Coctel peligroso: implicaciones territoriales de la pandemia.

Grandes ríos de tinta han corrido para caracterizar los distintos impactos del covid-19 en el contexto colombiano. Sin embargo, estos escritos, aunque desarrollan en parte el problema pierden de vista que no solo se trata de las consecuencias en la esfera económica sino de las implicaciones territoriales de la pandemia en un contexto de violencia y aparente consolidación de un proceso de paz.

En un esfuerzo de desnaturalizar la violencia, romper con el ciclo de indiferencia e ignorancia, organizaciones como la FIP y Codhes han realizado estudios para ilustrar en qué términos llega la pandemia a los territorios PDET, en los cuales aún se viven dinámicas de conflicto y construcción de paz en medio de la emergencia sanitaria.

En los informes se demuestra que en los territorios ha crecido la violencia: se ha incrementado el asesinato de líderes sociales y desplazados[1].

Parece ser que la situación ha empeorado. Según la FIP, el impacto humanitario se incrementa, al aumentarse el desplazamiento forzado, en municipios PDET este aumento corresponde al 25% y en los municipios PNIS es de 56%. (Juan Carlos Garzón Vergara, Prada et al., 2020, p. 9) Algunos grupos armados ilegales han dado tregua a sus acciones criminales, mientras otros las han diversificado. Este es el caso del ELN. (ELN, 2020)

Por otro lado, los líderes sociales o el motor de la paz territorial, en términos de Carolina Naranjo Escobar se encuentran hoy por hoy en mayor riesgo[2]. Al respecto la FIB menciona que factores de riesgo como la restricción de movilidad, vuelta a rutina aumenta la posibilidad de predecir su ubicación, y, por tanto, su vulnerabilidad[3].

Aquellos más afectados por el covid-19 son las poblaciones más vulnerables, pues la oportuna decisión de las autoridades y la capacidad del sistema de salud es deficiente. El sistema de salud colombiano no tiene la capacidad para proveer con el servicio a todo el territorio.

Lo anterior se evidencia en la amazonica[4], Tumaco, dur del Tolima, Buenaventura, Costa Caribe donde la infraestructura hospitalaria es precaria, falta de seguridad alimentaria, la pobreza y los derechos de acceso a agua potable para consumo y riego de pancoger no están garantizados sobre todo en los dos últimos.(Codhes, 2020) Asimismo, el covid-19, desplazó a la virtualidad y en un segundo plano proyectos relativos a la implementación de paz en los territorios que están ralentizados. [5]

A pesar de que se trate del mismo virus, este afecta de forma diferenciada. Las implicaciones de la pandemia son distintas en las zonas más integradas por la globalización que en las periferias donde la infraestructura hospitalaria es precaria. De ahí que los eventos catastróficos del covid-19 puedan intensificarse en los territorios.

Así pues, puede afirmarse que la pandemia no ha construido problemas de la nada, en cambio, ha revelado que el avance en términos de paz como lo señala el instituto Kroc es un avance formal más no real o material. Con el covid-19 quedan en evidencia las vulnerabilidades, inequidades y desigualdad que persiste en los territorios. La paz se tambalea y la reparación colectiva no ha llegado. Así, en los territorios está concurriendo: violencia, miseria y pandemia.

 

[1] Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), en el 2020, en Chocó y Nariño: 944 personas que pertenecen al Consejo Comunitario El Progreso han tenido que desplazarse

[2] El clan del golfo amenazó el pasado 17 de marzo a los líderes de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), en Tumaco. (CODHES, 2020)

[3] “al menos el 60% de los asesinatos de líderes en 2019 ocurrieron en sus viviendas o en las inmediaciones de ellas” (Juan Carlos Garzón Vergara, Prada et al., 2020, p. 10)

[4] “Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las comunidades de 178 de los 775 resguardos del país —que suman 85.000 familias— están en riesgo debido a la pandemia” (Cárdenas & Montoya, 2020)

[5] Entre los espacios que se han suspendido debido al COVID-19, son:Foro Plan de Desarrollo, Taller elaboración y creación de proyectos con mujeres victimas, Escuela de Género, Escuela de Construcción de Paz (GIZ), Comités de Veedurías PDET, Mesa de diálogo y saberes de Sujetos de Reparación Colectiva(CODHES, 2020)

Publicado enColombia
Foto: Vandana Shiva © Romain Guédé

Entrevista a la ecologista india Vandana Shiva, figura de la lucha contra los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y muy crítica con el “filantrocapitalismo” que encarnan sobre todo Bill Gates y su Fundación.

En su última obra publicada el pasado otoño 1 %, reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches [1 %, retomar el poder frente a omnipotencia de los ricos] (editado por Rue de l’échiquier, 2019) Vandana Shiva define de la siguiente manera el “filantrocapitalismo”: “El filantrocapitalismo […] tiene poco que ver con la caridad o con hacer donaciones, más bien tiene que ver con el beneficio, el control y el acaparamiento. Se trata de un modelo económico de inversión y de un modelo político de control que asfixian la diversidad, la democracia y las soluciones alternativas, y que atribuyendo ayudas financieras ejercen una dominación y proporcionan nuevos mercados y monopolios a los multimillonarios”. Bill Gates, la segunda fortuna mundial, simboliza este “filantrocapitalismo”. Su Fundación Bill y Melinda Gates, su principal instrumento para las donaciones, está muy activa en India. Su visibilidad mediática frente a la crisis actual y los millones que ha invertido en la investigación de una vacuna la convierten en un objetivo privilegiado de las teorías de la conspiración. No obstante, conviene preguntarse (y criticarlo) por este nuevo poder que ha adquirido el fundador de Microsoft junto a otros multimillonarios como Jeff Bezos (Amazon, primero fortuna mundial), Mark Zuckerberg (Facebook, séptima fortuna mundial) o, en Francia, Bernard Arnault (LVMH, tercera fortuna mundial). Un nuevo poder que está lejos de ser muestra de una generosidad desinteresada.

Esta entrevista, que se realizó antes de que apareciera esta pandemia, se ha actualizado con dos preguntas al principio a las que Vandana Shiva respondió por correo electrónico el 7 de mayo.

Basta ! : ¿Cómo analiza la crisis del COVID-19? ¿Se puede hablar de crisis ecológica?

Vandana Shiva : No estamos ante una sola crisis, hay tres que intervienen simultáneamente: la del COVID-19, la de los medios de subsistencia y, de rebote, la del hambre. Son las consecuencias de un modelo económico neoliberal basado en el beneficio, la avidez y una globalización que llevan a cabo las multinacionales. Esta situación tiene un fundamento ecológico: por ejemplo, la destrucción de los bosques y de sus ecosistemas favorece la aparición de nuevas enfermedades. Estas tres crisis llevan a la creación de una nueva clase, la de las personas a las que denomino “las dejadas a su suerte”, explotadas por el neoliberalismo y la emergencia de dictaduras digitales. Hay que tomar conciencia de que la economía dominada por el 1 % no está al servicio del pueblo y de la naturaleza.

¿Puede la crisis del coronavirus reforzar, precisamente, el poder de este “1 %” y de los “filantrocapitalistas” como Bill Gates, figura central de su libro?

Esta crisis confirma mi tesis. Bill Gates lleva a cabo sus planes de salud, agricultura, educación e incluso de vigilancia. Durante 25 años de neoliberalismo el Estado se ha transformado en Estado-empresa y ahora se observa una transformación en un Estado de vigilancia apoyado por el filatrocapitalism. Este 1 % considerá inútiles al 99 %: su futuro es una agricultura digital sin campesinos, unas fábricas completamente automatizadas sin trabajadores. En estos tiempos de crisis del coronavirus tenemos que oponernos, e imaginar nuevas economías y democracias basadas en la protección de la tierra y de la humanidad.

Usted equipara este control con una nueva forma de colonización e incluso califica a Bill Gates de “Cristóbal Colón de los tiempos modernos”, ¿a qué se debe esa comparación?

A que Bill Gates no hace otra cosa que conquistar nuevos territorios. No es simplemente filantropía, en el sentido de un don a la colectividad, como siempre ha existido en la historia. En realidad son inversiones que le permiten crear unos mercados en los que Gates adquiere unas posiciones dominantes. En el capitalismo hay unos interlocutores que hacen beneficios, pero con la filantropía Bill Gates dona algunos millones ¡pero acaba por tomar el control de instituciones o sectores que valen varios miles de millones! Esto se ve claramente en la sanidad o la educación, que él contribuye a privatizar y a transformar en verdaderas empresas.

También es el caso de la agricultura en la que Bill Gates utiliza las tecnologías digitales como nuevo medio para hacer entrar las patentes. La primera generación de OGM, que se suponía iba a controlar los parásitos y las malas hierbas, no ha cumplido sus promesas, pero Bill Gates continúa poniendo dinero para financiar la edición del genoma, como si la vida no fuera más que un copiar y pegar, como en Word. Impulsa esta técnica e incluso ha creado una empresa especialmente para ello, Editas. Bill Gates quiere jugar a ser el amo del universo imponiendo una sola y única forma de hacer las cosas: una sola agricultura, una sola ciencia, un solo monocultivo, un solo monopolio. Es también lo que trata de hacer ala abordar el problema del cambio climático.

¿Cómo?

Promueve su solución: la geoingeniería, que es la modificación a propósito de las condiciones meteorológicas y del clima. Es una idea estúpida, no es ecológica y es completamente irresponsable porque ataca la luz solar para hacer mecánicamente un “enfriamiento planetario”. El problema no es el sol, que nos es indispensable, sino los combustibles fósiles y nuestro sistema industrial y agrícola. Habla a todos los jefes de Estado de la geoingeniería. Recuerdo sobre todo la COP 21 (Conferencia sobre el Cambio Climático) en París en 2015, en la que estaba por todas partes. Era increíble, estaba en el escenario con los jefes de Estado, se comportaba como si fuera el cabeza de cada gobierno. Nunca había visto algo parecido en 40 años de carrera en las instituciones de la ONU, es una auténtica transformación.

¿Diría usted que ahora es más poderoso que algunos Estados o instituciones internacionales como el FMI o el Banco Mundial?

Es mucho más poderoso. Cuando el Banco Mundial quiso financiar la presa de Sardar Sarovar en India a finales de la década de 1980 hubo protestas y el BM acabó por recular [Narendra Modi inauguró la presa en 2017 gracias a otros circuitos de financiación y se convirtió en la segunda presa más grande del mundo, ndlr]. La impunidad del Banco Mundial tiene sus límites, no se puede librar de sus responsabilidades, mientras que Bill Gates, por su parte, sigue evitando los obstáculos, siempre. Aunque fracase en un lugar, tratará de desregularizar en otro.

Me he dado cuenta de que lo que logramos detener en India Bill Gates lo financió para implantarlo en otro lugares, como los OGM: por ejemplo, en 2010 Monsanto trató de introducir una berenjena OGM. India ha sido un terreno de experimentación para desarrollar nuevas tecnologías destructoras. El ministro de Medioambiente organizó audiciones públicas para saber qué opinaban de ello los campesinos, los consumidores y los científicos. Siempre digo que es la primera vez que una verdura era objeto de un debate democrático profundo…

La berenjena OGM se prohibió a raíz de estas consultas, pero Bill Gates encontró después un medio de financiarla y promoverla en Bangladesh. Ahora bien, si se aprueba en Bangladesh, inunda obligatoriamente India puesto que se trata de una frontera no controlada. Ahora Bill Gates la emprende con África, donde mete miles de millones de dolares para promover una nueva revolución verde, con productos químicos y OGM, y obligando a los países africanos a cambiar sus leyes para autorizar estas semillas.

¿Cómo explica semejante poder hoy en día?

Gates ha creado e invertido 12 millones de dólares en la Cornell Alliance for Science, que se presenta como una institución científica, pero que no es sino un órgano de comunicación. Cada vez que hay un debate, trae a esta “institución” que elabora una propaganda engañosa a favor de la biotecnología. Como es Bill Gates, el New York Times y CNN hablarán de ello y le dedicarán la portada… Para él la filantropía es solo un pretexto, a través de ella favorece sus propios intereses e influye en las políticas gubernamentales. Es una forma muy inteligente de entrar en el juego sin plegarse a sus normas, porque si una empresa dijera a un gobierno “aquí está mi dinero, haz esto”, no funcionaría, con toda seguridad se echaría a la empresa. Bill Gates, en cambio, juega con su imagen. La gente todavía lo ve a través de Microsoft, como un genio y un gigante de la informática. Sin embargo, hay ingenieros brillantes que lo han hecho mucho mejor y han luchado para mantener softwares de libre acceso y un Internet abierto, al contrario que él. Bill Gates no es un inventor, ha introducido las patentes y así es como ha levantado su imperio.

En su libro insiste también en la utilización de la tecnología y de los algoritmos…

Se ha elevado la tecnología al rango de religión. Se ha convertido en la religión del 1 %, del mismo modo que en Estados Unidos la cristiandad dio legitimidad al 1 % de la época para exterminar al 99 % de las personas amerindias en nombre de la “misión civilizadora”. Actualmente hay millones de personas a las que se quiere “civilizar” con estas nuevas herramientas de comunicación o de pago. Por otra parte, la tecnología es algo más que una herramienta. Es un instrumento de poder muy poderoso para reunir información que después se puede manipular para diferentes propósitos. Estas tecnologías se utilizan a diario, pero son sobre todo otra forma más de controlar.

También detrás de esta revolución digital encontramos a Bill Gates. Por ejemplo, ¡desempeñó un papel fundamental en la desmonetización de India! Obviamente, hacer desaparecer el dinero en efectivo para desarrollar las transacciones digitales es una forma de acelerar la revolución digital de la que él se beneficia. Ahora bien, de la misma manera que las patentes de las semillas son un intento deshonesto cuyo objetivo es poner a los agricultores “fuera de la ley” al declarar ilegal el guardar las semillas, la “desmonetización” perturba directamente las prácticas económicas de la mayoría, que representa el 80 % de la economía real de India. Es una forma de dictadura tecnológica. En ninguno de los dos casos el resultado de ello es una elección soberana del pueblo indio.

Y al mismo tiempo la gente acaba votando en las urnas a los representantes de esta política del 1 %, como, por ejemplo, en India donde Narendra Modi fue reelegido por un amplio margen el año pasado. ¿Es como si hubiera una nueva forma de “servidumbre voluntaria”?

¡Ya no estamos realmente en una democracia electoral honesta, donde la gente vota con pleno conocimiento y conciencia de lo que está en juego! Hoy en día los algoritmos conforman en gran medida al sistema electoral. En las últimas elecciones en India se autorizó a las empresas y a los particulares a hacer donaciones anónimas a los partidos políticos, lo que significa que las mayores empresas del mundo pudieron financiar las elecciones, algo que hasta entonces era ilegal. El resultado de ello es que la gran mayoría de estas donaciones llegaron a las arcas de un solo partido [el BJP, la derecha nacionalista, actualmente en el poder, ndlr]. Las elecciones indias costaron más caras que las estadounidenses, a pesar de que India está lejos de ser un país rico. Por consiguiente, podemos preguntarnos de dónde viene ese dinero… Es imposible tener una democracia honesta y funcional si el pueblo ya no vota de forma soberana. Todo el reto político para el 1 % es esta pérdida de autonomía, en todos los ámbitos.

La elección del término “1 %” puede parecer un tanto simplista, ¿por qué le parece un término apropiado hoy en día?

El 1 % es en sí un valor aproximativo, yo hablo sobre todo de unos pocos multimillonarios que controlan la mitad de los recursos del planeta. Estos miles de millones van directamente a unos fondos de inversión. Antes las entidades más grandes eran algunas empresas: Monsanto, Coca-Cola… Hoy son enanas. Son propiedad de los mismos fondos de inversión: BlackRock, Vanguard, etc. En realidad hay una sola economía, la del 1 %. Ellos son quienes destruyen, los demás, el 99 %, está excluido. Son los parados de hoy y de mañana, los campesinos desarraigados, las mujeres a las que se deja de lado, los pueblos indígenas a los que se asesina. Las personas que conforman el 99 % no son las responsables, son las víctimas. El 1 % es el responsable de los daños. Y nombrar a este “1 %” es formar un “nosotros” que, juntos, puede pedirles cuentas. Tenemos el derecho, el deber y el poder de hacerlo. Es una invitación a la solidaridad y a la acción. Es necesario que el 99 % se alce.

Por Barnabé Binctin y Guillaume Vénétitay | 13/06/2020 |

Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

Fuente: https://www.bastamag.net/Vandana-Shiva-fondation-Bill-Gates-philanthropie-capitalisme-neo-colonialisme-covid-Inde

Publicado enInternacional
Las precarias condiciones de las prisiones de América Latina aumentan los riesgos para los reclusos. Christiano Antonucci / SECOM MT

El hacinamiento sigue marcando el combate frente a la covid-19 en los centros penitenciarios de América Latina. El aumento del estrés en los centros ha provocado irremediables motines.

 

Dignificar contrarreloj el sistema de prisiones en América Latina para evitar subir un nuevo peldaño en la tragedia provocada por la covid-19 está resultando ser exactamente tan improbable como se imaginaba. La pandemia representa un cruel desafío para repensar el cómo, el porqué y el para qué de los centros penitenciarios en la región, pero ninguna innovación importante ha venido al rescate.

No se puede corregir de la noche a la mañana el primer problema de la lista: el hacinamiento. El encarcelamiento en masa es marca de la casa y cuna de violencia. La mitad de los internos está a la espera de juicio, y el objetivo de la reinserción se ha dejado de lado. Las celdas colectivas de las cárceles latinoamericanas no se definen por la división del espacio para dos, tres o cuatro personas, sino que se calculan para acoger a cuarenta y cincuenta presos, llegando incluso a cobijar a más de ciento cincuenta en las prisiones más sobrepobladas.

La mayoría de los obstáculos estructurales proceden de este hacinamiento. Enfocando exclusivamente a aspectos de higiene, fundamental siempre y vital frente a la pandemia, el sistema de suministro de agua de prisiones diseñadas para ochocientos internos pero que amparan a dos mil quinientos no soporta semejante demanda. En esos casos, el agua corriente solo está disponible una serie de horas al día, y hay que disputársela.

La cancelación de las visitas fue una de las primeras medidas cuando la covid-19 cruzó el océano Atlántico, una resolución lógica ante la amenaza desconocida, pero ha derivado en un creciente malestar entre los presos, que agita una tensión ya de por sí elevada. Lo primero que se denunció fue la ruptura de la comunicación entre los internos y sus familias. Llevan dos meses y medio sin noticias de ellos. No se han articulado las debidas alternativas telefónicas, ni mucho menos las opciones de comunicación a través de internet.

Son esas visitas, por otro lado, las que "palían las necesidades básicas, como la alimentación, la medicación o la vestimenta", recuerda para este reportaje Alcira Daroqui, directora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (GESPyDH). "Y los que hacen visitas no solamente asisten a sus familiares, sino que los presos ponen bastante de lo que les llevan al servicio del grupo con el que están en el pabellón, lo que se llama la ranchada". En la provincia de Buenos Aires, al menos, se ha autorizado que los familiares puedan enviar paquetes. "Eso y reconocer que no les damos de comer es lo mismo", se lamenta Daroqui.

El estrés fue en aumento en los presidios hasta desembocar en bruscas insurrecciones. Sucedió en Villa Devoto y Florencio Varela, en Argentina (treinta heridos), en Manaus, Brasil (17 heridos), y también en Perú. "El Estado comenzó a tomar acciones cuando se produjeron una serie de motines en los centros, que culminaron con el principal, que fue el de Castro Castro (Lima)", comenta para Público el investigador Stéfano Corzo, del Instituto de Defensa Legal (IDL). Nueve muertos hubo en Castro Castro, politraumatismo por proyectil de arma de fuego. A ochocientos kilómetros de allí, en la penitenciaría de Picsi, se repitió la misma situación de revuelta, con otros dos fallecidos. Solicitaban los presos un trato humano y digno frente a la pandemia, y solo así el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comenzó a publicar información transparente, aunque con cuenta gotas, de lo que sucedía en sus centros.

Perú fue el primer país de la región que canceló visitas a los internos, pero ni aun así ha conseguido controlar la situación. "Donde no se tomaron medidas suficientemente adecuadas fue en el equipamiento de bioseguridad con el que debía contar los 11.000 funcionarios del INPE que trabajan dentro del sistema carcelario peruano", indica Corzo. "Fue un sector atendido tardíamente, y cuando fue atendido el virus ya había entrado en las cárceles".

La transparencia esporádica que ha ido surgiendo del INPE peruano deja resultados tan sorprendentes como los de las 450 pruebas rápidas (350 para reclusas y 100 para empleados) que se aplicaron este miércoles en la cárcel para mujeres de Chorrillos. "De ese total, 310 pruebas en internas resultaron positivas. 303 son asintomáticas y 7 presentan algún síntoma leve", notificaba el informe oficial. El porcentaje de contaminación en Chorrillos es del 88,6%.

En México hay datos que también inquietan. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está siendo la encargada de visitar los centros penitenciarios y exigir el cumplimiento de las medidas básicas para proteger a la población privada de libertad. "Preocupa a este Organismo el índice de letalidad en las prisiones en comparación a los datos nacionales reportados", alertaban en su último informe hasta la fecha, publicado el 4 de junio. 60 fallecimientos entre los 429 casos confirmados sitúan la tasa de mortalidad en el 15,9% dentro de las cárceles mexicanas. El índice nacional es de 11,8%.

En el caso específico de Brasil, las unidades sanitarias prisionales transitan ajenas al sistema público de salud, funcionan en paralelo y, por si fuera poco, sin el armazón más básico. La población privada de libertad no se encuentra entre las prioridades, por eso algunos reclusos enfermos han llegado ya sin vida al ambulatorio de destino tras una atención insuficiente en su centro penitenciario. Por otra parte, ante la falta de datos fiables, sobre todo tras los intentos de maquillaje de las cifras oficiales por parte del Ejecutivo de Jair Bolsonaro, las organizaciones de la sociedad civil tratan de calcular los estragos de la pandemia en las cárceles cotejando las estadísticas de fallecidos por neumonía o síndrome de respiración agudo.

32.500 personas liberadas en el sistema prisional brasileño

La Pastoral Carcerária Nacional es una de las instituciones más activas por los derechos de los presos en Brasil. Organizaban visitas quincenales, hasta mediados de marzo. "Poco o nada sabemos de ellos ahora", explica el Padre Gianfranco Graziola, uno de los asesores de la organización. "Tenemos información cuando alguien va a salir, o a través de algunos parientes". Graziola acepta amargamente que el trato digno dentro de los muros de la prisión es prácticamente una causa perdida, porque a la sociedad poco le importa: "Continúa la mentalidad excluyente, siempre se les tratará como delincuentes, y, en realidad, solo son personas que erraron".

La Recomendación 62, redactada por el Consejo Nacional de Justicia brasileño (CNJ), nació al inicio de la crisis como un incentivo a los magistrados para reformular las condenas de "personas en grupos de riesgo y en la fase final de las penas que no hubieran cometido crímenes violentos o con grave amenaza como robo con resultado de muerte, homicidio o violación, y que no pertenezcan a organizaciones criminales". 32.500 personas han sido retiradas de las unidades prisionales brasileñas en los últimos tres meses atendiendo al dictado, señala el informe del CNJ, con la adaptación para otros formatos como prisión domiciliar o monitoramiento electrónico. "Se trata del 4,78% del total de personas privadas de libertad, excluidos el régimen abierto y los detenidos en comisarías". La Recomendación 62 acaba de ser renovada por otros 90 días.

Para el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, al final la mirada se vuelve a dirigir, de una forma u otra, hacia el encarcelamiento en masa. Porque inexorablemente "el debate que trae la pandemia es a cuántos se debería liberar, cuando lo que se debería debatir es cuántos no tendrían que haber ingresado nunca". En las prisiones federales argentinas, cuenta Alcira Daroqui, hay personas "condenadas a ingresar en la cárcel por quince días".

río de janeiro

13/06/2020 11:06 Actualizado: 13/06/2020 11:13

víctor david lópez

@VictorDavLopez

Publicado enSociedad
La falta de regulación internacional sobre el material antidisturbios fomenta abusos como los de EEUU

"Las armas menos letales no están muy reguladas a nivel nacional e internacional y eso las convierte en un muy buen negocio para los productores y muy fácil de adquirir en grandes cantidades", señalan desde Amnistía Internacional 

 

Justin Howell, de 20 años, participaba en una manifestación en Austin, Texas, cuando la policía disparó sus escopetas del calibre 12 modificadas para descargar pequeños sacos de tela rellenos de perdigones. Uno de aquellos saquitos le dio en la cabeza. Cayó al suelo. Un grupo de manifestantes lo levantó y lo intentó llevar hacia los agentes para pedir ayuda. Delante del todo, una médica voluntaria con los brazos en alto intenta abrir camino y llamar la atención de la policía. La ven, pero responden con una nueva ráfaga de disparos. Howell está grave. Tiene una fractura en el cráneo y daño cerebral.

Las protestas contra el racismo de EEUU están dejando varias imágenes polémicas sobre la utilización del material antidisturbios. Este armamento se ha cobrado varias víctimas mortales por todo el mundo, pero la falta de regulación nacional e internacional ha fomentado su uso y abuso en muchos países. Un día antes del incidente de Howell, Brad Ayala, de 16 años, estaba alejado de la multitud manifestante en la misma ciudad cuando cayó desplomado tras recibir el impacto en la cabeza de las escopetas policiales. También tiene fractura de cráneo y daño cerebral.

"Las armas menos letales [conocidas hace años como armas no letales] no están muy controladas. No hay mucha regulación a nivel nacional e internacional. Eso lo convierte en un muy buen negocio para los productores y muy fácil de adquirir en grandes cantidades para las fuerzas de seguridad sin el escrutinio de las organizaciones de derechos humanos", sostiene Ara Marcen Naval, exdirectora adjunta de control de armas y derechos humanos de Amnistía Internacional en una reciente investigación de la organización sobre el uso del gas lacrimógeno.

La organización Physicians for Human Rights sostiene en uno de sus informes (2018) que "mientras el armamento antidisturbios puede teóricamente ofrecer una opción de uso reducido de la fuerza, en la práctica –y quizá por la suposición de que son siempre menos letales–, a menudo se utilizan las armas de una forma indiscriminada y sin haber gastado primero el resto de opciones pacíficas". "Esto se debe, en gran parte, a la falta de pruebas antes de su uso, a una formación insuficiente, a la falta de regulaciones y a mecanismos pobres de rendición de cuentas".

Isabel Mendoza, portavoz del equipo de comercio de armas de Amnistía Internacional recuerda que el uso del gas lacrimógeno está prohibido en conflictos armados, pero que se permite a nivel interno por parte de las fuerzas de seguridad: "Por eso creemos que debe haber una clara limitación o restricción sobre su uso".

En las protestas de EEUU de estos días también se ha visto un abuso del gas lacrimógeno y ciudades como Seattle han prohibido su uso durante los próximos 30 días tras hacerse público que se utilizaron para disolver manifestaciones pacíficas.

En Filadelfia, los agentes utilizaron botes de gas lacrimógeno contra los manifestantes que estaban bloqueando la autopista. Una vez que estos quedaron atrapados y sin salida en lo alto de una colina, la policía siguió disparando.

"El primer paso que necesitamos es una clasificación clara de estos instrumentos como armas y eso tendría que estar estandarizado en todos los tipos de intercambios comerciales", sostiene en la investigación de Amnistía Internacional Anna Feigenbaum, autora del libro ‘Gas lacrimógeno: de los campos de batalla de la Primera guerra Mundial a las calles de hoy’. "También debería haber un requisito legal de etiquetar todos los botes de gas lacrimógeno no solo con el lugar de procedencia, sino también con los ingredientes y componentes. Es una regulación básica para la comida y no hay ninguna razón para que no sea una regulación en las armas menos letales", añade.

Marcen Naval opta por "poner un sistema de licencias que vigile cómo se utilizan estas armas, de modo que cuando haya ejemplos de que se han utilizado para graves violaciones de derechos humanos, que se suspenda esa transacción". "Cuando hay un país que utiliza las armas para dispersar manifestaciones pacíficas, pedimos a los Estados productores que paralicen ese comercio de forma inmediata", añade. Isabel mENDOZA

"Hay un creciente consenso entre expertos legales de que algunos usos del gas lacrimógeno pueden constituir actos de tortura o maltrato", señala la investigación de Amnistía Internacional, la cual ha detectado 80 casos de uso indebido del gas en 22 países diferentes. "Amnistía ha documentado numerosos casos de grave dolor y sufrimiento causado por el gas, así como situaciones en las que su uso es claramente punitivo. Con esto en mente, nuestra conclusión es que en estas instancias el uso del gas lacrimógeno constituye tortura bajo la legislación internacional", añade.

Los relatores especiales de la ONU sobre los derechos de reunión y asociación pacífica, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y sobre ejecuciones sumarias, arbitrarias o extrajudiciales advirtieron este miércoles en un comunicado que "disparar gases lacrimógenos y golpear a manifestantes pacíficos no los silencia, solo reafirma la urgencia de la lucha por la reforma policial y justicia racial en EEUU". El texto señala que hay "centenares de vídeos" que ponen de manifiesto "el uso injustificado por parte de la policía de porras, gases lacrimógenos y pelotas de goma para dispersar a manifestantes pacíficos".

"Desafortunadamente, los mecanismos internacionales no han seguido el ritmo del rápido desarrollo de las tecnologías y técnicas antidisturbios. Los estándares internacionales que abordan este uso de armamento son muy limitados y no hay limitaciones sobre el tipo de armas que se puede utilizar en manifestaciones o sobre la producción y comercio de las armas antidisturbios", señala el informe de 2018 de Physicians for Human Rights (PHR). No ha sido hasta este año que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR) ha publicado una guía con recomendaciones sobre el uso de armas menos letales en la policía.

"La falta de regulaciones se ve exacerbada por los estándares poco desarrollados sobre cómo controlar las protestas; como aislar pequeños grupos violentos sin recurrir al uso de la fuerza indiscriminada; cómo prevenir la escalada y la confrontación entre los manifestantes y la policía; y cómo mitigar cualquier daño o perjuicio cuando es necesario usar la fuerza", añade el informe de PHR.

En su guía, la OHCHR recuerda: "El armamento menos letal y equipamiento relacionado también puede matar o provocar heridas graves, especialmente cuando no se utilizan por personal formado de acuerdo con las especificaciones, los principios generales del uso de la fuerza o de acuerdo con la legislación de derechos humanos". "Además, muertes extrajudiciales y actos de tortura u otras formas de castigo cruel, inhumano o degradante han sido perpetrados utilizando armas menos letales y algunos equipos relacionados", añade el organismo de la ONU.

Por Javier Biosca Azcoiti

11/06/2020 - 22:15h

Publicado enInternacional
Un sistema de reconocimiento facial Sheila Scarborough / Flickr

El sesgo racial de estos algoritmos de identificación de personas se convierte en el detonante de que empresas como Amazon o IBM den de lado una tecnología señalada por sus abundantes controversias éticas

 

El sesgo racial no es la única controversia que rodea a la tecnología de reconocimiento facial. Diversos estudios han detectado que estos algoritmos de identificación no solo funcionan peor con caras de personas negras, sino con cualquier rostro racializado. También se equivocan más con las mujeres que con los hombres. Además, su uso por la policía en entornos abiertos es cuestionado por organizaciones de defensa de los derechos digitales, que denuncian que "es como ponernos a todos en una rueda de reconocimiento constante". Las dudas se acumulaban desde hace años, pero cuando IBM argumentó el lunes que abandonaba toda relación con esta tecnología por "justicia y equidad racial" en pleno auge del movimiento Black Lives Matter, muchos lo vieron como el primer dedo que señala a un emperador desnudo.

"IBM empieza, muchos más deben seguirla", adelantó Joy Buolamwini, investigadora del MIT y autora de uno de esos estudios que han destapado las vergüenzas de este tipo de inteligencia artificial. "Supone un reconocimiento de que la tecnología de reconocimiento facial, especialmente la implementada por la policía, se ha utilizado para socavar los derechos humanos y dañar específicamente a las personas negras, así como a las personas indígenas y otras personas de color", recalcó Buolamwini, fundadora de la Liga de la Justicia Algorítmica.

"No hay justicia sin justicia algorítmica" es el mantra de esta organización, que denuncia cómo la inteligencia artificial puede profundizar sistemas discriminatorios sexistas o racistas. Para IBM era más fácil sumarse a este discurso que para su competencia. Aunque estaba en la carrera, su tecnología de reconocimiento facial no tenía una gran cuota de mercado. Otras como Microsoft, Facebook, Google o Amazon la han desarrollado y vendido más intensamente. Pero su potencial era ser el primero de una serie de movimientos en cadena que empujara a las demás.

Así se ha demostrado cuando Amazon, uno de los principales proveedores de estas tecnologías a policías y agencias de seguridad en todo el mundo, ha decretado un año de moratoria para usar su servicio en estos ámbitos. "Abogamos por que los gobiernos establezcan regulaciones más estrictas para regular el uso ético de la tecnología de reconocimiento facial" durante ese período, ha pedido la multinacional en un escueto comunicado dos días después de que IBM diera el primer paso.

El movimiento Black Lives Matter ha desencadenado "la tormenta perfecta" contra los algoritmos de reconocimiento facial, expone Gemma Galdón, consultora tecnológica y fundadora de la Fundación Éticas. "Lo que está pasando ahora es solo la puntilla. Hay problemas de mucho más calado que el sesgo racial con el reconocimiento facial, porque es una tecnología fallida en algunos ámbitos. Puede funcionar con 'niveles aceptables' en entornos cerrados (y con 'niveles aceptables' quiero decir con tasas de error del 30%) pero en entornos abiertos estábamos viendo tasas superiores al 90%, por lo cual básicamente es una tecnología inútil", concluye.

Sobre la decisión de IBM y Amazon, la experta afirma que "es evidente que el motivo principal no es ético, pero han leído bien el momento actual para cambiar el paso". Por un lado, "IBM tiene una tecnología que ahora mismo no es competitiva, por lo que corta una línea de inversión que tampoco estaba muy claro que funcionara apuntándose un tanto en temas éticos y de privacidad", expone. Amazon, por su parte, se adelanta a un movimiento que las autoridades podrían obligarla a realizar igualmente, ya que el reconocimiento facial se encuentra "en un vacío legal" que podría resolverse con la prohibición de uso policial.

El Congreso estadounidense está analizando esta cuestión. No solo está empujado por la denuncia de la sociedad civil y el discurso corporativo de las empresas que se han sumado a ella. También está respaldado por expertos técnicos. "El uso policial de tecnología de reconocimiento facial debería ser prohibido en este momento", ha expuesto Timnit Gebru, científica de datos y colíder del equipo de inteligencia artificial ética de Google, en una entrevista con el New York Times.

Los motivos van más allá de que esta tecnología funcione peor en unas personas que en otras. "Hay otro llamado sesgo de automatización. Si la intuición le dice a una persona que el sistema no ha reconocido bien a un sujeto, pero el ordenador le dice que es él con un 99% de precisión, es más probable que crea en el ordenador que en su propia impresión", explica. "También hay un desequilibrio de poder. El reconocimiento facial puede ser completamente preciso, pero aún así puede usarse de una manera que sea perjudicial para ciertos grupos de personas si se implementa sin transparencia".

España es uno de los dos únicos países de Europa, junto a Bélgica, donde no está autorizado el uso de reconocimiento facial por parte de la policía o en investigaciones judiciales, según un análisis de la organización Algorithm Watch de diciembre de 2019. No obstante, en Marbella se prueba una tecnología denominada "reconocimiento corporal": "Estos sistemas utilizan el estilo de caminar o la ropa de las personas para rastrearlos. Podrían reconocer caras, pero la función está deshabilitada por ahora, a la espera de una autorización legal para activarla", explicó la organización.

Por Carlos del Castillo

11/06/2020 - 22:15h

Publicado enInternacional
Estados Unidos anunció sanciones a funcionarios de la Corte Penal Internacional

Golpe preventivo a La Haya por investigar la invasión de Afganistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (foto), ordenó ayer sanciones contra cualquier funcionario de la Corte Penal Internacional (CPI) que procese a militares estadounidenses, en un momento en que el tribunal estudia presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas en Afganistán.

En una orden ejecutiva, Trump anunció que Estados Unidos va a bloquear las propiedades o activos de cualquier funcionario del tribunal de La Haya que esté involucrado en la investigación. La Casa Blanca también autorizó que se emitan restricciones de visas para entrar a Estados Unidos, lo que también afectará al resto de la familia de los funcionaros sancionados.

"Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque contra los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en un comunicado. En ese texto, el gobierno de Estados Unidos recordó que su país no forma parte del Estatuto de Roma y ha rechazado reiteradamente las afirmaciones de que la CPI tiene jurisdicción sobre el personal de Estados Unidos.

El gobierno de Trump revocó el año pasado la visa de la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, buscando presionarla para que desistiera de investigar incidentes durante la larga guerra en Afganistán. En marzo el tribunal autorizó en una apelación la apertura de una investigación por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Afganistán. Bensouda desea examinar no solo los supuestos crímenes cometidos desde 2003 por los soldados talibanes y afganos, sino también los que hubieran podido cometer las fuerzas internacionales, sobre todo las tropas estadounidenses. La fiscal también busca investigar acusaciones de tortura que pesan sobre la CIA.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió a los aliados de su país que la investigación también los concierne. "Es un mensaje para varios aliados cercanos en todo el mundo especialmente aquellos países de la OTAN que lucharon contra el terrorismo en Afganistán del lado de Estados Unidos", señaló.

El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, a su vez acusó a Rusia de "manipular" la CPI. "Potencias extranjeras como Rusia también están manipulando la CPI para adelantar sus propios intereses", indicó Barr a los periodistas.

En cambio la ONG Human Rights Watch criticó la decisión del presidente estadounidense. "La orden de Trump demuestra un desprecio por el Estado de Derecho global. Este ataque contra la CPI es un esfuerzo para impedir que víctimas de crímenes muy graves, ya sea en Afganistán, Israel o Palestina busquen justicia", afirmó en un comunicado.

En La Haya, un portavoz del tribunal indicó que estaban al tanto del anuncio en Washington y que emitirán una reacción tras examinar su contenido. 

La corte con sede en La  Haya, fundada en 2002, basa su investigación en que sí tiene jurisdicción sobre el país.El tribunal internacional enfrenta una crisis profunda en un momento en que varios países de África cuestionan al organismo e ingnoraron un mandato de detención internacional contra el expresidente de Sudán Omar al Bashir.

Trump ha emprendido una campaña contra instituciones multilaterales que considera que van en contra de los intereses de su país y recientemente anunció el retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por sus críticas a la respuesta frente al coronavirus.

El rol de la Corte ya había sido criticado por anteriores administraciones como el gobierno del presidente republicano George W. Bush, que alentó a los países miembros a cerrarla. Su sucesor Barack Obama adoptó un tono menos belicoso, aunque sin adherir tampoco al Estatuto de Roma.

Publicado enInternacional
El futuro incierto de la alimentación después del coronavirus

El experto argentino Carlos Cherniak prevé un aumento del hambre como efecto de la pandemia

Cerca de 10 millones de niños en Latinoamérica dejaron de recibir su ración diaria de comida, en consecuencia, habrá un incremento de la inseguridad alimentaria

en la región.

 

Desde Roma

Cuando la pandemia del covid- 19 todavía no ha terminado, muchos se preguntan qué será de ellos y de tanta gente que vive en otras partes del planeta, lejos de Europa, Estados Unidos o Rusia, que han acaparado la atención en estos meses. La desocupación y el hambre parecen ser dos consecuencias que se difundirán. ¿Cómo sobrevivirán los pobres del mundo? ¿Que debería hacer la ONU y las naciones para ayudarlos? A ésta y otras preguntas de PáginaI12 respondió Carlos Cherniak, actual Representante argentino ante tres organismos de la ONU con base en Roma: FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), PMA (Programa Mundial de Alimentos) y FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola). Cherniak, diplomático de carrera, se ha desempeñado, entre otros, como responsable de Derechos Humanos en la Embajada Argentina de Roma (2010 - 2015) y como Director de Asuntos Parlamentarios en la cancillería (2016 - 2019).

-El PMA estima que a causa de la pandemia, unos 265 millones de personas sufrirán gravemente el hambre a fines de este año. ¿Cuáles son los países que están más en riesgo?

--Los países con crisis humanitarias por conflictos, migraciones, desertificación, falta de alimentos (Yemen, Siria, Sudán del Sur, Etiopía, etc), están particularmente expuestos a los efectos de la pandemia. La pandemia de covid-19 afecta directamente los sistemas alimentarios a través de los impactos en la oferta y la demanda de alimentos, e indirectamente a través de la disminución del poder adquisitivo, de la capacidad de producir y de distribuir alimentos. La mayoría de los países afectados por crisis alimentarias se encuentran en África subsahariana (Camerún, Gabón, Zambia, Botsuana, etc), donde hay ya 73 millones de personas, en crisis severa de alimentación según la ONU. Pero también en América Latina y el Caribe hay problemas.

- La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) estima que la pobreza en América Latina aumentará un 4,4 % en 2020, es decir un incremento de 29 millones de personas. ¿FAO concuerda?

--La FAO no realiza mediciones sobre la pobreza pero sí estudios sobre la evolución de la inseguridad alimentaria y los niveles de desnutrición. En ese sentido, previo a la covid- 19, la FAO calculaba que en América Latina había unos 187 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, de las cuales 18.5 millones estaba en estado crítico. Como consecuencia de la medidas de distanciamiento social adoptadas por la pandemia, los indicadores de FAO muestran que cerca de 10 millones de niños en Latinoamérica dejaron de recibir su ración diaria de alimentos, ya que los comedores escolares están cerrados. Frente a este panorama, y según cómo evolucione la emergencia sanitaria a nivel local, FAO estima que podría haber un incremento de la inseguridad alimentaria en la región, lo cual lógicamente tiene una correlación con la pobreza.

-¿Cuál será el impacto económico de la crisis del coronavirus en América Latina?

--Es difícil poder calibrar cuál será el impacto económico de la covid- 19 en América Latina, ya que se trata de un escenario dinámico, donde entran en juego diferentes variables que tienen que ver con lo que ocurra en otras regiones del mundo. Por ejemplo, en marzo el Banco Mundial estimaba que el PBI (Producto Bruto Interno) global podría caer entre 1 y el 1,5%. Hoy el mismo organismo proyecta una caída cercana al 5%. Situación similar se repite en las proyecciones de la OMC (Organización Mundial del Comercio) que estima una caída posible del 13 al 32% aproximadamente. FAO y otros organismos internacionales pronostican un aumento del desempleo, variaciones en precios locales y desequilibrios en la demanda global de alimentos. Según FAO, los países del denominado “corredor seco” (Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) y los del Caribe, podrían enfrentar una situación difícil, ya que son importadores netos de alimentos. Una porción importante de las divisas para pagar esas importaciones dependen de la actividad turística que se ve drásticamente reducida.

--Se dice que las medidas para controlar la difusión de la pandemia, como el distanciamiento, han perjudicado la producción agrícola y han generado mucho desempleo y agravado el hambre. ¿Es así según usted?

--Las medidas de distanciamiento social tienen diferente incidencia según el sector productivo del que se trate. Por ejemplo, productos básicos como trigo, maíz, soja, que dependen del capital intensivo (es decir maquinarias agrícolas), según FAO no han sufrido grandes desequilibrios y los niveles cosechados son normales. Sin embargo los bienes que requieren mano de obra intensiva (frutas o verduras), han mostrado signos de estrés no sólo en su producción sino también en el transporte, dado que son bienes “frágiles” que necesitan transporte veloz y cadenas de frío seguras. Según FAO por ahora el sector del agro se mantiene activo, por lo tanto las causas del desempleo se podrían explicar mejor por la caída de actividades como turismo, servicios gastronómicos, empleos informales, etc. En cuanto a estimaciones de hambre, FAO conjuga sus proyecciones con el nivel de caída del PBI global. Por ejemplo, si se mantiene la estimación de una disminución del 5% en el PBI mundial como se dice, unos 38.2 millones de personas ingresarían en situación de desnutrición (fase más grave del hambre). No hay que olvidar que ya existen 820 millones de personas en situación de hambre que, según la gravedad, encuentran dificultades medias o críticas para acceder a los alimentos.

- Según usted ¿cuáles son y serán las consecuencias a nivel agrícola de la crisis del coronavirus?

Los productos que dependen de mano de obra intensiva serán aquellos que experimenten mayores dificultades a raíz del distanciamiento social y las complicaciones logísticas (Ej. transporte aéreo). De acuerdo con estimaciones de FAO países como Chile, Perú o Ecuador, experimentarían una disminución de sus exportaciones. Esta situación se puede constatar, por ejemplo, en los productores de bananas (Ej. Ecuador) cuyas exportaciones desde enero han sufrido una reducción que, en algunos casos, llega al 23%. La situación es diferente en los productores de granos. Para dar un ejemplo, la caída del precio de petróleo hace que los biocombustibles (que requieren por ejemplo maíz o trigo) no sean competitivos, eso genera que el consumo de maíz y trigo disminuya y haya una mayor disponibilidad de cereales en el mercado.

-¿Qué está haciendo FAO, PMA, FIDA para ayudar a los países en crisis alimentaria por la covid-19?¿Qué deberían hacer los países miembros de la ONU?

--Los tres Organismos especializados de Naciones Unidas con sede en Roma -FAO, FIDA y PMA-, ante las cuales represento al país, están muy activos y comportándose a la altura del actual desafío. La FAO está reforzando sus programas de asistencia contra el hambre y la malnutrición y, al mismo tiempo, monitoreando y alertando sobre la situación de la oferta y demanda de alimentos en el mundo. El FIDA está reforzando los proyectos de asistencia a pequeños productores rurales y a la agricultura familiar. Y el PMA brinda asistencia alimentaria a las poblaciones más vulnerables que hoy son más de 90 millones de personas. Respecto a lo que pueden hacer las naciones, es imprescindible terminar con todo tipo de conflictos, porque generan más desplazados, más migrantes forzados, más hambre y más inseguridad alimentaria. Es esencial reforzar el multilateralismo, la coordinación y la solidaridad. Creo que en este sentido, el comportamiento que está teniendo la Argentina es ejemplar. Como país exportador neto de alimentos y commodities ha sostenido la cadena productiva sin interrupciones, y ello resulta esencial para evitar agravar la inseguridad alimentaria global. 

Publicado enSociedad
La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern EFE

Más de 90.000 jóvenes no acuden a la escuela cuando menstrúan porque no pueden permitirse compresas o tampones, según la primera ministra de Nueva Zelanda

 

Las alumnas de las escuelas secundarias de Nueva Zelanda ya no tendrán que pagar por los productos de higiene íntima. El Gobierno ha anunciado que asumirá los costes con el objetivo de erradicar la pobreza menstrual generalizada. "Sabemos que casi 95.000 niñas de nueve a 18 años pueden quedarse en casa durante sus períodos debido a que no pueden permitirse productos menstruales", ha dicho la primera ministra.  

Jacinda Ardern ha señalado que los productos sanitarios para la menstruación no son un lujo sino una necesidad, y que demasiadas chicas no acuden a la escuela porque no pueden permitirse comprar compresas y tampones. "Al ponerlos a disposición gratuitamente, apoyamos a estas jóvenes para que continúen aprendiendo en la escuela", ha aseverado.

Según escuelas de zonas desfavorecidas, muchas niñas se ven obligadas a a utilizar papel higiénico, periódicos y trapos como alternativa para controlar el período. Quince escuelas de Waikato, identificadas como las más necesitadas, tendrán acceso a productos gratuitos a partir del tercer trimestre de este año, y el programa se extenderá a todo el país con carácter voluntario en 2021.

Desde Dignity, una ONG local que provee a algunas escuelas de suministros sanitarios, dicen estar "extasiados" por la decisión del Gobierno. "Para las estudiantes, la falta de acceso a los productos menstruales no solo exacerba los sentimientos de vergüenza y la carga financiera de género, sino que se ha demostrado que aumenta el absentismo", asegura Jacinta Gulasekharam, cofundadora de Dignity.

"Es una fantástica inversión de nuestro Gobierno. Sin embargo, esto es sólo el comienzo. La pobreza menstrual no afecta solo a las estudiantes", prosigue. "Es un subconjunto dentro de la pobreza generalizada, y muchos otros grupos, como quienes sufren la falta de vivienda y la pérdida de ingresos, sufren profundamente las implicaciones de la falta de acceso a los productos".

"Cuando tú, sin tener culpa alguna, no tienes acceso a las necesidades humanas básicas, se trata de algo que realmente impacta en cómo te ves a ti mismo, erosiona tu sentido del valor, tu sentido del yo", afirma Caro Atkinson, consejera escolar de la escuela He Huarahi Tamariki.

Una "diferencia inmediata" en la vida de las niñas

El Gobierno de coalición laborista tiene como objetivo reducir la pobreza infantil a la mitad en una década, y Ardern dice que, si bien esa tarea se ha hecho más compleja por las repercusiones de la COVID-19, es importante invertir en programas que marquen una "diferencia inmediata" en la vida de las niñas que se encuentran en situación de pobreza en todo el país.

Julie Anne Genter, ministra de la Mujer, opina que el coste de los productos sanitarios puede ser "prohibitivo" para algunas familias, lo que puede llevar a ausencias mensuales en la escuela para niñas que no pueden pagarlos ni gestionar su periodo de forma higiénica. "La menstruación es un hecho para la mitad de la población y el acceso a estos productos es una necesidad, no un lujo", incide Genter.

Según una encuesta realizada por Yputh19 Survey, el 12% de las estudiantes de 9 a 13 años que menstrúan afirmaron tener dificultades para acceder a los productos sanitarios, mientras que aproximadamente una de cada 12 estudiantes dijo haber faltado a la escuela por no poder pagar los productos. Por otra parte, un estudio de Universidad de Otago asegura que las niñas que sufren pobreza menstrual se enfrentan implicaciones de por vida "para su salud, desarrollo emocional, educación y perspectivas profesionales".

Por Eleanor Ainge Roy

03/06/2020 - 16:54h

Traducido por Clara Giménez

Publicado enInternacional
https://dontamalio.com/suben-los-contagios-de-covid-19-en-la-carcel-de-picalena-presos-y-guardias-en-la-lista/

Las cifras de infectados en las cárceles crecen día a día. Los poderes públicos y la sociedad en general no se inmutan, no hay porque, las vidas en juego no interesan.


Todo comenzó a coger cuerpo los primeros días de abril. Era de suponer, el virus no se amedrenta con los muros, garitas ni barrotes, tampoco por uniformes azules o de otros colores, el covid 19 se transporta y reproduce con mayor intensidad donde hay concentraciones humanas, mucho más donde no es fácil lavarse las manos con regularidad, y donde es imposible guardar distancia, o acceder a buena y pronta asistencia médica, así como buena y saludable alimentación. En estas condiciones, con un sistema carcelario hacinado en más del 50 por ciento, con derechos humanos de papel, todo estaba y sigue estando conjugado para convertir las cárceles en una bomba biológica.

Ante estas circunstancias, cualquier persona ligada al poder, con algo de humanismo, comprendería y, por tanto, actuaría en consecuencia, es decir, era y sigue siendo necesario prevenir, es decir descongestionar. Pero más puede el autoritarismo y la violencia consustancial al poder que el sentido común y la vida de muchos y muchas.

En desdeabajo previmos esta realidad desde el inicio de la crisis desatada por el covid-19, y llamamos a deshacinar. Pusimos en consideración de la sociedad y de los poderes que la controlan, el único mecanismo expedito para hacerla factible: trasladar a sus sitios de vivienda, para continuar con casa por cárcel, a las personas que a pesar de estar sindicadas, es decir, no vencidas en juicio, se encuentran sometidas al encierro carcelario. Más de 38 mil, las cuales, por demás, no tienen por qué soportar el peligro que para su salud y vida significa estar en alto riesgo de contagio por el virus. Y para así proceder, para sustentar el derecho que tienen de salir de la cárcel en las condiciones actuales, no hace falta un decreto extraordinario ni un gran alegato jurídico, simplemente hay que considerar que no están condenados sino sindicados, y de acuerdo a las normas constitucionales y convencionales pueden –deben– ser excarcelados mientras prosigue la investigación de su causa.

Una alternativa, en derecho, constitucional, que podría ampliarse a variedad de condenados, tomando en consideración casos como personas de la tercera edad, o aquellas afectadas en su salud por enfermedades graves (cáncer, VIH y otras), como también las que hayan purgado un alto porcentaje de la pena.

En estas circunstancias, por tanto, todo estaba –y sigue estando– servido para evitar lo que día tras día ha tomado cuerpo. Lo fundamental era –es– el espíritu humanista y la voluntad política. Un imposible para el tipo de poder que padecemos en Colombia. Pero, quedaba una posibilidad, los jueces, ¿dónde están? ¿Acaso saben qué es ser juez constitucional?

 

En creciente

 

El 5 de abril el frío tuvo que haber recorrió el cuerpo de la Ministra de Justicia y del director del Inpec, cuando les informaron de la muerte de una persona de 63 años que había recobrado la libertad el 1 de abril, pero falleció el 5 de abril mientras recibía atención en el Hospital Departamental de Villavicencio, lugar al cual lo habían llevado –en su condición de preso y con síntomas febriles– el 30 de marzo.

Todo parece indicar que no fue así, pues los días pasaron como si nada estuviera ocurriendo. El 10 de abril la noticia de este deceso se conoció públicamente. Un día después reconocieron la muerte de un segundo interno, acaecida el 7 de abril, esta vez una persona de 78 años, en el mismo centro carcelario, pero esto tampoco impactó.

Mientras se encubaba la muerte en el estrecho espacio de muros y garitas que conforman el marco de una cárcel, en el particular de Villavicencio construido para 899 personas, en la cual comparten desgracia 1.786 entre condenados y sindicados, el Ministerio del ramo se dedicaba a redactar un decreto que supuestamente permitiría deshacinar los centros de reclusión, el mismo que una vez expedido permitió a expertos y no tanto señalar que los poderes habían optado por propiciar un genocidio en estos centros del dolor.

En efecto, a un mes largo de expedido el decreto de marras solo han sido trasladados a sus hogares –casa por cárcel– 408 detenidos, otros, cerca de 1.000, siguen a la espera que les resuelvan la solicitud realizada por las direcciones administrativas de las cárceles donde están recluidos. El cálculo más optimista estima que en el mejor de los casos los beneficiados sumarán unas 2.000 personas, de todas aquellas que ahora viven sobrecogidos por el temor al contagio y la muerte.

Entre tanto, en el penal de Villavicencio, hacinado a más del 95 por ciento, las muertes sumaban 2, y a los pocos días los afectados por el covid-19 estaban multiplicados: a la semana siguiente el Inpec reportó 20 casos de contagio activos: 13 presos y 7 guardias. La pandemia, sin sacar a los presos del encierro, era claramente incontrolable. Y continuaron bajo encierro y la curva continúo en ascenso: abril cerró con 319 infectados.

Pandemia que confirma algo desde siempre vivido y padecido por quienes caen bajo el peso de la máquina penitenciaria: el preso, tiene que pagar con su vida, no solo con su libertad, el (supuesto) delito por el cual se dispuso confinarlo. Así piensan los poderes públicos, agobiados por el temor a que tantos “delincuentes” vuelvan a recorrer las calles. Olvidan que en este país la impunidad es del 99 por ciento.

Pese a la evidencia, negada a deshacinar, la dirección del Inpec valiéndose de la emergencia carcelaria, traslada a varios presos de la cárcel de Villavicencio, sin someterlos a exámenes médicos de rigor, los cuales llegan a los nuevos penales donde tampoco son sometidos a cuarentena.

Los efectos de la ausencia de sentido común, de voluntad política y de humanismo, queda a la vista: para la tercera semana y la siguiente de abril se confirma que el virus hace presencia en varias cárceles: el día 18 sale la voz de alarma de La Picota, Bogotá, al conocerse el primer infectado –para el 13 de mayo la cifra alcanza a 5–. Un día después la denuncia sale de Las Heliconias (Florencia, Caquetá), de cuyo primer contagio, veinticinco días después se pasó a 8 (6 funcionarios y 2 internos). El 22 de abril desde la cárcel de Guaduas, confirman un caso, por ahora congelado. En Leticia (Amazonas) el 24 de abril informan del primer contagiado (un guardián que había estado en Brasil), contagio que con rapidez sorprendente ha colonizado a 89 internos y parece querer contagiar al ciento por ciento de los negados de libertad, que son 182, a pesar que el penal tiene capacidad para albergar 118 personas. El día 25 desde Picaleña (Ibagué) confirman la presencia del virus, el mismo que hasta el 13 de mayo ya se había propagado sobre la humanidad de 22 funcionarios y de 2 internos. El 8 de mayo el turno fue para El Bosque (Barranquilla). Luego, el 13 de mayo se reportan en Bogotá 32 personas contagiadas en dos de sus estaciones de policía (Kennedy y Fontibón), y un día después le llegó el turno a La Ternera, la cárcel de Cartagena.

Un recorrido de horror, mientras el virus hace saltar las alarmas de familiares y amigos de los presos, de las instituciones defensoras de los derechos humanos, así como de organismos adscritos a las Naciones Unidas que llaman la atención de los gobiernos del mundo y recuerdan la obligación de velar por la vida, salud y bienestar de los presos, aconsejando deshacinar para mermar la posibilidad de contagio al interior de estos centros de castigo. Todo en vano, preocupación de los familiares y voz de alarma de instituciones varias que parece no escucharse en Colombia.

En efecto, el recorrido de infección creciente que va ganando el covid-19, no interesa en el alto Gobierno que no cambia su política, la decisión es condenar a la enfermedad, sin negarles tampoco la muerte, a miles de quienes están tras barrotes. Villavicencio es la prueba reina, una cárcel donde el contagio no para y al cierre de esta edición sumaba 859 contagios, entre presos y guardia. Todo un horror, que no le sirvió a la Corte Constitucional para disponer inmediatamente la detención domiciliaria de los detenidos, y en pronunciamiento del pasado 6 de mayo, apenas le alcanzó para ordenar al Inpec el traslado –en no más de tres semanas– de todos los presos no contagiados, lo cual es imposible, y revisar las hojas de vida del cien por ciento del personal allí recluido para precisar su estado de salud, tiempo de condena pagado, etcétera. ¿Qué les pasa a los jueves? ¿Dónde están los jueces?

Así las cosas, la bomba biológica ha estallado y sus efectos, como lo alegamos en desdeabajo en los artículos publicados a lo largo de los últimos 30 días, no diferencia entre encerrados y libres, entre el personal administrativo de cada uno de los más de cien centros carcelarios existentes en el país y los presos, entre guardia y quienes están más allá de los barrotes. El virus ahora pone en riesgo el esfuerzo de la cuarentena sobrellevada por todos en el país desde finales de marzo.

No hay duda, la emergencia carcelaria es un desastre y la visión que sobre el castigo pervive en los círculos del poder, y en la sociedad, es de venganza. El contagio y la posibilidad de muerte de todos los excluidos sociales no los conmueve.

 

Artículos relacionados

Vergüenza
Martes, 19 de mayo 2020

“Aquí estamos pegados a Dios para que no pase nada”
Miércoles 6 de mayo 2020

“Presidente Duque, los que van a morir te saludan”
Miércoles 29 de abril de 2020

Carta a uno o una dragoneante
Miércoles 29 de abril de 2020

En sus hogares esperan a miles de presos detenidos sin condena
Periódico desdeabajo Nº267
abril 20 -mayo 20 de 2020

Presos de Colombia: “Señor presidente, los que van a morir, te saludan” (incluye vídeos)
Lunes 27 abril, 2020

Cárceles de Colombia en pandemia interna por coronavirus
Jueves 23 abril, 2020

Rumbo a un genocidio carcelario
Miércoles 22 abril, 2020

 

 

 

 

Para suscripción:

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

Publicado enEdición Nº268
https://dontamalio.com/suben-los-contagios-de-covid-19-en-la-carcel-de-picalena-presos-y-guardias-en-la-lista/

Las cifras de infectados en las cárceles crecen día a día. Los poderes públicos y la sociedad en general no se inmutan, no hay porque, las vidas en juego no interesan.


Todo comenzó a coger cuerpo los primeros días de abril. Era de suponer, el virus no se amedrenta con los muros, garitas ni barrotes, tampoco por uniformes azules o de otros colores, el covid 19 se transporta y reproduce con mayor intensidad donde hay concentraciones humanas, mucho más donde no es fácil lavarse las manos con regularidad, y donde es imposible guardar distancia, o acceder a buena y pronta asistencia médica, así como buena y saludable alimentación. En estas condiciones, con un sistema carcelario hacinado en más del 50 por ciento, con derechos humanos de papel, todo estaba y sigue estando conjugado para convertir las cárceles en una bomba biológica.

Ante estas circunstancias, cualquier persona ligada al poder, con algo de humanismo, comprendería y, por tanto, actuaría en consecuencia, es decir, era y sigue siendo necesario prevenir, es decir descongestionar. Pero más puede el autoritarismo y la violencia consustancial al poder que el sentido común y la vida de muchos y muchas.

En desdeabajo previmos esta realidad desde el inicio de la crisis desatada por el covid-19, y llamamos a deshacinar. Pusimos en consideración de la sociedad y de los poderes que la controlan, el único mecanismo expedito para hacerla factible: trasladar a sus sitios de vivienda, para continuar con casa por cárcel, a las personas que a pesar de estar sindicadas, es decir, no vencidas en juicio, se encuentran sometidas al encierro carcelario. Más de 38 mil, las cuales, por demás, no tienen por qué soportar el peligro que para su salud y vida significa estar en alto riesgo de contagio por el virus. Y para así proceder, para sustentar el derecho que tienen de salir de la cárcel en las condiciones actuales, no hace falta un decreto extraordinario ni un gran alegato jurídico, simplemente hay que considerar que no están condenados sino sindicados, y de acuerdo a las normas constitucionales y convencionales pueden –deben– ser excarcelados mientras prosigue la investigación de su causa.

Una alternativa, en derecho, constitucional, que podría ampliarse a variedad de condenados, tomando en consideración casos como personas de la tercera edad, o aquellas afectadas en su salud por enfermedades graves (cáncer, VIH y otras), como también las que hayan purgado un alto porcentaje de la pena.

En estas circunstancias, por tanto, todo estaba –y sigue estando– servido para evitar lo que día tras día ha tomado cuerpo. Lo fundamental era –es– el espíritu humanista y la voluntad política. Un imposible para el tipo de poder que padecemos en Colombia. Pero, quedaba una posibilidad, los jueces, ¿dónde están? ¿Acaso saben qué es ser juez constitucional?

 

En creciente

 

El 5 de abril el frío tuvo que haber recorrió el cuerpo de la Ministra de Justicia y del director del Inpec, cuando les informaron de la muerte de una persona de 63 años que había recobrado la libertad el 1 de abril, pero falleció el 5 de abril mientras recibía atención en el Hospital Departamental de Villavicencio, lugar al cual lo habían llevado –en su condición de preso y con síntomas febriles– el 30 de marzo.

Todo parece indicar que no fue así, pues los días pasaron como si nada estuviera ocurriendo. El 10 de abril la noticia de este deceso se conoció públicamente. Un día después reconocieron la muerte de un segundo interno, acaecida el 7 de abril, esta vez una persona de 78 años, en el mismo centro carcelario, pero esto tampoco impactó.

Mientras se encubaba la muerte en el estrecho espacio de muros y garitas que conforman el marco de una cárcel, en el particular de Villavicencio construido para 899 personas, en la cual comparten desgracia 1.786 entre condenados y sindicados, el Ministerio del ramo se dedicaba a redactar un decreto que supuestamente permitiría deshacinar los centros de reclusión, el mismo que una vez expedido permitió a expertos y no tanto señalar que los poderes habían optado por propiciar un genocidio en estos centros del dolor.

En efecto, a un mes largo de expedido el decreto de marras solo han sido trasladados a sus hogares –casa por cárcel– 408 detenidos, otros, cerca de 1.000, siguen a la espera que les resuelvan la solicitud realizada por las direcciones administrativas de las cárceles donde están recluidos. El cálculo más optimista estima que en el mejor de los casos los beneficiados sumarán unas 2.000 personas, de todas aquellas que ahora viven sobrecogidos por el temor al contagio y la muerte.

Entre tanto, en el penal de Villavicencio, hacinado a más del 95 por ciento, las muertes sumaban 2, y a los pocos días los afectados por el covid-19 estaban multiplicados: a la semana siguiente el Inpec reportó 20 casos de contagio activos: 13 presos y 7 guardias. La pandemia, sin sacar a los presos del encierro, era claramente incontrolable. Y continuaron bajo encierro y la curva continúo en ascenso: abril cerró con 319 infectados.

Pandemia que confirma algo desde siempre vivido y padecido por quienes caen bajo el peso de la máquina penitenciaria: el preso, tiene que pagar con su vida, no solo con su libertad, el (supuesto) delito por el cual se dispuso confinarlo. Así piensan los poderes públicos, agobiados por el temor a que tantos “delincuentes” vuelvan a recorrer las calles. Olvidan que en este país la impunidad es del 99 por ciento.

Pese a la evidencia, negada a deshacinar, la dirección del Inpec valiéndose de la emergencia carcelaria, traslada a varios presos de la cárcel de Villavicencio, sin someterlos a exámenes médicos de rigor, los cuales llegan a los nuevos penales donde tampoco son sometidos a cuarentena.

Los efectos de la ausencia de sentido común, de voluntad política y de humanismo, queda a la vista: para la tercera semana y la siguiente de abril se confirma que el virus hace presencia en varias cárceles: el día 18 sale la voz de alarma de La Picota, Bogotá, al conocerse el primer infectado –para el 13 de mayo la cifra alcanza a 5–. Un día después la denuncia sale de Las Heliconias (Florencia, Caquetá), de cuyo primer contagio, veinticinco días después se pasó a 8 (6 funcionarios y 2 internos). El 22 de abril desde la cárcel de Guaduas, confirman un caso, por ahora congelado. En Leticia (Amazonas) el 24 de abril informan del primer contagiado (un guardián que había estado en Brasil), contagio que con rapidez sorprendente ha colonizado a 89 internos y parece querer contagiar al ciento por ciento de los negados de libertad, que son 182, a pesar que el penal tiene capacidad para albergar 118 personas. El día 25 desde Picaleña (Ibagué) confirman la presencia del virus, el mismo que hasta el 13 de mayo ya se había propagado sobre la humanidad de 22 funcionarios y de 2 internos. El 8 de mayo el turno fue para El Bosque (Barranquilla). Luego, el 13 de mayo se reportan en Bogotá 32 personas contagiadas en dos de sus estaciones de policía (Kennedy y Fontibón), y un día después le llegó el turno a La Ternera, la cárcel de Cartagena.

Un recorrido de horror, mientras el virus hace saltar las alarmas de familiares y amigos de los presos, de las instituciones defensoras de los derechos humanos, así como de organismos adscritos a las Naciones Unidas que llaman la atención de los gobiernos del mundo y recuerdan la obligación de velar por la vida, salud y bienestar de los presos, aconsejando deshacinar para mermar la posibilidad de contagio al interior de estos centros de castigo. Todo en vano, preocupación de los familiares y voz de alarma de instituciones varias que parece no escucharse en Colombia.

En efecto, el recorrido de infección creciente que va ganando el covid-19, no interesa en el alto Gobierno que no cambia su política, la decisión es condenar a la enfermedad, sin negarles tampoco la muerte, a miles de quienes están tras barrotes. Villavicencio es la prueba reina, una cárcel donde el contagio no para y al cierre de esta edición sumaba 859 contagios, entre presos y guardia. Todo un horror, que no le sirvió a la Corte Constitucional para disponer inmediatamente la detención domiciliaria de los detenidos, y en pronunciamiento del pasado 6 de mayo, apenas le alcanzó para ordenar al Inpec el traslado –en no más de tres semanas– de todos los presos no contagiados, lo cual es imposible, y revisar las hojas de vida del cien por ciento del personal allí recluido para precisar su estado de salud, tiempo de condena pagado, etcétera. ¿Qué les pasa a los jueves? ¿Dónde están los jueces?

Así las cosas, la bomba biológica ha estallado y sus efectos, como lo alegamos en desdeabajo en los artículos publicados a lo largo de los últimos 30 días, no diferencia entre encerrados y libres, entre el personal administrativo de cada uno de los más de cien centros carcelarios existentes en el país y los presos, entre guardia y quienes están más allá de los barrotes. El virus ahora pone en riesgo el esfuerzo de la cuarentena sobrellevada por todos en el país desde finales de marzo.

No hay duda, la emergencia carcelaria es un desastre y la visión que sobre el castigo pervive en los círculos del poder, y en la sociedad, es de venganza. El contagio y la posibilidad de muerte de todos los excluidos sociales no los conmueve.

 

Artículos relacionados

Vergüenza
Martes, 19 de mayo 2020

“Aquí estamos pegados a Dios para que no pase nada”
Miércoles 6 de mayo 2020

“Presidente Duque, los que van a morir te saludan”
Miércoles 29 de abril de 2020

Carta a uno o una dragoneante
Miércoles 29 de abril de 2020

En sus hogares esperan a miles de presos detenidos sin condena
Periódico desdeabajo Nº267
abril 20 -mayo 20 de 2020

Presos de Colombia: “Señor presidente, los que van a morir, te saludan” (incluye vídeos)
Lunes 27 abril, 2020

Cárceles de Colombia en pandemia interna por coronavirus
Jueves 23 abril, 2020

Rumbo a un genocidio carcelario
Miércoles 22 abril, 2020

 

 

 

 

Para suscripción:

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

Publicado enColombia