Pedro Pablo Kuczynski zafó a última hora pero quedó malherido

Aunque pudo evitar su destitución, las acusaciones de corrupción hundieron la imagen del presidente de Perú. Deberá responder ante la fiscalía y una comisión investigadora del Congreso manejada por el fujimorismo, que quiso destituirlo. Las explicaciones que hasta ahora ha dado sobre las acusaciones por sus vínculos con Odebrecht no convencen.



Desde Lima

El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha evitado sobre la hora ser destituido de su cargo por el Congreso, pero está lejos de haber logrado una victoria que lo fortalezca. Por el contrario, ha quedado debilitado y con la imagen mellada por las acusaciones de corrupción. Ahora deberá responder ante la fiscalía y una comisión investigadora del Congreso manejada por el fujimorismo que quiso destituirlo. Y las explicaciones que hasta ahora ha dado sobre las acusaciones por sus vínculos con Odebrecht no convencen. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha renunciado, en una decisión para tomar distancias del presidente por las acusaciones en su contra. Otros ministros nunca salieron a defenderlo y Kuczynski estaría pensando cambiarlos.

 

En la víspera de la Navidad, Kuzcynski logró en el último momento el milagro de la salvación. Luego de un maratónico debate parlamentario de catorce horas, que mantuvo en vilo al país, se rechazó el pedido para destituirlo por “incapacidad moral permanente”, acusado por los contratos que una empresa de su propiedad firmó con Odebrecht cuando era ministro de Economía y primer ministro de Alejandro Toledo (2001-2006), hoy prófugo señalado de recibir sobornos de la cuestionada constructora brasileña, y de haber mentido para ocultar esa relación. Ocho votos salvaron a PPK, como se conoce a este veterano economista y hombre de negocios de 79 años. Para destituir al mandatario se necesitaban 87 votos de los 130 miembros del Congreso unicameral. Los promotores de la medida, encabezados por la mayoría fujimorista, alcanzaron 79 votos. Inesperados cambios y disidencias de última hora movieron el resultado a favor de Kuzcynski. PPK solamente obtuvo solamente 19 votos en su defensa. Lo salvaron las abstenciones.

 

Hace una semana, habían sido 93 congresistas los que aprobaron aceptar poner a debate el pedido de destitución del presidente. En ese momento, todos daban por muerto a PPK. El fujimorismo se puso al frente del pedido de destitución del presidente y Kuczynski apeló al antifujimorismo para evitar su destitución. Al final, como había ocurrido en las elecciones presidenciales de 2016 cuando el actual presidente enfrentó a Keiko Fujimori en segunda vuelta, el antifujimorismo fue un factor decisivo en el resultado que favoreció a PPK.

 

En un doble juego, mientras Kuczynski y el oficialismo apelaban en público al antifujimorismo para salvarse, bajo la mesa negociaban con algunos de sus representantes. Y lo que habrían puesto, según lo que ha trascendido, como carta de negociación a cambio de que declinen de apoyar la destitución del presidente ha sido el indulto al ex dictador Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

 

La negociación habría sido con Kenji Fujimori, hijo menor del ex dictador y hermano de Keiko, la jefa del fujimorismo y ex candidata presidencial. Desde hace buen tiempo Kenji, en búsqueda de un espacio propio, está enfrentado a su hermana Keiko, promotora desde las sombras de la destitución de Kuczynski. Keiko ya no parece muy interesada en la liberación de su padre, cuya salida de prisión ve como una amenaza a su liderazgo en el fujimorismo, mientras Kenji ha dicho que sacar de prisión a su padre es su principal objetivo. En los días de negociaciones para salvar al presidente, el gobierno envió al penal VIP de un cuartel policial donde Fujimori cumple su sentencia a una junta médica para que lo evalúe, la que emitió un informe que recomienda el indulto humanitario.

 

En la hora decisiva, sorpresivamente diez de los 71 parlamentarios fujimoristas, encabezados Kenji, se abstuvieron al momento de votar, dejando así a la propuesta de la vacancia presidencial impulsada por su propio partido sin los votos necesarios para ser aprobada. Todos esperaban el voto disidente de Kenji, que ya lo había adelantado, pero no el de los otros nueve. Los rostros de los congresistas fujimoristas cuando vieron en el tablero electrónico esas nueve abstenciones que convirtieron en derrota lo que para ellos era ya una victoria segura revelaban su sorpresa inicial y la frustración y rabia posterior. Al lado, Kenji y los nueve se abrazaban, sonreían, celebraban, pensando seguramente en Alberto Fujimori antes que en Kuczynski.

 

De acuerdo con medios de prensa locales, versiones ratificadas por dirigentes del fujimorismo, antes de la votación sobre la destitución del presidente, Alberto Fujimori habría llamado por teléfono a congresistas de su partido para pedirles que lo apoyen. Kenji coordinaba esos contactos. “No me abandonen”, habría sido uno de sus mensajes. Convenció a nueve. Darle el indulto a Fujimori a cambio de votos para salvar al presidente, puede terminar siendo un precio muy alto para el gobierno.

 

Del lado del fujimorismo, el resultado en el Congreso fue una doble derrota. Perdieron una elección que estaban seguros de ganar y han visto romperse su bancada. Sin los diez disidentes el fujimorismo pierde su mayoría absoluta.

 

El izquierdista Frente Amplio votó en bloque con sus diez miembros a favor de la vacancia presidencial. Una decisión que le ha valido acusaciones de haberse prestado al juego del fujimorismo para copar el poder. Los diez congresistas del otro grupo de izquierda del Parlamento, Nuevo Perú, se retiraron del hemiciclo justo antes de la votación llevando carteles que decían: “Ni lobismo, ni golpismo”. A diferencia de otros procesos parlamentarias para destituir a un presidente en otros países de la región, en el caso peruano esto ha sido producto de una disputa entre dos facciones de la derecha peruana: una liberal y empresarial que maneja el Ejecutivo y una autoritaria y populista que controla el Congreso.

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Honduras, Perú, Chile: descomposición democrática

En las últimas semanas asistimos a la escenificación de la deslegitimación de las democracias electorales en América Latina. Me refiero al fraude electoral contra la oposición en Honduras, al irresistible ascenso del fujimorismo que está a punto de desplazar al presidente electo con un golpe parlamentario y al retorno del empresario derechista Sebastián Piñera a la presidencia en Chile. En los tres casos parece evidente que el sistema democrático no sirve a los intereses de los sectores populares.

En Honduras se produjo un doble fraude. En 2009 se había dado un golpe institucional contra el presidente Manuel Zelaya porque pretendía postularse a la relección que está expresamente prohibida por la Constitución. Sin embargo, en 2015 la Corte Suprema de Justicia falló de manera unánime señalando la inaplicabilidad del artículo 239 que prohíbe la relección. O sea, la misma Corte que destituyó a Zelaya, violó la Constitución para hacer lo contrario.

Días atrás, hasta la OEA de Luis Almagro se pronunció por repetir unas elecciones que a todas luces fueron irregulares, aunque el Tribunal Supremo Electoral parece haber zanjado la cuestión en favor del presidente Juan Orlando Hernández. Nada indica que el corrupto poder hondureño, que provocó el asesinato de Berta Cáceres y de otras 123 personas asesinadas desde 2010 por oponerse a proyectos de represas, vaya a retroceder. Ni que la OEA sea tan beligerante en este caso como lo está siendo con Venezuela.

En Perú el Parlamento con mayoría absoluta fujimorista está al borde de un golpe parlamentario para destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski, economista y empresario neoliberal. La justicia lo acusa de haber favorecido a la brasileña Odebrecht en 2006 cuando era el primer ministro de Alejandro Toledo. Lo que indigna es que sea el partido de Keiko Fujimori, que cobija a los genocidas y corruptos del régimen de su padre, Alberto, preso que será puesto en libertad si ganan la Presidencia, quien esté al frente del ataque al actual gobierno.

El fujimorismo busca hacerse con el control del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía de la Nación, a cuyos miembros acusa de presunto lavado de activos del narcotráfico. El control del Parlamento puede terminar por ahogar todas las instituciones del país, entre ellas la Corte Suprema, para evitar que la justicia siga adelante con el caso Lava-Jato que implica a los Fujimori. En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano suspender el proceso contra miembros del Tribunal Constitucional ( goo.gl/V6gkfm ).

Llama la atención que las izquierdas no denuncien golpe cuando el proceso contra Kuczynski tiene rasgos similares a la destitución de Dilma Rousseff en Brasil. Parte de la izquierda peruana (el Frente Amplio de Marco Arana) está empujando el mismo carro que el fujimorismo, seguramente por cálculos electoralistas.

En Chile, Piñera ganó la Presidencia con poco más de 25 por ciento de los votos, ya que más de la mitad de los habilitados decidieron no concurrir a las urnas. No es la primera vez que esto sucede. Desde que la votación no es obligatoria, el porcentaje de votantes cayó abruptamente. En la segunda vuelta la abstención fue apenas menor que en la primera, porque el electorado decidió que entre el candidato oficialista (Alejandro Guillier) y el millonario neoliberal hay poca diferencia.

Algunos analistas progresistas sostienen que no votar es un síntoma de despolitización. No dicen que la ley antiterrorista ha sido y es aplicada en Chile por los gobiernos progresistas de Bachelet contra el pueblo mapuche, pese a que incluso órganos de las Naciones Unidas se han pronunciado en contra de su aplicación en el conflicto de la Araucanía.

La reforma educativa a la que se comprometió el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018) es otra promesa incumplida que recibió duras críticas del movimiento estudiantil porque no considera la educación como un derecho social, no termina con el sistema de créditos con garantía estatal, no pone fin al lucro y no da plazos explícitos para la gratuidad (goo.gl/EiJfie). Ni qué hablar de las AFAP, sistema privado de pensiones que se mantiene en pie desde la dictadura de Pinochet (1973-1990).

Estos tres casos merecen algunas consideraciones sobre la democracia electoral y las estrategias de quienes queremos cambiar las cosas.

La primera es la inconsistencia de las llamadas instituciones democráticas y también de las organizaciones internacionales como la OEA, que aplican un doble rasero desvergonzado. El Poder Judicial y el Parlamento (que deberían velar por los derechos y representar a la población, respectivamente), se han convertido en instituciones decorativas que son manejadas por los poderes económicos y las mafias (como el fujimorismo y las élites hondureñas) según sus propios intereses.

La segunda es que estamos viviendo tiempos de turbulencia global que llevan a los poderosos a quitarse las máscaras, siendo la careta democrática la primera en caer para dejar paso al gesto adusto de la fuerza bruta. Esto sucede en todo el mundo, empezando por las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Ni qué hablar de países como los nuestros, donde los Estados-nación conservan un nítido sello colonial.

La tercera es qué hacemos ante esta realidad. No propongo ignorar los escenarios electorales, sino definir una estrategia que los coloque en su justo lugar. El primer paso de cualquier estrategia en el escenario actual es consolidar las organizaciones, territorios y espacios de los sectores populares. Eso quiere decir: apuntar hacia educación propia, salud propia, justicia propia y poder propio. No depender de los Estados, ni de las instituciones internacionales. Construir organizaciones sólidas y flexibles capaces de navegar en las tormentas.

Si lo anterior funciona, podemos pensar en el calendario electoral y dedicarle algunas fuerzas. Sin desarmar los mundos propios, naturalmente.

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Domingo, 17 Diciembre 2017 08:40

Cuba: necesidades urgentes

Cuba: necesidades urgentes

 

 

Por supuesto, la primera es eliminar el bloqueo estadunidense que ya le costó a Cuba casi 150 mil millones de dólares y obtener la indemnización correspondiente, pero eso con el neonazi Trump por el momento es imposible. La segunda es una ayuda económica inmediata e importante para restañar las heridas causada por el huracán Irma que inundó y deshizo los servicios en toda la isla y eso es también muy difícil pues los países imperialistas son, por definición, nacionalistas e insensibles ante los sufrimientos de los pueblos y quienes deberían ser los primeros en la solidaridad, como Brasil y Argentina, tienen gobiernos de derecha y agentes de Washington mientras Venezuela, que sigue sosteniendo la economía cubana y la de otros países de la región, tiene graves problemas económicos que le impiden ser aún más generosa.

Vienen después, como prioridades elementales e inmediatas, la autosuficiencia alimentaria, la reducción del desempleo oculto, el aumento urgente de los ingresos y del poder adquisitivo de los trabajadores, la satisfacción de la necesidad de vivienda digna y con servicios modernos y una plena libertad cultural.

Todo eso es imposible sin democracia, sin plena participación creativa del pueblo al nivel de la definición de las necesidades y las prioridades y de la distribución de los recursos disponibles. Eso implica la eliminación del paternalismo y del decisionismo vertical del Partido-Estado y, en consecuencia, la reducción de la burocracia al nivel estrictamente necesario desde el punto de vista técnico (para los servicios, la protección civil, la defensa nacional y un aparato estatal ágil y, por lo tanto, sólido y eficaz). La eliminación del paternalismo requiere voluntad y capacidad políticas; la del verticalismo exigirá más tiempo porque habrá que desaprender lo que impusieron los mal llamados países socialistas y aprender, en cambio, a formar gente en una economía autogestionaria.

El Partido Comunista debe conquistar la libertad y la democracia en su vida interna y reconocer el derecho a disentir y debe controlar al Estado y marchar separado de éste. No puede ser un mero apéndice del capitalismo de Estado; por el contrario, debe ser promotor de la solidaridad, de la lucha por la igualdad y de la democracia –entendida como gobierno del pueblo y no como delegación de derechos políticos–, todo lo cual es indispensable para empezar a construir el socialismo.

La juventud cubana actual es inteligente y está más preparada que en 1959. Pero –salvo en pequeños sectores aislados y hostilizados– no tiene objetivos ni ideal, no está motivada, está políticamente desmovilizada, no se siente responsable de su vida y su futuro, no discute, no critica ni propone ni reclama como hacían los jóvenes que se alzaron contra Batista.

Esto no se debe sólo al consenso que la inmensa mayoría del pueblo brinda a la defensa de Cuba frente al imperialismo. Se debe también a que la palabra socialismo no les dice nada a jóvenes nacidos en la crisis y a quienes les dijeron que eran socialistas los países controlados por una burocracia contrarrevolucionaria que, como la de la Unión Soviética, desconfiaba de Fidel Castro y del Che y reconoció la revolución cubana recién dos años después de su triunfo y además ven que, en Cuba misma, se les presentan como socialistas medidas y hasta políticas que ni siquiera son democráticas.

Para que los jóvenes sean políticamente activos hay que presentarles objetivos y metas generosos, es indispensable un clima de libertad para escoger trabajo, líneas de estudio e investigación, caminos artísticos y hay que decirles, antes que nada, la verdad.

¿Cómo pueden confiar en una prensa que no estudia los problemas, no señala contradicciones ni critica, no hace trabajo cultural ni analiza los problemas políticos nacionales e internacionales y sólo sirve para publicar comunicados oficiales e informar sobre visitas de gobernantes que, muchas veces, son impresentables (como lo era Mugabe o lo es Obiang, para dar sólo dos ejemplos)?

Granma, por ejemplo, entrevistó a Salinas de Gortari, presidente de México gracias a un fraude masivo, para preguntarle qué pensaba sobre el levantamiento zapatista en 1994 lo cual equivale a preguntarles a los nazis qué pensaban sobre la resistencia en los territorios europeos ocupados. Recientemente el Comité Central del PCC cubano acaba de liberar de su cargo por sus errores a Pelayo Tierry Cuervo, director de Granma, sin decir qué nuevo puesto va a tener ni cuáles son esos errores. Por supuesto, el CC tiene el derecho de elegir quién dirige su órgano, que es el diario principal del país, pero no debería considerar que los lectores de Granma son analfabetas o deficientes mentales a los que no vale la pena informar ni debería tampoco afectar la dignidad de un despedido por errores que no se especifican y que permiten cualquier sospecha.

Por el contrario, para educar a los jóvenes hay que ventilar los errores y decir la verdad, que es siempre revolucionaria, y a las eventuales críticas se debe responder con argumentos, no con medidas punitivas. Los jóvenes sólo aprenderán a ser socialistas –o sea, a buscar siempre la verdad a cualquier costo– analizando los errores propios pero también los ajenos.

¿Cómo identificar los problemas y solucionarlos sin la participación popular en su detección y en el esfuerzo creativo para suprimirlos? ¿Cómo desencadenar compromiso y entusiasmo sin dar rienda libre al pensamiento crítico? ¿Por ejemplo, por qué impedir burocráticamente una serie de profesiones y oficios en vez de hacer una lista de unos pocos campos reservados al Estado y de orientar hacia algunos de ellos ofreciendo beneficios? ¿Cómo frenar la inevitable influencia negativa del turismo y de las inversiones extranjeras y del ejemplo consumista si el partido estimula la burocratización y no da un ejemplo permanente de ética, de austeridad, de respeto por la verdad?

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A un día del voto en Chile preocupa la abstención

Con la esperanza de que una mayor afluencia a las urnas beneficie más al candidato oficialista, Alejandro Guillier, que al derechista Sebastián Piñera, el gobierno lanzó varias campañas invitando a los chilenos a acudir a las urnas.

A un día de las elecciones presidenciales la mayor preocupación, sobre todo del oficialismo, es incentivar el escuálido 46,6 por ciento de votantes que se registraron en la primera vuelta, con la esperanza de que una mayor afluencia a las urnas beneficie más al candidato oficialista, Alejandro Guillier, que al derechista Sebastián Piñera.


En Chile el voto no es obligatorio, por lo que el nivel de abstencionismo suele ser alto. Por esta razón, el Gobierno lanzó varias campañas invitando a los chilenos a acudir a las urnas, tanto por televisión, como a través de carteles luminosos y anuncios publicitarios en las calles de Santiago. “#Elecciones2017: No dejes que otros decidan por ti el futuro que quieres para Chile. En esta segunda vuelta ¡no te restes, súmate!”, es el mensaje que transmite el gobierno por sus cuentas en redes sociales.


En la primera vuelta electoral, el 19 de noviembre, el candidato de Chile Vamos, Piñera, salió primero con cerca del 37 por ciento de los sufragios, seguido por Guillier, La Fuerza de la Mayoría, con el 22,7 y la centroizquierdista Beatriz Sánchez, del Frente Amplio (FA), con un sorprendente 20,27. En la acumulación de estos dos porcentajes, avalados por el respaldo explícito del FA, se centran las esperanzas del oficialismo.


En las atiborradas calles de Sanhattan, como llaman a la exclusiva zona de modernas oficinas de la ciudad, abundan las compras navideñas pero el principal tema de conversación es el balotaje del domingo .Un empleado de un restaurante de ese barrio, al que acuden a almorzar cientos de personas cada, comentó que los diálogos entre parroquianos, son “el debate televisivo, si cumplirán lo que prometen Piñera o Guillier, o cómo subirá o bajará la bolsa el lunes”.


En la comuna de Las Condes, tradicionalmente favorable al candidato de Chile Vamos, algunos vecinos hablan de la importancia de ir a votar este domingo porque en la primera vuelta Piñera no ganó con la ventaja que auguraban las encuestas, de modo que “es más importante que nunca ir a votar para que haya un cambio”, dice un vecino.


En las comunas más populares, como La Florida, donde muchos vecinos han logrado acceder a la educación universitaria gratuita por la reforma impulsada por el actual gobierno de Michelle Bachelet, los comentarios son diferentes. “Votaremos por Guillier, necesitamos que la educación universitaria gratuita llegue a más personas”, cuenta María Fernanda, mientras limpia la vereda de su casa.


En Santiago Centro, un vendedor ambulante cuenta que hay mucha preocupación en las calles por el rumbo de la economía si no gana Piñera, aunque para él los cambios de este Gobierno “no se verán en años y seguramente con el tiempo extrañaremos a Bachelet”. Julieta Parra, una estudiante de arquitectura de 24 años, que vive en la comuna de Puente Alta, votó en la primera vuelta por la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. “La voté por convicción, por lo mismo este domingo votaré contra Piñera, marcando la opción de Guillier, para que los derechos que hemos ganados las mujeres en Chile sigan avanzando. La ley de aborto en tres causales es una victoria para nuestra dignidad y, por lo tanto, no puedo permitirme que la derecha, al igual como pasó durante la dictadura, nos quiten lo que por tantos años luchamos”, enfatizó Parra.
Mañana a partir de las 8 de la mañana y hasta las 18 horas, los chilenos mayores de 18 años podrán acudir a sus mesas de votación, al igual que miles de chilenos en el exterior, que se inscribieron previamente en su consultado. Es una elección con sólo dos opciones, de modo que se estima que los resultados definitivos estarán cerca de las 21.

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Viernes, 15 Diciembre 2017 22:19

Las elecciones más raras del mundo

Las elecciones más raras del mundo

El jueves 21 Cataluña acude a las urnas con un gobierno destituido y varios candidatos presos o en el exilio. Las encuestas pronostican que ni independentistas ni unionistas conseguirán la mayoría. La llave estaría en manos de Podemos y sus aliados.

Se llama “caganer” y es el símbolo catalán de la Navidad. Tal como indica su nombre, se trata de un muñeco defecando. Los hay de los más variados: desde aquellos que representan al futbolista Lionel Messi hasta los que homenajean al olvidado Barack Obama. Como no podía ser de otra manera, tampoco faltan los rostros (y traseros) más famosos de la política de Cataluña. Sí, Cataluña, ese territorio que a esta hora supuestamente sería independiente, pero resulta que no lo es. A pesar de la “solemne declaración” del parlamento, de las promesas del presidente Carles Puigdemont y de los discursos lanzados por otros líderes nacionalistas, hoy los caganers (o al menos los encargados de fabricarlos y venderlos) siguen rigiéndose bajo las estrictas leyes españolas.


En vísperas de una nueva Navidad, las vitrinas que exhiben a los simpáticos muñecos de este año comparten paisaje con los carteles que anuncian elecciones. La cita electoral será el jueves 21, apenas 72 horas antes de Nochebuena. Dicho de otra forma, una parte de la sociedad catalana brindará el 24 por la victoria, mientras que otro sector de la población aprovechará la celebración para tratar de evadirse de la derrota. Lo que aún no está claro es quiénes beberán para festejar y quiénes lo harán para olvidar.


El año 2017, el más convulso de la historia reciente de España, está a punto de terminar, pero no lo hará sin antes ofrecer una última postal de la crisis catalana. Una crisis que ni empezó hace 12 meses ni acabará en otros 12, pero que ha llegado a su punto álgido en este último trimestre. Nunca, jamás, Cataluña había estado tan cerca y a la vez tan lejos de la pretendida libertad. Nunca, jamás, el Estado español había respondido con tal virulencia. Y nunca unas elecciones de carácter autonómico se habían desarrollado bajo un clima tan anormal y extraño como el actual.


BREVE CRONOLOGÍA. Este puzle incompleto tiene varias fechas clave. Tomen nota. 1 de octubre: Cataluña celebra un referéndum no reconocido por el Estado; la Policía carga violentamente contra los que pretendían votar y deja cientos de heridos. 10 de octubre: Después de varias idas y venidas, Puigdemont entra al hemiciclo y declara la independencia... para suspenderla pocos segundos después, ofreciendo así un proceso de negociación al Estado español, ese mismo del que tanto él como al menos 2.044.038 ciudadanos (los que votaron “sí” en el referéndum) se querían separar. 27 de octubre: fracasado el intento negociador, el presidente regresa a la sede legislativa y declara, ahora sí, el nacimiento del Estado catalán. La respuesta del Estado llegó esa misma noche: aplicación del artículo 155 de la Constitución española y cese del govern.


Los hechos posteriores han recorrido las pantallas de todo el mundo. Puigdemont y varios de sus consejeros huyeron a Bruselas para evitar un más que seguro encarcelamiento; el vicepresidente Oriol Junqueras y otros siete miembros del gobierno catalán que se quedaron en Barcelona declararon ante un juez en Madrid y, a continuación, ingresaron en calidad de presos preventivos en dos prisiones de Madrid. A todo ello (y a todos ellos) se sumaban los presidentes de las asociaciones civiles independentistas Asamblea Nacional Catalana (Anc) y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, quienes llevan durmiendo en sendos calabozos desde el 16 de octubre, cuando se convirtieron en los primeros presos políticos catalanes del siglo XXI.


Quizás el público más precavido pueda creer que todo esto ha sido el costo de llevar a la práctica la independencia de Cataluña, y que ahora los presos aguardan que su nuevo Estado efectúe las gestiones diplomáticas necesarias ante la vecina España para liberarlos. Nada más lejos de la realidad: la declaración de independencia lanzada por Puigdemont el pasado 27 de octubre solamente fue eso, una declaración. Desde entonces no hubo ni el más mínimo gesto, intento o acción destinada a poner en pie las estructuras necesarias para actuar como país. Ni siquiera se empezó a actuar como tal. Nada. Absolutamente nada.


Desde su exilio en Bélgica, el destituido presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que actuó así para evitar un brote imparable de violencia. Sus temores, ha repetido, se centraban en la actitud que pudiese asumir el gobierno de Rajoy si la administración catalana tiraba hacia adelante en la creación del nuevo Estado. Ante ello, el Ejecutivo nacionalista prefirió aparcar sus planes. En lugar de caminar hacia la Cataluña prometida, eligió presentarse en las elecciones autonómicas convocadas desde Madrid al calor de la intervención de la autonomía.


CANDIDATOS PRESOS. No en vano, estas son las elecciones de Rajoy. Él las preparó. Él las convocó. Y será también él quien deberá aclarar si respetará el resultado, sobre todo si vuelven a ganar los independentistas. En esta ocasión, los dos grandes partidos que promueven el proceso soberanista –Pdecat y Erc– han decidido acudir por separado. De esta manera, en el bloque favorable a la ruptura con España competirán un candidato preso (Oriol Junqueras, de Erc) y otro huido (Puigdemont, por Junts Per Catalunya, nombre adoptado por su formación para esta cita electoral).


La situación es absolutamente surrealista. Vean un ejemplo, quizás el más claro y rotundo: el próximo 21 a la noche, los informativos podrían anunciar que el ganador de las elecciones es un recluso de la cárcel de Estremera. ¿Curioso, no? Hay más. En estos fríos días de otoño, el Tribunal Supremo prepara una nueva investigación contra decenas de dirigentes independentistas, lo que podría derivar en otra ola de encarcelamientos. Algunos de ellos, como la dirigente de Erc Marta Rovira, figuran en las listas electorales que la ciudadanía tendrá a su alcance en los comicios del próximo jueves. Hoy es una candidata; mañana podría ser una presa política.


En ese contexto, Junqueras acaba de presentar otro reclamo ante el juez Pablo Llarena para que le dejen hacer campaña en libertad. El magistrado del Supremo –que acabó asumiendo todas las causas relacionadas con el referéndum soberanista y la posterior declaración de independencia– se negó recientemente a soltarlo, argumentando que tanto él como el ex consejero de Interior, Joaquim Forn, y los presidentes de Anc y Omnium podrían incurrir en “reiteración delictiva”. Llarena ha descubierto que los independentistas seguirán siéndolo cuando vuelvan a estar en la calle. Dicho de otra forma, sabe que los políticos catalanes no se convertirán al españolismo por el mero hecho de haber sido encarcelados. Aun así (o quizás precisamente por eso), seguirán presos hasta nuevo aviso.


¿QUIÉN GANA A QUIÉN? En realidad, Rajoy creía y cree (o quiere seguir creyendo) que esta convocatoria de elecciones por él diseñada puede servir para cambiar la correlación de fuerzas en Cataluña. Su sueño es ver caer a los independentistas y, al mismo tiempo, comprobar cómo suben los unionistas. Sus unionistas. Entre ellos está el PP, pero sobre todo Ciudadanos, la nueva marca de la derecha española. O también el Psc, filial regional del Psoe. En la pasada legislatura, estas tres formaciones “constitucionalistas” no sumaban la mayoría necesaria para controlar el Parlament, o al menos para condicionar la política de los nacionalistas. No obstante, las encuestas auguran que las cosas podrían llegar a cambiar el día 21. Si eso ocurre, será gracias al fenómeno de Ciudadanos, al que los sondeos coinciden en ubicar como segunda fuerza por detrás de Erc, e incluso en situación de empate técnico.


Todo esto tiene una explicación. O mejor dicho, una razón de ser. El auge soberanista, con su referéndum y su acto de proclamación de la República catalana, también ha movido las entrañas en los sectores españolistas, tanto fuera como dentro de Cataluña. Y Ciudadanos, el partido que es tan de derechas como el PP pero que –a diferencia de la formación de Rajoy– no tiene a ningún imputado ni condenado por corrupción, podría lograr convertirse en la referencia electoral de ese resurgir del patriotismo español, ya sea en Barcelona o en Madrid. De hecho, el diario El País publicó hace algunas semanas un estudio en el que este partido –liderado por el barcelonés Albert Rivera– también avanzaba posiciones de manera considerable al nivel del Estado, donde podría convertirse en una seria opción de gobierno.
“Su posible crecimiento en las elecciones del 21 de diciembre se debe, en buena parte, a que el PP catalán se desploma”, afirmó a Brecha el director del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña, Antoni Biarnés. A su juicio, esta formación derechista ha logrado ser vista como “un voto útil porque se prefigura como mayoritario, lo cual tiene un efecto de atracción”. “Su buen resultado en los comicios del jueves próximo le dará alas en la política estatal, pero desde ya descarto que aquí vaya a tener el respaldo suficiente para formar gobierno. Eso será imposible”, pronosticó este experto.


Con estos datos sobre la mesa, hoy nadie se atreve a pronosticar quién ganará las elecciones del día 21. Ya no se habla tanto de partidos, sino de bloques. Por un lado, el independentista, compuesto por Erc, Junts Per Catalunya y la anticapitalista Cup. Por otro, el unionista, con Ciudadanos, PP y Psc. “Por lo que dicen las encuestas, ninguno de estos dos bloques va a tener mayoría absoluta, así que no creo que vayan a ser unas elecciones de cambio, sino que posiblemente tengan una continuidad con lo que hemos vivido durante estos últimos meses”, afirmó a Brecha Sandra Bermúdez, politóloga y profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.


LAS ENCUESTAS.

Ahí está, precisamente, la clave: cambio o continuidad. Y es también ahí donde entrará en juego la formación política a la que hoy todos otorgan un papel protagónico a la hora de buscar posibles acuerdos de gobierno: Catalunya en Comú (Cec), la candidatura impulsada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el líder de Podemos a nivel estatal, Pablo Iglesias. Las encuestas los ubican en una quinta posición, justo por delante del PP y de la Cup y algo por detrás del Psc, que se quedaría cuarto. En tercer lugar figura Junts Per Catalunya, mientras que el segundo y primer puesto está disputado entre Erc y Ciudadanos. Es entonces cuando entra en juego Cec, que podría inclinar la balanza hacia un lado u otro. O también hacia ninguno. Con respecto a los resultados de las últimas elecciones catalanas (2015), salvo el avance de Ciudadanos y un retroceso similar de la Cup y del PP (de alrededor de dos puntos porcentuales) –los partidos más alejados entre sí en la cuestión catalana–, parecería que los sucesos que tanto conmocionaron a Cataluña en los últimos meses no modificaron esencialmente las preferencias políticas de los electores catalanes.


El número uno de esta lista es Xavier Domènech, un político catalán que actualmente es diputado en el Congreso de Madrid y que rechaza tanto la política represiva del gobierno español como la vía unilateral empleada hasta ahora por Puigdemont y Junqueras. Los “comunes” –término que se utiliza para identificar a los representantes de esta candidatura de izquierdas no nacionalista– quieren, ante todo, diálogo. Y también un referéndum. Acordado, eso sí. Y respetado por todas las partes.


“Se trata del partido clave en estas elecciones, ya que tendrá en su mano ofrecer la llave de gobierno a las fuerzas independentistas o, en su lugar, a aquellas que apuestan por la continuidad del modelo territorial hasta ahora vigente”, destaca Bermúdez. En esa línea, el director del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña también mostró sus dudas sobre cuál sería la carta que elegiría esa formación ante un tablero endiablado. “Creo que no tienen buen encaje ni en un lado ni en otro, por lo que será muy complejo que lleguen a algún tipo de acuerdo”, comentó Biarnés.


En principio, la opción favorita de Catalunya en Comú sería un acuerdo con Erc, partido al que ya ha invitado a elegir entre la derecha que representa el Pdecat de Puigdemont o la alternativa de izquierda que podría construir junto a los comunes. Domènech tampoco descarta explorar vías de entendimiento con el Psc, aunque primero le pide que se aleje clara y rotundamente del PP. “Extenderemos la mano a los que defiendan una agenda social”, afirmó el candidato de Cec durante un desayuno informativo celebrado el pasado lunes 11 en Barcelona.


¿REPETIMOS? En caso de que ningún acuerdo fuese posible, Cataluña podría verse abocada a un escenario similar al vivido por el conjunto del Estado español entre diciembre de 2015 y octubre de 2016, período en el que tuvieron que celebrarse dos elecciones generales debido a la imposibilidad de llegar a pactos de gobierno entre las distintas formaciones. Finalmente, Rajoy consiguió mantenerse en el gobierno durante una nueva legislatura gracias a la abstención del Psoe en el parlamento durante la votación de investidura.


A pesar del complejo escenario que advierten las encuestas, Biarnés ve difícil que en el escenario político catalán pueda producirse una situación similar a la que se registró en el Estado. “No es imposible, pero es poco probable”, afirmó el politólogo, quien advirtió que en unas segundas elecciones “tampoco cambiarían mucho las cosas”, ya que “no se observa un posible trasvase de votos de un bloque a otro”. Por su parte, Bermúdez cree que resultará fundamental saber “cuál va a ser la lectura que el bloque soberanista haga de los resultados, tanto si consiguen la mayoría absoluta en escaños y votos como si no la logran”.


En el primer supuesto, todo indica que Puigdemont y Junqueras –aunque sea desde el exilio uno y desde la cárcel otro– buscarán presionar a Rajoy para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo en torno a un referéndum acordado. Si fracasan nuevamente, podrían volver a apostar por la vía de la unilateralidad. Para ello contarían nuevamente con el respaldo de la Cup, la formación anticapitalista que, según coinciden en señalar prácticamente todas las encuestas, podría perder algo de apoyo en las urnas, aunque mantendría su presencia en el parlamento catalán.


Ya sea en un escenario u otro, Cataluña (República para unos, comunidad autónoma para otros) podría enfrentarse a una legislatura corta, de transición. Lo que no está claro es hacia dónde. “Sólo puedo decirle que hay caso catalán para rato”, dice en tono serio el presidente del Colegio de Politólogos y Sociólogos. Ese “rato” puede ser largo. Muy largo.



Era jueves y votaste a un preso


Las elecciones del próximo 21 de diciembre en Cataluña tendrán varias particularidades. Una de ellas será, precisamente, el día elegido por el gobierno de Mariano Rajoy para llamar a las urnas: un jueves. O lo que es lo mismo, una jornada laborable. Ante esa situación, las personas que lo necesiten (debido a que trabajen tanto a la mañana como a la tarde) podrán tener hasta cuatro horas de permiso para acudir a votar. En caso de que tengan la mañana o la tarde completamente libre, deberán acudir en la franja horaria con mayor disponibilidad.


Otra de las particularidades de esta “fiesta de la democracia”: algunos de sus invitados están en la cárcel. Es el caso del candidato de Erc, Oriol Junqueras, pero también del número dos por Junts Per Catalunya, Jordi Sánchez (encarcelado en su calidad de presidente de la Anc) o Joaquim Forn, ex consejero de Interior y séptimo integrante de esa misma candidatura nacionalista. Al no estar condenados, tienen intactos sus derechos a postularse como candidatos e incluso ser elegidos. Lo que no está claro es qué ocurrirá si Junqueras cuenta con el respaldo suficiente para ser el próximo mandatario, o si los tribunales permitirán que tanto él como los otros dos presos puedan acceder a sus respectivas actas de parlamentarios.


También hay dudas sobre el escenario que se abriría si el destituido president Carles Puigdemont lograse los apoyos necesarios en el próximo Parlament para ser investido nuevamente en el cargo. Si bien el Tribunal Supremo canceló la euroorden que estaba pendiente contra el líder nacionalista y otros cuatro consejeros que lo acompañan en Bruselas, al día de hoy sigue vigente el pedido de encarcelarlos si regresan a España, donde quieren juzgarlos –al igual que en el caso de los políticos actualmente presos– por el delito de “rebelión”. Si hoy es el candidato exiliado, mañana podría ser el presidente preso.

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Las lecciones de Alabama para el Partido Demócrata

 

Algunos analistas han descrito la inesperada victoria del demócrata Doug Jones en las elecciones especiales para el Senado de Estados Unidos en Alabama como un terremoto político. Sin embargo, las ondas sísmicas comenzaron hace décadas, durante la lucha por los derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960, con ecos que se remontan a los días de la Guerra Civil estadounidense, así como a la larga y violenta era de la esclavitud. El camino de Jones hacia el Senado bien podría haber comenzado en la tarde del 1º de diciembre de 1955, en una parada de autobús de Montgomery, Alabama, cuando una mujer afroestadounidense llamada Rosa Parks se subió a un autobús y decidió sentarse en una de las diez filas delanteras, reservadas para los pasajeros blancos. El conductor le ordenó que se trasladara a la parte trasera del autobús, único sector en el que podían permanecer las personas afrodescendientes, y llamó a la policía cuando ella se negó a dejar el asiento. Parks fue arrestada y esto condujo al lanzamiento de la era moderna de los derechos civiles.


Cuando falleció, una cadena de noticias la describió como “una costurera cansada, no una revoltosa”. Pero lo cierto es que Rosa Parks era una rebelde de primera categoría. Sabía exactamente lo que estaba haciendo; era secretaria de la sede local de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, por su sigla en inglés). Tras su arresto tuvo lugar una rápida organización de la comunidad afroestadounidense, que el 5 de diciembre lanzó el Boycott al Servicio de Autobuses de Montgomery, liderado por Martin Luther King Jr. El liderazgo de la lucha sabía que se necesitaba un movimiento social dedicado y organizado para vencer la segregación y el racismo institucional. Sus históricos logros sentaron las bases para la victoria de Doug Jones. Fueron la organización y movilización de base actuales, especialmente el movimiento de mujeres afroestadounidenses, lo que le otorgó el escaño en el Senado.


Es importante reconocer lo irremediablemente defectuoso que era Roy Moore como candidato republicano. Primero llegaron las impactantes acusaciones de al menos nueve mujeres que afirman que Moore las acosó o agredió sexualmente cuando eran adolescentes, una de ellas cuando tenía solo 14 años de edad. En el marco del creciente movimiento nacional #YoTambién, destinado a terminar con el acoso y abuso sexual de mujeres, los numerosos relatos del acoso sexual perpetrado por Moore constituyeron un punto crítico. Varios senadores prometieron que, si ganaba las elecciones, lo expulsarían del Senado de Estados Unidos. Esto fue hasta que otra persona que se ha descrito a sí misma como agresor sexual, el presidente Donald Trump, decidió otorgarle su apoyo incondicional a Moore y comenzó a hacer una agresiva campaña a su favor.


Pero incluso si el abuso sexual en serie a menores no alcanza para descalificar a un candidato al Senado, muchas de las declaraciones y acciones de Moore como juez de Alabama sí deberían tener el peso suficiente. Fue destituido dos veces del cargo de presidente electo de la Corte Suprema de Alabama por negarse a seguir órdenes de tribunales federales. En 2003 se negó a retirar una estatua de los Diez Mandamientos de las instalaciones del Palacio de Justicia. En 2016 fue nuevamente suspendido por negarse a implementar el fallo de la Corte Suprema federal que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo.


Recientemente, cuando uno de los pocos afroestadounidenses presentes en un evento de campaña le preguntó en qué momento del pasado pensaba que Estados Unidos había sido grandioso, Roy Moore se refirió a la época de la esclavitud: “Creo que era grandioso en la época en que las familias estaban unidas, aunque tuviéramos esclavitud. Nos cuidábamos entre todos”. Moore afirma que a los musulmanes, como Keith Ellison, no se les debería permitir ocupar cargos en el Congreso, y compara al Corán con “Mi lucha”, de Hitler. También apoya la derogación de todas las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos que se hicieron después de la Décima original, incluidas las que proscriben la esclavitud y otorgan a las mujeres y afroestadounidenses el derecho al voto: “Esto eliminaría varios problemas. Ya saben, mucha gente no entiende hasta qué punto algunas de estas enmiendas han intentado arruinar por completo la forma de gobierno que procuraban nuestros Padres Fundadores”. La esposa de Moore, al asegurarle al público en su último acto de campaña antes de las elecciones del martes que su esposo no era antisemita, declaró enfáticamente: “Las noticias falsas les dirán que no nos gustan los judíos. Les comento todo esto porque también las he visto. Quisiera poner las cosas en su lugar, aprovechando que tenemos prensa aquí presente. Uno de nuestros abogados es judío”.


Los resultados de las elecciones especiales de Alabama no solo deberían servir como una lección para el Partido Republicano, sino también para el Partido Demócrata. El éxito radica en activar a las personas, motivar al pueblo a participar y luchar contra las crecientes restricciones para votar; no en adaptar el mensaje en el vano intento de captar a los votantes “indecisos”.


Jones ganó gracias al registro de votantes, la movilización de las organizaciones de base y la enorme participación electoral de la comunidad afroestadounidense. Según las encuestas a boca de urna realizadas por CNN, Doug Jones recibió el 98% de los votos emitidos por las mujeres afroestadounidenses y el 93% de los votos de los hombres afroestadounidenses. En contraste, el 63% de las mujeres blancas votaron por el presunto pederasta Roy Moore, al igual que el 72% de los votantes blancos. En estas elecciones de Alabama se presentó a votar un mayor porcentaje de electorado afroestadounidense que en las elecciones que ganó Barack Obama en 2008 y 2012.


Doug Jones ganó con una ventaja de solamente 1,5% de los votos, un margen suficientemente grande como para evitar un recuento de votos, pero muy estrecho de todas formas. No hubiera ganado sin la ardua labor de los movimientos de base de Alabama, que trabajaron durante años –con escaso apoyo del Partido Demócrata nacional– para registrar a los ciudadanos afroestadounidenses y de bajos recursos en el padrón electoral. Los movimientos sociales construyen poder y logran cambios, y los demócratas harían bien en prestar atención a las lecciones de Alabama, desde la resistencia a la esclavitud y la era de la lucha por los derechos civiles, hasta la inesperada victoria de Doug Jones.

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En Colombia también crece la nueva cultura política

El proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC ha generado una coyuntura política y social contradictoria: por un lado está acelerando las “locomotoras” energética y minera, con decenas de emprendimientos extractivos, pero también está moviendo la vieja cultura partidista que había frenado el desarrollo de procesos sociales autónomos.


El 5 de diciembre se realizó en Medellín el Primer Encuentro de Comunidades Afectadas por el Desarrollo, al que acudieron dieciséis procesos locales y regionales de todo el país. Más de un centenar de integrantes de comunidades en resistencia trazaron un diagnóstico colectivo sobre los problemas que afrontan en sus territorios, que pueden sintetizarse en violencia paramilitar y estatal para facilitar la implantación de las multinacionales mineras y petroleras, y las grandes obras de infraestructura.


En el diagnóstico apareció que las autoridades y las instituciones no son confiables, ya que modifican las reglas del juego para satisfacer las exigencias de los empresarios. Quienes siguen adelante pese a las advertencias, suelen ser víctimas de los grupos criminales (narco-paramilitares) y del propio Estado que enjuicia ambientalistas y defensores de los bienes comunes.


En estos momentos las instituciones se empeñan en impedir y deslegitimar las “consultas populares” que se promueven en diversos municipios contra los proyectos mineros e hidroeléctricos. Cada vez que la población pudo expresarse, ha pronunciado un No contundente en contra de los proyectos extractivos.


Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes del Encuentro fue constatar cómo la cultura política de obediencia y subordinación a las dirigencias políticas, se va agrietando. Entre los procesos presentes había vínculos con diversas fuerzas políticas, pero la mayoría no tenían ninguna relación con partidos ni guerrillas.

Durante medio siglo, todos los procesos de base sintonizaban con alguna de las corrientes hegemónicas en el escenario nacional, razón por la cual la convergencia y articulación de las luchas resultaba extremadamente difícil.


No pretendo concluir que esa cultura partidista esté en vías de extinción, ni mucho menos, sino que se están abriendo espacios para que la diversidad y la heterogeneidad puedan caminar juntas.


A mi modo de ver, hay varias razones que hacen posible que una cultura organizativa más autónoma y horizontal se vaya abriendo paso en Colombia.
La primera se relaciona con el proceso de paz que, al debilitar la polarización, deja espacios para otras formas de hacer política que hasta este período eran casi marginales.


La segunda se relaciona con el desgaste de las estructuras y los modos jerárquicos, patriarcales y caudillistas, que ostenta aún un sector mayoritario de las izquierdas. Ese desgaste hace que muchos colectivos rehúyan poner en pie grandes estructuras nacionales y se sientan más cómodos con formas flexibles y “livianas” de articulación (en el sentido de que no desean grandes aparatos organizativos “pesados”), que han mostrado ser muy eficaces para desplegar iniciativas respetando la diversidad.


La tercera tiene que ver con el fortalecimiento de nuevas formas de hacer ancladas en culturas juveniles y en colectivos de mujeres, más horizontales, pero también recelosas de subordinarse a las instituciones estatales porque todas ellas vienen mostrando sus límites.


Los militantes del colectivo Kavilando, que dinamizaron la convocatoria, así como los militantes nasa y de grupos campesinos de base, tienen claro que en Colombia se abre un nuevo período histórico pautado por la profundización del extractivismo que viene siempre acompañado de grupos ilegales violentos, que les abren trocha despejando poblaciones que obstaculicen la acumulación por despojo/cuarta guerra mundial.


Un militante que resiste la construcción de una hidroeléctrica en su región, esbozó el nuevo escenario político de forma muy clara: “La guerra no ha finalizado, sólo está mutando”.


De lo que se trata, para los participantes del Primer Encuentro de Pueblos Afectados por el Desarrollo, es de enfrentar esta nueva etapa de la guerra con una nueva cultura política que pasa, necesariamente, por el protagonismo de las comunidades, sin intermediarios, sin aparatos políticos ni militares.

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Lunes, 11 Diciembre 2017 07:53

Risa no chistosa

Risa no chistosa

Los grandes criminales políticos tienen que ser expuestos y expuestos especialmente a la risa. No son grandes criminales políticos, sino gente que permitió grandes delitos políticos, algo que es totalmente diferente, dijo Bertolt Brecht.

 

La filósofa Hannah Arendt, en una entrevista en 1974 con el escritor francés Roger Errera, ofreció esta cita de Brecht para argumentar que alguien como Hitler no puede ser considerado un idiota porque fracasó su proyecto, ni un gran hombre por las dimensiones de su proyecto; no es ni lo uno ni lo otro. Recuerda que la oposición a Hitler, antes de que tomara el poder, consideraba a Hitler un idiota, y después, casi para justificar su triunfo, de repente lo volvió en un gran (obviamente no en el sentido positivo) hombre.


Brecht agrega, según Arendt, que uno puede decir que la tragedia aborda los sufrimientos de la humanidad de una manera menos seria que la comedia. Arendt opina que esto es verdad, y agrega que “lo que verdaderamente es necesario, si uno desea mantener su integridad bajo estas circunstancias (...) es recordar tu vieja manera de ver tales cosas y decir: ‘no importa lo que haga y si él mató a 10 millones de personas, él sigue siendo un payaso’”.


Arendt, como Orwell y un sinnúmero de otros escritores y filósofos que enfrentaron algunas de las épocas más oscuras de la historia moderna, se han vuelto referentes urgentes en esta coyuntura estadunidense en los intentos por buscar alguna manera de entender algo tan obsceno, patético y peligroso como el fenómeno Trump.


Arendt podría ser una reportera en la era de Trump, la cual arrancó con, entre otras cosas, una gran ofensiva contra la prensa justo con el motivo que ella identificó hace más de 40 años: “El momento en que ya no contamos con una prensa libre, cualquier cosa puede suceder. Lo que hace posible para un totalitario o cualquier otra dictadura gobernar es si el pueblo no está informado (...) Si todos siempre te mienten, la consecuencia no es que te crees las mentiras, sino más bien que ya nadie cree nada (...) Y un pueblo que ya no puede creer en nada no puede tomar decisiones. Queda privado no sólo de su capacidad de actuar, sino de su capacidad de pensar y de juzgar. Y con un pueblo así uno puede hacer lo que se le antoje”.


El mundo tiene enfrente a un bufón peligroso; conservadores, liberales y progresistas advirtieron aun desde antes de la elección que el fenómeno Trump es un proyecto neofascista, totalitario y/o plutocrático. La semana pasada, hasta el ex presidente Barack Obama casi se atrevió a decirlo, al señalar que si los estadunidenses no protegen su democracia, existe el riesgo de que las cosas se puedan deshacer rápidamente y sugiriendo que Estados Unidos podría irse por el camino de la Alemania nazi, reportó Ap.


Claro que Obama no asumió –como nunca lo ha hecho, igual que todas las fuerzas liberales a lo largo de la historia moderna en este y otros países– ninguna responsabilidad por la llegada de un Trump. Cualquier estudiante crítico de historia sabe algo sobre cómo el surgimiento de un fascista y su toma del poder –como el caso de Hitler– no se puede explicar sin entender el papel trágico de las pugnas internas y a veces arrogantes de fuerzas liberales y hasta progresistas en abrir las puertas, claro, no a propósito.


Hoy día, ante Trump, esto se repite: corrientes liberales –sobre todo el Partido Demócrata y su cúpula, junto con sus apologistas intelectuales– rehúsan aceptar la responsabilidad fundamental que les corresponde (no fue el único factor) por el surgimiento y triunfo del fenómeno Trump. Siguen culpando a los rusos, o al ex jefe de la FBI, a Wikileaks, y hasta al que ofrecía la mejor opción ante la amenaza neofascista, su propio senador, Bernie Sanders. Con eso, siguen permitiendo la circulación de ese veneno que amenaza esa democracia que tanto dicen defender, mientras a veces parecen dedicar más tiempo a combatir corrientes más progresistas dentro y fuera de sus filas.


Llega el fin de un año que ha puesto en jaque la viabilidad de lo que se llama democracia en Estados Unidos, y que literalmente amenaza al mundo. Ahora aquí adentro se vive entre la persecución de los más vulnerables, elogios y justificación del racismo histórico, la ofensiva contra los derechos y libertades civiles, la destrucción abierta de normas laborales y ambientales resultado de luchas sociales, y un depredador sexual en jefe apoyando a pedófilos y llamando mentirosa a cualquier mujer que no esté de acuerdo, y por supuesto la degradación de cualquiera que se atreva a cuestionar la realidad trumpiana, sobre todo los periodistas. Ni hablar de la amenaza que representa en otras partes del mundo (y al planeta en sí), desde Corea hasta Medio Oriente, Sudamérica y México.


Los críticos y opositores que siguen jugando el juego del poder en Washington explican que hay que tener paciencia, esperar elecciones, cabildear con más efectividad, realizar investigaciones, presentar más informes y educar a los ciudadanos. Algunos casi gozan al explicar qué tan peor están las cosas de lo que uno pensaba. Fueron derrotados, pero no son minoría (eso dicen que es significativo en una democracia) –de hecho, casi todas las posiciones de los opositores al proyecto en el poder gozan del respaldo de las mayorías– sea en migración, política económica, medio ambiente, salud, educación, guerras y más– según casi todas las encuestas. Si es así, entonces pareciera que este proyecto tipo neofascista no vive del apoyo popular, sino de la decisión de opositores institucionales de permitir su existencia por supuesto respeto al proceso democrático, aparentemente aun si esto amenaza esa democracia que tanto dicen defender.


Tal vez la risa indignada –y honesta– es vital frente a todo esto, como afirma Brecht. De hecho, grandes cómicos –Stephen Colbert, John Oliver, Noah Trevor, Samantha Bee, y todo un elenco de caricaturistas editoriales– son por ahora los mejores reporteros críticos de este momento. La risa que invitan es esencial para recordar que estos enanos peligrosos en el poder no son grandes. Pero no es suficiente, se necesita que despierten los gigantes dormidos en este país.

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La campaña presidencial en Colombia comienza a definirse en torno a seis nombres

La campaña de las presidenciales en Colombia entró este domingo en una nueva fase en la que comienzan a despejarse las incógnitas sobre las candidaturas. La elección del senador Iván Duque como aspirante del Centro Democrático, la formación liderada por el expresidente Álvaro Uribe, termina de conformar el abanico de figuras políticas que, según las encuestas, tienen más posibilidades de llegar, al menos, a una segunda vuelta. La carrera hacia los comicios convocados para mayo de 2018 se define, principalmente, en torno a seis nombres.

 

La revista Semana publicó este domingo un macrosondeo que vaticina un panorama fragmentado, una competición entre quienes apoyaron y rechazaron los acuerdos de paz con las FARC promovidos y la necesidad de tejer alianzas, tarde o temprano. Lo encabeza con el 18,7% Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y antiguo gobernador del departamento de Antioquia, quien defiende la reconciliación del país tras más de medio siglo de guerra y rehúye las etiquetas ideológicas. Tras algunas desavenencias sobre la fórmula y los tiempos con Claudia López, concurrirá con la líder del Partido Verde y el del progresista Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, bajo las siglas de la Coalición Colombia.


El exregidor de Bogotá Gustavo Petro, que en un sistema político tradicional ocuparía un espacio marcadamente de izquierdas, figura también, de momento, entre los favoritos. No obstante, su movimiento, Colombia Humana, debería buscar el apoyo de otros sectores, por ejemplo, el de la exministra de Trabajo de Santos Clara López o la Unión Patriótica. Tampoco descarta tratar de involucrar a Humberto de la Calle, pero el candidato del Partido Liberal se ha mostrado prudente con respecto a sus planes.
De la Calle fue jefe del equipo negociador del Gobierno con las FARC, es abogado y tiene una dilatada carrera política –fue vicepresidente de Ernesto Samper hace dos décadas-. Desde el primer momento, cuando decidió participar en esta campaña, se mostró convencido de la necesidad de una coalición amplia de fuerzas que estuvieron a favor de los acuerdos. Su proyecto político busca rebajar el clima de creciente indignación de los colombianos y desconfianza en las instituciones con un programa rotundo contra la corrupción.


En el espectro de las figuras políticas más conservadoras destacan Germán Vargas Lleras, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. El primero, dirigente de Cambio Radical, fue vicepresidente hasta el pasado marzo. Ahora contaría, según la encuesta de Semana, con un 12% de los apoyos, por lo que, en cualquier caso, debería llegar a un acuerdo con otras formaciones. Duque es ya oficialmente el aspirante del Centro Democrático, pero tras la alianza forjada por Uribe y el también expresidente Andrés Pastrana tendrá ahora que medir apoyos con Ramírez, del Partido Conservador y exministra, y quizá también el exprocurador Alejandro Ordóñez. Este último, con solo el 1,2% de intención de voto, es superado incluso por el Rodrigo Londoño, Timochenko, candidato de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nacida de la antigua guerrilla.

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Movimientos sociales de izquierda: ¿qué táctica electoral?


La dificultad central de los movimientos sociales de izquierda es determinar la táctica electoral que les posibilitará ganar tanto en el corto plazo como en el mediano plazo. En la superficie parece que ganar en el corto plazo está en conflicto con ganar en el mediano plazo.

En el corto plazo, el objetivo primordial de un movimiento de izquierda debe ser el defender las necesidades urgentes de supervivencia de toda esa franja que constituye 99 por ciento de la población, pero en especial aquella gente situada en los estratos más pobres. Para lograr esto, un movimiento tiene que controlar las instituciones del Estado a todos los niveles. Esto significa participar en las elecciones.

En todos esos lugares donde las instituciones electorales permiten alguna transferencia de poder de una serie de funcionarios electos a otra serie de oposición, la necesidad obvia de los movimientos de izquierda es ganar dichas elecciones. Ganar esas elecciones puede, no obstante, desactivar la capacidad de los movimientos de izquierda para ganar la batalla de mediano plazo que entraña la opción fundamental de cuál sistema (o sistemas) saldrá ganador de la crisis estructural de nuestro sistema-mundo capitalista existente. El modo de evitar esto es nunca involucrarse en la política electoral.

Involucrarse en las elecciones tiene dos efectos negativos sobre los movimientos sociales de izquierda. Primero, los distrae de organizar la batalla de mediano plazo. Y desilusiona a los miembros, que lo ven como venderse por el llamado a votar por personas que no están comprometidas con transformar el sistema-mundo.

¿Habrá alguna serie de tácticas electorales que haga posible escapar a estas consecuencias? Yo pienso que puede haber. La primera, y en un sentido la cosa más fácil de hacer, es discutir en extenso al interior del movimiento de izquierda la diferencia entre las temporalidades del corto plazo y el mediano plazo y el papel de las tácticas electorales en la lucha.

Justo el discutir este aspecto dentro del movimiento social de izquierda ayudaría a mantener junto el movimiento de izquierda y restauraría la confianza mutua. La discusión debería enfocarse en torno a los dos más grandes peligros. En el corto plazo, ganar las elecciones requiere de los votos de muchos que no tienen interés alguno en transformar el mundo. Estas personas exigen un precio por su respaldo.

Qué tan alto es el precio, varía. Qué tan mínimo puede ser el pago que un movimiento social pueda hacer, también varía. Cada batalla electoral es diferente.

El otro peligro es la desilusión. De nuevo, cada situación varía. Pero evitar las ilusiones es siempre la forma de combatir la desilusión. Por supuesto deben celebrarse las victorias nacionales o locales. Pero nunca deben tratarse como algo más que victorias que frenan la brecha, porque se dirigen a proteger a los estratos más pobres.

Creo que es posible para los movimientos sociales el navegar en esos peligrosos bajíos de la política electoral. Al negarse a abrazar o a rechazar definitivamente la política electoral, podemos descubrir que ganar en el corto plazo puede entrenar a los miembros para la batalla de mediano plazo.

De ese modo, los movimientos sociales de izquierda podrían, de hecho, hacer ambas cosas a la vez –ganar las batallas del corto plazo y del mediano plazo. En realidad, lejos de entrar en conflicto una con la otra, ésta es la única forma en que los movimientos sociales de izquierda puedan triunfar en cualquiera de estas batallas.

Traducción: Ramón Vera-Herrera

© Immanuel Wallerstein

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