Estados Unidos cerrará su frontera sur si México no frena la caravana, amenaza Trump

Nueva York. Para el comandante en jefe de Estados Unidos, una caravana de familias y sus niños son una amenaza a la seguridad nacional que amerita una respuesta militar y el cierre de fronteras.

El presidente Donald Trump exigió hoy que México detenga la caravana de aproximadamente 4 mil personas que se traslada de Honduras y Guatemala hacia México con el propósito de llegar a Estados Unidos, y amenazó que si eso no sucede, enviará tropas a la frontera para cerrar la línea divisoria con su vecino del sur.

En una serie de tuits publicados la ayer por la mañana, Trump acusó a los países centroamericanos y a los legisladores demócratas, al seguir utilizando el tema de la caravana con fines electorales.

"Estoy observando el asalto encabezado por el Partido Demócrata (porque desean fronteras abiertas y las leyes débiles existentes) sobre nuestro país por Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos líderes están haciendo poco para frenar este gran flujo de gente, incluidos muchos criminales, de ingresar por México hacia Estados Unidos."

En otro tuit, amenazó: "Además de suspender todo pago a estos países, que parecen tener casi ningún control sobre sus poblaciones, debo, en los términos más firmes, solicitar a México frenar esta arremetida, y si es incapaz de hacerlo, yo llamaré a los militares de EU ¡y cerraré nuestra frontera sureña!"

Concluyó con un tercer tuit: "El asalto sobre nuestro país en nuestra frontera sureña, incluyendo a los elementos criminales y las drogas que se vierten ahí, es mucho más importante para mí, como presidente, que el comercio o el Usmca (Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá). Espero que México frene esta arremetida en su frontera norteña. ¡Es todo culpa de los demócratas por leyes débiles!"

Mientras tanto, este viernes Donald Trump enviará a México al secretario de Estado, Mike Pompeo, para que se reúna con el presidente Enrique Peña Nieto, el canciller Luis Videgaray y el próximo titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, donde el tema de la caravana será "prominente", de acuerdo con altos funcionarios del Departamento de Estado.

El tema del incremento en el flujo de familias inmigrantes en la frontera, incluyendo la caravana de centroamericanos, aparentemente provocó un intenso intercambio a gritos la tarde de ayer en la Casa Blanca entre el jefe de gabinete, John Kelly, y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, Bolton favorece una línea más dura contra los migrantes y criticó a la secretaria de Seguridad Interna, Kirsjten Nielsen (quien fue la segunda de Kelly cuando él encabezaba esa secretaría), y Trump supuestamente se puso del lado de Bolton, generando más especulación sobre el futuro de Kelly.

El tema ha obsesionado a Trump, quien ha dicho que está contemplando separar a niños de sus padres otra vez.

Videgaray dialoga con António Guterres

Por su parte, el gobierno de México solicitó este jueves la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), con la finalidad de que le brinde apoyo en la atención de solicitudes de refugio en la frontera sur.

El canciller Luis Videgaray abordó el tema en la reunión que sostuvo con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, la tarde de ayer, y declaró a los periodistas, poco después, que la finalidad de esta ayuda es para garantizar la "transparencia" y promover una solución "humanitaria" al problema de los migrantes con el concurso de la comunidad internacional.

Al preguntarle sobre las declaraciones y las amenazas de Trump, Videgaray las minimizó. "Hay que entender el momento político en que se encuentra Estados Unidos y poner en este contexto las declaraciones del presidente Trump", dijo en referencia a las elecciones intermedias que se celebrarán en este país dentro de tres semanas.

“No creo que debamos darles más peso… México ya tiene mucha experiencia en entender declaraciones de este tipo por parte del presidente Trump y nosotros no hacemos negociaciones… diplomacia… a través de Twitter. A nosotros lo que nos interesa es que quienes se acercan a nuestra frontera tengan el trato que deberían tener bajo el derecho mexicano y el derecho internacional, sobre todo un trato humanitario. Por eso estamos aquí, en la ONU.”

Señaló que este viernes recibirán a Pompeo y aseguró que "la relación con Estados Unidos es mucho más grande que un hecho aislado como es esta caravana".

Subrayó que ésta "es muy importante para los que vienen en la caravana, que literalmente están arriesgando sus vidas por un futuro mejor", pero la relación bilateral es de "una dimensión sin paralelo" en el mundo "y por ello un solo hecho como éste no puede ser el centro o el eje que determine el futuro de la relación".

El mensaje antimigrante de Trump ha logrado que el tema se ubique entre los más importantes para los votantes republicanos, de acuerdo con las encuestas. En las semanas previas a las elecciones intermedias del 6 de noviembre –cuando está en juego el control republicano de ambas cámaras del Congreso–, los inmigrantes como amenaza forman parte de la propaganda de las campañas de los candidatos republicanos en todo el país.

La CNN calculó que candidatos y comités partidarios han gastado más de 150 millones de dólares en mensajes de televisión relacionados con la migración (más de cinco veces el total de las elecciones intermedias de 2014).

Al cierre de esta edición, Donald Trump agradeció el envío de fuerzas de seguridad a la frontera con Guatemala: "Gracias México, ¡esperamos trabajar con ustedes!", escribió en un tuit al referirse a un video compartido por Karla Zabs, una usuaria de Twitter que comentó: "Dos aviones llenos con equipo antimotines aterrizaron cerca de la frontera entre México y Guatemala esta mañana" (fuente del video: Policía Federal de México).

Para mayor información: https://www.jornada.com.mx/sin-fronteras

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Sábado, 18 Agosto 2018 07:36

Elizabeth

Elizabeth

Se llamaba Elizabeth y tenía mucho por delante. Ya era madre. No hace falta indagar demasiado en las condiciones en las que vivía cuando una se entera que el aborto fue practicado con el tallo de un perejil. Así son muchos, muchísimos de los abortos que todavía se practican en la clandestinidad y a los que recurren mujeres rodeadas de una nube de la desesperación. Con perejil, con cucharitas de trago largo, con perchas de alambre desarmadas. Hay miles de mujeres que ni siquiera llegan al consultorio del médico abortero, muchísimas menos al acceso de prácticas abortivas con pastillas a las que podrían acceder. Están en otro tiempo, y por eso no acceden. Están detenidas, en el doble sentido invisible de esa palabra.


Están detenidas en el tiempo, y mueren como han muerto mujeres hace décadas y en siglos pasados, porque este mundo no sólo está dividido en clases, sino que a cada clase le corresponde una fase del tiempo histórico. Y están detenidas porque a pesar de que muchas de ellas viven en pretendidas democracias, son prisioneras del tiempo al que fueron confinadas por el patriarcado y el capitalismo, que hoy copulan en una nueva versión de obscenidad. Muchas mujeres y hombres en el mundo, en esos países de los que vienen los migrantes, huyen del pasado que se les hizo carne, esclavitud, abuso, tortura, persecución, pérdida, desorientación. La precarización de la vida es una manera de decir que esas personas han quedado detenidas en un tiempo en el que la idea de “seguridad” ni las comprende ni las alcanza. Han sido excluidas también de eso.


Elizabeth era una más de lxs condenadxs. Como ella hubo millones que nadie vio y nadie recuerda. La muerte de Elizabeth sólo cobra su dimensión porque hoy se rompió el velo y podemos ver una escena insoportable. Pero cuando se abre el punto de mira es este mundo así como es y así como va el que no se puede soportar. Con las enormes mayorías de las poblaciones detenidas en el tiempo, consideradas sobrantes de la especie, mano de obra sin alma, masa informe y sin nombre que debe seguir aplastada en Africa o en el subsuelo de una mansión británica. Arriba o en el norte, abajo o en el sur, el cinco por ciento de quienes están vivos están absolutamente convencidos de que son ellos los únicos que tienen derecho a todo, y que es de débil y estúpido preocuparse por el otro. La dominación se exacerba, hoy, y se lleva a cabo confinando a cada sector en una franja diferente de tiempo. Porque ellos no sólo gobiernan los países, dirigen las iglesias, son miembros de organismos internacionales. Ellos se apoderaron de la llave del presente.


Millones de seres humanos hoy viven en condiciones que podrían ser las de dos o tres siglos atrás. Mientras en el presente, que es el tiempo en el que gira el mundo, en el que se escriben y leen los diarios, que se ve televisión, que todo se vuelve robótico y sobretecnologizado, el tiempo en el que la medicina y la hotelería y la gastronomía y la publicidad y el espectáculo exaltan la velocidad y la compra del último modelo de cualquier cosa, millones de seres humanos, muchísimos más que los que tienen acceso al presente, deslizan sus vidas por un tiempo ido del que nunca pudieron despegarse o al que llegaron por descenso social. Sin cloacas, sin electricidad, sin educación, sin cena, sin desayuno, sin intimidad, sin seguridad, sin dientes.


En este sentido, la lucha por el aborto legal para no morir es un impulso extraordinario por tirar entre millones de personas de la soga para sacar a otros millones de personas del pasado. La reacción, los reaccionarios, ya llegan y se instalan. Con los provida ha llegado un nuevo tipo de violencia que puede volverse compleja y ante el que hay que estar alertas. Porque la inercia del poder siempre ha sido manipular y disciplinar para mantenerse en la captura del presente, y prometer cualquier cosa para el futuro, siempre para más adelante, siempre otro semestre, otra década. La dominación, así, es la manipulación del tiempo: detienen a millones en el pasado y les prometen cosas para el futuro. Mientras tanto, en el presente, que es lo único real, ellos se quedan con todo. El peronismo les resulta repulsivo porque precisamente una de sus premisas es darles dignidad ya, ahora, y permitirles el ingreso no sólo a un sistema sino al tiempo que comparten con el resto de la sociedad.


Nosotros tenemos esta vida que Elizabeth ya no tiene porque no pudo llegar al presente y como tantas, recurrió a lo que pudo, a “lo que le correspondía”. Nosotros tenemos esta vida y nada más. Si nos quitan el presente nos quitan todo, como les han quitado todo, desde el principio de los tiempos, a los que finalmente creyeron que así eran las cosas. El coloniaje, el vasallaje, la esclavitud, la supremacía racial o de género. No. Las cosas no son así. Las cosas fueron hechas, talladas, construidas así por los que se quedaron con el presente.


Las cosas no son así. Los abortos en el presente no se hacen con perejil. Mueren las que han quedado detenidas, doblemente detenidas en el tiempo ya ido y en la imposibilidad de decidir sobre sus cuerpos. Nunca cuando hay una muerte evitable las cosas son así. En este caso, las cosas podrían ser diferentes si por ejemplo hubiera menos hipócritas y cínicos dedicados a la política y ocupando bancas en el Senado.

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Viernes, 15 Junio 2018 06:46

Bajo el asedio neoliberal

Bajo el asedio neoliberal

“La idea de que el único valor del conocimiento es el valor de mercado es lo que va a matar a la universidad. Una universidad que es ‘sustentable’ porque se financia a sí misma es una universidad insustentable como bien común, porque se ha transformado en una empresa”, advirtió el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, en una de las exposiciones centrales de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES 2018), que concluye hoy en Córdoba. Doctor en Sociología del Derecho, profesor de las universidades de Coimbra y de Wisconsin-Madison, De Sousa Santos es –como él mismo se define– “un activista de la universidad” y le ha dedicado al tema ya varios textos, el primero a mediados de los 90, el último publicado este año.


“Si los estudiantes de 1918 estuvieran hoy acá –comenzó–, si nosotros fuéramos esos estudiantes, ¿cuáles serían las reformas necesarias?” En un cautivante castellano de cadencia portuguesa, De Sousa Santos trazó inicialmente un paralelo con el Mayo Francés, precisó los logros reformistas (ver aparte) y caracterizó al presente como una época plena de peligros para la universidad pública: “Estamos pasando un ciclo global conservador y reaccionario, controlado por el neoliberalismo, que no es sino el dominio total del capital financiero”. Se trata de un escenario más complejo que el que enfrentaron las rebeliones de 1918 y 1968, por una razón: “Entonces, el contexto global permitía pensar que había alternativas al capitalismo. Hoy parece que el capitalismo les ganó a sus adversarios, es un capitalismo sin miedo”.


El proyecto neoliberal, explicó, aspira a la construcción de un “capitalismo universitario”: “Empezó con la idea de que la universidad debía ser relevante para crear las competencias que exige el mercado”, siguió con las propuestas de arancelamiento y privatización. “La fase final es la idea de que la universidad debe ser ella misma un mercado, la universidad como empresa.” Si la universidad es una mercancía más, tiene que poder ser medida: de ahí, los ránkings globales.


La ideología neoliberal choca así con la idea de “la universidad como un bien común”, hija de las conquistas obtenidas desde la Reforma. “Es un momento difícil por varias razones, y una de ellas es que no hay un ataque político, sino un ataque despolitizado. Es un ataque que tiene dos dimensiones: recortes presupuestarios y la lucha contra la supuesta ineficiencia o corrupción, una lucha muy selectiva, porque se sabe que las universidades públicas son en general muy bien gerenciadas en comparación con otras instituciones.”


Boaventura de Sousa Santos identificó tres razones por las que la universidad es un blanco dilecto para el régimen neoliberal.


• Su producción de conocimiento independiente y crítico cuestiona “la ausencia de alternativas que el neoliberalismo intenta producir en nuestras cabezas todos los días. Si no hay alternativas, no hay política, porque la política es sólo alternativas. Es por eso que muchas de las medidas en contra de la universidad no parecen políticas, sino económicas, los recortes financieros, o jurídicas, la lucha contra la corrupción. Lo que está por detrás es la idea de que la universidad puede ser un fermento de alternativas y resistencia”.


• “El pensamiento neoliberal busca un presente eterno, quiere evitar toda tensión entre pasado, presente y futuro. Y la universidad ha sido siempre, con todas sus limitaciones, la posibilidad de criticar el presente en relación con el pasado y con vistas a un futuro diferente”.


• “La universidad ha ayudado a crear proyectos nacionales (obviamente, excluyentes de los pueblos originarios) y el neoliberalismo no quiere proyectos nacionales. A la vez, la universidad siempre ha sido internacionalmente solidaria, con base en la idea de un bien común. Pero el capitalismo universitario quiere otro tipo de internacionalismo: la franquicia, que las universidades puedan comprar productos académicos en todo el mundo”.


Pluriversidad


La segunda parte de la conferencia resumió una serie de propuestas para refundar la universidad, sobre la base de la Reforma del 18, pero rompiendo con sus limitaciones y radicalizando su espíritu democratizador.


“La dominación hoy tiene tres cabezas: capitalismo, colonialismo y hétero-patriarcado”, postuló De Sousa Santos. “Nuestro dilema es que esta dominación es integrada. El capitalismo actúa junto con el colonialismo y el patriarcado. Pero la resistencia está fragmentada. La universidad puede ser un campo donde pensar cómo articular la resistencia. También por eso la universidad es un blanco del neoliberalismo.” ¿Cómo hacerlo? El primer paso, dijo, es una ruptura epistemológica. “Hay una pluralidad enorme de conocimientos fuera de la universidad: conocimientos rurales, urbanos, populares, de las mujeres. ¿Por qué la universidad nunca los tuvo en cuenta? Porque la universidad no se descolonizó. Sus contenidos, sus ciencias sociales, su historia, son colonialistas. Para defenderse como bien público, la universidad debe hacer una autocrítica profunda, contra sí misma. Debe dejar la idea arrogante de que es la única fuente de conocimiento, abrirse a dialogar con otros saberes. Necesitamos crear Epistemologías del Sur”.


En ese sentido, la segunda ruptura respecto de la Reforma radica en la alianza social que debe buscar la universidad, ya no sólo las clases urbanas burguesas, sino “las clases populares y empobrecidas, las víctimas del colonialismo y del patriarcado, los cuerpos racializados y sexualizados”. Por eso, explicó, “la extensión nunca ha sido tan importante como hoy. Por influencia del neoliberalismo, la extensión ha sido desviada para obtener fondos. Esto es perverso, eso no es extensión, es prostitución. La verdadera extensión es la que se dirige a poblaciones que no son solventes”. La propuesta del portugués consiste en invertir la extensión, “no es llevar la universidad para afuera, es traer el conocimiento no universitario para adentro”. Y, a la vez, “articular los diferentes saberes populares, porque también suele haber prejuicios entre los diferentes movimientos” (obreros, feministas, campesinos, LGTB).


La universidad, concluyó entre aplausos, debe reinstituirse, hacer un uso contrahegemónico de su autonomía y “transformarse en una pluriversidad.
Pero el ataque del neoliberalismo es tan grande que quizá también deba convertirse en una subversidad”.


 A cien años de la Reforma Universitaria, investigadores, docentes y estudiantes debaten sobre la vigencia de sus principios

“El enfrentamiento actual es con el mercado”

Consultados por PáginaI12, académicos y dirigentes estudiantiles analizan el lugar que ocupan hoy los discursos reformistas y las amenazas que sufren las principales conquistas de 1918, en un contexto de ajustes a la universidad pública.

Por Inés Fornassero.


Hoy hace un siglo la universidad pública comenzó a cambiar para siempre en Latinoamérica y gran parte del mundo, gracias a un movimiento iniciado en Córdoba por estudiantes y jóvenes profesores para transformar lo que hasta entonces era una universidad elitista, cerrada sobre sí misma y dogmática. El estallido, conocido como Reforma Universitaria, se extendió a las otras dos universidades que había en el país y luego a toda la región, conquistó un legado que aún define los rasgos centrales del sistema universitario: el cogobierno, la autonomía y la libertad de cátedra. En el primer centenario de aquella rebelión, investigadores del mundo académico y dirigentes del movimiento estudiantil –consultados por PáginaI12– reflexionan sobre su vigencia y alertan sobre las amenazas a sus conquistas.


En el actual contexto de ajuste del presupuesto universitario, paralización de obras de infraestructura y recorte del salario docente y las becas estudiantiles, el movimiento reformista continúa siendo una referencia para la lucha de estudiantes y docentes en defensa de la universidad pública. Pero esa referencia es disputada por todos los actores del sistema universitario, aún cuando sus posturas los ubican en sectores políticos opuestos.


Los funcionarios del Ministerio de Educación se definen como reformistas y evocan con frecuencia sus conquistas, también lo hacen las agrupaciones estudiantiles que en nombre del mismo proceso histórico se oponen a las políticas del Gobierno. “El significante ‘reforma’ y su legado tiene un uso conservador que busca legitimar las políticas actuales y un uso transformador que se lo apropian para poner en cuestión la situación presente. Pero es un legado esencialmente cuestionador, que invita al posicionamiento crítico y no conservador”, aseguró Sandra Carli, doctora en Educación, investigadora del Conicet y docente de la UBA.
Antes de la Reforma, la universidad era una institución estática, en la que no se permitía el ingreso de nuevos profesores, ya que los cargos docentes no se concursaban, los estudiantes no participaban del gobierno de las casas de estudio, que eran aranceladas y con nulo compromiso con las problemáticas del resto de la sociedad. Los reformistas cambiaron gran parte de estos rasgos y abrieron las puertas para la posterior gratuidad de la educación superior pública, alcanzada bajo el peronismo, en 1949.


Conquistas en peligro


Si bien las banderas de la reforma hoy son parte del sentido común universitario, los especialistas invitan a no darlas por sentado y alertan sobre su estabilidad. La doctora en Pedagogía y ex diputada Adriana Puiggrós apuntó que el legado reformista tiene total actualidad pero, al mismo tiempo, está pendiente. “Todas las proclamas, la libertad de cátedra, el cogobierno, la autonomía, la gratuidad, tienen que ser defendidas. Sobre todo cuando desde los intereses de las grandes corporaciones informáticas, editoriales y financieras se toma a la universidad como un espacio del mercado y se deforman esas banderas. Hoy se ve una puja entre la autonomía, en el sentido reformista, y la autonomía de mercado”, dijo.


Para Puiggrós, el rol que la dominación monárquica y clerical jugaba sobre la universidad en el siglo pasado, y contra el que se alzaron los estudiantes, hoy fue ocupado por las grandes corporaciones. Una influencia externa que se plasma, por ejemplo, en el caso de las empresas que hacen convenios con universidades para hacer investigación y que se apropian de las patentes que produce ese trabajo.


“El gran enfrentamiento actual en materia universitaria es con el mercado. El avance de las corporaciones busca y requiere destruir las instituciones educativas modernas, porque ponen freno a los negocios y le dan voz a una comunidad que defiende sus propios intereses, sobre todo cuando hay participación de docentes y estudiantes”, afirmó la ex diputada, que, durante su mandato en el Congreso, fue la mentora de la modificación de la Ley de Educación Superior que incorporó la gratuidad de los estudios de grado.


Crítica pedagógica


El Manifiesto Reformista del 18 también fue una declaración de amor. Una dimensión no tan conocida de sus consignas contiene una profunda crítica a la forma de concebir la docencia. “Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden (...) Las almas de los jóvenes deben ser movidas por fuerzas espirituales”, proclama el Manifiesto.


Para el doctor en Ciencias Sociales Martín Unzué, director del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA), esta demanda de los reformistas pone en el centro una reivindicación de la educación como factor de cambio. “La relación docente-estudiante es pensada como relación de transformación del estudiante. El Manifiesto está requiriendo un compromiso y una entrega con la universidad de esa comunidad estudiante-profesor, que a veces se pierde de vista, especialmente cuando la universidad toma un sesgo de ‘tiempo parcial’, donde los estudiantes y docentes sólo van a pasar un rato”.


“Las almas de los jóvenes deben ser movidas por fuerzas espirituales. Los gastados resortes de la autoridad que emana de la fuerza no se avienen con lo que reclama el sentimiento y el concepto moderno de las universidades”, continúa el Manifiesto, y abre la discusión sobre lo que Unzué rescata como parte del legado de la reforma: sentar la idea de la universidad como comunidad. “Los reformistas demandaron una universidad que produzca conocimiento y no que sea un mero enseñadero. La universidad tiene que producir cultura, educación, conocimiento con independencia de la cantidad de graduados. No es malo producir egresos, pero no es lo único que hace la universidad, ni es por lo que debe medirse su pretendida eficiencia”, agregó el investigador.


Para Carli, la idea de comunidad universitaria, que también reconoce al legado reformista, hoy está en riesgo. “Es una comunidad que invariablemente está atravesada por el conflicto y el debate, pero que caracteriza a nuestras universidades como institución. Cuando avanzan tendencias mercantiles y pragmáticas esa experiencia de comunidad está amenazada y es una cuestión a revisar”, explicó la especialista.


A cien años, las banderas principales de la Reforma siguen vigentes, pero también se suman nuevos reclamos, no atendidos por el movimiento iniciado en 1918. Para Carli, los más importantes son la gratuidad y el acceso irrestricto, que se conquistaron con posterioridad, y también la perspectiva de género, que no formaba parte de la cosmovisión reformista. “La cuestión de género hoy es parte central de las proclamas de las organizaciones estudiantiles. La identidad de la universidad pública hoy es replanteada como universidad pública, popular y feminista y está instalada en el discurso político sobre la universidad de manera muy clara.”

 

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Garantizar los derechos de libertad sindical,  de asociación, negociación y huelga, es fundamental para la paz

El despido de más de cien pilotos de Avianca, la criminalización de la protesta social y sindical, la tercerización del mundo del trabajo, entre otras señales, son la evidencia de que los patrones y el Estado siguen viendo a los trabajadores como enemigos. Una realidad que amerita un análisis.



desde abajo (da): Indican los hechos ocurridos últimamente, sobre todo con el sindicato de pilotos de Avianca, que estamos ante una política de persecución en contra del sindicalismo?
Edgar Mojica Vanegas (EMV): La respuesta me obliga a mirar el contexto, detallar lo que le está ocurriendo a los trabajadores y al movimiento sindical en su conjunto. Y en ello, lo primero por precisar es que vivimos un ataque contra los derechos de libertad sindical, que es un poco lo que ilustra el caso de los pilotos de Avianca.

 

da. ¿A qué se refiere?
EMV. A que los derechos de libertad sindical tienen 3 pilares fundamentales: el derecho de asociación, el de negociación y el derecho a huelga, pilares que deben estar articulados en términos de garantía y desarrollo para consolidar esa libertad sindical.

 

da. ¿Qué sucede con el derecho de asociación?
EMV. Ese es un derecho proscrito para los trabajadores colombianos. La taza de sindicalización acá alcanza un escaso 4 por ciento; es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo el 4 por ciento logra sindicalizarse, lo que muestra la pervivencia de una cultura antisindical en nuestro país, es decir, que a los trabajadores que deciden organizarse en un sindicato los persiguen, y a los que no persiguen, los cohíben de manera legal, vía contractual, para que no se sindicalicen.

 

da. ¿Opera el derecho a negociación?
EMV. Ojalá. Dos ejemplos para mostrarlo, en especial en el sector estatal. Solo hasta hace 6 años este sector pudo acceder a negociación de carácter colectiva; y ligado a eso, existe una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, los pliegos del 2013 y del 2015 de los estatales tienen un incumplimiento del 60 por ciento, especialmente en cubrimiento de nómina, y en nivelación salarial. Y lo mismo pasa con Fecode, cuyo pliego tiene un nivel de incumplimiento del 80 por ciento.

 

Esta situación empeora si miramos el derecho a huelga, pues su legalidad o ilegalidad es un debate internacional. Resalto esto porque en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los empresarios y los gobiernos, que son dos de las tres partes que asisten a la Conferencia –la otra parte son los trabajadores–, están buscando un acuerdo para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Es decir, que no es solamente un problema de Colombia, sino que hay una intencionalidad mundial de proscribir este derecho.

 

da. Entonces, ¿lo sucedido con los pilotos de Avianca es parte de una dinámica mundial?
EMV. Sí, hay un ambiente de arrebatar derechos. Como tal vez recuerde, los pilotos de Avianca, inician un proceso de negociación, que fue maltratado por buena parte de la prensa colombiana, ridiculizando lo que se pretendía en ese ejercicio de negociación colectiva; luego deslegitiman la huelga declarando ilegal el derecho a la misma, inclusive con casos de prejuzgamiento como el de la Ministra de Trabajo, que cataloga el conflicto como ilegal antes de que un juez así procediera. Al final, despiden a más de cien, incluyendo sus directivos; los sancionados también son por docenas.

 

da. Pero el derecho esta estipulado hasta en la Constitución Política…
EMV. Así es, pero la enseñanza es que no basta con que los derechos, como el de libertad sindical, estén enunciados en la Constitución Política, sino que tiene que existir un ejercicio de parte del gobierno y de los empresarios para su reconocimiento, garantía y desarrollo.

 

da. ¿Podría decirse que esta negación vía legal, legitimada en lo social con apoyo de los medios oficiosos de información, también se materializa vía negación de los derechos humanos?
EMV. Sí. En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como en otros sectores sociales, a esa realidad la denominamos criminalización de la protesta social y sindical. Sobre este tema, entre la CUT y la CTC realizamos un seminario en el 2015 (Protestar no es delito), y discutimos sobre la criminalización de la protesta social-sindical; allí identificamos, primero, el trato militar de los conflictos laborales, donde Ejército y Esmad entran a violentar algo que en cualquier parte del mundo es resuelto de manera formal, pero aquí no, aquí implica intimidación, miedo, encarcelamiento y hasta muertos.
Lo segundo que identificamos fue el incremento de amenazas contra la dirigencia sindical, punto relacionado con el conjunto del movimiento social que en el 2017 sufrió el asesinato de 252 líderes sociales, y en enero del 2018, otros 23. Esto, junto con el incremento y la presencia efectiva del paramilitarismo, que sigue controlando territorios y sus recursos, como lo demostró con el paro realizado hace unos meses en Antioquia, Chocó y zonas de Córdoba.

 

da. ¿Cómo es el diagnóstico de esta violencia en el campo sindical?
EMV. Durante los 8 años del mandato Santos, han asesinado 160 líderes sindicales, con una impunidad del 90 por ciento. Esto ligado a un consolidado histórico – últimos 40 años– de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales, con índices de impunidad por encima del 90 por ciento,

 

da. Un tema relacionado con la lucha por el derecho al trabajo es el modelo de contratación que han impuesto los patrones con ayuda del Estado, ¿puede decirnos algo sobre este partículas?
EMV. En términos clásicos, valga decir, los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura denominada contrato laboral, con el cual, bien que mal, existen unas garantías de carácter legal, y en ocasiones de carácter convencional –cuando se accede al derecho de negociación colectiva. Pero esa figura está desapareciendo, y de ello da cuenta la tercerización laboral, con la cual la contratación laboral queda reducida a una relación netamente comercial en la que usted, por una orden de prestación de servicios, o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, vende su fuerza de trabajo en condiciones, algunas veces infrahumanas, como las del teletrabajo, o las de los trabajadores del sector textil o agrario en varias partes de nuestro país, a los que ni siquiera les reconocen el salario mínimo.

 

Más derechos en peligro

 

da: En un documento la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) le propone a los candidatos presidenciales desregularizar aun más el mundo del trabajo, inclusive rebajar el salario por debajo del mínimo como “únicas medidas” para mantener el desarrollo económico en el país, así como reducir los tributos al empresariado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
EMV: El gobierno nacional ha descargado desde siempre, y en gran medida, el costo fiscal del país en los trabajadores. Asimismo, los patrones, con la ayuda del Estado, siempre han pretendido reducir hasta el mínimo posible lo que devengamos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. No aceptan que realmente somos nosotros el mayor motor de la economía, no solamente por nuestra capacidad productiva sino por nuestra capacidad de acceder al mercado para adquirir bienes de consumo, es decir que con nuestros salarios movemos la economía del país.

 

Para sus propuestas y medidas se valen de supuestas recomendaciones –que más bien son mandatos– de organizaciones internacionales. En este caso lo están haciendo a partir de lo dicho el año pasado por la calificadora de riesgos financieros Standard & Poor’s, que expresó sobre nuestro país, palabras más, palabras menos: “definitivamente su puntaje no es el ideal para que se haga inversión, le sugiero que realice nuevamente una reforma tributaria, y que realice una reforma de carácter pensional”.

 

da. ¿Qué dijo el gobierno sobre este particular?
EMV. El Ministro de Hacienda y Santos fueron a Estados Unidos a reunirse con esa calificadora, de lo cual sale un documento de 600 páginas, en el cual, de nuevo, nos transfieren a los trabajadores la responsabilidad de cubrir lo que está haciendo falta en los ingresos nacionales, para lo cual recomiendan realizar una nueva reforma tributaria, y otra a las pensiones, con la que pretenden aumentar la cotización y disminuir el monto de la pensión, para que pase del 75 al 65 por ciento (sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados); así como igualar y aumentar el tiempo de pensión para hombres y mujeres, argumentando que tenemos un promedio de vida que nos permite trabajar hasta los 68 años de edad, Como si fuera poco, y de acuerdo a las exigencias de los fondos de pensiones, el gobierno pretende eliminar Colpensiones, y pasar a fortalecer los fondos privados.

 

da. La ofensiva es total: ilegalizan huelgas, niegan el derecho a sindicalizarse, reducen salarios, criminalizan la protesta sindical y social..
EMV. Así es, con lo cual demuestran que existe una alianza del capital y el Estado para defender sus intereses macroeconómicos, para que los trabajadores paguen por sus derechos con acciones como el despido. Entonces, el llamado que hacemos desde la CUT es a que, hoy más que nunca, los derechos de libertad sindical y la defensa de los derechos humanos deben ser reivindicados en este país.

 

Sino proceden así están proscribiendo cualquier posibilidad real de pacificación. Vamos a trabajar por una paz con cambios y transformaciones reales, con tres pilares fundamentales: los derechos de libertad sindical, de asociación, negociación y huelga.

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Garantizar los derechos de libertad sindical,  de asociación, negociación y huelga, es fundamental para la paz

El despido de más de cien pilotos de Avianca, la criminalización de la protesta social y sindical, la tercerización del mundo del trabajo, entre otras señales, son la evidencia de que los patrones y el Estado siguen viendo a los trabajadores como enemigos. Una realidad que amerita un análisis.



desde abajo (da): Indican los hechos ocurridos últimamente, sobre todo con el sindicato de pilotos de Avianca, que estamos ante una política de persecución en contra del sindicalismo?
Edgar Mojica Vanegas (EMV): La respuesta me obliga a mirar el contexto, detallar lo que le está ocurriendo a los trabajadores y al movimiento sindical en su conjunto. Y en ello, lo primero por precisar es que vivimos un ataque contra los derechos de libertad sindical, que es un poco lo que ilustra el caso de los pilotos de Avianca.

 

da. ¿A qué se refiere?
EMV. A que los derechos de libertad sindical tienen 3 pilares fundamentales: el derecho de asociación, el de negociación y el derecho a huelga, pilares que deben estar articulados en términos de garantía y desarrollo para consolidar esa libertad sindical.

 

da. ¿Qué sucede con el derecho de asociación?
EMV. Ese es un derecho proscrito para los trabajadores colombianos. La taza de sindicalización acá alcanza un escaso 4 por ciento; es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo el 4 por ciento logra sindicalizarse, lo que muestra la pervivencia de una cultura antisindical en nuestro país, es decir, que a los trabajadores que deciden organizarse en un sindicato los persiguen, y a los que no persiguen, los cohíben de manera legal, vía contractual, para que no se sindicalicen.

 

da. ¿Opera el derecho a negociación?
EMV. Ojalá. Dos ejemplos para mostrarlo, en especial en el sector estatal. Solo hasta hace 6 años este sector pudo acceder a negociación de carácter colectiva; y ligado a eso, existe una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, los pliegos del 2013 y del 2015 de los estatales tienen un incumplimiento del 60 por ciento, especialmente en cubrimiento de nómina, y en nivelación salarial. Y lo mismo pasa con Fecode, cuyo pliego tiene un nivel de incumplimiento del 80 por ciento.

 

Esta situación empeora si miramos el derecho a huelga, pues su legalidad o ilegalidad es un debate internacional. Resalto esto porque en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los empresarios y los gobiernos, que son dos de las tres partes que asisten a la Conferencia –la otra parte son los trabajadores–, están buscando un acuerdo para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Es decir, que no es solamente un problema de Colombia, sino que hay una intencionalidad mundial de proscribir este derecho.

 

da. Entonces, ¿lo sucedido con los pilotos de Avianca es parte de una dinámica mundial?
EMV. Sí, hay un ambiente de arrebatar derechos. Como tal vez recuerde, los pilotos de Avianca, inician un proceso de negociación, que fue maltratado por buena parte de la prensa colombiana, ridiculizando lo que se pretendía en ese ejercicio de negociación colectiva; luego deslegitiman la huelga declarando ilegal el derecho a la misma, inclusive con casos de prejuzgamiento como el de la Ministra de Trabajo, que cataloga el conflicto como ilegal antes de que un juez así procediera. Al final, despiden a más de cien, incluyendo sus directivos; los sancionados también son por docenas.

 

da. Pero el derecho esta estipulado hasta en la Constitución Política…
EMV. Así es, pero la enseñanza es que no basta con que los derechos, como el de libertad sindical, estén enunciados en la Constitución Política, sino que tiene que existir un ejercicio de parte del gobierno y de los empresarios para su reconocimiento, garantía y desarrollo.

 

da. ¿Podría decirse que esta negación vía legal, legitimada en lo social con apoyo de los medios oficiosos de información, también se materializa vía negación de los derechos humanos?
EMV. Sí. En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como en otros sectores sociales, a esa realidad la denominamos criminalización de la protesta social y sindical. Sobre este tema, entre la CUT y la CTC realizamos un seminario en el 2015 (Protestar no es delito), y discutimos sobre la criminalización de la protesta social-sindical; allí identificamos, primero, el trato militar de los conflictos laborales, donde Ejército y Esmad entran a violentar algo que en cualquier parte del mundo es resuelto de manera formal, pero aquí no, aquí implica intimidación, miedo, encarcelamiento y hasta muertos.
Lo segundo que identificamos fue el incremento de amenazas contra la dirigencia sindical, punto relacionado con el conjunto del movimiento social que en el 2017 sufrió el asesinato de 252 líderes sociales, y en enero del 2018, otros 23. Esto, junto con el incremento y la presencia efectiva del paramilitarismo, que sigue controlando territorios y sus recursos, como lo demostró con el paro realizado hace unos meses en Antioquia, Chocó y zonas de Córdoba.

 

da. ¿Cómo es el diagnóstico de esta violencia en el campo sindical?
EMV. Durante los 8 años del mandato Santos, han asesinado 160 líderes sindicales, con una impunidad del 90 por ciento. Esto ligado a un consolidado histórico – últimos 40 años– de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales, con índices de impunidad por encima del 90 por ciento,

 

da. Un tema relacionado con la lucha por el derecho al trabajo es el modelo de contratación que han impuesto los patrones con ayuda del Estado, ¿puede decirnos algo sobre este partículas?
EMV. En términos clásicos, valga decir, los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura denominada contrato laboral, con el cual, bien que mal, existen unas garantías de carácter legal, y en ocasiones de carácter convencional –cuando se accede al derecho de negociación colectiva. Pero esa figura está desapareciendo, y de ello da cuenta la tercerización laboral, con la cual la contratación laboral queda reducida a una relación netamente comercial en la que usted, por una orden de prestación de servicios, o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, vende su fuerza de trabajo en condiciones, algunas veces infrahumanas, como las del teletrabajo, o las de los trabajadores del sector textil o agrario en varias partes de nuestro país, a los que ni siquiera les reconocen el salario mínimo.

 

Más derechos en peligro

 

da: En un documento la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) le propone a los candidatos presidenciales desregularizar aun más el mundo del trabajo, inclusive rebajar el salario por debajo del mínimo como “únicas medidas” para mantener el desarrollo económico en el país, así como reducir los tributos al empresariado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
EMV: El gobierno nacional ha descargado desde siempre, y en gran medida, el costo fiscal del país en los trabajadores. Asimismo, los patrones, con la ayuda del Estado, siempre han pretendido reducir hasta el mínimo posible lo que devengamos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. No aceptan que realmente somos nosotros el mayor motor de la economía, no solamente por nuestra capacidad productiva sino por nuestra capacidad de acceder al mercado para adquirir bienes de consumo, es decir que con nuestros salarios movemos la economía del país.

 

Para sus propuestas y medidas se valen de supuestas recomendaciones –que más bien son mandatos– de organizaciones internacionales. En este caso lo están haciendo a partir de lo dicho el año pasado por la calificadora de riesgos financieros Standard & Poor’s, que expresó sobre nuestro país, palabras más, palabras menos: “definitivamente su puntaje no es el ideal para que se haga inversión, le sugiero que realice nuevamente una reforma tributaria, y que realice una reforma de carácter pensional”.

 

da. ¿Qué dijo el gobierno sobre este particular?
EMV. El Ministro de Hacienda y Santos fueron a Estados Unidos a reunirse con esa calificadora, de lo cual sale un documento de 600 páginas, en el cual, de nuevo, nos transfieren a los trabajadores la responsabilidad de cubrir lo que está haciendo falta en los ingresos nacionales, para lo cual recomiendan realizar una nueva reforma tributaria, y otra a las pensiones, con la que pretenden aumentar la cotización y disminuir el monto de la pensión, para que pase del 75 al 65 por ciento (sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados); así como igualar y aumentar el tiempo de pensión para hombres y mujeres, argumentando que tenemos un promedio de vida que nos permite trabajar hasta los 68 años de edad, Como si fuera poco, y de acuerdo a las exigencias de los fondos de pensiones, el gobierno pretende eliminar Colpensiones, y pasar a fortalecer los fondos privados.

 

da. La ofensiva es total: ilegalizan huelgas, niegan el derecho a sindicalizarse, reducen salarios, criminalizan la protesta sindical y social..
EMV. Así es, con lo cual demuestran que existe una alianza del capital y el Estado para defender sus intereses macroeconómicos, para que los trabajadores paguen por sus derechos con acciones como el despido. Entonces, el llamado que hacemos desde la CUT es a que, hoy más que nunca, los derechos de libertad sindical y la defensa de los derechos humanos deben ser reivindicados en este país.

 

Sino proceden así están proscribiendo cualquier posibilidad real de pacificación. Vamos a trabajar por una paz con cambios y transformaciones reales, con tres pilares fundamentales: los derechos de libertad sindical, de asociación, negociación y huelga.

Publicado enEdición Nº244
La ola europea contra la privatización del agua

La remunicipalización ha permitido a cientos de ciudades recuperar el control de su abastecimiento en detrimento de grandes empresas.


El caso de Berlín, cuya remunicipalización data de 2014, es uno de los ejemplos más claros de cómo triunfa un movimiento social frente a grandes poderes económicos y políticos

 

Desde 2010, la ONU reconoce el acceso al agua como un derecho humano. En territorio de la Unión Europea, donde al agua no se le ha concedido este estatus, en su día se puso de moda dejar la gestión de los recursos hídricos en manos de grandes empresas. Cosas de la doctrina neoliberal, que considera la gestión privada de recursos de interés general como la mejor de las opciones posibles.


Sin embargo, nada parece estar más lejos de la realidad, al menos en lo que al agua se refiere. En este ámbito, en los últimos quince años la tendencia se ha invertido. Las empresas pierden terreno en beneficio de los actores públicos. Ya son numerosos los ejemplos de ciudades que han recuperado el control de sus aguas.


Se estima que, entre marzo de 2010 y marzo 2015, se han producido unas 235 remunicipalizaciones del agua en el mundo. “La tendencia de remunicipalización del agua es algo muy serio, más serio incluso de lo que puedan indicar las cifras”, dice a eldiario.es Emanuele Lobina, profesor de la Universidad Greenwich de Londres y uno de los responsables de la Unidad de Investigación de Servicios Públicos de dicha institución académica.


“La remunicipalización es algo nuevo, pero lo cierto es que la tendencia de la privatización sigue ahí porque cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, de los Gobiernos nacionales, del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en definitiva, de los grandes poderes”, abunda Lobina.


Buena parte de las más de 200 remunicipalizaciones que han tenido lugar en el último lustro se han registrado en Francia. Hasta 94 ha contado allí Lobina. “Es normal, los franceses inventaron la privatización del agua”, apunta este investigador. En España, entre 2010 y 2015, tuvieron lugar una treintena de remunicipalizaciones – como las de Manacor, Ermua, Arenys de Munt, Medina Sidonia o la veintena de localidades andaluzas cuyas aguas están ahora en manos del consorcio Aguas del Huesna. Posteriormente vendría la de Valladolid, cuyo consistorio, en manos del socialista Óscar Puente, es el primer gran ayuntamiento de España en decidir remunicipalizar el agua.


Turín (norte italiano) probablemente sea el último y más visible ejemplo de esta tendencia en Europa. El pasado otoño, el Consejo Municipal de esa ciudad italiana, dirigido por Chiara Appendino, integrante del Movimiento 5 Estrellas, aprobaba una resolución por mayoría absoluta para remunicipalizar el sistema de aguas de la ciudad, privatizado en 1997. Tras veinte años en manos privadas, Turín daba así un primer paso decisivo en recuperar la gestión de su agua.


En otras grandes ciudades europeas, como París o Berlín, la batalla por devolver al control público un recurso tan importante como el agua hace tiempo que trajo sus frutos. La capital francesa, tras un cuarto de siglo de gestión privada, recuperaba en 2010 su “soberanía hídrica”. El ayuntamiento de la metrópolis gala decidió no renovar los contratos que tenía con las empresas Veolia y Suez, una situación similar a la de Valladolid en España. Más reciente que el caso parisino es el de Berlín, donde la privatización duró quince años, hasta 2014. De esa experiencia habla a eldiario.es Sigurn Franzen, de la plataforma Berliner Wasser Tisch, o “Mesa del Agua de Berlín”.


Ella y un puñado de militantes salidos de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC) en Alemania están detrás de esa reconquista hídrica. “La privatización en Berlín se llevó a cabo en 1999 y había gente de ATTAC aquí que no estaba de acuerdo y que quería movilizarse”, cuenta Franzen, ahora jubilada tras una larga carrera trabajando como secretaria en altas instancias empresariales. Desde sus vivencias, esta veterana de las movilizaciones sociales aporta no pocos consejos para aquellos que quieran desafiar el erosionado status quo neoliberal.


Movilización social


Para lograr una remunicipalización, es preciso contar con un grupo de personas organizadas. No debe ser numeroso. “La mayoría de los casos de remunicipalización de agua son consecuencia de la movilización social, como en Berlín”, apunta Lobina. Franzen y sus compañeros de militancia por la remunicipalización del agua en Berlín se conocían gracias a la ATTAC de sus primeros días. “En las reuniones cada dos semanas que manteníamos en los días de mayor movilización había cuarenta o cincuenta personas”, recuerda Franzen.


Ella habla de las intensas jornadas de 2010 en las que la Mesa del Agua de Berlín llegó a recoger hasta más de 280.000 firmas de personas a favor de una petición de referéndum sobre la necesidad de hacer públicos los contratos secretos que las empresas Vivendi – la actual Veolia – y RWE firmaron con las autoridades de la ciudad-estado de Berlín para entrar en el capital de la Empresa de Aguas de Berlín (BWB, por sus siglas germanas). Gracias a la privatización, ambas pasaron a sumar un 49% del capital de BWB. Berlín, una ciudad pobre comparada con el resto de grandes urbes alemanas, se embolsó 3.300 millones de marcos alemanes (unos 1.600 millones de euros) por la venta de la gestión de sus aguas.


Las razones de la privatización vinieron inspiradas por la CDU”, recuerda Franzen, aludiendo al partido de la canciller Angela Merkel, la conservadora Unión Cristiano Demócrata (CDU). Se supone que era una salida para acabar con las deudas de la ciudad, que en la última década del siglo pasado alcanzaban los 35.000 millones de euros. También los había que confiaban en la privatización como un estímulo para el empleo.


Dejemos a las empresas hacer un trabajo más emprendedor, así los trabajadores gozarán de un trabajo más seguro, más innovador y mejor pagado, y también quienes buscan empleo en Berlín”, decía, por ejemplo, el democristiano Elmar Pieroth, responsable de asuntos económicos de la capital teutona entre 1996 y 1998. Ese periodo fue clave para que calara el mensaje favorable a la privatización. Ésta, en concreto, se forjó en los días en que el conservador Eberhard Diepgen era alcalde de Berlín.


Los partidos políticos no (siempre) son necesarios


En sus actividades, la Mesa del Agua de Berlín no contó con los favores de ningún partido político. Si acaso, Franzen reconoce algo de apoyo de las bases del ahora insignificante Partido Pirata, una formación que en 2011 llegó a sumar el casi 9% de los votos en las elecciones regionales de Berlín. Una legislatura después, apenas sumaron en los comicios de 2016 un 1,7% de los votos. Políticamente, el barco del Partido Pirata está hundido.


El día en que se aprobó la privatización, hubo algunos votos en contra del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), mientras que el partido que ahora es Die Linke se opuso”, rememora Franzen. Ella y el resto de compañeros de la Mesa del Agua de Berlín no recibieron el apoyo político de ningún partido, pese a que Die Linke inicialmente se opuso a la privatización. En 2001, el Partido del Socialismo Democrático (PDS) – precursor de la actual Die Linke – entró en Berlín en una coalición gubernamental con el SPD liderada por el socialdemócrata Klaus Wowereit.


En un primer momento hablamos con el grupo parlamentario de Die Linke (PDS, por aquel entonces), pero todos los partidos estaban implicados en la privatización, después se supo que Harald Wolf, uno de sus responsables, había contribuido el mantenimiento de unos contratos secretos, firmados para 30 años y en los que se garantizaban los beneficios a las compañías”, lamenta Franzen.


Pese a las promesas que acompañaron a la privatización, la Mesa del Agua de Berlín pudo constatar “un notable encarecimiento del servicio y una caída drástica de las inversiones”, asegura Franzen. El Gobierno de la ciudad-estado reconocía en 2010 que, entre las diez grandes ciudades alemanas, Berlín era la que tenía el agua más cara. Ésto lo tuvieron que asumir los ciudadanos de una ciudad “pobre, pero sexy”, según los términos de Wowereit.


En poco tiempo, la entrada de actores privados en BWB encareció el agua. Por ejemplo, “entre 2003 y 2006 el precio creció un 20%”, según Lobina, el responsable de la Unidad de Investigación de Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich de Londres. Además, entre 1999 y 2010, el número de trabajadores en BWB se redujo sensiblemente, pasando de unas 6.280 personas poco más de 5.200.


Pruebas en mano, Franzen y sus compañeros de militancia decidieron salir a la calle para hacer llegar la idea de que, en manos privadas, el agua se había convertido en un problema. “Se privatizó, según se dijo, porque Berlín tenían muchas deudas. Pero Berlín ha seguido teniendo deudas, la privatización no ayudó a combatirlas [actualmente la deuda acumulada de la ciudad llega a los 59.000 millones de euros, ndlr.]. Pero, por el camino, Veolia y RWE han estado ganando dinero”, apunta Franzen. “Por eso salimos a la calle. Hicimos flayers, puestos informativos, movilizaciones. Hicimos que el tema se diera a conocer”, agrega. La Mesa del Agua de Berlín pronto se dio cuenta del importante apoyo popular con el que contaba su causa. De ahí que pudieran recoger las más de 280.000 firmas de personas a favor de una petición de referéndum.


Referéndum en Berlín


Esas firman eran más que suficiente para convertir la iniciativa ciudadana en una votación. En Berlín existen mecanismos para que este tipo de iniciativas se traduzcan en un referéndum. Para que éste se celebrara, también fue necesario superar las resistencias del Gobierno berlinés, que apelaba al secreto profesional y a la mismísima Ley Fundamental alemana en su lógica contra la remunicipalización.


La cita con las urnas terminó por tener lugar el domingo 13 de febrero de 2011. Ese día, el Gobierno berlinés, contrario a las intenciones de la Mesa del Agua de Berlín, recibió una “ducha fría”, según los términos del diario de la capital Der Tagesspiegel. El Ejecutivo berlinés estaba aparentemente satisfecho con los contratos de Veolia y RWE. “El 98,8% de la gente que participó en el referéndum votó a favor de nuestra propuesta”, rememora Franzen.


En la votación participaron algo más de 660.000 berlineses, un 27% de la población. Que prácticamente todos ellos quisieran que el Gobierno abandonara su política favorable a Veolia y REW puso bajo una enorme presión a autoridades y empresas.


La votación empujó a decidir a las empresas a vender sus participaciones en la BWB. Urnas mediante, los berlineses pasaron la página de la privatización. La remunicipalización acababa de empezar. Oficialmente el agua regresó a manos públicas en 2014, previo pago de 1.200 millones de euros.


Esa cantidad puede parecer astronómica. Pero también lo son las cantidades que se ahorraron los berlineses después de que el Bundeskartellamt, la institución germana que regula la competencia, obligara a la BWB privada a reducir los precios del agua entre 2012 y 2018. “La reducción se corresponde con unos 440 millones de euros, más de un tercio de lo que Berlín tuvo que pagar en la remunicipalización”, concluye Lobina.

 

Aldo Mas
02/02/2018 - 21:24h

Publicado enSociedad
Miércoles, 22 Febrero 2017 08:54

Estados Unidos quiere envenenar el mundo

Estados Unidos quiere envenenar el mundo

Existen diversos medios efectivos para controlar a grandes cantidades de población. Desde el “poder blando”, es decir a través de medios culturales e ideológicos hasta el uso de la fuerza desmedida, utilizando costosos despliegues militares. Dentro de esta escala existe una modalidad basada en el control de la producción y distribución alimentaria que ha afectado a millones de personas en el mundo. En efecto, un puñado de empresas en su mayoría de origen estadounidense, se han encargado del diseño de semillas genéticamente modificadas (o GMO por sus siglas en inglés) que tienen el propósito de limitar la producción de alimentos y acabar con la soberanía alimentaria en regiones como América Latina.

 

Para el gobierno de los Estados Unidos es una prioridad estratégica apoyar la investigación de empresas que trabajan con la transformación de los alimentos. La razón fundamental es que esto significa una intervención directa sobre la salud y la dieta de las poblaciones. En otras palabras, es un arma poderosa que silencia a millones de personas en el mundo sin necesidad de utilizar las armas. Como estrategia de superioridad global, las GMO son para las empresas norteamericanas un negocio redondo en la medida en que no sólo producen las semillas modificadas, sino que además venden los “antídotos” contra las plagas. Si un campesino compra las semillas de empresas como Monsanto está obligado a gastar también en los herbicidas e insecticidas de la misma corporación.


El objetivo de empresas como Monsanto, Dupont o Bayer es dirigir un ataque en contra de la cultura y las tradiciones de millones de campesinos. De hecho, para muchas comunidades la semilla es sinónimo de fertilidad, diversidad y multiplicación de la vida. Concepto que ha sido desechado por las denominadas semillas “terminator” que a causa de su modificación están diseñadas para que no tengan una reproducción futura. De este modo, el cambio en los alimentos ha generado la pérdida progresiva de la soberanía alimentaria, esto es, la autonomía de los pueblos para definir su propia política agraria sin tener que luchar en contra de empresas que buscan monopolizar la producción de los alimentos (http://www.nadasantosobremonsanto.com/soberania-alimentaria/).

 

Esta ha sido justamente una lucha constante en diversos países de América Latina. La llamada “ley Monsanto” que promueve los derechos de autor en la propagación de semillas con transformaciones genéticas, ha ocasionado en muchos casos la criminalización de los campesinos. La paradoja se basa en que la utilización de semillas patentadas de Monsanto por parte de agricultores que no declaren su uso, pueden ser castigadas, incluso con cárcel. ( http://www.jornada.unam.mx/2007/02/08/index.php?section=sociedad&article=047n1soc ). Esto sugiere a todas luces una estrategia de control sobre aquellos que se encargan de alimentar a millones de personas en el mundo. Los grupos económicos buscan restringir al máximo la diversidad y riqueza de los alimentos para que decidir sobre la salud de la población. Lo peor y más preocupante es que las empresas tienen a su favor la ley y la fuerza para cumplir con sus disposiciones.


Una de las grandes amenazas para los países de Latinoamérica es no poder definir su política alimentaria. Cada gobierno debe diseñar una estrategia para alimentar a su población de acuerdo a criterios de equidad y distribución. Sin embargo, con el advenimiento de empresas estadounidenses que buscan el control en la producción alimentaria, los términos de la seguridad y la soberanía han ido disminuyendo considerablemente. A Estados Unidos ya no le basta con el control fáctico sobre el territorio mediante la instalación de bases militares, sino que ahora ha buscado nuevas estrategias para generar presión económica y política a través de la regulación de procesos agroindustriales y la creación de una compleja legislación que protege a sus multinacionales.

 

El propósito de las grandes empresas de alimentos es mostrar la utilidad y beneficios que supuestamente las GMO pueden traer al mundo. Según los primeros estudios, estas semillas “mejoradas”, aumentaban la fertilidad y reducían ciertos gastos de producción. No obstante, en un estudio elaborado a largo plazo por científicos latinoamericanos se ha demostrado todo lo contrario. En primera medida, la calidad de la tierra ha disminuido dramáticamente, incluso perdiendo su uso y nutrientes. En segunda instancia, los científicos comprobaron que los productos de Monsanto y empresas similares traen daños irreversibles para la salud de las personas, evidenciándose incremento en casos de cáncer, malformaciones congénitas, daños genéticos, entre otros ( https://www.grain.org/bulletin_board/entries/5555-latin-american-scientists-reject-letter-from-nobel-prize-laureates-in-support-of-gmos ). Así pues, las aparentes ventajas de las semillas tratadas genéticamente no se comparan con los daños y perjuicios que le han causado a la salud humana y a la biodiversidad de los ecosistemas.


En un acto de soberanía, científicos del subcontinente latinoamericano enviaron una carta al comité del Premio Nobel que fue otorgado a investigadores por su avance en las semillas genéticamente modificadas, hecho que ha sido inadmisible para quienes consideran los grandes daños que estas empresas han traído a América Latina ( http://www.march-against-monsanto.com/prominent-latin-american-scientists-say-bill-gates-gmo-golden-rice-is-a-total-failure/ ). Pero las críticas no sólo han sido dirigidas por parte de científicos latinoamericanos, la Universidad de Virginia en Estados Unidos realizó un estudio en el que se comprueba que los herbicidas e insecticidas producidos por Monsanto han causado importantes daños ambientales, incluso en el crecimiento de plantaciones de maíz ( http://sustainablepulse.com/2016/09/18/largest-ever-gmo-crops-study-shows-massive-environmental-damage-in-us/#.WDl7FObhC01 ).


Pese a todas las denuncias realizadas en contra de las multinacionales, estas siguen empeñadas en continuar con “investigaciones” que favorezcan al capital privado. De hecho, Monsanto invierte millones de dólares al año en abogados para evitar un decrecimiento en las ventas. El negocio es redondo pues no sólo limitan la producción alimentaria, criminalizando a todos aquellos que intercambien semillas, sino que reducen el mercado para que sean unas pocas empresas las que se lleven todas las ganancias. De este modo, regiones tan ricas en biodiversidad como América Latina que, por poner un ejemplo cuentan con más de 4000 variedades de papa, han visto cómo sus campesinos tienen que iniciar movilizaciones para evitar que la diversidad sea llevada a la cárcel.


Por esa razón, bajo una lógica criminal empresas como Monsanto, Dupont, Cargill y Bayer se han apropiado del patrimonio intelectual e inmaterial de millones de generaciones de campesinos cuyo legado ha sido reducido a unas cuantas semillas modificadas genéticamente que generan graves enfermedades. Algunas ONG como Pesticide Action Network International (PAN) han denunciado constantemente los daños de los químicos usados por estas empresas. En un completo estudio realizado por la asociación, se demostró las consecuencias del uso del glifosato para erradicar plagas ( http://pan-international.org/wp-content/uploads/Glyphosate-monograph.pdf ). Esto demuestra que Monsanto está empeñado en continuar con la comercialización de sus productos a pesar que se han comprobado efectos desfavorables para la salud de las personas y para los ecosistemas de distintos países. Lo que estas empresas están haciendo es envenenar el mundo a cambio de cuantiosas sumas de dinero.


Por si fuera poco, en septiembre del presente año, se realizó un anuncio que estremeció al mundo. Las multinacionales Monsanto y Bayer han decidido fusionarse para crear un megaimperio en la producción y distribución de alimentos ( http://www.commondreams.org/news/2016/09/14/five-alarm-threat-our-food-supply-monsanto-bayer-merger-advances ). Con el pretexto de estar preocupados en torno a cómo se van a alimentar 3000 millones de personas para el año 2050, las corporaciones han puesto en común un capital que asciende a 66 billones de dólares. El objetivo de fondo es poner en marcha un plan para el dominio mundial que arrasará con la multiplicidad de especies animales y vegetales y que pondrá a millones de personas a consumir productos químicos, previamente diseñados en laboratorios.

 

Si Estados Unidos logra que la legislación de países latinoamericanos apruebe el uso de semillas GMO como lo ha hecho hasta ahora, se podría hablar de un control hegemónico sobre un recurso vital como la alimentación. Esta circunstancia superaría con creces otras formas de dominio dirigidas por el Pentágono, pues ello implicaría que Washington podría disponer a su antojo de la población mundial. En efecto, después de la cadena de fusiones y absorciones similares a de Monsanto/Bayer como es el caso de Dow/Dupont, el mercado de semillas ha quedado acaparado por unas tres megacorporaciones que tienen el monopolio mundial de agroquímicos y semillas transformadas ( http://www.commondreams.org/views/2016/06/03/six-questions-monsanto ). Detrás de estas empresas están los intereses del gobierno de los Estados Unidos por no perder la supremacía mundial. Los costos para ello serán, sin embargo, gigantescos pues la Casa Blanca está promoviendo el envenenamiento gradual del mundo.


Como en muchas ocasiones, América Latina se ha convertido en el laboratorio de Estados Unidos. Todas las políticas del gobierno del norte han tenido fuertes impactos en élites políticas condescendientes que han permitido el ingreso de leyes que atentan en contra de los derechos de los campesinos. Por esa razón, múltiples asociaciones como La Vía Campesina han iniciado una importante lucha para evitar que Monsanto y sus socios sigan destruyendo el medio ambiente ( https://viacampesina.org/es/ ). No obstante, como se ha mencionado con anterioridad, la lucha por parte de los campesinos no ha sido fácil, toda vez que las multinacionales tienen a su favor la ley, la autoridad y la represión. De hecho muchas de las manifestaciones han terminado con las fuerzas del orden a favor de multinacionales que poco o nada las benefician.


Además, muchos campesinos se han visto abocados por la falta de alternativas, a utilizar esta serie de productos nocivos. Así pues, las corporaciones crean un círculo vicioso de dependencia hacia sus insumos, pues una semilla Monsanto sólo puede germinar a partir de ciertos fertilizantes y controlados con determinados insecticidas. El acuerdo con Bayer sin duda tendrá que ver con la creación de nuevos productos que sólo podrán ser utilizados en el campo si se compran las semillas de la multinacional, pues de lo contrario se estaría violando las patentes y creando un peligro para el capital de estas empresas. La supuesta ventaja de los productos de Monsanto son su durabilidad en el tiempo, con lo cual, las personas pueden consumir un alimento en largos periodos, solucionando el problema de acceso a los mismos. Empero, ¿qué efectos secundarios podrían tener alimentos rociados con glifosato? De ahí que antes que la cantidad de alimentos, los gobiernos deberían preocuparse por no envenenar a las poblaciones con productos genéticamente modificados.

 

 

Publicado enMedio Ambiente
Emigración de haitianos: otra mirada sobre el expediente de los 20.000 inmigrantes haitianos en situación irregular en Colombia en 2016

Según el informe anual presentado el 12 de enero de 2017 por las autoridades migratorias de este país sudamericano [1], 20.366 inmigrantes haitianos en situación irregular han sido detectados en diferentes regiones del territorio colombiano en el curso del año 2016.


Los haitianos migrantes aparecen, por primera vez, a la cabeza de la lista de extranjeros conducidos (muchos de ellos) por redes de traficantes ilegales a través de los departamentos de Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Risaralda y Cauca, principalmente, en su trayectoria hacia Estados Unidos.


Los haitianos son ampliamente más numerosos que todos los extranjeros en tránsito en Colombia en busca del "sueño americano", en particular los originarios de Cuba (8.167), de la India (874), del Congo (570) y de Nepal (553), según el informe publicado en el sitio de internet de Migración Colombia, lo que lleva a los principales medios de comunicación, organizaciones de defensa de los derechos humanos de inmigrantes y universidades de Colombia a interrogarse sobre este nuevo flujo migratorio que utiliza este país sudamericano como lugar de tránsito.


Brasil es identificado como el principal país, de donde provienen los inmigrantes haitianos que tuvieron la posibilidad de regularizar su estatuto en este país (más de 80.000, según las autoridades brasileñas [2]) pero que después de casi dos años están cada vez más desesperados por la crisis política y económica que atraviesa el gigante sudamericano.


Esta crisis golpeó de frente al sector de la construcción que utiliza la mano de obra extranjera (desde la organización de la última Copa del Mundo de fútbol en el verano de 2014), provocando así el paro para estos inmigrantes en particular.
Ya que su país de origen, Haití, no es una opción para ellos debido a la crisis humanitaria que se agravó desde el terremoto del 12 enero de 2010, prefieren emprender el periplo hacia los Estados Unidos atravesando ríos, montañas, bosques y haciendo frente a todo tipo de riesgos, amenazas y consecuencias nefastas para sus derechos humanos, su dignidad y su vida [3].


"El número de inmigrantes irregulares detectados por Migración de Colombia, en el curso del año 2016, que sobrepasa en 4 veces el del año anterior, es un ejemplo claro de que los controles efectuados, las medidas tomadas y el trabajo realizado por la autoridad migratoria [colombiana], dan resultados", declaró satisfecho el director de Migración Colombia, Krüger Sarmiento.


Sin embargo expertos en migración argumentaron que esta alteración de las cifras había aumentado, por el contrario, los riesgos y los peligros a los cuales están enfrentados estos inmigrantes obligándoles, por ejemplo, a utilizar los "servicios" de los traficantes y de otras redes criminales (entre los que están los de la droga y la prostitución), para soslayar las medidas de control, muy estrictas, establecidas por las autoridades


El informe de Migración Colombia señaló, además, varios lugares por donde los extranjeros en tránsito ingresaron al suelo colombiano (Putumayo, Amazona, la isla de San Andrés y otros puntos fronterizos con Ecuador, Brasil y Perú), así como las rutas tomadas para alcanzar América Central y la cantidad de dinero pagado a las redes de traficantes para llegar a Colombia (entre 2.000 y 2.500 dólares, como término medio).


Otras fuentes indican que los inmigrantes llegan a pagar hasta 10.000 dólares para emprender el viaje (atravesando el continente, de sur a norte) hacia la frontera de México con Estados Unidos.


Por otro lado en una entrevista concedida a la prensa colombiana [4] Krüger Sarmiento afirmó que la entidad que dirige deportó a más de 20.000 haitianos y 8.000 cubanos en 2016.


Sin embargo no dio más información sobre los países hacia los cuales los inmigrantes haitianos en particular han sido deportados y sobre todo acerca de las condiciones en las cuales estas deportaciones se efectuaron, lo que no deja de abrir interrogantes (hasta aquí sin respuesta), inquietudes y aprensiones, respecto al destino de estos inmigrantes deportados.
¿Han sido repatriados a Haití? ¿Han sido rechazados en Ecuador y en otros países desde donde llegaban (Perú, Brasil, Venezuela, etc.)? ¿Siguieron su trayectoria hacia América Central? ¿Cuántos de ellos perecieron en el camino?


Recordemos que el Consejo de Estado de Colombia (uno de los tribunales de justicia más importantes del país) denunció en una sentencia hecha pública a mediados de noviembre del año 2016 [5], el carácter ilegal de las deportaciones de inmigrantes cubanos (debido a las violaciones de los derechos humanos de estos extranjeros), operadas en agosto del año 2016 en la frontera de Colombia con Panamá (más particularmente en la localidad colombiana de Turbo), por las autoridades migratorias y policiales colombianas.


Por otra parte medios de comunicación internacionales [6] y otras organizaciones de derechos humanos informaron sobre la llegada, a finales de 2016, de 12.000 inmigrantes haitianos a la frontera de México con Estados Unidos, en particular a la ciudad mexicana de Tijuana. Estos últimos esperarían todavía una decisión favorable del Gobierno estadounidense.
En consecuencia Tijuana (ciudad muy golpeada por la inseguridad, como otras zonas de México) estaría haciendo frente a una grave crisis humanitaria, marcada por la ausencia de viviendas, de alimentos, de medidas de higiene, así como amenazas muy serias de inseguridad con respecto a lo inmigrantes.


Además las posibilidades de entrar legalmente a Estados Unidos (a través de un estatuto de refugiados o por "razón humanitaria") son casi inexistentes para estos haitianos ya que el Gobierno de Barack Obama, en un comunicado de prensa de la Casa Blanca, acaba de eliminar el privilegio, concedido a los cubanos que pisan el suelo de este país (privilegio negado a los que llegan por el mar) de obtener la residencia permanente de manera inmediata.


De allí el nombre de esta medida "pies secos, pies mojados", que acaba de ser derogada, a pesar de su funcionamiento desde hace más de 20 años en el marco de la política del gran vecino del Norte (prevista en la Ley del 2 de noviembre de 1966 [7], en el contexto de la Guerra Fría con respecto a los refugiados cubanos desde la revolución cubana de 1959.
Por otro lado desde el 23 de noviembre del año 2016 las autoridades migratorias estadounidenses habían anunciado la decisión de la administración de Obama de deportar a los haitianos irregulares, frente al aumento del número de migrantes en la frontera de este país con México y en los centros de detención [8]


Esta decisión ha sido precedida por el levantamiento de la moratoria de las deportaciones de haitianos (establecido en respuesta al terremoto del 12 de enero de 2010 y por razones humanitarias), por parte del Gobierno estadounidense con fecha 22 de septiembre de 2016.


Todo parece indicar que el número de inmigrantes haitianos y cubanos continuará en aumento.


En cambio, frente a este endurecimiento estadounidense, que podría ser mantenido, incluso reforzado por el próximo presidente Donald Trump (por su actitud hostil frente a los inmigrantes, por lo menos durante su campaña presidencial), estos inmigrantes serían bloqueados en la frontera de México con los Estados Unidos y en otros países de América Latina.
A continuación es necesario plantearse varias preguntas:


¿Qué repercusiones tendrá esta decisión de Obama (de cerrar la puerta a los inmigrantes haitianos y cubanos) en los países de tránsito en América Latina?


¿Asistiremos a una cascada de crisis humanitarias de las que serán víctimas estos inmigrantes (además de otros originarios de África y de Asia)?


¿Estos países sudamericanos y centroamericanos mantendrán su decisión de cerrar sus fronteras (por ejemplo Costa Rica, Nicaragua y Panamá) o deportarán a estos inmigrantes (como Colombia y Ecuador)?
¿Que hará México frente a esta situación tan compleja? ¿Negociar con Donald Trump, con el régimen castrista, con el gobierno de Haiti, o deportará a los inmigrantes hacia su país de origen?


[1] Comunicado de prensa No. 04. 12 de enero del 2017. Migración Colombia. CERCA DE 34 MIL MIGRANTES IRREGULARES FUERON DETECTADOS POR MIGRACIÓN COLOMBIA EN 2016.http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicados/comunicados-2017/enero-2017/3837-cerca-de-34-mil-migrantes-irregulares-fueron-detectados-por-migracion-colombia-en-2016
[2] Esclarecimento sobre concessão de vistos humanitários aos haitianos (Ministerio da Justiça e Cidadania, Brasília, 19/9/16). Lien actif : https://www.justica.gov.br/noticias/nota-a-imprensa-29
[4] “La inmigración ilegal se disparó en Colombia en el 2016 : 34,000 personas” (El Tiempo, Bogotá, 13 de enero de 2017) Lien actif : http://www.eltiempo.com/politica/justicia/migracion-ilegal-en-colombia/16791458
[5] “Llamado de atención a Migración Colombia por trato a migrantes” (El Tiempo, Bogotá, 16 de noviembre 2017). Lien actif : http://www.eltiempo.com/politica/justicia/trato-de-migrantes-cubanos-por-parte-de-migracion-colombia/16752070
[ 6 ] “Over 12,000 Haitians in Mexican city hope to enter US” (TRT World, January 7, 2017). Lien actif : http://www.trtworld.com/americas/over-12000-haitians-in-mexican-city-hope-to-enter-us-269885
[7] “U.S. picking up pace of deportations to Haiti”, by Jacqueline Charles (Miami Herald, November 23, 2016). Lien actif : http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article116755773.html
[8] “U.S. picking up pace of deportations to Haiti”, by Jacqueline Charles (Miami Herald, November 23, 2016). Lien actif : http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article116755773.HTML
Fuente: http://www.alterpresse.org/spip.php?article21175#.WIO1x9LhCih

 

Wooldy Edson Louidor
Alter presse

Traducido del francés para Rebelión por J. M.

Publicado enColombia
Desprivatización del agua: fracaso global de su privatización por el Banco Mundial

La secta neoliberal en México perora sin continencia las supuestas bondades de la privatización del agua y llama la atención su alto grado de ignorancia y/o de engaño deliberado, con tal de promover sus caníbales intereses pecuniarios ( http://goo.gl/gvTtI0 ), al no estar actualizada del fenómeno inverso de su desprivatización global que se ha acentuado en países avanzados, como EU, Francia y Alemania ( http://goo.gl/UdNcy2  ).


John Vidal, del rotativo británico The Guardian, demuestra que la privatización del agua ha sido “un fracaso global ( http://goo.gl/uWACjn )” cuando los hechos apuntan a su desprivatización: muchas ciudades que se precipitaron en firmar concesiones a 20 años o más con las empresas de agua en expectativa de un agua potable (sic) a un costo socialmente aceptable (¡supersic!) han preferido terminar sus acuerdos y regresar las provisiones de agua urbana al control público (¡supersic!).


Vidal cita un estrujante reporte de tres entidades –Instituto Trasnacional (TNI, por sus siglas en inglés), Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos y Observatorio Multinacional– que sugiere que 180 ciudades y comunidades en 35 países (¡supersic!) –que incluyen Berlín, Buenos Aires, París, Acra, Johannesburgo, La Paz, Maputo y Kuala Lumpur–, han remunicipalizado sus sistemas de agua en la pasada década: lo más sorprendente es que 100 de los retornados (sic) fueron en EU y Francia, 14 en África y 12 en América Latina (AL). Las mayores metrópolis en los países en vías de desarrollo, más que en los prósperos países avanzados, tendieron a la remunicipalización del agua.


El mismo Banco Mundial (BM) acepta un fracaso de 34 por ciento en la participación privada en infraestructura entre 2000 y 2010.


Vidal comenta que en 1999 el BM propuso la expansión del abasto acuífero de Lagos (la más poblada ciudad de Nigeria que con su zona conurbada cuenta con 21.3 millones), para beneficiar los acueductos de empresas británicas y/o francesas.


El proyecto frustrado del BM en Lagos se parece mucho a su inducción privatizadora en la Ciudad de México mediante un empréstito, con dados cargados, por 10 mil millones de pesos, cuya más poblada delegación padece sequía urbana y forma parte de la “Bolivia mexicana ( http://goo.gl/f0R8te )”.


En forma perturbadora, el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, empezó a imitar la cacofonía privatizadora neoliberal del itamita Jesús Reyes Heroles González Garza –sobre costos financieros y responsabilidad financiera (sic) de la gestión del agua–, mientras su similar de la corporación del agua de Lagos arremete contra el plan del BM como inoperante y muy costoso para la ciudad.


De 1993 a 2013, el BM llevó a cabo 847 proyectos acuíferos, cuya mitad se ubica en AL y, pese a sus estruendosos fracasos globales, no ceja en su obcecación privatizadora, cuando ha otorgado préstamos por más de 75 mil millones de dólares para proyectos acuíferos y de higiene en todo el mundo desde 1995, según Vidal.


Ahora el BM se ha sacado de la manga el nuevo truco contable/financierista –secreto, la mayor parte de las veces– de una asociación mixta pública y privada (PPP, por sus siglas en inglés) para, a mi juicio, diferir las protestas ciudadanas y luego asestar el golpe final privatizador. No corren prisa ante la sed global que buscan controlar en forma perversa y geopolítica.


Los activistas del Corporate Accountability International desmontan el truco contable financierista del PPP: al contrario, cuando el acceso al agua es casi universal, se ha debido casi siempre al compromiso público para construir y mantener su infraestructura, que representa 75 por ciento del costo del abasto del agua a los usuarios.


La experiencia global ha sido que, cuando los usuarios se encuentran incapacitados en pagar las elevadas tarifas privatizadas, los caníbales privatizadores con la mano en la cintura cortan el suministro en forma anti-humana, lo cual hace añicos el derecho humano al agua (de 50 litros a 100 litros por persona al día).


Hace un año el tribunal de distrito de la capital de Indonesia –256 millones de habitantes y un PIB de 2.8 billones de dólares (noveno en el ranking global)–, país muy parecido a México (lugar 12) en dimensiones y parámetros, canceló la “mayor privatización de agua del mundo (sic) después de 18 años de fracasos ( http://goo.gl/nStkMG )”.


Una coalición de resistencia a la privatización se rebeló a la decisión corrupta, tras bambalinas, operada por el régimen militar de Indonesia en 1997, como a las continuas manipulaciones de los operadores privados para incrementar sus ganancias sin mejorar los servicios del agua, más bajos a lo prometido y con filtraciones mayores (44 por ciento), además de que las tarifas se cuadruplicaron.


Indonesia es un eslabón más de los fracasos globales de la privatización alentada por el BM y el Banco de Desarrollo Asiático, que han caído en la ilegalidad después de la histórica cancelación del tribunal indonesio y cuya sentencia debe servir de ejemplo a los ciudadanos de otros países que se enfrentan a la dictadura acuífera global del BM/Morgan Stanley/Goldman Sachs/Citigroup-Banamex en América Latina y Estados Unidos ( http://goo.gl/rfOZV4 ).


La resolución del tribunal de Yakarta es coherente con la sentencia de la Corte Constitucional de Indonesia: los recursos del agua tienen que ser controlados y asignados para el beneficio público, por lo que las empresas privadas no pueden monopolizar los derechos sobre las fuentes de agua. Y eso que ambas cortes no abordaron el derecho humano al agua, que colisiona con los caníbales/necrófilos costos financieristas que no toman en cuenta los mayores costos sociopolíticos.


Anna Lappé, directora de Small Planet Institute, indaga las razones por las cuales el BM se empecina en privatizar el agua,“lo cual ha puesto en peligro la salud pública, a pesar de sus riesgos ( http://goo.gl/NJA3tq )”.


El problema radica en que el BM empuja a la privatización como la principal solución a la crisis de agua y sus empréstitos van conectados a medidas de austeridad diseñadas para empequeñecer al Estado.


Lo peor es que las privatizadoras del agua pretenden implementar soluciones eficientes (sic) mediante un alza descomunal de los precios y el recorte de la inversión en infraestructura (muchas veces regalada por los gobiernos entreguistas).


El BM emprende un doble juego tramposo: aconseja a los gobiernos privatizar el agua e invierte en las trasnacionales privatizadoras del agua para que obtengan suculentos contratos.


La tendencia global hoy es hacia la desprivatización del agua y no a su privatización ( http://goo.gl/5rZXWN ), como engaña el Consejo Consultivo del Agua AC, que preside el itamita Jesús Reyes Heroles González Garza ( http://goo.gl/o5IXIj ), caballo de Troya del banco de inversiones Morgan Stanley ( https://goo.gl/rBl1MT ).


Este consejo depredador es al agua lo que IMCO (del “ cártel español”) y CIDAC (del “ cártel sionista”) fueron para la enajenación (castatral y siquiátrica) del petróleo del “México neoliberal itamita”, cuyos integrales intereses pecuniarios son revolventes.


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Publicado enEconomía
Viernes, 15 Enero 2016 05:47

Una epidemia de desapariciones

Una epidemia de desapariciones

La organización Amnistía Internacional sostiene que la crisis de derechos humanos que castiga al país azteca alcanza "dimensiones epidémicas" y achaca ese contexto a la incompetencia que afecta a todo el sistema judicial.


A Luis Carlos Hernández Sánchez se lo devoró el silencio y la impunidad. Al momento de su desaparición tenía 18 años y vivía con su familia en la ciudad de Cuauhtémoc, estado de Chihuahua, municipio mexicano con la cantidad de habitantes de Zárate que por su ubicación geográfica se transformó en ruta elegida por el narcotráfico para extender sus negocios desde el occidente septentrional mexicano hasta el sur de Estados Unidos. El 22 de mayo de 2010, el joven cuauhtemense conversaba con siete amigos cuando fueron secuestrados por hombres armados que llegaron al lugar en varias camionetas. Con el tiempo, los siete cuerpos sin vida fueron encontrados, pero de Luis Carlos no se supo nada más. Un noveno muchacho desapareció cuando iba al funeral de su hermano, cuyo cuerpo había sido identificado. En el documento "Un trato de indolencia. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México", al que tuvo acceso Página/12, Amnistía Internacional aborda la situación en Cuauhtémoc, también el caso de los normalistas de Ayotzinapa, y señala que al momento de publicar el informe, se desconoce el paradero de 27.000 personas en México.


La organización de derechos humanos sostiene que la crisis de derechos humanos que castiga al país azteca alcanza dimensiones epidémicas, y achaca ese contexto a la incompetencia que afecta a todo el sistema judicial, que se suma a una ausencia total de voluntad política por parte de las autoridades estatales y federales para investigar la desaparición de miles de personas y buscarlas. "Por desgracia, las desapariciones pasaron a ser algo tan habitual que prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana", sostuvo la directora del programa de AI para América, Erika Guevara-Rosas.


En ese sentido, el informe destaca que, a la fecha, no se lograron cambios estructurales significativos que permitan asegurar el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño ocasionado a las víctimas, ni tampoco se trabajó para poner fin y asegurar la no repetición de las desapariciones forzadas, crimen que se inscribe bajo la forma de arrestos, detenciones, secuestros o cualquier otra forma de privación ilegal de la libertad que "sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la conformidad del Estado", seguida de la "negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley". De hecho, 46,5 por ciento de los casos reportados ocurrieron bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, 3425 de esos hechos fueron perpetrados el año pasado.


Aunque las estadísticas oficiales difundidos por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas hablan de al menos 27.600 personas a las que el Estado mexicano llama "no localizadas", AI pone el acento en que esas cifras deben ser tomadas con cautela, puesto que no desagregan cuántos de esos casos corresponden a desapariciones cometidas por agentes no estatales, cuántos de esas acciones se vinculan a desapariciones forzadas y en cuántos casos las personas se ausentaron por propia voluntad.


AI recomienda tipificar la de- saparición forzada y la desaparición cometida por actores no estatales de modo que todas las denuncias se investiguen exhaustivamente, con independencia de quien sea el autor, y que el delito de desaparición forzada sea investigado y sancionado cuando haya indicios de intervención de agentes estatales, sea por autorización, apoyo o consentimiento. Pide además iniciar de oficio y sin dilación la búsqueda dentro de las primeras 72 horas de la desaparición, pesquisa que debe continuar hasta establecer la suerte o paradero de la víctima.


De visita en México para acompañar la presentación del informe, Estela de Carlotto se refirió a las desapariciones forzadas en el país azteca. "México nos duele. Es el dolor de América latina que aún tiene abierta la herida de los años más sangrientos de nuestra historia reciente –sostuvo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo–. Los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 eran jóvenes que como tantos otros estaban indignados de una democracia que convive y permite la violencia más desgarradora financiada por el narcotráfico y la violencia institucional. El narcotráfico es la dictadura en México", completó.


Como miles de mexicanos, Artemisa Ibarra y Martha Loya se abrazaron a la búsqueda de sus seres queridos, en Cuauhtémoc. En esa empresa a veces titánica, ellas mismas fueron víctimas de ese mal que encarna la violencia estatal y paraestatal. Entre 2011 y 2013 se las llevó la ignominia de un Estado borrado por el crimen organizado y la corrupción. Una línea de continuidad se traza entre las circunstancias de sus desapariciones y la lucha para que aparezcan con vida sus familiares. Al día de hoy, se desconoce el paradero y la suerte que corrieron ambas mujeres.

 

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