Miércoles, 21 Marzo 2018 06:59

Santos y Temer intervienen en Venezuela

Santos y Temer intervienen en Venezuela

“Brasil y Colombia seguiremos trabajando en todas los frentes por la pronta recuperación de la democracia en Venezuela”, afirmó Santos en una comparecencia conjunta con su homólogo brasileño en el palacio presidencial de Planalto.

 

El presidente brasileño, Michel Temer, y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, se comprometieron ayer en Brasilia a trabajar por la “recuperación de la democracia” en Venezuela, cuya crisis provocó un éxodo de venezolanos hacia estos dos países que, dijeron, perturba a toda América latina.


“Brasil y Colombia seguiremos trabajando en todas los frentes por la pronta recuperación de la democracia en Venezuela”, afirmó Santos en una comparecencia conjunta con su homólogo brasileño en el palacio presidencial de Planalto. El mandatario colombiano se reunió ayer con Temer en el marco de una visita oficial a Brasil en la que abordaron asuntos como el comercio bilateral, la cooperación en defensa y medioambiente en la región fronteriza y la situación en Venezuela.


Los dos gobernantes evaluaron los impactos provocados por el intenso flujo migratorio hacia Brasil y Colombia de venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social por la que atraviesa la vecina nación.


“Tratamos la situación de Venezuela, de este éxodo venezolano hacia Brasil y Colombia que perturba a los países de América latina”, indicó Temer. En Colombia se calcula que en los últimos dos años ingresaron más de 500.000 venezolanos, mientras que esa cifra en Brasil se eleva a unos 40.000, de acuerdo con datos oficiales. “Lo que queremos es la pacificación política de Venezuela, la democratización plena durante las elecciones y la no agresión de los que se oponen el régimen que ahora está constituido”, indicó Temer.
La mayoría de los venezolanos que llegó a Brasil entró por el estado de Roraima, uno de las regiones más empobrecida del país y cuyos servicios públicos se vieron desbordados, lo que obligó al gobierno a declarar la “situación de vulnerabilidad” en esa región.


Por su parte, Santos atribuyó la crisis en Venezuela a los problemas democráticos y criticó el rechazo del gobierno del presidente Nicolás Maduro a la ayuda humanitaria ofrecida por Colombia y Brasil, cuando “la crisis humanitaria se agrava día tras día”.


Las relaciones comerciales fueron otro de los temas clave y en este sentido, Temer y Santos valoraron que hay “potencial” para profundizar unos intercambios que en 2017 aumentaron el 25 por ciento hasta alcanzar a los 3.900 millones de dólares. Temer discutió con Santos “nuevas oportunidades de negocio junto con el sector privado” y le sugirió a su colega “iniciar negociaciones para un acuerdo sobre compras gubernamentales”.


“Una de nuestras prioridades es fortalecer el comercio internacional con el país que el es el octavo destino de nuestras exportaciones y el cuarto origen de nuestras importaciones. El saldo del comercio bilateral actualmente es favorable a Brasil pero el flujo es muy pequeño frente al enorme potencial”, apuntó Santos.


A nivel regional, Temer señaló que hay “clima” y “condiciones” para un futuro acuerdo de libre comercio entre el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). “El presidente Santos y yo naturalmente patrocinaremos con mucho entusiasmo un acuerdo entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico”, declaró Temer.


Otras de las cuestiones fue la cooperación en la frontera con objeto de estrechar aun más los lazos en materia de seguridad entre ambos países y mejorar el combate al “crimen organizado”, con especial foco en el narcotráfico y la minería ilegal en la región amazónica. Santos también aprovechó para agradecer el apoyo de Brasil a la “construcción de la paz” en Colombia, tanto en su papel de mediador en las negociaciones con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), como colaborador en el proceso de desminado tras el acuerdo alcanzado con las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).


Posteriormente, los dos mandatarios se dirigieron con el resto de las autoridades al Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería brasileña, donde fue ofrecido un almuerzo en honor al jefe de Estado colombiano.

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Iván Duque y Gustavo Petro se enfrentarán en mayo por la presidencia de Colombia

Los dos se medirán en un clima de choque ideológico con Fajardo, Vargas Lleras o De la Calle. El partido de las FARC no logra ningún escaño en su primera cita electoral.


Colombia camina hacia unas elecciones presidenciales marcadas por el choque ideológico entre el uribismo y la izquierda. Las consultas interpartidistas celebradas este domingo, durante los comicios legislativos, para decidir los candidatos a sustituir a Juan Manuel Santos el próximo 27 de mayo han supuesto una holgada victoria de los dos aspirantes que desde hace semanas lideran todas las encuestas. Por un lado, Iván Duque, senador del Centro Democrático, la formación conservadora fundada por el expresidente Álvaro Uribe en 2013. Por otro, Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá impulsado por un discurso antiestablishment. Al mismo tiempo, el reparto del Senado, la cámara nacional, evidencia una fragmentación del mapa político que indica que los colombianos buscan comenzar una nueva etapa. El partido de las FARC, que con su participación oficializa su paso a la política, no consigue ningún escaño al margen de los 10 que tiene garantizados en virtud de los acuerdos de paz.


Con casi el 99% de las papeletas escrutadas, Duque se impone con más de cuatro millones de votos y el 67,7% de los apoyos frente a la exministra Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez. Será el candidato de la alianza fraguada entre Uribe y el también exmandatario Andrés Pastrana. El margen logrado por Petro ante su adversario, el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, es todavía mayor, con un respaldo que ronda el 85% y los 2,8 millones de votos.


Los dos se medirán en las presidenciales con el exregidor de Medellín Sergio Fajardo, el antiguo número dos de Santos Germán Vargas Lleras o Humberto de la Calle, que encabezó las negociaciones con las FARC en La Habana. Las candidaturas de estos dirigentes ya estaban formalizadas y no tuvieron que pasar por una consulta interna.


Duque y Petro, con planteamientos antitéticos, representan el clima de polarización en el que algo más de 17 millones de electores, menos de la mitad del censo, acudieron a votar. El primero, que trabajó como consejero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, considera que Colombia debe hacer frente a la prioridad de la recuperación económica. No es partidario de "hacer trizas" el pacto con la antigua guerrilla -que ha entrado en el Congreso con 10 escaños- como defendía en cambio el sector más duro del Centro Democrático, aunque sí modificaciones importantes. Ramírez afirmó que no se siente perdedora e invitó a todos sus seguidores a “trabajar de la mano de Iván Duque" y este confirmó que su contrincante en las primarias sería su vicepresidenta. "Nuestra propuesta es para todos los colombianos sin exclusiones... No queremos que a nuestro país lleguen las tentaciones del autoritarismo populista que arruinó a Venezuela", proclamó, en referencia a las acusaciones que encuadran a Petro en el ideario chavista.


El exalcalde de Bogotá se ha beneficiado hasta ahora de la confrontación con Uribe y la maquinaria tradicional. Su proyección se debe en buena medida al hartazgo de amplios sectores de la sociedad con las clases políticas tradicionales, los casos de corrupción, la desigualdad y las reglas de juego del sistema económico. El candidato de Colombia Humana ha canalizado un descontento que va más allá de las discrepancias en torno a los acuerdos con la guerrilla, uno de los factores que ha dominado la política colombiana en los últimos años. "A partir de estos datos, creemos que podemos ganar la presidencia de la República", afirmó en Caracol Radio tras conocer los resultados.


No obstante, no todo está escrito. De alguna manera, la verdadera campaña electoral comienza esta semana. Sergio Fajardo, apoyado por el Partido Verde y el Polo Democrático, es otro de los candidatos con posibilidades. Manifestó su intención de mantenerse al margen de ese choque. "Hoy Colombia debe escoger entre tres caminos: el de Duque y Petro, el del miedo y la revancha, o el de Fajardo y la mayoría de colombianos, el de la esperanza", consideró este aspirante, que hace hincapié en un discurso de reconciliación nacional. También De la Calle apeló al consenso de las voluntades democráticas: "Tenemos la responsabilidad de buscar una unión democrática, que permita un cambio seguro. Una Colombia unida no puede estar obligada a estar dividida entre dos extremos, no puede estar obligada a elegir por miedo".


De la polarización a la fragmentación del Senado


La confrontación entre la izquierda y la derecha, en cualquier caso, eclipsó en parte las expectativas sobre los resultados de las legislativas. Ese choque quedó reflejado de alguna manera en el reparto del Senado y de la Cámara de Representantes, aunque con matices. En primer lugar, porque la candidatura de Petro a la presidencia se fundamenta en su figura. Por tanto, la llamada Lista de la Decencia que promueve para estos comicios no tuvo, ni de lejos, el empuje que le atribuyen las encuestas en la carrera para sustituir al actual mandatario. Con más del 95% escrutado, se quedaría en cuatro escaños en el Senado, donde se impone el Centro Democráitco con 19 curules, seguido de Cambio Radical, la formación controlada por Vargas Lleras (16) y del Partido Conservador (15).


El Partido Liberal aguanta y lograría 14 asientos, los mismos que la Unidad Nacional, la coalición que sostiene el Gobierno de Santos. Mientras tanto, los verdes duplican su representación, hasta los 10 escaños, y el Polo Democrático se quedaría con cinco. El partido de las FARC no logra ningún escaño al margen de los 10 que tiene garantizados por los acuerdos de paz. La composición de la cámara arroja una fotografía fragmentada que da alguna pista sobre las preferencias de los ciudadanos y que, por tanto, invita a ser prudentes sobre el resultado de las presidenciales de mayo y posibles alianzas.


Durante la jornada se han vivido momentos de tensión en algunos centros de votación. Los simpatizantes del Centro Democrático y de la izquierda denunciaron que se habían agotado las papeletas destinadas a la consulta. Finalmente, la Registraduría, organismo que opera bajo el mandato de la autoridad electoral, autorizó el empleo de fotocopias de los tarjetones para tratar de resolver el incidente.

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Lunes, 12 Marzo 2018 09:01

De votos y devotos

De votos y devotos

En un marco de incertidumbre avanza la coyuntura electoral, expectativa en la que estará inscrita la sociedad colombiana hasta mayo o, incluso, hasta junio del año en curso.

El momento denominado ‘primera vuelta’ de este ciclo electoral, las elecciones por las 102 curules del Senado y las 166 de la Cámara, y por su conducto por una importante tajada del ponqué burocrático y presupuestal del país, tiene como rasgo más prominente la indiferencia de las mayorías nacionales, como queda a la vista en la actividad y el discurso de los candidatos de los diversos partidos que con persistencia buscan atraer la atención y el favor ciudadano. Esta indiferencia no es nueva ni es para menos, pues el Congreso, donde el afán de la mayoría de sus integrantes no es obedecer sino mandar, encabeza el sitial de (des)honor como la más corrupta y la de menos credibilidad entre las instituciones oficiales. Un 82 por ciento de imagen desfavorable así lo ratifica.

Allí, en el Congreso, la mayoría de sus integrantes no se preocupa por el relacionamiento activo y decisorio con la ciudadanía. En un proceder digno de cualquier monarquía, en las listas de los partidos que controlan el recinto de las leyes figuran hijos, hermanos, esposas y otros familiares de quienes no pueden optar a la elección por estar presos o en investigación, por delitos como paramilitarismo y corrupción. Es ésta una designación por vínculo consanguíneo que resulta digno de las empresas electorales familiares predominantes por siempre en el país. Así operan desde antes y a lo largo del siglo XX, y hasta ahora, a través de las llamadas Casa López, Lleras, Santos, Pastrana, Gómez, Ospina, y las familias segundonas a su servicio. De acuerdo a sus intereses y al modelo de sociedad, suplantan y no representan.

Actúan esas castas en contravía de la democracia que supuestamente defienden, buscando siempre subir y no bajar. Los partidos, tradicionales y otros, deciden sin consulta alguna ante sus bases las decenas de nombres de quienes integran sus listas para el Legislativo. Es una acción sin diálogo ni debate alguno con la sociedad, para discernir acerca de quiénes y por qué motivo debieran encabezar a ser elegidos. En una escogencia que no establece los propósitos exactos de cada campaña, unos y otros se lanzan a la caza de los votos esquivos de esa minoría que termina reafirmando la desgastada democracia formal, en la cual el Legislativo siempre está a favor del Ejecutivo, así como del restante poder dominante, hoy y siempre, en lo económico, lo político, lo comunicacional y, por supuesto, lo militar.

Claro. Sin el ejercicio previo del diálogo ni del debate social y político, las mayorías apáticas ante la cosa pública están más decepcionadas de la misma en las últimas décadas, pues el país no supera un escándalo y otro escándalo, ni el estupor suscitado por el robo de millones de millones de pesos de que es objeto mediante contratos entregados a dedo. Así, el ciudadano desilusionado es testigo de la privatización del patrimonio público en todos sus niveles, comprobando que lo motivante para la mayoría de los políticos de profesión es servirse y no servir.

Y no salen los colombianos de estos asombros que, de tanto repetirse, tal vez ya no lo sean tanto, cuando quienes ofrecieron en campaña legislar en beneficio de los más de más votan con un sí los proyectos que siguen beneficiando a los menos de menos, con lo cual destruyen en vez de construir. Así, entre ley y ley, los impuestos siguen en creciente, y en línea contraria los salarios; los derechos no dejan de ser letra muerta, entre ellos los fundamentales, como salud, educación, trabajo, vivienda, en fin, todo un listado de negaciones que siempre, en una y otra oportunidad, terminan por acrecentar el acerado escepticismo y la despreocupación reinante en Colombia por lo gubernamental.

Estamos ante una disputa electoral entre los mismos de siempre, que, por el lado de los sectores que pretenden un cambio social, más radical o de menor tenor, con sus propuestas no alcanzan a crear en el conjunto social una atmósfera de ruptura con el pasado, nada favorable ni agradable para millones de connacionales. Es palpable una clara incapacidad para originar espectativas de cambio, de confianza en el porvenir y de triunfo en la coyuntura, ya que quienes se definen como alternativos al orden imperante no proponen más que tímidas reformas en lo económico y para el conjunto del régimen político, con determinación en aquello que los asesores de imagen denominan “políticamente correcto”.

De este modo, lo que se ofrece en la campaña electoral, inclusive por quienes se dicen contrarios al establecimiento, es más de lo mismo. Sin duda, están sujetos a las sensaciones mediáticas potenciadas por los creadores de opinión. En esa constante, no se deciden por presentarles a sus posibles electores un diagnóstico real del Congreso con que cuenta el país, desnudando sus características y determinantes, todas aquellas que lo sellan de manera total con el conjunto del poder, y que hacen indispensable el cambio de su naturaleza y sus integrantes, para que algún día se llegue allí a legislar en beneficio realmente social.

Queda en deuda así un diálogo/debate de estos candidatos con la ciudadanía en el cual se alcance a explicar que, mientras los sectores alternativos no logren una mayoría en el Congreso de la república, poco más que denuncias podrán realizar en el mismo. De ahí que sea imperioso construir, en una perspectiva de educación y organización social, pero también con proyección de dualidad de poder, otros espacios deliberativos en los que todos aquellos que padecen las consecuencias de lo aprobado por el poder a través del Legislativo se atrevan a ir configurando la sociedad que requieren y sueñan.

Necesitamos un proceder de los candidatos por el cambio, y de quienes en efecto lleguen a ser elegidos para tal instancia, que eduque y prepare para las luchas por encarar, con una convicción mucho más allá de lo electoral, en que la democracia directa y radical vaya tomando cuerpo, superando la formalidad liberal en la cual, en verdad y a pesar del ejercicio del voto, se termina por suplantar y por no representar, toda vez que lo defendido por los congresistas es lo conveniente para el sistema vigente y para los eternos monopolizadores del poder, nunca para las mayorías sociales.

Un tipo de proceder como el que planteamos requiere claridad y convicciones de poder, convicciones que obligaría a los militantes a ser nítidos en su relación con el conjunto social, pero también entre ellos, dejando a un lado las medias tintas, defendiendo sus ideales y sus identidades organizativas, sin proceder como en esta campaña parece que lo están haciendo, militando en unas listas, con un candidato a la Presidencia, pero impulsando a uno diferente. Todo un proceder que desdice de las afinidades que ahora reúnen a estos sectores alternativos y todo un proceder que, en vez de construir, termina por destruir.

Hay que decirlo sin temor: una política de nuevo tipo requiere claridad absoluta, romper los círculos de conveniencia, actuar en el presente con proyección al futuro cercano y lejano; involucrar de manera constante, en el debate y las decisiones, al conjunto social; dejar a un lado las manipulaciones; ver en cada acción un acto educativo y, por tanto, prepararlo y llevarlo a cabo con el debido sentido pedagógico, sin crear falsas expectativas o imposibles de concretar, acciones en las cuales los actores mayoritarios dejen de esperar que todo se haga a su nombre para asumir en sus manos su destino. Para proceder en consecuencia, hay que comenzar, en el ejercicio electoral mismo, por explicarles a los posibles votantes lo que no es factible conseguir por vía electoral, dibujando con todas las manos el camino por recorrer…, si de verdad se desea llegar a una sociedad otra.

Publicado enColombia
Domingo, 04 Marzo 2018 12:00

De votos y devotos

De votos y devotos

En un marco de incertidumbre avanza la coyuntura electoral, expectativa en la que estará inscrita la sociedad colombiana hasta mayo o, incluso, hasta junio del año en curso.

El momento denominado ‘primera vuelta’ de este ciclo electoral, las elecciones por las 102 curules del Senado y las 166 de la Cámara, y por su conducto por una importante tajada del ponqué burocrático y presupuestal del país, tiene como rasgo más prominente la indiferencia de las mayorías nacionales, como queda a la vista en la actividad y el discurso de los candidatos de los diversos partidos que con persistencia buscan atraer la atención y el favor ciudadano. Esta indiferencia no es nueva ni es para menos, pues el Congreso, donde el afán de la mayoría de sus integrantes no es obedecer sino mandar, encabeza el sitial de (des)honor como la más corrupta y la de menos credibilidad entre las instituciones oficiales. Un 82 por ciento de imagen desfavorable así lo ratifica.

Allí, en el Congreso, la mayoría de sus integrantes no se preocupa por el relacionamiento activo y decisorio con la ciudadanía. En un proceder digno de cualquier monarquía, en las listas de los partidos que controlan el recinto de las leyes figuran hijos, hermanos, esposas y otros familiares de quienes no pueden optar a la elección por estar presos o en investigación, por delitos como paramilitarismo y corrupción. Es ésta una designación por vínculo consanguíneo que resulta digno de las empresas electorales familiares predominantes por siempre en el país. Así operan desde antes y a lo largo del siglo XX, y hasta ahora, a través de las llamadas Casa López, Lleras, Santos, Pastrana, Gómez, Ospina, y las familias segundonas a su servicio. De acuerdo a sus intereses y al modelo de sociedad, suplantan y no representan.

Actúan esas castas en contravía de la democracia que supuestamente defienden, buscando siempre subir y no bajar. Los partidos, tradicionales y otros, deciden sin consulta alguna ante sus bases las decenas de nombres de quienes integran sus listas para el Legislativo. Es una acción sin diálogo ni debate alguno con la sociedad, para discernir acerca de quiénes y por qué motivo debieran encabezar a ser elegidos. En una escogencia que no establece los propósitos exactos de cada campaña, unos y otros se lanzan a la caza de los votos esquivos de esa minoría que termina reafirmando la desgastada democracia formal, en la cual el Legislativo siempre está a favor del Ejecutivo, así como del restante poder dominante, hoy y siempre, en lo económico, lo político, lo comunicacional y, por supuesto, lo militar.

Claro. Sin el ejercicio previo del diálogo ni del debate social y político, las mayorías apáticas ante la cosa pública están más decepcionadas de la misma en las últimas décadas, pues el país no supera un escándalo y otro escándalo, ni el estupor suscitado por el robo de millones de millones de pesos de que es objeto mediante contratos entregados a dedo. Así, el ciudadano desilusionado es testigo de la privatización del patrimonio público en todos sus niveles, comprobando que lo motivante para la mayoría de los políticos de profesión es servirse y no servir.

Y no salen los colombianos de estos asombros que, de tanto repetirse, tal vez ya no lo sean tanto, cuando quienes ofrecieron en campaña legislar en beneficio de los más de más votan con un sí los proyectos que siguen beneficiando a los menos de menos, con lo cual destruyen en vez de construir. Así, entre ley y ley, los impuestos siguen en creciente, y en línea contraria los salarios; los derechos no dejan de ser letra muerta, entre ellos los fundamentales, como salud, educación, trabajo, vivienda, en fin, todo un listado de negaciones que siempre, en una y otra oportunidad, terminan por acrecentar el acerado escepticismo y la despreocupación reinante en Colombia por lo gubernamental.

Estamos ante una disputa electoral entre los mismos de siempre, que, por el lado de los sectores que pretenden un cambio social, más radical o de menor tenor, con sus propuestas no alcanzan a crear en el conjunto social una atmósfera de ruptura con el pasado, nada favorable ni agradable para millones de connacionales. Es palpable una clara incapacidad para originar espectativas de cambio, de confianza en el porvenir y de triunfo en la coyuntura, ya que quienes se definen como alternativos al orden imperante no proponen más que tímidas reformas en lo económico y para el conjunto del régimen político, con determinación en aquello que los asesores de imagen denominan “políticamente correcto”.

De este modo, lo que se ofrece en la campaña electoral, inclusive por quienes se dicen contrarios al establecimiento, es más de lo mismo. Sin duda, están sujetos a las sensaciones mediáticas potenciadas por los creadores de opinión. En esa constante, no se deciden por presentarles a sus posibles electores un diagnóstico real del Congreso con que cuenta el país, desnudando sus características y determinantes, todas aquellas que lo sellan de manera total con el conjunto del poder, y que hacen indispensable el cambio de su naturaleza y sus integrantes, para que algún día se llegue allí a legislar en beneficio realmente social.

Queda en deuda así un diálogo/debate de estos candidatos con la ciudadanía en el cual se alcance a explicar que, mientras los sectores alternativos no logren una mayoría en el Congreso de la república, poco más que denuncias podrán realizar en el mismo. De ahí que sea imperioso construir, en una perspectiva de educación y organización social, pero también con proyección de dualidad de poder, otros espacios deliberativos en los que todos aquellos que padecen las consecuencias de lo aprobado por el poder a través del Legislativo se atrevan a ir configurando la sociedad que requieren y sueñan.

Necesitamos un proceder de los candidatos por el cambio, y de quienes en efecto lleguen a ser elegidos para tal instancia, que eduque y prepare para las luchas por encarar, con una convicción mucho más allá de lo electoral, en que la democracia directa y radical vaya tomando cuerpo, superando la formalidad liberal en la cual, en verdad y a pesar del ejercicio del voto, se termina por suplantar y por no representar, toda vez que lo defendido por los congresistas es lo conveniente para el sistema vigente y para los eternos monopolizadores del poder, nunca para las mayorías sociales.

Un tipo de proceder como el que planteamos requiere claridad y convicciones de poder, convicciones que obligaría a los militantes a ser nítidos en su relación con el conjunto social, pero también entre ellos, dejando a un lado las medias tintas, defendiendo sus ideales y sus identidades organizativas, sin proceder como en esta campaña parece que lo están haciendo, militando en unas listas, con un candidato a la Presidencia, pero impulsando a uno diferente. Todo un proceder que desdice de las afinidades que ahora reúnen a estos sectores alternativos y todo un proceder que, en vez de construir, termina por destruir.

Hay que decirlo sin temor: una política de nuevo tipo requiere claridad absoluta, romper los círculos de conveniencia, actuar en el presente con proyección al futuro cercano y lejano; involucrar de manera constante, en el debate y las decisiones, al conjunto social; dejar a un lado las manipulaciones; ver en cada acción un acto educativo y, por tanto, prepararlo y llevarlo a cabo con el debido sentido pedagógico, sin crear falsas expectativas o imposibles de concretar, acciones en las cuales los actores mayoritarios dejen de esperar que todo se haga a su nombre para asumir en sus manos su destino. Para proceder en consecuencia, hay que comenzar, en el ejercicio electoral mismo, por explicarles a los posibles votantes lo que no es factible conseguir por vía electoral, dibujando con todas las manos el camino por recorrer…, si de verdad se desea llegar a una sociedad otra.

Publicado enEdición Nº243
"La democracia está rota porque todavía sentimos en carne y hueso que no funciona por sí sola"

Christian Felber (Salzburgo, 1972), profesor universitario, activista y cofundador del movimiento ATTAC en Austria —entre otras muchas cosas—, es conocido por ser el padre de la economía del bien común, una teoría que propugna un modelo económico basado en la ética y donde el Producto Interior Bruto (PIB) como unidad de medida de la riqueza dejaría paso a otro indicador, el Balance del Bien Común, que prima valores como la confianza, la honestidad, la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad, la generosidad o la sostenibilidad ecológica.

En su último libro, titulado Por un comercio mundial ético (Deusto), publicado hace escasos días, da un paso más allá y denuncia los excesos del libre comercio mundial "convertido en la religión de nuestra era". Aboga por que las relaciones comerciales internacionales estén reguladas por Naciones Unidas y se atengan también a criterios éticos. Para lograr este objetivo, sin embargo, es necesario avanzar hacia lo que Felber denomina "democracia soberana", superando a la actual democracia representativa, que él cree que "no funciona".

¿Qué aporta de nuevo su libro con respecto a su best-seller 'La economía del bien común'?


La dimensión internacional. Muchas personas me han preguntado qué tiene que hacer un país para implementar la economía del bien común y lo que expongo con detalle es cómo podría funcionar un sistema internacional de comercio ético y cómo serían las relaciones internacionales resultantes. Lo que intento demostrar en este libro es que el comercio, al igual que el capital, no es un fin en sí mismo, sino un medio que sirve a unos fines que ya están definidos. Fines como los derechos humanos, las condiciones laborales, la defensa del medio ambiente, la cohesión social y la diversidad cultural. El derecho internacional tiene que sobreponer los fines a los medios y someter los medios a los fines.


¿Qué entiende usted por comercio ético?


El comercio ético debe servir a los derechos humanos y a los valores fundamentales de una sociedad democrática. Su objetivo es la plena implementación de los derechos humanos, del desarrollo sostenible —los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU— y de una buena vida para todos o incluso del bien común mediante balances comerciales equilibrados entre países y posibilitando que los países con un nivel inferior de industrialización y tecnología den alcance a los países más desarrollados. Ahora impera el libre comercio y lamentablemente, eso no se está haciendo; se está haciendo justo lo contrario.


Eso le iba a decir, que parece que lo tiros no van por ahí. La pujanza del neoliberalismo sigue en todo lo alto.


Sí, efectivamente, pero al menos tenemos el marco legal. Al igual que la economía del bien común, las diferentes constituciones de los países democráticos establecen que el capital es un medio y que el fin de la actividad económica debe ser el bien común, el bien de la comunidad. Nosotros simplemente aplicamos lo que ya dicen las diferentes constituciones democráticas.


Si ya tenemos el marco legal, ¿qué falta entonces? ¿Voluntad política?


Es un problema de democracia y de poder. No es cierto que no haya alternativas al neoliberalismo; sí las hay, y una inmensa mayoría de la población las apoya, pero los ciudadanos no tienen poder para cambiar las cosas. Por eso, la otra pata de nuestra propuesta es avanzar hacia una democracia soberana. Hacen falta otros mecanismos democráticos.


¿La democracia actual entonces no es soberana?


La democracia está rota, no funciona. El poder está concentrado en los parlamentos y en los gobiernos y éstos a su vez están instrumentalizados por los poderes económicos. Esa es la debilidad de la democracia actual. El único derecho que ahora tiene el cuerpo soberano, el pueblo, es elegir unos representantes cada cuatro años que luego hacen lo que les da la gana sin dar muchas explicaciones. No hay forma de controlarlos de manera efectiva ni de destituirlos; no hay forma de elegir entre varias propuestas; no hay forma de cambiar una constitución. Quien cambia una constitución es un parlamento y quien incluye en los tratados europeos el mandato marco para la política comercial de la UE son los parlamentos y organismos europeos

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Y ahí es donde entraría en juego la democracia soberana


Una verdadera democracia soberana implica desarrollar la división de poderes. Está muy bien que ya tengamos el poder legislativo, ejecutivo y judicial pero eso no es suficiente. Los ciudadanos tienen que moverse, impulsar plataformas de iniciativas civiles, promover la creación de asambleas democráticas en los municipios, en muchos municipios, participar en la toma de decisiones y publicar los resultados de sus decisiones. De esta forma, los ciudadanos optarían por otras vías totalmente distintas para regular el comercio internacional.


Eso parece difícil: no me imagino a Mariano Rajoy, que también habla de valores y de democracia, apoyando una democracia soberana como la que usted propone.
Con un buen libro no lo voy a convencer. El mejor libro no va convencer a ningún gobernante mientras los grupos de presión sigan siendo tan poderosos. Pero puedo convencerlo con un movimiento ciudadano fuerte, un movimiento popular que crezca poco a poco, de abajo a arriba. Cuantos más ciudadanos, municipios, regiones, comarcas e instituciones se involucren, mayor será la presión. Entonces Mariano Rajoy empezaría a escuchar. Pero para que eso ocurra, los ciudadanos tienen que involucrarse, tienen que querer ser libres.


¿Cree que los ciudadanos no quieren ser libres o es que no saben cómo hacerlo?


Ambas cosas. La ciudadanía no tiene la información suficiente porque se la están hurtando. Los economistas tienen mucha culpa de ello, porque nos dicen todos los días que el libre comercio es lo mejor que tenemos. El neoliberalismo se ha terminado por imponer en todos los campos, hasta en las cátedras universitarias. El CETA es un tratado de 1.598 páginas de coerción legal creado para proteger desmesuradamente los derechos de los inversores y de las multinacionales, pero nos lo venden como algo maravilloso. Eso es simple proteccionismo bajo la máscara del neoliberalismo. Pero hace falta un segundo requisito: la ciudadanía debe tener una voluntad hacia la libertad más fuerte que la tiene hoy. La voluntad de libertad de la ciudadanía aún hoy es demasiado tenue porque todavía sentimos en carne y hueso que la democracia no funciona por sí sola, sino que es fruto de un esfuerzo continuo. Hay que moverse, para que los políticos, por ejemplo, no hagan una cosa totalmente distinta a lo que han prometido.


¿Con un comercio ético habría más abundancia y menos austeridad?


Habría más abundancia emocional, ética, de valores inmateriales, abundancia de calidad de vida, de felicidad, pero no necesariamente consumiríamos la misma cantidad de cosas que estamos consumiendo ahora.


¿Debemos consumir menos?


Lo que tenemos que hacer es limitar la capacidad de compra ecológica de la humanidad. La Tierra nos brinda un regalo de recursos naturales gigantesco cada año. Y este regalo en forma de recursos naturales deberíamos repartirlo de forma equitativa entre los 8.000 millones de habitantes del planeta adjuntando a nuestra cuenta bancaria financiera una cuenta ecológica, en la que abonaríamos el presupuesto ecológico, lo que podemos consumir cada año. Todo el mundo recibiría el mismo derecho de consumo ecológico, independientemente de su capacidad de compra. ¿No dicen los liberales dicen que los derechos tienen que ser iguales para todos?


A los mercados eso no les gustaría


Hay que empezar por derribar el mito de que los mercados se autorregulan. Ese es un criterio que hay que tener en cuenta para que los mercados puedan funcionar. Las empresas podrían tratar de producir más de lo necesario, sí, pero no podrían vender porque no existiría la demanda ecológica. Eso es un diseño inteligente de los mercados.
Explíquese, por favor.


Permítame que me alargue un poco entonces. Los economistas clásicos creen en el mito de que los mercados se autorregulan y se estabilizan por sí solos. Pero eso ocurre en los ecosistemas, no en los mercados. Los mercados son reducciones sociales, construcciones culturales que implican relaciones de poder, y hay tres cosas que nunca lograrán por sí solos: nunca jamás lograrán balances comerciales equilibrados, nunca jamás disminuirán la desigualdad ni nunca jamás limitarán el consumo ecológico. La gran visión de la economía del bien común es completamente opuesta: para que la economía sea estable a largo plazo hay que limitar la desigualdad, equilibrar los balances comerciales y limitar el consumo de recursos naturales por parte de la humanidad. Los mercados son diseñados al 100% por los seres humanos, así que tendríamos que tener en cuenta estos factores a la hora de hacerlo para que sean más inteligentes y efectivos.


Usted en el fondo habla de derrotar al neoliberalismo imperante


Trabajamos para transformar el pensamiento económico y la economía práctica en su conjunto y no para poner parches. Requiere un gran esfuerzo, pero estamos en ello. Hace falta.


¿Es optimista al respecto?


Me imagino un escenario positivo. Soy optimista a largo plazo, aunque a corto plazo no tengo ni idea. Pero sí, soy optimista porque las buenas ideas, las ideas con autoridad natural, se terminan imponiendo a la larga. A corto plazo será más difícil porque los imperios que se basan en la violencia son más fuertes, aunque si no tienen una autoridad natural, tienen una fecha de caducidad, sólo que no sabemos cuándo ocurrirá eso. Y el escenario positivo es que cada vez más empresas eligen el balance del bien común, sobre todo en Europa.

 

14/02/2018 18:30 Actualizado: 15/02/2018 11:10

Publicado enInternacional
Miércoles, 31 Enero 2018 05:47

La democracia brasileña está en peligro

Lula todavía puede atravesar un largo camino judicial antes de conocer el destino de su posible candidatura.

 

Vivimos un tiempo de emociones fuertes. Para quienes –como yo y tantos otros– acompañamos en estos años las luchas e iniciativas en el sentido de consolidar y profundizar la democracia en Brasil y de contribuir a una sociedad más justa, menos racista y menos prejuiciosa, este no es un momento de júbilo. Para quienes –como yo y tantos otros– en las últimas décadas nos dedicamos a estudiar el sistema judicial brasileño y a promover una cultura de independencia democrática y de responsabilidad social entre los jueces y los jóvenes estudiantes de Derecho, este es un momento de gran frustración. Para quienes –como yo y tantos otros– estuvimos atentos a los objetivos de las fuerzas reaccionarias brasileñas y del imperialismo norteamericano en el sentido de volver a controlar los destinos del país –como siempre hicieron, aunque esta vez pensaban que las fuerzas populares y democráticas habían prevalecido sobre ellas–, éste es un momento de algún desaliento. Las emociones fuertes son preciosas si son parte de la razón caliente que nos impulsa a continuar; si la indignación, lejos de hacernos desistir, refuerza el inconformismo y alimenta la resistencia; si la rabia ante sueños injustamente destrozados no liquida la voluntad de soñar.

Este no es el lugar ni el momento para analizar los últimos quince años de la historia de Brasil. Me concentro en los últimos tiempos. La gran mayoría de los brasileños saludó el surgimiento de la operación Lava Jato como un instrumento que contribuiría a fortalecer la democracia por la vía de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, frente a las chocantes irregularidades procesales y la grosera selectividad de las investigaciones, pronto nos dimos cuenta de que no se trataba de eso sino de liquidar, por la vía judicial, tanto las conquistas sociales de la última década como las fuerzas políticas que las hicieron posibles. Sucede que las clases dominantes pierden frecuentemente en lucidez lo que ganan en arrogancia. La destitución de Dilma Rousseff, que tal vez fue la presidenta más honesta de la historia de Brasil, fue la señal de que la arrogancia era la otra cara de la casi desesperada impaciencia por liquidar el pasado reciente. Fue todo tan grotescamente obvio que, por un momento, los brasileños consiguieron apartar la cortina de humo del monopolio mediático. La señal más visible de su reacción fue el modo en que se entusiasmaron con la campaña por el derecho del ex presidente Lula da Silva a ser candidato en las elecciones de 2018, un entusiasmo que contagió incluso a aquellos que no lo votarían si fuese candidato. Se trató, pues, de un ejercicio de democracia de alta intensidad.

Sin embargo, tenemos que convenir que, desde la perspectiva de las fuerzas conservadoras y del imperialismo norteamericano, la victoria de este movimiento popular era algo inaceptable. Dada la popularidad de Lula Silva, era muy posible que ganara las elecciones en caso de ser candidato y eso significaría que el proceso de contrarreforma que se había iniciado con la destitución de Dilma Rousseff y la conducción política del Lava Jato habría sido en vano. Toda la inversión política, financiera y mediática habría sido desperdiciada, todas las ganancias económicas ya obtenidas estarían en peligro o perdidas. Desde el punto de vista de estas fuerzas, Lula no podía volver al gobierno. Si el Poder Judicial no hubiera cumplido su función, tal vez Lula fuera víctima de un accidente de aviación o algo similar. Pero la inversión imperial en el Poder Judicial (mucho mayor de lo que se puede imaginar), permitió que no se llegara a tales extremos.

La democracia brasileña está en peligro y sólo las fuerzas políticas de izquierda y de centroizquierda pueden salvarla. Para muchos quizá sea triste constatar que en este momento no es posible confiar en las fuerzas de derecha para colaborar en la defensa de la democracia. Pero esa es la verdad. No excluyo que haya grupos de derecha que sólo se reconozcan en los modos democráticos de luchar por el poder; pese a eso, no están dispuestos a colaborar genuinamente con las fuerzas de izquierda. ¿Por qué? Porque se ven como parte de una elite que siempre gobernó el país y que aún no se ha curado de la herida caótica que le infligieron los gobiernos lulistas, una herida profunda que proviene del hecho de que un grupo social extraño a la elite osó gobernar el país y, encima, cometió el grave error (y fue realmente grave) de querer gobernar como si fuese una elite.

En este momento, la supervivencia de la democracia brasileña está en manos de la izquierda y el centroizquierda. Sólo pueden tener éxito en esta exigente tarea si se unen. Las fuerzas de izquierda son diversas y la diversidad debe ser bienvenida. Además, una de ellas, el PT, sufre el desgaste de haber gobernado, un desgaste que fue omitido durante la campaña por el derecho de Lula a ser candidato. Pero a medida que entramos en el período post Lula (por más que cueste a muchos), el desgaste pasará factura y la mejor manera de enfrentarlo es democráticamente, a través de un retorno a las bases y de una discusión interna que lleve a cambios de fondo. Seguir evitando esta discusión bajo el pretexto del apoyo unitario a otro candidato es una invitación al desastre. El patrimonio simbólico e histórico de Lula salió intacto de las manos de los justicieros de Curitiba & Co. Es un patrimonio a preservar para el futuro. Sería un error desperdiciarlo, usándolo instrumentalmente para indicar nuevos candidatos. Una cosa es el candidato Lula; otra, muy diferente, son los candidatos de Lula. Lula se equivocó muchas veces y los nombramientos para el Supremo Tribunal Federal así lo están mostrando. La unidad de las fuerzas de izquierda debe ser pragmática, pero basada en principios y compromisos detallados. Pragmática, porque lo que está en juego es algo básico: la supervivencia de la democracia. Pero con principios y compromisos, porque el tiempo de los cheques en blanco le causó mucho mal al país en todos estos años. Sé que, para algunas fuerzas, la política de clase debe ser privilegiada, mientras que, para otras, las políticas de inclusión deben ser más amplias y diversas. La verdad es que la sociedad brasileña es una sociedad capitalista, racista y sexista. Y es extremadamente desigual y violenta. Entre 2012 y 2016 fueron asesinadas más personas en Brasil que en Siria (279 mil contra 256 mil), a pesar de que el país asiático estaba en guerra y Brasil, en “paz”. La izquierda que piensa que sólo existe la política de clase está equivocada, la que piensa que no hay política de clase está desarmada.

 

* Doctor en Sociología del Derecho; profesor de las universidades de Coimbra y Wisconsin-Madison.

 

Traducción: Javier Lorca.

 

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Martes, 23 Enero 2018 06:48

Falsos principios del neoliberalismo

Falsos principios del neoliberalismo

 

Reflexionamos hoy sobre algunas de las ideas fundamentales que el neoliberalismo nos ha imbuido en estas últimas décadas, hasta casi hacernos creer que “no hay alternativa” posible al mismo.

Una primera de éstas es aquella que establece la existencia de una línea recta, sin desvíos posibles, desde la privatización de los sectores económicos estratégicos de un país hasta los avances consiguientes, y sin límite, del modelo de desarrollo. Se nos repite machaconamente ese axioma, hasta considerarlo casi como ley natural e inmutable. Y en medio de esos dos extremos de la recta de evolución social y económica que supone este camino hay, por supuesto, algunas otras estaciones que nos llevan obligadamente de una a la siguiente. Así, el principio neoliberal completo podríamos resumirlo en una secuencia parecida a la siguiente, con pocos matices ya hablemos de Europa, de África, Asia o de América. La privatización de los sectores económicos estratégicos y de la vida de un país, provocará automáticamente la atracción de la inversión extranjera, con la consiguiente generación de puestos de trabajo, creando todo ello un aumento de la riqueza, que se traduce en una mejora de las condiciones de vida y de la lucha contra la pobreza y la disminución paulatina de ésta, provocando así un desarrollo ilimitado del país en cuestión.

El problema de este principio es que por mucho que se nos repita, éste no es más que eso, un postulado ideológico que la realidad se encarga permanentemente de desmentir. Con claridad absoluta si miramos a los países del llamado Sur; con claridad difusa, pero cada vez más nítida, si miramos a la mayoría de los países del llamado Norte. Así, el complementario principio del neoliberalismo, según el cual mediante esa regla la generación de riqueza en la cúspide de la pirámide social debe de alcanzar, digamos que por desborde (imaginemos una pirámide de copas de champan), a los niveles más bajos es una mentira absoluta y hoy evidente. La riqueza no fluye hacia la totalidad de la sociedad, sino que se acumula más y más en sus estratos ya enriquecidos, a costa de los demás, traduciéndose en un ensanchamiento de la brecha de la desigualdad que hoy ya ni las propias escuelas del neoliberalismo se atreven a negar. Por lo tanto, de la negación que pretendemos establecer del primer axioma neoliberal, habría que reconocer que el mismo si tiene una estación de ese camino como verdadera: la privatización de los sectores estratégicos y de la vida generan un aumento de la riqueza, pero ésta se queda en manos de la minoría, sin redistribución posible hacia las grandes mayorías y, sin producir por lo tanto ni disminución de la pobreza generada por ese mismo sistema, ni el pretendido desarrollo ilimitado.

Pasemos ahora a un segundo principio fundamental de este sistema dominante, que se ubicaría en el ámbito político. Así, aunque la proclama neoliberal sigue diciéndonos que la democracia es el sistema político ideal para la vida en sociedad, al igual que con los derechos humanos, comprobamos día a día que ésta es cada vez más discurso y menos ejercicio verdadero. De esta forma y a pesar de ser negado en todos los ámbitos, podemos afirmar como una realidad que va imponiéndose que el neoliberalismo, como modelo de ordenamiento y relacionamiento político y de la vida, hoy se asienta claramente en una deriva autoritaria.

Un rápido recorrido por algunos territorios del planeta nos permite ver que los golpes de estado llamados blandos han proliferado en los últimos tiempos en, por ejemplo, América Latina; todo ello para reencauzar y asentar firmemente las políticas neoliberales. Brasil, Honduras, Paraguay son evidencias de cómo el golpe de estado vuelve a ser el modelo para retomar el poder los sectores más extremos de la derecha neoliberal y, acto seguido, volver a la aplicación de este tipo de medidas que se traducen en reprivatizaciones de sectores estratégicos, recortes de derechos de todo tipo y empobrecimiento de las grandes mayorías. Pero esa deriva autoritaria se percibe claramente también en gobiernos aparentemente democráticos como los de Argentina, Chile o Colombia, donde las medidas de mayor control social o de recortes en derechos políticos y laborales son una constante para, por ejemplo, facilitar la entrada y explotación de recursos naturales (bienes comunes) por parte de las transnacionales y precarizar la vida de la población (despidos masivos, desaparición de subsidios, recortes de pensiones...).

Pero no nos equivoquemos. Esta situación no es una constante solo en América Latina y, por el contrario, de una u otra forma y con matices acordes a realidades diferenciadas, la deriva autoritaria se repite en muchos otros puntos del planeta. Estados Unidos abandera este proceso desde la aprobación de la conocida como Acta Patriótica a raíz de los atentados en 2001 que, entre otras, aumenta la discrecionalidad y poder de los cuerpos policiales y militares; deriva que hoy se agrava con las medidas que va implantando D. Trump contra la población emigrante de forma especial pero contra la práctica totalidad de sectores sociales. Así, cada día más y más sectores poblacionales en EE.UU. pierden su condición de titulares de derechos (población negra, latinoamericana, nativa, musulmana....), eliminando obstáculos posibles al dominio absoluto de las élites económicas y políticas.

Y si atravesamos el océano hacia esta otra orilla, los recortes civiles y políticos impuestos con la excusa de la crisis económica o de la seguridad antiterrorista en Europa hace que queden cada día más lejos los tiempos del estado del bienestar y, sobre todo, aquellos en los que este continente se presentaba como el campeón en la defensa de los derechos humanos. Evidentemente muchas se nos presentan (se nos venden) como medidas contra el terrorismo, pero poco tienen que ver con eso y mucho más con esa deriva autoritaria que señalamos. Ejemplos de esta tendencia serían la conocida como Ley Mordaza en el estado español o todo lo que hoy propicia el aumento de los postulados de la ultraderecha (Polonia, Hungría, Austria...). Así, a pesar de esa presentación de medidas para la protección de la población, los recortes en libertades suelen tener su verdadera, aunque oculta, razón de ser en evitar la respuesta social y política al libertinaje de las empresas y gobiernos ante todo el proceso de disminución de derechos que el sistema neoliberal va imponiendo. Imposiciones de las élites económicas que hoy son quienes realmente dictan la vida de nuestras sociedades, con el consentimiento subordinado de las élites políticas tradicionales en los distintos gobiernos, ya hablemos de Gasteiz, Madrid, París, Berlín o Bruselas.

Otro caso paradigmáticos de la deriva autoritaria, y posiblemente el más evidente fue el sojuzgamiento hasta el ahogo del gobierno y pueblo griego no respetando de ninguna forma aquello que éste último decidía en las urnas ante las medidas de ajustes y recortes de todo tipo que imponía la troika comunitaria.

Pero, más sibilina es la imposición que se hace desde determinadas esferas europeas de las políticas de ajuste estructural que hoy construyen una salida de esa crisis antes aludida en precario y con recortes brutales en derechos civiles, laborales y políticos. Por no hablar de lo poco democrático que para este sistema dominante, neoliberal y machista, resultan los índices de mujeres asesinadas o agredidas diariamente. Tampoco los datos de población emigrante ahogada en el mediterráneo o al otro lado de las vallas en las fronteras de esa Europa que un día se consideró la cuna de los derechos humanos y que hoy se encierra en una pretendida fortaleza inexpugnable.

En fin, como señalábamos al principio algunos principios neoliberales (desarrollo y democracia) son realmente difíciles de sustentar a poco que decidamos mirar a nuestro alrededor.

 

Este material fue compartido con autorización de Prensa Comunitaria

 

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A un año de la firma del Acuerdo final con las Farc y su implementación

Presentamos en este artículo algunas consideraciones sobre los límites, posibilidades y desafíos del proceso de paz a partir de su implementación en los 12 meses posteriores al Acuerdo Final de Paz firmado en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre del 2016, que sufrió modificaciones tras los resultados del plebiscito en el que salió victorioso el No. Este resultado acarreó consecuencias que están incidiendo de manera determinante en este campo de disputa.

 

Sin duda, uno de los temas más destacados de los últimos años es el proceso de paz con las insurgencias, particularmente con las Farc-Ep. Un asunto que ha estado de manera conflictiva en la agenda política nacional, puesto que las visiones sobre la paz se presentan contradictorias.

 

No es para menos, ya que en el escenario nacional están presentes visiones y proyectos contradictorios sobre este particular: 1) sectores del establecimiento que aún quieren llegar a la terminación del conflicto armado mediante la profundización de la guerra, pretendiendo alcanzar una derrota militar tras la cual las insurgencias queden sometidas a la justicia como organizaciones terroristas sin estatus político.

 

2) Contrario a éste sector, también existen en el establecimiento quienes quieren la paz “democrática”, concediendo un mínimo de legitimidad a la contraparte que permita una salida negociada pero sin conceder mayores prerrogativas, simplemente superando la confrontación armada sin tocar los aspectos de fondo que llevaron a que ésta se generara, se sostuviera y profundizara; al tiempo que así proceden, alcanzan dividendos en aspectos como minimizar las denuncias sobre el terrorismo de Estado, obteniendo beneficios para sus mandos militares y, sobre todo, alistan diversas áreas del territorio nacional para el aterrizaje de inversiones multinacionales, en temas de extractivismo agrario y minería, así como turismo.

 

Tanto unos como otros parten para su diseño estratégico de considerar que derrotaron a su contrario, de ahí que no le concedieran posibilidades de negociar asuntos estructurales del modelo económico y político vigente.

 

Hoy, luego de un año de firmado el acuerdo con las Farc-Ep, persisten las visiones contradictorias y la realidad de lo alcanzado en este proceso deja muchas inquietudes y cuestionamientos respecto del futuro de la paz completa, sostenible y duradera.

 

Las visiones optimistas

 

Hay quienes siguen observando con optimismo lo alcanzado en el proceso de paz, en primer lugar se desacata el hecho de que hace 10 años era imposible hablar de una solución política al conflicto armado, pues el discurso contrainsurgente y antiterrorista había calado muy hondo en la política nacional, acompañado de propaganda y acciones militares que debilitó la legitimidad de las insurgencias y su accionar político militar; aunque también hay que decirlo, el mismo accionar de las insurgencias llevó a ser inviable el proyecto revolucionario. Que hoy pueda hablarse de paz, de solución política al conflicto, de apertura “democrática”, de “política sin armas”, es definido como un primer gran logro de este proceso. Esta visión la comparten tanto sectores del establecimiento en el gobierno, como las mismas Farc-Ep.

 

A pesar de ello, subyacen algunos elementos que cuestionan este logro, puesto que persisten y con mucha fuerza, discursos que niegan la salida política negociada y sostienen la idea del sometimiento sin consideraciones políticas de las insurgencias. La victoria del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y la presencia en el Congreso de la República de contradictores del proceso de paz, deja por lo menos serías dudas sobre la generalidad y profundidad del discurso de la solución política negociada y la paz.

 

Sin embargo, el optimismo tiene asideros distintos, pues para el gobierno y sectores del establecimiento la solución política al conflicto armado tiene consecuencias distintas a las que puedan destacar parte de la insurgencia. Una primera consecuencia, según el optimismo gubernamental, es el hecho de que este proceso de paz trae consigo una mayor gobernabilidad con costos menores para su proyecto “modernizador” que busca atraer mayor inversión extranjera directa y seguridad jurídica para propietarios y empresarios que ven en la paz una oportunidad para ampliar y profundizar sus negocios. Así lo afirmó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde: “la paz será decisiva para el crecimiento del país porque traerá más desarrollo con la confianza internacional”*. Esta afirmación ha sido respaldada en innumerables discursos del presidente Juan Manuel Santos y sus ministros.

 

Otra de las razones que sostiene el discurso optimista es lo que tiene que ver con las cifras de la guerra. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el proceso de paz redujo las cifras de muerte con ocasión del conflicto. El acuerdo de paz evitó la muerte de 2.796 militares, policías y guerrilleros en diez meses (entre el 29 de agosto del 2016 y el 27 de junio del 2017). Sin duda, estas cifras dan razones para mantener el optimismo, pues para nada son despreciables las vidas salvadas como consecuencia del cese al fuego.

 

Avanzar en modificaciones institucionales que abran escenarios de participación política para la insurgencia y las víctimas del conflicto es otro de los aspectos que destacan los optimistas, pues pasar de una confrontación política con armas a una sin ellas, es sin duda un paso importante en el proceso de democratización de la política nacional, en la que se ha perpetuado un régimen excluyente, clientelista y criminal.

 

Visiones pesimistas

 

El cambio en el discurso de la lucha contrainsurgente y antiterrorista al de la solución política al conflicto y la paz, es matizado por los pesimistas que observan en este viraje una trampa respecto de los contenidos de ésta, pues la paz gubernamental no es otra cosa que el fin de la lucha insurgente y, en consecuencia, de sus aspiraciones de cambios revolucionarios del régimen político y económico, puesto que la paz no es más que el silenciamiento de los fusiles y la muerte y la represión por otros medios. No es una paz fruto de cambios profundos en la realidad nacional, y no se acerca siquiera a la aspiración de una paz con justicia social que supere las causas que originaron el conflicto.

 

De otra parte, se pone en duda que este discurso de la solución política y la paz sea lo suficientemente general y profundo como para modificar la orientación de la política nacional, pues como ya lo hemos dicho, persisten con mucha fuerza, discursos que sostienen que este proceso es la entrega del país a las Farc-Ep, tal y como lo afirma el expresidente Uribe, su partido y un amplio espectro de la derecha, y persisten en la idea del sometimiento sin consideraciones políticas de las insurgencias. Su victoria del No en el plebiscito y su presencia en el Congreso de la República ha logrado poner en aprietos la legitimidad de los acuerdos y la implementación normativa, incluso ha logrado que se modifique lo acordado y que se excedan las modificaciones legales limitando e incluso contradiciendo su contenido.

 

Las razones de los pesimistas se sustentan entre otros, en el hecho de que tras la victoria del No se permitió que el Gobierno y el Congreso de la República introdujeran modificaciones a las normas que implementan los acuerdos como, por ejemplo, las relacionadas con el punto 1 de Reforma Rural Integral, con lo cual dan vía libre para permitir “formalizar la propiedad de grandes extensiones de tierra que han sido apropiadas ilegalmente, por medio del despojo y el desplazamiento forzado, por vía de adjudicación de predios baldíos a personas naturales o jurídicas, que puedan solventar los costos del proceso de regulación de los derechos de propiedad” (Cacep, 2017), lo que perpetúa la desigualdad en el acceso a la propiedad rural por parte de campesinos (comunidades rurales) que no tienen tierra o han logrado un mínimo de ésta.

 

Lo que de por si era un acuerdo tímido respecto de los conflictos por la tierra, en el que se pretende crear un Fondo de Tierras de 3 millones de hectáreas y la formalización masiva de la Propiedad Rural de 7 millones de hectáreas, durante los próximos 12 años. Con la expedición del decreto 902/2017 se permite que “estas tierras cuya destinación ha sido pensada para sujetos sin tierras o con tierra insuficiente, a través de la función social de la propiedad, ahora hagan parte de la oferta de tierras disponibles para personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria, puedan tener acceso y eventual propiedad sobre tales bienes a través de figuras jurídicas como la de “derechos de uso” y la adjudicación para el desarrollo de proyectos denominados de utilidad pública e interés social (como las empresas mineras o petroleras) (Cacep, 2017).

 

Por su parte, lo que respecta a la inversión extrajera directa y el “desarrollo”del país genera muchas dudas e interrogantes a los pesimistas, pues esta fórmula de desarrollo es más de lo mismo, es la perpetuación de las locomotoras minera, infraestructura, agroindustria que hoy, luego de varios años de estar en marcha, no ha dejado más que pasivos ambientales y sociales que acarrean costos de mediano y largo plazo para el país, especialmente, para aquellas regiones afectadas por proyectos extractivos que no han garantizado el tal anhelado progreso sino, y por el contrario, han modificado negativamente la vida de sus pobladores. Así lo ha demostrado la investigación de la Contraloría General de la Nación sobre minería en Colombia, en la que se observa como los ingresos de regalías o ingresos a la nación por las concesiones, son inferiores a las exenciones de impuestos y a los pasivos sociales y ambientales que traen consigo estos proyectos (CGR, 2013).

 

Un ejemplo de la sujeción a la matriz desarrollista en el proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz, es la expedición del Decreto Ley 883 de 2017 que permite que empresas mineras, portuarias y de hidrocarburos puedan ser exoneradas de impuestos a través de la financiación de obras de infraestructura. Esta norma somete a los intereses de estos sectores empresariales a las comunidades y los territorios, incluidos aquellos en los que se implementarán los “Programas con Enfoque de Desarrollo Territorial Pdet”, porque de ellos depende que lleguen recursos para mejorar la infraestructura precaria, que deberían estar a cargo de Estado.

 

De otra parte, la disminución de muertes con ocasión del conflicto armado, que se presenta como razón para el optimismo, se ve empañada por el asesinato de líderes y lideresas sociales que en el último año (2017) asciende a 170 (Indepaz). Según cifras de la defensoría del pueblo, son 207 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre 2016 y 2017. Las muertes de combatientes (de todas las fuerzas) disminuyeron, las de civiles no parece descender. El conflicto social con consecuencias mortales ha tomado el lugar de la confrontación armada.

 

En lo que respecta al argumento de “apertura democrática”, es claro se ha visto empañada por la acción del Congreso que ha puesto el palo en la rueda a la posibilidad de que las víctimas de territorios afectados por el conflicto armado accedan a la representación en el legislativo, pues el acuerdo de crear las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, se está ahogando en un conflicto jurídico de claro tinte político, sobre la definición de mayorías en el congreso.

 

Paz y vida cotidiana

 

Lo que observamos hasta el momento, sin pretensiones exhaustivas, deja por lo menos dudas sobre el rumbo de la paz; dudas exacerbadas por otros elementos del contexto que son determinantes para su sostenibilidad y duración.

 

Hoy atravesamos por un periodo electoral en el que las diferentes visiones sobre la paz se van a enfrentar, en el que la maquinaria política sigue bien aceitada, y en el que seguramente ganará la inercia del régimen político que no logró transformarse en un corto periodo de negociación e implementación.
Tampoco podemos perder de vista que aún se encuentra en proceso de diálogo la agenda con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) que puede ser determinante en el pretendido cierre de un ciclo de guerra insurgente; como tampoco podemos perder de vista la persistencia del paramilitarismo y el narcotráfico que continúan disputando territorios, negocios y poblaciones.

 

De otra parte, hay que decirlo, no se ve con claridad cómo este proceso de paz va a impactar de manera positiva y en el corto plazo las vidas de millones de personas para quienes la paz no es el centro de sus angustias cotidianas; millones de habitantes de sectores populares urbanos para quienes la guerra se libra día a día a través de su lucha por lograr un mendrugo de pan, un techo donde dormir, un trabajo con el cual sobrevivir.

 

Algunos dicen que no es posible transformar la realidad de un conflicto profundo de más de medio siglo en escasos 12 meses, pero hay un dicho popular que nos pone a pensar, “Desde el desayuno se sabe lo que va a ser la comida’’. Obviamente, la realidad no es estática y la historia no puede leerse de manera determinista, pero el desayuno que nos hemos tenido que comer en estos meses de concreción de los Acuerdos de Paz seguramente nos traerá una que otra indigestión.

 

* http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/inversion-extranjera-subira-en-colombia-tras-firma-de-la-paz-EE5060446

Publicado enEdición Nº242
La reelección indefinida, una traición a la democracia

 

 

“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía”.


Simón Bolívar

Congreso de Angustura, 1819

 

En una sociedad que aspire a respetar el poder popular, las consultas al pueblo frente a temas cruciales son lo menos que se debe esperar y exigir. Bajo este principio podemos analizar la consulta propuesta por el presidente Lenín Moreno. Una consulta que requiere de reflexiones profundas antes de responderse pues posee varias tonalidades:

- preguntas tibias, como las relativas a la minería o al Yasuní (que casi en nada resuelven los problemas planteados, pero podrían asumirse como primeros pasos para profundizar el debate sobre los extractivismos);

- preguntas de apoyo rotundo, como la sanción a corruptos y violadores (aunque siempre cuestionándonos por qué no se instrumentan tales sanciones directamente, sin necesidad de consulta);

- preguntas polémicas, como la pregunta sobre la ley de plusvalía (¿es saludable eliminar una ley que grava impuestos a la especulación de tierras en vez de mejorarla?, definitivamente no es saludable);

- y preguntas políticamente cruciales, como las preguntas sobre la reelección indefinida y el cambio en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (quizá aquellas que recogen la verdadera razón de ser de la consulta); preguntas tan cruciales, que no basta con votarlas “SI”, sino que exigen una inmediata presión social para evitar que -luego de la consulta- se reedite la concentración de poder alcanzada por el correísmo.

Al ver estos temas se nota que en la consulta faltó la voluntad política para preguntar otras cuestiones de fondo, e incluso derribar todas las enmiendas constitucionales de diciembre de 2015 así como las reformas realizadas en 2011; muchos de esos cambios cargados de inconstitucionalidades. Entre las enmiendas hechas en 2015 que deberían cuestionarse -por temas logísticos se lo pudo haber hecho en una sola pregunta que las derrumbe todas de golpe- podemos recordar a: las FFAA como guardia pretoriana para reprimir; la comunicación como servicio público y no como derecho; la restricción de derechos laborales en el sector público; la disminución de funciones de la Contraloría; retroceso del derecho ciudadano y de los gobiernos autónomos descentralizados para convocar a consultas populares; reducción de competencias a dichos gobiernos autónomos...

A más de tener contenidos limitados, claramente la consulta es un intento del gobierno de Lenín Moreno para consolidarse. Sin embargo, en el caso de ganar el “SI”, dicho resultado no puede entenderse como un cheque en blanco para Moreno. Todo lo contrario: apenas se conozca el resultado de la consulta es crucial exigir desde la lucha popular una reconfiguración del poder político hacia formas más democráticas, no hacia formas más concentradoras. No podemos pasar del “correísmo” al “morenismo” ni podemos cerrar los ojos ante las fallas que el mismo gobierno de Moreno muestra en temas vitales como la economía (otro campo que tocará disputarse desde la organización popular). Tal presión social deberá hacerse presente incluso en el caso -poco probable- de que gane el “NO”...

De todas formas, cabe admitir -más allá del contenido- que la consulta es una oportunidad para que el pueblo recupere su involucramiento en la discusión y aprobación de decisiones nacionales. Así, la consulta puede ser un ejercicio importante de pedagogía política, pues no se trata solo de aprobar algunas reformas legales y constitucionales, sino de hacerlo en democracia (práctica que se fue perdiendo, sobre todo en los últimos años del correísmo). Pero a más de brindar un espacio de disputa democrática, la consulta crea la oportunidad de recuperar un elemento básico de una democracia vigorosa y radical (aspiración que dio vida a la propia Constitución de Montecristi): la alternabilidad en el manejo del poder político[3].

En efecto, la consulta es la oportunidad para derribar una norma aprobada con dedicatoria: la reelección indefinida impuesta inconstitucionalmente -y a espaldas del pueblo- por el correísmo. Dichas enmiendas se impusieron en diciembre de 2015 para beneficiar a un Rafael Correa que, apenas un par de años atrás (20 de enero de 2014) admitía que “es un gran daño que una persona sea tan indispensable, que haya que cambiar la Constitución para afectar las reglas de juego”, al tiempo que descartaba impulsar una reforma constitucional para introducir la reelección indefinida. Y no solo que impulsó la reforma, sino que el propio correísmo incorporó una transitoria disponiendo que la reelección indefinida aplique luego de las elecciones de 2017 pues Correa tenía claro que no iba a vencer: una total manipulación de la democracia en función de los caprichos de un caudillo...

Justo para evitar eso, en Montecristi se planteó con fuerza eliminar la reelección indefinida para todas las dignidades de elección popular. Eso se estableció expresamente en el artículo 114, y en el 144 para los presidentes y vicepresidentes de la República. Esta norma se extendió a partidos políticos (artículo 108), consejos de igualdad ciudadana (artículo 157), e inclusive a toda organización colectiva (artículo 96). La Asamblea fue muy clara, por ejemplo, al establecer la alternabilidad hasta en las organizaciones sociales: “Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas” (artículo 96). Queda claro, entonces, que la Asamblea Constituyente apuntó a la no reelección indefinida, la cual en el año 2007 era absurda para el propio Correa (hasta enero de 2014, como ya anotamos), así como para varios asambleístas que solo apoyaban la reelección “por una ocasión” (como Virgilio Hernández, actual defensor de la reelección indefinida en favor de Correa).

En Montecristi se prohibió la segunda reelección inmediata para evitar que un presidente en funciones use el poder del Estado para intentar perennizarse. Por cierto, de plano no se debe confundir la reelección indefinida en un sistema presidencialista -como el ecuatoriano- con sistemas parlamentarios -como en Europa, por ejemplo- pues, en los presidencialismos el ya de por sí alto poder adjudicado al ejecutivo termina desbordándose y deriva en hiper-presidencialismo. De hecho, si algo hemos aprendido estos diez años es que un sistema presidencialista exacerbado no compagina con una democracia participativa. En consecuencia, prohibir la reelección es un límite necesario.

Tal situación es clara en el caso ecuatoriano, en donde la reelección indefinida permite que se amplíe aún más la elevada influencia que ya de por sí tiene el ejecutivo sobre la nominación de órganos de control y de órganos autónomos. Por ejemplo, el ejecutivo nomina a miembros de la Corte Constitucional (Art. 434 de la Constitución de Montecristi), y tiene delegados en el Consejo de la Judicatura (Art. 179), una elevada capacidad de influencia que también debería cuestionarse.

Este problema, en la situación actual del país, se traduce en la necesidad crucial de desmontar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nombrado a gusto del caudillo del siglo XXI: Rafael Correa. Por ello, a pesar de los posibles cuestionamientos constitucionales a esta pregunta y del enorme poder que se le concedería al ejecutivo “morenista” votando “SI” en este tema, es necesario hacerlo para superar al Consejo correísta. Pero luego del 4 de febrero -de ganar el “SI”- habrá que organizar una enorme presión social para que el gobierno de Lenín Moreno no siga la senda de su antecesor. Incluso, si es necesario, se tendrá que salir a las calles para exigir que el Consejo de transición no sea una mera reedición de una instancia controlada por un nuevo mandamás.

A su vez, la reelección por un solo período intentó limitar el poder que la sociedad adjudica a un individuo, sea este un presidente, alcalde, prefecto, etc. Dicho límite impide, además, que una mayoría auto sostenida en el poder se atribuya la vocería excluyente y exclusiva del pueblo. Recordemos que el poder es capaz de hacer pasar la razón del poderoso como la única razón posible, aniquilando al pluralismo y a la diversidad que nacen de la alternabilidad. En una sociedad que aspire realmente a la democracia, es inaceptable que se imponga una sola tendencia o programa político, lo cual es más que posible si un gobernante con elevado poder sobre el Estado es reelegido indefinidamente. Eliminar la garantía de alternabilidad rompe un tope individual a quien ostenta el poder, atentando casi de muerte al pluralismo político.

En efecto, la reelección indefinida impide que surjan los espacios necesarios para consolidar un Estado que aspire a ser democrático, intercultural, plurinacional (Art. 1 de la Constitución de Montecristi) y que intente garantizar la participación en igualdad, la deliberación pública, promoviendo la diferencia (Art. 95), las diversas opciones ideológicas y políticas, aspectos necesarios al manejar los asuntos públicos en diversidad.

Por otro lado, la reelección afecta el principio de igualdad y no discriminación. Si se permite la reelección de quien ya ejerce el poder político, no existe igualdad de condiciones entre quienes disputan dicho poder. Ya lo experimentamos con Rafael Correa cuando él -en contubernio con el Consejo Nacional Electoral- aprovechó y abusó de los recursos públicos en sus campañas electorales, incluyendo espacios en medios de comunicación y todo el aparato estatal; mientras otros candidatos simplemente no tenían recursos para hacer campaña. De todas formas, tampoco debemos olvidar que el problema del uso de recursos para la disputa del poder político es inherente a las democracias representativas modernas -donde el dinero ha reemplazado al balcón-, de modo que en el largo plazo urge pensar en reconstruir la idea misma de representación y hasta de democracia desde las bases comunitarias de la sociedad.

Además, al no prohibir la reelección indefinida se afecta los derechos de las minorías y de la oposición, incluso las posibilidades de los potenciales candidatos de la misma tendencia política del ejecutor del poder. La democracia no es viable sin alternancia, lo cual no implica limitar la posibilidad de que una organización política continúe la obra realizada por su predecesora, siempre y cuando se sustente sobre bases sólidas y democráticas, en donde los caudillos sean inadmisibles.

Ahora, hay quienes audazmente podrían preguntar ¿y por qué no dejar que las personas elijan cuantas veces deseen a cualquier persona?, ¿quitar esa posibilidad no limita los derechos del pueblo? Aunque podría parecer válida la pregunta, no lo es. Debemos dejar de ver al poder político, al poder económico y al poder en general como un mero instrumento neutral que la sociedad amigablemente adjudica a una u otra persona para que ésta emprenda cambios sociales. Las dinámicas del poder son complejas, y tienen el potencial de manipular, inducir, forzar y engañar al pueblo -con prácticas capaces de corromper hasta al espíritu más fuerte- a fin de ampliarse a sí mismas, pues el poder solo sobrevive concentrando más poder. Por ello, si no usamos todos los mecanismos e instituciones a nuestro alcance para limitar a esa “voluntad del poder”, la misma puede rebasarnos y carcomer cualquier intento de democracia...

La historia enseña que, si una persona ejerce el poder sin límites temporales, tiende a concentrarlo. Toda concentración de poder implica corrupción, tiranía, opresión, implica la destrucción misma de la democracia. La reelección indefinida rompe el límite temporal del poder, ampliando sus posibilidades de injerir en otros poderes, limitando las libertades y obstaculizando el grado de especialización institucional que los diversos órganos podrían alcanzar en el ejercicio de sus funciones. En suma, la concentración de poder afecta la esencia de la democracia y abre la puerta a la infamia y a la corrupción galopante, como lo hemos vivido en el correísmo.

Por ello, los límites temporales al ejercicio del poder son vitales. No tener límites en el tiempo significa promover el autoritarismo y corroer la democracia. Es más, hasta los derechos políticos y de propiedad, sin restricciones, generan concentración de poder. Tales derechos son -y deben ser- intrínsecamente limitables, más aún en sociedades basadas en la desigualdad. Sin límites los derechos políticos generan despotismo, así como los derechos de propiedad llevan al monopolio. Ambos excluyen a otras personas que -al menos en el papel- deberían tener iguales derechos.

Al existir una regla social previa que limite al ejercicio del poder -como la no reelección indefinida- la propia persona ejecutora de ese poder limitará sus expectativas. Esto constituye un mecanismo de control con el cual el sujeto político está obligado de atenerse al tiempo señalado, de propiciar la sucesión e incluso de aceptar el inmediato escrutinio público de sus actos. Por lo mismo, la pregunta sobre la no-reelección indefinida necesita votarse con un “SI” sin dubitaciones.

En definitiva, la reelección indefinida lleva a que el ejecutor del poder se crea eterno, casi inmortal. En cambio, la no-reelección es un pequeño intento de recordarle a dicho “ejecutor” que, más allá de cualquier apariencia o título majestuoso, es un simple e insignificante mortal, como cualquiera de nosotros. Por tanto, la no-reelección no implica restringir derechos políticos -ni al pueblo ni a una persona- sino más bien implica una ampliación crucial: brinda un mayor derecho a ser libres y conscientes de nosotros mismos, al recordarnos que no somos eternos sino simplemente humanos...

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[1] Economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la República del Ecuador.

[2] Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador y de la Escuela Politécnica Nacional.

[3] Basta recordar el Plan de Gobierno de Alianza País (2006) en donde categóricamente, es su página 10, se planteó la necesidad de dar paso a “nuestros propios procesos de organización y diseñar nuestros propios programas de vida sin atenernos a mensajes y normas emanadas de alguien que pretender asumir el papel de un iluminado; no creemos en liderazgos individuales que conduzcan a la constitución de estructuras verticales y caudillescas, sino en liderazgos colectivos sustentados en la autocrítica, en la toma colectiva de decisiones, en el respeto a otras opiniones y en la humildad”.

 

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Jueves, 11 Enero 2018 17:01

La emocracia global y otros escritos

La emocracia global y otros escritos

Esta selección de escritos publicada por Ediciones Desde abajo es el resultado del trabajo constante y de varios años Carlos Fajardo Fajardo. Lo primero que llama la atención es la multidimensionalidad de la voz del poeta. Carlos Fajardo Fajardo es en primera dimensión un poeta con registros significativos y un lenguaje ya consolidado. Pero el poeta se desdobla en historiador; en ensayista, en esteta, en lúcido escalpelo de la cultura y el arte, y en crítico de la política, cuando no de periodista mordaz de la vida nacional y la universidad colombiana.

Los ensayos sobre las nuevas sensibilidades, sobre el arte en la cultura globalizada y en el mundo de lo efímero, son trabajos adelantados con el rigor del historiador, con la escritura del artista y con una sensibilidad de lo actual, que si bien aborda la banalización del arte, su mercantilización, su conversión en performance de lo qeu no mira el futuro y se sabe temporalmente derrotado, no deja en su indignaciòn de encontrar los nuevos aportes y de revalorarlos.

Este libro es de obligada lectura para todos los que respiran buscando los aires d eun mundo mejor, de un arte y una poesía que nos humanicen. Las lecciones que brinda rutilan en nuestra memoria con las huellas de lo imperecedero.

 

Gustavo Adolfo Quesada Vanegas.