intentaron conformar un sindicato y por ello fueron expulsados de su puesto de trabajo, amenazados y obligados a dejar su ciudad, o asesinados?

Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refranero popular, y no se equivoca. Es así como la democracia –el gobierno del pueblo y para el pueblo, o el gobierno de las mayorías al servicio de todos– queda como un referente para guiar los pasos de la humanidad, algo por lograr. Una democracia más allá de la liberal –electoral–. Es por ello que enrutar las energías sociales tras tal meta deberá ser uno de los objetivos de los movimientos sociales en los tiempos que corren.

Es precisamente este reto el que nos recuerda que la democracia, la realmente existente, está en disputa. Por lo cual, asumirla como referente de las luchas en curso o por venir, es seleccionar la más trascendental de las dianas que podemos ver y determinar en el entorno y momento que vivimos.

En esta pugna, los sectores populares cuentan a su favor que, más allá de sus deseos, los poderosos del mundo no pueden controlar ni parar las energías desatadas por las revoluciones industriales en marcha, de tal manera que la concentración de riqueza proseguirá sin control ni límite alguno, y con ella la inconformidad global con esta realidad; el poder, como quintaesencia para asegurar los privilegios de unos pocos, potenciará aún más la violencia “legalmente constituida” y todo tipo de espionaje y violaciones a la privacidad y libertad de las mayorías, ahondando así el autoritarismo, negando de manera efectiva la libertad; y, con todo ello como marca esencial del sistema social-económico y político vigente, ¿es posible solidaridad alguna? Sálvese quien pueda, es la norma de normas que hoy impera en el mundo.

Es una realidad a la cual hay que torcerle el brazo. En el afán de numerosos sectores sociales por actuar ante la catástrofe en que está entrando el conjunto social global, y con ésta hasta la mismísima Tierra como casa de la humanidad, van tomando cuerpo otras formas de hacer y de vivir, experiencias de otra economía posible, basadas estas en procesos solidarios, cooperativos, comunitarios, procesos donde la misma propiedad de los medios de producción, además de la planeación de qué y cómo producir, la forma de hacerlo, así como la apropiación de lo generado por el trabajo de muchas personas, deja a un lado el interés estrictamente privado para adentrarse en el colectivo.

Sobre este particular destacan en nuestra región experiencias como las de Cecocesola con asiento en Barquisimeto –capital del estado Lara, Venezuela– la cual, aún en la crisis que hoy vive este país, ha logrado conservar su dinámica autónoma, la red de productores agrarios y de comercialización de sus productos, así como el centro de salud.

En Colombia, el referente es Confiar cooperativa financiera que tras sus más de cuatro décadas de experiencia, trascendió de un fondo de empleados creado por los trabajadores de Sofasa a una propuesta solidaria abierta que hoy cuenta con más de 166 mil asociados, así como algo más de 277 mil ahorradores, cuyos aportes permiten el apoyo constante a diversidad de experiencias sociales, culturales, comunitarias, educativas, artísticas, informativas y de otros órdenes, evidenciando con su práctica que en lo económico sí es posible tejer un camino diferente al impuesto por la institucionalidad. El estímulo al consumo consciente, es una apuesta fuerte con la cual se crean las bases de otra forma de ser y estar en este planeta. A su vez, el reconocimiento y valoración del liderazgo femenino y juvenil, potencia los nuevos actores sociales, de cuya mano también está el tema ambiental.

En Brasil, el Movimiento de los Sin Tierra, con más de 9 mil asentamientos agrarios, producto de la recuperación de la tierra por parte de los campesinos sin tierra, reconfirma que “una mano más otra mano no son dos manos… sino muchas más”, son comunidad, son pueblo.

Actuando de manera directa, más de un millón de familias han obtenido sus tierras y más de 130 mil están acampadas, es decir, en proceso de reconocimiento de su propiedad.

Estos campesinos, no solo han liberado su tierra, sino que además han construido sus viviendas, escuelas, incluso universidad, poniendo en marcha una producción asociada, limpia, sin tóxicos, además de mercadear alimentos procesados, vinos, artesanías, etcétera.

En Argentina, fábricas como Zanón y Brukman, el hotel Bauen, y otras experiencias exitosas de empresas asumidas de manera directa por sus trabajadores, asociados en cooperativas, demuestran sin duda alguna que sí es posible liderar y mantener en funcionamiento, por parte de los trabajadores, cualquier tipo de empresa. Además, y este es el caso de lo conocido de manera genérica como “Fábricas sin patrón”, que la solidaridad comunitaria es sustancial para que este tipo de experiencias no sean ocupadas policial o militarmente por los protectores del capital (el Estado y sus Fuerzas Armadas), así como para lograr una mejor difusión de todo aquello que producen, comercian u ofrecen como servicios.

En pocas palabras, economía, colectivo, común, solidario, redistribución, autonomía, son sinónimos que entretejidos abren puertas distintas a las capitalistas, procesos y experiencias que a pesar de estar sometidos en muchos de sus cotidianidades a los canales imperantes van creando otra cultura, sin la cual no es posible darle un portazo al mismo sistema económico-social hoy dominante.
Son ejercicios de vida y de esperanza, dinámicas todas estas que van en contravía de lo impuesto por la producción capitalista, y en ella por la misma dinámica ganada por las multinacionales donde la producción de hecho es cada vez más colectiva pero su apropiación no deja de ser particular. Así realza en casos como Amazon, Microsoft, Facebook, la primera de las cuales contaba en el 2017 con 566.000 trabajadores, Microsoft 133.000, Facebook más de 25 mil, sin dejar a un lado emporios como Samsung con 275.000 trabajadores y Walmart con 2.300.000. Otros muchos ejemplos podrían relacionarse y en todos ellos lo típico es que quien apropia para si lo producido por muchos es alguien que ha “desarrollado” un sistema inteligente que le permite interrelacionar a muchos, centralizando por vías de sistemas inteligentes sus saberes y producidos.

Hasta aquí podríamos decir que de acuerdo a la lógica imperante desde hace dos siglos largos todo está bien, pero sucede que esos sistemas inteligentes han visto la luz producto de investigaciones financiadas con dineros públicos. No es una exageración. Es conocido que la internet es el producto de prolongadas investigaciones de carácter militar financiadas por el Pentágono, el cual, como es obvio, funciona con base en los dineros públicos. Pese a ello, su apropiación económica ha terminado en manos de Microsoft. Todo un contrasentido. Así mismo ocurrió con la tecnología satelital, hoy resumida en los GPS producto de prolongadas investigaciones encabezadas por la Nasa, tecnología experimentada en la aviación, en cohetería y otros tanto usos militares. Millones de seres humanos cotizan mes a mes al erario público, que a su vez destina la caja de ahorros para asegurar el avance de la ciencia y la tecnología con supuesto sentido colectivo, pero al final unos pocos son los que ven los réditos de todo ello, sobretodo en sus depósitos bancarios.

Son empresas las beneficiadas de esta sin razón, las que además prestan un servicio de carácter estratégico con efectos, para bien o para mal, sobre el conjunto social, tanto en su país de origen como más allá del mismo. De ahí que reclamar el carácter social, público y común de este tipo de empresas, sea una reivindicación con plena vigencia. Es así como una ventana se abre para un futuro donde la igualdad tenga un asidero real, la libertad sea algo más que una consigna y con ello la fraternidad –la solidaridad, como referente más plausible– ganen el espacio necesario entre todos los seres humanos. Estamos así ante luces poscapitalistas; un futuro más cercano de lo que muchas veces vaticinamos.

Sin duda, otra democracia, además de necesaria, sí es posible.

 

*Estamos en presencia de dos revoluciones industriales: la tercera, que va llegando a su final, basada en la electrónica y las tecnologías de la información. Tenemos, como algunos de sus desarrollos: computadoras personales, clusters, redes de información; y la cuarta que está en pleno desenvolvimiento y que está basada en la simbiosis entre las dimensiones física, digital y biológica. Entre algunos de sus desarrollos más notables: robótica de todos los tipos, aprendizaje de máquinas, interface chip-célula.


 

Democracia, ¿solo electoral? 

Es una realidad de perogrullo que los sectores dominantes se obstinan en afirmar que allí donde se celebran elecciones son países democráticos. Nada más irreal. Lo electoral, es solamente una de sus expresiones, las otras son la economía, el medio ambiente, la cultura. Así lo recuerda Antonio García Nossa: “La democracia es total en el sentido de que no puede existir a medias, ni como una suma de partes desordenadas y sueltas, ni como un sistema contrahecho que declara a los hombres libres pero les niega los medios –económicos, culturales y políticos– de ejercicio de la libertad”.

Precisamente Colombia es el prototipo de esta deformación de la democracia, o la expresión masiva en América Latina de la democracia que no va más allá de la norma, de la apariencia, ocultando una dictadura civil, soporte de una profunda desigualdad social, de la pervivencia de amplias capas de nuestra sociedad arrojadas al abismo del empobrecimiento y la miseria, así como al temor generalizado a opinar pues quien lo haga corre el riesgo de ser amenazado, expulsado de su terruño –desplazado– o simplemente asesinado. Años atrás la tortura y la cárcel era el camino preestablecido, hoy no lo es tanto, aunque no es extraño el descuartizamiento de cuerpos inermes y otras barbaridades que la humanidad creía haber superado tras la “humanización” de la guerra, mucho más en la disputa entre civiles.

 

La democracia es una palabra hueca entre nosotros, así lo resume su historia reciente:

 

1.Durante el siglo anterior, por lo menos desde 1946 fue desatada por una parte del establecimiento una guerra contra el pueblo indefenso, la cual tuvo dos años después, el 9 de abril de 1948, un punto de caldera que desató odios incontenibles. La guerra civil tomó forma, por lo menos hasta 1953, años durante los cuales la masacre de miles de campesinos, el desplazamiento de no menos de 250 mil, su despojo, la injusticia en los tribunales, el llamado a la barbarie desde los púlpitos, la utilización de la Policía y del Ejército como cuerpos privados para la defensa de terratenientes. En esas condiciones, el Partido Conservador celebró elecciones, sin contrincante alguno, y retuvo el manchado poder que retenía desde 1946 en cabeza de Mariano Ospina Pérez, quien lo entregó a Laureano Gómez; al caer éste enfermo en 1951 vio continuada su función por Roberto Urdaneta Arbeláez. 

2.En 1953 dejan las apariencias e instalan una dictadura militar abierta en cabeza del general Gustavo Rojas Pinilla.

3.Una junta militar destituye a su Jefe y asume entre 1957-1958 el gobierno.

4.Tras un pacto oligárquico entre liberales y conservadores se reparten el poder por espacio de dos décadas, durante las cuales las elecciones eran una farsa pues ya se sabía cual de los dos partidos gobernaría, es decir, la elección era solamente entre quienes aspiraban a la Presidencia por un mismo partido. Otras formaciones políticas estaban prohibidas, no solamente para la disputa electoral sino para ejercer su opinión y acción político de manera cotidiana. 

5.Superada esta etapa de la vida republicana, para contener las fuerzas democratizadoras que intentaban abrirse espacio por doquier, criminalizan en 1978 con el Estatuto de Seguridad toda protesta social.

6.A partir de los años 80, desatan una guerra soterrada contra el pueblo a través de un proyecto paramilitar de extensión nacional. Los miles de muertos, desaparecidos, desplazados, los despojados, el control de por lo menos el 30 por ciento del Congreso de la República por esas mismas huestes, a pesar de realizarse elecciones, dibujan el real carácter del régimen.

7. Las elecciones no dejan de sucederse, a pesar del asesinato de candidatos presidenciales, y de aspirantes al Congreso y otros cuerpos de elección popular. 

8. Potenciando el carácter criminal de los narcotraficantes, la guerra arrecia sobre todo aquello que se considera oposición. La división y atomización de la sociedad, producto del miedo generalizado, es su propósito, el cual es cumplido a cabalidad.

9. Una guerra sin miramientos éticos ni de ningún tipo ensancha sus ecos desde el 2002, dejando entre sus saldos trágicos lo que es conocido por la memoria nacional como los “falsos positivos”.

 

Pese a ello, las elecciones prosiguen su curso. También la concentración de la riqueza en pocas manos:

 

Riqueza en pocas manos

Al detallar en Colombia los ingresos de los más ricos contra el ingreso de la clase media, los resultados son escandalosos: el ingreso del 1 por ciento más rico es 11 veces el de la clase media, el del 0.1 por ciento es 52 veces y el del 0.01 por ciento es 149 veces.

Si comparamos estas cifras con los más empobrecidos del país, los resultados son peores. El ingreso del 1 por ciento más rico es 39 veces el del 10 por ciento más pobre, el del 0.1 por ciento es 275 veces y el del 0.01 por ciento es 789 veces. 

Que 4.770 connacionales (0.01 más rico) ganen 150 y 789 veces el ingreso de una persona de la clase media y pobre respectivamente, explica por qué registramos como uno de los países de mayor desigualdad a nivel mundial. 

 

La tierra

Según el análisis de Oxfam (2017), sobre la propiedad y uso de la tierra en Colombia, publicado en el informe “Radiografía de la desigualdad”, nuestro país sigue siendo el más desigual del continente en materia de distribución de la tierra. Solamente el 1 por ciento de las explotaciones de mayor tamaño (Unidades de Producción Agrícola, UPA, de más de 500 hectáreas) maneja más del 80 por ciento de la superficie productiva de tierra, mientras que el 99 restante –campesinos, propietarios de minifundios– se reparte menos del 20 por ciento de la tierra productiva para vivir.

La concentración de la tenencia de la tierra sufrió un agravamiento en las ultimas décadas, a tal punto que las explotaciones de más de 500 hectáreas pasaron de 5 millones en 1970 (el 29% del área total censada) a 47 millones en 2014 (el 68%), su tamaño promedio también aumentó pasando de menos de 1.000 hectáreas en 1960 a 5.000 hectáreas en 2014.  

En la actualidad –según el censo nacional agropecuario del 2016, que comprendió 111,5 millones de hectáreas–, el uso del suelo en millones de hectáreas se divide de esta manera: Bosques 63,2; ganadería 34,4; agricultura 8,5; otros usos 5,4. De manera adicional, a finales de 2012 fueron suscritos 9.400 títulos mineros que responden a 5,6 millones de hectáreas.

Vale la pena decir que en las zonas que se denominan de agricultura el 75 por ciento cultivado responde a monocultivos de caña de azúcar, palma africana y café, mientras que en el 15 por ciento restante se cultiva variedad de cultivos transitorios.  

La vivienda

La tasa de personas con vivienda propia en las zonas urbanas es de 5,1 millones, quienes viven en arriendo suman 4,9 millones de hogares y quienes no tienen una vivienda o viven en hacinamiento son alrededor de 1,3 millones, juntándose con los 2 millones más que tienen un déficit cualitativo de vivienda, es decir, que carecen de acceso a servicios públicos, vías publicas y los entornos no son aptos para vivir.

 

Empobrecidos y enriquecidos por el sistema

Tomando como referencia el año 2017, “la pobreza por ingresos en Colombia se mantiene en el 29,5 por ciento; 26 por ciento en los centros urbanos y 41,1 por ciento en las zonas rurales. Por su parte, en el campo, más que pobreza lo que el país tiene es indigencia: mientras en las ciudades los indigentes son el 7 por ciento, en el campo alcanzan el 33 por ciento”.

“Contrario a esto, y como problemática que denota a todas luces la antidemocracia vigente entre nosotros, estructuralmente la clase rica representa el 10 por ciento de la población y se queda con el 45 por ciento del ingreso producido anualmente por la sociedad; peor aún, el 1 por ciento de los estratos altos concentra el 20 por ciento del ingreso nacional, adicional al monopolio del poder político, estatal y mediático. A la clase media pertenece el 40 por ciento de la población y tiene una participación simétrica en los ingresos del país. Los sectores populares constituyen el 50 por ciento de los habitantes y reciben solo un 16 por ciento del total de los ingresos”*.

 

El juego del voto

Democracia de apariencia. Mientras la desigualdad social ahondaba su brecha en el país, mientras las armas oficiales y no tanto garantizaban tal dinámica, las urnas permanecían abiertas, ofreciendo cada cuatro años una posible transformación del país si cambiaba la cabeza de su gobierno. ¿Será posible tanto con tan poco?  Las experiencias de diferentes países están a la vista. Pero, sea cual sea la realidad y la efectividad del voto, lo cierto es que lo vivido entre nosotros es una democracia aparente, formal, soportada sobre el uso despiadado de las armas, democracia difundida y consolidada a través de los medios de comunicación y de la escuela como si se tratara de una democracia real, plena.

 

El sueño de la esperanza

 

Pese a ello, mientras esto sucedía, mientras la democracia liberal mantenía sus formas, en diversidad de territorios de nuestro país una variedad de actores sociales no cejaban en su esfuerzo por darle cuerpo a otro país posible, reuniendo para ello esfuerzos variados en lo económico, político y social. 

Encontramos allí experiencias cooperativas y solidarias de múltiple origen y logros; experiencias agrícolas rurales colectivas, bien a través de manos indígenas o de campesinos de distinto origen, que logran que la tierra produzca más y mejor de lo que lograría un solo campesino pobre en su reducido minifundio; experiencias de distinto logro en la comercialización de variedad de productos; experiencias educativas que forman a su alumnado con un sueño de una Colombia posible donde todos vivamos en felicidad; en fin, encontramos otros caminos abiertos o en proceso de serlo –contrarios a los oficiales y normatizados, contrarios a los que favorecen a los grandes y medianos empresarios–, unos caminos que llevan al puerto de lo colectivo, de la justicia, la igualdad, la libertad, la fraternidad, para ir concretando un sueño que tomó cuerpo hace ya dos siglos y algunos años más, caminos sin los cuales no será posible que en nuestro terruño haya espacio para todos, un espacio para vivir sin ser arrinconados sino con espacio suficiente, tanto en el campo como en la ciudad, es decir, para vivir en dignidad. 

 

*Sarmiento Anzola, Libardo, “2002-2018, la herencia Uribe-Santos”, Le Monde diplomatiqueedición Colombia, agosto 2018, pp. 4-8.

 

 

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Miércoles, 26 Septiembre 2018 17:58

El poder en manos de todos

El poder en manos de todos

Los tiempos que corren, marcados por el sello indeleble de dos revoluciones industriales interrelacionadas*, han liberado intensas energías que propician un capitalismo cada vez más excluyente y autoritario.

Son unas energías que, encauzadas por la computación y la internet, han reducido el mundo a una aldea con un inmenso circuito financiero interconectado que cruza a todos los países, bien por satélites o por cables submarinos, registrando todo tipo de operaciones bancarias, depositando minuto a minuto decenas de millones en las cuentas de escasos 8 megaricos, los que según el reporte de Oxfam poseen lo mismo que 3 mil seiscientos millones de personas. Y junto a ellos, otra reducida pléyade de millonarios que acumulan a su haber lo producido por el esfuerzo de millones de trabajadores, hombres y mujeres.

Esos personajes, en realidad cabezas de multinacionales como Amazon, Microsoft, Facebook, Inditex-Zara, Berkshire Hathaway, Oracle, Bloomberg LP, Claro, y los tradicionales bancos y petroleras que acumularon el fruto de trabajo de millones durante todo el siglo XX, grupos empresariales cruzados de diversa manera con el capital financiero internacional, todos los cuales influyen o determinan, con las tecnologías y capitales que controlan, el rumbo de diversos Estados y/o gobiernos integrantes del sistema mundo capitalista.
La influencia económica, política, cultural y militar de estos inmensos grupos empresariales es inocultable. Por un lado imponen sus desarrollos tecnológicos a los Estados a través de licencias privativas, dejándolos a merced de su espionaje, sometiendo su soberanía educativa y tecnológica, sentando su influencia sobre estos estados, además, a través de asesorar sus ejércitos y sus servicios de inteligencia. El control social hoy vigente por doquier, así como los altos niveles de autoritarismo impuestos a lo largo y ancho de todos los continentes, está soportado sobre tecnologías desarrolladas o encargadas a estas corporaciones.

Por otro lado, asientan referentes culturales por doquier, trazando matrices de presente y futuro, cerrando las ventanas del sueño utópico de otra sociedad posible y abriendo las puertas de la conformidad; a la par de asegurarse por diversos canales –como la normatividad supranacional– el control/protección de sus ingentes capitales,

Todo ello, miles de millones resumidos en pocas cuentas, contratación de cientos de miles de trabajadores en sus empresas, inocultable influencia política sobre numerosos Estados, control tecnológico, monopolización de las comunicaciones, capacidad especulativa, arrasamiento de la privacidad por doquier, etcétera, ha llevado a la democracia formal a su agonía. Una democracia directa, radical, donde la consulta al conjunto social de todas aquellas decisiones estratégicas que le afectan sean obligatorias, decididas a voto limpio, surge como una alternativa inaplazable. Aquí, en Colombia, la “democracia más vieja del continente”, como en todo el mundo, esta opción también está a la orden del día.

Una oferta incumplida

La burguesía decapitó políticamente a la monarquía con el filo de la guillotina, en lo económico con la apertura de una producción y un comercio con menos barreras, y culturalmente con la oferta de libertad, igualdad y fraternidad. Esa rancia monarquía quedó como simple porcelana que decora las salas de recibimiento en las sociedades europeas, allí están los Borbones y otros más.

Su triunfo fue facilitado y potenciado por la multiplicación de la capacidad productiva desatada como resultado inmediato de la primera revolución industrial, por la acumulación de capital devenida de un comercio que derrumbaba murallas sin contemplación alguna y la misma influencia cultural que fueron ganando sus ideales. Sin embargo, su promesa fue solo eso, una promesa. En los dos siglos y algunos años más de su gesta, en pocas, tal vez muy pocas sociedades regidas por los principios que abanderaron, tal triada la han vivido a plenitud sus pobladores.

Para constatación, basta revisar los derechos de primera generación, los conocidos como Derechos civiles y políticos, entre estos:

• “Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica”
• “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral”
• “Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su horna o reputación”
• “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia”
• “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica”.

Ante la lectura cuidadosa de estos preceptos, redactados hace más de dos siglos, y su más cuidadosa constatación con la realidad pasada y presente, es evidente que los mismos no han tenido plena concreción en el tiempo trascurrido. ¿Qué dirán ante cada uno de estos derechos los miles de miles que desde África tratan por estos días de migrar hacia Europa? ¿Qué opinarán quienes son encarcelados en múltiples países del actual sistema mundo al pretender motivar a sus congéneres a luchar por un gobierno otro? ¿Qué gritaran quienes llenan distintos presidios por doquier? ¿O qué nos confirmarán los que por tener otro color de piel son excluidos en la tierra que los vio nacer o aquella a la cual llegaron años después en procura de ingresos dignos para vivir o buscando protección para sus vidas?

¿De qué libertad, igualdad y fraternidad pueden ufanarse quienes con la guillotina dieron paso a estos derechos si la riqueza de otrora potencias globales como Francia fueron amasadas sobre el filo de las bayonetas, tanto en África, como en Asia y nuestra América, incluida su región Caribe?

Promesas, simples promesas. Pero también control social, hegemonía política, así como manipulación y dominio político. Todo esto, una ironía de quienes como clase dieron origen a estos derechos, pues lo que en gran medida resumía esta Primera Carta de Derechos (derechos de primera generación –civiles y políticos–) eran las necesidades que como clase tenían estos mercaderes, pero no mucho más.
Una oferta de nueva sociedad erigida en medio de incumplimientos. A la par que imponían sus demandas el mundo permanecía y continuaba plagado de sociedades esclavizadas, oprimidas, excluidas. Y contra tal realidad se levantaron obreros y campesinos, además de otros sectores populares. En cada país hay historias por retomar, en cada país hay memoria viva que pretenden borrar quienes figuran allí como genocidas y masacradores.

Han sido luchas de los de abajo contra los de arriba, con las cuales dieron cuerpo a lo que décadas después fue conocido como los Derechos de segunda generación –económicos, sociales y culturales–, muchos de ellos conquistados sobre inocultables charcos de sangre, lo que recuerda que hasta el siglo XIX y bien entrado el XX ningún derecho fue reconocido sin resistencia ni violencia por parte de quienes detentaban el poder. Es la ley del poder. Luego esos mismos sectores que lo concentraban a su favor transforman los derechos en un galimatías al cual acceden en igual condición personas o individuos, grupos sociales y empresas, entre ellas las multinacionales. ¡Y todos, individuos, grupos sociales y multinacionales son reconocidas en igual condición y con igual posibilidad!

De los Derechos de segunda generación, valga recordar, hacen parte entre otros:

• “Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos sociales y culturales”
• “Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias”
• “Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses”
• “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

¿Qué dirán ante estas referencias de vida quienes buscan sin resultado positivo trabajo? ¿Qué opinarán quienes presencian sumidos en angustia los padecimientos de su familia por no tener mesa abundante, por no contar con un techo bajo el cual guarecerse o médico al cual acudir y del cual obtener fórmula presta que no le implique la compra de medicinas especializadas para las cuales no tiene dinero con que adquirirlas? ¿Qué podrán contar quienes intentaron conformar un sindicato y por ello fueron expulsados de su puesto de trabajo, amenazados y obligados a dejar su ciudad, o asesinados?

Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refranero popular, y no se equivoca. Es así como la democracia –el gobierno del pueblo y para el pueblo, o el gobierno de las mayorías al servicio de todos– queda como un referente para guiar los pasos de la humanidad, algo por lograr. Una democracia más allá de la liberal –electoral–. Es por ello que enrutar las energías sociales tras tal meta deberá ser uno de los objetivos de los movimientos sociales en los tiempos que corren.

Es precisamente este reto el que nos recuerda que la democracia, la realmente existente, está en disputa. Por lo cual, asumirla como referente de las luchas en curso o por venir, es seleccionar la más trascendental de las dianas que podemos ver y determinar en el entorno y momento que vivimos.

En esta pugna, los sectores populares cuentan a su favor que, más allá de sus deseos, los poderosos del mundo no pueden controlar ni parar las energías desatadas por las revoluciones industriales en marcha, de tal manera que la concentración de riqueza proseguirá sin control ni límite alguno, y con ella la inconformidad global con esta realidad; el poder, como quintaesencia para asegurar los privilegios de unos pocos, potenciará aún más la violencia “legalmente constituida” y todo tipo de espionaje y violaciones a la privacidad y libertad de las mayorías, ahondando así el autoritarismo, negando de manera efectiva la libertad; y, con todo ello como marca esencial del sistema social-económico y político vigente, ¿es posible solidaridad alguna? Sálvese quien pueda, es la norma de normas que hoy impera en el mundo.

Es una realidad a la cual hay que torcerle el brazo. En el afán de numerosos sectores sociales por actuar ante la catástrofe en que está entrando el conjunto social global, y con ésta hasta la mismísima Tierra como casa de la humanidad, van tomando cuerpo otras formas de hacer y de vivir, experiencias de otra economía posible, basadas estas en procesos solidarios, cooperativos, comunitarios, procesos donde la misma propiedad de los medios de producción, además de la planeación de qué y cómo producir, la forma de hacerlo, así como la apropiación de lo generado por el trabajo de muchas personas, deja a un lado el interés estrictamente privado para adentrarse en el colectivo.

Sobre este particular destacan en nuestra región experiencias como las de Cecocesola con asiento en Barquisimeto –capital del estado Lara, Venezuela– la cual, aún en la crisis que hoy vive este país, ha logrado conservar su dinámica autónoma, la red de productores agrarios y de comercialización de sus productos, así como el centro de salud.

En Colombia, el referente es Confiar cooperativa financiera que tras sus más de cuatro décadas de experiencia, trascendió de un fondo de empleados creado por los trabajadores de Sofasa a una propuesta solidaria abierta que hoy cuenta con más de 166 mil asociados, así como algo más de 277 mil ahorradores, cuyos aportes permiten el apoyo constante a diversidad de experiencias sociales, culturales, comunitarias, educativas, artísticas, informativas y de otros órdenes, evidenciando con su práctica que en lo económico sí es posible tejer un camino diferente al impuesto por la institucionalidad. El estímulo al consumo consciente, es una apuesta fuerte con la cual se crean las bases de otra forma de ser y estar en este planeta. A su vez, el reconocimiento y valoración del liderazgo femenino y juvenil, potencia los nuevos actores sociales, de cuya mano también está el tema ambiental.

En Brasil, el Movimiento de los Sin Tierra, con más de 9 mil asentamientos agrarios, producto de la recuperación de la tierra por parte de los campesinos sin tierra, reconfirma que “una mano más otra mano no son dos manos… sino muchas más”, son comunidad, son pueblo.

Actuando de manera directa, más de un millón de familias han obtenido sus tierras y más de 130 mil están acampadas, es decir, en proceso de reconocimiento de su propiedad.

Estos campesinos, no solo han liberado su tierra, sino que además han construido sus viviendas, escuelas, incluso universidad, poniendo en marcha una producción asociada, limpia, sin tóxicos, además de mercadear alimentos procesados, vinos, artesanías, etcétera.

En Argentina, fábricas como Zanón y Brukman, el hotel Bauen, y otras experiencias exitosas de empresas asumidas de manera directa por sus trabajadores, asociados en cooperativas, demuestran sin duda alguna que sí es posible liderar y mantener en funcionamiento, por parte de los trabajadores, cualquier tipo de empresa. Además, y este es el caso de lo conocido de manera genérica como “Fábricas sin patrón”, que la solidaridad comunitaria es sustancial para que este tipo de experiencias no sean ocupadas policial o militarmente por los protectores del capital (el Estado y sus Fuerzas Armadas), así como para lograr una mejor difusión de todo aquello que producen, comercian u ofrecen como servicios.

En pocas palabras, economía, colectivo, común, solidario, redistribución, autonomía, son sinónimos que entretejidos abren puertas distintas a las capitalistas, procesos y experiencias que a pesar de estar sometidos en muchos de sus cotidianidades a los canales imperantes van creando otra cultura, sin la cual no es posible darle un portazo al mismo sistema económico-social hoy dominante.
Son ejercicios de vida y de esperanza, dinámicas todas estas que van en contravía de lo impuesto por la producción capitalista, y en ella por la misma dinámica ganada por las multinacionales donde la producción de hecho es cada vez más colectiva pero su apropiación no deja de ser particular. Así realza en casos como Amazon, Microsoft, Facebook, la primera de las cuales contaba en el 2017 con 566.000 trabajadores, Microsoft 133.000, Facebook más de 25 mil, sin dejar a un lado emporios como Samsung con 275.000 trabajadores y Walmart con 2.300.000. Otros muchos ejemplos podrían relacionarse y en todos ellos lo típico es que quien apropia para si lo producido por muchos es alguien que ha “desarrollado” un sistema inteligente que le permite interrelacionar a muchos, centralizando por vías de sistemas inteligentes sus saberes y producidos.

Hasta aquí podríamos decir que de acuerdo a la lógica imperante desde hace dos siglos largos todo está bien, pero sucede que esos sistemas inteligentes han visto la luz producto de investigaciones financiadas con dineros públicos. No es una exageración. Es conocido que la internet es el producto de prolongadas investigaciones de carácter militar financiadas por el Pentágono, el cual, como es obvio, funciona con base en los dineros públicos. Pese a ello, su apropiación económica ha terminado en manos de Microsoft. Todo un contrasentido. Así mismo ocurrió con la tecnología satelital, hoy resumida en los GPS producto de prolongadas investigaciones encabezadas por la Nasa, tecnología experimentada en la aviación, en cohetería y otros tanto usos militares. Millones de seres humanos cotizan mes a mes al erario público, que a su vez destina la caja de ahorros para asegurar el avance de la ciencia y la tecnología con supuesto sentido colectivo, pero al final unos pocos son los que ven los réditos de todo ello, sobretodo en sus depósitos bancarios.

Son empresas las beneficiadas de esta sin razón, las que además prestan un servicio de carácter estratégico con efectos, para bien o para mal, sobre el conjunto social, tanto en su país de origen como más allá del mismo. De ahí que reclamar el carácter social, público y común de este tipo de empresas, sea una reivindicación con plena vigencia. Es así como una ventana se abre para un futuro donde la igualdad tenga un asidero real, la libertad sea algo más que una consigna y con ello la fraternidad –la solidaridad, como referente más plausible– ganen el espacio necesario entre todos los seres humanos. Estamos así ante luces poscapitalistas; un futuro más cercano de lo que muchas veces vaticinamos.

Sin duda, otra democracia, además de necesaria, sí es posible.

 

*Estamos en presencia de dos revoluciones industriales: la tercera, que va llegando a su final, basada en la electrónica y las tecnologías de la información. Tenemos, como algunos de sus desarrollos: computadoras personales, clusters, redes de información; y la cuarta que está en pleno desenvolvimiento y que está basada en la simbiosis entre las dimensiones física, digital y biológica. Entre algunos de sus desarrollos más notables: robótica de todos los tipos, aprendizaje de máquinas, interface chip-célula.


 

Democracia, ¿solo electoral? 

Es una realidad de perogrullo que los sectores dominantes se obstinan en afirmar que allí donde se celebran elecciones son países democráticos. Nada más irreal. Lo electoral, es solamente una de sus expresiones, las otras son la economía, el medio ambiente, la cultura. Así lo recuerda Antonio García Nossa: “La democracia es total en el sentido de que no puede existir a medias, ni como una suma de partes desordenadas y sueltas, ni como un sistema contrahecho que declara a los hombres libres pero les niega los medios –económicos, culturales y políticos– de ejercicio de la libertad”.

Precisamente Colombia es el prototipo de esta deformación de la democracia, o la expresión masiva en América Latina de la democracia que no va más allá de la norma, de la apariencia, ocultando una dictadura civil, soporte de una profunda desigualdad social, de la pervivencia de amplias capas de nuestra sociedad arrojadas al abismo del empobrecimiento y la miseria, así como al temor generalizado a opinar pues quien lo haga corre el riesgo de ser amenazado, expulsado de su terruño –desplazado– o simplemente asesinado. Años atrás la tortura y la cárcel era el camino preestablecido, hoy no lo es tanto, aunque no es extraño el descuartizamiento de cuerpos inermes y otras barbaridades que la humanidad creía haber superado tras la “humanización” de la guerra, mucho más en la disputa entre civiles.

 

La democracia es una palabra hueca entre nosotros, así lo resume su historia reciente:

 

1.Durante el siglo anterior, por lo menos desde 1946 fue desatada por una parte del establecimiento una guerra contra el pueblo indefenso, la cual tuvo dos años después, el 9 de abril de 1948, un punto de caldera que desató odios incontenibles. La guerra civil tomó forma, por lo menos hasta 1953, años durante los cuales la masacre de miles de campesinos, el desplazamiento de no menos de 250 mil, su despojo, la injusticia en los tribunales, el llamado a la barbarie desde los púlpitos, la utilización de la Policía y del Ejército como cuerpos privados para la defensa de terratenientes. En esas condiciones, el Partido Conservador celebró elecciones, sin contrincante alguno, y retuvo el manchado poder que retenía desde 1946 en cabeza de Mariano Ospina Pérez, quien lo entregó a Laureano Gómez; al caer éste enfermo en 1951 vio continuada su función por Roberto Urdaneta Arbeláez. 

2.En 1953 dejan las apariencias e instalan una dictadura militar abierta en cabeza del general Gustavo Rojas Pinilla.

3.Una junta militar destituye a su Jefe y asume entre 1957-1958 el gobierno.

4.Tras un pacto oligárquico entre liberales y conservadores se reparten el poder por espacio de dos décadas, durante las cuales las elecciones eran una farsa pues ya se sabía cual de los dos partidos gobernaría, es decir, la elección era solamente entre quienes aspiraban a la Presidencia por un mismo partido. Otras formaciones políticas estaban prohibidas, no solamente para la disputa electoral sino para ejercer su opinión y acción político de manera cotidiana. 

5.Superada esta etapa de la vida republicana, para contener las fuerzas democratizadoras que intentaban abrirse espacio por doquier, criminalizan en 1978 con el Estatuto de Seguridad toda protesta social.

6.A partir de los años 80, desatan una guerra soterrada contra el pueblo a través de un proyecto paramilitar de extensión nacional. Los miles de muertos, desaparecidos, desplazados, los despojados, el control de por lo menos el 30 por ciento del Congreso de la República por esas mismas huestes, a pesar de realizarse elecciones, dibujan el real carácter del régimen.

7. Las elecciones no dejan de sucederse, a pesar del asesinato de candidatos presidenciales, y de aspirantes al Congreso y otros cuerpos de elección popular. 

8. Potenciando el carácter criminal de los narcotraficantes, la guerra arrecia sobre todo aquello que se considera oposición. La división y atomización de la sociedad, producto del miedo generalizado, es su propósito, el cual es cumplido a cabalidad.

9. Una guerra sin miramientos éticos ni de ningún tipo ensancha sus ecos desde el 2002, dejando entre sus saldos trágicos lo que es conocido por la memoria nacional como los “falsos positivos”.

 

Pese a ello, las elecciones prosiguen su curso. También la concentración de la riqueza en pocas manos:

 

Riqueza en pocas manos

Al detallar en Colombia los ingresos de los más ricos contra el ingreso de la clase media, los resultados son escandalosos: el ingreso del 1 por ciento más rico es 11 veces el de la clase media, el del 0.1 por ciento es 52 veces y el del 0.01 por ciento es 149 veces.

Si comparamos estas cifras con los más empobrecidos del país, los resultados son peores. El ingreso del 1 por ciento más rico es 39 veces el del 10 por ciento más pobre, el del 0.1 por ciento es 275 veces y el del 0.01 por ciento es 789 veces. 

Que 4.770 connacionales (0.01 más rico) ganen 150 y 789 veces el ingreso de una persona de la clase media y pobre respectivamente, explica por qué registramos como uno de los países de mayor desigualdad a nivel mundial. 

 

La tierra

Según el análisis de Oxfam (2017), sobre la propiedad y uso de la tierra en Colombia, publicado en el informe “Radiografía de la desigualdad”, nuestro país sigue siendo el más desigual del continente en materia de distribución de la tierra. Solamente el 1 por ciento de las explotaciones de mayor tamaño (Unidades de Producción Agrícola, UPA, de más de 500 hectáreas) maneja más del 80 por ciento de la superficie productiva de tierra, mientras que el 99 restante –campesinos, propietarios de minifundios– se reparte menos del 20 por ciento de la tierra productiva para vivir.

La concentración de la tenencia de la tierra sufrió un agravamiento en las ultimas décadas, a tal punto que las explotaciones de más de 500 hectáreas pasaron de 5 millones en 1970 (el 29% del área total censada) a 47 millones en 2014 (el 68%), su tamaño promedio también aumentó pasando de menos de 1.000 hectáreas en 1960 a 5.000 hectáreas en 2014.  

En la actualidad –según el censo nacional agropecuario del 2016, que comprendió 111,5 millones de hectáreas–, el uso del suelo en millones de hectáreas se divide de esta manera: Bosques 63,2; ganadería 34,4; agricultura 8,5; otros usos 5,4. De manera adicional, a finales de 2012 fueron suscritos 9.400 títulos mineros que responden a 5,6 millones de hectáreas.

Vale la pena decir que en las zonas que se denominan de agricultura el 75 por ciento cultivado responde a monocultivos de caña de azúcar, palma africana y café, mientras que en el 15 por ciento restante se cultiva variedad de cultivos transitorios.  

La vivienda

La tasa de personas con vivienda propia en las zonas urbanas es de 5,1 millones, quienes viven en arriendo suman 4,9 millones de hogares y quienes no tienen una vivienda o viven en hacinamiento son alrededor de 1,3 millones, juntándose con los 2 millones más que tienen un déficit cualitativo de vivienda, es decir, que carecen de acceso a servicios públicos, vías publicas y los entornos no son aptos para vivir.

 

Empobrecidos y enriquecidos por el sistema

Tomando como referencia el año 2017, “la pobreza por ingresos en Colombia se mantiene en el 29,5 por ciento; 26 por ciento en los centros urbanos y 41,1 por ciento en las zonas rurales. Por su parte, en el campo, más que pobreza lo que el país tiene es indigencia: mientras en las ciudades los indigentes son el 7 por ciento, en el campo alcanzan el 33 por ciento”.

“Contrario a esto, y como problemática que denota a todas luces la antidemocracia vigente entre nosotros, estructuralmente la clase rica representa el 10 por ciento de la población y se queda con el 45 por ciento del ingreso producido anualmente por la sociedad; peor aún, el 1 por ciento de los estratos altos concentra el 20 por ciento del ingreso nacional, adicional al monopolio del poder político, estatal y mediático. A la clase media pertenece el 40 por ciento de la población y tiene una participación simétrica en los ingresos del país. Los sectores populares constituyen el 50 por ciento de los habitantes y reciben solo un 16 por ciento del total de los ingresos”*.

 

El juego del voto

Democracia de apariencia. Mientras la desigualdad social ahondaba su brecha en el país, mientras las armas oficiales y no tanto garantizaban tal dinámica, las urnas permanecían abiertas, ofreciendo cada cuatro años una posible transformación del país si cambiaba la cabeza de su gobierno. ¿Será posible tanto con tan poco?  Las experiencias de diferentes países están a la vista. Pero, sea cual sea la realidad y la efectividad del voto, lo cierto es que lo vivido entre nosotros es una democracia aparente, formal, soportada sobre el uso despiadado de las armas, democracia difundida y consolidada a través de los medios de comunicación y de la escuela como si se tratara de una democracia real, plena.

 

El sueño de la esperanza

 

Pese a ello, mientras esto sucedía, mientras la democracia liberal mantenía sus formas, en diversidad de territorios de nuestro país una variedad de actores sociales no cejaban en su esfuerzo por darle cuerpo a otro país posible, reuniendo para ello esfuerzos variados en lo económico, político y social. 

Encontramos allí experiencias cooperativas y solidarias de múltiple origen y logros; experiencias agrícolas rurales colectivas, bien a través de manos indígenas o de campesinos de distinto origen, que logran que la tierra produzca más y mejor de lo que lograría un solo campesino pobre en su reducido minifundio; experiencias de distinto logro en la comercialización de variedad de productos; experiencias educativas que forman a su alumnado con un sueño de una Colombia posible donde todos vivamos en felicidad; en fin, encontramos otros caminos abiertos o en proceso de serlo –contrarios a los oficiales y normatizados, contrarios a los que favorecen a los grandes y medianos empresarios–, unos caminos que llevan al puerto de lo colectivo, de la justicia, la igualdad, la libertad, la fraternidad, para ir concretando un sueño que tomó cuerpo hace ya dos siglos y algunos años más, caminos sin los cuales no será posible que en nuestro terruño haya espacio para todos, un espacio para vivir sin ser arrinconados sino con espacio suficiente, tanto en el campo como en la ciudad, es decir, para vivir en dignidad. 

 

*Sarmiento Anzola, Libardo, “2002-2018, la herencia Uribe-Santos”, Le Monde diplomatiqueedición Colombia, agosto 2018, pp. 4-8.

 

 

Domingo, 16 Septiembre 2018 06:14

Necesitamos un nuevo contrato social

Necesitamos un nuevo contrato social

El pacto socioeconómico alcanzado tras la II Guerra Mundial en Occidente se ha roto. La democracia depende de su refundación
 

Al menos cuatro grandes transformaciones desarrolladas en las últimas décadas han alterado profundamente el contrato social que rubricaron implícitamente las fuerzas de la izquierda (socialdemócratas) y de la derecha (democristianos) tras la II Guerra Mundial, que formalizó las reglas del juego para la convivencia pacífica durante más de medio siglo. Se trata de la revolución tecnológica, que ha hecho circular al mundo de lo analógico a lo digital; la revolución demográfica, que convirtió a Europa, cuna de ese contrato social, en un espacio compartido de gente envejecida después de haber sido un continente joven; la globalización, que ha llegado a ser el marco de referencia de nuestra época desplazando al Estado-nación; y la revolución conservadora, hegemónica desde la década de los años ochenta del siglo pasado y que ha predicado las virtudes del individualismo y de que cada palo aguante su vela, olvidando los principios mínimos de solidaridad social. El conjunto de estas revoluciones —la tecnológica, la demográfica, la globalizadora y la política— ha dado lugar a una especie de refundación de lo que el gran pensador vienés Karl Polanyi denominó a mitad de los años cuarenta “la gran transformación”.


El concepto de contrato social pertenece en su inicio al pensador Jean-Jacques Rousseau, que a mediados del siglo XVIII escribió un libro del mismo título, considerado precursor de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre, y que trataba de la libertad y la igualdad de las personas bajo Estados instituidos por medio de un contrato social. Ese contrato era una suerte de acuerdo entre los miembros de un grupo determinado que definía tanto sus derechos como sus deberes, que eran las cláusulas de tal contrato. Esas cláusulas no son inmutables o naturales, sino que cambian dependiendo de las circunstancias y transformaciones de cada momento histórico y de las correlaciones de fuerzas entre los componentes de los grupos.


El contrato social que surge en Europa y se extiende por buena parte del planeta, a distintas velocidades, después de la II Guerra Mundial decía básicamente lo siguiente: quien cumple las reglas del juego, progresa, logra la estabilidad y la tranquilidad en su vida. Una buena formación intelectual, la mejor educación, el esfuerzo permanente, la honradez y ciertas dosis de suerte (que había que buscar) aseguraban el bienestar de los ciudadanos y sus familias. Con un empeño personal calvinista, el funcionamiento de las instituciones de la democracia y el progreso económico general, el nivel de vida mejoraría poco a poco y nuestros hijos vivirían mejor que nosotros. Unos, los más favorecidos, se quedarían con la parte más grande de la tarta, pero a cambio los otros, la mayoría, tendrían trabajo asegurado, cobrarían salarios crecientes, estarían protegidos frente a la adversidad y la debilidad, e irían poco a poco hacia arriba en la escala social. Un porcentaje de esa mayoría, incluso, traspasaría la frontera social imaginaria y llegaría a formar parte de los de arriba: la clase media ascendente.


Esto ya no es así. Ese contrato social ha sido sustituido, por efecto de las transformaciones citadas, por lo que el sociólogo Robert Merton ha denominado “el efecto Mateo”: “Al que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene se le quitará para dárselo al que más tiene”. Se inaugura así la era de la desigualdad y se olvidan las principales lecciones que sacó la humanidad de ese periodo negro de tres décadas (1914-1945) en las que el mundo padeció tres crisis mayores perfectamente imbricadas: las dos guerras mundiales y, en el intervalo de ambas, la Gran Depresión.


El historiador Tony Judt, entre otros, ha descrito con exactitud (Postguerra) cómo a partir de lo acontecido en esos 30 años nació otro planeta con distintas normas, ya que parecía imposible —decenas de millones de muertos después— la vuelta a lo que habían sido las cosas antes. Se acordaron señas de identidad diferentes, basadas en la intervención estatal siempre que fuese precisa, y con una nueva arquitectura institucional que pretendía que nunca más se pudieran repetir las condiciones políticas, sociales y económicas que habían facilitado los conflictos generalizados. Hubo un consenso entre las élites políticas (los partidos), económicas (el empresariado) y sociales (los sindicatos) para alcanzar la combinación más adecuada entre el Estado y el mercado, con el objetivo final de que toda práctica política se basara en la búsqueda de la paz, el pleno empleo y la protección de los más débiles a través del Estado de bienestar.


Recuerda Judt que en una cosa todos estaban de acuerdo, aunque hoy sea un concepto obsoleto: la planificación. Los desastres de las décadas del periodo de entreguerras (las oportunidades perdidas a partir de 1918; los agujeros ocasionados por el desempleo, las desigualdades, injusticias e ineficacias generadas por el capitalismo de laissez-faire que habían hecho caer a muchos en la tentación del autoritarismo; la descarada indiferencia y arrogancia de la élite gobernante, y las inconsecuencias de una clase política inadecuada) parecían estar todos relacionados con el fracaso a la hora de organizar mejor la sociedad: “Para que la democracia funcionase”, escribe el historiador, “para que recuperase su atractivo, debía planificarse”. Así se amplió la fe ciudadana en la capacidad —y no solo en el deber de los Gobiernos— de resolver problemas a gran escala, movilizando y destinando personas y recursos a fines útiles para la colectividad.


Quedó claro que la única estrategia con éxito era aquella que excluía cualquier retorno al estancamiento económico, la depresión, el proteccionismo y, por encima de todo, el desempleo. Algo parecido subyacía en la creación del welfare State: la polarización política había sido consecuencia directa de la depresión económica y de sus costes sociales. Tanto el fascismo como el comunismo habían proliferado con la desesperación social, con el enorme abismo de separación entre ricos y pobres. Para que la democracia se recuperase como tal era preciso abordar de una vez “la condición de personas” de los ciudadanos.


Estos elementos seminales del contrato social de la posguerra ya estaban de retirada antes de 2008. Entonces llegó como un tsunami de naturaleza humana la Gran Recesión, la cuarta crisis mayor del capitalismo, de la que estos días se cumplen los 10 primeros años. Sus consecuencias han exacerbado tal crisis y han regresado con fuerza las dudas entre muchos ciudadanos en la convivencia pacífica entre un sistema de gobierno democrático y un capitalismo fuertemente financiarizado: los mercados son ineficientes (el desiderátum de mercado ineficiente es el mercado de trabajo), y el sistema político, la democracia, que se legitima corrigiendo los fallos del mercado, no lo hace. Así surge la desafección respecto a la democracia (el sistema político) y el capitalismo (el sistema económico).
Una buena parte de la población ha salido de la Gran Recesión más pobre, más desigual, mucho más precaria, menos protegida socialmente, más desconfiada (lo que explica en buena parte la crisis de representación política que asola nuestras sociedades) y considerando la democracia como un sistema instrumental (somos demócratas siempre que la democracia resuelva nuestros problemas). Muchos ciudadanos expresan cotidianamente sus dudas de que los políticos, aquellos a los que eligen para que los representen en la vida pública, sean capaces de resolver los problemas colectivos. De cambiar la vida a mejor.


Además de la ruptura del contrato social tradicional, en la última década se ha aniquilado el pacto entre generaciones. No se cumple lo que hasta hace unas semanas decía un anuncio en la radio de una empresa privada de colocaciones: “Si estudias y te esfuerzas, podrás llegar a lo que quieras”. El historiador Niall Ferguson escribe que el mayor desafío que afrontan las democracias maduras es el de restaurar el contrato social entre generaciones, y Jed Bartlet, el presidente ficticio de EE UU en la serie televisiva El Ala Oeste de la Casa Blanca, comenta a su interlocutor: “Debemos dar a nuestros hijos más de lo que recibimos nosotros”. Este es el sentido progresista de la historia que se ha roto.


El estrago mayor que ha causado la Gran Recesión en nuestras sociedades ha sido el de truncar el futuro de una generación. O de más de una generación. Ha reducido brutalmente las expectativas materiales, y sobre todo emocionales, de muchos jóvenes que se sienten privados del futuro que se les había prometido. Se ha actualizado la llamada “curva del Gran Gatsby”, que explica que las oportunidades de los descendientes de una persona dependen mucho más de la situación socio¬económica de sus antecesores que del esfuerzo personal propio. Ello conlleva la transmisión de privilegios más que la igualdad de oportunidades.
Una joven envía un tuit que se hace viral, y que se pregunta: “¿Cómo hicieron nuestros padres para comprar una casa a los 30 años?, ¿eran narcos o qué?”. La Gran Recesión ha profundizado en los desequilibrios que ya existían antes de ella e introducido nuevas variables en el modelo; escenarios dominados por la inseguridad vital, que ya no es solo económica, sino cultural. Muchas personas, millennials o mayores de 45 años que se han quedado por el camino, sobreviven en la incertidumbre, la frustración y sin opciones laborales serias; no esperan grandes cosas del futuro, al que presuponen más amenazas que oportunidades, y que en buena medida no entienden. Estos jóvenes son los que han sido calificados como un “proletariado emocional” (José María Lasalle).


El nuevo contrato social habrá de tener en cuenta las transformaciones citadas y otros elementos que se han incorporado a las inquietudes centrales del planeta en que vivimos, como el cambio climático. El objetivo del mismo debería condensarse en la extensión de la democracia en una doble dirección: ampliar el perímetro de quienes participan en tomar las decisiones (ciudadanía política y civil) y extender el ámbito de decisión a los derechos económicos y sociales (ciudadanía económica) que determinan el bienestar ciudadano.

 

Por Joaquín Estefanía
15 SEP 2018 - 17:24 COT

Publicado enSociedad
Viernes, 14 Septiembre 2018 09:35

Democracia, ¿con miedo al pueblo?

Miguel Ángel Echeverría

Pasadas las elecciones del 26 de agosto, cuando por primera vez en 27 años de vigencia de la renovada Constitución el país realiza una consulta popular de carácter nacional con un tema de  evidente rechazo ciudadano, resulta oportuno aguzar la mirada sobre los mecanismos de participación ciudadana previstos en los artículos 103 a 106 de la Carta del 91, como son: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, y la revocatoria del mandato. Todos, formas de democracia directa en cabeza de la ciudadanía que clama por una mayor participación pero, sin encontrar en ellos mecanismos eficaces y expeditos para hacer sentir su voluntad. 


La comunidad internacional se preguntará qué pasa en Colombia, país donde realizan un plebiscito por la paz y gana el No a los Acuerdos de Paz, y en una Consulta anticorrupción no vota al menos una tercera parte del total de los electores, requisito para qué sea vinculante la decisión del pueblo. Por qué el desdén frente al robo de los recursos públicos y al valor de este certamen democrático.


Todo indica que, con un Estado excluyente y una profunda desigualdad social, con una clase política que mercadeó y envileció su labor, con la criminalización de la acción social alternativa y la despolitización propiciada desde las altas esferas, no es extraño que aún estemos lejos de una sociedad, con primacía de la democracia formal sobre la participativa y, por lo tanto, sin una sociedad movilizada por la defensa de lo suyo.


Es así como, si reparamos en otra parte de nuestra realidad que también aporta a erigir obstáculos que reducen o dificultan la eficacia de estos mecanismos de participación, debemos reconocer que en ellos, y a su alrededor prima por parte de la ciudadanía: falta de conocimiento y apropiación; desmotivación por lo engorroso de hacer realidad estos mecanismos participativos; ausencia de una capacitación seria –no partidista– para ahondar en todos y cada de ellos; la manipulación en que caen las campañas, bien en una consulta, como acabamos de experimentar, bien en un referendo, como sucedió con el impulsado por el derecho al agua como derecho fundamental, o como ha sucedido con las consultas mineras donde también sus principales voceros quedan convertidos en blanco de paramilitares y similares.


Entonces, con unos mecanismos de supuesta participación, ligados a un umbral del 100 por ciento del censo electoral, es tarea más que quijotesca lograr triunfo alguno, lo que convierte la democracia participativa en un simple eufemismo.


De esta manera, entre los muchos retos abiertos por esta realidad está la de reformar precisamente el umbral, ligándolo al censo real e histórico de las votaciones más altas a nivel nacional o la circunscripción dónde se haga –departamento o municipio. No podemos olvidar que la abstención en nuestro país siempre ronda el 50 o más del porcentaje de posibles votantes. Es una realidad tal que si se exigiera lo mismo para elecciones de Congreso u otras Corporaciones nunca habría elegidos, o tocaría implementar el voto obligatorio. 


Todo esto nos permite concluir que la reglamentación de los mecanismos de participación, en vez de propiciarlos los bloqueó, al convertirlos en procesos demasiado engorrosos, costosos y no fiables para los ciudadanos, como aconteció con la revocatoria de Peñalosa dónde se desconoció por parte del Consejo Nacional Electoral y la Registraduria este derecho, con argucias jurídicas con fines políticos; o como ha sucedido con iniciativas legislativas populares, como el Estatuto del Trabajo, presentado al Congreso por firmas debidamente reconocidas y certificadas de miles de trabajadores y no tramitados o archivados. 


Pese a ello, con la consulta anticorrupción el país avanza algunos pasos hacia un cambio en sus formas políticas, sembrando confianza, como dicen popularmente, que “cuando se quiere se puede”, a pesar de no contar con financiación alguna, ni con transporte financiado, ni con algunas de esas formas que más parecen delictivas –corruptas– que ofrecen descuentos en el trámite del pasaporte, de la libreta militar, de la cédula, reducción en la matrícula en la universidad pública, reducción de un mes en la prestación del servicio militar, medio día compensatorio cuando se trata de un empleado del Estado. En fin, como dijo el poeta, “se hace camino al andar” y en Colombia ya estamos enrutados.

* Abogado, defensor de Derechos Humanos.

Domingo, 02 Septiembre 2018 10:37

Lo que debemos enfrentar

Lo que debemos enfrentar

La inteligencia artificial, tan poco estudiada en las universidades latinoamericanas y tan poco desarrollada en nuestro continente, podría tanto causar un terrible desastre social como, por el contrario, hacer posible el sueño de Fourier de unas pocas horas de trabajo para la reproducción y casi todo el día para otros trabajos voluntarios y creativos o, simplemente, para el descanso y el disfrute de la naturaleza.

Hoy ya hay robots que sustituyen a las cajeras de los supermercados, a los soldadores especializados, a los pintores de brocha gorda, albañiles y hasta a los cirujanos, pero con el desarrollo de la inteligencia artificial, millones de robots especializados y multiusos podrían remplazar a una enorme cantidad de trabajadores manuales o de empleados y funcionarios, arrojándolos a la desocupación. La pesadilla de Jack London en El Talón de Hierro podría concretarse y hacia su realización tienden los esfuerzos del capitalismo.

Para eso está acabando con todas las leyes de protección social, rebajando brutalmente el nivel de ingreso y destruyendo sistemáticamente poblaciones enteras de los países dependientes, que son minadas por el hambre y las enfermedades, pauperizadas y disgregadas por el despojo agrícola o minero, diezmadas por las guerras y las migraciones de los más jóvenes, audaces y emprendedores que empobrece a las comunidades.Para el capitalismo "sobran" miles de millones de personas, cuyas necesidades sociales y derechos (agua, aire limpio, servicios esenciales, vivienda digna) considera "gastos" (cuando son inversiones productivas dadas gratis a los patrones para que puedan explotar trabajadores rendidores y en buenas condiciones).

Una mejor condición de vida de la mayoría de la población eleva las expectativas de vida; eso es intolerable para el capitalismo, ya que los ancianos son también "sobrantes", "improductivos", "una carga social". Reducir la masa salarial, los servicios sociales y también el tiempo no productivo, aumentando el trabajo infantil y acelerando la muerte de los ancianos, es un objetivo del capital. El ideal del mismo es sustituir a trabajadores vivos por capital muerto (como los robots) que en poquísimo tiempo amortiza con su trabajo el costo de su producción y deja un margen de ganancia infinitamente mayor, además de no pensar ni hacer huelgas.

La alternativa a estos planes siniestros consiste en utilizar la nueva tecnología y desarrollar la inteligencia artificial, pero para reducir el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la familia obrera y para la amortización y renovación de las instalaciones y maquinarias, hay que distribuir la masa de trabajo entre los desocupados actuales, de modo de trabajar menos trabajando todos. Para eso hay que expropiar al capitalismo, cortando así de raíz las emigraciones en busca de trabajo y la delincuencia causada por la miseria y el atraso.

Hace 100 años se trabajaba en la industria 12 horas diarias y en los campos de sol a sol. La conquista de las ocho horas y de las leyes sociales fue un paso enorme hacia la civilización. Hoy es ya posible trabajar dos horas y dedicar todo el tiempo libre a cultivarse y a reconstituir el ambiente gravemente dañado por el capitalismo en apenas un siglo y medio. Pero, insistimos, para eso hay que acabar con los hambreadores, envenenadores y destructores de la naturaleza.

El capitalismo también siembra egoísmos nacionalistas y localistas y el odio "al de afuera" para mejor aplastar a todos y hace creer a los imbéciles que lo poco que aún tienen es amenazado por otros explotados de color, nacionalidad o lengua diferentes. A esa intoxicación ideológica es necesario contraponerle la solidaridad, la unión comunitaria y la conciencia de que, o nos salvamos todos unidos del peligro que nos amenaza o la barbarie tecnificada nos aplastará.

Los oprimidos comparten hoy, en su inmensa mayoría, los valores y la ideología de sus opresores, pero en algunos sectores subsisten restos de comunitarismo, de pensamiento colectivo, de solidaridad en lo que es posible apoyarse y que la lucha desarrollará porque sólo en el combate se aprende a ver las cosas y se cambian las ideas.

La tecnología y los conocimientos no son patrimonio exclusivo de los patrones; son meros instrumentos, como un martillo, que puede ser útil como herramienta o criminal como arma, según quién y para qué lo utilice. Con la masiva proletarización de vastas capas de científicos y técnicos especializados desplazados por la inteligencia artificial y los golpes que recibirán las universidades, mejorarán las condiciones para estrechar la alianza entre el trabajo manual y el intelectual que permitirá poner al servicio de las humanidad las técnicas que hoy sirven para su control y destrucción.

No hay gobiernos capitalistas buenos, sólo hay algunos menos peores, pero todos defienden la explotación del trabajo y aportan así a la construcción de un mundo inhumano sostenido por la represión y por la ignorancia. No hay salvadores providenciales y sólo los oprimidos pueden salvarse a sí mismos. La autorganización de los trabajadores y su independencia política frente a los partidos e instituciones de los explotadores, la creación a partir de asambleas de consejos de gobierno locales que registren cuáles son las necesidades urgentes y organicen cómo empezar a satisfacerlas de inmediato y directamente, la autonomía y la autogestión generalizadas, son las condiciones básicas para superar el desastre y al capitalismo mismo y para abrir el camino a un sistema en el que quienes trabajan sean dueños de su propio destino y discutan, resuelvan y apliquen las soluciones democráticamente elaboradas por ellos mismos.

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Eliminan comisión contra la corrupción en Guatemala

Guatemala. El presidente Jimmy Morales anunció este viernes que no renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que ha impulsado diversas investigaciones anticorrupción en la nación centroamericana, incluida una contra el mandatario por delitos electorales.

"El año pasado se hizo ver al secretario general de Naciones Unidas muchas preocupaciones que el Estado tenía sobre el actual responsable de la comisión y de muchos de sus integrantes que violaron nuestras leyes induciendo a personas e instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad", expresó Morales.

"Estos señalamientos, hechos por la vía diplomática de primera mano, conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente sembrando el terror judicial en Guatemala", agregó.

Rodeado por miembros del ejército, su vicepresidente y autoridades de Gobernación y la cancillería, Morales dijo en conferencia de prensa que notificó por medio de una carta su decisión a la ONU para iniciar la transferencia de las capacidades de la CICIG a las instituciones guatemaltecas.

Minutos antes del sorpresivo anuncio, vehículos militares que fueron donados por Estados Unidos para el combate al narcotráfico y el contrabando fueron desplegados frente a la sede de la CICIG, situación que algunos consideraron un acto de intimidación.

Por la noche se informó que la Fiscalía General guatemalteca investiga la presencia de dichos vehículos castrenses.

Matías Ponce, vocero de CICIG, manifestó que el comisionado Iván Velásquez se encontraba bien y agradeció el apoyo de la población. Agregó que 12 vehículos oficiales estaban frente al edificio sede de la comisión.

Esta es la segunda ocasión que Morales intenta golpear a la CICIG. La primera fue en agosto de 2017, dos días después de que esa comisión y la entonces fiscal Thelma Aldana solicitaran el retiro de su inmunidad para investigarlo por ocultar información financiera de su partido.

En aquel entonces Morales declaró persona non grata a Velásquez y ordenó expulsarlo del país. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad lo protegió con un amparo y la orden presidencial quedó sin efecto.

La CICIG fue creada en 2006, tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unida para investigar señalamientos que han involucrado a empresarios, funcionarios y ex funcionarios del gobierno.

El anuncio de Morales coincide con el vencimiento de la visa de los funcionarios internacionales de la CICIG, Velásquez incluido.

El presidente enfrenta actualmente un tercer pedido de retiro de inmunidad para ser investigado por delitos electorales.

La Fiscalía General y la CICIG hicieron esta última solicitud el pasado 10 de agosto. Según ambos organismos, aparentemente "se cometió financiamiento electoral ilícito en 2015".

En ese año Morales era secretario general y representante legal del partido Frente de Convergencia Nacional y es sospechoso de recibir más de un millón de dólares de empresarios para la campaña electoral. Según las pesquisas, esos recursos no habrían sido registrados en la contabilidad de la agrupación política ni se reportaron al Tribunal Supremo Electoral.

Esta semana el Congreso guatemalteco integró una comisión investigadora de cinco diputados que analizará la solicitud de retiro de inmunidad.

Los congresistas deberán analizar la documentación reunida por la fiscalía y la CICIG y elaborar un informe que será analizado ante el pleno. Para que el mandatario pierda la inmunidad se quieren 105 votos de los 158 diputados.

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Sábado, 01 Septiembre 2018 14:57

La Justicia decide la candidatura de Lula

La Justicia decide la candidatura de Lula

El tribunal electoral, en una reunión de emergencia, analizaba anoche el voto del relator del caso, quien votó en contra de la habilitación del ex presidente y propuso darle diez días al PT para que elija otro candidato.

El juez Luis Roberto Barroso, relator del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil en el caso de la inscripción de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, votó que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) que encabeza las encuestas no podrá participar en las presidenciales, cuya primera vuelta se dirime el 7 de octubre. En su voto, Barroso le dio diez días al PT para elegir un nuevo candidato y le prohibió hacer propaganda a favor de Lula durante el periodo electoral en radio y televisión de tres horas diarias que empezó ayer. El tribunal se reunió ayer después de que el PT presentara el jueves un escrito de 200 páginas rebatiendo las 16 impugnaciones que había recibido Lula por haber sido condenado en segunda instancia en un caso de presunta corrupción. Según una ley brasilera llamada “ficha limpia” los condenados con sentencia firme no pueden participar en las elecciones. Sin embargo la defensa de Lula había basado su apelación en un dictamen de la comisión de Derechos Humanos de la ONU el 17 de agosto pasado, la cual señalaba que el ex ppresidente brasileño había sido condenado por razones políticas, sin pruebas claras, y ordenaba al estado brasileño a habilitar su candidatura. La cancillería brasileña contestó con un comunicado diciendo que solo justicia brasileña podía decidir la viabilidad legal de la candidatura impugnada, pese a que destacados juristas dentro y fuera de Brasil opinaron que el dictamen de la ONU era vinculante.

La decisión final estará en manos de los siete miembros del TSE y dependerá de que se forme una mayoría simple para que la candidatura sea aceptada o rechazada. Según los sondeos, Lula tiene cerca de un 40 por ciento de las intenciones de voto, seguido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, con en torno al 20 por ciento de las preferencias. En el caso de que Lula no pueda participar, Bolsonaro lidera con una tasa de apoyo también cercana al 20 por ciento, seguido por la ecologista Marina Silva, con 16, y el socialdemócrata Geraldo Alckmin y el laborista Ciro Gomes con un 9 por ciento.

Si finalmente el TSE se inclinase por vetar la candidatura del ex mandatario, éste será sustituido por el exalcalde de San Pablo y exministro de Educación, Fernando Haddad, quien integra la fórmula del PT como candidato a vicepresidente. Ayer Haddad informó que cualquiera sea el resultado de la votación del tribunal electoral, el PT no tomará decisión alguna hasta que él se reuna con Lula la semana que viene en la cárcel de Curitiba. “Además de ser vice de Lula, soy su abogado para fines de registro. Yo estaré con él el próximo lunes y voy a darle a conocer el resultado del TSE y allí vamos a discutir qué hacer”, dijo en una rueda de prensa para periodistas en Fortaleza, estado de Ceará.

Asimismo, Haddad criticó la decisión de la justicia electoral de votar en tiempo récord el registro de la candidatura de Lula. Para él, el TSE saltó una etapa del proceso, ya que no respetó los plazos para que las alegaciones finales de la defensa de Lula fueran realizadas. “Yo quería manifestar desolación con la Justicia porque considero que perjudicaron el derecho de defensa del presidente Lula a presentar las alegaciones finales. Lo que está en juego es el derecho del pueblo a elegir a su presidente. No estamos hablando de nada, estamos hablando de un elemento de la democracia atropellado sobre todo tras la manifestación de la ONU”, subrayó.

Anteayer once juristas y abogados internacionales le pedieron a Brasilia que respete la resolución de la ONU sobre los derechos políticos de Lula. El pedido se formuló en una carta firmada, entre otras personalidades del derecho, el exjuez español Baltasar Garzón, y dirigida al presidente brasileño, Michel Temer, al canciller Aloysio Nunes, al ministro de Justicia, Torquato Jardim, y a los once miembros del Supremo Tribunal Federal.

En el documento, los juristas y abogados firmantes señalan que esa decisión da crédito a todos los que han expresado “serias dudas” sobre la imparcialidad del proceso que dio origen a la condena de Lula y, “por tanto, a la propia legalidad y legitimidad de las consecuencias resultantes de las próximas elecciones”, previstas para el 7 de octubre. En la carta también se declara que Brasil, “una de la grandes naciones democráticas del mundo”, no puede incumplir sus obligaciones internacionales ignorando las decisiones del Comité de la ONU.


 

El PT apelará el fallo que le impide ser candidato
 

"Lula está por encima de la persecución"

"Vamos a presentar todos los recursos a los tribunales para que sean reconocidos los derechos políticos de Lula, previstos en la ley y en los tratados internacionales ratificados por Brasil". De esta manera, el Partido de los Trabajadores ratificó su intención de luchar para que Luiz Inacio Lula Da Silva pueda ser candidato presidencial, tras el fallo judicial adverso, que anuló la candidatura del dos veces mandatario de Brasil.

En un comunicado, el PT aseguró que el veto del Tribunal Superior Electoral es “arbitrario” y “político” y que se basa en “una mentira”, al tiempo que anunció que "continuará luchando por todos los medios" para conseguir que se avale la candidatura de Lula, preso desde el 7 de abril en la cárcel de Curitiba. Allí purga una condena a doce años de prisión por una causa derivada del escándalo Lava Jato. 

Para el partido, el fallo es una muestra de “violencia practicada” que muestra a Brasil a los ojos del mundo como un país que "que no respeta sus propias leyes, que no cumple sus compromisos internacionales y que manipula el sistema judicial, en complicidad con los medios, para hacer una persecución política". Además, el PT indicó que “es una casación política, basada en la mentira y el arbitrio, como se hacía en tiempos de la dictadura" militar, indicó.

Anoche el Tribunal decidió por seis votos contra uno que Lula no puede ser candidato en las elecciones del próximo 7 de octubre, en las que es señalado como gran favorito por las encuestras, con cerca de un 40 por ciento de intención de voto. Para los jueces, Lula está sujeto a una ley que prohíbe candidaturas de condenados en segunda instancia.

Pese al revés, que el PT tachó de “injusto”, aun quedan instancias de apelación en el Tribunal Superior de Justicia y en la Corte Suprema. De hecho, hay recursos en trámite ante ambas cortes. El PT considera que el veto electoral no puede darse ya que la ley dice que la inelegibilidad se puede suspender mientras hay recursos a analizar.

Lula fue registrado como candidato el 15 de agosto, junto al ex alcalde de San Pablo, Fernando Haddad, como candidato a vice. Si Lula, finalmente, no pudiese ser candidato, Haddad tomaría la posta.

La conducción del PT también citó en su defensa la decisión no vinculante del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que pidió garantías para que el ex presidente pueda competir aun mientras esté en prisión. "El TSE no tiene autoridad para negar lo que dice un tratado internacional que Brasil firmó soberanamente", dijo al respecto Gleissi Hofffmann, titular del PT.

En su fallo, el Tribunal Superior Electoral no solamente deja a Lula fuera de la carrera presidencial: también impide su presencia en la propaganda electoral, tanto radial como televisiva en la campaña que se inició de manera formal este sábado. No obstante, el PT ya utilizó la imagen del antiguo dirigente sindical en un video publicado en las redes sociales.

"Vamos a defender a Lula en las calles, junto con el pueblo, porque él es el candidato de la esperanza",  aseguró el partido en el comunicado, dado que “la candidatura del compañero Lula es la respuesta del pueblo brasileño a los poderosos que usurparon el poder”. Para sus seguidores, “está por encima de las casuísticas, de las maniobras judiciales, de la persecución de los poderosos. Es con el pueblo y con Lula que vamos a luchar hasta el fin”. El texto se cierra con la consigna “’¡Lula libre!".

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